Que la autoridad estatal exhiba a una persona en medios de comunicación no es un asunto menor. Implica la violación a un derecho constitucional que busca proteger al individuo frente al abuso de la facultad punitiva del Estado.

En este sentido, me resulta preocupante el manejo de las redes sociales del municipio de Naucalpan de Juárez (administración 2012-2015), a través del cual ha implementado una campaña de exhibición de las personas detenidas en flagrancia por sus policías. La exhibición no se reduce a una fotografía. Se muestra, a su vez, a los detenidos golpeados, frente a una mesa donde se colocan armas, billetes, monedas y cualquier instrumento con el que hayan sido detenidos. Por si no fuese suficiente, se acompaña estas imágenes con una leyenda donde el detenido es presentado como “presunto culpable” ante los usuarios de Facebook.

Ahora bien, entre las garantías procesales de una persona detenida se encuentra, por supuesto, la presunción de inocencia. La cual es una condición necesaria del proceso penal. Y cuya observancia corresponde a todas las autoridades del Estado mexicano, no sólo al juez. En esta línea, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que la presunción de inocencia no se limita al proceso, sino que también debe proteger extra-procesalmente al individuo. La Tesis 1ª. CLXXVI/2013, de mayo de 2013, establece:

  1. El derecho como regla de trato, en su vertiente extraprocesal, debe ser entendido como el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos.
  2. La violación de la regla de trato, en su vertiente extraprocesal, puede darse por cualquier agente del Estado, especialmente por autoridades policiales.
  3. De nada sirven los derechos fundamentales de los imputados al momento de ser exhibidos y juzgados públicamente.

Por otra parte, en el proyecto de amparo directo en revisión  517/2011 (caso Cassez), a cargo del ministro Arturo Zaldívar, apunta lo siguiente: “[E]l derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie (…)”.[1]

Sobre la exhibición de detenidos en medios de comunicación, el proyecto de sentencia agrega: “[…] no es la “opinión pública” o los medios de comunicación a los que se les debe imputar la escenificación ajena a la realidad y el trato anticipado de culpable respecto a la recurrente. […]

La Suprema Corte, pues, no censura que la prensa informe sobre los acontecimientos que resultan de interés nacional, como la lucha contra la delincuencia. Censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de ésta a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo”.[2]

Por ello, sostengo que la medida del municipio de Naucalpan es inconstitucional por las siguientes razones:

  1. Ningún detenido puede ser considerado como presunto culpable, ya que nuestra Constitución y distintos tratados internacionales otorgan una posición de ventaja al imputado para ser tratado y considerado como inocente (sí, desde su detención).
  2. La regla de trato del derecho constitucional a la presunción de inocencia, en su vertiente extraprocesal, obliga a todas las autoridades del Estado mexicano, especialmente a los policías, a no considerar culpable al detenido y darle, en todo momento, el trato de inocente.
  3. El contenido del derecho a la presunción de inocencia prohíbe que las autoridades exhiban al detenido, especialmente cuando se le exhibe como culpable, en cualquier medio de comunicación.
  4. La única forma de vencer la presunción de inocencia es mediante sentencia del juez de la causa y hasta que ésta no se declare, el imputado no puede ser considerado como culpable.
  5. La exhibición en medios de comunicación de detenidos por las policías municipales naucalpenses presupone que éstos no son inmediatamente puestos a disposición del ministerio público, lo que resulta en otra violación a los derechos humanos.

La objetividad de un proceso penal es fundamental para reducir los espacios de arbitrariedad de las autoridades. Únicamente un juez penal competente puede declarar que la presunción ha sido vencida, nunca la opinión pública y los medios de comunicación: superemos el medievalismo penal.

Francisco José Rubio Díaz. Estudiante de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Twitter: @PacoRubioo


[1] Proyecto de Amparo Directo en Revisión 517/2011, p. 132.

[2] Ibid., p. 133.

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Con el ánimo de que la crítica se fundamente en información y datos duros, a continuación se presenta una síntesis de la sentencia de más de 1,300 hojas que resolvió el juicio de inconformidad presentado por la Coalición Movimiento Progresista a fin de impugnar la elección de presidente de México y, solicitar la nulidad de la misma (SUP-JIN-359/2012). El texto es únicamente extracto de los principales argumentos.

En su escrito de demanda, la Coalición Movimiento Progresista solicitó la nulidad de la elección de presidente de la República por considerar que se violaron diversos principios constitucionales rectores de la materia electoral. Las irregularidades que adujo este Movimiento en su demanda, mismas que fueron atendidas, se aglutinaron en ocho temas.

I. Adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión

  • Adquisición encubierta de tiempos en radio, televisión y revistas. En este apartado se abordó lo relativo a la promoción personal y propaganda encubierta en Televisa y Radio Fórmula, así como la cobertura tendenciosa en Organización Editorial Mexicana y la cobertura de la revisa Quién. Lo relativo a Televisa fue objeto del SUP-RAP-427/2012, mientras que respecto de Radio Fórmula, Organización Editorial Mexicana y Quién, no se advierte que hubiera alguna adquisición indebida, ni que se hubiera cambiado la línea editorial de los medios de comunicación para favorecer a Enrique Peña Nieto (EPN).
  • Sesgo informativo según monitoreo realizado por la UNAM. Versó sobre la cobertura del evento en la Ibero, la falta de monitoreo de las barras de opinión y la relación entre el desequilibrio informativo y la votación. No se advierte que hubiera algún sesgo informativo favorable a EPN, ni se aportaron pruebas suficientes que generan convicción de que si existió alguna preferencia a favor de dicho candidato. También se debe considerar que las barras de opinión no fueron objeto de monitoreo pues así se estableció por el IFE en el acuerdo CG412/2012, mismo que no fue impugnado.
  • Indebida fundamentación y motivación a las peticiones de Andrés Manuel López Obrador, y mayor tiempo para Movimiento Progresista en pautas de radio y televisión. Ambos temas fueron materia de medios de impugnación, SUP-JDC-1696/2012 y SUP-RAP-578/2012, respectivamente. La asignación de tiempos en radio y tv obedeció a las reglas establecidas en el COFIPE.
  • Falta de reglamentación del Derecho de réplica. No existe imposibilidad jurídica para que los partidos políticos y sus candidatos lo ejerzan.
  • Situación de los medios de comunicación y la libertad de expresión en México. El diseño constitucional brinda garantías específicas a la libertad de expresión y al derecho a la información, lo cual no se acredita que haya sido ineficaz durante el proceso.

II. Uso indebido de encuestas y estudios de opinión como propaganda electoral

  • Inducción al voto por manipulación de la verdad. Si bien los resultados publicados por algunas encuestas no coincidieron con el resultado final de la elección, no acredita que las encuestadoras se apartaron periódica y sistemáticamente de los lineamientos y criterios científicos en la realización de las encuestas, ni que se hubiere manipulado la verdad para inducir al voto o beneficiar o perjudicar a algún candidato.
  • Encuesta Mileno/GEA-ISA incumplió con entregar los criterios exigidos por el IFE. La encuesta sí cumplió con los criterios del IFE según se señala en el acuerdo CG388/2012, apegándose a los lineamientos establecidos en el acuerdo CG411/3022, entregando estudios completos.
  • Encuestas simuladas son propaganda electoral. No se acreditó que las encuestas incumplieran con los lineamientos legales, por lo que no se puede afirmar que fueran simuladas.
  • Falta de transparencia respecto de quienes patrocinaron las encuestas. En la gran mayoría de los casos se informó y transparentó el dato relativo al patrocinador de las encuestas, en aquellos que no se hizo no fueron señalados por Movimiento Progresista en su demanda.
  • Manipulación por difusión diaria de encuestas electorales. La difusión diaria de las encuestas no necesariamente conlleva a que se cree una percepción de que la persona que se encuentre al frente de las preferencias será el ganador. No es posible advertir que a partir de la difusión diaria de la encuesta se hubiera inducido a los electores. Tampoco se acredita que algún sesgo en concreto, únicamente que los resultados no fueron coincidentes con lo señalado en las encuestas.

