El constitucionalismo popular es una corriente norteamericana relativamente nueva, representada principalmente por autores como Jeremy Waldron, Richard Parker, Larry Kramer, Mark Tushnet, Robert Post, Reva Siegel y Barry Friedman. Para algunos, el debate que esta corriente ha generado está circunscrito a la crítica a la supremacía judicial; es decir, al carácter supremo de los tribunales como intérpretes de la Constitución. Para otros, por el contrario, como es nuestro caso, el constitucionalismo popular tiene una agenda más amplia. Una que invita a que todos participemos en la configuración del derecho constitucional a través de nuestras acciones políticas; otorga un papel central a la sociedad civil en la interpretación de la Constitución; desacraliza las visiones dominantes sobre el impacto de las decisiones de los tribunales; muestra la forma en que la sociedad influye, reconstruye y a veces socava el valor de las decisiones judiciales; impulsa una mayor participación en las estructuras políticas y económicas; y que defiende una mirada diseccionada del control de la constitución según la cual ninguna rama del poder tiene el derecho de arrogarse la supremacía sobre las otras[1].  

 

portada libroEn este contexto, el libro Constitucionalismo popular en Latinoamérica pretende recuperar en México y Latinoamérica el debate que el constitucionalismo popular ha generado en EEUU. Desde nuestro punto de vista, traer a México esta discusión abre nuevas perspectivas sobre el derecho constitucional y, especialmente, sobre el proceso, los actores, las sedes y los métodos de interpretación constitucional. Sobre este último punto, consideramos que es un avance importante para seguir pensando sobre las teorías del diálogo constitucional, que afortunadamente se empiezan a discutir en México.

 

Uno de los aportes del libro está en la participación de especialistas de diversos países, que han pensando y trabajado el constitucionalismo popular en sus lugares de origen. Pero además, debido a la escasa literatura y discusión que existe en castellano sobre el tema, nuestro último propósito es generar un incentivo para que el constitucionalismo popular se debata en la región junto a otras corrientes del constitucionalismo, como podrían ser el neo-constitucionalismo o los nuevos constitucionalismos latinoamericanos. Dice Roberto Gargarella en las primeras páginas del libro:  

 

El ejercicio que se propone el libro Constitucionalismo popular en Latinoamérica es importante, difícil y necesario. Importante, porque procura traer a la región uno de los debates de teoría constitucional más atractivos e influyentes de la época. Difícil, porque hacer bien ese ejercicio de importación requiere estar capacitado para traducir al lenguaje de nuestra región, debates que no nacieron de nuestras propias angustias y ansiedades. Necesario, porque, como se demuestra en el libro, el debate en cuestión nos ayuda a plantearnos problemas jurídicos –finalmente políticos- que son de primera relevancia, también, en América Latina.

 

Ahora bien: ¿Cuál es el debate que recupera este libro? El debate acerca del papel que le corresponde al “pueblo” en la discusión y decisión de los asuntos constitucionales –es decir, el papel del “pueblo” en la discusión y decisión de los temas públicos más relevantes relacionados con la organización de la vida en común. El constitucionalismo popular, como nos aclaran los autores de esta obra, no puede verse de ningún modo como un todo compacto y uniforme. Sin embargo, todos aquellos que se han vinculado con esta corriente, consideran que el “pueblo” debe recuperar o pasar a ocupar un lugar central o más central en la vida constitucional de sus propias comunidades.

 

Semejante inquietud no representa una simple pretensión más entre las muchas que circulan dentro del constitucionalismo. Se trata de una pretensión que busca –y tiene la potencia de- poner en cuestión muchas de los principios más asentados o tradicionales dentro del constitucionalismo. En efecto, de un modo u otro, el constitucionalismo popular nos invita a pensar de nuevo sobre el papel jugado por la ciudadanía en la historia constitucional (asumiendo que esa historia ha sido contada de un modo que ha opacado su presencia e influencia efectivas); así como a reflexionar (otra vez) sobre la conocida “dificultad contra-mayoritaria”; y (de manera más novedosa) sobre la pregunta acerca de quién debe quedarse con “la última palabra” en asuntos de primordial interés público; sobre las relaciones debidas entre los poderes políticos y el poder judicial; o sobre el papel que efectivamente tiene e idealmente debiera tener la ciudadanía en el control de los asuntos que más le interesan. En definitiva, el constitucionalismo popular nos interroga frontalmente acerca de los temas más cruciales referidos a la relación constitucionalismo y democracia.

 

Dada la obvia relevancia de las cuestiones recién citadas, no debiera resultar necesario hacer un esfuerzo argumentativo mayor para señalar el valor propio de las discusiones propuestas por el constitucionalismo popular. No obstante, entendemos que sí puede tener sentido señalar por qué estas discusiones resultan relevantes también –o, mejor todavía, especialmente relevantes- en América Latina. Veamos.

 

La cuestión nuclear que nos plantea el constitucionalismo popular se refiere al desajuste entre derecho y pueblo. Esto es, el constitucionalismo popular nos invita a pensar otra vez sobre la amplia y profunda brecha que se advierte entre el derecho y las comunidades sobre las cuales ese derecho se aplica. En efecto, hoy como nunca podemos reconocer que cuando se habla del derecho, una amplísima mayoría de nuestra población no se ve representada por éste. La ciudadanía escucha al derecho, pero no encuentra ahí su propia voz. Si eventualmente lee al derecho, no lo entiende. Y si le traducen sus contenidos, tiene razones para rechazarlos, para no sentirse identificados con ellos. El derecho no es lo que Rousseau soñaba que fuese: un espejo en donde la sociedad puede mirarse y verse a sí misma reflejada.

