Hace unos días, Justicia Justa inició dos batallas jurídicas de enorme relevancia para el país. Por un lado, junto con la organización Mexicanos Primero, lanzó un juicio de amparo en contra de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación y las Secretarías de Hacienda y Función Pública. ¿Su objetivo? Romper la perniciosa dinámica entre estas autoridades y el sindicato de maestros (SNTE). La cual básicamente consiste en que las primeras destinan en cada ejercicio presupuestal cuantiosas sumas de dinero público para la educación, el cual es desviado por el SNTE para otros propósitos y, aunque se detectan estas irregularidades, no hay consecuencia alguna en términos de responsabilidades. Al contrario, este círculo vicioso se reinicia cada año.

Por el otro lado, Justicia Justa, en representación de un grupo de ciudadanos, también interpusó un juicio de amparo en contra del artículo noveno de la Ley de ingresos de la federación de 2013. Su argumento consiste en que éste abre la posibilidad de que se les perdone adeudos fiscales a estados y municipios. Lo cual desincentiva la capacidad recaudatoria de miles de gobiernos locales, prolonga la inercia de irresponsabilidad fiscal y, además, nos eleva la carga fiscal a los contribuyentes pues seremos nosotros quienes tendremos que cubrir finalmente ese dinero faltante.

Ambos juicios de amparo tienen el valor de ubicar en la agenda judicial dos problemas estructurales de nuestros sistemas educativo y fiscal. Pero, por si no fuese suficiente, también aprovechan de manera creativa varios de los cambios más novedosos de la nueva regulación del juicio de amparo. Lo cual significa a su vez poner a prueba, frente a estos avances en la protección de derechos, a nuestros jueces.

Así, en el siguiente video uno de los abogados líder de esta estrategia explica de manera clara y puntual el por qué y cómo de estos importantes juicios de amparo.

[media id=10 width=480 height=360]

 

Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

Leer completo

Democracia Deliberada es un grupo de profesionistas, académicos y activistas de la sociedad civil que buscan cambiar las instituciones y las políticas públicas a través de la izquierda partidista. De ahí que tengan la intención de inscribirse y participar activamente en el PRD para, desde ahí, tratar de transformar la agenda e influir en la acción política para darle un rumbo más igualitario, más sustentable y más abierto.

Desafortunadamente, a pesar de que en el Reglamento de Afiliación del PRD establece que el proceso de afiliación a ese partido político es permanente, desde hace 18 meses no se ha podido afiliar ningún interesado, incluidos diversos miembros de Democracia Deliberada que lo han intentado en ese periodo en más de una ocasión.

Ante este escenario, Democracia Deliberada decidió demandar al PRD ante el Tribnal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en concreto, a su Comisión de Afiliación por obstaculizar la afiliación de sus miembros a tal partido político. A continuación se reseñan brevemente los principales hechos y argumentos que presentó este grupo en su demanda –la cual es pública y se puede consultar aquí-.

El pasado 20 de noviembre, diversos miembros de Democracia Deliberada se presentaron, junto con el Notario Público No. 171 para que éste diese fe de los hechos, en las oficinas del PRD con su correspondiente solicitud de afiliación a dicho partido político. Una vez que presentaron sus solicitudes ante el Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación del PRD, éste señaló que, aunque el único requisito para la afiliación es presentar junto con su solicitud de afiliación una credencial de elector vigente, no era posible afiliarlos –ni recibir los documentos propios para ese objetivo- pues las campañas de afiliación ya habían concluido y era necesario esperar para tal propósito hasta que se abriera una nueva campaña de afiliación.

Ante el cuestionamiento de los demandantes de que el Estatuto del PRD señala que la afiliación es permanente, el Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación respondió que este órgano necesita de la aprobación del Consejo Nacional y de los Funcionarios Nacionales para abrir un proceso de afiliación. En ningún momento mencionó el fundamento legal de dicha afirmación dentro de la normatividad interna del PRD.

Después de aceptar que durante 18 meses no ha habido ninguna campaña de afiliación del PRD y de confirmar que durante ese periodo ni una persona se había afiliado a tal partido político, se le preguntó al Secretario Técnico si había alguna fecha programada para una nueva campaña. Su respuesta fue que no se había establecido ninguna fecha para la afiliación de nuevos militantes, además de que estaban esperando tabletas electrónicas para la firma electrónica, el software para procesar las nuevas filiaciones y la aprobación de la Comisión Política para tal propósito. Ante la insistencia de los demandantes de que les fueran recibidos su documentación para efectos de afiliarse al PRD, el Secretario Técnico se negó a recibirla.

Democracia Deliberada considera que el PRD, a partir de los anteriores hechos descritos en el que se demuestra la obstaculización para que puedan afiliarse a tal partido político, viola sus derechos de asociación y afiliación política establecidos en los artículos 9º, 35, fracción III, y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el PRD quebranta sus obligaciones de ajustar su conducta a los principios del Estado democrático respetando los derechos de los ciudadanos y de cumplir sus normas de afiliación que señalen sus estatutos, establecidas en los artículos 5, numeral 1, y 38, numeral 1, incisos a) y e), del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales. Por último, el PRD no respeta su propia política de afiliación de carácter permanente, sin mayor condicionamiento que los requisitos señalados en su propia normatividad, establecida en el artículo 5º de su Reglamento de Afiliación.

Más allá de las disposiciones legales que fueron violadas, Democracia Delibera considera que la lectura contemporánea del derecho de asociación señala que éste se integra por una pluralidad de derechos que a su vez gozan de la protección del texto constitucional de nuestro país. Estos derechos que integran al derecho de asociación son los siguientes: a) derecho a asociarse formando una organización; b) derecho a asociarse sumándose a una asociación ya existente; c) derecho a permanecer en la organización o renunciar a ella; y d) derecho a no asociarse. Por el agravio arriba descrito, el derecho en concreto que interesa es el derecho a asociarse sumándose a una agrupación ya existente; en este caso, a afiliarse a un partido político ya establecido.

La pregunta clave aquí, en este sentido, es si el Estado puede y, eventualmente, debe intervenir y obligar a una agrupación a admitir el ingreso de ciertos solicitantes, cuando éstos cumplen con los requisitos que la propia asociación, de manera libre, se dio a sí misma. Para ello, como señaló la Corte Suprema de los Estados Unidos en su sentencia Roberts v. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984), es necesario entender que las agrupaciones en una sociedad civil contemporánea se ubican en alguno de los puntos del arco de opciones trazado por los siguientes dos polos: o es una agrupación por demás íntima como la unidad familiar o es una organización que por su tamaño o papel tiene enorme influencia en la vida política y económica de una sociedad. Entre más cerca esté una agrupación al primer extremo, el Estado tendrá una mayor carga justificatoria para intervenir en ésta; por el contrario, mientras una asociación se acerque más al segundo polo el Estado podrá justificar de manera más sencilla su intervención. Esto se debe a que entre más grande e influyente sea económica o políticamente en la vida de una sociedad una organización menos posibilidad tienen de impedir el ingreso de nuevos integrantes a menos que su criterio de selección o discriminación tenga relación directa con su fin.