III. Financiamiento encubierto: caso Monex

  • Contratación con Frontera Televisión Networks. Se abordó lo relativo al contrato entre GM Global Media, Jiramos y Frontera para difundir la imagen de EPN en EUA, la transferencia de 56 MDD a una cuenta de Jiramos en Banco Monex y el contrato entre Intelmedia y Servicios Integrales del Sector Agropecuario del Sector Civil. Se señala que de la información de la queja enviada por la Unidad de Fiscalización no se advierten elementos que corroboren lo afirmado por Movimiento Progresista, tampoco se acreditó vinculo alguno con la supuesta transferencia, en todo caso, se estima que el último de los contratos citados únicamente genera un indicio para revelar que se celebró un contrato entre dichas empresas.
  • Otras personas vinculadas con el financiamiento. Respecto de Grupo Koleos y Grupo empresarial Tiguan se señala que tienen un vínculo con Comercializadora Atama y que han hecho depósitos en su cuenta en Banco Monex. De Comercializadora Atama señala que celebró un contrato con Rodrigo Fernández Noriega para realizar depósitos a Grupo Comercial Inizzio en la cuenta de Banco Monex. De Rodrigo Fernandez Noriega se señala que fue mandatorio de Comercializadora Atama.
  • Financiamiento a través de Banco Monex por Inizzio y Efra.
    • Esta acreditada la entrega de tarjetas Monex a representantes del PRI en Guanajuato, pero no hay elementos que permitan advertir que dicha distribución se hizo con objeto de vulnerar la libertad del voto a fin de comprar sufragio a favor de EPN.
    • De los elementos que obran en los expedientes de las quejas, no se advierte que se hubieran efectuado operaciones económicas con Inizzio y Efra para que operadores del PRI compraran y coaccionaran el voto.
    • Tampoco se demostró que la aplicación de los recursos recibidos en Guanajuato beneficiara a EPN, en virtud de que no se demuestra que sus representantes hubieren actuado a fin de movilizar el voto.

En conclusión, se consideró que los elementos de convicción con que hasta el momento se cuentan en las investigaciones son insuficientes para demostrar que se pudieron haber materializado actos de compra y coacción de voto a través de la distribución de las tarjetas Monex, por lo que no es posible estimar que se transgredieron los principios rectores del proceso electoral, dado que las pruebas no tienen la eficacia y pertinencia para advertir un daño o afectación a dichos principios.

 

IV. Distribución de tarjetas Soriana

  • Existencia de tarjetas Soriana. Se tienen por acreditadas la existencia de 5,711 tarjetas de Soriana, sin que su sola existencia implique que se hayan repartido entre ciudadanos que votaron a favor de EPN.
  • Presión o coacción del electorado mediante la distribución de las tarjetas. Las pruebas no son suficientes para tener por acreditado que se hubieren repartido las tarjetas Soriana a fin de que los ciudadanos votaran a favor de EPN. El video aportado no es suficiente para acreditar que las tarjetas fueron desactivadas, o que la gente que las poseía realizó compras de pánico con el temor de que les desactivaran las tarjetas.
  • Aportación de empresas mercantiles. Las pruebas no son suficientes para tener por acreditada la relación contractual entre Soriana y la Coalición Compromiso por México, sin que sea suficiente lo manifestado por el representante legal de Soriana en el sentido de que en julio de 2011 celebraron un convenio con el PRI, para otorgar beneficios en Nuevo León a los tenedores de una tarjeta de este tipo, pues con ello sólo se prueba la existencia del convenio para otorgar beneficios a 500,000 tenedores de tarjetas Soriana en Nuevo León, sin que las características de dichas tarjetas correspondan a las aportadas por Movimiento Progresista.
  • Relación entre Soriana y Gobiernos priístas. No se encuentra acreditado que la relación contractual entre Soriana y once gobiernos estatales, así como un ayuntamiento, haya tenido como objeto la distribución de tarjetas entre la ciudadanía a cambio de que votaran a favor de EPN. Aunado a que en la queja que se sigue ante el IFE, catorce entidades señalan que no guardan relación contractual con Soriana entre 2011 y 2012.
  • Rebase de topes de gastos de campaña. Al no haberse acreditado las aportaciones de las empresas mercantiles, ni la intervención de gobiernos príistas, no es posible estimar que hubo rebase de topes de gastos, pues ello dependía de haber acreditado lo anterior.

V. Gastos excesivos en campañas de publicidad y aportaciones de empresas mercantiles

  • Aportaciones de empresas mexicanas de carácter mercantil.
    • Tarjeta PREMIUN PLATINO. Movimiento Progresista solo precisa los sujetos que recibieron el beneficio de las aportaciones en la tarjeta, sin señalar quién hizo dichas aportaciones y la razón para considerar que tienen la calidad de empresa mexicana mercantil. Aunado a que en la queja Q-UFRPP-144/2012 se impuso una sanción al PVEM de $3,340,800.15, con motivo de la distribución de dicha tarjeta, la cual fue confirmada mediante SUP-RAP-353/2012, sin que de ello se advierta que existieron aportaciones o donaciones en dinero o en especie.
    • Tarjeta LA TAMAULIPECA. De los autos de la queja Q-UFRPP147/2012 no se advierte que existió una aportación o donación de alguna persona moral, ya que sólo se desprende que existe una supuesta entrega que hizo el PRI de diversos artículos promocionales para influir en las preferencias electorales, entre ellos la tarjeta LA TAMAULIPECA.
  • Propaganda estática y en medios impresos, gastos operativos de campaña y producción de mensajes en radio y televisión. Tanto el PRI como el PVEM tenían derecho a ejercer la prerrogativa en radio y televisión por separado, por lo que no existe irregularidad alguna. Ello fue objeto del SUP-RAP-578/2012.
  • Financiamiento de actos relacionados con un evento celebrado en el Estadio Azteca. No existen elementos suficientes que permitan advertir que hubieron gastos excesivos, ni que permitan vincular de manera evidente a los sujetos que aduce financiaron dicho evento con los montos erogados, ni que EPN o los partidos que lo postularon hubieren erogado las cantidades que aduce Movimiento Progresista.
  • Gastos excesivos por concepto de encuestas. El audio de la entrevista del vicecoordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, en la que se señala que hubo un gasto excesivo por concepto de encuestas, no constituye el medio idóneo para acreditar lo que pretende Movimiento Progresista, pues ello es una declaración unilateral de una persona, sin que se adminicule la prueba con algún otro medio de convicción.

VI. Intervención de funcionarios públicos

  • Intervención de gobernadores emanados del PRI, a partir de una reunión en Toluca. Si bien se demuestra la celebración de un encuentre entre dieciséis gobernadores del PRI en Toluca, no existen indicios de que dicha reunión fuera para celebrar un convenio entre ellos a fin de cubrir una cota o cantidad de votos por cada estado o utilizar recursos públicos para comprar votos y favorecer a EPN.
  • Intervención de funcionarios federales. No se acredita que los funcionarios federales hubieren intervenido indebidamente en la elección presidencial, ni el Presidente Felipe Calderón a partir de su cuenta de twiter.
  • Uso ilícito de una bodega de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Veracruz. Los videos que aportan constituyen únicamente indicios leves que no permiten identificar el lugar de la grabación o el momento en que ocurrieron los hechos que se pretenden demostrar.
  • Presión y coacción del voto por elementos policiacos. Los videos que se ofrecieron como prueba únicamente constituyen indicios que patentizan la supuesta actuación de los policías en relación con la violación a la libere emisión del voto.
  • Presión y coacción del voto por el gobierno de Durango. No se acredita que hubiere habido presión o coacción del voto por parte del gobierno de Durango, al usar indebidamente programas sociales.
  • Uso ilegal de recurso públicos del gobierno de Zacatecas. Las pruebas aportadas únicamente generan indicios sobre el uso ilegal de recursos públicos del gobierno de Zacatecas, sin que sea suficiente para tener por acreditados los hechos que aduce Movimiento Progresista.
  • Presión y compra de votos del gobierno de Chihuahua. No se ofrecieron ni aportaron pruebas para acreditar el uso indebido de programas sociales por parte del gobierno del Estado de Chihuahua para comprar o coaccionar el voto en favor de EPN.
  • Operativo Ágora. Si bien Movimiento Progresista anunció el ofrecimiento de tres pruebas para acreditar dicho operativo, lo cierto es que los elementos probatorios nunca fueron aportados.

VII. Irregularidades en la jornada electoral

  • Compra y coacción del voto previo a la jornada electoral.
    • Entrega de tarjetas para llamadas telefónicas y de beneficios. No se acreditó que las tarjetas telefónicas se entregaron con el objetivo de provocar que los electores votarán a favor de EPN.
    • Robo de material y documentación electoral. De la prueba aportada sólo se genera un indicio de que se trataron de robar material y documentación electoral, sin que se cuenten con mayores elementos a fin de tener por acreditados los hechos.
    • Compra y coacción del voto en Jalisco. Las pruebas aportadas no son aptas para acreditar que los artículos con logotipos del PRI y EPN se entregaron a cambio del voto en su favor.
    • Compra y coacción del voto en Durango. Si bien las pruebas generan indicios de la distribución de artículos y tarjetas beneficio, ello no es suficiente para tener por acreditado que los mismos se dieron a cambio del voto a favor de EPN.
  • Compra y coacción del voto el día de la jornada electoral.
    • Actos de coacción y presión sobre los electores, operativos Casas Amigas y Bingo. No se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollaron los operativos que señala Movimiento Progresista.
    • Llamadas y mensajes telefónicos a través de call centers. No se aportaron elementos de convicción para acreditar los hechos.
  • Acarreo de votantes. De las pruebas aportadas únicamente se advierte un leve indicio de que probables simpatizantes del PRI llaman a los habitantes de Noc-Ac y Cheumán, para ir a votar.
  • Irregularidades en diversas entidades federativas.
    • Jalisco. No existe vínculo causal entre los hechos que se pretenden demostrar y las pruebas, ya que no se establecen circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que se afirma sucedieron los hechos.
    • Chihuahua. No se precisan las circunstancias en que tuvieron lugar los hechos.
    • Durango. Las pruebas ofrecidas no son aptas para acreditar los hechos, pues de las mismas no se advierten circunstancias de tiempo, modo y lugar.
    • Votación atípica. No se precisa de dónde se obtuvo la información en la que se señala que hubo una votación atípica en algunas entidades federativas superior al 100% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal.
  • Robo de material y documentos electorales. El video que se ofreció para acreditar dicho hecho es insuficiente, pues sólo da cuenta del supuesta robo de una urna, la cual corresponde a una elección de carácter local.
  • Los Halconcitos. No se aportaron pruebas para acreditar dichos hechos.

