La segunda terna se presentó la tarde del lunes 29 de octubre ante la Comisión de Justicia, de los candidatos que la integran saldrá –si no se rechaza- al ministro que sustituirá al ministro Ortiz Mayagoitia, actual miembro de la primera Sala de la Suprema Corte, encargada de resolver los asuntos en materia penal y civil. Los candidatos se presentaron en el siguiente orden:

Manuel Baráibar Constantino

Presentó ante la Comisión como sentencias relevantes de la Suprema Corte el expediente varios 912/2010 o “caso Radilla” por considerarlo un parteaguas en la concepción de la justicia constitucional, el amparo en revisión 168/2011 sobre el derecho de acceso a la información sobre averiguaciones previas y la contradicción de tesis 229/2011 relacionada con la legitimación de las víctimas u ofendidos para promover un amparo directo en caso de que la sentencia absuelva al acusado.

De la comparecencia de Baráibar poco puede extraerse para conocer su criterio constitucional ya que en general las preguntas daban para respuestas más profundas y detalladas, pero el candidato no dio respuesta a muchas de ellas o en otras ocasiones contestó con evasivas.

La presentación comenzó de forma ríspida pues la ronda de preguntas abrió con el “caso Raúl Salinas” donde el senador Monreal preguntó sobre su opinión de los jueces de consigna y su defensa ante una acusación por cohecho y la senadora Padierna preguntó sobre su relación con Carlos Salinas de Gortari. Baráibar inició a la defensiva e insistió que él no se fija en los nombres sino en los hechos que le son consignados y la ley aplicable y que sería difícil discutir el caso si nadie de los presentes conoció el expediente. Más adelante, el senador Camacho se refirió al caso de Onésimo Cepeda y le realizó tres preguntas puntuales, Baráibar se limitó a responder que él no fue ponente y que resolvió conforme a Derecho y que no valdría la pena discutir un caso del que no se conoce el expediente.

Al menos cinco senadores le realizaron interesantes preguntas[1] sobre criterios interpretativos y sobre su comprensión de la reforma de derechos humanos y la relación de la Constitución con los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y la jerarquía normativa. En ninguna respondió de manera satisfactoria, pues se limitó a responder que él está “plenamente convencido de la supremacía constitucional”, que el artículo 1° y la decisión Radilla “ya fijaron los parámetros para el control de convencionalidad” y se refirió a la jerarquía de normas en donde los tratados y leyes generales se encuentran por debajo de la Constitución, pero por encima de las demás normas del orden jurídico. En otros casos, de plano no respondió y habló sobre otras cuestiones. En una ocasión realizó una pregunta retórica que preocupa: al referirse al nuevo artículo 1° en donde se establece que todas las autoridades están vinculadas a los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, cuestionó si  ¿todos los jueces realizan dentro del ámbito de sus facultades [siempre un] examen de constitucionalidad?

Dos veces se le realizó una importante pregunta sobre su criterio para determinar la asignación de competencias entre entidades y la federación, en ambos casos evadió la respuesta, dijo que “la Constitución da para resolver cualquier conflicto.”

Sobre transparencia, rendición de cuentas, acercamiento de la Corte a la ciudadanía y legitimación de sus decisiones tampoco respondió nada: “la Corte tiene un Canal Judicial a través del cual la ciudadanía puede enterarse” o las resoluciones se legitiman en la medida en que se apeguen a la Constitución y a las leyes. Sobre la transparencia comentó que esto se logra subiendo las sentencias a internet y para lograr una mayor confianza en la Corte sugirió clases de educación cívica a los niños.

Sobre las novedades de la reforma de amparo y su ley de desarrollo comentó que era relevante la modificación del principio de relatividad, no dijo por qué y que le parecía que la Corte es quien debe resolver las contradicciones de tesis. Asimismo explicó que deberían eliminarse los amparos para efectos y que en uno se analicen todas las violaciones.

Ante la pregunta que el senador Fayad realizó a todos los candidatos, sobre cómo resolver si con apego a la ley o a la justicia, el magistrado Baráibar respondió “debo preferir la Constitución y la ley en todo momento.”

Se le preguntó sobre arraigo y no contestó. Sobre la reforma laboral y respondió que no podía referirse a ella pues se está apenas discutiendo en las cámaras. Sobre su voto particular en el amparo directo 2498/2006 sobre trabajo a favor de la comunidad como sustituto de la pena de prisión, a lo que respondió que considera el trabajo como una alternativa a la pena de prisión para descongestionar las prisiones y para lograr la readaptación social.

Emma Meza Fonseca

Para la magistrada las decisiones más relevantes de la Corte fueron la acción de inconstitucionalidad 2/2010 sobre matrimonio de personas del mismo sexo en el D.F. por su gran impacto social y la posibilidad de cambio de los conceptos constitucionales, la acción de inconstitucionalidad 155/2007 en la que el Pleno inaplicó una norma constitucional por considerarla más restrictiva que la contenida en un tratado, debido a su gran impacto jurídico pues se elige por primera vez una norma internacional por encima de una constitucional como parámetro para el análisis de la constitucionalidad de una norma ordinaria y el expediente varios 912/2010 conocido como “caso Radilla” pues concretiza tanto obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana como de la reforma constitucional de 2011.

La comparecencia de la magistrada Meza abrió con el tema de género, explicó la importancia de juzgar con perspectiva de género y sobre todo con sensibilidad a la realidad que viven las mujeres. Resaltó la importancia de la definición de criterios por parte de la Corte para dar viabilidad a las normas que pretenden lograr la equidad de género. Dijo estar de acuerdo con las cuotas, pues son acciones afirmativas indispensables para generar equidad. Destacó la labor del Poder Judicial de la Federación en la capacitación y sensibilización en materia de género.

Sobre la interrupción legal del embarazo, Meza dijo que legalizarlo se trataba de una facultad de las legislaturas de acuerdo con la realidad social.

En su comparecencia dejó en claro su postura garantista, reiteró su posición acerca de la existencia de un bloque de constitucionalidad, pues aunque no lo mencionó de manera textual, explicó que el artículo 1° establece un todo normativo comprendiendo a la Constitución y los tratados internacionales para la protección y garantía de los derechos humanos. Se refirió en varias ocasiones a la jerarquía normativa en atención al artículo 1° y al 133, y dejó en claro que tanto la Constitución como los tratados internacionales pueden servir como parámetros de validez, se refirió a la acción de inconstitucionalidad 155/2007 para aclarar esto.

Explicó que presentó ante la Comisión su sentencia en el amparo directo 370/2011 pues fue la primera vez que realizaba un control de convencionalidad y desaplicaba una norma por considerarla violatoria de derechos, en este caso se trataba del artículo 76bis de la Ley de Amparo que negaba la suplencia de la queja a las víctimas. Meza consideró que esta norma violaba el principio de igualdad con respecto al inculpado contenido tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales.

Adelantó que consideraría analizar el arraigo frente a normas internacionales de derechos humanos para determinar su convencionalidad y en su caso, inaplicarla. Sobre la tortura explicó que cualquier confesión así arrancada es inválida y se refirió a la inversión de la carga de la prueba a manos de la autoridad, mencionó algunos criterios definidos por la Corte Interamericana. Sobre la exhibición de detenidos en televisión consideró que cualquier confesión sin presencia de un defensor es inválida, además dijo, esto ata a los jueces pues la opinión pública juzga y si se decreta libertad por falta de pruebas, “el juez es el corrupto”.

Dijo estar totalmente de acuerdo con las recientes resoluciones en materia de jurisdicción militar pues se realizó la interpretación correcta del artículo 13, tomando en consideración la sentencia Radilla. Así mismo se refirió a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 57 del Código Militar y destacó la relevancia de que se respeten tanto los derechos del inculpado como los de las víctimas y que éstas, además de tener derecho a la reparación del daño, tienen derecho a la justicia y a la verdad y ésta última sólo se obtiene en la medida en que la víctima puede ejercer sus derechos ante la justicia civil, lo que no sucede ante la jurisdicción militar.

Dijo estar a favor de la decisión sobre matrimonio entre personas del mismo sexo con todos sus efectos, primero porque la definición del matrimonio es una facultad legislativa y segundo porque la familia es un concepto social que evoluciona.

Habló sobre la ponderación y la búsqueda de armonización y equilibrio entre los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados y la seguridad pública y se refirió a las excepciones que la Constitución establece para realizar estas tareas, especialmente en materia de delincuencia organizada. También se refirió al equilibrio entre los derechos a manifestar las ideas mediante marchas y plantones las molestias que esto ocasiona, aunque no fue muy clara sobre cómo podría regularse esta situación.

Tampoco fue clara con respecto a su opinión sobre el proceso de nombramiento de ministros ni sobre el carácter político de los ministros y la Corte. Y no respondió sobre los efectos sociológicos de las sentencias de la Corte. Fue muy escueta con respecto a la reforma constitucional sobre delitos contra periodistas pues dijo que era importante que la federación atrajera pues al parecer algunas policías y autoridades de los estados han sido cooptadas por la delincuencia organizada.

Manifestó su acuerdo con la existencia de un Código Penal tipo, así como también de uno de Procedimientos Penales, en especial, dijo, sería relevante tener códigos modelo para la implementación del sistema oral y acusatorio.

Explicó estar de acuerdo con el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal y las políticas actuales.

Ante la pregunta del senador Fayad, sobre qué hacer ante la disyuntiva de resolver conforme a la ley o la justicia, respondió “sin duda conforme a la justicia para dar a cada quien lo que le corresponde”.

Rosa María Temblador Vidrio

Envió a la Comisión de Justicia por considerar los más relevantes los siguientes asuntos resueltos por la Suprema Corte: la acción de inconstitucionalidad 2/2010 sobre matrimonio entre personas del mismo sexo por su trascendencia social y porque se aprobó la transformación de la configuración tradicional del concepto familia; el amparo en revisión  2021/2009 conocido como “amparo de los intelectuales” en el que se debatió si era posible por medio de este recurso revisar la constitucionalidad material de una reforma constitucional, asunto que considera de enorme trascendencia para la vida jurídica; y por último, el expediente Varios 912/2011 o caso Radilla, debido a que implementa un nuevo paradigma de interpretación constitucional y sus mecanismos de control.

En su comparecencia, la magistrada Temblador respondió de manera clara a algunas preguntas, pero a otras respondió cuestiones distintas a las preguntadas, no era claro si dichas respuestas tenían como propósito evadir la pregunta o se debían a otra circunstancia. Así, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre su opinión de que a la Corte se le diera la facultad de iniciativa de ley en materia de justicia, respondió que la Corte no tiene esta facultad y que no puede legislar, o sobre los alcances de la reforma de derechos humanos y los retos del Poder Judicial, respondió que la facultad de investigación ya no la tiene la Corte sino la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Igual sucedió con la pregunta sobre la ponderación entre el derecho al debido proceso y el derecho de la víctima a la justicia, dijo que habría que hacer un examen concienzudo en igualdad de circunstancias y ante la pregunta sobre cómo haría valer el derecho al debido proceso, dijo que este derecho lo contempla la Constitución y los tratados y que como ministra ella se aseguraría de que se respete. De nuevo, la misma situación con la pregunta sobre si existe una doctrina para definir “trascendencia e interés” en el ejercicio de la facultad de atracción de la Corte, Temblador respondió que la Corte tiene mucha carga de trabajo.