 

Este tipo de problemas de disociación entre derecho y comunidad, no sólo existen en América Latina, sino que encuentran en la región una relevancia muy particular. Ello es así, al menos, por dos razones. En primer lugar, porque en América Latina, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, el derecho (y muy en particular las decisiones de nuestros tribunales superiores) no es objeto de un continuo escrutinio público, sobre todo a través de la prensa masiva y medios especializados. El hecho de que medios y universidades utilicen los fallos judiciales como objeto cotidiano de análisis, hace que en los Estados Unidos el derecho quede sujeto a mejores controles. Algo que, en última instancia, permite tejer lazos entre derecho y comunidad, una situación que lamentablemente es mucho menos habitual en América Latina.

 

La segunda razón que muestra por qué los problemas en cuestión son particularmente relevantes para Latinoamérica, tiene que ver con la desigualdad extrema que padece la región en todas sus esferas. Dicha desigualdad tiende a traducirse en un derecho también desigual y, podríamos agregar, cada vez más desigual. En la región, más que en otros contextos, la creación, interpretación y aplicación del derecho tiende a quedar en manos de élites, normalmente desvinculadas de los intereses y necesidades de la colectividad. El resultado de todo ello es un derecho producido por un puñado de la sociedad, en beneficio propio, aunque ejercido a nombre de todos los miembros de la comunidad.

 

En contextos como los descritos debiera ser claro el cuestionamiento al derecho desvinculado de la comunidad, tanto como la discusión relacionada con cómo recuperar un papel decisivo para la ciudadanía en la creación y gestión del derecho, no pueden resultarnos sino cruciales. Ojalá este libro sirva para aguijonear una discusión indispensable en nuestra región: el papel de la sociedad civil en la construcción de una democracia constitucional.

 

Ana Micaela Alterio y Roberto Niembro Ortega. Coordinadores del libro Constitucionalismo popular en Latinoamérica (México, Porrúa-ELD, 2013).



[1] Gargarella, Roberto, “Diálogo con Roberto Gargarella sobre Constitucionalismo popular”, Jura Gentium Revista de filosofía del derecho internacional y de la política global, www.juragentium.unifi.it/es/surveys/latina/freeoter.pdf En contextos como el nuestro, impulsar el constitucionalismo popular, es decir, la participación popular en los temas más importantes de la vida nacional, cobra una especial relevancia. Piénsese, por poner un ejemplo, en las últimas declaraciones del líder nacional del PAN, quien ante una reforma tan importante como la energética, en la que está de por medio la reforma al artículo 27 constitucional y un cambio definitivo en materia energética, considera que la decisión democrática que se tome al respecto no debe atender a los movimientos sociales, sino que el debate debe darse sólo en el congreso, o mejor dicho, en el Consejo Rector del Pacto por México. Así, tenemos líderes políticos que pretenden llevar a cabo reformas constitucionales de gran calado, sin siquiera escuchar a los titulares de la soberanía popular (no estamos hablando retóricamente), e ignorando lo que el electorado tiene que decir. ¿Democracia? ¿para qué? ( Este comentario no implica tomar postura sobre el fondo de la reforma energética, pues eso queda fuera de nuestro alcance.)

Leer completo

voladoEl pasado miércoles 12 de junio, tras una discusión privada, los integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia votaron, 3 a 2, por desechar el proyecto del ministro Luis María Aguilar en relación al amparo promovido por Yssel Reyes.

Esto quiere decir, a diferencia de lo que se ha reportado en algunos medios, que el caso de Yssel Reyes sigue sin ser resuelto. Los ministros acordaron turnar una vez más la elaboración del proyecto de sentencia ahora al ministro Fernando Franco.

Hasta el 18 de junio, la Corte no ha liberado una versión estenográfica de la discusión ni ha emitido un comunicado oficial al respecto.

El nuevo proyecto no tiene fecha límite para su presentación, por lo que podrían pasar desde semanas hasta meses para que el caso vuelva a ser discutido en la Segunda Sala. De no aprobarse la segunda versión, la Segunda Sala podría pedir a un ministro de la Primera que formulara un tercer proyecto, o el caso podría ser llevado al Pleno.

Yssel Reyes demandó al banco HSBC ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por su despido en 2007. Según Reyes, HSBC lo despidió por ser VIH positivo e incurrir en gastos médicos excesivos.

Aquí pueden leer la primera y segunda parte de la entrevista que hizo El Juego de la Suprema Corte a Reyes y sus abogados.

Esteban Illades.  Periodista y escritor. Tránsfuga del Derecho. Twitter: @Esteban_is

Leer completo

VIHÉsta es la segunda parte de una entrevista realizada a Yssel Reyes, un hombre de 39 años que fue despedido de HSBC en 2007. Reyes argumenta que la compañía lo echó después de 14 años por los gastos médicos que generaba su condición de VIH positivo. El caso del ex-trabajador bancario fue atraído por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se espera que sea resuelto la siguiente semana. Para ver la primera parte, dar click aquí.

Desprotegido

Minutos después de ser “despedido”, Reyes hizo una llamada y recibió otra. Él marcó el número de su abogado, José Luis Rostro, para informarle lo que había ocurrido. Con cirugía en puerta al día siguiente, no sabía qué hacer. Rostro lo tranquilizó.

La otra llamada no tardó mucho en entrar. La asistente del doctor que lo iba a operar se comunicó con él esa misma tarde para informarle que la cirugía había sido cancelada. Según Reyes, ella le dijo que HSBC lo había dado de baja del seguro médico, y lo refería, irónicamente, al área de Recursos Humanos del banco para resolver cualquier conflicto.

Hasta la fecha, Reyes no se ha sometido a la operación y dice que todavía siente mucho dolor.

El licenciado Rostro sabía que se enfrentaban a varios problemas. Ni la Constitución ni las leyes en la materia regulaban del todo el caso de Reyes. “No había ninguna reforma en cuanto a los medios electrónicos, es hasta 2011 que se introduce”, dice. (La información del expediente médico de Reyes, las listas en las que aparecían su nombre y muchos datos más que se encuentran en el expediente del juicio estaban en formato electrónico; estas pruebas no fueron valoradas en el laudo.)

Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos todavía era un proyecto cuando ocurrió el despido. Organismos como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 14, que fue ante la que Reyes y sus abogados llevaron la demanda, se declaraban incompetentes en materia de derechos humanos. Lo suyo era estrictamente laboral, y referían a otros organismos para conocer el fondo.

Pero ahora, en 2013, los cambios a la Constitución obligan a la Junta a entrar en el tema.[1]

Había un tercer concepto que todavía no estaba plasmado en ley, y que conformaba una parte fundamental de la demanda de Reyes. Él acusaba a HSBC de violar sus derechos fundamentales por la forma en que fue despedido. En 2007, el orden jurídico mexicano no establecía que los particulares pudieran ser acusados de violar derechos humanos. Con la reforma constitucional, eso también cambió.

A su vez, Reyes buscaba compensación por el daño moral que le causó la revelación de sus datos privados: su estado de salud y preferencia sexual, entre otras cosas. Esto ya está contemplado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, promulgada en 2010. (Es decir, nada de lo que alegaban en ese entonces estaba regulado en la ley mexicana, pero ahora sí.)

Ni a Reyes ni a su abogado los sorprendió el revés que les dio la Junta al declararse incompetente para conocer del tema. Según el licenciado Rostro, la Junta “ignoró olímpicamente” varias de las pruebas de la demanda, incluido el testimonio del doctor Manuel Feregrino Goyos, el especialista en medicina crítica y VIH que trató a Reyes mientras trabajaba para HSBC.

(El doctor Feregrino declinó ser entrevistado para este artículo por estar involucrado en procesos legales por resolverse con HSBC).

Feregrino, según el licenciado Rostro, escribió una carta a la compañía aseguradora subcontratada por HSBC para decirle que había violado leyes mexicanas –incluyendo una Norma Oficial Mexicana (NOM) que prohibe liberar información de expedientes clínicos a personas que no tengan título de medicina– por revelar el estado de salud de Reyes. Según el médico, revelar los datos del expediente clínico de Reyes llevaría a una demanda, cosa que sucedió. “Como si fuera brujo”, dice Rostro.

Feregrino le escribió una constancia a Reyes en la que certificaba que HSBC le había pedido que dejara de tratarlo como paciente porque el seguro ya no lo cubría, y el doctor lo tuvo que referir al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán para continuar el tratamiento.

Al contar la experiencia con Feregrino, a Reyes se le corta la voz. “Es como mandarte a la tumba esto. Me expide un documento en el que manifiesta que el banco le pide que ya no me dé atención porque ya estoy dado de baja. Me canaliza a asistencia pública para seguir atendiéndome. Lo cual a la fecha sigo haciendo porque ese derecho yo lo perdí”, reclama.

El proceso ante la Junta fue largo y cansado para Reyes, su abogado y su padre. Los testigos que pretendía llevar para que declararan sobre el hostigamiento y la discriminación en el corporativo nunca aparecieron. Ninguno. “O los compraron o los amenazaron”, concuerdan los tres. Reyes perdió peso y se enfermó.

Al mismo tiempo, a manera de amenaza, según el licenciado Rostro, HSBC le abrió dos averiguaciones previas consecutivas a Reyes y a él. Una a nivel federal, y otra a nivel local. Las averiguaciones, en conjunto, duraron casi dos años. A Rostro lo denunciaron por enriquecimiento ilícito, porque supuestamente había pedido una indemnización excesiva. “Ahora si tú lo ves, está contemplado en la nueva legislación [pedir ese tipo de compensación]. Me adelanté a mi tiempo”, dice mientras suelta una ligera sonrisa.

A Reyes lo denunciaron por fraude procesal y falsedad de declaraciones. Según sus jefes, Reyes había utilizado la lista que le habían dado con los nombres de los posibles despidos para obtener un beneficio propio.

Ninguna denuncia llegó a nada. Tanto a nivel local como federal los ministerios públicos determinaron no ejercer acción penal en su contra. Los casos están archivados.

Reyes, su padre y su abogado, a pesar de enfrentarse a un equipo jurídico “que venía con todo”, según Rostro, decidieron continuar la lucha. Junto con el abogado Erick López, presentaron un amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito. Los abogados también solicitaban una facultad de atracción: querían que el caso llegara a la Suprema Corte por la magnitud del tema. Según el licenciado Rostro, la Corte todavía no conoce un caso así en materia laboral, y su resolución podría cambiar cómo se interpreta esta rama del Derecho en México.

En una votación de 4 a 1, la Segunda Sala acordó atraerlo.

Mientras se resolvían los procesos jurídicos, Reyes no tenía empleo. Se encontraba boletinado por el banco, dice. “En uno [un trabajo] estuve a punto de entrar. Ya estaba hasta dentro de una capacitación y todo y me dijeron que ya se había cancelado el proyecto. Se me hizo muy extraño”, comenta. Mientras tanto subsistía con ayuda de su padre, Marco Antonio Reyes, ahora pensionado. “En ese momento [cuando lo despiden] me tuve que deshacer de todo lo que tenía. No hay ningún dinero que alcance para esto”, dice cabizbajo.

Reyes siguió su lucha por otros medios. Fue ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Levantó denuncias y quejas en los tres organismos. Hasta presentó su caso frente a organizaciones extranjeras, y lideró, en 2008, la clausura simbólica de las oficinas de HSBC, con apoyo de un diputado perredista, David Sánchez Camacho, de la LX legislatura.

Ante la pregunta de cómo ha lidiado con la situación de su hijo, la voz de Reyes padre, de 71 años, se entrecorta y las lágrimas se le escurren por los ojos.

“Tocamos fondo, pero abajo de fondo todavía”, dice. “Estás en un estado de limbo, totalmente. Pero muy consciente de no bajar la guardia ni mostrarle a él la impotencia que yo tenía, por qué, porque se la iba a transmitir, y lejos de ayudarle a superar todo esto, nos íbamos a hundir los dos. Hasta la fecha ha sido muy difícil”, concluye.