VIII. Irregularidades en cómputos distritales

  • Falta de certeza de las casillas objeto de recuento. No se precisan las irregularidades ocurridas en los recuentos respecto de cada distrito, aunado a que en su momento debió haber señalado dichas irregularidades en el Consejo Distrital, o hacerlas valer en los juicios de inconformidad presentados ante la Sala Superior del TEPJF.
  • Diferencia de votación entre las elecciones de presidente, diputados y senadores. La solicitud de nuevo escrutinio y cómputo en 143,114 casillas realizada ante el Consejo General del IFE carece de eficacia para demostrar que existieron irregularidades y por ello una diferencia entre la votación de las elecciones presidenciales, de diputados y senadores.
  • Inconsistencias en actas de casilla.
    • Diferencias en la lista nominal de electores. Las diferencias aducidas por Movimiento Progresista son insuficientes para tener por acreditada una violación generalizada a la normativa electoral.
    • Votación atípica en zonas rurales. El sustento de lo afirmado es un estudio elaborado por Víctor Romero Rochín, sin embargo el mismo no fue exhibido como elemento de prueba.

Las anteriores, son en síntesis las consideraciones jurídicas que realizó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para declarar infundados los planteamientos de Movimiento Progresista para anular la elección de presidente de México.

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @AESUPD

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En las últimas semanas, ha circulado en los medios un sinfín de notas sobre las elecciones presidenciales. Se registran acciones de grupos como #YoSoy132 y SME; dimes y diretes en contra de AMLO y EPN; variopintas opiniones sobre la compra de votos, el error de la mayoría de las casas encuestadoras, así como la influencia del sesgo mediático.

No obstante, un personaje ausente es la demanda que interpuso el equipo de AMLO en contra de la decisión del IFE que ratifica el triunfo de EPN como presidente de la República. Los escenarios que se esbozan respecto la viabilidad de anular esta elección parten de las declaraciones de los equipos de EPN y AMLO, documentos académicos aislados y, sobre todo, de notas periodísticas que en su mayoría son eco una de otra. Pero no del ingrediente clave: la demanda.

Esto no significa que esta discusión deba tener como sede única el feudo de los abogados, ni que sólo sea una opinión válida aquella que se sustenta en los galimatías jurídicos. Sin embargo, si la manera de resolver nuestros conflictos postelectorales es a través de un proceso judicial, entonces, la demanda que activa a éste es medular. Y de ahí que la falta de atención al documento sólo se explique por un paupérrimo periodismo judicial que privilegia el barullo de las declaraciones y conferencias de prensa por encima de la ponderación del calibre de los dardos jurídicos en juego.

¿Qué hay en esas 638 páginas que suma la demanda de AMLO? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Qué tan sólidas son sus pruebas? ¿Es viable anular la elección? ¿Aporta algo para la agenda futura de las regulaciones electorales?

Inicio con una aclaración: existen dos mecanismos para anular una elección presidencial. El primero traza una ruta puntual que consiste en reunir una de estas tres condiciones: 1) que se presente, y no se corrija en el recuento de votos, alguna de las once causales para anular la votación de una casilla en el 25% o más del total de casillas; 2) que no se haya instalado el 25% o más de las casillas en el territorio nacional; o 3) que el candidato ganador no haya cumplido con alguno de los requisitos para ser presidente (que no sea ciudadano mexicano, no tenga cumplidos 35 años de edad, etcétera). La segunda opción no es tan sencilla e implica enorme riesgos de discrecionalidad judicial. Se trata de una vía que ha establecido en los últimos años el TEPJF a golpe de sentencias y que abre la posibilidad de invalidar un proceso electoral por vulnerar algún principio constitucional.

Esta es su lógica: si hay una diferencia muy pequeña entre los primeros dos lugares y se comprueba una afectación grave al texto constitucional que haya podido ser determinante en el resultado, entonces, se anula el proceso electoral. Esto fue lo que sucedió en la última elección de Morelia: la diferencia entre los dos primeros lugares fue de menos de un punto porcentual; por ello, a juicio de los magistrados, cualquier irregularidad por mínima que fuese pudo ser determinante para revertir los resultados. ¿Qué variable? La aparición, por ejemplo, de un boxeador en televisión abierta con el logo del partido ganador (el PRI) en su calzoncillo, que se consideró como propaganda prohibida por el modelo de comunicación político-electoral establecido en el artículo 41 de la Constitución. La sala regional de Toluca del TEPJF anuló la elección siguiendo esta lógica, conocida como determinancia y que nunca ha sido aplicada para evaluar la validez de una elección presidencial.

Ahora bien: ¿por cuál de estas dos opciones se inclinó AMLO en su demanda? Su ataque jurídico avanza por las dos pistas. A su parecer, aun después del recuento realizado por los consejos distritales del 63% de las casillas, se siguen presentando inconsistencias aritméticas en el 50% del total de éstas. Lo que refleja indicios de que hubo manipulación de la votación y quebranto de la voluntad ciudadana. Se trata de anomalías, subraya, que no fueron subsanadas por el IFE y que evidencian la ineficiencia de esta institución en materia de capacitación de los ciudadanos como funcionarios de casilla y su incapacidad para detectar las casillas que presentaban errores aritméticos evidentes. Con base en esto AMLO solicita el recuento del 50% de las casillas totales para rectificar las inconsistencias detectadas por su equipo. Y asegura que sin mayor problema se podrá anular la elección presidencial pues se rebasa con creces el requisito de que por lo menos en el 25% del total de casillas se presente alguna de las causales para anulación.

Lo que le corresponde aquí al TEPJF es una tarea casi artesanal de revisar las pruebas que ofrece AMLO, confirmar su solidez y, en su caso, verificar casilla por casilla impugnada si se cumple alguna causal de nulidad. El escenario pinta complicado por dos motivos: no hay indicio de que el recuento de votos realizado por los distritos electorales haya estado viciado o no haya atendido las inconsistencias presentadas por los partidos y, además, uno de los temas cuya jurisprudencia está más trabajada es justo la nulidad de casillas, abarcando un amplio abanico de precisiones de los requisitos para anular una casilla. Lo que dificultará exprimir a su favor ambigüedades en la ley para anular una casilla.

Lo más relevante, sin embargo, de la demanda de AMLO en su apuesta por anular la elección por vulnerar principios constitucionales. Casi la totalidad de su abultada demanda está dedicada a este tema: tratar de estirar los precedentes de la llamada determinancia para que ésta opere por primera vez en una elección presidencial.

El primer paso, de esta ruta, es insistir en que si no queremos que la Constitución sea un mero pergamino de buenos deseos, es indispensable que sus disposiciones sirvan de rasero para evaluar los procesos electorales. Pues, en caso contrario, se estaría dejando la nulidad de los comicios a supuestos establecidos en la ley, sin siquiera considerar principios constitucionales. El propósito es convencer al TEPJF de que la Constitución se debe aplicar de manera directa a un proceso electoral presidencial. Lo cual es atinado: si la Constitución en verdad es una norma jurídica, su eficacia no debe estar condicionada por alguna ley u otra disposición. Debe gozar de eficacia directa sobre los actos electorales.

El segundo eslabón argumentativo busca superar una de las exigencias para que opere la determinancia: que la diferencia, como señalé líneas arriba, entre los dos primeros lugares sea muy pequeña. Requisito que no se cumple en esta elección presidencial. Este es un aspecto clave pues ante la enorme subjetividad que implica la determinancia, ésta sólo es justificable si trabaja en elecciones reñidas. Si no existiese este requisito, los magistrados podrían aprovechar la enorme plasticidad de los principios constitucionales para anular o ratificar cualquier elección. De ahí que este requisito sea en realidad un candado a la actuación de los magistrados.

