El pasado 17 de septiembre, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ) mandó una carta al presidente de la República, solicitándole que las ternas de candidatos para suceder a los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza se compongan exclusivamente de mujeres.1 Esta no es la primera vez que un grupo de abogados o un sector de la opinión pública manifiestan su inconformidad con la visible minoría de mujeres que integran a la Suprema Corte. Dos mujeres para 11 asientos es un número francamente vergonzoso para un espacio de deliberación constitucional.

mujeres

Es evidente que no basta que las candidatas a suceder a los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza sean mujeres para que podamos afirmar que estamos ante buenos prospectos. Tras renunciar a la Corte estadounidense, el juez afroamericano Thurgood Marshall decía que no bastaba con que su sucesor fuese de raza negra, sino que fuera “the right black man”.2 Esto se debe a que, más allá de su género o raza, en gran medida lo que más importa son los antecedentes profesionales, así como las fobias y filiaciones partidistas, de quienes integran a nuestra Corte. Por ello, un ejercicio que puede resultar interesante es conocer precisamente los antecedentes profesionales de las poquísimas mujeres que han formado parte de nuestro tribunal constitucional.

La primera ministra de la Suprema Corte fue María Cristina Salmorán de Tamayo (1918-1993), quien sería designada en 1961. Cuando la ministra Salmorán se incorporó a la Cuarta Sala de la Corte, entre abogados corría la tonta broma de estar litigando ante la “Suprema Corte y Confección”.3 Para contextualizar la designación de esta ministra, vale recordar que en 1955, apenas seis años antes, México celebró las primeras elecciones en las cuales la mujer pudo ejercer su derecho al voto.

La ministra Salmorán cursó la licenciatura en derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, titulándose con la tesis “La condición de las mujeres en el Derecho del Trabajo”. Desde entonces consagró su vida entera al derecho laboral, asumiendo diversos cargos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta que en 1954 fue designada presidenta de la misma (cargo que por primera vez ejerció una mujer).

La siguiente mujer designada fue la abogada de PEMEX Livier Ayala Manzo (1915-1976), quien, lamentablemente, nunca pudo resolver ni una sola sentencia en el tribunal constitucional. En 1976, al día siguiente de habérsele notificado su designación, la Ministra Ayala falleció.

También en 1976 el presidente López Portillo designó a otra mujer al cargo: Gloria León Orantes (1916-1984) quien hasta entonces se había desempeñado como agente del Ministerio Público y juez del fuero común en el Distrito Federal.

A finales de los años 40, la Suprema Corte enfrentaba un enorme problema de rezago. A fin de combatir dicho problema, en 1951 se reformó la Constitución para incorporar a la Corte cinco ministros supernumerarios, los cuales no participaban en las decisiones del Pleno sino únicamente en aquellas de la Sala Auxiliar. Al llegar a la Corte, la ministra León Orantes quedó adscrita a ésta, aunque en 1979 sería designada numeraria y miembro de la Tercera Sala.

En 1983, a propuesta del presidente De la Madrid, fue designada Fausta Moreno Flores. La ministra Moreno, adscrita a las Salas Segunda y Cuarta, había sido Secretaria de Estudio y Cuenta en la propia Corte, así como Juez de Distrito en materia administrativa.

En 1985, se propuso al cargo a la ministra Victoria Adato Green(1939- ), abogada penalista muy activa. Antes de llegar a la Corte, la ministra Adato Green trabajó como agente del Ministerio Público, juez y magistrada penal en el Distrito Federal, Subprocuradora y, posteriormente, Procuradora de Justicia de la ciudad de México.

Tras la reforma constitucional de 1994, la ministra Adato Green se retiró de la Suprema Corte, incorporándose como investigadora al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesora de la CNDH.

Si bien en 1985, la ministra Adato Green fue designada ministra numeraria, el mismo año se integró a la Corte como supernumeraria la agrarista Martha Chávez Padrón (1925- ), primera doctora en derecho “con mención honorífica” de la UNAM. Además de haber fungido como asesora en materia agraria de varios presidentes de la República y órganos públicos, la ministra Chávez Padrón fue Senadora y Diputada federal por el PRI.