Es decir, la libertad de asociación abarca en principio la definición de quienes serán los integrantes de una agrupación en cuestión y quienes podrán sumarse a ésta. Pero esta libertad debe ser limitada cuando se esté frente a una organización que, por sus características económicas y/o políticas, tiene enorme impacto en la dinámica de una sociedad. En este último caso, permitir una amplia libertad para definir los criterios de acceso o ingreso a una sociedad de estas características sería tanto como permitirle que ella defina la participación de la ciudadanía en cierta actividad o ámbito social. Vale subrayar que esto no implica que una organización de enorme impacto político, social y económico en una sociedad pierda enteramente su libertad para admitir nuevos integrantes; el núcleo duro de esa libertad se mantendrá protegido por el mismo derecho de asociación bajo el entendido de que cualquier criterio de admisión debe tener una relación directa e instrumental con el fin de la agrupación.

Los partidos políticos, en este sentido, en el ordenamiento jurídico mexicano son entidades de interés público que fungen como puente entre la sociedad civil y los órganos del Estado. El fin de los partidos políticos, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución federal, consiste en promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Esto significa que los partidos políticos son organizaciones de enorme influencia en la vida pública de nuestro país. Son instituciones cuya tarea en buena medida consiste en procesar los intereses de la ciudadanía en preferencias políticas e institucionales, cuyo presupuesto se define a partir del financiamiento público proveído por el Estado a partir del sistema impositivo del país, y de ahí que el Estado deba intervenir en caso de que los partidos políticos nieguen la afiliación de un solicitante sin fundamento en su normatividad o fin. No puede negar, pues, la afiliación si con ello vulneran los fines que les marca la Constitución y si con ello contravienen sus propios estatutos. De otra manera se permitiría que la puerta de entrada a la vida política e institucional del país se abriese o cerrara de manera arbitraria y discrecional.

Siguiendo, entonces, el fin general de los partidos políticos –de acuerdo al texto constitucional-, el fin en concreto del PRD –según su Declaración de Principios, Programa y Línea Política-, la  política de filiación de carácter permanente de este último establecida en el artículo 5º de su Reglamento de Afiliación, así como el resto de requisitos para afiliarse al PRD señalados en los artículos 14 y 15 de su Estatuto y 7º y 8º de su Reglamento de Afiliación, se concluye que los demandantes cumplen con todos los requisitos y formalidades para afiliarse al PRD, no siendo obstáculo el momento en que se presentaron las solicitudes pues el mismo Reglamento de Afiliación señala que el proceso de afiliación será de carácter permanente.

Por este motivo, le negativa del Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación de recibir las solicitudes de afiliación, así como la justificación de falta de equipo necesario para llevar acabo el proceso de afiliación (tabletas electrónicas y software) son obstáculos injustificados de acuerdo a la normatividad interna del PRD, así como a la Constitución federal y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para afiliar a los demandantes. Esto significa, pues, que un derecho constitucional, legal y estatutario como la afiliación política no puede erosionarse por obstáculos fácticos, técnicos u operativos siempre que se cumplan con la normatividad interna del partido político y la pretensión de afiliación no vaya en contra del fin de dicho partido. Eseramos que así lo entienda el TEPJF.

 

Saúl López Noriega. Asesor jurídico de Democracia Deliberada. Twitter: @slopeznoriega

Leer completo

La semana pasada, el ministro José Ramón Cossío publicó en El Universal una invitación a las comisiones de derechos humanos para que hagan uso de su facultad para promover acciones de inconstitucionalidad, pues en su opinión, se trata de una buena y poderosa solución institucional para que los órganos de protección de derechos humanos actúen. Así, para Cossío el uso escaso de esta competencia es desafortunado, pues las comisiones no han planteado a la Suprema Corte la posible invalidez de muchas de las normas legales que se han expedido a partir de 2006, lo que ha impedido el desarrollo de los derechos por el más alto tribunal de la República.

La pugna por otorgar legitimación a las comisiones de derechos humanos para interponer acciones de inconstitucionalidad en México es una cuestión no reciente. Ya en 1995 Jorge Carpizo se pronunció por su regulación y en 2005 Joaquín Brage reiteró este deseo. Así, llego el año 2006 en el que el constituyente permanente dio paso a su regulación, justificándose en síntesis, por las siguientes razones: a) los nobles propósitos de la acción de inconstitucionalidad no están al alcance de todos, porque no cualquiera está legitimado para presentar una demanda de este tipo, y b) la legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fortalecería la indispensable labor que desarrolla el Ombudsman y, serviría como protección de la ciudadanía ante la entrada en vigor de normas inconstitucionales que violentaran sus derechos fundamentales, sin la necesidad de promover un juicio de garantías. Reforma que a su vez fue bienvenida por la doctrina mexicana (véase Las comisiones de derechos humanos y la acción de inconstitucionalidad, César Astudillo y Miguel Carbonell (Coord.), IIJ UNAM, México, 2007)

Ahora bien, en otras latitudes la competencia de las comisiones de derechos humanos (o Defensor del Pueblo) para promover acciones de inconstitucionalidad (o recurso de inconstitucionalidad) no ha sido tan bien recibida. Así, se le ha calificado como una competencia inusual, anómala y contradictoria (Torres Muro, 2007). En efecto, para el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, deberíamos preguntarnos si las comisiones de derechos humanos no pierden más de lo que ganan al interponer una acción de inconstitucionalidad, pues muchas veces les resulta imposible salir airosas de ese proceso, sujetándolas a un desgaste considerable. Esto es así, pues a través de las acciones de inconstitucionalidad se prolonga en sede jurisdiccional un debate parlamentario entre mayorías y minorías, o fuerzas políticas antagónicas.

Pues bien, más allá de la discusión sobre la conveniencia y/o posibilidad de mantener o no al margen de la política a las comisiones de derechos humanos, es un hecho que su legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad ya está prevista en la Constitución y que la pregunta que nos plantea el ministro Cossío Díaz es de gran trascendencia. Es decir, ¿es o no afortunado que las comisiones hagan poco uso de su competencia para promover acciones de inconstitucionalidad? Este es el punto en el que quiero enfocarme.

En mi opinión, el activismo de las comisiones de derechos humanos no debe verse sólo como una vía para que los jueces puedan dar contenido a nuestros derechos. Esto es, si partimos del hecho de que a través de una acción de inconstitucionalidad se pone en cuestión una ley, es decir, el medio por el cual se manifiesta la interpretación constitucional de los legisladores sobre derechos constitucionales que son ambiguos y sobre cuyo significado existe un desacuerdo razonable, creo que el incentivo de la interposición de acciones por parte de las comisiones debe ser matizada. Y creo debe ser atemperado con la siguiente perspectiva: el activismo de las comisiones de derechos humanos será beneficioso si sirven como vehículos útiles de transmisión de inquietudes ciudadanas, de manera que aumente la presencia de la sociedad civil en los litigios constitucionales (Carbonell,2007), y no sólo para que los jueces constitucionales expandan su visión constitucional, sin ningún plus en términos de participación y deliberación. Es decir, deben servir como un medio para erigir una ciudadanía trascendente y movilizada que pueda participar en los debates constitucionales que se dan en sede jurisdiccional, convirtiéndola en un sujeto determinante de la agenda de la Corte. Para lo cual será necesario imaginar formas en que la ciudadanía pueda exponer sus inquietudes y visiones al Ombudsman nacional.

Y es que como dice Pisarello, sólo un amplio proceso deliberativo impulsado desde abajo, con la presencia de los propios colectivos interesados, podría propiciar un esquema de derechos fundamentales no sólo para los ‘sin derechos’ sino con los ‘sin derechos’. Es decir no meras concesiones tecnocráticas, paternalistas y por lo tanto revocables, que conciban a los destinatarios de los derechos antes como objetos que como sujetos de las políticas públicas, sino apropiaciones plurales y auto-conscientes de la defensa e interpretación de los derechos fundamentales.