¿Cómo plantea la demanda sortear esta exigencia? Arguyendo que si la determinancia sólo se enfoca en la diferencia entre los primeros dos lugares, se le niega al resto de los votantes la protección de su derecho a votar –en el sentido, de que su voluntad no pudo sumarse a la configuración del resultado debido a la violación de un principio constitucional por el contendiente ganador-. Es decir, la determinancia debe atender la protección de los derechos de la mayoría absoluta o mayoría calificada de los votantes y no a cuestiones de diferencia entre primer y segundo lugar. Aun si se acepta este argumento, el problema de esta lectura es que no elimina el reto de que el TEPJF demuestre empíricamente que la violación de cierto principio constitucional fue determinante en el resultado. Acertijo que se vuelve más complejo entre más amplía es la diferencia entre los dos finalistas. El riesgo entonces de redimensionar la determinancia en estos términos es que no habría límite alguno a ésta: dependiendo de los principios que se elijan y el peso que les otorgue, se podría llegar a cualquier resultado.

Aquí el resto del texto.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador del departamento de Derecho del ITAM y coordinador del proyecto Monitor Judicial. Twitter: @slopeznoriega

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Pocos principios jurídicos son tan fáciles de formular y tan difíciles de llevar a la práctica como el principio constitucional a la presunción de inocencia”

Francisco Muñoz Conde, El País, 28 de septiembre de 2003

 

En los últimos días, los jóvenes han puesto en la agenda pública un tema fundamental: la democratización de los medios de comunicación. Aprovecho la coyuntura para hacer una aportación.

Como todo proceso, la democratización involucra múltiples actores y pluralidad de instituciones en interacción. Me interesa un tema en particular. En las siguientes líneas reflexiono sobre la relación entre los medios de comunicación como actores de la democracia y los derechos constitucionales como institución básica de una sociedad democrática.

En particular, me refiero al rol de los medios frente al principio constitucional de inocencia.

Este principio parece sencillo de explicar: todos somos inocentes frente al Estado en tanto éste no pruebe, más allá de toda duda razonable, lo contrario, es decir, que somos culpables de un delito o de una conducta ilegal.

Detrás de la aparente sencillez se esconde una realidad compleja. Diariamente, los jueces nacionales tienen graves problemas para aterrizar el principio de inocencia en sus sentencias. Sea porque no lo entienden, porque no quieren entenderlo o porque no se les exige aplicarlo, el principio está lejos de ser un pilar de la justicia mexicana.

Impera entonces una suerte de principio de culpabilidad en nuestro sistema de justicia, que también opera en la opinión pública nacional.

En los últimos años la presunción de inocencia ha sido objeto de revisión.[1] En 2011, Patricia Williams escribió en The Nation sobre medios, presunción de inocencia y debido proceso.  Unos meses después, The Guardian publicó una nota en el mismo sentido.

En México, el principio fue introducido expresamente en la Constitución apenas en 2008, a pesar de constituir una victoria jurídica que se remonta al s. XVIII. [2]

La actualidad del principio es que no se agota en los tribunales.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Observación General No. 32 ha dicho:

La presunción de inocencia…fundamental para la protección de los derechos humanos, impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio. Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado.

Los medios de comunicación deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia.[3]

En todo el mundo, las tecnologías de la información han empatado exponencialmente a los medios con el principio de inocencia. Hoy la información se difunde de inmediato. Como diría Baudrillard, “la interactividad nos amenaza por todas partes”.

Hay un problema cuando los medios de comunicación informan sobre la (probable) culpabilidad de un individuo como autor de un hecho ilegal. La presunción de inocencia puede ser fácilmente violada.

En 1897, Emile Zolá defendió al famoso capitán Dreyfus de una acusación que se tornó mediática. Para el escritor, el capitán dejó ser persona a los ojos de la opinión francesa, pasó a ser un símbolo de un malestar social, de traición personificada, de patriotismo de contraste.

Cuando Dominique Strauss Khan fue detenido en Nueva York y acusado con cargos de sexuales, bastaron minutos para que la prensa global difundiera la noticia y quedara sellado el fin de la carrera política del francés.

Cuando el profesor Henry Louis Gates, catedrático de Harvard, fue arrestado afuera de su casa y acusado por faltas al orden público y “allanamiento” en su propio hogar, el escándalo tardó unas horas antes de dominar los medios de comunicación norteamericanos.[4]

Cada vez que la Secretaría de Marina nos presenta personas como “capos” o nos exhibe la detención de un supuesto líder del crimen organizado, pocos dudan que “El Chilango” sea culpable de las conductas que se le imputan. ¿Qué importa si está golpeado o torturado? Es culpable.

Quienes vieron la exhibición del señor Cantoral Benavides, usando un traje “infamante” de reo, quedaron convencidos que los militares peruanos detuvieron al culpable de un delito.[5]

Después de ser retenida, exhibida, interrogada y acusada en televisión nacional como parte de una ‘banda de secuestradores’, ya no fue razonable llamarle Florence Cassez a la mujer acusada, sino “la secuestradora francesa”.

Todos estos casos tienen un común denominador: la presunción de inocencia entró en pugna directa con la información difundida por los medios de comunicación. Las personas involucradas no habían sido procesadas ni condenadas y sin embargo, fueron sometidas al juicio público.

Para algunos, los ejemplos no son graves: “son parte de la libertad de expresión”, “son reparables”.

La libertad de expresión no puede estar sujeta a censura previa, cierto. Sin embargo, su ejercicio encuentra límites en la vulneración de otros derechos constitucionales. El principio de inocencia es un fin constitucionalmente protegido. Como tal, tiene varias dimensiones y formas de aplicación.[6]

La presunción de inocencia es exigible tanto en situaciones procesales (en juicio) como en extraprocesales (fuera de juicio).[7] Obliga a todas las autoridades a dar un trato de no culpables a toda persona acusada por el Estado.

Los medios de comunicación violan el principio cuando difunden una versión incompleta, anticipada o inacabada de la realidad.

El impacto mediático de señalar a alguien como culpable públicamente se antoja difícil de revertir. Los errores judicial y policial, en contraste, son comunes.

Es perverso sostener que un juicio mediático no constituye un juicio previo que lo imbuye todo, que contamina la opinión y las condiciones de cualquier proceso.

¿Cómo abordamos el problema?

Con mecanismos institucionales de prevención y con garantías exigibles de reparación.

El 16 de abril de 2012, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal publicó el Acuerdo A/003/2012, que contiene el “Protocolo para la Presentación Ante los Medios de Comunicación, de Personas Puestas a Disposición del Ministerio Público”.

La emisión del acuerdo es de celebrarse, sin embargo, resuelve pocos problemas. No establece parámetros claros para determinar cuándo será presentada una persona y no resuelve el problema de las detenciones arbitrarias y de las presentaciones que se hacen “antes” de poner a disposición a una persona. Con todo, es un acuerdo novedoso y relevante.

Antes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó la recomendación 3/2012, sobre la exhibición de personas y la publicación de su información personal en averiguaciones previas a cargo de la PGJDF. Se concluyeron irregularidades en 27 casos que agraviaron a 50 personas.

Ambos instrumentos abonan al problema, pero son insuficientes. Es imperativo vincular a los estudiantes de comunicación con sus obligaciones y responsabilidades constitucionales. Es crucial exigir a nuestros jueces la aplicación real del principio de inocencia y dar peso a sus violaciones.

Reflexiones finales

La violación a la presunción de inocencia está estrechamente vinculada a la violación de otros derechos, como la imagen, la honra y la dignidad. Estos correlativos están protegidos por los tratados internacionales que México reconoce.

En un escenario democrático, sin censura previa, la ética profesional de los informadores juega un papel central y deberá estar construida a partir del complemento cruzado de las disciplinas de la información y del derecho. Personalmente, conozco un solo trabajo profesional que cruza las disciplinas del derecho y del periodismo con miras a la solución práctica de problemas de este tipo.[8]

Además, hace falta ingeniería institucional que haga posible la reparación de daño, a favor de personas que hayan sufrido violaciones graves al principio de inocencia. La noción de indemnización por daño debería ser rediseñada, por ejemplo, para permitir que la reparación obligue incluso a medios de comunicación a reivindicar la imagen de una persona a través de una difusión proporcional a la que provocó la violación.

No hay duda alguna: los derechos constitucionales tampoco debiesen ser violados por los poderes privados, tal es el caso de los medios de comunicación. Pues hay que tener bien presente que los juicios previos, sean impulsados por un poder público o por uno privado como los medios, son contrarios a la presunción de inocencia.

En la medida en que a todos nos quedé más claro que nuestros derechos están en constante pugna con los mecanismos de información, más contundente podrá ser nuestra exigencia de obtener medios de comunicación más democráticos.

 

Aldo González Melo. Licenciado en Derecho por el ITAM, litigante en materia constitucional y penal. Twitter: @aldomelo


[1] Ver por ejemplo: Brandon L. Garrett, Judging Innocence, Columbia Law Review, Vol. 100:2, 15 de noviembre de 2007, páginas 101-190; Steve Sheppard, The Methamorphoses on Reasonable Doubt: How Changes in the Burden of Proof Have Weakeaned the Presumption of Innocence, Notre Damme Law Review, Vol. 78, mayo de 2003.

[2]Cfr. Francois Quintard-Morenas, The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American Legal Traditions, The American Journal of Comparative Law, Vol.58.1, 2010, páginas 107-149.