También como supernumeraria se integró en 1987 a la Corte la ministra Irma Cué Sarquis de Duarte (1938- ). Al igual que la ministra Chávez Padrón, Cué fue diputada federal por el PRI, así como dirigente de la CNOP y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido.

El presidente De la Madrid propuso para el cargo de ministro de la Suprema Corte a un total de cinco mujeres, la última de las cuales fue Clementina Gil Guillén de Léster (1937- ) en 1988. Gil Guillén fue también una ministra de carrera judicial, al haber recorrido casi cada uno de los peldaños del escalafón judicial del fuero común, de secretaria auxiliar a magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

La siguiente mujer designada como ministra fue Olga Sánchez Cordero, reconocida como “abogada” de los derechos de las mujeres. La ministra Sánchez Cordero, al igual que todas sus antecesoras, estudió la licenciatura en derecho en la UNAM y, después, cursó estudios de posgrado en la University College of Swansea. Antes de incorporarse a la Corte, Sánchez Cordero fue la primera mujer notario en el Distrito Federal y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad.

Así, la última mujer designada al cargo (y quien continuará en funciones hasta 2019) es Margarita Luna Ramos, mujer chiapaneca formada completamente en el Poder Judicial de la Federación: ha sido oficial, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta, Juez de Distrito, Magistrada de Circuito y Consejera de la Judicatura Federal.

Estoy seguro de que son muchas las voces que exigen una Suprema Corte más igualitaria. Pero, nunca está de más una pregunta no menor: ¿a qué mujeres queremos para ocupar el importantísimo cargo de jueza constitucional?

Julio Martínez Rivas, Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1


1 Fierro, Juan Omar, “Magistradas piden reunirse con Enrique Peña Nieto”, El Universal, 3 de octubre de 2015.

2 Evidentemente Clarence Thomas, de extrema derecha, no fue el candidato preferido por Marshall.

3 Luna Ramos, Margarita. “La mujer en la Suprema Corte”. El Universal, 11 de marzo de 2014.

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En los últimos lustros, ha habido un conjunto de reformas encaminadas a conseguir una paridad de género en diversas áreas del gobierno. En concreto, se ha construido un andamiaje legal con el objetivo de asegurar una mayor presencia de mujeres en el Congreso de la Unión. Son varios los argumentos que desde la academia se han pulido para justificar este tipo de políticas públicas. Las preguntas, sin embargo, que hoy queremos plantear a un grupo de académicos, sobre todo cuando en tres meses se renovaran dos cargos de ministros, son las siguientes: ¿Por qué no extender esta paridad de género a instituciones como la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuáles serían las razones para no garantizar un mínimo de mujeres en nuestra corte constitucional? ¿Es realmente inocuo el mensaje social que envía que haya mujeres que resuelvan los casos judiciales más relevantes del país? ¿En serio no hay cuatro o cinco mujeres abogadas en el país que cuenten con los mismos méritos profesionales de sus colegas hombres que ocupan actualmente un lugar en la Suprema Corte?

genero


El reporte más reciente del World Economic Forum sobre la brecha global de género ofrece información muy pertinente que vale la pena rescatar para dotar de una base fáctica a una discusión que, por momentos, parece más gobernada por prejuicios o miopía que por evidencia empírica.

El reporte cuantifica la brecha entre hombres y mujeres conforme a cuatro grandes categorías que se calculan con datos relativos a las diferencias de género en:

1. Economía (participación dentro del mercado laboral, equidad salarial, niveles de remuneración, presencia en posiciones de mando legislativo y administrativo, participación en la fuerza laboral técnico-profesional)

2. Educación (niveles de alfabetización y participación en los niveles primario, secundario y terciario de escolaridad);

3. Salud (índices de natalidad y esperanza de vida); y

4. Política (presencia parlamentaria, presencia en posiciones ministeriales, años en los que mujeres han ejercido como jefas de Estado)