Roberto Niembro. Investigador horario de la Escuela Libre de Derecho.

Leer completo

La Voladora 97.3 FM es una pequeña radio comunitaria de la Amecameca en el Estado de México. Desde hace 5 años obtuvo su permiso después de largas luchas para que el Estado reconozca el papel social que desempeña este medio. Hoy en día, esta radio abanderó otra batalla. Y esta batalla es la de todas y todos los mexicanos.

¿Por qué la lucha de una radio que seguramente nunca han escuchado y ni sabían que existía les importaría? Porque lo que está en juego trasciende las comunidades del volcán y la sobrevivencia de un medio comunitario. Se trata aquí del paisaje mediático que uno sueña para México, de las posibilidades de escoger para cada uno de nosotros lo que lee, lo que ve y escucha. Se trata de poder acceder a una oferta variada y múltiple, de la riqueza de un mundo en color al lugar del blanco y negro. Es una lucha para que todos estos medios a través de los cuales uno se informa y percibe la realidad  sean cada vez más numerosos y diversos; como un espejo de las múltiples voces que agitan México.

El año pasado, la Secretaría de Salud negó a la Voladora la asignación de publicidad oficial argumentando que «invariablemente busca medios de amplia cobertura» y que la radio «no cubre las expectativas de difusión de la Secretaría de Salud para lograr sus objetivos». La Voladora solicitó la protección del Poder Judicial vía un amparo en contra de esta decisión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso en febrero de este año. Pronto, la SCJN dará a conocer una resolución que impacta directamente sobre la libertad de expresión de los miembros de la radio, de la comunidad Amecameca, de los mexiquenses y de todos los mexicanos en general.

En una sociedad democrática, la publicidad oficial o gubernamental se justifica porque es un canal de comunicación directo e imprescindible entre los gobernantes y los gobernados. Esta herramienta permite transparentar y dar a conocer las decisiones del gobierno, informar a los mexicanos para permitir una ciudadanía al tanto de sus derechos y capaz de tomar decisiones informadas.

Además, la manera en la que se asigna esta pauta tiene un impacto directo sobre la estructura del modelo mediático mexicano. Cada año se gastan millones de pesos en México a través de la publicidad oficial. En 2010 por ejemplo, el informe de la Cuenta Pública reportó un ejercicio de 4,493 millones de pesos en comunicación social y publicidad oficial. Esta bolsa de recursos se reparte sin criterios claros ni transparentes. En serio, como lo argumentó la Secretaría de Salud ¿sólo se basarían en el rating?

Si tal es el caso, hay que preocuparse por el futuro de los medios en el país. En un mundo mediático dominado por un duopolio, es de pensar que bajo esta lógica la mayoría de los recursos en publicidad oficial llegan a Televisa y TV Azteca.  Pocos reciben mucho y muchos reciben poco. Esta tendencia solo agudiza más la brecha inmensa que existe entre estas mega compañías y los otros en lugar de que el Estado intenté revertir esta distorsión. Bajo esta lógica, mañana sólo nos tocará un puñado de medios transmitiendo mensajes uniformados y homogeneizados, una sola realidad para un país tan complejo y colorido.

La libertad de expresión y la pluralidad informativa son murallas que impiden la llegada y el arraigo de regímenes autoritarios. El Estado es garante de estas libertades y del derecho a recibir, investigar y difundir información que implican. Por lo tanto no puede darse el lujo de comportarse como un ente privado al contratar publicidad oficial. En esta contratación hay mucho más que un simple acto mercantil. No es lo mismo que una empresa decida no anunciarse en un medio a que el gobierno descarte a un medio y le prohíba la posibilidad de recibir pauta gubernamental cuando el mismo Estado debe ser el guardián de la diversidad informativa de la sociedad.

El Estado, como parte de sus obligaciones internacionales[1] debe cumplir con principios de transparencia, no discriminación, razonabilidad, justificación de sus actos y legalidad, entre otras; obligaciones que se aplican a la asignación de la publicidad oficial. Al negar recursos para publicidad oficial a la radio, la Secretaría de Salud no solo olvida su papel de promotor de la diversidad y del derecho a recibir información de los radioescuchas de La Voladora. Bajo esta lógica, nos priva a todos de nuestra libertad de expresión, nos quita la posibilidad de escuchar múltiples voces. Bajo esta lógica, favorece sólo ciertos grupos mediáticos al momento de asignar la publicidad gubernamental basándose en criterios de rating sin tomar en cuenta la audiencia a quiénes van dirigidos estos mensajes.

Al contrario, la publicidad oficial podría pensarse como herramienta regulatoria de este paisaje mediático oligarca y homogéneo: un instrumento para que el Estado preserve la pluralidad informativa y permita que “el discurso de los poderosos no acalle o impida la expresión de los débiles”[2].

Justine Dupuy: Investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Síguenos en Twitter

Y en Facebook


[1] Article 19 Oficina para México y Centro América, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. y 15 organizaciones de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información presentaron argumentos técnicos en un Amicus Curiae para que la SCJN resuelva el Amparo a favor de dicha radio. Consulte este amicus en http://www.fundar.org.mx/pdf/casolavoladora.pdf

[2] Libertad de expresión y estructura social de Owen Fiss in Problemas contemporáneos de la Libertad de Expresión, (Compilador) Miguel Carbonell, Porrúa, CNDH.

Leer completo

En el contexto de democracias débiles -como la que vivimos en nuestro país- es común que las iniciativas públicas encaminadas a garantizar el efectivo goce de los derechos no sean sostenidas en el tiempo, no den resultados sustantivos e incluso que su implementación no nos aporte mejores condiciones para el ejercicio de nuestros derechos. También son frecuentes los retrocesos en los pequeños avances que se han logrado para acercarnos a una democracia sustantiva.

En este escenario la sociedad civil requiere ampliar y fortalecer sus estrategias de incidencia. Una forma relativamente nueva de hacerlo y cada vez más recurrida –y hago un énfasis en lo relativo y lo reciente– es el ejercicio del litigio estratégico o paradigmático como una práctica para motivar cambios en la política pública desde la sede judicial.

Mediante el litigio de un caso emblemático se persiguen varios objetivos: motivar criterios judiciales amplios y atentos a los más altos estándares en materia de derechos humanos; modificar leyes, reglamentos y prácticas administrativas cuya aplicación obstaculice o impida el ejercicio de derechos; evidenciar las limitantes de los propios recursos jurídicos nacionales para hacer valer los derechos fundamentales; establecer un diálogo con los operadores de justicia para exigir el ejercicio de sus facultades de interpretación que –dicho se a de paso– no está peleado con resolver los asuntos “conforme a derecho”; así como elevar el nivel de debate sobre un tema con aristas jurídicas. En fin, el litigio estratégico, por qué no decirlo, es también una forma de participación en el espacio político[1].

Sin pretender, de manera alguna, agotar las experiencias de defensa estratégica de derechos en México, enuncio algunos ejemplos que considero han logrado al menos uno de los objetivos antes señalados y que han sido, casi en su totalidad, impulsados desde la sociedad civil.

En cuanto a la justiciabilidad del derecho a la salud y la no discriminación en México hago referencia a los siguientes logros: la jurisprudencia a favor de militares que adquieren VIH[2]; los criterios jurisprudenciales a favor de los trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo discriminados por el ISSSTESON y la consecuente modificación al artículo 6º del Reglamento para los Servicios Médicos de ese Instituto que establecía que para tener acceso a los servicios médicos (los trabajadores de nuevo ingreso o reingreso debían acreditar que gozaban de buena salud[3]); el aporte con el que contribuyó la interposición de un amparo presentado en contra de la reducción presupuestaria del programa para la atención y prevención del VIH/SIDA ejercido por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), no sólo para evitar una nueva reducción en su presupuesto sino para aumentarlo[4] en el siguiente año fiscal; y, finalmente, la resolución favorable para la comunidad Mininuma de Metlatónoc, Guerrero, para contar con infraestructura médica y hospitalaria accesible[5].