Ante la pregunta del senador Fayad, sobre el dilema entre ley y justicia, Temblador respondió que para hacer justicia se aplica el Derecho y sin éste no hay justicia, pero que si al Derecho le faltara algo para hacer justicia, aplicaría ésta sin duda.

La magistrada considera que habría que irle quitando facultades de control de legalidad a la Corte para hacerla un verdadero Tribunal Constitucional y ve de manera positiva los plenos de circuito pues los magistrados de cada entidad están enterados de su problemática.

Se le preguntó la razón por la que presentó como relevante el llamado “amparo de los intelectuales” y explicó que está de acuerdo con la resolución de que no procede el amparo contra reformas a la Constitución pues ésta es el eje del sistema jurídico, así como tampoco en contra de su procedimiento debido al principio de relatividad de las sentencias de amparo. Más adelante explicó que aún con la reforma constitucional de derechos humanos, no procedería un amparo contra reformas constitucionales debido a que no se reformaron los artículos 103 y 107 y el artículo 1° “no da para ello”.

Sobre el control de convencionalidad dijo que no puede trastocar los principios consagrados en la Constitución y ante la pregunta sobre el arraigo respondió que es una medida, que dadas las condiciones del país, es adecuada.

Se le cuestionó su opinión sobre el derecho a la vida, a lo que respondió que coincide con la Convención Americana en cuanto a que ésta debe protegerse desde la concepción. Más adelante se le preguntó si de acuerdo con ello, considera que debían tipificarse lesiones al feto, a lo que respondió que si se habla de actos con dolo para lastimar la vida del feto, esto ya está sancionado por la ley. Pero que definitivamente para sancionar en específico habría que hacer encuestas, estudios y análisis.

Dijo estar de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias en materia tributaria pues los efectos generales serían problemático para el Estado por el sistema para la recaudación y el gasto. Podría hacerse una impugnación que tuviera efectos generales a través de una acción de inconstitucionalidad y por parte de los ciudadanos, una vez que se desarrollen las acciones colectivas.

Ante la pregunta concreta del senador Monreal sobre el outsourcing que se planea incluir en la reforma laboral, la magistrada Temblador respondió que procedería el amparo si se agotan las instancias ordinarias, pero que no puede pronunciarse en específico pues se sigue discutiendo esta reforma.

El senador Fayad le preguntó cómo es el procedimiento de selección ante el Ejecutivo, a lo que ella respondió que solamente fue citada y se le hicieron varios cuestionamientos y se le solicitaron documentos que acreditaran que cumplía con los requisitos del artículo 95. Pero que se enteró por la prensa de que había sido incluida en la terna. Por último habló de la queja como recurso para intimidar a los juzgadores y de la circunstancia de agresión en que se encuentra el Poder Judicial.

Conclusiones

Hubo algunas preguntas interesantes por parte de los senadores, en especial destacaría las del presidente de la Comisión, Roberto Gil Zuarth. Las preguntas de la senadora Arely Gómez complementaron la entrega de documentos al cuestionar a cada candidato las razones por las que presentó alguna resolución, desafortunadamente no había réplica y no podía darse seguimiento a las respuestas. El senador Fayad preguntó lo mismo a los seis candidatos, un ejercicio interesante seria contrastar las respuestas de los seis acerca de su preferencia para resolver entre la ley y la justicia y sobre la necesidad de un Tribunal Constitucional.

Después de este ejercicio, queda la duda sobre si los senadores harán algo con las respuestas dadas por cada candidato, si las preguntas tenían un objetivo específico o eran tan sólo ocurrencias del momento. Si se analizarán las respuestas y se presentarán conclusiones en el dictamen que emita la Comisión de Justicia. Si no es así, ¿para qué compareció ante la Comisión durante más de 1 hora cada candidato? A partir de lo conversado con cada candidato y de los documentos que tiene la Comisión, se deben sacar conclusiones sobre quiénes serían los mejores para ocupar un asiento en la Suprema Corte, que fundamenten un voto, que recomienden al Pleno un candidato. Que expliquen si realmente uno o dos de estos seis candidatos cumple con las cualidades que se requieren para ser ministro de la Corte.

De otra manera, las más de 8 horas de comparecencia y más de 400 páginas de versiones estenográficas serían un ejercicio vacío para apaciguar a la sociedad,  una mera actuación de los partidos políticos frente a la opinión pública para cubrir una decisión previamente negociada entre el PRI y el PAN. ¿Será –otra vez- así? Esperemos que no.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Por ejemplo: ¿cómo garantizar la aplicación del principio pro homine? ¿qué sucede cuando una sentencia de primera instancia contradice una contradicción de tesis? ¿cómo garantizar la vigencia de la reforma de derechos humanos? ¿se ha ejercido ya por jueces ordinarios el control de convencionalidad, cómo se resolvió y bajo qué criterios? ¿qué sucede si hay una contradicción entre una norma constitucional y un tratado? ¿qué pasa con las normas de derechos humanos que forman parte de tratados internacionales que no son propiamente de esta materia? ¿qué criterios utilizaría para distinguir la materia de los tratados para efecto del control de convencionalidad? Entre otras.

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El 17 de octubre de 2012 la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó el Acuerdo para el formato de las comparecencias de las ternas para Ministros de la SCJN propuestas por el Poder Ejecutivo. En dicho acuerdo, la Comisión de Justicia del Senado trata de establecer un proceso público, deliberado y fundamentado que lamentablemente no se concreta y se vuelve insuficiente para decidir de manera fundamentada sobre la designación de un Ministro de la SCJN.

A pesar de que la Comisión de Justicia haya acordado modificaciones relativas a las formas, el proceso de las comparecencias es un proceso sin rumbo en el que se corre el riesgo de caer en una comparsa y no en comparecencia. Además de algunas críticas puntuales hechas sobre las formas del proceso, en Designaciones Públicas consideramos que el Acuerdo aprobado por la Comisión de Justicia carece de un elemento central que es una deliberación sobre: ¿Qué Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita el país?

Sin esa deliberación, ausente desde la fundamentación del Poder Ejecutivo respecto de las ternas,  no es posible decidir de manera razonada y fundamentada sobre la idoneidad de quienes habrán de ocupar los cargos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Acuerdo del Senado carece de una definición del perfil idoneo de ministro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita.

El riesgo del proceso acordado por la Comisión de Justicia es perderse en mar de información judicial porque no hay una meta clara de lo que se está buscando. En otras palabras ¿qué se revisará cuando de la carrera profesional de los magistrados y magistradas? ¿se favorecerán sus logros administrativos o criterios judiciales? ¿Qué revisarán los miembros de la Comisión de Justicia al leer las sentencias que le ha solicitado? ¿Qué buscarán cuando revisen los criterios judiciales de las y los magistrados si no se ha discutido qué tipo de criterios judiciales son los que se necesitan en la Suprema Corte de acuerdo con la realidad del país de estos momentos y del futuro próximo?

Sin la definición previa respecto al perfil ideal de un Ministro -que necesariamente sería la conclusión de un debate sobre a qué Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere actualmente el país de acuerdo con los senadores-  cualquier proceso de designación será insuficiente, superficial y repercutirá en la fortaleza e independencia de la SCJN.

En la carta enviada a la Comisión de Justicia por parte de Designaciones Públicas previa a la aprobación del Acuerdo, señalamos la importancia de llevar a cabo un proceso de deliberación amplio que permitiera la definición de indicadores para la evaluación de los candidatos propuestos. Consideramos que este proceso es necesario para fundamentar una decisión a favor o en contra las personas propuestas.

Por otro lado, si desde el principio el tiempo establecido para que los miembros de la Comisión de Justicia del Senado era poco tomando en cuenta el tipo de información que debían de revisar y analizar los miembros de dicha Comisión, el día de hoy 24 de octubre de 2012, la información solicitada no ha sido recibida o por lo menos no se ha hecho pública de acuerdo con el portal web del Senado. Si el acuerdo estableció que las comparecencias se llevarían a cabo el 29 de octubre, deja un margen de 4 días para el “análisis” de la información que necesitarían los miembros de la Comisión de Justicia para las comparecencias.

Insistimos que estamos ante el riesgo de caer en comparsas y no en verdaderas comparecencias para la Designación de Ministros de la SCJN. Para evitarlo la Comisión debe considerar las posibilidades de plantear por algún medio la posibilidad de una deliberación entre sus miembros -y  con la sociedad de manera directa- para definir un perfil idoneo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia que permita una decisión razonada y fundamentada por parte del Senado de la República.

 

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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Ya empezó el debate y el escrutinio entre académicos -auspiciado por Saúl López Noriega- de las ternas presentadas el día de ayer por el presidente Felipe Calderón para sustituir a los ministros Aguirre Anguiano y Oritz Mayagoitia. La importancia que tienen estas propuestas así como las eventuales designaciones que se hagan se debe a las siguientes circunstancias. Como ya han expuesto López Noriega y González de la Vega, desde un “punto de vista ideológico” la trascendencia radica en que los dos ministros que se retiran son “conservadores”, por lo que podría ser una oportunidad para darle una orientación progresista a nuestra Corte. Por otro lado, desde un “punto de vista estratégico” tenemos que –a decir de López Noriega- el ministro Mayagoitia forma parte de la colación más fuerte y estable dentro de la Corte, junto con los ministros Fernando Franco, Margarita Luna y Sergio Valls. Mientras que el ministro Aguirre Anguiano es considero como el más “disidente”. Así, el alineamiento de los suplentes también será determinante para la correlación de fuerzas en nuestro máximo tribunal.

Pues bien, en esta ocasión quisiera referirme brevemente a algunas cuestiones que está suscitando este debate sobre las ternas. 1) ¿Qué preguntas debieran hacerse a los candidatos?; 2) ¿qué importancia tiene que las dos ternas estén sólo integradas por magistrados y no incluyan académicos?; 3) La cuestión de género, y 4) ¿qué podemos esperar del procedimiento de designación y de los ministros por venir?

1. En mi opinión, una de las preguntas que suele dejarse de lado y que es fundamental para analizar el perfil de los candidatos es cuál su visión sobre el papel que la Corte debe jugar en una democracia. Entiendo que esta es una tarea que puede requerir de mucho tiempo, sin embargo, con ello no estoy sugiriendo que los candidatos se encarguen de darnos una conferencia magistral sobre el tema, sino de que nos digan cuál es su visión sobre “el desacuerdo” que existe en México -como en cualquier sociedad plural- sobre lo que implican los derechos fundamentales. Así como cuáles son las consecuencias de este desacuerdo para la forma en que se ejercen las funciones de la Corte. Muy esquemáticamente creo que nos bastaría con saber si los candidatos consideran que dichos desacuerdos son una fuerza creativa o un problema a erradicar, y si estiman que la Suprema Corte es el “intérprete último e inapelable de la Constitución” o si es un participante más en un “diálogo horizontal e inclusivo”. Acá una entrada sobre este tema.