El indicador de la brecha está construido en una escala de 0 a 1, donde el 0 representa la máxima desigualdad y el 1 la máxima igualdad. El resultado global es el siguiente (gráfico 1):

performance-2014

En términos generales, tomando en cuenta una muestra de la población de 142 países, las brechas en cuanto a salud y educación están prácticamente cerradas, pero las relativas a economía y política siguen siendo enormes. Los 10 países más igualitarios son Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Nicaragua, Ruanda, Irlanda, Filipinas y Bélgica. Los 10 menos igualitarios son Yemen, Paquistán, Chad, Siria, Mali, Irán, Costa de Marfil, Libano, Jordania y Marruecos. México ocupa el lugar 80 de 142 (gráfico 2).

score-vs-average

Lo más sorprendente de la puntuación que obtiene México es, quizás, cuán cerca se encuentra del promedio de la puntuación global: ligeramente por encima en educación, política y salud, ligeramente por debajo en economía (tabla 1).

Puntuación México

Puntuación global

Diferencia

Economía

0.552

0.596

-0.044

Educación

0.991

0.935

0.056

Salud

0.98

0.96

0.020

Política

0.238

0.214

0.024

Me concentro en aquellas categorías en las que la puntuación de México es más baja. En cuanto a economía, las cifras desagregadas muestran que las brechas son mayores en lo relativo a la participación dentro del mercado laboral, la equidad salarial y los niveles de remuneración (tabla 2).

Puntuación México

Puntuación global

Diferencia

Participación dentro del mercado laboral

0.58

0.67

-0.09

Equidad salarial

0.54

0.61

-0.07

Niveles de remuneración

0.46

0.53

-0.07

Presencia en posiciones de mando legislativo o administativo

0.47

0.27

0.2

Participación en la fuerza laboral técnico-profesional

0.81

0.65

0.16

Y en cuanto a la política, el punto más débil de México es el hecho de que una mujer nunca ha ocupado el cargo de jefa de Estado (tabla 3).

Puntuación México

Puntuación global

Diferencia

Presencia parlamentaria

0.6

0.25

0.35

Presencia en posiciones ministeriales

0.21

0.2

0.01

Años en los que mujeres han ejercido el cargo de jefas de Estado

0

0.2

-0.2

La pregunta no es exclusivamente mexicana, pero no por eso deja de ser menos relevante (mal de muchos…): ¿Por qué, si se han reducido tan drásticamente las brechas en materia de salud y educación, siguen siendo tan pronunciadas las brechas de género en los ámbitos de la economía y la política? ¿Qué tipo de intervenciones hacen falta para revertir efectivamente esa desigualdad?

Una fórmula relativamente fácil es la paridad. La reforma electoral de 2014, por ejemplo, obligó constitucionalmente a los partidos políticos a garantizar la paridad de género en las candidaturas legislativas federales y locales.

Sin embargo, no existe ninguna fórmula equivalente en otros ámbitos igualmente lastrados por la disparidad. Por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia. Actualmente, sólo 2 de los 11 asientos en el pleno están ocupados por mujeres.

Ciertamente, la Suprema Corte no es un órgano representativo. No se integra por la vía electoral. No se espera de sus integrantes que sean agentes o delegados de un sector o grupo específico. Y tampoco se espera que tengan un vínculo de responsabilidad política frente a quienes los nombran. La composición idónea de la Corte no tiene por qué ser reflejo de la de ninguna otra entidad o cuerpo pues, en sentido estricto, su función no es representar.

Sin embargo, la Suprema Corte sí es un órgano deliberativo. Su integración depende, en principio, de consideraciones meritocráticas. Se espera de sus integrantes que aporten conocimientos y capacidades para resolver con solvencia complejas disputas jurídicas. Pero se espera que lo hagan, además, en función de distintos puntos de vista: que discutan, que argumenten, que discrepen. La composición idónea de la Corte supone, por tanto, una cierta especialización pero también una cierta diversidad. De lo contrario no habría en ella, no podría haber, verdadera deliberación –es decir diferencias, contrastes, debate.