Respecto al trabajo de incidencia en sede judicial a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres menciono los siguientes: las audiencias públicas y los amicus curiae presentados en el contexto de que la SCJN resolviera las acciones de constitucionalidad en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, así como los numerosos amparos y la estrategia seguida ante el Sistema Interamericano para impulsar que el derecho a decidir de las mujeres sea plenamente garantizado en todas las entidades federativas[6].

En cuanto a la garantía del derecho a la información, libertad de expresión, libertad informativa y no discriminación, cabe mencionar la posibilidad que tiene la SCJN de sentar un precedente que motive la clara determinación de criterios para la asignación de publicidad oficial a radios comunitarias[7].

En relación a la protección del derecho de acceso a la información y el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad, me refiero al litigio estratégico en contra de la amplia definición del “secreto fiscal” que impide transparentar las decisiones y el actuar del SAT[8].

Finalmente, señalo las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano en los tres casos siguientes: Fernández Ortega, Rosendo Cantú y Cabrera García y Montiel Flores. Cada uno de estos, producto de una estrategia jurídica encaminada a otorgar justicia a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y a eliminar una de las condiciones que favorece su existencia: el fuero militar[9].

Ahora bien, vale subrayar que la medida de éxito de los casos antes mencionados, está condicionada por diversos factores que si bien en algunas ocasiones tienen que ver con el propio diseño de la estrategia jurídica, también –y es justo mencionarlo– se relaciona con los retos inherentes al sistema normativo y judicial mexicano, así como con la cultura jurídica de una parte de sus operadores.

En el primer rubro, el de las restricciones técnicas del sistema normativo, menciono un ejemplo: las características propias del amparo como medio de control constitucional en lo relativo, particularmente a las limitantes que impone la definición de interés jurídico, así como a los acotados efectos que éste otorga.

Esperamos que las reformas propuestas a la Ley de Amparo sean aprobadas rápidamente, pues conjuntamente con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y la incorporación, el año pasado, de la figura de acciones colectivas -de la cual queda pendiente su legislación secundaria[10]- propiciarán mejores condiciones para la exigibilidad judicial de los derechos de las personas.

En cuanto al segundo aspecto, el de la cultura jurídica de una parte de los operadores, identifico que aún falta mucho para que éstos incorporen un mayor, más amplio y más rico contenido de derecho comparado y de derecho internacional de los derechos humanos en su ejercicio de interpretación judicial.

Otro reto que existen como lo señaló Guadalupe Barrena en su colaboración para El litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil[11], es la falta de jurisprudencia sobre los derechos consagrados en la parte dogmática de la Constitución. Impulsarla es parte del objetivo del litigio estratégico, pero la presentación de casos no es condición suficiente para contar con ella pues se necesitan ojos pendientes y plumas prestas a identificar y aprovechar las oportunidades para verter de mayor definición en su contenido a nuestros derechos fundamentales.

Margarita Castilla Peón. Integrante del equipo de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Síguenos en Twitter: @FundarMexico y también en Facebook.


[1] Cfr. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La lucha por el derecho, 1ª ed., Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2008.

[2] Medilex

[3] La Rebelión de los enfermos. Discriminación en el ISSSTESON. Sonora Ciudadana

[4]Asignaciones presupuestarias y VIH

[5] Es importante señalar que a más de dos años del fallo otorgado en favor de la comunidad, la sentencia no ha sido plenamente ejecutoriada. Para mayor información consultar el trabajo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y el siguiente artículo El caso “Mininuma”: un litigio estratégico para la justiciabilidad de los derechos sociales y la no discriminación en México en,

[6] GIRE

[7]Publicidad oficial para radios comunitarias. Caso La Voladora Comunicación A.C.

[8] Secreto Fiscal

[9] Sentencia Caso Fernández Ortega y otros vs. México.

Sentencia Caso Rosendo Cantú y otra vs. México.

Sentencia Cabrera García y Montiel Flores vs. México

[10] http://www.eluniversal.com.mx/notas/762194.html

[11] Oficina en México del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil., México, 2007.

Leer completo

En un post anterior, nos preguntábamos a quién protege realmente el famoso “secreto fiscal”, el cual tradicionalmente se encuentra definido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Sugeríamos que dicha reserva no está orientada a proteger la seguridad o intimidad de los contribuyentes sino que sirve para reservar de manera arbitraria y sistemática la información sobre el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para comprobar esta hipótesis, solicitamos la información relativa a los créditos fiscales cancelados en 2007, los cuales equivalen a una cantidad de 73,960.4 millones de pesos. Como anticipábamos, esta información nos fue negada con fundamento precisamente en el artículo 69 del CFF. En respuesta, Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil acudimos ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo que se declarase inconstitucional este artículo.

El argumento central de la demanda es que en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que toda información en poder del gobierno es de carácter público y únicamente podrá ser reservada de manera excepcional por razones de interés público. En directa contravención a este mandato, el artículo 69 del CFF establece una regla general de reservar toda la información en posesión de las autoridades que intervienen en trámites fiscales.

El pasado 1º de abril nos fue notificada la sentencia de primera instancia, emitida por la Jueza Quinta de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Esta sentencia presenta varios aspectos que vale la pena comentar:

En primer lugar, la sentencia es interesante porque resuelve a partir de la llamada “interpretación conforme a la Constitución”. Esté método interpretativo consiste en que cuando una norma permite diversas interpretaciones, se tendrá que acudir a la interpretación que es acorde con la Constitución federal. En las palabras de Paulo Bonavides, “una norma puede admitir varias interpretaciones. De éstas, algunas conducen al reconocimiento de la inconstitucionalidad, otras sin embargo consienten en tomarla por compatible con la Constitución. El intérprete, adoptando el método propuesto [la interpretación conforme a la Constitución], tiene que inclinarse por esta última salida o vía de solución. La norma, interpretada ‘conforme a la Constitución’, será por lo tanto considerada constitucional.”[1]

De acuerdo con la Jueza Quinta de Distrito Auxiliar, el artículo 69 del CFF admite dos posibles interpretaciones: una, en el sentido de que el secreto fiscal incluye toda la información que se encuentre en posesión de las autoridades fiscales (sentido amplio) y; otra, en el sentido de que dicho secreto se refiere exclusivamente a los datos de los contribuyentes que estos suministren a dichas autoridades en sus declaraciones o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación (interpretación conforme). Por lo tanto, la Jueza concluye que existe una interpretación posible del artículo 69 del CFF que sí respeta el orden constitucional y decide ultimadamente negar el amparo.

Lo curioso es que la propia Jueza reconoce que existe una interpretación amplia del “secreto fiscal” que es inconstitucional e incluso reconoce que ésta es la interpretación que le dan nuestras autoridades hacendarias. Admite además, que la información sobre créditos fiscales cancelados no debería ser reservada con fundamento en el artículo 69 del CFF pues no se refiere a los datos personales de los contribuyentes.