En el peor de los momentos, Reyes no tenía dinero ni para viajar en transporte público. “Me tenía que meter por debajo del torniquete de metro porque no tenía ni para el pinche boleto”, relata. “He pasado hasta hambre”.

No fue sino hasta tiempos más recientes que consiguió trabajo de vendedor de seguros, pero se sigue tratando en el servicio médico público.

Reyes hijo, Reyes padre y sus abogados contemplan todos los escenarios posibles en la resolución de la Corte. Una de las consecuencias puede ser que se ordene que lo reinstalen en el puesto que ocupó hasta 2007, algo que no consideraría ni por un segundo. “No quiero regresar a ese lugar”, dice de manera firme.

También existe la posibilidad de que se le otorgue el amparo para efectos, lo que implica que un tribunal o la propia Junta repongan parte del procedimiento, tomando en cuenta las pruebas que no fueron valoradas en un inicio.

Pero también contemplan otro revés, porque saben que se enfrentan a una trasnacional y ellos sólo son tres personas. Aún así, se dicen preparados para lo que venga. Incluso  consideran acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para librar una nueva batalla.

Después de seis años, Reyes lo tiene claro: “Yo he aguantado tanto tiempo, y pues lo que sea, que sea. Yo no me pienso dejar. Así me muera, tengo que seguir”.

 

Esteban Illades. Periodista y escritor. Tránsfuga del Derecho. Twitter: @Esteban_is


[1] El artículo primero, párrafo tercero, en su redacción actual, dice a la letra: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”

Leer completo

hsbc2Ésta es la primera parte de una entrevista realizada a Yssel Reyes, un hombre de 39 años que fue despedido de HSBC en 2007. Reyes argumenta que la compañía lo echó después de 14 años por los gastos médicos que generaba su condición de VIH positivo. El caso del ex-trabajador bancario fue atraído por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y se espera que sea resuelto la siguiente semana.

Yssel Reyes se bajó del taxi y subió a su oficina en el piso de Recursos Humanos en el edificio de HSBC en Reforma. Se sentó a trabajar frente a la computadora, como todos los días.

De repente, uno de sus compañeros, de otra área del corporativo, se le acercó y le hizo una pregunta abrupta y seca: “Oye, ¿que tú tienes SIDA?”. Era 2007.

Diez años antes, cuando Reyes trabajaba para el banco, que entonces se llamaba Bital, fue diagnosticado como VIH positivo. Llevaba cuatro años trabajando ahí, primero en una sucursal bancaria como cajero y después como asesor en las oficinas centrales.

Ésta era la primera vez que alguien, en 14 años de vida laboral, le había preguntado algo así.

Hasta ese entonces, Reyes había mantenido su sexualidad y su condición en privado. Pero de la noche a la mañana, en la oficina todos sabían que era VIH positivo. “Hasta mis compañeros de cuando trabajaba en la sucursal”, dice en entrevista.

La información, contenida exclusivamente en su expediente médico –confidencial por ley–, era del dominio público en HSBC. Alguien la había filtrado.

A partir de ahí, su día a día en el trabajo se llenó de lo que él describe como “hostigamiento”. “Algunos ya no me saludaban. Yo entraba al baño, y los veía. Estaban en plena miada y se salían”, recuerda.

Lo mismo ocurrió con sus jefes. De manejar la rotación y asignación de personal, parte de sus responsabilidades en el trabajo, fue convertido en capturista, función para la que el banco subcontrataba a otras compañías.

Sus cheques tenían un nuevo concepto en la descripción. Decían “empleado incapacitado”. Reyes seguía yendo de forma regular al trabajo, pero la compañía lo tenía bajo una clasificación que, según él, se utilizaba para “enfermos terminales”.

En septiembre de ese año, bajo un clima de presión extrema –Reyes sostiene que se llegó a enfermar por las circunstancias–, la compañía le dio la puntilla. “Tienes que subir al área de jurídico porque te quieren ver. Tienes que ver una situación laboral”, le dijo una compañera.

Sus jefes lo estaban esperando en una sala de juntas. “Ya es insostenible mantener la relación laboral contigo y por tanto vamos a prescindir de tus servicios”, recuerda Reyes que le dijeron. De inmediato le pidieron que firmara una renuncia, y que “después” podría negociar su liquidación. Se negó.

“¿Así nomás?”, les preguntó. La respuesta lo dejó frío: “Si quieres salir bien de aquí es así, si no tú lo vas a lamentar más que nosotros”.

Reyes narra que lo tuvieron encerrado casi cinco horas, hasta que terminaron por echarlo del edificio. “Los harté”, dice.

Oficialmente no había pasado nada: ni él había renunciado ni la compañía lo había liquidado. Pero su foto ya estaba en la entrada, con un mensaje de que no lo dejaran ingresar al edificio. Y su seguro médico –fundamental para el tratamiento que llevaba– había sido cancelado al instante.

(HSBC, a través de Lyssette Bravo, Directora de Asuntos Públicos, prometió responder a una solicitud de información para la elaboración de esta nota sobre la terminación de la relación laboral con Reyes. La respuesta será publicada en este espacio cuando sea dada a conocer).

De mal en peor

Reyes, de pelo negro corto con un poco de gomina, barba de un par de días, y quien gusta hablar con las manos, estudió la licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad del Valle de México. Comenzó a trabajar en Bital como cajero mientras terminaba la carrera y se mantuvo con la compañía después de concluir sus estudios. “Fue una oportunidad que tuve para irme desarrollando”, dice. Subió la escalera corporativa hasta convertirse en asesor del área de Recursos Humanos.

Para Reyes, la situación en el banco cambió con la compra de Bital por parte de HSBC en noviembre de 2002. “Empezaron a llegar nuevos directivos, una nueva administración. Llegaron con otra mentalidad, pero una mentalidad bastante hostigante en cuanto a cuestión laboral. Que si no hacías esto te corro, si no haces aquello también”.