Pero, ¿es realmente posible hablar de principios meritocráticos cuando en los hechos lo que impera es todavía la desigualdad (económica y política)? ¿Y cuál puede ser, en ese contexto, una composición suficientemente diversa para un órgano cuya función es fundamentalmente deliberativa?

Por un lado, que haya más mujeres en el Pleno de la Suprema Corte no implica en automático que vaya a haber más diversidad en cuanto a los puntos de vista que aporten a la deliberación. Pero, por el otro lado, que no haya casi mujeres sí implica que no hay tanta meritocracia en el proceso de selección de quienes integran el máximo tribunal… ¿Por qué no impulsar la paridad, en consecuencia, también ahí?

 

Carlos Bravo Regidor.  Historiador por la Universidad de Chicago. Profesor asociado del CIDE. Twitter: @carlosbravoreg


Lo que más me interesa de este ejercicio son los argumentos. ¿Por qué importa –o no– considerar el sexo de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación?i Empiezo descartando argumentos.

Para mí, la importancia del sexo de quienes integran la Corte no está relacionada con el ejercicio, per se, del cargo. Ser hombre o ser mujer no impacta la calidad de las sentencias. Hay hombres y mujeres que no saben argumentar, como hay hombres y mujeres extraordinarias con sus plumas. El sexo tampoco tiene relación con la ideología: hay hombres y mujeres “conservadoras”, como hay hombres y mujeres “liberales” (o tómese cualquier otro eje ideológico: pueden ser panistas, priistas o perredistas; tender hacia el formalismo o entrarle a la “sustancia”; abrazar el “originalismo” o sumarse al “living constitutionalism“). Aumentar el número de mujeres en la Corte no va a impactar su calidad argumentativa –garantizándose, por supuesto, la calidad de sus integrantes–, ni tiene por qué alterar su pluralidad ideológica –si este es un factor que interesa–.

También soy escéptica frente al argumento que sostiene que el sexo de un juez o jueza impacta cómo resuelven casos relacionados con el género (que, hay que decirlo, representan un pequeño universo de los asuntos que analizan).ii Las mujeres pueden ser machistas, como los hombres pueden no serlo. Considerando la historia reciente de la Corte, en la que ha buscado incorporar la “perspectiva de género” en sus fallos –estando compuesta por 9 ministros y 2 ministras–, no me atrevo a afirmar que su composición de género está “peleada” con su jurisprudencia en la materia. Ni me atrevo a afirmar que cierta composición de género garantizaría cierto tipo de fallos. Bien pueden designarse ministras conservadoras que, más que consolidar esta trayectoria, busquen revertirla.

Digo todo lo anterior porque es bien fácil asumir que una de las razones para promover la inclusión de las mujeres en ciertos espacios es porque ellas son “diferentes”, porque tendrán un estilo distinto de “razonar” (un estilo “femenino”) o se preocuparán por “problemas” distintos (los problemas “de las mujeres”). Para mí, estos son los estereotipos de siempre y me parecen sumamente problemáticos, aunque entiendo su atractivo: se basan en la diferencia de género. No amenazan el sistema, lo refuerzan. Contrario a esta forma de ver la inclusión de las mujeres en este tipo de espacios, creo que una de las ventajas de tener una Corte igualitaria sería, precisamente, que desdibujaría estas diferencias tan “evidentes” para tantas personas. Ni los hombres, ni las mujeres son un monolito, ni son opuestos irreconciliables, hecho que es más fácil de ver con ciertos números.iii

Para mí, existe una razón fundamental para discutir el sexo de quienes integrarán la Corte y es que creo que ya es un factor relevante desde el momento en el que se buscan candidatos y candidatas hasta el momento en el que se nombran. Que predominen las ternas compuestas por hombres y que lo extraordinario sean las mujeres es señal de que el sexo es relevante. Algo está fallando para que esos sean los números resultantes. Quiero saber qué es. Quiero que se expliquen esos números. Que lo que es implícito, se explicite. ¿Se hizo un esfuerzo por buscar mujeres? ¿Sí, no, por qué? ¿Qué encontraron en la búsqueda? ¿Es que no hay, en todo el país, dos o tres o seis mujeres dignas de la Corte? ¿Es ese el problema? Quiero que lo digan. Y si ese es el problema quiero saber qué se está haciendo para remediarlo.