[3] Periodo de sesiones Ginebra, 9 a 27 de julio de 2007, CCPR/C/GC/3223 de agosto de 2007, página 9, párrafo 30.

[4]Cfr. Charles Ogletree, The Presumption of Guilt: The Arrest of Henry Louis Gates Jr., and Race, Class, and Crime in America, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2010.

[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides v. Perú, sentencia de fondo de 18 agosto de 2000, párrafo 119.

[6] Para los tribunales, el principio de presunción de inocencia tiene 3 dimensiones: a) es una regla de trato (de no culpables) a favor de las personas; b) es una estándar para analizar la evidencia en un caso concreto; y c) es un estándar de interpretación al momento de dictar una sentencia.

[7] Ver jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL’, S.J.F. y su Gaceta; XXV, Mayo de 2007.

[8] Ver: Esteban Illades, “La Cobertura Periodística de los Tribunales: Una Introducción al Periodismo Judicial”, Tesis profesional para obtener el grado de Licenciado en Derecho, ITAM, 2011.

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(Una nota con final alternativo)

Hoy no salir en televisión es un signo de elegancia. Umberto Eco

Lo que no se vio en TV

En julio de 1928 fue transmitido el primer programa de televisión en la Unión Americana. Ese mismo año, el Justice Charles Evans Hughes dijo que el progreso de la civilización se tendría que reflejar en los procesos argumentativos, en los que hasta entonces, solía perderse mucho tiempo. En la actualidad, salvo que los Justices determinen lo contrario, cada parte dispone de 30 minutos para exponer sus argumentos ante el pleno de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo que no vislumbraba el Chief Justice Evans, como tampoco parece vislumbrar en la actualidad el Chief Justice Roberts son los potenciales beneficios de transmitir las sesiones de argumentos orales por televisión.

Como se dio cuenta en este espacio, los pasados 26, 27 y 28 de marzo, la Corte llevó a cabo las sesiones de argumentos orales de los Affordable Care Act Cases. Si bien durante los días previos a las sesiones permeaba en el ambiente un dulzón perfume que auguraba la posible venia de la Corte para permitir el acceso de cámaras de televisión a su salón de plenos, las alas fueron cortadas por un gélido comunicado que ofreció únicamente audios y transcripciones diferidas de las sesiones.

Oyez…¿Veremos a la Corte en TV?

A propósito del Obamacare, no solo llamó nuestra atención la trascendencia jurídica y política de este asunto de dimensiones wagnerianas, sino que, por primera vez en la historia, perecía haberse abierto la oportunidad a que las cámaras de televisión entrasen a la Corte Suprema y transmitieran en vivo las sesiones de argumentos orales.

De haber sido así, lo primero que habríamos visto sería la robusta figura del Marshall recitando la fórmula que sincroniza a la perfección con la coreográfica entrada en escena de los Justices: Oyez! Oyez! Oyez

¿Cómo se ve? ¿Cómo se vería?

Además de México, las cortes supremas de Brasil y del Reino Unido transmiten en vivo las sesiones del Pleno de sus Ministros. Brasil lo lleva a cabo a través de TV Justiça, que  inició sus transmisiones el 11 de agosto de 2002 y que puede verse por internet. Las sesiones del Pleno del Supremo Tribunal Federal son animadas, y entre los videos más vistos en Youtube se encuentra la discusión entre el Ministro Barbosa y el entonces Ministro Presidente Gilmar Mendes a quien acusó —desde luego, al aire—, de no practicar el “joga bonito” y estar destruyendo la justicia en el país.

La flamante Corte Suprema del Reino Unido (inició sus actividades en octubre de 2009), también transmite en vivo sus sesiones, y usted puede, a manera de degustación, ver un fragmento reciente del caso que está por resolver la Suprema Corte relativo a la petición sueca para extraditar a Julian Assange. También es posible consultar las directrices del Tribunal Oral de Salta, Argentina acerca de la transmisión en directo, por televisión, de casos sobre violación a derechos humanos.

¿Cómo se vería en TV la sesión de argumentos orales de la Corte Suprema de Estados Unidos?

Hasta la fecha, no existe registro alguno de cámaras de televisión en el Pleno de los Justices. Por tanto, nuestra primera recomendación al lector será poner en la pantalla de su ordenador algunos de los dibujos que los dibujantes autorizados comparten con nosotros, escuchando el audio de algún caso de su elección, ¿qué tal Roe v. Wade, para empezar?

¿No es suficiente?, ok, recurra entonces al sitio de dibujos animados concebido por la Justice en retiro Sandra Day O´Connor, en el que recrea no sólo la sesión de argumentos orales, sino todo lo que ocurre “tras bambalinas” del más alto tribunal de la nación.

¿Quiere más realismo?, acuda a Hollywood, la “fábrica de sueños”, que pone a su amable disposición un elenco interesante de posibilidades que recrean sesiones de la Corte Suprema, desde la famosa deposición de John Adams en el caso Amistad , hasta los argumentos en defensa del pornógrafo Larry Flynt.

¿No le basta? Entonces convenza al menos a cinco Justices de las bondades de transmitir sus sesiones de argumentos orales por televisión.

¡¡Cámara!! Los Justices de Costa a Costa… y de Poniente a Levante

Si bien es sencillo acceder a los videos de las audiencias de confirmación de quienes a la postre se integrarían a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la mera idea de introducir cámaras en el salón en el que se llevan a cabo las sesiones de argumentos orales es lo más parecido a un misterio, envuelto en un enigma.

Ya en 1988, C-SPAN había solicitado al Chief Justice Rehnquist el ingreso de cámaras al alto tribunal; la misma solicitud le hicieron en el 2000, únicamente para los casos Bush v. Palm Beach County Canvassing Board, y Bush v. Gore, pero la simbólica respuesta de la Corte fue un cassette con el audio.

En 2005, aprovechando el impulso del Senador Arlen Specter, volvieron a sugerir al flamante Chief Justice, John Roberts, la posibilidad de transmitir en vivo las sesiones de la Corte. En 2008, el New York Times también alzó la mano, y el 15 de noviembre de 2011 hubo una nueva petición a John Roberts, para que la Corte permitiera la transmisión en vivo de las jugosas seis horas de argumentos orales del 26 al 28 de marzo pasados (muy lejos aún de las dieciséis horas de argumentos orales que la Suprema Corte requirió en 1962 para Arizona v. California).

Si bien el justice en retiro David Souter llegó a decir que las cámaras de televisión ingresarían al Pleno “sobre su cadáver”, existe, al menos, un atisbo de alentadora ambivalencia frente las cámaras por parte de los actuales integrantes de la Corte Suprema:

  • John Roberts: “Mi nuevo mejor amigo, el Senador Thompson, me asegura que no hay nada que temer de las cámaras de televisión”.
  • Samuel Alito: “Si nuestros argumentos fueran televisados, nos enfrentaríamos a una competencia muy dura, pues ya hay un exceso de programación para los aficionados a los tribunales”.
  • Stephen Breyer: “Hay buenas razones a favor y hay buenas razones en contra”.
  • Ruth Bader Ginsburg: “Personalmente, no tengo objeción a la transmisión de las audiencias por televisión”.
  • Elena Kagan: “Sería buena idea, más aún pensando que en la actualidad solo 200 personas por día pueden presenciar las sesiones. Sería muy bueno para el público americano”.
  • Anthony Kennedy: “No creo que sea en el mejor interés de la institución”.
  • Antonin Scalia: “Las cámaras en la Suprema Corte podrían, realmente  educar a la gente, pero también podrían maleducar y desinformar”.
  • Sonia Sotomayor: “Tengo buenas experiencias con cámaras”.
  • Clarence Thomas: “Mi anonimato se iría. Cambiaría el estilo de vida de mis colegas”.

Groucho Marx encontraba a la televisión bastante educativa porque cuando alguien la encendía en casa, él se marchaba a otra habitación para leer un buen libro. Pero frente a la trascendencia de la eventual anuencia de la Corte Suprema para permitir que se transmitan en vivo las sesiones de argumentos orales, la tentación de encender la “caja idiota” se torna apetitosa.

Abrir pues, las plúmbeas puertas institucionales a las cámaras sentaría precedentes saludables para la educación cívica y para el sistema jurídico estadounidense, y con especial énfasis, allanaría el camino para que, aprovechando las fuerzas naturales de aceleración, se transmitan en vivo las sesiones argumentos orales, no solo de los asuntos de mayor relevancia, sino de todos los casos sometidos a la ponderación de la Corte, bajo el vetusto principio: “a maiori ad minus”.

¿No son aún tiempos para una Supreme Court 2.0?

Gallup revela que siete de cada diez estadounidenses opinan que la Corte debiera permitir cámaras de televisión, y diversos termómetros han revelado que la combinación de cámaras y tribunales es buena para la democracia. Por tanto, parecía haber óptimas condiciones a propósito de las sesiones del 26, 27 y 28 de marzo de 2012, para: a) marcar una nueva época en las reglas del juego de la Suprema Corte, b) mostrar al justice Clarence Thomas romper ¡en vivo! seis años de silencio, y, principalmente, c) constatar que los oral arguments reúnen los ingredientes necesarios para “enamorar a la cámara”.