Reyes se mantuvo con la compañía a pesar de la situación, en parte porque necesitaba tratamiento médico especializado por su enfermedad, cubierto por seguro médico y fuera de su alcance en caso de estar desempleado.

Cuando fue diagnosticado se trataba por fuera, pero los altos costos lo obligaron a acudir al seguro médico de la empresa. Ahí empezó el problema. No mucho después, Reyes apareció en una lista de “gastos médicos catastróficos”.

“Uno de mis compañeros que estaba en Recursos Humanos me dijo ‘oye, me acaba de llegar un listado de todas las gentes que han generado gastos médicos muy altos y tú estás aquí… Aguas porque a toda esta gente la van a ir sacando’”, recuerda. En la lista también había personas con diabetes, padecimientos cardiacos y cáncer, según Reyes.

Después de eso, él acudía al trabajo cada vez más presionado. Los rumores de que iba a ser despedido cobraban fuerza. Y luego pasó algo peor.

Un día, camino al trabajo, el taxi que llevaba a Reyes por Periférico fue embestido en una carambola. “Quedé yo prensado en el carro y con los golpes de todos los carros que venían atrás”, dice. Se fracturó la columna y el doctor le dijo que tal vez no volvería a caminar. Tuvo que ser operado. Su rehabilitación fue dolorosa y complicada.

No ayudó que recibiera llamadas constantes del trabajo: “Una de las coordinadoras del área de servicio médico me hablaba para ver cómo iba y [me preguntaba] por qué tardaba tanto [en recuperarme]… No me fracturé un dedo de la mano, me fracturé la columna [le respondió]… Me hablaban todo el tiempo, que qué pasaba”.

Con la presión añadida de las llamadas, Reyes aceleró la recuperación. A pesar de tener incapacidad por más de medio año, a los dos meses ya estaba de vuelta en la oficina. Y ya caminaba otra vez. Pero con mucho dolor.

En el trabajo, Reyes continuaba como capturista. Un día, una de sus jefas se le acercó con una lista para que la transcribiera. En ella estaban los nombres de la lista anterior, la de los “gastos catastróficos”. Ella le dijo lo siguiente, comenta: “Vamos a hacer un proyecto para toda la gente que tiene enfermedades crónicas; se les va a tener que ir dando de baja paulatinamente pero les vamos a tener que dar otro argumento”. El nombre de Reyes estaba ahí.

“¿Tal cual?”, se le pregunta a Reyes en la entrevista. “Tal cual”, responde. La mujer no se había dado cuenta de lo que había hecho. Reyes imprimió la lista por precaución y todavía la tiene guardada. Se la mostró a sus abogados después.

Algo que Reyes no calculó en su esfuerzo por volver fue que se podía exceder. Tuvo que regresar al doctor y recibió malas noticias. Tenía que operarse una vez más: se había lastimado el tobillo, la tibia y el peroné por el esfuerzo. Esta vez, el tiempo estimado de incapacidad era de una semana. Todos los gastos estaban cubiertos por el seguro, como su incapacidad anterior, pues el choque era considerado un accidente de trabajo.[1]

Sin embargo, ésa fue la gota que derramó el vaso. Un día antes de la cirugía, ya que Reyes había dejado todos sus papeles en orden y sus jefes habían aprobado su ausencia, recibió el recado de ir al jurídico.

Ahí, rodeado por el personal directivo, Reyes recibió la noticia de que ya no era parte de HSBC. “Hazle como quieras”, le dijeron y le arrancaron el gafete. Ni pudo sacar sus pertenencias personales. Hasta la fecha siguen guardadas en el corporativo, seis años después. El motivo que le dieron fue que había estado incapacitado demasiado tiempo y que “no podían confiar en él”, recuerda. “Con eso de que no sabemos qué te vaya a pasar, con eso de que te enfermas, pues yo no sé si pueda contar contigo”, le había dicho su jefe directo.

Así, sin más, Reyes se había quedado sin trabajo, sin seguro y con un futuro negro.

Esteban Illades. Periodista y escritor. Tránsfuga del Derecho. Twitter: @Esteban_is  


[1] Según el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, se considera como accidente de trabajo el sufrido por el trabajador al trasladarse del domicilio al lugar del trabajo. Ver: http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/123/480.htm (fecha de consulta, 24 de mayo de 2013).

Leer completo

En días pasados el Senado de la República designó a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los resultados de la votación evidencian que la decisión fue tomada a partir de un acuerdo entre las fuerzas políticas con mayor peso al interior de la Cámara Alta. Lamentablemente, a pesar del balance que el propio Senado realizó respecto de este proceso, tanto su actuación, -en especial a través de la Comisión de Justicia-, como los términos en los que se realizó la decisión final de los Ministros, son criticables y únicamente exponen a senadores cortos de miras en cuanto a la importancia que revisten estos procesos políticos de designación e irresponsables respecto de la obligación que tienen ellos dentro de los mismos.

La Suprema Corte es el máximo tribunal del país, cabeza del Poder Judicial de la Federación y guardián de la Constitución. Las decisiones de los Ministros deben garantizar los derechos humanos y limitar los actos de autoridad para que se realicen conforme a los preceptos constitucionales. De ahí la importancia de su designación. Sin embargo, para el Senado más que un proceso político trascendental para el Estado mexicano que debería estar acompañado de deliberación pública y análisis minucioso, la designación de los Ministros de la SCJN es un mero trámite que puede desahogarse en siete días, sujeto a la lógica y los tiempos de la transición presidencial.