Sé que uno de los grandes problemas de este tema es que se contrapone el género al “mérito”. Lo ideal, se dice, es que se decida con base en los “méritos” de los y las candidatas (“que gane el mejor”). Dos cosas: precisamente el problema en el tema de género es que históricamente no ha importado el “talento” de las mujeres; el solo hecho de ser mujeres las descalificaba de ciertos trabajos y espacios, sin importar su talento. Para mí, el reto consiste en erradicar los mecanismos –jurídicos, sociales, políticos, económicos– que siguen perpetuando que las mujeres, a pesar de su talento, queden excluidas de espacios como el de la Corte. Si son tan talentosas como los hombres –algo que dudo que alguien aquí contradiga–, ¿por qué ocupan tan pocos espacios en órganos como la Corte? Segundo punto: no quiero dejar de problematizar el concepto mismo del “mérito”. Se utiliza como si fuera algo objetivo, fácil de determinar y no lo es. Se presta para muchas interpretaciones, mismas en las que es fácil que se vuelvan a filtrar nuestros prejuicios.iv De ahí también la importancia de que, a lo largo del proceso de designación, todo sea transparente y esté justificado. Lo que importa son los argumentos para preferir a una persona sobre otra. Solo así podremos ver qué tan “objetivos” estamos siendo.v

Invierto la premisa: un espacio que no es igualitario no es un espacio meritocrático. Es un espacio que se alimenta y perpetúa un sistema de discriminación. Los hombres que están ahí no lo están solo por sus méritos, sino porque son hombres (y/o blancos y/o ricos y/o heterosexuales…); las mujeres que no están ahí no lo están por su falta de méritos, sino porque son mujeres. Salvo que se demuestre lo contrario. Demuéstrenlo.

 

Estefanía Vela. Abogada por el ITAM, maestra en derecho por la Universidad de Yale. Profesora asociada del CIDE. Twitter: @samnbk


Es tan grande la brecha de género en nuestra Suprema Corte que incluso si en los siguiente cuatro nombramientos –esto es, para sustituir a Sánchez Cordero, Silva Meza, Cossío Díaz y Luna Ramos– el Presidente de la República enviara ternas conformadas exclusivamente por mujeres, para principios de 2019 tendríamos un tribunal constitucional conformado por cuatro ministras (el 36.4%) y siete ministros (63.6%). Tenemos pocas ministras y “ya van de salida”, para decirlo coloquialmente. En los hechos, estamos muy lejos de alcanzar la paridad y tampoco parece viable, al menos en el corto plazo, introducir una modificación –constitucional o quizá legal– para establecer algún tipo de cuota de género.

No creo, por supuesto, que las cuotas de género en tribunales de última instancia sea una mala idea –aquí un buen argumento de Malleson para el caso de Reino Unido– o que no deba modificarse el procedimiento para nombrar a los ministros de nuestra Suprema Corte –pues me parece claro que urge un cambio de reglas–. Simplemente digo que, en estos momentos, quienes pensamos que no es inocuo el mensaje que se envía por la escasa presencia de ministras deberíamos preocuparnos no tanto en discutir sobre reglas y cuotas, sino en plantear nombres y apellidos.

¿Hacen falta mujeres con méritos suficientes para ser ministras? Por supuesto que no. Pienso, para no ir más lejos, en Ana Laura Magaloni Kerpel y Leticia Bonifaz Alfonzo, dos abogadas que, desde sus respectivas trincheras, han mostrado un compromiso claro con la agenda de género y de los derechos humanos, así como una calidad técnica y un profesionalismo incuestionables. Lo que hace falta, creo, es la construcción de un contexto de exigencia en el que a los órganos encargados de procesar las designaciones –Presidente y Senado– les sea costoso no considerar y nombrar a juristas como Magaloni o Bonifaz. No digo que sea una tarea fácil –piénsese simplemente en el último nombramiento de la Corte– pero tratándose de nuestro máximo tribunal, quizá sea una pelea que valga la pena.