No obstante, parece haber un equilibrio matemático entre el tamaño del anhelo y las dimensiones de la desilusión. A quienes se interesan por las actividades del más alto tribunal estadounidense, por ahora, tendrán que seguir conformándose con los dibujos de las sesiones y los audios correspondientes. No son tiempos aún para pensar en una Corte Suprema 2.0.

Y, como la Sinfonía de Nielsen, la preocupación es expansiva: si no se permitió el acceso de cámaras, Blackberrys, Ipads, Laptops, y otros gadgets, así como hacer llamadas, y mucho menos, twittear durante los argumentos orales de los Affordable Care Act Cases, ¿entonces, cuándo será?, ¿acaso la Corte seguirá atrapada en un flashback sepia?

Entre los escombros de proyectos nonatos que se expanden hasta donde la vista alcanza, la vida sigue, y retomando el epígrafe de esta nota, los Justices, ajenos al acelerado metabolismo institucional de la era digital,  proseguirán por ahora, con su discreta elegancia.

Final alternativo (léase solo si no desea que se transmitan por televisión las sesiones de la Corte Suprema)

Ya es posible contar, el mismo día de la sesión con las transcripciones de los argumentos orales y sus respectivos audios. ¿Cuánta comprensión adicional podría obtenerse con el simple hecho de ver a todo color las caras de los Justices y de los abogados presentes? La transmisión por televisión de los debates del Congreso, como institución eminentemente política, es saludable y perfectamente entendible al ser este la arena de lucha democrática de la que los votantes esperaran obtener la mayor información posible.

Pero televisar los argumentos orales podría ser una punción de consecuencias impredecibles para una institución eminentemente jurídica que necesita trabajar al margen de las más sutiles presiones políticas y mediáticas. Poco abonaría la televisión al prestigio institucional de la Corte, que de suyo, cuenta ya con altos niveles de confianza ciudadana, muy por encima de los otros dos ramos del gobierno.

Por tanto, como dice Charles Lane, las cámaras de televisión en los argumentos orales de la Corte no serían más que una solución en búsqueda de un problema, dando al traste con uno de los pocos procedimientos en Washington DC que aún puede ser considerado como solemne. ¿Realmente le interesa que el Justice Thomas rompa su silencio?

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

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Mesa de Debate. Comunicación y transparencia del Poder Judicial de la Federación.
Participantes: Carlos Avilés (CJF), Hugo Concha (IIJ-UNAM), Saúl López Noriega (ITAM) y Enrique Rodríguez (SCJN).
Grabada el pasado jueves 27 de octubre de 2011, en el Auditorio Fix-Zamudio del IIJ-UNAM.

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El día de ayer, la Suprema Corte resolvió un caso de enorme relevancia para la libertad de expresión y los medios de comunicación. Después de siete años de rebotar en diferentes peldaños de la escalinata judicial, la Corte definió el conflicto entre dos medios impresos clave en la vida pública de nuestro país: La Jornada y Letras Libres.

El asunto, cuyos antecedentes han sido reseñados con exactitud por Animal Político, planteó una pregunta medular para los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte: ¿Cómo ponderar en un conflicto entre dos medios de comunicación –cuando uno de éstos lanzó una crítica particularmente ácida al otro- los derechos al honor y la libertad de expresión?

El encargado de responder, en primer término, esta pregunta fue el ministro Arturo Zaldívar, quien tuvo la tarea de preparar el proyecto de resolución. Un documento bien escrito, construido a partir de lo mejor de la doctrina constitucional, y que bien aprovechado puede ser un texto de enorme alcance pedagógico respecto el papel de los medios de comunicación en una dinámica democrática.

A partir de esta interrogante, el proyecto planteó otra serie de preguntas medulares para llegar a su conclusión: ¿Tiene derecho al honor una persona moral (contrario a un individuo) como La Jornada? ¿El dardo periodístico lanzado por Letras Libres se ubica dentro de un ejercicio de crítica y de opinión? ¿Acaso los medios de comunicación son una figura pública? ¿El tema de discusión –si La Jornada había o no establecido un convenio editorial con un diario que a su vez mantenía una relación con un grupo terrorista- era de relevancia pública?

La respuesta a cada una de estas cuestiones propuesta por Zaldívar, y apoyada en términos generales por Cossío, Pardo y Sánchez Cordero, fue positiva. Es decir, en primer lugar, las personas morales si bien no tienen derecho al honor en términos de que pueden herir sus sentimientos, sí lo tienen en una lectura objetiva de este derecho ya que gozan de una reputación y un nombre. Por otro lado, el texto motivo de la disputa se ubica dentro del género periodístico columna; es decir, una opinión y crítica que se apoya de la lectura de ciertos hechos y de ahí que se trate de un ejercicio pleno de la libertad de expresión. Asimismo, la Corte determinó que el asunto que había abordado Letras Libres sin duda se trataba de un tema de relevancia pública al sugerir como punto central la relación de simpatía entre un medio nacional y un grupo terrorista de impacto internacional.

Por último, en cuanto al punto de si los medios son una figura pública, la Corte señaló que los medios de comunicación definitivamente se pueden considerar como tales, debido a que son un actor medular al momento de definir la opinión pública a partir de sus diversos y legítimos intereses ideológicos, comerciales, etc. Este aspecto es de enorme relevancia pues, de acuerdo a la narrativa moderna de libertad de expresión, el derecho al honor de una figura pública debe ceder o entenderse de manera limitada ante cualquier crítica de la que sea objeto, en aras de proteger el valor de escrutinio propio de una democracia.

Así, con esta batería de respuestas, la Corte analizó la columna que había propiciado el litigio y consideró que ésta tenía como objetivo convencer al lector de que el convenio de colaboración celebrado por La Jornada con un diario español, fue el resorte para que aquél adoptase una postura pública neutral e incluso apologética frente a la ideología nacionalista vasca. La columna efectivamente está redactada a partir de expresiones ácidas, inclusive algunas de éstas se podrían calificar como exageraciones. Sin embargo, y aquí una parte clave de la decisión, la Corte señaló que aun ese tipo de discurso está protegido por la libertad de expresión.

La Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, sin embargo, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aún y cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, simbólicas.

(…)

El debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública en general, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia.

Al respecto, si bien es cierto que cualquier individuo que participe en un debate público de interés general debe abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación y a los derechos de terceros, también lo es que está permitido recurrir una cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa.

Otro aspecto relevante era si algunas de las expresiones del texto –por ejemplo: “La Jornada al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas”- le imputaban a La Jornada el delito de terrorismo, sin ofrecer por supuesto prueba alguna. Lo cual sí implicaría la transgresión de un límite a la libertad de expresión. En respuesta, la Corte señaló que Letras Libres en ningún momento le imputó un delito a La Jornada, pues su crítica (acertada o errónea) se dirigió principalmente al hecho de que este diario haya suscrito de manera no pública un convenio editorial con un periódico español. Lo cual no embona en ninguno de los supuestos del tipo penal de terrorismo. De tal manera que aun en el caso de que efectivamente La Jornada haya suscrito un convenio editorial con dicho diario español, y éste mantuviese una relación con un grupo terrorista, no se estaría ante un delito sino ante dos visiones respecto cómo debe ser la política editorial de un diario.

De ahí que el juicio de amparo por daño moral interpuesto por La Jornada no tuviese éxito y, más bien, la Corte protegiera la libertad de expresión de Letras Libres.

Vale señalar, por último, que una de las partes más relevantes de esta sentencia es la concepción que ofrece de los medios de comunicación. Alejándose de la caricatura tradicional que ve a los medios como inocentes apóstoles de la libertad de expresión, la Corte considera que los medios son un centro de poder en las democracias modernas, no neutrales y que buscan influir en la opinión pública de acuerdo a sus intereses. Y justo porque los medios gozan de ese enorme poder  –que se justifica debido a la función de escrutinio que deben desempeñar- es necesario y lógico que la crítica a su labor también goce de la mayor libertad y más amplio grado de protección. Pues de lo contrario estaríamos ante un poder impune capaz de criticar severamente a alguien, pero sin estar sujeto al mismo calibre de escrutinio público. En este sentido, la Corte reforzó su argumento al puntualizar que se trataba de un conflicto entre dos medios de comunicación, lo cual significa que existía una simetría de poder, donde cada uno goza del mayor ejercicio posible del derecho de réplica a nivel nacional y cuyas críticas se enfrentan a un mismo y único límite: las propias críticas de otros medios.