Designaciones públicas considera que el Senado no tuvo interés en llevar a cabo un proceso público de discusión serio que diera lugar a decisiones políticas fundamentadas y expuestas públicamente. Al contrario, parecería existir la voluntad de hacer un proceso expedito y discrecional en el que no se cumplieron las normas aprobadas por la misma Cámara de Senadores: no se ordenó la distribución de los expedientes de los integrantes de las ternas entre los senadores para su estudio a pesar de estar establecidos en el artículo PRIMERO del Acuerdo de la Mesa Directiva; las sesiones de exposición en el Pleno no fueron transmitidas por televisión en el Canal del Congreso a pesar lo establecido en el artículo SEGUNDO del mismo; durante las comparecencias la Comisión de Justicia sesionó apenas con el quórum necesario de senadores; no hubo uniformidad en tiempo ni en número de preguntas hechas a los candidatos y candidatas; no hubo discusión entre los grupos parlamentarios en el Pleno al momento de votarse, entre otras. Por ello, no es exagerado concluir que el Senado, más que conducir un proceso político de fondo,  tramitó la designación de ministros.

Desde su primer comunicado, Designaciones Públicas  hizo énfasis en la ausencia absoluta de una una fundamentación de las propuestas, así como del más mínimo pronunciamiento respecto a la Corte que a juicio del Senado requiere el país. Sin esta premisa, cualquier proceso, cualquier iniciativa o modificación al procedimiento establecido, es –como ya se evidenció- estéril ya que al no existir una definición respecto del tipo de Corte que se busca, tampoco existía un perfil ideal de Ministro contra el cual contrastar a los candidatos para encontrar al más idóneo. Este punto cobra especial relevancia cuando analizamos el perfil de los candidatos que resultaron electos: Alberto Gelacio Pérez Dayán, rechazado en dos ocasiones anteriores, la última hace apenas una semana (sin explicarse públicamente por qué) y ahora designado casi por unanimidad (104 de 112 votos posibles, sin que tampoco existiese un razonamiento público al respecto). Por otro lado, el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, cuyo perfil de experto y alto funcionario en materia fiscal no necesariamente es compatible con la justicia constitucional, quien también fue electo casi por unanimidad (103 votos) sin explicarse públicamente las razones que sustenten los votos. El procedimiento de selección de estos perfiles, que no tomó en cuenta cuestiones de la mayor relevancia como la interpretación jurisdiccional o de metodología jurídica de los candidatos, confirma que la decisión del Senado se tomó con base en criterios ajenos a las capacidades profesionales que requerirán al integrarse a la Suprema Corte.

La decisión de quién debe ser ministro debe estar sustentada en razones técnicas y políticas, las cuales en lugar de excluirse del debate público, deben someterse al escrutinio ciudadano obligando a los actores políticos a hacerse responsables de sus decisiones. En el presente caso, la opacidad y el silencio del Ejecutivo federal así como de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado no nos permiten saber cuáles fueron las razones que motivaron la integración de las ternas ni la votación que hubo en el Pleno, ello en buena medida porque el proceso no estableció mecanismos indicados para decidir en dichos términos.

Las decisiones de esta índole siempre tienen un componente de racionalidad política, sin embargo, los Senadores tienen la obligación de motivar ésta y exponer públicamente las razones que las sustentan como parte de la rendición de cuentas inherente a la función que desempeñan. Las razones políticas pueden basarse en acuerdos entre partidos pero éstos deben tener un fundamento de interés general.

Procesos de designación deficientes y cortos de miras dañan a las instituciones y pueden generar una crisis de legitimidad como la que actualmente atraviesan otros órganos que componen a nuestro estado democrático constitucional. Los representantes políticos encargados de la designación los funcionarios titulares de estos órganos son responsables de las decisiones que tomen. En esta ocasión, los senadores han pretendido no hacerse responsables de ello, ocultando su razonamiento, sin rendir cuentas  rendir cuentas a la sociedad,  perjudicando con ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Designaciones Públicas lamenta la forma en que fueron designados los dos nuevos ministros; consideramos que el Senado ha asestado un golpe duro a la institucionalidad democrática, a la justicia constitucional y a la sociedad mexicana a la que ha tratado de engañar por medio de un proceso de aparente transparencia y poca rendición de cuentas.

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

Leer completo
Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Mesa de Debate. Comunicación y transparencia del Poder Judicial de la Federación.
Participantes: Carlos Avilés (CJF), Hugo Concha (IIJ-UNAM), Saúl López Noriega (ITAM) y Enrique Rodríguez (SCJN).
Grabada el pasado jueves 27 de octubre de 2011, en el Auditorio Fix-Zamudio del IIJ-UNAM.

Leer completo

No digo nada nuevo si afirmo que el aborto es uno de los temas más controversiales en las sociedades modernas y que la sociedad mexicana no es la excepción. Su discusión divide a familias, parejas, amigos y como era de esperarse hasta a los ministros de la Corte. Este “enfrentamiento” es parte de una sociedad plural en la que convivimos habitantes con distintos planes de vida, formas diversas de concebir el bien, la justicia, el mundo. En pocas palabras, con un profundo y persistente desacuerdo sobre este tipo de cuestiones.

En ese sentido, la herramienta más poderosa con la que contamos es la deliberación, por medio de lo cual los pueblos definimos lo que queremos ser como sociedad, fijamos nuestra identidad y los bienes que queremos alcanzar a través de nuestros representantes. A fin de cuentas, la deliberación es la base que da legitimidad a las decisiones democráticas y es el único medio razonable para la coexistencia pacífica.

La semana pasada, los ministros tuvieron la tarea de definir la constitucionalidad o no del artículo 7º, primer párrafo de la Constitución de Baja California, que establece que el individuo concebido se tendrá como nacido para todos los efectos legales correspondientes. Como se sabe, la incorporación de esta disposición a dicha Constitución fue consecuencia de la sentencia recaída a las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en la que la mayoría de los ministros dejó en manos de las legislaturas la decisión sobre la penalización o no del aborto.