La Jueza declara en su sentencia que el acceso a la información pública es un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y transparencia de la administración. Además, concede que no puede soslayarse que el Estado, como sujeto que genera información que tiene el carácter de pública y supone, por tanto, el interés de los miembros de la sociedad por conocerla, se encuentra obligado a comunicar a los gobernados sus actividades y éstos tienen el derecho correlativo de tener acceso libre y oportuno a esa información, con las únicas limitaciones que exige la protección de la persona.

La sentencia concede que las autoridades del SAT realizan una interpretación incorrecta del “secreto fiscal” porque el dar a conocer nombres, cantidades y motivos relacionados con la cancelación de tales créditos, no solamente no perjudica el interés público sino que va acorde con este último. Es una sentencia positiva, a pesar de que niega el amparo, pues declara en todas sus letras que, bajo el pretexto interpretativo del secreto fiscal, se esconden y cobijan nombres, cifras y datos concernientes a cancelaciones de créditos fiscales sobre los cuales los gobernados tienen interés público en conocer y en saber por qué no llegaron a las arcas públicas.

Estas valientes y acertadas declaraciones confirman que el concepto caduco de “secreto fiscal” no responde a las exigencias del derecho de acceso a la información como hoy se concibe, pues permite que las autoridades hacendarias hagan un uso caprichoso de esta reserva. Sin embargo, al realizar la interpretación conforme a la Constitución, la Jueza Quinta de Distrito encontró una salida fácil para negar el amparo.

La interpretación realizada por la Jueza es problemática porque reconoce que fue violado el derecho de acceso a la información, pero escoge un modo de interpretación que permite que subsista dicha violación en el caso concreto, por lo que no permite remedio alguno al quejoso. En efecto, esta modalidad interpretativa es más sencilla cuando se trata de control abstracto de la Constitución en países como Alemania, en donde el Tribunal Constitucional realiza este tipo de interpretación a fin de preservar la supremacía constitucional sin tener que eliminar del orden jurídico aquellas normas secundarias que pudieran tener una interpretación conforme a la Constitución. Un elemento clave es que esta interpretación conforme que realiza el Tribunal que se vuelve entonces obligatoria para los poderes públicos para la aplicación de la norma.

Al contrario, en nuestro sistema jurídico, la sentencia de amparo tiene efectos relativos, por lo que el pronunciamiento de la Jueza en el sentido de que existen dos interpretaciones posibles y debe prevalecer aquella interpretación que es acorde a la Constitución en ningún momento obligará ni indicará a las autoridades hacendarias que deben aplicar la norma impugnada conforme a ese criterio.

Además, sostenemos que aún la interpretación estricta o restringida que hace la Jueza en este caso es incorrecta porque dentro de la información proporcionada por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados no toda puede ser válidamente reservada bajo la noción de “datos personales”. Si bien el nombre, domicilio, patrones de consumo, etc. de los contribuyentes pueden ser clasificados como información confidencial, hay toda una gama de información que proporcionan los contribuyentes que sí es de naturaleza pública. El Estado tiene la obligación de generar versiones públicas de la información que proporcionan los contribuyentes por ejemplo, para fines estadísticos, precisamente para salvaguardar los datos personales. No olvidemos además que la protección de datos personales ya se encuentra prevista por el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual establece que los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización son confidenciales.

Por estas consideraciones recurriremos el fallo en nuestra lucha para que el derecho de acceso a la información sea una realidad y no un mero enunciado a nivel del texto constitucional. Acudimos, ahora, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideramos que es competente en razón de que se impugna una ley federal y el tema de inconstitucionalidad subsiste en el recurso, además de que se trata de un asunto de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

Jimena Ávalos Capín. Abogada del equipo de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

*Descargar Posicionamiento y Resumen Ejecutivo de la Demanda interpuesta por Fundar, aquí.

Síguenos en Twitter: @FundarMexico Y también en Facebook


[1] Bonavides, Paulo, Curso de direito constitucional, 6a. ed., São Paulo, Malheiros, 1996.

Leer completo

El fisco maneja gran cantidad de información sobre los particulares que ciertamente no queremos que se divulgue, como nuestro nombre, domicilio, o cuánto y en qué gastamos cotidianamente. Sin embargo, nuestras autoridades hacendarias también manejan datos que necesariamente tendríamos que conocer para verificar que nuestras contribuciones se cobran y administran de manera eficiente y conforme a derecho.

No es necesario ser un experto en materia fiscal para darnos cuenta que algo anda mal cuando la capacidad recaudadora del Estado es baja, los impuestos aumentan y, sin embargo, parece que a la hora de asignar el presupuesto público, nunca hay dinero suficiente para lo que la población necesita. Se vuelve entonces indispensable que haya transparencia en el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que dicha institución rinda cuentas sobre los ingresos que recibe. Es también necesario conocer exactamente qué criterios sigue para decidir lo que cobra y lo que deja de cobrar.

A pesar de la evolución y desarrollo que ha tenido el marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información en nuestro país en la última década, la gestión del SAT continúa estando bajo una caja negra. La razón: una concepción demasiado holgada de lo que debe considerarse como “secreto fiscal”. ¿A quién protege el “secreto fiscal”? ¿Tiene verdaderamente la finalidad de proteger al contribuyente en su intimidad o seguridad?; o bien, ¿es meramente el pretexto perfecto para que el SAT actúe detrás de una cortina de opacidad?

El famoso “secreto fiscal” tradicionalmente se ha encuadrado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual ordena a todo el personal oficial que interviene en los diversos trámites fiscales a guardar “absoluta reserva” en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Lejos de servir como una protección para el contribuyente, esta disposición permite al SAT reservar sistemática y arbitrariamente todo tipo de información, incluso aquella que por su naturaleza es indudablemente pública.

Un ejemplo claro de información que sí debemos poder conocer es la relativa a los créditos fiscales cancelados en 2007, los cuales equivalen a una cantidad de 73,960.4 millones de pesos. Se trata de créditos que el fisco ha decidido no cobrar, ya sea por incosteabilidad en el cobro (cuando cuesta más caro realizar diligencias de cobro que cancelar el crédito), por insolvencia del deudor o por la imposibilidad práctica del cobro. Si bien la cancelación no libera al deudor del pago (pues queda abierta la puerta para que pague de manera espontánea), también lo es que el Estado dejará de emplear su maquinaria para cobrar el crédito cancelado.

En octubre pasado, Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil solicitamos al SAT la información sobre los montos, fechas de cancelación y, principalmente, los motivos o razones por los cuales fueron cancelados dichos créditos. La información fue negada con fundamento en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Ante esta negativa, acudimos ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo que declare inconstitucional el artículo citado. Con esta estrategia, esperamos que el Poder Judicial sirva como verdadero contrapeso a un Poder Legislativo que ha sido omiso en reformar la noción de “secreto fiscal” para obedecer el mandato constitucional. Esperamos además que sirva de balance a un Poder Ejecutivo que hace uso indiscriminado de este precepto para negar información pública de manera caprichosa.

Nuestro argumento es que en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que toda información en poder del gobierno es de carácter público y únicamente podrá ser reservada de manera excepcional por razones de interés público. En directa contravención a este mandato, el artículo 69 del CFF establece una regla general de reservar toda la información en posesión de las autoridades que intervienen en trámites fiscales, la cual admite ciertas excepciones. Esto significa que en el artículo 69 del CFF establece un régimen de excepciones que es exactamente opuesto al que establece el artículo 6º de la Constitución.