2. ¿Es importante que los candidatos provengan de la carrera judicial? En este punto coincido con Pedro Salazar en el sentido de que en nuestra práctica los que provienen de la judicatura “suelen tener un perfil técnico muy sólido y, al mismo tiempo, ser conservadores en sus interpretaciones jurídicas”. Sin embargo, no estoy seguro de que haber sido académicos eso nos hubiera asegurado ministros progresistas, pues habría que ver de quiénes se trata[1]. En cualquier caso, creo que para saber si los candidatos y tal vez futuros ministros son progresistas o conservadores habrá que revisar sus criterios y votos. Aunque también es cierto que por las fuerzas políticas que los han propuesto y que estarán encargados de designarlos (PRI-PAN) lo más probable es que se trate de ministros conservadores. Sobre este punto vuelvo más adelante.

3. Otro aspecto que ha llamado la atención de los especialistas es la cuestión de género dentro de las ternas, pues tres de las seis candidatas son mujeres. La pregunta es, ¿era deseable que se mandara una terna de hombres y otra de mujeres de forma tal que se asegurara una ministra? En mi opinión sí. A diferencia de lo que opina mi amiga Geraldina González, considero que mientras la desigualdad en nuestro país entre hombres y mujeres sea estructural debieran utilizarse todos los mecanismos necesarios para asegurar una presencia igualitaria de las mujeres, incluso a través de “cuotas” que nos aseguren dichos resultados. Alguien podría contra-argumentar diciendo que en tanto la composición del Senado es plural, ya no sería necesario que el presidente mandara una terna compuesta sólo por mujeres; o que con la composición actual de las ternas existe la posibilidad de que sean dos y no sólo una las ministras designadas. En mi opinión, el primer argumento desconoce el hecho de que en nuestro país el “machismo” no está sustentado sólo por hombres, sino también por mujeres, y que para obtener esa “cuota” de género no hay que confiar en que las senadoras vayan a hacer valer el argumento de la igualdad. El mismo machismo que me hace dudar que de esas dos ternas vayan a salir dos ministras. Por eso, creo que la forma más efectiva de nivelar a la Corte (actualmente sólo 2 de las 11 ministras son mujeres) era a través de una terna de hombres y otra de mujeres[2]. Es más, a la vista de la enorme disparidad que existe en el pleno de la Corte correspondía que el presidente enviara dos ternas integradas sólo por mujeres.

4. Finalmente, ¿qué podemos esperar del procedimiento de designación y de los ministros por venir?

Hay dos ideas que debemos tener en cuenta al analizar el procedimiento de designación. La primera, adelantada por Mark Tushnet (2010), en el sentido de que dichos procedimientos son netamente políticos, por lo que nuestro análisis no debe perder de vista este aspecto. La segunda, muy bien explicada por Balkin y Levinson (2001), según la cual el nombramiento de ministros es una forma de atrincherar por varios años las ideologías de los partidos que los nombran.

Si esto es así, creo que nuestra realidad no es muy esperanzadora. Por un lado, no existen medios institucionales efectivos para que las visiones constitucionales de los candidatos sean puestas a discusión por parte de la sociedad civil. No tenemos reglas específicas que indiquen los tiempos, participantes, oportunidad de preguntas y respuestas, etc., en las comisiones senatoriales. La sociedad civil, asociaciones, universidades, etc. tampoco tienen la oportunidad de presentar preguntas antes de la exposición de los candidatos ni pueden participar en el debate parlamentario, etc. De esta manera, sólo nos queda el discurso escueto del presidente Calderón y a lo que estén dispuestos a hacer los senadores.

Por otro lado, aun cuando en la integración actual de la Corte tenemos algunos ejemplos excepcionales, creo que al ser propuestos y designados por acuerdo de los actuales PRI y PAN y de los grupos de interés que estos protegen los ministros que están por venir serán conservadores y velarán por el status quo. Así, no creo que podamos tener muchas esperanzas de encontrar en ellos el cambio social que tanto necesita nuestro país. Ojalá me equivoque.

PD: Es llamativo como en los últimos procesos de designación de ministros la mayoría de los  nombres –algunos ya recurrentes- que salen en la prensa como posibles candidatos no se lleguen a concretar.

Roberto Niembro O. Investigador de la ELD. Twitter: @RNiembro1



[1] Pedro Salazar señala “Los profesores, en cambio, tienen poca (o nula) experiencia jurisdiccional pero suelen ser expertos en argumentación y teoría jurídicas y son más propensos a concebir al derecho como una herramienta social que, al ser aplicada, exige una mirada integral.”

[2] Así, mi argumento a favor de una terna de hombres y otra de mujeres no radica en que éstas no puedan competir con los hombres, sino de asegurarnos que en los legisladores y legisladoras no vaya a prevalecer su concepción machista y olviden reconocer esas capacidades de las mujeres.

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Uno de los cambios significativos de la reforma constitucional de 1994 fue que se pasó de 26 a 11 ministros. Los primeros días de 1995, el presidente Ernesto Zedillo envió 18 propuestas para ser votadas por el Senado, de entre los cuales, los miembros de la LVI Legislatura seleccionaron a los nuevos 11 que integrarían el Pleno de la Suprema Corte. La votación en la Cámara fue el día 26 de enero de 1995. Debido a que la Corte se renovó en su totalidad, se optó por alargar algunos nombramientos hasta por 20 años para lograr una salida escalonada. De aquéllos 11, hoy todavía cuatro continúan en funciones: Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. El próximo 30 de noviembre, Ortiz y Aguirre dejan su función como jueces constitucionales, por lo que en los próximos dos meses el Senado recibirá[1] dos ternas proponiendo a sus sustitutos. ¿Quiénes son los ministros que dejan la Corte?

Sergio Salvador Aguirre Anguiano

Fue elegido con 112 de 113 votos posibles en el Senado. Estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara y optó por la carrera de notario. Fungió además como Regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara. Aguirre se ha caracterizado por ser el ministro más conservador de la Corte, en temas límite como interrupción legal del embarazo (acción de inconstitucionalidad 146/2007), militares con VIH (voto particular en el amparo en revisión 307/2007) matrimonio entre personas del mismo sexo (acción de inconstitucionalidad 2/2010), píldora del día siguiente (controversia constitucional 54/2009), ha dejado muy clara su postura apegada a la idea de un “derecho natural”, en contra de los derechos sexuales y reproductivos y de una visión estática de las instituciones civiles y sociales. En las discusiones en el Pleno ha mostrado escepticismo por las cuestiones de género y ha dejado claro que su canon interpretativo parte de la moral cristiana (ver, por ejemplo, la discusión de la acción de inconstitucionalidad 62/2009). Es el único ministro que ha aceptado abiertamente una militancia panista.

Si hay algo que no puede reprochársele al ministro Aguirre es incongruencia, pues en temas relacionados con los derechos fundamentales, por lo general, se sabe cómo votará y por dónde irán sus argumentos. Es un hombre de convicciones arraigadas y representa un punto de vista compartido por un gran número de mexicanos. Muchas veces ha sido él quien ha hecho ver discrepancias en los criterios de sus compañeros.

La postura del ministro Aguirre Anguiano es de suma importancia en los debates, fundamentalmente cuando se trata de casos difíciles, pues la competencia de las ideas y la contienda de los argumentos es un ingrediente indispensable en la legitimación de las decisiones de la jurisdicción constitucional.

Aguirre no cree que la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 haya implicado algo novedoso para el constitucionalismo mexicano, así lo dijo en su segundo informe como Presidente de la segunda Sala y se niega a aceptar la jurisdicción de instancias internacionales, como las decisiones de la Corte Interamericana, como lo ha dejado claro en las discusiones sobre el caso Radilla y fuero militar.

Su visión constitucional es también rígida, entiende la jerarquía normativa como una pirámide cerrada, que parte única y exclusivamente de la supremacía constitucional, la que puede ser modificada por el poder revisor. Sin embargo, estuvo a favor de la revisión del procedimiento de reformas a la Constitución a través del juicio de amparo y de la controversia constitucional. Así mismo, considera que es procedente la revisión a través de la acción de inconstitucionalidad (ver esta tabla).

En enero de 2012 presentó un proyecto sobre una contradicción de tesis (21/2011) relacionado con la existencia del bloque de constitucionalidad y la jerarquía entre Constitución y tratados. En la discusión se manifestó por una jerarquía en donde la Constitución es la única norma suprema y “debajo” de ella se encuentran los tratados –y las demás normas- y totalmente en contra de la existencia de un bloque conformado por normas ajenas al texto constitucional.

Si fuera posible utilizar sin matices en México las corrientes interpretativas de los Estados Unidos, el ministro Aguirre ocuparía un lugar en las filas originalistas, sobre todo en el ala del significado original de las normas constitucionales, pues recurre en ocasiones al llamado espíritu del Constituyente de ‘17.

Resultan ilustrativos sus votos en las acciones de inconstitucionalidad sobre interrupción del embarazo y matrimonio entre personas del mismo sexo, ambas sobre reformas realizadas por la Asamblea Legislativa del D.F.

De acuerdo con el proyecto Monitor Judicial, en el periodo 2007-2010, sus proyectos de sentencia en casos relevantes tuvieron un porcentaje de efectividad del 83% y en casos no relevantes del 85%, el ministro votó el 78.4% de las veces a favor del PAN, mismo porcentaje que el ministro Ortiz Mayagoitia.

Guillermo Ortiz Mayagoitia

Proveniente de una carrera dentro del Poder Judicial, fue electo con 89 votos de 113 posibles, estudió en la Universidad Veracruzana y ocupó desde su juventud cargos dentro del poder judicial del estado de Veracruz y del federal. Antes de ser electo como juez constitucional, Ortiz ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Federal Electoral.

Como ministro, Ortiz se ha alineado en varias ocasiones con Aguirre, en especial para temas límite como interrupción legal del embarazo o matrimonio entre personas del mismo sexo, ambas resoluciones debatidas bajo su presidencia.

Es difícil encontrar el hilo argumentativo al comparar sus diversas intervenciones. Su postura, más que acudir a fuentes del derecho natural o de la teoría de la supremacía constitucional absoluta y la interpretación formal de la ley (como Aguirre), acude a los dogmas. Sin embargo, al contrario que el ministro Aguirre, el voto de Ortiz no es predecible, de hecho a veces parece que vota con la corriente y forma completamente su opinión en el Pleno. Sus cambios de criterio y bandazos argumentativos han sido frecuentes.

Por ejemplo, en el tema de control de convencionalidad y vinculatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana: como Presidente, realizó la consulta al Pleno que desembocó en el expediente Varios 912/2010 conocido como caso Radilla, Ortiz votó a favor de que los criterios de la Corte Interamericana son únicamente orientadores, pero que existe la obligación de realizar el control de convencionalidad ex officio. Aunque en la discusión dejó en claro su criterio de que los tratados se encuentran “por debajo” de la Constitución. Posteriormente, en un voto concurrente a la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011 propone un “test” de revisión constitucional que busca concretizar la resolución conocida como Caso Radilla y racionalizar el llamado control de constitucionalidad y convencionalidad. En él, plantea que el test de ponderación debe considerar los derechos reconocidos tanto en los tratados como en la Constitución y toma en consideración las resoluciones de la Corte Interamericana. En la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 155/2007 adoptó una postura sensata sobre la supremacía constitucional y la cuestión de una contradicción entre la Constitución y un tratado. Sin embargo, en la discusión de la primera Sala para el amparo directo en revisión 517/2011 (Amparo Cassez) argumentó en contra del principio pro personae y del control de convencionalidad, en lo que basó su voto para considerar improcedente el amparo.