Se trata de un mensaje por demás saludable para unos medios de comunicación, como los de nuestro país, cuya rutina informativa tiene como sello distintivo la impunidad. Así, ante unos medios que no quieren asumir sus responsabilidades en un contexto democrático, la Corte ofrece una lección que bien se puede encapsular en la máxima de George Orwell: libertad es decirle al poderoso lo que no quiere escuchar. Incluidos, por supuesto, los medios de comunicación.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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Desde hace algunos días se discute en la opinión pública un caso judicial que pronto tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia; se trata de un conflicto entre el periódico La Jornada y la revista Letras Libres. El origen del conflicto es un artículo de Fernando García Ramírez publicado por la revista Letras Libres en marzo de 2004, donde acusa al diario La Jornada de complicidad con el grupo terrorista ETA. Dice este texto:

En octubre del 2002 La Jornada firmó un acuerdo —que incluía la colaboración en proyectos informativos de interés común— con el diario ultranacionalista Gara, periódico del brazo político de ETA que vino a sustituir al proscrito diario Egin. ¿Por qué La Jornada no informó a sus lectores de ese acuerdo? Conviene recordar que Egin fue cerrado por órdenes de Baltazar Garzón por su complicidad con el grupo terrorista, así como también que el mismo juez ha inculpado a Gara del mismo delito.

No, no es casual la aversión de La Jornada contra el juez Garzón. Debemos entenderla como parte del acuerdo con Gara. Debemos entenderla como lo que es: una variante escrita de la lucha terrorista contra la ley. La Jornada al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas. Así se practica todavía el periodismo en México, espero que no por mucho tiempo.

En respuesta, La Jornada atacó en la arena jurisdiccional penalmente por calumnia a García Ramírez y civilmente por daño moral a Letras Libres. Después de varios de años, el litigio penal perdió sustento y ahora ha llegado a la Corte, mediante el ejercicio de la facultad de atracción 119/2010, el tema civil entre estos dos medios de comunicación. El asunto aún no tiene fecha para resolverse, pero se sabe ya que su proyecto de resolución está a cargo del ministro Arturo Zaldívar, será decidido en principio por la 1era Sala de la Corte y se trata del amparo directo 28/2010.

Recientemente, Enrique Krauze, director de Letras Libres, publicó un artículo donde reseña el origen del conflicto y crítica el argumento presentado por La Jornada de que la vigente Ley de imprenta no es suficientemente restrictiva de la libertad de expresión. Por su parte, Federico Arreola considera que es casi inevitable que La Jornada gane el asunto, lo cual resultará en una sanción económica enorme para Krauze y Letras Libres.

Lo cierto es que este caso es el primero en México donde se presenta un conflicto entre dos medios de comunicación. Y aunque no se conocen bien los argumentos jurídicos presentados por las partes, vale mencionar que una regla bastante generalizada en otros tribunales cuando se aborda un tema sobre medios de comunicación alude a la simetría o asimetría de poder. Es decir, la capacidad de una de las partes para responder a una determinada acusación en el escenario mediático. Pensemos, por ejemplo, que un medio de comunicación difunde información y opiniones que, sin fundamento, imputa delitos a una persona en detrimento de su honor y reputación. Esta persona no tiene relación alguna con los medios informativos y de ahí que le sea muy difícil responder en la arena mediática a tales acusaciones. Existe asimetría de poder. En ese caso, la lógica que ha prevalecido es la de apoyar a esta persona mediante el derecho de réplica o con el pago de daños y perjucios por daño moral.

¿Qué pasa, sin embargo, cuando estamos ante dos medios de comunicación que tienen la misma posibilidad de revirar posibles acusaciones? Entonces debe haber una menor intervención del Estado y mayor margen de libertad para el peloteo de opiniones y versiones. Estamos ante una simetría de poder para responder información y opiniones divergentes. En esta línea, Miguel Ángel Granados Chapa señaló en su columna del periódico Reforma lo siguiente:

…cuando una publicación acude a los tribunales para denunciar la conducta de otra publicación, me parece que estamos ante una deformación del propósito legal, dañina para la prensa en su conjunto y que, en el caso al que ahora me refiero, puede redundar en perjuicio del demandante, que por la índole de su tarea quedaría sujeto a reclamos judiciales a tal punto que se anularía su derecho de informar.

Olvidada de la inolvidable máxima de Francisco Zarco, según la cual “la prensa se combate con la prensa”, en vez de refutar desde sus páginas las opiniones de que discordara, como corresponde a un diario que todos los días expresa juicios sobre multitud de personas en todos los ámbitos, en agosto de 2004 La Jornada acudió a la justicia…

Esperemos que la Corte resuelva de manera adecuada este asunto, que sin duda tendrá un significativo impacto en la dinámica de los medios de comunicación de nuestro país.

Saúl López Noriega. Profesor-investigador de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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¿Es o no constitucional el matrimonio entre parejas del mismo sexo? ¿Lo es despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación? Temas muy polémicos, pero como éstos, existen muchos más que se han “congelado” por falta de conocimiento de periodistas y editores para detonar la información.

Saúl López Noriega, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y Doctor en Filosofía Política y Derecho Constitucional con la nota Magna Cum Laude, por la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Diplomado en Periodismo Jurídico en el ITAM, explicó a Personae, que los medios nacionales carecen de un periodismo judicial, de un periodismo jurídico aceptable.

• El tema es nuevo porque: “el Poder Judicial hasta hace muy poco era irrelevante en la dinámica de la política”.

• ¿Qué tan reciente?: “Empieza a tomar relevancia en 1995, cuando se le agregan facultades al Poder Judicial, a la Suprema Corte. En los últimos años han habido casos muy mediáticos, importantes, que pusieron en evidencia la inminente necesidad de especializar el periodismo jurídico, en concreto, el judicial”.

• ¿Cómo conjugar dos mundos con objetivos similares pero con visión distinta? Un abogado puede considerar un caso jurídico muy “interesantísimo”, en tanto que un periodista puede decir de él: ‘¡Eso no vende! Mi editor me lo va a batear’.

• Explica que el reto del periodismo jurídico es crear un puente entre dos mundos, dos lenguajes, dos intereses. “El periodismo judicial tiene una función, hasta cierto punto, pedagógica, y esa es, explicar a los lectores que esto es importante, incluyendo al presidente de la República, al Congreso de la Unión y, por supuesto, al Poder Judicial”.

Aquí el resto de la entrevista.

El Juego de la Suprema Corte

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A casi tres años de la reforma constitucional en materia electoral de 2007, que estableció un nuevo modelo de comunicación político-electoral, vale plantear algunas preguntas claves: ¿Se han cumplido los objetivos de la reforma? ¿Cómo ha enfrentado el Tribunal Electoral (TEPJF) aquellos casos relacionados con los medios de comunicación y la propaganda electoral? ¿De qué manera ha entendido esta autoridad jurisdiccional la relación entre el principio de equidad y las libertades periodísticas? El siguiente texto -versión modificada de la conferencia impartida, el pasado 7 de octubre, en el III Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral 2010- ofrece una respuesta general a éstas y otras interrogantes a partir de los casos más relevantes en este tema que ha resuelto en los últimos meses el TEPJF*.

El tema que nos toca discutir en esta mesa representa uno de los grandes acertijos de las democracias contemporáneas: ¿Cómo evitar la dominación del dinero, a través de los medios, en el escenario político-electoral?

En el año de 2007, como se sabe, nuestro país ofreció una respuesta muy puntual a esta crucial interrogante, al plantear un nuevo modelo de comunicación político-electoral. El propósito de este nuevo diseño consistió justamente en evitar la indebida intromisión de los medios en la arena electoral. Impedir que el poder económico y el poder de persuasión del escaparate, que se fusionan felizmente en los medios de comunicación modernos, incidiese de manera inequitativa en los procesos electorales.

En este sentido, la reforma, por un lado, prohibió que tanto partidos políticos como candidatos a un cargo público pudiesen comprar o adquirir por sí mismos o a través de terceros spots de radio y televisión. Y, por el otro, los partidos políticos consiguieron la oportunidad, como parte de sus prerrogativas, de usar spots para impulsar sus plataformas políticas y candidaturas, siendo el IFE la autoridad encargada de administrar esos tiempos en radio y televisión.

Uno de los problemas, sin embargo, de esta reforma es que fue pensada en buena medida a partir de un lenguaje mediático muy concreto: los spots. El gran objetivo de impedir la dominación del dinero y de los medios de comunicación en el escenario político-electoral se construyó sin considerar un aspecto medular: los medios saben hablar de muchas maneras.

¿Qué significa esto? Pues que el posible maridaje entre medios de comunicación y clase política se puede expresar mediante spots, pero también a través de otros lenguajes mediáticos tales como entrevistas, reportajes, cadenas nacionales, cobertura de conferencias de prensa, telenovelas, infomerciales, etcétera. Así, las instituciones encargadas de aplicar esta reforma, se encontraron con un problema no menor: la enorme versatilidad del lenguaje mediático abre a su vez un sinfín de condiciones para el contubernio.

¿Cómo enfrentar este escenario? ¿Cómo controlar desde las exigencias a las que está sometida la autoridad jurisdiccional (motivación, fundamentación, etc.), aquellos casos que desde una perspectiva política son ejemplos claros de componenda entre medios y clase política? ¿Cuáles serían los costos de no regular cada uno de los lenguajes de los medios, en un escenario mediático altamente concentrado?