 

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes


En 1961, hace poco más de 50 años, una mujer se convirtió por primera vez en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –María Cristina Salmorán de Tamayo. Desde entonces, sólo nueve mujeres más han sido nombradas ministras.1 Hoy, únicamente dos (18.19%) de los once asientos de la SCJN son ocupados por mujeres. Desde el 19 de febrero de 2004, cuando Margarita Luna Ramos fue designada, otros ocho integrantes (72.72%) de la SCJN han sido nombrados. Todos han sido hombres.

Las cuotas de género son una medida idónea para revertir estos números, y así ampliar el número de mujeres ministras en la SCJN. Este cambio no es sólo deseable, sino obligatorio de acuerdo con nuestro marco jurídico vigente sobre el derecho a la igualdad.2

El debate sobre las cuotas de género en instituciones públicas gira en torno a la relevancia de la diferencia sexual para ocupar cargos públicos. Uno de los principales argumentos a favor de esta medida sostiene que hombres y mujeres experimentan la vida de manera distinta. Esta experiencia diferenciada importa porque las mujeres, por el simple hecho de serlo, realizarán una aportación distinta a los órganos de gobierno y mejorará su labor. Entonces, las mujeres son candidatas/integrantes valiosas en razón de su sexo.

En el caso de la SCJN, este argumento se traduce en la expectativa de que una mujer juzgará diferente que un hombre, y que eso es algo valioso. Las mujeres traerán la perspectiva propia de su sexo, una perspectiva femenina,3 a la actividad jurisdiccional. Ello independientemente de sus creencias políticas o su experiencia concreta. Esta distintiva aportación femenina contribuirá a una mejor impartición de justicia. Así, las cuotas de género son deseables porque garantizan esta novedosa y diferente aportación de las mujeres.

Me parece que esta defensa, derivada de la teoría del feminismo cultural, es problemática y débil de las cuotas de género. Como feminista, apoyo las medidas que permitan que más mujeres ocupen cargos públicos. Sin embargo, creo que hay una defensa, tal vez en principio menos atractiva, de las cuotas de género que evita los siguientes problemas. Esta defensa se encuentra en el terreno familiar del liberalismo. Claro, el liberalismo robusto del derecho constitucional y los derechos humanos, propio de nuestros tiempos, y revisado por el feminismo.

Cuando se argumenta que las mujeres son candidatas o integrantes valiosas porque traerán resultados diferentes en razón de su sexo, se afirma que hay un grupo de características y capacidades que todas las mujeres tienen en común. Es decir, se esencializa la diferencia sexual y lo que significa ser mujer.

Al tratar a todas las mujeres como un grupo cualitativamente homogéneo, se elimina la diversidad de experiencias que existen entre las personas que se identifican como mujeres. Se asume que una mujer, independientemente de sus creencias políticas y su contexto particular, representa a todas. Se afirma que todas las mujeres son, sienten y se comportan igual, y que ese denominador común proviene de su sexo –en sentido biológico y social. La realidad social que esta teoría presupone es muy reduccionista.

El segundo problema es empírico. En el supuesto de la SCJN, habría que probar que las mujeres de hecho juzgan diferente, para sostener que son integrantes irremplazable. Probar lo anterior puede ser difícil, especialmente antes de contar con un número significativo de mujeres ministras.4

Pero, entonces, si las mujeres no realizan una aportación distintivamente valiosa, como mujeres, ¿por qué son necesarias las cuotas de género?