En otra ocasión, cuando el ministro Ortiz Mayagoitia fue el ponente del proyecto del amparo conocido como “Amparo de los Intelectuales”, sorpresivamente cambió su voto y se unió a la mayoría para sobreseerlo.

En las controversias constitucionales de reconocimiento a la personalidad del no nacido, Ortiz representó, junto con la ministra Luna, una interpretación insólita del derecho a decidir consagrado en el artículo 4º, pues plantearon que, según la versión liberal de este derecho, podría desprenderse la posibilidad de decidir entre interrumpir un embarazo o matar (literalmente) al hijo mayor para “decidir el número y espaciamiento de los hijos” –lo cual, sería, dijeron, inconstitucional-.

En cuanto a la revisión de las reformas o adiciones a la Constitución, está a favor en lo que se refiere a su procedimiento, por medio del recurso de amparo; pero no por medio de una controversia ni por medio de una acción de inconstitucionalidad.

Respecto de los dictámenes derivados del ejercicio de la facultad de atracción, Ortiz consideró que en los casos Lydia Cacho y Guardería ABC no hubo violaciones graves a los derechos humanos.

El ministro Ortiz no se caracterizó por presentar votos particulares, y participó en pocos minoritarios y concurrentes, a diferencia del ministro Aguirre que fue mucho más activo en este rubro.

Fue el cuarto presidente de la Corte (de la novena época), cargo que ocupó en el periodo de 2007 a 2010 y para el que se registraron seis candidatos: Sergio Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y Sergio Valls Hernández. Entonces, los ministros Azuela y Góngora ya habían ocupado la Presidencia, los ministros Cossío y Luna no se apuntaron y el ministro Juan Díaz Romero concluía su periodo el 1° de diciembre de 2006, quien sería relevado por el ministro Fernando Franco el día 12 del mismo mes.

Ortiz Mayagoitia obtuvo 7 de los 11 votos posibles. Su administración logró acercar a la Corte a la sociedad, pues es innegable la creciente relevancia de la labor de la Corte en los medios y la opinión pública en los últimos años. Sin embargo, minó la autoridad del más alto tribunal con los cuatro casos en que ejerció la facultad de investigación (Lydia Cacho, Oaxaca, Atenco y Guardería ABC), pues de cara a la opinión pública, aunque el pronunciamiento fuera favorable, no fueron capaces de lograr justicia.

De especial relevancia fue la labor de transparencia y acercamiento de la Corte a la opinión pública, entre otras acciones: la publicación de los proyectos de sentencia; el portal que se abrió con el caso de la interrupción legal del embarazo, así como la renovación de la página web de la Corte; la posibilidad de la participación de instituciones científicas y académicas en el debate o la posibilidad de que la sociedad civil se pronuncie a través de los informes Amicus Curiae.

Es criticable la falta de orden y liderazgo en la conducción de las sesiones pues en varias ocasiones se observó cómo el debate se perdía en cuestiones que tenían poca relación con el fondo del asunto o que los ministros se repetían entre ellos o divagaban en sus opiniones.

Otro logro de su periodo que no debe olvidarse fue la elaboración del llamado “Libro Blanco” que sistematiza y sintetiza los resultados de la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano con acciones a realizar.

Podría decirse que ambos ministros salientes representan lo más conservador de la Corte tanto en lo que se refiere a la interpretación de los derechos humanos como en el entendimiento de la supremacía constitucional y el modelo interpretativo de las normas fundamentales; por otro lado, uno de ellos proviene de carrera judicial y otro de la práctica notarial. Uno deja la primera Sala, el otro la segunda. Ambos vienen de universidades del interior de la República. Los dos ministros rondan los 70 años de edad.

¿Qué requisitos deberán cumplir los candidatos que pronto se propondrán para sustituirlos? ¿Debe respetarse el actual equilibrio en la integración del Pleno y nominar a dos conservadores? ¿Debe nominarse a una persona que provenga de carrera judicial y a otra que no? ¿La edad, el género, el origen y la especialidad deben jugar también un papel en la nominación?

La transparencia y la justificación de decisiones tanto en el envío de las dos ternas por parte del Ejecutivo, como en las comparecencias y votaciones en el Senado, son requisitos indispensables para legitimar estos importantes nombramientos. Es responsabilidad de todos vigilar que así sea.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] En rigor, el envío de ternas –antes del 30 de noviembre- corresponde al Presidente Calderón. Sobre ello se ha especulado que: el Presidente Calderón envíe las dos ternas, pero una de ellas sea una elección del Presidente electo Peña Nieto; que el Presidente Calderón decida la integración de las dos ternas y la mayoría priísta en el Senado las rechace provocando que Peña las envíe después de haber tomado posesión o que de plano, el Presidente Calderón no envíe las ternas antes de concluir su mandato, pues no existe un momento en que deban enviarse para sustituir a los ministros salientes. La primera versión parece la más plausible.

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El próximo 30 de noviembre, concluyen los cargos de Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Debido a que justo ese mismo día termina la gestión de Felipe Calderón como presidente de la República, existen dudas de a quién le corresponde realizar las propuestas de sustitutos ante el Senado: Peña Nieto o Calderón. El procedimiento no es claro sobre este punto. Es posible, por ello, que gracias a un arreglo político cada uno defina una de las vacantes.

Lo cierto, no obstante, es que la renovación de la Corte es un proceso de enorme relevancia para la vida institucional del país que en principio se repite cada dos años, aunque desafortunadamente en cada ocasión pasa desapercibido para la opinión pública.

La importancia de la integración de nuestra corte constitucional se debe a que ésta es el árbitro de nuestra democracia. Su tarea consiste en resolver los complejos conflictos derivados de nuestro federalismo y división de poderes, así como proteger los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Esta labor vale subrayar es todavía más relevante debido a que en no pocos de los asuntos que resuelve la Corte se pronuncia por primera vez respecto un tema de constitucionalidad. Es decir, es cierto que nuestra Constitución está cerca de cumplir cien años de haberse promulgado, pero también lo es que durante buena parte del siglo XX la hegemonía priísta dificultó que ésta se entendiese como una norma jurídica. Fue hasta la llegada del pluralismo político, hace algunos lustros, que el texto constitucional se empezó a aprovechar ahora sí como una herramienta social para procesar los conflictos propios de la diversidad social.

Esta renovación de la Corte, sin embargo, se presenta en una coyuntura que exige un escrutinio todavía más estricto por el Senado –que deberá ratificar como ministros a dos de los seis candidatos que se presenten- y por parte de la opinión pública.

Peña Nieto ha señalado que una vez que asuma el cargo de presidente de la República impulsará un conjunto de reformas en energía, seguro universal, recaudación fiscal, etc. Se trata de temas peliagudos. Algunos por el calibre del cambio que se busca necesitarán de una reforma constitucional, pero en la mayoría bastará con una nueva ley o, en su defecto, con un ajuste a la existente. Por ello, es indispensable poner atención a la relación entre la fuerza numérica de la oposición en el poder legislativo y los requisitos para someter a revisión constitucional las reformas legislativas que eventualmente se aprueben.

La acción de inconstitucionalidad, en este sentido, es un medio de control propio de las minorías legislativas que, entre otros requisitos, exige que sea interpuesta por el 33% de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso federal. Esto es, 43 senadores o 165 diputados. La suma de todos los partidos oposición satisface este número sin mayor problema: 66 senadores y 250 diputados (PAN, PRD, PT, MC); en el caso de las izquierdas (PRD, PT y MC) que pintan como la oposición más férrea suman 136 diputados y 28 senadores. Se quedan cortos. Mas no es descabellado que en ciertos escenarios logren el número exigido. Al menos esto fue lo que sucedió cuando una ensalada de senadores del PRI, PAN y PRD impugnó la llamada Ley Televisa.

El otro ingrediente de esta coyuntura es el papel de Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia en la dinámica interna de la Corte. No porque a lo largo de su carrera hayan destacado por presentar las soluciones jurídicas más creativas y novedosas. Su relevancia reside, más bien, en su influencia en el equilibrio de los votos que definen el sentido de las resoluciones de la Corte. No hay que olvidar que si bien en una institución como la Suprema Corte –como en cualquier otro órgano colegiado- el peloteo de argumentativo sí importa, también es cierto que al final el juego aritmético es el que define los grupos mayoritarios y minoritarios al interior de éste.

Mayagoitia, por lo menos desde el año 2007, es parte de la coalición más establece y fuerte en la Corte integrada además por Fernando Franco, Margarita Luna y Sergio Valls. Su salida, por tanto, pone en riesgo el futuro de este grupo. El nuevo ministro tendrá varias opciones que al final podrían cambiar la correlación de fuerzas: sumarse a otra coalición, formar su propio grupo o votar de manera flexible con uno u otro grupo. Aguirre, por su parte, en los últimos años se erigió en el ministro más disidente al no formar parte de ninguna coalición. Esto es relevante porque es un comportamiento judicial muy peculiar, que difícilmente se repetirá con el ministro que lo sustituya: los jueces son jugadores estratégicos que buscan sumar o sumarse a otros para efectos de impulsar su agenda de criterios constitucionales. Lo más seguro es que el ministro que ingrese en su lugar se sumará a los vaivenes de sumas y restas entre sus colegas (datos del proyecto Monitor Judicial).

Con cada ingreso de un nuevo ministro efectivamente se abre la posibilidad de modificar la dinámica interna de la Corte. Sin embargo, la salida de Mayagoitia y Aguirre, uno por ser parte de la coalición más fuerte y el otro por una disidencia atípica, podrá impactar de manera muy significativa en el equilibrio interno de la Corte.

Concluyo: una de las características de los sistemas presidenciales es que tienden a exacerbar la figura del presidente. Se piensa que en la elección del titular del poder ejecutivo se juega enteramente la suerte institucional de un país. Es, por supuesto, un puesto medular. Pero ese culto a la personalidad presidencial corre el riesgo de ignorar el resto de la maquinaria estatal. La cual es decisiva para que el ejecutivo concrete su agenda. Valdría, por ello, no olvidarse de la Suprema Corte. Un proceso de renovación no sometido a escrutinio, unos nuevos ministros sin meritos suficientes o unas designaciones con el objetivo de construir una mayoría a modo, son escenarios que implicarían enormes costos para el país en los próximos años. No sería la restauración, pero sí otro bicho bastante desagradable.

 

Saúl López Noriega. Profesor e investigador del departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

 

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Después de tres semanas de especulaciones y de una gran expectativa, la primera Sala de la SupremaCortediscutió el proyecto de amparo para el caso de Florence Cassez que sometió a su consideración el ministro Arturo Zaldívar. En él se proponía la inmediata liberación de Cassez fundamentada en la violación gravísima a tres derechos: la asistencia consular, la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público y la presunción de inocencia, todos con motivo del montaje quela Agencia Federal de Investigación realizó para escenificar para la televisión un operativo de rescate de tres víctimas de secuestro.

