¿Es o no constitucional el matrimonio entre parejas del mismo sexo? ¿Lo es despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación? Temas muy polémicos, pero como éstos, existen muchos más que se han “congelado” por falta de conocimiento de periodistas y editores para detonar la información.

Saúl López Noriega, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y Doctor en Filosofía Política y Derecho Constitucional con la nota Magna Cum Laude, por la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Diplomado en Periodismo Jurídico en el ITAM, explicó a Personae, que los medios nacionales carecen de un periodismo judicial, de un periodismo jurídico aceptable.

• El tema es nuevo porque: “el Poder Judicial hasta hace muy poco era irrelevante en la dinámica de la política”.

• ¿Qué tan reciente?: “Empieza a tomar relevancia en 1995, cuando se le agregan facultades al Poder Judicial, a la Suprema Corte. En los últimos años han habido casos muy mediáticos, importantes, que pusieron en evidencia la inminente necesidad de especializar el periodismo jurídico, en concreto, el judicial”.

• ¿Cómo conjugar dos mundos con objetivos similares pero con visión distinta? Un abogado puede considerar un caso jurídico muy “interesantísimo”, en tanto que un periodista puede decir de él: ‘¡Eso no vende! Mi editor me lo va a batear’.

• Explica que el reto del periodismo jurídico es crear un puente entre dos mundos, dos lenguajes, dos intereses. “El periodismo judicial tiene una función, hasta cierto punto, pedagógica, y esa es, explicar a los lectores que esto es importante, incluyendo al presidente de la República, al Congreso de la Unión y, por supuesto, al Poder Judicial”.

Aquí el resto de la entrevista.

El Juego de la Suprema Corte

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A casi tres años de la reforma constitucional en materia electoral de 2007, que estableció un nuevo modelo de comunicación político-electoral, vale plantear algunas preguntas claves: ¿Se han cumplido los objetivos de la reforma? ¿Cómo ha enfrentado el Tribunal Electoral (TEPJF) aquellos casos relacionados con los medios de comunicación y la propaganda electoral? ¿De qué manera ha entendido esta autoridad jurisdiccional la relación entre el principio de equidad y las libertades periodísticas? El siguiente texto -versión modificada de la conferencia impartida, el pasado 7 de octubre, en el III Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral 2010- ofrece una respuesta general a éstas y otras interrogantes a partir de los casos más relevantes en este tema que ha resuelto en los últimos meses el TEPJF*.

El tema que nos toca discutir en esta mesa representa uno de los grandes acertijos de las democracias contemporáneas: ¿Cómo evitar la dominación del dinero, a través de los medios, en el escenario político-electoral?

En el año de 2007, como se sabe, nuestro país ofreció una respuesta muy puntual a esta crucial interrogante, al plantear un nuevo modelo de comunicación político-electoral. El propósito de este nuevo diseño consistió justamente en evitar la indebida intromisión de los medios en la arena electoral. Impedir que el poder económico y el poder de persuasión del escaparate, que se fusionan felizmente en los medios de comunicación modernos, incidiese de manera inequitativa en los procesos electorales.

En este sentido, la reforma, por un lado, prohibió que tanto partidos políticos como candidatos a un cargo público pudiesen comprar o adquirir por sí mismos o a través de terceros spots de radio y televisión. Y, por el otro, los partidos políticos consiguieron la oportunidad, como parte de sus prerrogativas, de usar spots para impulsar sus plataformas políticas y candidaturas, siendo el IFE la autoridad encargada de administrar esos tiempos en radio y televisión.

Uno de los problemas, sin embargo, de esta reforma es que fue pensada en buena medida a partir de un lenguaje mediático muy concreto: los spots. El gran objetivo de impedir la dominación del dinero y de los medios de comunicación en el escenario político-electoral se construyó sin considerar un aspecto medular: los medios saben hablar de muchas maneras.

¿Qué significa esto? Pues que el posible maridaje entre medios de comunicación y clase política se puede expresar mediante spots, pero también a través de otros lenguajes mediáticos tales como entrevistas, reportajes, cadenas nacionales, cobertura de conferencias de prensa, telenovelas, infomerciales, etcétera. Así, las instituciones encargadas de aplicar esta reforma, se encontraron con un problema no menor: la enorme versatilidad del lenguaje mediático abre a su vez un sinfín de condiciones para el contubernio.

¿Cómo enfrentar este escenario? ¿Cómo controlar desde las exigencias a las que está sometida la autoridad jurisdiccional (motivación, fundamentación, etc.), aquellos casos que desde una perspectiva política son ejemplos claros de componenda entre medios y clase política? ¿Cuáles serían los costos de no regular cada uno de los lenguajes de los medios, en un escenario mediático altamente concentrado?