Además, la reserva absoluta que plantea el artículo 69 del CFF no responde al criterio de interés público que es el criterio rector en esta materia. Al contrario, es de interés público que se haga disponible la información sobre los créditos fiscales cancelados, pues sólo de esta forma la ciudadanía podrá verificar que se dan a partir de la actualización de supuestos establecidos en reglas claras y equitativas. Debemos poder conocer exactamente cómo son aplicados los criterios para la cancelación de créditos a fin de verificar que dichas cancelaciones no sean el resultado de la ineficiencia en el cobro o incluso de corrupción.

¿Quedaremos entonces desprotegidos los contribuyentes en nuestra intimidad o seguridad? La respuesta es no. Vale la pena precisar que lo que se busca con este litigio no es eliminar por completo la noción de “secreto fiscal”, sino resaltar que dicha noción debe ser acotada a fin de que corresponda a los avances que hemos tenido en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Por otra parte, ya contamos con una ley especial que nos brinda la protección adecuada. En efecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ya protege nuestros datos personales[1], así como aquella información que podría poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas[2] e incluso aquella que pudiera causar un serio perjuicio a la recaudación de las contribuciones.[3]

La demanda de amparo indirecto que interpusimos fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Posteriormente, el asunto fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal para que dicte la sentencia correspondiente. Se espera que la sentencia de primera instancia se emita en los próximos meses.

Si la sentencia niega el amparo, acudiremos a la segunda instancia para solicitar la revisión, y si la sentencia otorga el amparo, seguramente las autoridades responsables harán lo mismo. Tendremos entonces la oportunidad de pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción, pues consideramos que es un caso que lo amerita por su particular importancia y trascendencia, así como por su novedad y relevancia.

En el fondo lo que perseguimos es delimitar y desmitificar algunas nociones aparentemente sagradas que amenazan de manera patente nuestro derecho de acceso a la información. El “secreto fiscal” tal y como está definido, no protege a nosotros los contribuyentes (o por lo menos no en todos los casos), sino que nos mantiene a obscuras en un tema que nos incumbe a todos: el manejo de los ingresos de nuestro país.

Jimena Ávalos Capín. Abogada del equipo de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

*Descargar Posicionamiento y Resumen Ejecutivo de la Demanda interpuesta por Fundar, aquí.

Síguenos en Twitter: @FundarMexico Y también en Facebook


[1]Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el  11 de junio de 2002, Artículo 18, fracción II.

[2] Idem, Artículo 13, fracción IV.

[3] Idem, Artículo 13, fracción V.

Leer completo

Durante el 2010, la revista Nexos inició la aventura de abrir un blog dedicado exclusivamente a temas relacionados con temas judiciales. La idea fue publicar textos que abordasen los diversos aspectos que giran alrededor de nuestra Suprema Corte de Justicia. Aprovechando el inicio de año, presentamos un breve resumen de los diez posts más leídos del blog durante el 2010.

1. Caso Guardería ABC.  Crónica de la Discusión (II/III)

Con este post se realizó uno de los primeros ejercicios de periodismo judicial –de ahí que la cobertura se presentase en una serie de tres post-, al seguir puntualmente las discusiones de los ministros de la Suprema Corte respecto un asunto de enorme importancia para la vida del país: Caso Guardería ABC. El autor, además de ofrecer una explicación ágil y sencilla de las principales posturas de los ministros, al final del post presenta una tabla de votación donde claramente se puede conocer cómo voto cada ministro respecto cada uno de los temas que implicaba este delicado asunto.

2. Matrimonio-adopción gay: la perspectiva científica

Este post se publicó días antes de que iniciará la discusión en el pleno de la Suprema Corte respecto la constitucionalidad de las reformas legales del Distrito Federal que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la posibilidad de que estas parejas pudiesen adoptar. El objetivo del post fue presentar las coordenadas del debate respecto este tema, pero no desde el discurso jurídico, sino desde la perspectiva científica. La decisión de incluir un post de esta naturaleza responde a que tanto las autoras como los que coordinamos el blog, estamos convencidos que no pocas de las discusiones jurídicas modernas tienen que nutrirse de otras áreas del conocimiento para tener un panorama claro de cuál debe ser la solución jurisdiccional.

3. El (absurdo) juicio en contra de Galileo (II/III)

Uno de los propósitos del blog fue abrir una sección que, frente a nuestra tradición jurídica barroca y ridículamente solemne, presentara al derecho como cualquier otra actividad realizada por el hombre: contradictoria, absurda e irracional. De ahí que se abriera una sección dedicada solamente a registrar estos disparates: Absurdos Jurídicos. Este post forma parte de esta sección y de una interesante serie de entregas donde se desmenuza con erudición y elegancia el absurdo juicio en contra de Galileo.

4. ¿Qué es una controversia constitucional?

Una de las dificultades de un lector no especializado en temas jurisdiccionales es entender el amplio abanico de términos que tanto en las sesiones de los ministros como en las sentencias se utilizan de manera cotidiana. Existe una barrera del lenguaje que impide que la información jurisdiccional ocupe el lugar que le corresponde en la rutina informativa. En este contexto, este post busca explicar de manera sencilla y con buenos ejemplos, uno de los medios de control constitucional más relevantes en la organización de los poderes del Estado: la controversia constitucional.

5. Matrimonio y adopción gay: análisis de la sentencia

Después de las discusiones entre los ministros y de la decisión de la mayoría de éstos de ratificar la constitucionalidad del matrimonio y adopción gay en el Distrito Federal, la opinión pública se olvidó de la fuente informativa judicial más relevante: la sentencia. Ese documento donde, además del sentido de la decisión, se encuentran los argumentos que apuntalan a ésta y que pueden impactar en ulteriores casos que aborden temas similares. Así, el propósito de este post fue diseccionar los diferentes argumentos y posiciones de la sentencia sobre el matrimonio y adopción gay, la cual promete convertirse en una de las resoluciones más relevantes sobre el tema en Iberoamérica.

6. ¿Qué sigue después de la muerte de Gudiño Pelayo?

Este post esboza algunas de las posibles consecuencias a partir del fallecimiento del ministro José Gudiño Pelayo tanto al interior de la Suprema Corte -en la dinámica de votación de la primera sala y del pleno y en la carrera por la presidencia de la Corte-, como entre el presidente de la República y el Senado al momento de nombrar al ministro sustituto de Gudiño.

7. Matrimonio y adopción gay: la opinión del Ombudsgay

Una de las formas en que la sociedad civil puede influir en el proceso de decisión de una corte constitucional consiste en que, por ejemplo, académicos y agrupaciones envíen a los jueces constitucionales sus argumentos de porque cierto caso debe resolver en un determinado sentido. En este contexto, este post reproduce las ideas principales de la opinión técnica o amicus curiae que sometió el programa Ombudsgay de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, a consideración de la Suprema Corte y donde presenta el estado del arte respecto el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales.

8. Las designaciones de los ministros: no son enchiladas

Se trata de uno de los últimos post del año donde, a partir de la terna de candidatas a ministras presentada por el presidente Calderón para sustituir a Gudiño Pelayo, se explica el proceso de designación de los ministros y la relevancia de que éste no sea un mero trámite sino un verdadero ejercicio de reflexión respecto qué tipo de tribunal constitucional necesitamos.

9. La Corte ante la igualdad y la no discriminación

Este post analiza las principales tesis de jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte en los últimos quince años sobre un tema medular: la igualdad y no discriminación. El texto no sólo le da coherencia a esa madeja de criterios jurisprudenciales, sino que también presenta un balance de los avances que se han logrado al respecto y de las asignaturas pendientes que deben erigirse en la agenda de la Corte para el futuro.