El Proyecto

El proyecto de Zaldívar perfiló, por un lado, las violaciones al derecho fundamental a la asistencia consular y al derecho fundamental a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el  Ministerio Público, causas que a su juicio “permitieron, favorecieron y  prepararon el terreno, para que la autoridad organizara y efectuara lo que hemos denominado como la escenificación ajena a la realidad”, y por otro, intentó demostrar cómo esta escenificación predispuso la percepción de la realidad de todas las partes del proceso lastimando de forma irreparable la presunción de inocencia, y contaminando la valoración de pruebas. Es decir, para realizar el montaje se violaron derechos y también se violaron derechos con motivo de éste.

Debido a su estructura “en cadena”, la votación al final resultó dividida y no se llegó a ninguna decisión. Ello implicó que el proyecto se desechara y se turnara ahora a la ministra Sánchez Cordero.

El recurso

La primera Sala, encargada de llevar los asuntos en materia penal y civil, se integra por cinco ministros: Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Jorge Mario Pardo y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En este caso se trató de un amparo directo en revisión, ello implica que las facultades de la primera Sala estarían acotadas a determinar únicamente los criterios de interpretación de las normas constitucionales y definir el marco bajo el cual el Tribunal Colegiado deberá resolver con plena jurisdicción. Es decir, debido al “tipo” de recurso que interpuso Cassez, el alcance de la competencia dela Salase disminuye mucho con respecto a otros recursos de amparo. Así,la Salano sustituye al Colegiado, sino que dicta el alcance de los preceptos constitucionales en cuestión y determina los criterios y los efectos del amparo bajo los cuales el Colegiado deberá resolver y dictar una nueva sentencia –con jurisdicción plena-. Esta sentencia podrá resolver negar el amparo o concederlo, ya sea liso y llano (absoluto) o para efectos, lo que podría significar la reposición del procedimiento.

Los argumentos

Como adelanté arriba, la votación quedó dividida y no se pudo tomar una decisión. Hubo 2 ministros (Cossío y Pardo) que consideraron que hubo violaciones a ciertos derechos, pero no estuvieron de acuerdo con la conclusión del proyecto. Otros 2 ministros (Sánchez Cordero y Zaldívar) que estuvieron de acuerdo con el proyecto y 1 ministro (Ortiz Mayagoitia) que consideró que el amparo era improcedente.

Los argumentos del ministro Ortiz Mayagoitia[1] fueron desconcertantes, pues alegó que el recurso era infundado debido a que el Tribunal Colegiado no había interpretado preceptos constitucionales, sino que únicamente expuso que éstos no fueron violentados “su sola mención y referir (sic) que no se violentaron, no significa que [el Colegiado] haya realizado una interpretación…No es lo mismo analizar los hechos que interpretar desde la perspectiva constitucional las normas”. Por otro lado, explicó que aunque se hablara de violación a ciertos derechos, no estaría de acuerdo con la exposición del proyecto pues el montaje no corrompió la totalidad del proceso penal.

Ortiz Mayagoitia finalizó su exposición contradiciendo abiertamente el principio pro personae contenido en el segundo párrafo del artículo 1°:

Cuando el tribunal decide, bueno, cuando la autoridad natural decide, todavía no estaban vigentes las reformas constitucionales en relación con los derechos humanos, así que no se puede ver ahora ese tema como una cuestión retroactiva de aplicación de derechos fundamentales, máxime que, como ya lo señalé, es un debate todavía inacabado.

Los otros cuatro ministros estuvieron de acuerdo con la procedencia del amparo.

El ministro José Ramón Cossío dijo estar de acuerdo con la procedencia del amparo, aunque fue quien precisó el alcance de este recurso y las limitantes a la actuación dela Corte. Aunque alegó que no estaba de acuerdo con la idea del “efecto corruptor” del montaje sobre todas las actuaciones ministeriales y jurisdiccionales para fundar la procedencia, consideró que ésta se debería fundar en la violación a los derechos de asistencia consular y de puesta a disposición inmediata del Ministerio Público. A su juicio, el amparo procede porque el Colegiado no interpretó correctamente el contenido de los derechos que Cassez aduce violados.

El argumento central del ministro Cossío fue que:

En el caso, me parece que el efecto real de la demora en la entrega de la quejosa al Ministerio Público provoca que aquellos elementos que puedan utilizarse como prueba, generados como resultado de esa demora, o los elementos derivados de éstos, no sean tomados en cuenta por el juzgador, … no puedo admitir que exista un efecto generalizado y absoluto de nulidad –como lo pretende la propuesta– por lo que tenemos que establecer los lineamientos precisos para que la autoridad responsable, sin tomar en cuenta los elementos específicamente viciados por la violación procesal, realice una nueva valoración del material probatorio restante, lo cual es atinente también con el tipo de procedimiento que tenemos en este momento frente a nosotros.

Y esta es la gran diferencia en las posturas de Zaldívar y de Cossío, ambos hacen uso de la teoría del fruto del árbol envenenado, sin embargo, para Zaldívar el proceso sufre una nulidad absoluta con motivo del montaje, pues éste contaminó todas las pruebas y actuaciones; mientras que para Cossío la nulidad es relativa, pues éste contaminó solamente algunos elementos.

En esta distinción radica pues el resultado: para Zaldívar no es procedente la reposición del procedimiento y por ello propone la liberación inmediata, para Cossío se debe proceder a la reposición, pero sin tomar en consideración los elementos viciados por el montaje. Ambos coinciden en que existe una “cadena de validez” en las actuaciones de las autoridades del proceso penal para generar una sentencia, en este caso una condena, válida: legal y legítima.

Por último, a pesar de estar de acuerdo en que hubo violaciones a los derechos de Cassez, Cossío explica que no considera que éstas lleven a revocar la sentencia y liberar inmediatamente. Propone anular la sentencia del Tribunal Colegiado y eliminar los elementos viciados[2], que se valore el restante material probatorio y con libertad de jurisdicción resuelva conforme a derecho y que se dicte una nueva sentencia en la que sí se garanticen la totalidad de los elementos del debido proceso.

La postura de Cossío es de gran importancia, pues para lograr una mayoría de votos, la ministra Olga Sánchez Cordero deberá tenerla en cuenta para la formulación de su nuevo proyecto.

Sánchez Cordero leyó un documento de gran claridad, en donde aclaró la falsa contraposición entre los derechos del inculpado y los de las víctimas, que algunas voces han planteado:

El equilibrio entre víctimas e inculpados, encuentra su consolidación a partir de la intervención estatal, garante de la libertad personal por una parte, y de la seguridad pública y la igualdad jurídica, por la otra. De tal suerte que el tema a resolverse, no tiene relación con los derechos de una parte o de la otra del proceso penal, sino con todas en su conjunto y en particular, con la del Estado como ente aglutinador y garante de los derechos involucrados en un proceso. Una verdadera protección de los derechos de las víctimas, pasa necesariamente por la protección del debido proceso de los inculpados.

La ministra estuvo de acuerdo con el proyecto pero aclaró que la violación al derecho de asistencia consular “como elemento del derecho a la defensa adecuada que da lugar a un proceso dudoso, [es] suficiente[s] para dejar en claro que no existen las condiciones mínimas necesarias que permitan juzgar este caso… el proceso no tiene las condiciones para llevarse a cabo ni dictarse sentencia, no sólo en cuanto a los aspectos formales, sino también en cuanto a los aspectos sustantivos; esto es, por lo que hace al respeto a los derechos fundamentales.”

La ministra se refirió al contenido esencial del derecho de asistencia consular[3], importante referencia cuando se trata de derechos de protección, pues para que ésta sea efectiva, la autoridad debe respetar los límites mínimos (prohibición de la omisión) y máximos (prohibición de la arbitrariedad).

De esta forma, podríamos concluir que para Sánchez Cordero la construcción lógico-jurídica del proceso está viciada desde su inicio y por ello la condena es ilegal e ilegítima, la diferencia con Zaldívar radica en que para él el montaje produce un efecto corruptor que vicia todo el procedimiento, mientras que para Sánchez Cordero, es la falta de defensa adecuada la que “envenena” todo.

Por último, la postura del ministro Jorge Mario Pardo[4] fue, al igual que Ortiz, en contra del proyecto pues estimó que por tratarse de un recurso de amparo directo en revisión ya no hay posibilidad de que tengan efectos jurídicos. Para Pardo, Cassez fue víctima de violaciones a sus derechos de asistencia consular, puesta a disposición inmediata y presunción de inocencia, aunque no considera que el montaje haya viciado todo el procedimiento. Explicó que no comparte con el proyecto los efectos que atribuye a las violaciones, pues aunque el montaje lastimó en especial la obligación de ser puesto a disposición inmediata del Ministerio Público, no puede decirse que la exposición mediática dio lugar a un proceso injusto pues existen otras actuaciones y que no encuentra que la contaminación sea indudable o indefectible.

Pardo concluyó su argumentación con una postura muy cercana a Cossío –con respecto de la nulidad del procedimiento- diciendo que:

El equilibrio al que me refería hace un momento, se encuentra en la medida en que solamente las actuaciones viciadas que son violatorias de derechos humanos, deben invalidar los medios de prueba que derivan directa e indefectiblemente de esa violación.

Y ello fue lo que confundió a la hora de la votación, pues durante su participación no manifestó estar en contra del proyecto y se entendió que estaría más bien del lado del ministro Cossío respecto de un amparo para efectos descartando las pruebas viciadas por el montaje.

Lo que sigue

Al finalizar las intervenciones de los 4 ministros, el ministro ponente, Arturo Zaldívar expuso que a pesar de estar dispuesto a lograr consensos que generen mayorías, en este caso le era imposible apartarse de su proyecto pues, como lo expliqué antes, éste analiza de forma sistemática la violación a las garantías del debido proceso de Cassez y sostener esto haría imposible arribar a un amparo para efectos consistente en reponer el proceso, ya que si se considera que el montaje “envenenó” todas las actuaciones subsecuentes, difícilmente podrían subsanarse.

De esta forma, se desechó el proyecto y se turnó a la ponencia de Sánchez Cordero, la que deberá buscar un consenso entre las posturas de 4 ministros, descartando a Ortiz Mayagoitia para quien el recurso no es procedente.

La ministra deberá encontrar una postura que: a) convenza a Cossío -y Pardo-, con uso de los axiomas ferrajolianos[5] y la tesis del fruto del árbol envenenado[6] que impacten en más elementos del proceso, de que el montaje afecta de nulidad absoluta al procedimiento o b) se convenza a sí misma y a Zaldívar de que, a pesar de que el montaje lastimó gravemente los derechos de Cassez al debido proceso, éste no está afectado de nulidad absoluta y puede subsanarse, pues otros elementos no fueron afectados por el montaje.

Para cualquiera de las dos posturas y descartar o no su “envenenamiento” debido al montaje, el proyecto deberá acudir a la definición del contenido esencial de los derechos y garantías involucrados en un proceso penal.

Ahora bien, queda una tercera opción: c) debido a quela Salano sustituye al Colegiado, el proyecto de Sánchez Cordero podrá determinar las directrices constitucionales bajo las cuales el Tribunal deberá resolver, dejando a éste la determinación.