Éstas, me parece, son algunas de las preguntas que explícita o implícitamente giran alrededor de los casos que ha venido resolviendo en los últimos meses el TEPJF. Y a partir de las cuales se pueden plantear varias cuestiones a discutir. Veamos.

La reforma de 2007 no estableció una vía institucional para verificar una posible contratación o arreglo ilícito de un espacio en radio y televisión, en cualquiera de sus posibles lenguajes. Es decir, las autoridades electorales –el IFE y el TEPJF- cuentan con pocas herramientas para fiscalizar el flujo de dinero en los medios de comunicación. Sobra mencionar que esta dificultad para probar de manera fehaciente una componenda entre medios y clase política, se acentúa ante una prohibición absoluta que inevitablemente crea un mercado negro.

En otros países los medios tienen la obligación de llevar una contabilidad de sus ingresos electorales, para asegurar, por ejemplo, que sea equitativo el costo de spots para cada uno de los contendientes a un cargo público. Pero una contabilidad de este tipo tiene sentido cuando el lenguaje mediático está en el mercado y tan sólo se busca regular ciertos aspectos de su dinámica económica.

Esto ha orillado a que el TEPJF en vez de apostar por una regulación estructural y minimalista de propaganda –donde sólo se analizase, por ejemplo, si se está ante un spot de radio-televisión y si éste es fruto de un arreglo económico o de otro tipo no permitido-, se ha inclinado por una regulación por contenido en donde se escudriña detalladamente cómo está construida cierta expresión mediática –en términos lingüísticos y visuales- para determinar si se está o no ante propaganda prohibida.

Con esto el TEPJF ha logrado que ciertas entrevistas, reportajes o episodios de telenovelas que han sido denunciados como propaganda prohibida, no queden fuera del escrutinio jurisdiccional. Pero para ello, ha sido necesaria una lectura amplia o expansiva de la prohibición de propaganda electoral, con el riesgo de minimizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Estos malabares se pueden ver de manera clara en el llamado caso “Soy Verde”, donde el TEPJF estiró el concepto de propaganda a términos inclusive persuasivos y donde expresamente se explica que esta concepción amplia es indispensable para no hacer inútil la regulación.

Ahora bien, la enorme discrecionalidad que implica una regulación por contenido se vuelve más peligrosa (y más difícil de justificar) cuando estamos frente aquellas expresiones o lenguajes mediáticos que abren un espacio importante a la espontaneidad, tal es el caso justamente de las entrevistas, los reportajes y las conferencias de prensa.

Es cierto: el TEPJF ha determinado que estos lenguajes están protegidos por la libertad periodística de cada medio de comunicación. Pero también ha establecido que esta libertad tiene límites, tales como que estos géneros periodísticos sean genuinos (no simulados) y que no contengan expresiones de propaganda electoral.

Lo cual nos ubica frente al reto de definir cuándo estamos ante un género periodístico espontáneo genuino o auténtico. ¿Acaso es papel de una autoridad jurisdiccional calificar la autenticidad, en términos de contenido, de una expresión mediática? Este camino regulatorio ha llevado al TEPJF a que en sus sentencias se puedan leer manuales de periodismo. Es decir, reglas, pautas y características de varios géneros periodísticos.

Y aunque estas definiciones las ha construido a partir de bibliografía autorizada, la pregunta sigue ahí: ¿Le corresponde al TEPJF erigirse en tribunal de periodismo, con el riesgo de castigar la espontaneidad inherente a ciertos lenguajes mediáticos? ¿Debe la autoridad jurisdiccional atribuirse, como lo hace en el llamado caso “Ana Guevara”, la facultad de definir lo que es extraordinario o no en la dinámica de los medios? ¿La normalidad de la rutina informativa debe ser calificada desde un tribunal electoral?

Con esto llegamos a un tema de enorme importancia: la concepción neutral y objetiva de los medios según el TEPJF. En efecto, desde la misma reforma constitucional en materia electoral de 2007, existe una concepción de los medios –ratificada, me parece, en no pocas ocasiones tanto por el IFE como por el TEPJF- que parte de que éstos deben ser neutrales y objetivos.

Esta crítica, vale aclarar, no pone en duda que los medios deben ser equitativos al momento de difundir los spots que le corresponden a cada partido político, ni que deban darle la oportunidad a un candidato a expresarse ante un ataque o alusión personal por parte de un contrincante. Por poner apenas un par de ejemplos donde los medios efectivamente deben actuar bajo reglas encaminadas a la equidad electoral.

Mi crítica se dirige, más bien, a lo siguiente: detrás de cualquier intento de limitar la espontaneidad de los medios de comunicación, está el peligro de entender a éstos como meros espejos de la realidad. Y no como lo que son: definidores de las más diversas lecturas de la realidad. En concreto, el riesgo al que me refiero consiste en que el primer paso para establecer qué aspectos de la dinámica mediática deben ser regulados en términos de la equidad electoral y cuáles son propios de la autonomía de los medios, es determinar que existe precisamente una esfera donde los medios se mueven con amplios márgenes de libertad y donde no se les puede exigir neutralidad y objetividad.

¿Acaso la libertad de los medios de comunicación no abarca la posibilidad de hilvanar una agenda de intereses políticos y comerciales? ¿Publicar una editorial a favor de un candidato? ¿Apoyar o atacar las propuestas políticas que circulan durante un proceso electoral? ¿Preferir entrevistar a un candidato cuyas propuestas sean afines a la tendencia política de cierto medio de comunicación? No hay que olvidarlo: los medios no sólo son el sustrato de la opinión pública, son también actores de ésta.

De ahí que, en este contexto, la concepción neutral y objetiva de los medios informativos puede ser la etiqueta idónea para vulnerar las libertades periodísticas.

A estas alturas alguien podrá replicarme que el problema es que esa inherente parcialidad de los medios, fruto de su autonomía, puede ser aprovechada para cuajar contubernios entre medios y clase política. Es decir, ¿cuántas entrevistas, coberturas y reportajes no son resultado de la espontaneidad periodística, sino de arreglos económicos o tráfico de influencias entre políticos y medios? Estoy de acuerdo. E inclusive yo agregaría que  las consecuencias negativas en términos de equidad de aprovechar esta parcialidad de los medios de manera indebida, se acentúa cuando se tiene un escenario mediático como el mexicano que está altamente concentrado.

¿Esto significa, sin embargo, que la manera de enfrentar este problema por parte de la autoridad jurisdiccional es erigiéndose en un tribunal de periodismo? Me parece que no. Existe, efectivamente, ciertos ámbitos donde el actuar de los medios se puede calificar de democrático, en el momento en que se circunscriba a reglas equitativas. Pero existen otros ámbitos donde la única manera de democratizar a los medios es, como decía Alexis de Tocqueville, multiplicando su número. Los perniciosos efectos de la parcialidad de los medios sólo se podrán atenuar realmente cuando tengamos una pluralidad de medios de comunicación.

Ahora bien, ¿este reto de multiplicar los medios de comunicación es responsabilidad del TEPJF? Sí y no. Por un lado, no hay duda de que esta tarea es propia de los órganos representativos pero, por el otro, también es cierto que el TEPJF no debió haber mordido el anzuelo de la reforma del 2007. Es decir, no debió caer en la tentación de adentrarse en el delicado terreno de la regulación por contenido, sino más bien hilvanar –a través de un inteligente desarrollo del derecho a la información y de la libertad de expresión- la relevancia de diseñar un escenario mediático plural.

Este trabajo argumentativo ciertamente no lograría por sí mismo pluralizar a nuestros medios, pero sí podría erigirse en un elemento que urge que se inserte en la vida institucional del país –y que los ministros de la Suprema Corte, por cierto, no lo hicieron en su momento al resolver el caso sobre la llamada “Ley Televisa”. Me refiero a construir la gran justificación constitucional del pluralismo de los medios como antídoto para los posibles efectos perniciosos propios de la autonomía de los medios de comunicación. Y también como el escenario idóneo para hacer realmente efectivas las reglas de equidad que deben regir los procesos electorales.

¿Pues acaso hoy en día podemos asegurar que, después de tres años de la reforma de 2007 y de múltiples asuntos que ha resuelto el TEPJF sobre este tema, efectivamente se ha limitado la dominación de los medios en la clase política y en la dinámica electoral del país?

Saúl López Noriega. Profesor-Investigador de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM (twitter: @slopeznoriega).


* Estos casos son los siguientes: 1) ST-JIN-7/2009; 2) SUP-RAP-45/2009 y acumulados; 3) SUP-RAP-234/2009, SUP-RAP-239/2009, SUP-RAP-240/2009, SUP-RAP-243/2009 y SUP-RAP-252/2009; 4) SUP-RAP-248/2009; 5) SUP-RAP-273/2009; 6) SUP-RAP-280/2009; y 7) SUP-RAP-119/2010, SUP-RAP-123/2010 y SUP-RAP-125/2010 acumulados.

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