Aunque actualmente no existe discriminación formal en el proceso de designación de sus integrantes, la SCJN es una institución históricamente dirigida por hombres. Tanto sus integrantes como quienes llevan a cabo el proceso de designación son y han sido mayoritariamente hombres.5 Las ideas y valores sobre la institución y sobre lo que hace a un buen ministro han sido construidos en este contexto y desde la experiencia de ciertos hombres.6 Esta composición, en conjunción con otros elementos estructurales, ha limitado y condicionado el acceso de las mujeres a la SCJN. El derecho a la igualdad sustantiva, que forma parte de nuestro marco jurídico, requiere que esta situación se corrija.

Al reservarse un porcentaje o número específico o mínimo de lugares por terna o de asientos en la SCJN para cada sexo, las barreras invisibles, pero discriminatorias del proceso de designación empezarían a ser eliminadas. En una democracia constitucional como la mexicana no es necesario demostrar que las mujeres pueden hacer el trabajo de manera diferente o mejor para tener acceso a un puesto. Es simplemente necesario afirmar que deben tener el mismo acceso a ese puesto. Hoy no lo tienen.

Visto así, las cuotas de género son, más bien, un mecanismo de corrección, dado nuestro marco jurídico actual. No argumento que las cuotas de género son un mecanismo neutral. Claro que no lo son, porque tampoco lo es el marco jurídico con el que son compatibles. La igualdad entre los sexos no es un derecho ni un valor neutral u objetivo. Pero es parte de nuestra visión social y jurídica, y lo es porque lo hemos regulado así.

Algunos de los argumentos que buscan desvirtuar la compatibilidad de las cuotas de género con el derecho a la igualdad tienen que ver con la noción de mérito y de competencia justa en el proceso de designación. Quienes se oponen desde un liberalismo minimalista a las cuotas de género parten de un concepto formal de igualdad. Es decir, ven a la cuota de género como una disrupción de un proceso que funciona neutralmente, favoreciendo a la persona más capacitada para el puesto y cuidando la función de la institución.

Sucede que las instituciones y las normas que las regulan no operan en el vacío. Es decir, no son neutrales. Nuestro entendimiento de mérito y de competencia justa ha sido también construido en un contexto político y jurídico dominado por ciertos hombres y su experiencia.

Por ejemplo, el mérito es comúnmente basado en la experiencia profesional del grupo dominante de una determinada profesión o institución. Para resolver este problema, podría reconstruirse el concepto de mérito para incluir también el potencial profesional que una persona tiene para cierto puesto. Así, las diferentes experiencias de vida podrían valorarse como elementos potencialmente valiosos para un puesto de trabajo específico.

La objeción relacionada con la competencia injusta señala que con las cuotas de género se sacaría a hombres valiosos del proceso de designación para la SCJN. Sin embargo, esto tampoco se sostiene. Las mujeres han estado históricamente casi fuera de esta competencia, considerada justa y neutral por la ideología liberal minimalista que aquí critico. Si se elige a mujeres con perfiles valiosos para competir, y compiten con otros hombres con perfiles igualmente valiosos, ¿por qué se está incurriendo en una competencia injusta? O, en el caso de asientos reservados sólo para mujeres, ¿si tres mujeres con perfiles valiosos compiten entre sí, por qué se está incurriendo en una competencia injusta? Este último supuesto es de hecho el más frecuente en la elección de ministros, pues normalmente se designan ternas sólo de hombres. La objeción a esta clase de competencia entre mujeres capaces tiene que ver, más bien, con un prejuicio de que las mujeres son menos aptas para integrar la SCJN.

Promover el nombramiento de una mujer calificada por sobre el de un hombre igualmente calificado en cierta proporción no es violatorio del principio de igualdad. No cuando se mira a la igualdad desde una perspectiva sustantiva y la escasa presencia de las mujeres en la SCJN.