No hay plazos establecidos para la presentación de este nuevo proyecto, se ha dicho que podría esperarse a que pasen las elecciones para evitar la presión política. Sin embargo, hay una mujer privada de la libertad desde diciembre de 2005 que aspira a una respuesta de la justicia.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Su voto fue además incoherente con el publicado a principios de año en la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011, donde el ministro realizó un voto concurrente en el que propone un “test” de revisión constitucional que busca concretizar la resolución conocida como Caso Radilla y racionalizar el llamado control de constitucionalidad y convencionalidad. En él, Ortiz plantea que el test de ponderación debe considerar los derechos reconocidos tanto en los tratados como enla Constitución, inclusive, habla de las resoluciones dela CorIDH.

[2] A juicio del ministro Cossío estos serían: las ampliaciones de las declaraciones de Cristina Ríos Valladares y Christian Hilario Ramírez Ríos, en los que se identifica a la quejosa como consecuencia de las trasmisiones en los noticieros en los términos ya especificados, así como la totalidad de la primera declaración ministerial de la quejosa, de 9 de diciembre de 2005, en la que careció de asistencia consular por razones atribuibles al Ministerio Público.

[3] “La asistencia consular se asimila a los derechos inherentes a determinados grupos o sectores que cuentan con elementos jurídicos para no verse en una posición de desventaja ante cualquier instancia judicial… se trata de la inserción de una persona al sistema de procuración y administración de justicia al cual es ajena, y que conlleva la obligación por parte del Estado al que pertenece, de atender, de asesorar, e incluso, defender a su nacional.”

[4] Pardo reprochó en su argumento el montaje: “Yo quiero decir que el simple hecho de haber accedido a la realización de este “montaje” o esta “simulación” –no sé cómo llamarlo– me parece que es un acto reprobable, que es un acto que debe ser sancionado en los términos de la ley, y que desde luego, deja mal parado este principio de buena fe ministerial respecto de las autoridades que autorizaron y propiciaron estas conductas.”

[5] Me refiero únicamente a los relacionados con el debido proceso: no hay lesión sin acción, no hay acto sin culpa, no hay culpa sin juicio, no hay juicio sin acusación, no hay acusación sin pruebas y no hay pruebas sin defensa.

[6] La doctrina del fruto del árbol envenenado que dice que si la fuente de la evidencia se corrompe (el árbol) cualquier cosa que provenga de ella está igualmente corrompida (los frutos).

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Cartón del periódico La Jornada

Antecedentes

En diciembre de 2005, Florence Cassez fue detenida y horas después exhibida en televisión como secuestradora. A partir del montaje realizado –lo ha aceptado- por la PGR y la AFI (Vasconcelos, Rosas y García Luna), y antes de que fuera juzgada, Florence fue señalada como culpable de varios delitos, el principal: secuestro de al menos tres personas.

La sentencia de primera instancia de la Juez Quinto de Distrito en  Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictada en abril de 2008, condenó a Cassez a 96 años de prisión por los delitos privación ilegal de la libertad de 4 personas y por posesión y portación de armas prohibidas.

Cassez atacó esta sentencia en abril de 2008 ante el mismo Juzgado Quinto de Distrito y correspondió conocer del recurso de  apelación al Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, el cual dictó sentencia el 2 de marzo de 2009. Su sentencia modificó la de la Juez de Distrito, pero también encontró culpable a Florence. La condena se redujo a 60 años de prisión.

El 30 de agosto de 2010, Cassez solicita amparo contra la sentencia de segunda instancia, en su escrito se presentan en total 18 conceptos de violación. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo mediante sentencia -de más de 1500 páginas- de fecha 10 de febrero de 2011. El Tribunal encontró que los conceptos de violación hechos valer resultaban infundados, inoperantes, fundados pero inoperantes e inatendibles.

El día 7 de marzo de 2011, Cassez presentó un escrito solicitando a la Suprema Corte la revisión de esta sentencia de amparo.

El expediente (amparo directo en revisión 517/2011) se remite a la primera Sala y se turna a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar.

El pasado miércoles el ministro Zaldívar anunció a los medios de comunicación el sentido de su proyecto que deberá ser analizado en la primera Sala el miércoles 21 de marzo de este año.

En un ejercicio de transparencia, indispensable sobre todo para casos tan controvertidos como este, el pasado jueves por la tarde fue subido a la página web de la Corte el proyecto íntegro.

El Proyecto

Cabe aquí mencionar que el expediente del caso Florence Cassez cuenta con unas diez mil páginas. El proyecto de sentencia consta de 146 páginas, de las cuales 50 se dedican a narrar el montaje de la aprehensión de Florence Cassez e Ignacio Vallarta y el rescate de las tres víctimas de secuestro en el Rancho “Las Chinitas”. Las siguientes 30 páginas se dedican a la exposición del trámite judicial de primera y segunda instancia y del amparo directo. A partir de la página 90 se encuentra el estudio de fondo de los agravios presentados por Cassez y de los temas de constitucionalidad planteados en la demanda de amparo directo y analizados en la sentencia del Tribunal Colegiado recurrida.

El proyecto de sentencia descansa en la violación grave de tres derechos humanos para realizar la escenificación y con motivo de ésta:

  1. La asistencia consular
  2. El mandato de puesta a disposición sin demora de un detenido
  3. El principio de presunción de inocencia

El punto medular del proyecto descansa en la “escenificación o montaje [organizado por las autoridades, que] tuvo como objetivo transmitir hechos ajenos a la realidad”, pues a juicio del ministro Zaldívar, ello vició todo el proceso penal instruido en contra de Cassez.

Para mostrar la trasgresión a estos derechos, el proyecto los dota de contenido a partir de una interpretación de las normas constitucionales y de las contenidas en diversos instrumentos internacionales. El proyecto no lo dice textualmente, pero habla de un bloque de constitucionalidad:

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano…

Esta parte del proyecto se estructura a su vez en dos fragmentos: por un lado, perfila las violaciones al derecho fundamental a la asistencia consular y al derecho fundamental a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público, causas que a su juicio “permitieron, favorecieron y  prepararon el terreno, para que la autoridad organizara y efectuara lo que hemos denominado como la escenificación ajena a la realidad”, y por otro, demuestra como esta escenificación predispuso la percepción de la realidad de todas las partes del proceso lastimando de forma irreparable la presunción de inocencia, y contaminando la valoración de pruebas.

I. El derecho a la ayuda consular[1], vital para una defensa adecuada, tiene como finalidad reducir la distancia que separa a los extranjeros de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos, e implica, de acuerdo con el proyecto, por lo menos, tres acciones básicas:

1) De carácter humanitario que implica que funcionarios consulares proporcionen el contacto con el mundo exterior.

2) La función de protección que implica que la presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá sometido el extranjero.

3) La función de asistencia técnico-jurídica.

El contenido esencial de este derecho implica que:

[el extranjero] tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su  país.  La información de este derecho debe ser inmediata y no puede ser demorada bajo ninguna circunstancia…el extranjero tiene el derecho de escoger si desea o no contactar con su respectivo consulado…, y una vez que el extranjero decide que sí desea contactar con la oficina consular de su país, la autoridad deberá informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención…el núcleo fundamental del derecho a la defensa adecuada de un extranjero [radica] en la efectividad de la defensa…una asistencia consular efectiva solo será aquélla que se otorgue de forma inmediata a la detención del extranjero…a fin de evitar un escenario de indefensión.

En este sentido, el derecho resulta vulnerado pues “existen constancias en autos, y así lo admite el Tribunal Colegiado de Circuito, que demuestran que al ser detenida Florence Cassez Crepin  –a las 4:30 a.m., del día 9 de diciembre de 2005– no se le informó de su derecho a comunicarse con la oficina consular de su país y tampoco que las autoridades hubiesen contactado de forma directa al consulado francés…[esta trasgresión] se extendió hasta las 12:20 p.m., del día 10 de diciembre de 2005, momento en el cual, por fin, el agente del Ministerio Público logró comunicarse con el Consulado francés. Entre las 4:30 a.m., del 9 de diciembre y las 3:45 p.m. del día siguiente, momento en el cual se realizó el primer contacto entre la recurrente y el funcionario consular, Florence Cassez no gozó de asistencia consular.”

II. El contenido del derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público parte “de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas en este punto…resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida.” La primera Sala ha determinado que “se está frente a una dilación indebida cuando, no existiendo  motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica.”

Y se argumenta que en este caso “no son las horas ni los minutos los elementos que debemos tomar en cuenta a fin de tener por consumada la violación, sino la justificación o motivos por los que una autoridad retiene a un detenido. En nuestro caso no es una actuación loable de la policía  –como lo sería la protección de las víctimas–, ni siquiera una situación accidental –como lo sería el intenso tráfico de la Ciudad de México–,  sino la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación.”

El proyecto explica que “es un hecho cierto y probado, no solo para el Tribunal Colegiado de Circuito, sino para las mismas autoridades que organizaron y realizaron la detención de la ahora recurrente, que en el caso concreto existió un periodo de tiempo, entre la detención y la puesta a disposición  ante el  Ministerio Público, en el que la privación de la libertad de Florence Cassez Crepin no encuentra sustento constitucional alguno…[la Sala] no encuentra justificación constitucional alguna en el tiempo en el que Florence Cassez fue retenida en esa propiedad y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros.”

El proyecto llega a la conclusión de que “se enfrenta a un caso muy específico en el que la violación a los derechos fundamentales a la asistencia consular y a la puesta a disposición sin demora, produjeron, por sí mismas, una indefensión total de la recurrente. Aunado a lo anterior, en el caso concreto esta indefensión se produce no solo por la violación  individualizada  de estos derechos, sino porque, además, estas violaciones han producido la afectación total del procedimiento al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada.”

III. El principio de presunción de inocencia[2] además de constituir un principio o criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental informador de las demás garantías procesales. El proyecto explica que la presunción de inocencia tiene, básicamente, un triple significado:

1) como  regla probatoria es un derecho que establece los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que deben reunir los medios de prueba para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado.

2) como  regla de juicio o estándar probatorio puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona.

3) como regla de trato en su vertiente extraprocesal constituye un  derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza.

Las primeras dos facetas del principio son oponibles a la autoridad jurisdiccional, mientras que la violación a la presunción de inocencia como regla de trato puede emanar de cualquier agente del Estado, especialmente de las autoridades policiales. Frente a ello, el proyecto es contundente:

Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo.  Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo[3], ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se ha desplazado a la imputación pública realizada por la policía.

Y más adelante refiere:

[L]a violación a la presunción de inocencia como regla de trato[4]…puede introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad  y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa…

El proyecto explica que las violaciones a los derechos citados “generaron en el caso concreto un efecto corruptor[5] en todo el proceso penal y viciaron  toda la evidencia incriminatoria en contra de [Florence Cassez]… para que la conducta de la autoridad  produzca un efecto corruptor del material probatorio es necesario que su actuar sea indebido, es decir, que sea efectuado fuera de todo cauce constitucional y legal. El material probatorio afectado por el efecto corruptor provoca su falta de fiabilidad… cuando la falta de fiabilidad en el material probatorio sea una consecuencia de la arbitrariedad de las autoridades…indefectiblemente se producirá un efecto corruptor sobre todo el procedimiento, viciando tanto al procedimiento en sí mismo como a sus resultados…”

Y concluye que:

[L]a exposición al montaje, como personajes y posteriormente como los principales espectadores, predispone a estos individuos para enjuiciar la realidad a través del “filtro” creado por los miembros de la Agencia Federal de Investigación… ese proceso de recuerdo [de las víctimas] se vio indudablemente contaminado  –consciente o inconscientemente– por el hecho de que las autoridades crearan una realidad  alternativa en detrimento de la acusada.