10. Sexo y Derecho

Este post, parte de la sección Absurdos Jurídicos, presenta una serie de legislaciones de diversas entidades de los Estados Unidos respecto el sexo. Se trata de un conjunto de disparatadas e irrisorias regulaciones, que no obstante se mantienen vigentes y eventualmente puedan ser aplicadas.

El Juego de la Suprema Corte

Leer completo

Una vez que regresen de su período vacacional, los ministros de la Suprema Corte reiniciarán sus labores en el mes de agosto con la discusión del caso matrimonio y adopción gay. En el centro del debate se encuentran aspectos constitucionales de enorme relevancia, pero también hay una pregunta fáctica clave: ¿sufren los niños algún daño por vivir y desarrollarse en el seno de una familia homosexual? En este contexto, el programa Ombudsgay de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. sometió a consideración de la SCJN una opinión técnica o amicus curiae que refleja el estado del arte respecto el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales. A continuación se presenta un resumen de los principales argumentos de este documento*.

  1. En contra de lo afirmado por la PGR, el matrimonio es una institución dinámica que se ha adaptado y debe adaptarse a los cambios que se susciten en la sociedad. No existen razones de peso para establecer un modelo único de familia tal y como pretende la PGR en su acción de inconstitucionalidad. De aquí se infiere entonces que existen razones fundadas para que la institución matrimonial se amplíe a las personas del mismo sexo.
  2. Todos los individuos poseen el derecho a desarrollarse plenamente; a optar por el modo de vida que ellos consideran correcto (en la medida en que no se afecten los derechos de terceros) y a encontrar los modos mediante los cuales ese proyecto de vida se materializa en la práctica. De acuerdo con lo anterior, hemos defendido que el matrimonio constituye un medio para dar publicidad a las relaciones afectivas que libremente construyen los individuos y que es deber del Estado garantizarlo para todos los ciudadanos a efecto de reconocerles la igual dignidad que poseen.
  3. La reforma en el Código Civil del Distrito Federal remedia un sistema de apartheid sexual de facto, que solamente permite que algunos ciudadanos cuenten con todos los derechos y puedan casarse libremente.
  4. La Asamblea Legislativa tiene facultades para modificar la definición de matrimonio para incluir en ella a las personas del mismo sexo y dicha modificación al Código Civil es un ejercicio de federalismo que trata de dar una solución, democráticamente respaldada, hacia el reconocimiento de grupos sociales tradicionalmente discriminados.
  5. Bajo el principio de entera fe y crédito del artículo 121 de la Constitución y en consonancia al sistema federal, los matrimonios entre personas del mismo sexo válidamente celebrados en el Distrito Federal deben tener pleno reconocimiento en el resto de las entidades federativas.
  6. Las normas establecidas en el Código Civil para el Distrito Federal, están encaminadas a dar protección a los diversos tipos de familia, pues está proscrito cualquier forma de discriminación que pretenda ejercerse sobre alguno de éstos. Las reformas no sólo no establecen distinciones que discriminen entre personas, sino que están encaminadas precisamente a terminar con la exclusión de la figura del matrimonio para personas del mismo sexo. Es por ello que, en todo caso, se debe ver con recelo aquellos argumentos, como los presentados por la PGR, que buscan restringir derechos y perpetuar discriminaciones legislativas.
  7. La censura que pretende establecerse en contra de las recientes modificaciones al Código Civil para el Distrito Federal debería establecer de manera clara una justificación objetiva, razonable y proporcional que persiga un fin legítimo sin que se vulnere el derecho a la igualdad y la no discriminación, que no tiene.
  8. Apelar a circunstancias de hecho como que los niños adoptados puedan sufrir discriminación, corren riesgos psicológicos al ser criados dentro de familias homoparentales, etcétera, no es una razón para negar el  derecho a tener una familia. A partir de una premisa fáctica no puede darse el salto a una conclusión normativa sin caer en contradicción lógica. Por tanto no puede apelarse a una posible situación fáctica o contrafáctica dada como razón para negar la posibilidad de adoptar por parte de parejas homosexuales.
  9. El Estado mexicano está obligado a velar por el interés superior del niño en los términos del derecho interno e internacional de los Derechos Humanos, ello implica que el Estado tiene la obligación de reconocer, proteger, garantizar y promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, sobre los de los adultos.
  10. El Estado mexicano, en términos del derecho vigente, está obligado a respetar el principio de igualdad y no discriminación y, aunque puede establecer medidas que den un trato diferenciado a las personas siempre y cuando sean razonables y proporcionales con respecto a un fin legítimo, el hecho de considerar ex-ante la orientación sexual de una persona como no compatible con el interés superior del menor contradice plenamente la Constitución mexicana y los tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por México.
  11. Existen estudios que demuestran que los menores de edad criados en familias homoparentales no sufren ningún daño y tienen un desarrollo normal. Se ha probado científicamente que es falso que las personas homosexuales estén enfermas, sean anormales o sufran de un trastorno mental y la creencia popular de que los homosexuales per se son incapaces de formar una familia, son inestables o abusan de los menores de edad. Dicha percepción está basada en estereotipos y prejuicios irracionales.
  12. Existen cerca de medio millón de familias homoparentales en México que sufren del rechazo social e invisibilidad jurídica al no existir la posibilidad de la adopción secundaria. Aceptar la pretensión del Procurador de prohibir la adopción a parejas homosexuales en razón de su orientación sexual, condena también a esas familias homoparentales ya existentes al rechazo, al estigma y a la discriminación.
  13. Seguir afirmando la verdad de prejuicios y falacias que han sido científica y racionalmente probados como irracionales y falsos, equivale a seguir afirmando que la tierra es plana, que el sol gira alrededor de la tierra, que los indígenas no tienen alma o que las mujeres son seres mentalmente débiles.
  14. La pretensión de la PGR de reservar la adopción únicamente a las parejas y matrimonios heterosexuales, fundada en la supuesta protección del interés superior del niño, no cumple con los criterios de razonabilidad ni de proporcionalidad pues los argumentos presentados en la acción de inconstitucionalidad de la PGR se basan en estereotipos y prejuicios que no pueden ser aceptados por esta Corte de Justicia. Aceptar esos argumentos equivaldría a aceptar que el Estado puede violar derechos de minorías con base en la ignorancia compartida por un grupo de personas.
  15. En consecuencia, la Suprema Corte debe rechazar la pretensión de la PGR por contravenir la Constitución, así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos obligatorio en México por la vía del artículo 133. Una Corte de Justicia verdaderamente garantista debe evitar la incorporación de prejuicios en el sistema jurídico mexicano.
  16. No podemos permitir que los prejuicios se conviertan en un triste obstáculo para el avance de los derechos, esto es, el reconocimiento de la igualdad en la distribución y disfrute de los mismos. Del mismo modo, no pueden ser una barrera para la garantía de la dignidad de nuestros ciudadanos. No es posible permanecer impávidos frente a los intentos por consolidar una red de creencias generalizadas en contra de ciertos sujetos en virtud de sus preferencias sexuales usando al Derecho como medio de legitimación. Debemos tener siempre presente que las ideas discriminatorias, el discurso del rechazo, la exclusión y la estigmatización de ciertos ciudadanos simplemente por sus preferencias u orientaciones sexuales no tiene cabida en el discurso del constitucionalismo democrático.
  17. La Suprema Corte de Justicia, como máximo intérprete de la Constitución, ocupa un lugar estratégico para llevar a cabo la materialización de los ideales del constitucionalismo democrático incorporando a su práctica las técnicas de razonamiento judicial que le son propias. La consecuencia de asumir dichos compromisos conlleva, a nuestro modo de ver, a confirmar la constitucionalidad del matrimonio y la adopción en el DF.
  18. Por las anteriores razones este comité de expertos piensa que debe hacerse un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se protejan los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, a tener una familia, a la honra y al reconocimiento de la dignidad humana, desarrollados en los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal por estar acordes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

* Este documento es producto de la colaboración entre un equipo multidisciplinario de expertos, así como del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Leer completo

¿De qué depende la protección de los derechos fundamentales? ¿Cuáles son las variables que influyen para que un Estado se comprometa a favor de los derechos humanos? Entre los diversos aspectos que se han considerado claves para impulsar una eficaz protección de los derechos humanos, se ha subrayado la presencia de un sólido litigio estratégico. La pregunta, entonces, consiste en: ¿qué es el litigio estratégico? El siguiente texto explica las principales características de éste y, de esta manera, El Juego de la Suprema Corte inicia una serie de colaboraciones sobre esta asignatura pendiente en nuestro país.