 

Regina Larrea Maccise. Licenciada en derecho por el ITAM, candidata a doctora en derecho por Harvard y feminista.  Twitter: @rlmaccise


i Este debate se circunscribe a la conformación de la Suprema Corte, que tiene un proceso de designación muy específico (entre otras cosas, muy “abierto”). Para un análisis sobre el tema de la conformación en términos de género del resto del Poder Judicial Federal, recomiendo muchísimo la lectura del estudio “Carrera judicial y género: de Secretarias a Juezas, un techo de cristal (diagnóstico)” del Consejo de la Judicatura Federal (de diciembre de 2014), que incluye recomendaciones específicas para cerrar la brecha de género en la judicatura federal.

ii En Estados Unidos hay un estudio que se enfocó en ver cómo el sexo del juez o jueza impactaba la manera en la que este decidía casos de discriminación por sexo en el trabajo, pero no en otras áreas del derecho (“Untangling the Causal Effects of Sex on Judging” (2010) de Christina Boyd, Lee Epstein y Andrew Martin). En la muestra que analizada se encontró que sí había una diferencia en la forma de resolver estos casos entre jueces y juezas; y que los mismos hombres cambiaban su forma de resolver cuando son parte de un panel que incluía al menos a una mujer. En “Sex on the Bench: Do Women Judges Matter to the Legitimacy of International Courts” (2012), Nienke Grossman repasa diversos estudios que apuntan a pequeñas diferencias en las formas de resolver de jueces y juezas, en casos en su mayoría relacionados con temas de género (como la violencia sexual o la familia). En “Evaluating Judicial Performance and Addressing Gender Bias” (2014), Angela Melville repasa los estudios existentes a la fecha y concluye que, salvo contadas áreas del derecho (y ni siquiera ahí siempre es claro), no tiene sustento la afirmación de que el sexo del juez o jueza impacta en sus decisiones.

iii Hay diversos estudios que se enfocan en la importancia de los números: cuando hay muy pocas mujeres en ciertos espacios, se convierten en una “muestra” (el término en inglés es token). Lo que hacen siempre se mide o se lee en relación a su género: si se conforma a los estereotipos, es una “muestra” de que todas las mujeres son así; si no se conforma, es una “muestra” de que las mujeres pueden no ser así. No importa qué haga, su género siempre es desde donde la leen. Cuando aumenta el número de mujeres, lo que se hace evidente es que hay muchas diferencias entre ellas. Y que, de hecho, es posible que compartan muchas más cosas con muchos hombres que con otras mujeres. Para quien tenga interés, sugiero principalmente el trabajo de Rosabeth Moss Kanter (“The Interplay of Structure and Behavior” (2013)).

iv El artículo “Included but Invisable?” de John F. Dovidio es muy bueno para ver cómo se filtran los prejuicios inconscientes en procesos de evaluación.

v Para un análisis de cómo el “mérito” en realidad es un concepto “masculino”, recomiendo el texto de Margaret Thornton, “‘Otherness’ on the Bench: How Merit is Gendered”.


1 Sánchez Cordero, Olga María, “Juzgar con ojos de mujer. Algunos datos sobre la participación de la mujer en el Poder Judicial de la Federación”, dictada en la conferencia La mujer y la integración en el derecho del nuevo milenio, 27 de enero del 2000, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Ciudad de México, disponible aquí.

2 En específico, los artículos 1 y 4 de la Constitución y el artículo 4, 5 y 7, inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

3 Es muy importante no confundir la perspectiva de género con perspectiva femenina. Ni tampoco juzgar con perspectiva de género con el la labora jurisdiccional que realiza una mujer. Tanto hombres como mujeres, jueces y juezas, tienen acceso a esta perspectiva, a entenderla y a usarla en sus decisiones judiciales.

4 No niego que algunas mujeres aporten una perspectiva novedosa al juzgar. Sin embargo, no es un argumento empíricamente fuerte para sustentar la adopción de cuotas de género.

5 El titular ejecutivo federal y el senado son los órganos que llevan a cabo el proceso de designación de integrantes de la SCJN. El titular ejecutivo federal siempre ha sido un hombre y el senado siempre ha estado mayoritariamente integrado por hombres.

6 No todos los hombres han definido a la SCJN como institución, sino aquéllos de determinada clase, religión, edad, etnia, orientación sexual y con cierto nivel de educación formal.

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