El proyecto además de señalar la violación al principio de inocencia con motivo del montaje mediático “censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo.”

Conclusión

El proyecto concluye que:

[L]a violación a los derechos fundamentales a la notificación, contacto y asistencia consular; a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público y a la presunción de inocencia –en los términos aquí expuestos– han producido un efecto corruptor en la totalidad del proceso seguido en contra de Florence Marie Louise Cassez Crepin,  viciando tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados.

Con base las resoluciones del amparo en revisión 619/2008 y del amparo directo 22/2010, el proyecto considera que debido a que el caso de estudio “constituye la violación de un derecho fundamental del procesado, en ocasión del incumplimiento de un deber estatal y cuya transgresión resultaba en una afectación grave a los derechos a la defensa adecuada y al debido proceso, los efectos restitutorios de la sentencia no podrían consistir en otros que no fueran la inmediata libertad del procesado.”

Por lo anterior, el proyecto propone revocar la sentencia recurrida y ordenar la absoluta e inmediata libertad de Florence Marie Louise Cassez Crepin. Esto deberá ser discutido y decidido en la primera Sala de la Suprema Corte, integrada por los ministros Zaldívar, Cossío, Sánchez Cordero, Pardo y Ortiz Mayagoitia. Se requiere una mayoría de 3 votos. Es importante destacar que las sesiones de las salas no son transmitidas por el Canal Judicial y por lo general no son abiertas a todo público.

El proyecto es un documento sólido y garantista que debe ser leído por quienes consideran que México merece un mejor sistema de justicia. El proyecto se basa además en la jurisprudencia extranjera e internacional más acabada en materia de derechos humanos. A partir de ella, y de la interpretación directa de la Constitución, dota de contenido dos garantías indispensables para todas las personas: el principio de presunción de inocencia y la puesta a disposición del Ministerio Público, y define un derecho que cualquier país que se precie de ser democrático debe respetar y garantizar a los extranjeros: la asistencia consular.

Mi reconocimiento al ministro Zaldívar y a su secretario de estudio y cuenta, Javier Mijangos y González, por este valiente proyecto que es congruente con el concepto de justicia, con el respeto a los derechos humanos y del entendimiento constitucional que hace falta a nuestro país; además de entramar las garantías necesarias de cualquier democracia constitucional: la autonomía e independencia de sus jueces.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace



[1] Además, el Proyecto se refiere tanto al caso Avena y a otros nacionales mexicanos (Mexico v. Estados Unidos de América) ante la Corte Internacional de Justicia, sentencia de 31 de marzo de 2004. Así como a la Opinión Consultiva OC-16/99,  emitida el 1 de octubre de 1999 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a petición y lleva por título “El derecho a la información sobre la asistencia consular y su relación con las garantías mínimas del debido proceso legal” en la que se interpreta el espectro del artículo 36 de la Convención de Viena.

[2] El proyecto cita el caso ante la Corte Interamericana Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111 [Párr 154] y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, [Párr. 182 y 183] “El derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante (todo el) proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme, (de modo que este) derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa.”

[3] Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Op. Cit. [Párr. 184] que ”el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de prueba (recae en) quien acusa.”

[4] El proyecto refiere que este derecho también lo garantiza la Constitución por la vía del artículo 21 al establecer que: “la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

[5] Se entiende por tal efecto a las consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas, por parte de las autoridades, que producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria. Página 135, ver la cita 317 que se refiere a la jurisprudencia de los Estados Unidos en esta materia.

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octubre 26, 2011

Lapsus brutus judicial

Este post pretende ser lúdico: repasar los que para mi fueron los mejores momentos de la discusión que se dio en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las reformas a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí (popularmente conocidas como “reformas antiaborto”, pero dada la discusión en la Corte, una ya no sabe cómo llamarles). Sin duda, este tema es escabroso, complejo y proclive a desatar las más fieras pasiones (y sin duda amerita un análisis profundísimo), pero por ahora, quiero dejar todo eso de lado y presentarles los instantes de las sesiones que más me hicieron reír (o llorar), para bien y para mal.

Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia

Esto no es más que un darwinismo, reloaded:

Alguna vez se debatió con pasión si el origen del hombre era divino o si era válida la teoría de la evolución de Darwin; hoy se debate nuevamente el origen de la vida y se discute si el ser humano desciende del cigoto o si éste le es humanamente ajeno.

Sesión del 27 de septiembre de 2011

La obviedad de lo obvio:

[…] Hasta este momento de nuestro desarrollo tecnológico, lo que sigue siendo cierto es que toda persona comenzó su vida propia e individual con la concepción, no hay un solo ser humano que no haya sido concebido y que desde entonces inicie su ciclo biológico de crecimiento y hacia la muerte que es la contra cara de la vida propia.

Sesión del 27 de septiembre de 2011

El punto es probar un punto, todo lo demás, es irrelevante:

Hace unos días leí un relato probablemente ficticio de una dama que embarazada llega ante su médico y le pide que la auxilie a abortar porque por su situación económica y circunstancias personales, no le es posible mantener a dos hijos uno que tiene tres años y el que está por nacer y el médico le contesta: “Muy bien señora, qué le parece si eliminamos al de tres años ése le cuesta más caro y deje que nazca el que está por llegar”. No sé qué haya decidido porque eso no lo relata la historia.

Sesión del 27 de septiembre de 2011

Ministra Margarita Luna Ramos

Aborto, infanticidio, potato, potatoe (o de cómo las feministas alucinan un derecho a decidir ahí donde simplemente tenemos un derecho a la planeación familiar):

Por otro lado, el derecho a interrumpir el embarazo, ¿Dónde está concebido en la Constitución? ¿En dónde está concebido? ¿En algún tratado internacional? En ninguna parte, en ninguna parte se dice que está este derecho concebido en favor de las mujeres. El artículo 4° constitucional, lo único que nos está diciendo es: “Que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y espaciada e informada, el número y espaciamiento de sus hijos”. Aquí de ninguna manera está aceptando la posibilidad de interrumpir un embarazo. El artículo 4° lo único que está determinando es la planificación familiar, la planificación familiar de manera responsable e informada exclusivamente. ¡Ah! Si nosotros entendemos que aquí se encuentra el derecho de las mujeres para interrumpir el embarazo, pues entonces creo que también está establecido el derecho al infanticidio, por qué, pues porque dice que en todo caso tiene derecho a espaciar a sus hijos. No, creo que no, aquí lo único que se nos está estableciendo como derecho es la planificación familiar. Entonces, no puede entenderse como que existe en la Constitución y en la ley, un derecho que se está vulnerando con el contenido del artículo 7° de la Constitución de Baja California.

Sesión del 27 de septiembre de 2011

Es que todo lo que no está prohibido está permitido (y no es sólo por una cuestión normativa, sino pragmática porque, ¿de qué tamaño sería nuestra Constitución si fuera de otra forma?):

Si nosotros entendemos que toda definición que se dé conceptual en una ley secundaria o en una ley local tiene que tener sustento específico en la Constitución, pues nos vamos a encontrar con que son inconstitucionales muchísimas situaciones…creo que tampoco tenemos que determinar un asidero cuando la Constitución no lo tiene, pero el hecho de que no lo tenga no implica de ninguna manera que esta regulación adquiera el carácter de inconstitucional… La Constitución no define, ni tiene por qué definir todos estos conceptos, ¿por qué razón? Porque dónde nos cabe una Constitución con tantas definiciones…

Sesión del 27 de septiembre de 2011

De cómo todo esto no es más que la batalla entre el centralismo y el federalismo, pero en el siglo XXI:

Nos guste o no nos guste estamos en un sistema federal. En el momento en que estuviéramos en un sistema centralista, yo sí diría: Por qué el Estado va a legislar de determinada manera si la Constitución está estableciendo esta situación, pero esto sería tanto como revivir la Constitución centralista de 1836 y creo que no es el caso, nuestra Constitución es Federal y permite a los Estados que legislen de la manera que consideren conveniente ¿cuándo? Cuando la Constitución y ahora el respeto a los tratados, establezcan alguna norma de carácter obligatorio para los Congresos o establezca alguna norma de carácter prohibitivo, y no es el caso, porque ni la Constitución ni los tratados están estableciendo ni determinando, en ninguna parte, la definición de lo que es el derecho a la vida, en la Constitución, en el artículo 1º, lo único que se está determinando es que se están protegiendo los derechos humanos, y que como reconocimiento a este derecho humano, desde luego que tiene que protegerse; si ellos consideran que debe protegerse a partir del momento de la concepción, ¿cuál es el problema? ¿Esto implica necesariamente una penalización para el hecho de que se determine una conducta que interrumpe un embarazo? En ningún momento está estableciendo que necesaria y forzosamente debe existir una penalización.

Sesión del 27 de septiembre de 2011

Es lo mismo, pero no es igual, así que no confundan:

[…] Nunca he estado a favor de la despenalización del aborto, pero tampoco he estado a favor del castigo que se impone a las mujeres que en algún momento llegan a verse obligadas a tomar una decisión de esta naturaleza […]

Ministro Jorge Pardo Rebolledo

Sobre la concepción del Ministro Pardo de los cambios sociales (o de cómo el reconocimiento de los negros no impactó en nada a los blancos; el de las mujeres no afectó en lo más mínimo a los hombres; y el de los indígenas recién-almados no trascendió en lo más mínimo para los españoles porque, obvio, el reconocimiento de nuevos sujetos de derechos o nuevos derechos no tiene ningún efecto):

[El] simple hecho de ampliar el ámbito de protección para un grupo, per se, no restringe el derecho de los demás grupos, si no imagínense, no hubiéramos avanzado en la elaboración y el subir a nivel constitucional muchos de los derechos que en su texto original tal vez no preveía de manera expresa.

Sesión del 28 de septiembre de 2011

Ministro Sergio Aguirre Anguiano

De cómo los conservadores capturan el discurso de la no-discriminación (o de cómo el cigoto es el nuevo indígena):

El proyecto sostiene en este apartado que el producto de la concepción no es sujeto de derechos constitucionales, sino sólo un bien jurídico protegido, lo que deriva, esto me recuerda que los esclavos fueron denominados y tenidos como “cosa” en la antigüedad, bueno pues también en el proyecto se dice que son una “cosa” un bien jurídico protegido […]

Sesión del 26 de septiembre de 2011

Y, pues sí: esto es lo que ocurre cuando uno concibe al óvulo fecundado como persona:

Los mal formados no pueden ser abortables porque sería un acto de discriminación por discapacidad prohibido por la Constitución.

Sesión del 28 de septiembre de 2011

El original intent mexicano (o de cómo la Constitución no es más que una biblia con algunos ligeros cambios):

La moral es un valor constitucional [incluido en los artículos 6, 7 y 94]. ¿A qué moral se refirió el Constituyente? Pues yo quiero pensar que a la única vigente en el siglo en que se establecieron las normas, que era la judeocristiana, y esto no tiene que ver nada con dogma, ni con verdades reveladas y por tanto nada que ver con Constitución.