Éstas, me parece, son algunas de las preguntas que explícita o implícitamente giran alrededor de los casos que ha venido resolviendo en los últimos meses el TEPJF. Y a partir de las cuales se pueden plantear varias cuestiones a discutir. Veamos.

La reforma de 2007 no estableció una vía institucional para verificar una posible contratación o arreglo ilícito de un espacio en radio y televisión, en cualquiera de sus posibles lenguajes. Es decir, las autoridades electorales –el IFE y el TEPJF- cuentan con pocas herramientas para fiscalizar el flujo de dinero en los medios de comunicación. Sobra mencionar que esta dificultad para probar de manera fehaciente una componenda entre medios y clase política, se acentúa ante una prohibición absoluta que inevitablemente crea un mercado negro.

En otros países los medios tienen la obligación de llevar una contabilidad de sus ingresos electorales, para asegurar, por ejemplo, que sea equitativo el costo de spots para cada uno de los contendientes a un cargo público. Pero una contabilidad de este tipo tiene sentido cuando el lenguaje mediático está en el mercado y tan sólo se busca regular ciertos aspectos de su dinámica económica.

Esto ha orillado a que el TEPJF en vez de apostar por una regulación estructural y minimalista de propaganda –donde sólo se analizase, por ejemplo, si se está ante un spot de radio-televisión y si éste es fruto de un arreglo económico o de otro tipo no permitido-, se ha inclinado por una regulación por contenido en donde se escudriña detalladamente cómo está construida cierta expresión mediática –en términos lingüísticos y visuales- para determinar si se está o no ante propaganda prohibida.

Con esto el TEPJF ha logrado que ciertas entrevistas, reportajes o episodios de telenovelas que han sido denunciados como propaganda prohibida, no queden fuera del escrutinio jurisdiccional. Pero para ello, ha sido necesaria una lectura amplia o expansiva de la prohibición de propaganda electoral, con el riesgo de minimizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Estos malabares se pueden ver de manera clara en el llamado caso “Soy Verde”, donde el TEPJF estiró el concepto de propaganda a términos inclusive persuasivos y donde expresamente se explica que esta concepción amplia es indispensable para no hacer inútil la regulación.

Ahora bien, la enorme discrecionalidad que implica una regulación por contenido se vuelve más peligrosa (y más difícil de justificar) cuando estamos frente aquellas expresiones o lenguajes mediáticos que abren un espacio importante a la espontaneidad, tal es el caso justamente de las entrevistas, los reportajes y las conferencias de prensa.

Es cierto: el TEPJF ha determinado que estos lenguajes están protegidos por la libertad periodística de cada medio de comunicación. Pero también ha establecido que esta libertad tiene límites, tales como que estos géneros periodísticos sean genuinos (no simulados) y que no contengan expresiones de propaganda electoral.

Lo cual nos ubica frente al reto de definir cuándo estamos ante un género periodístico espontáneo genuino o auténtico. ¿Acaso es papel de una autoridad jurisdiccional calificar la autenticidad, en términos de contenido, de una expresión mediática? Este camino regulatorio ha llevado al TEPJF a que en sus sentencias se puedan leer manuales de periodismo. Es decir, reglas, pautas y características de varios géneros periodísticos.

Y aunque estas definiciones las ha construido a partir de bibliografía autorizada, la pregunta sigue ahí: ¿Le corresponde al TEPJF erigirse en tribunal de periodismo, con el riesgo de castigar la espontaneidad inherente a ciertos lenguajes mediáticos? ¿Debe la autoridad jurisdiccional atribuirse, como lo hace en el llamado caso “Ana Guevara”, la facultad de definir lo que es extraordinario o no en la dinámica de los medios? ¿La normalidad de la rutina informativa debe ser calificada desde un tribunal electoral?

Con esto llegamos a un tema de enorme importancia: la concepción neutral y objetiva de los medios según el TEPJF. En efecto, desde la misma reforma constitucional en materia electoral de 2007, existe una concepción de los medios –ratificada, me parece, en no pocas ocasiones tanto por el IFE como por el TEPJF- que parte de que éstos deben ser neutrales y objetivos.

Esta crítica, vale aclarar, no pone en duda que los medios deben ser equitativos al momento de difundir los spots que le corresponden a cada partido político, ni que deban darle la oportunidad a un candidato a expresarse ante un ataque o alusión personal por parte de un contrincante. Por poner apenas un par de ejemplos donde los medios efectivamente deben actuar bajo reglas encaminadas a la equidad electoral.