El litigio estratégico en derechos humanos es una herramienta que han utilizado víctimas, organizaciones de la sociedad civil, así como ciertos órganos del Estado –como Ministerios Públicos y Defensorías del Pueblo- para la protección de derechos humanos, a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos internacionales de protección en la región durante los últimos treinta años.

Se ha señalado en concreto que esta herramienta puede servir para:

  1. Develar y exponer patrones de conducta ilegales y estructuras desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos.
  2. Promover derechos no garantizados por deficiencias o porque la protección efectiva solo se activa a partir de los reclamos de los grupos.
  3. Controvertir políticas públicas que contradicen estándares internacionales sea porque su diseño, contenido o forma de implementación afectan derechos humanos.
  4. Incluir en la agenda del poder judicial temas ausentes y exigirle a éste que abra arenas de discusión para nuevos temas relacionados con los derechos humanos.

En este contexto, me interesa en este espacio discutir, tan solo, dos cuestiones centrales del litigio estratégico en derechos humanos. En primer lugar, las diversas variables que operan al momento de la definición de los objetivos de la acción legal. Y, en segundo lugar, subrayar la incidencia que puede tener la relación entre los actores sociales –grupos, comunidades, víctimas- y el reclamo legal.

Las diversas variables que operan en la definición de los objetivos del litigio estratégico

Una de las cuestiones más importantes para definir si el litigio estratégico aumenta la eficacia de un reclamo para la protección de los derechos humanos, está vinculado a los objetivos que se proponga la acción. Sin embargo, estos objetivos no son uniformes y su definición está mediada por diversas variables.

Es posible advertir una primera variable, que está dada por los intereses de una organización legal (sociedad civil u estatal). Allí, la trayectoria de esa organización legal, su capacidad para enfrentar una discusión a través de la herramienta del litigio estratégico e incluso su reconocimiento legal, será central. De hecho, en algunos Estados de la región, esta variable puede ser considerada como una capacidad para promover acciones judiciales (ej. art. 43, inc. 2, de la Constitución Argentina que otorga a organizaciones de la sociedad civil y al Defensor del Pueblo legitimación para la presentación de acciones judiciales colectivas).

Una segunda variable puede estar dada a partir del proceso judicial o administrativo que se ha utilizado –o se pretende utilizar- para llevar adelante el litigio estratégico. En este supuesto, la existencia de vías procesales idóneas o, al menos, inexploradas para la protección de derechos humanos, puede ser una variable que incida en la definición de objetivos de la acción legal. La idea de abrir caminos de protección a través del uso de herramientas judiciales ha sido una fórmula utilizada en varios países de la región.

Una tercera variable que se puede pensar para la definición de los objetivos de la acción legal, consiste en centrar la obtención de los objetivos al momento de la ejecución de la sentencia. Es decir, de qué manera la conclusión del proceso judicial que se inicia, podrá dar respuesta a la situación que se intenta resolver. En esta variable es central enfocar los esfuerzos en el proceso de ejecución de sentencia, no importará por cierto la apertura de la vía judicial o la legitimación para llevar adelante un reclamo legal, sino las reglas de ejecución que la sentencia fije, el tipo de remedio judicial (inmediato, mediato, a largo plazo, etc.). En general, esta variable toma en cuenta los efectos de la decisión judicial, como por ejemplo la producción de una vacuna para enfrentar una enfermedad endémica, la modificación de prácticas carcelarias o el voto de personas privadas de libertad sin condena.

Una cuarta variable que podemos pensar, está dada por las relaciones que se generan entre las víctimas/organizaciones de la sociedad civil/abogados, con el poder judicial y el Estado (sobre todo poder ejecutivo y legislativo) a través de este tipo de acciones. Las comunicaciones que operan entre estos actores y sus roles dentro del proceso también pueden informar sobre el alcance de los objetivos propuestos en la acción. La visibilidad del reclamo, la incorporación en la agenda del debate democrático de ciertos temas, pueden ser elementos relevantes a la hora de pensar la eficacia de la acción legal iniciada.

Por último, se puede pensar en una quinta variable que analice las relaciones que se pueden generar entre los espacios nacionales y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, la re-configuración de situaciones o argumentos que operan entre las discusiones domésticas y las discusiones con el sistema internacional. Por ejemplo, la conformación de una mesa de dialogo en un proceso de solución amistosa, en el marco de un caso que tramita ante el sistema interamericano o directamente la ejecución de una sentencia internacional en el ámbito interno de un Estado.

La fortaleza de los grupos y sus estrategias políticas. Su relación con los reclamos legales

A su vez, el análisis de experiencias concretas de litigio da cuenta de una íntima vinculación entre reclamos legales y procesos paralelos, como el fortalecimiento de actores sociales involucrados. En este sentido, la participación de las víctimas, grupos o comunidades en el diseño de propuestas concretas para la solución de situaciones de violación de derechos humanos, así como la articulación con otras estrategias de reclamo, -protesta pública, campañas de divulgación y presión- serán centrales para establecer la eficacia de una acción legal.

Desde esta perspectiva, el espacio judicial se presenta no sólo como un lugar de resguardo de derechos sino como un ámbito en el que es factible transmitir demandas al Estado, fiscalizar o impugnar sus decisiones y dialogar o confrontar con sus diferentes instancias y con los demás protagonistas del conflicto.

No es común que las organizaciones consideren al litigio como una herramienta más en el marco de un reclamo. En estos casos, la aproximación del litigio como herramienta que favorezca el reclamo de las organizaciones, debe relacionarse con la fortaleza de la organización/grupo/comunidad. El reclamo legal debe tener muy en cuenta las fortalezas y debilidades organizativas al momento de sugerir estrategias políticas y discutir las posibles alternativas en el ámbito judicial.

No obstante, el litigio, y esto es central discutirlo con los grupos a la hora de cualquier planificación de la estrategia legal, puede servir para:

-          Fortalecer su capacidad de acción

-          Abrir nuevas vías de participación

-          Hacer efectivas conquistas logradas en el plano político.

-          Control permanente sobre los órganos del Estado.

A su vez, los objetivos que subyacen a los planteos legales en materia de derechos humanos pueden necesitar estrategias que deban ser trazadas en conjunto con otros actores, distintos de los directamente afectados, pero centrales para fortalecer el reclamo o tornarlos más viable. Por eso, en una etapa inicial también se pueden analizar las articulaciones posibles con otros actores, estatales o no gubernamentales: por ejemplo, Defensorías del Pueblo, Universidades, Centro de Estudios, Clínicas Jurídicas, organizaciones de la sociedad civil.

Diego R. Morales. Director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Leer completo