Si hacemos memoria ese proceso (A.I. 146/2007 y acumulada) tuvo como causa la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el D.F. hasta la duodécima semana de gestación. Ante dicha situación, el gobierno federal, a través del Procurador General de la República, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpusieron dos acciones de inconstitucionalidad impugnando su conformidad con la Constitución. Así, después de un proceso inédito en el que se celebraron seis audiencias públicas y se recibieron cientos de escritos, cartas y correos electrónicos, la Corte reconoció la constitucionalidad de la reforma al Código Penal del Distrito Federal. A través de una sentencia minimalista y ambigua respecto a los derechos en juego, consideró que la penalización del aborto en las primeras doce semanas es una opción constitucional de las legislaturas estatales.

Desde un punto de vista dialógico, esta sentencia sirvió para comunicar a las legislaturas estatales que la prohibición del aborto quedaba a su discreción. Así, algunos entidades federativas entendieron la señal y reformaron sus constituciones para proteger al no nacido desde el momento de la concepción. Estas reformas a su vez fueron impugnadas ante la propia Corte y hace algunos días fueron declaradas constitucionales. Aunque como ha señalado Alejandro Madrazo, en esta ocasión no se trataba estrictamente de la penalización del aborto, sino de la protección del “individuo” desde el momento de la concepción. Sin embargo, en mi opinión, en el fondo se debatía el mismo tema.

El resultado de la votación alcanzada la semana pasada fue de una mayoría de 7 votos por la inconstitucionalidad y 4 por su constitucionalidad. Esta votación no obtuvo la mayoría calificada de 8 votos que establece el artículo 105 de la Constitución -requeridos como forma de deferencia hacia el legislador- para declarar la invalidez de una ley. Es decir, faltó un sólo voto para declarar la inconstitucionalidad del precepto. En efecto, si bien los argumentos de esa mayoría de 7 no fueron totalmente coincidentes, todos se pronunciaron por declarar su inconstitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? En mi opinión, el mensaje de la Corte es muy claro: “vuelvan a la arena política en búsqueda de un cambio legislativo o impulsen nuevos ministros que puedan cambiar esa mayoría”. En el contexto actual, ninguno de estas dos cuestiones es baladí, pero exige de nosotros (los ciudadanos) un papel más activo.

De hecho los ciudadanos no tenemos porqué aceptar sin reparos las decisiones judiciales (es decir, ser sujetos pasivos), pues el debate popular sobre la Constitución infunde las memorias y los principios de la tradición constitucional, que no serían desarrollados si la ciudadanía fuera pasiva ante las decisiones judiciales. En este sentido, nuestro papel no está limitado a actos ocasionales de creación constitucional, sino a un control activo y continuo sobre la interpretación y ejecución de la Constitución. De ahí que hoy más que nunca debemos hacer valer nuestro protagonismo como actores constitucionales.

En este aspecto, los movimientos sociales juegan un papel fundamental como configuradores del sentido constitucional, generando nuevos entendimientos que guíen las posturas oficiales y estableciendo canales de comunicación entre la ciudadanía y el poder judicial. Por tanto, si queremos que en un futuro próximo la Constitución de Baja California sea modificada, lo primero que tenemos que hacer es ser políticamente activos. Esto significa seguir debatiendo y tratar de convencer a los que están en contra del derecho a decidir. Eso sí, aceptando que al final del día el desacuerdo puede persistir.

Con esto conecto con mi segunda reflexión. Como se sabe, dos de los Ministros que votaron en contra de la declaración de inconstitucionalidad terminan su período a finales de 2012. Es decir, muy probablemente sus sustitutos serán elegidos por un acuerdo entre el Presidente Calderón y su sucesor. En este sentido, quién siga a Calderón en la silla presidencial será fundamental para el futuro de nuestra doctrina constitucional. Ahora bien, para nuestros efectos lo más importante es tener presente que como cualquier político el titular del Ejecutivo que sea electo en las elecciones de 2012 estará influido por la opinión pública. De esta manera, si queremos repercutir de alguna manera en la próxima designación de ministros y, en consecuencia, en el próximo debate judicial sobre el aborto lo que nos queda es la movilización política.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

Leer completo

Uno de los problemas que enfrentan en general los poderes judiciales del mundo, ante una opinión pública cada vez más mediática, son los llamados juicios paralelos. Esto es, la definición por parte de los medios de comunicación del sentido de un proceso jurisdiccional -inocente o culpable, constitucional o inconstitucional- previo a que éste se resuelva por el tribunal correspondiente.

Este fenómeno puede mermar de manera significativa la legitimidad de las cortes cuando el sentido de la decisión de éstas difiere de aquél establecido por los medios. Pero también puede afectar valores propios de un sistema jurídico democrático como la presunción de inocencia.

En este sentido, el pasado lunes 27 de junio, el programa de radio Zigma Periodista de Ibero 90.9, conducido por Darío Ramírez, organizó una mesa de debate para abordar el tema de los juicios judiciales y los juicios mediáticos. En la cual, desde diversas perspectivas, se discutieron temas como el periodismo judicial, la transparencia de nuestros poderes judiciales, etcétera.

Aquí el podcast del programa: Zigma Periodista. Juicios Judiciales vs. Juicios Mediáticos.

El Juego de la Suprema Corte

Leer completo

¿Es o no constitucional el matrimonio entre parejas del mismo sexo? ¿Lo es despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación? Temas muy polémicos, pero como éstos, existen muchos más que se han “congelado” por falta de conocimiento de periodistas y editores para detonar la información.

Saúl López Noriega, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y Doctor en Filosofía Política y Derecho Constitucional con la nota Magna Cum Laude, por la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Diplomado en Periodismo Jurídico en el ITAM, explicó a Personae, que los medios nacionales carecen de un periodismo judicial, de un periodismo jurídico aceptable.

• El tema es nuevo porque: “el Poder Judicial hasta hace muy poco era irrelevante en la dinámica de la política”.