Mi crítica se dirige, más bien, a lo siguiente: detrás de cualquier intento de limitar la espontaneidad de los medios de comunicación, está el peligro de entender a éstos como meros espejos de la realidad. Y no como lo que son: definidores de las más diversas lecturas de la realidad. En concreto, el riesgo al que me refiero consiste en que el primer paso para establecer qué aspectos de la dinámica mediática deben ser regulados en términos de la equidad electoral y cuáles son propios de la autonomía de los medios, es determinar que existe precisamente una esfera donde los medios se mueven con amplios márgenes de libertad y donde no se les puede exigir neutralidad y objetividad.

¿Acaso la libertad de los medios de comunicación no abarca la posibilidad de hilvanar una agenda de intereses políticos y comerciales? ¿Publicar una editorial a favor de un candidato? ¿Apoyar o atacar las propuestas políticas que circulan durante un proceso electoral? ¿Preferir entrevistar a un candidato cuyas propuestas sean afines a la tendencia política de cierto medio de comunicación? No hay que olvidarlo: los medios no sólo son el sustrato de la opinión pública, son también actores de ésta.

De ahí que, en este contexto, la concepción neutral y objetiva de los medios informativos puede ser la etiqueta idónea para vulnerar las libertades periodísticas.

A estas alturas alguien podrá replicarme que el problema es que esa inherente parcialidad de los medios, fruto de su autonomía, puede ser aprovechada para cuajar contubernios entre medios y clase política. Es decir, ¿cuántas entrevistas, coberturas y reportajes no son resultado de la espontaneidad periodística, sino de arreglos económicos o tráfico de influencias entre políticos y medios? Estoy de acuerdo. E inclusive yo agregaría que  las consecuencias negativas en términos de equidad de aprovechar esta parcialidad de los medios de manera indebida, se acentúa cuando se tiene un escenario mediático como el mexicano que está altamente concentrado.

¿Esto significa, sin embargo, que la manera de enfrentar este problema por parte de la autoridad jurisdiccional es erigiéndose en un tribunal de periodismo? Me parece que no. Existe, efectivamente, ciertos ámbitos donde el actuar de los medios se puede calificar de democrático, en el momento en que se circunscriba a reglas equitativas. Pero existen otros ámbitos donde la única manera de democratizar a los medios es, como decía Alexis de Tocqueville, multiplicando su número. Los perniciosos efectos de la parcialidad de los medios sólo se podrán atenuar realmente cuando tengamos una pluralidad de medios de comunicación.

Ahora bien, ¿este reto de multiplicar los medios de comunicación es responsabilidad del TEPJF? Sí y no. Por un lado, no hay duda de que esta tarea es propia de los órganos representativos pero, por el otro, también es cierto que el TEPJF no debió haber mordido el anzuelo de la reforma del 2007. Es decir, no debió caer en la tentación de adentrarse en el delicado terreno de la regulación por contenido, sino más bien hilvanar –a través de un inteligente desarrollo del derecho a la información y de la libertad de expresión- la relevancia de diseñar un escenario mediático plural.

Este trabajo argumentativo ciertamente no lograría por sí mismo pluralizar a nuestros medios, pero sí podría erigirse en un elemento que urge que se inserte en la vida institucional del país –y que los ministros de la Suprema Corte, por cierto, no lo hicieron en su momento al resolver el caso sobre la llamada “Ley Televisa”. Me refiero a construir la gran justificación constitucional del pluralismo de los medios como antídoto para los posibles efectos perniciosos propios de la autonomía de los medios de comunicación. Y también como el escenario idóneo para hacer realmente efectivas las reglas de equidad que deben regir los procesos electorales.

¿Pues acaso hoy en día podemos asegurar que, después de tres años de la reforma de 2007 y de múltiples asuntos que ha resuelto el TEPJF sobre este tema, efectivamente se ha limitado la dominación de los medios en la clase política y en la dinámica electoral del país?

Saúl López Noriega. Profesor-Investigador de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM (twitter: @slopeznoriega).


* Estos casos son los siguientes: 1) ST-JIN-7/2009; 2) SUP-RAP-45/2009 y acumulados; 3) SUP-RAP-234/2009, SUP-RAP-239/2009, SUP-RAP-240/2009, SUP-RAP-243/2009 y SUP-RAP-252/2009; 4) SUP-RAP-248/2009; 5) SUP-RAP-273/2009; 6) SUP-RAP-280/2009; y 7) SUP-RAP-119/2010, SUP-RAP-123/2010 y SUP-RAP-125/2010 acumulados.

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