Sesión del 28 de septiembre de 2011

Estefanía Vela. Licenciada en derecho por el ITAM, editora del sitio Manual de la Corte (http://manualdelacorte.com). Twitter: @samnbk

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La semana pasada se dio a conocer a la opinión pública, como parte de una serie de estudios sobre el uso y abuso de los recursos públicos, un análisis de los académicos del CIDE, Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni, respecto los gastos de la Suprema Corte de Justicia. El objetivo del estudio es simple pero contundente: comparar, en los rubros de gasto, eficiencia y burocracia, a nuestra máxima autoridad jurisdiccional con otras cortes constitucionales, que van desde la canadiense y estadounidense hasta la española, colombiana y chilena.

Gracias a esta numeralia, que fue bien desmenuzada por Héctor Aguilar Camín, nos podemos enterar que en el año 2009 el costo de la Suprema Corte mexicana fue de 3 mil 244 millones de pesos, mientras que el gasto de la corte colombiana para el mismo período fue de sólo 107 millones, 3.3% de la mexicana, mientras que la corte peruana costó 93 millones, sólo 2.9% de la mexicana. ¿Acaso esta enorme diferencia presupuestal se justifica en términos de carga de trabajo y eficiencia? La respuesta es no: en ese mismo año, la corte mexicana resolvió 4 mil 308 casos, pero la de España resolvió 15 mil 851 y la de Perú 8 mil 957. Por último, en cuanto a la obesidad burocrática la corte mexicana es también la que más funcionarios tiene: 3 mil 116, mientras la corte estadunidense tiene 483, la española 278, la canadiense 209, la peruana 175, la alemana 167 y la colombiana 146.

Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta del presidente de la Suprema Corte, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, ante este estudio? El pasado jueves 11 de noviembre, vía la cuenta oficial de twitter de la Corte mexicana, se difundió un comunicado de prensa mediante el cual se daba a conocer la respuesta de Mayagoitia:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está comprometida con la transparencia y con la rendición de cuentas y hoy, la sociedad sabe más y conoce perfectamente lo que hace y en qué gasta, afirmó su presidente, el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, al señalar que el trabajo del alto tribunal está a la vista de toda la ciudadanía y ha hecho un gran esfuerzo por hacer más con menos y para mejorar los servicios de justicia que se demandan.

Al inaugurar la Quinta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), sostuvo que la SCJN está comprometida, igualmente, con la austeridad y el uso eficiente de los recursos. “México necesita ahorrar recursos, pero también sabemos que México necesita más y mejor justicia”, enfatizó.

Manifestó que la SCJN es una institución que cumple con las funciones jurisdiccionales y administrativas que mandata la Constitución, pero además, subrayó, a diferencia de lo que pasa en otros países, el alto tribunal realiza un gran trabajo en materia de cultura jurídica, que es uno de los temas donde se debe avanzar más como sociedad.

En este sentido, precisó el ministro Ortiz Mayagoitia, la inversión en cultura jurídica es una de las mejores tareas para crear conciencia y fomentar, así, la cultura de respeto a la legalidad.

Ni un ápice de autocrítica, ni de voluntad para revisar la manera en cómo ha manejado la Suprema Corte los recursos públicos. La respuesta, que recién fue también criticada por Leo Zuckermann, raya en el cinismo. Lo peor, no obstante, es que este abuso en los recursos públicos por parte de los 11 ministros de la Corte pone en riesgo su legitimidad como árbitro último de los conflictos de la sociedad mexicana. Con las perniciosas consecuencias que esto puede tener, en términos del proceso de consolidación democrática.

Ahora bien, el próximo 3 de enero de 2011, Ortiz Mayagoitia concluirá su período como presidente de la Corte. A estas alturas, todo indica que su sucesor será el ministro Juan Silva Meza. La pregunta clave, por tanto, es: ¿Qué va hacer Silva Meza ante este abuso en los recursos públicos que está entrelazado con otros vicios de ese poder como el nepotismo?

El Juego de la Suprema Corte

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Hace algunos días, la Suprema Corte determinó que la píldora de emergencia es constitucional. Después de analizar la distribución de competencias en materia de salud entre la federación y el estado de Jalisco, la mayoría de diez ministros consideró que efectivamente cada uno de los médicos y hospitales que integran el sistema nacional de salud tienen la obligación de ofrecerle la píldora de emergencia -en su calidad de método anticonceptivo- a aquellas mujeres que hayan sufrido violencia sexual[1].

Un aspecto interesante, sin embargo, más allá de las particularidades propias de este asunto y del impacto final de la decisión, fue la dinámica de la discusión. Y sobre todo las dificultades que enfrentó el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, para moderar dicho debate. En efecto, este asunto que bien pudo haberse resuelto en un par de sesiones se prolongó hasta seis, debido a los esfuerzos del ministro Sergio Aguirre Anguiano por redefinir los temas a debatir. Esto, claro está, no es incorrecto. Es parte de la naturaleza de las esgrimas argumentativas y persuasivas de una arena judicial: cada juez busca llevar la discusión al terreno que considere adecuado.

El papel, no obstante, del presidente de la Corte consiste en no permitir que el debate pierda rumbo, cuidar que el análisis se desenvuelva conforme el plan trazado, aguijonear una discusión inteligente y, por supuesto, impedir que alguien se adueñe del debate. En contraste, el desempeño de Mayagoitia se redujo en buena medida a mimar los caprichos de Aguirre Anguiano, quien aprovecho esta flaqueza de su presidente para hilvanar una serie de temas que no estaban dentro de la agenda de debate. Y peor aún: que no ameritaban estarlo. El resultado fue una discusión en varios momentos estéril, donde se perdió tiempo muy valioso considerando el rezago de la Corte y que propició la irritación de algunos ministros[2].

Ahora bien: esta falta de habilidad de Mayagoitia para conducir la discusión de sus colegas en éste y en muchos otros asuntos[3], invita a una reflexión clave: a casi medio año de que concluya su período como presidente de la Corte, ¿qué tan buena ha sido su gestión?, ¿su falta de habilidad como moderador se extrapola a otras de sus responsabilidades?, ¿cuáles son sus principales logros y deficiencias?, ¿qué asignaturas pendientes le heredará al siguiente presidente de nuestra corte constitucional?

En términos generales, el período de Ortiz Mayagoitia como presidente de la Corte, se puede calificar como una administración sin mayores ambiciones. Una gestión que ha flotado durante casi cuatro años en la nata más rancia de la tradición jurisdiccional del país. Y que no se ha preocupado por insertar en su día a día una cuestión que pareciese obvia, pero que al interior de la Corte es una verdadera excentricidad: ¿Cómo mejorar a la Suprema Corte?

Es cierto: en casi cuatro años, es difícil encontrar un esfuerzo medianamente serio por mejorar en el ámbito jurisdiccional y administrativo a la Corte. ¿Se ha buscado, por ejemplo, aumentar la calidad de la redacción y extensión de las sentencias? ¿Se ha pensando en fortalecer la transparencia en el manejo de recursos y en la agenda pública de los ministros? ¿Se han tomado acciones para hacer más eficiente la estructura administrativa al eliminar la recurrente duplicidad de funciones? ¿Se ha tratado de impulsar el uso del derecho comparado y la doctrina con el propósito de elevar la discusión constitucional entre los ministros? ¿Se ha sancionado siempre a aquellos funcionarios administrativos que se les ha comprobado malos manejos de dinero público? En cada una de estas interrogantes, y en muchas otras más, la respuesta es negativa.

El propósito, por el contrario, que sí le ha impreso unidad a las diversas acciones y omisiones de la gestión de Ortiz Mayagoitia, consiste en mantener el status quo. La falta de proyecto y propuesta, ha sido sustituida por otra preocupación: evitar mayores conflictos entre los feudos de cada uno de los ministros. Sin importar que esta perniciosa dinámica impide impulsar los cambios necesarios para que la Suprema Corte sea capaz de enfrentar la compleja circunstancia que del país.

Existen, sin embargo, y es justo también señalarlos, un puñado de logros. Un esfuerzo relevante ha consistido en transparentar algunos aspectos de la función jurisdiccional. En asuntos sensibles, como el aborto y el IETU, por ejemplo, se ha decidido que las audiencias de las partes sean públicas. Por su parte, en los casos correspondientes a la llamada ‘Ley Televisa’ y, recientemente, a la píldora de emergencia, se difundieron los proyectos de resolución días antes de que iniciase el debate en el pleno de ministros. Esto ha permitido, por un lado, que la opinión pública conozca de primera mano los argumentos de ambas posiciones y, por el otro, que tenga claro el rumbo de la discusión entre los ministros.

Agregaría dos más: los proyectos encaminados a mejorar las habilidades de los periodistas que cubren el desempeño de la Corte, con el fin último de socializar mejor la información judicial; así como la reglamentación que aterriza los alcances de la facultad de investigación de violaciones graves de derechos fundamentales, ubicando en el terreno de la certeza y seguridad jurídica a esta extraña competencia de la Suprema Corte.

Las asignaturas pendientes, no obstante, siguen siendo mayúsculas. El problema, desafortunadamente, es de raíz: los ministros eligen a sus presidentes pensando, no en alguien con la habilidad para impulsar un verdadero proyecto de justicia constitucional, sino en alguien que asegure el cuidado de la madeja de intereses que existe al interior de nuestra corte constitucional. Y mientras esto no cambie, los logros de cada administración serán menores.

Saúl López Noriega. Profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.


[1] Se trata de la controversia constitucional 54/2009, cuya discusión inició el 17 de mayo de 2010 y concluyó el 27 del mismo mes.

[2] En algún momento, el ministro Luis María Aguilar Morales comentó lo siguiente: “Sí, con todo respeto, es que si no concretamos, insisto, perdón que insista, si no concretamos los temas a discutir y cada quien va a decir las ideas que tiene respecto el tema, pues entonces aquí no vamos a acabar nunca, el señor Ministro nos recuerda lo que dijo la Ministra, lo que dijo el otro, y no llegamos a nada; entonces me permitiré yo traer también todas la dudas y reflexiones que tengo respecto del tema y los correlacionados y le pediré su venia para que en la próxima sesión yo pueda leerles tantas hojas como hemos escuchado que se han leído, porque si no concretamos, insisto, cuáles son los temas, vamos a analizarlos o no, no vamos a acabar nunca, si lo multiplicamos por los once Ministros, esto nos puede llevar unos seis o siete meses. Yo sí les pido que concretemos, porque si no volvemos a leer otra vez un análisis de otro estudio de otra cosa que puede estar relacionada y que no hemos definido si realmente es materia del análisis.” Sesión del pleno de ministro de la Suprema Corte del martes 25 de mayo de 2010.

[3] Basta recordar, por ejemplo, el debate al analizar la constitucionalidad de la llamada ‘Ley Televisa’ (acción de inconstitucionalidad 26/2006), donde los ministros a falta de una guía adecuada en varias ocasiones perdieron la brújula: no sabían qué discutían ni qué votaban.

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