• ¿Qué tan reciente?: “Empieza a tomar relevancia en 1995, cuando se le agregan facultades al Poder Judicial, a la Suprema Corte. En los últimos años han habido casos muy mediáticos, importantes, que pusieron en evidencia la inminente necesidad de especializar el periodismo jurídico, en concreto, el judicial”.

• ¿Cómo conjugar dos mundos con objetivos similares pero con visión distinta? Un abogado puede considerar un caso jurídico muy “interesantísimo”, en tanto que un periodista puede decir de él: ‘¡Eso no vende! Mi editor me lo va a batear’.

• Explica que el reto del periodismo jurídico es crear un puente entre dos mundos, dos lenguajes, dos intereses. “El periodismo judicial tiene una función, hasta cierto punto, pedagógica, y esa es, explicar a los lectores que esto es importante, incluyendo al presidente de la República, al Congreso de la Unión y, por supuesto, al Poder Judicial”.

Aquí el resto de la entrevista.

El Juego de la Suprema Corte

Leer completo
  • Primera dama de Guatemala se divorcia de Alvaro Colom para ser candidata. La Constitución de este país prohíbe, que familiares del Presidente aspiren al cargo. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y su esposa, Sandra Torres de Colom, ponen fin a su matrimonio de once años y se divorcian de “mutuo acuerdo” para que la primera dama pueda ser candidata a la presidencia del país en las elecciones del próximo septiembre. La decisión, nunca antes vista en la historia política de América Latina, fue confirmada por Edwin Escobar, portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, quien precisó a los periodistas que la demanda de “divorcio de mutuo acuerdo” es conocida por un Juzgado de Familia de la capital guatemalteca desde el pasado 11 de marzo.

  • Un soldado estadounidense es condenado a 24 años de cárcel por matar a afganos por diversión. El soldado estadounidense Jeremy Morlock, acusado de matar a afganos simplemente por diversión, fue condenado a 24 años de cárcel por un tribunal militar de Washington después de declararse culpable y acceder a testificar contra otras personas acusadas en ese mismo caso. Morlock es uno de los cinco soldados de una misma brigada acusados de fingir situaciones de combate para matar a tres civiles en Afganistán el año pasado.

  • Primera condena a Uruguay en la Corte IDH por crímenes de la dictadura. Uruguay fue condenada por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que la responsabilizó de la desaparición de María Claudia García y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta respectivamente del poeta argentino Juan Gelman.

  • Garzón demanda al Tribunal Supremo de España ante Tribunal de Derechos Humanos por el caso de la Memoria Histórica. El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por entender que sus derechos fundamentales se han visto vulnerados durante el proceso que se tramita contra él en el Tribunal Supremo (TS) por haber investigado la Memoria Histórica. Fuentes de la defensa de Garzón han explicado que la demanda no se refiere a ningún magistrado en particular y que en ella el juez suspendido denuncia que en la tramitación de la causa en el Supremo, en la que está imputado por prevaricación, se han vulnerado determinados preceptos de la Convención Europea de Derechos Humanos.

  • Berlusconi comparece por primera vez en ocho años ante un tribunal. El primer ministro, Silvio Berlusconi, se presentó ante el Tribunal de Milán como imputado en el proceso ‘Mediatrade’, su primera comparecencia ante un tribunal en casi ocho años, ya que la última vez que se presentó fue en el año 2003. El mandatario está acusado en este proceso por fraude fiscal en la compra de los derechos televisivos de varias películas norteamericanas que se retransmitieron a través de los canales que forman su empresa televisiva “Mediatrade”.

  • La Suprema Corte de Estados Unidos examina colosal demanda colectiva contra Wal-Mart. La Suprema Corte de Estados Unidos examinó en la sesión de argumentos orales la validez de la mayor demanda colectiva de la historia, en la que 1,5 millones de empleadas y ex empleadas acusan al distribuidor estadounidense Wal-Mart de discriminación ante sus colegas hombres. Si la mayor instancia judicial estadounidense da el visto bueno a esta colosal demanda, establecerá un precedente inédito en la lucha contra la discriminación sexual laboral. Si, al contrario, falla a favor del principal empleador privado del país, podría estar condenando cualquier otro intento de demanda colectiva por discriminación.

  • Cárcel a ex juez colombiano que pidió favores sexuales. Un ex juez del municipio del Espinal (Tolima) que le exigió tener relaciones sexuales a una mujer a cambio de ayudarla con un proceso que manejaba en su despacho, perdió su cargo y ahora deberá pagar una condena de 90 meses de prisión. La providencia de la sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, con ponencia de la magistrada María Mercedes Mejía Botero, dictó la condena contra el ex Juez Segundo Promiscuo de Familia, Luis Alberto Villamarín Acevedo, como autor del delito de concusión.

  • Senado dominicano aprueba Tribunal Constitucional sin límite de edad. El Senado acogió a unanimidad las observaciones que hizo el Poder ejecutivo, a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y de los Procedimientos Constitucionales que rechaza el establecimiento de 75 años como la edad para el retiro de los magistrados del nuevo organismo. Las observaciones fueron aprobadas en única lectura por los 22 senadores presentes en el hemiciclo. También la Cámara Alta eliminó el párrafo del artículo 13 que establece en 75 años la edad de retiro para los jueces, con el argumento de que la Constitución no establece una edad de retiro para los magistrados del TC.

  • La justicia internacional no juzgará el caso de limpieza étnica en Georgia. La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para tramitar la demanda que Georgia presentó contra Rusia, en agosto del 2008, acusándola de haber llevado a cabo una limpieza étnica en los territorios separatistas georgianos de Osetia del Sur y Abjasia desde los años 90. La CIJ tomó esta decisión por 10 votos a favor y seis en contra. El motivo fue que las partes no mantuvieron las negociaciones oportunas que establece el artículo 22 de la Convención contra Discriminación Racial, de 1965, en la que Georgia basa su demanda. Sin embargo, los jueces reconocen que existe una disputa entre ambos países que, efectivamente, se trata de una discriminación racial.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

Leer completo