• Primera dama de Guatemala se divorcia de Alvaro Colom para ser candidata. La Constitución de este país prohíbe, que familiares del Presidente aspiren al cargo. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y su esposa, Sandra Torres de Colom, ponen fin a su matrimonio de once años y se divorcian de “mutuo acuerdo” para que la primera dama pueda ser candidata a la presidencia del país en las elecciones del próximo septiembre. La decisión, nunca antes vista en la historia política de América Latina, fue confirmada por Edwin Escobar, portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, quien precisó a los periodistas que la demanda de “divorcio de mutuo acuerdo” es conocida por un Juzgado de Familia de la capital guatemalteca desde el pasado 11 de marzo.

  • Un soldado estadounidense es condenado a 24 años de cárcel por matar a afganos por diversión. El soldado estadounidense Jeremy Morlock, acusado de matar a afganos simplemente por diversión, fue condenado a 24 años de cárcel por un tribunal militar de Washington después de declararse culpable y acceder a testificar contra otras personas acusadas en ese mismo caso. Morlock es uno de los cinco soldados de una misma brigada acusados de fingir situaciones de combate para matar a tres civiles en Afganistán el año pasado.

  • Primera condena a Uruguay en la Corte IDH por crímenes de la dictadura. Uruguay fue condenada por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que la responsabilizó de la desaparición de María Claudia García y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta respectivamente del poeta argentino Juan Gelman.

  • Garzón demanda al Tribunal Supremo de España ante Tribunal de Derechos Humanos por el caso de la Memoria Histórica. El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por entender que sus derechos fundamentales se han visto vulnerados durante el proceso que se tramita contra él en el Tribunal Supremo (TS) por haber investigado la Memoria Histórica. Fuentes de la defensa de Garzón han explicado que la demanda no se refiere a ningún magistrado en particular y que en ella el juez suspendido denuncia que en la tramitación de la causa en el Supremo, en la que está imputado por prevaricación, se han vulnerado determinados preceptos de la Convención Europea de Derechos Humanos.

  • Berlusconi comparece por primera vez en ocho años ante un tribunal. El primer ministro, Silvio Berlusconi, se presentó ante el Tribunal de Milán como imputado en el proceso ‘Mediatrade’, su primera comparecencia ante un tribunal en casi ocho años, ya que la última vez que se presentó fue en el año 2003. El mandatario está acusado en este proceso por fraude fiscal en la compra de los derechos televisivos de varias películas norteamericanas que se retransmitieron a través de los canales que forman su empresa televisiva “Mediatrade”.

  • La Suprema Corte de Estados Unidos examina colosal demanda colectiva contra Wal-Mart. La Suprema Corte de Estados Unidos examinó en la sesión de argumentos orales la validez de la mayor demanda colectiva de la historia, en la que 1,5 millones de empleadas y ex empleadas acusan al distribuidor estadounidense Wal-Mart de discriminación ante sus colegas hombres. Si la mayor instancia judicial estadounidense da el visto bueno a esta colosal demanda, establecerá un precedente inédito en la lucha contra la discriminación sexual laboral. Si, al contrario, falla a favor del principal empleador privado del país, podría estar condenando cualquier otro intento de demanda colectiva por discriminación.

  • Cárcel a ex juez colombiano que pidió favores sexuales. Un ex juez del municipio del Espinal (Tolima) que le exigió tener relaciones sexuales a una mujer a cambio de ayudarla con un proceso que manejaba en su despacho, perdió su cargo y ahora deberá pagar una condena de 90 meses de prisión. La providencia de la sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, con ponencia de la magistrada María Mercedes Mejía Botero, dictó la condena contra el ex Juez Segundo Promiscuo de Familia, Luis Alberto Villamarín Acevedo, como autor del delito de concusión.

  • Senado dominicano aprueba Tribunal Constitucional sin límite de edad. El Senado acogió a unanimidad las observaciones que hizo el Poder ejecutivo, a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y de los Procedimientos Constitucionales que rechaza el establecimiento de 75 años como la edad para el retiro de los magistrados del nuevo organismo. Las observaciones fueron aprobadas en única lectura por los 22 senadores presentes en el hemiciclo. También la Cámara Alta eliminó el párrafo del artículo 13 que establece en 75 años la edad de retiro para los jueces, con el argumento de que la Constitución no establece una edad de retiro para los magistrados del TC.

  • La justicia internacional no juzgará el caso de limpieza étnica en Georgia. La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para tramitar la demanda que Georgia presentó contra Rusia, en agosto del 2008, acusándola de haber llevado a cabo una limpieza étnica en los territorios separatistas georgianos de Osetia del Sur y Abjasia desde los años 90. La CIJ tomó esta decisión por 10 votos a favor y seis en contra. El motivo fue que las partes no mantuvieron las negociaciones oportunas que establece el artículo 22 de la Convención contra Discriminación Racial, de 1965, en la que Georgia basa su demanda. Sin embargo, los jueces reconocen que existe una disputa entre ambos países que, efectivamente, se trata de una discriminación racial.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

Leer completo
  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al Estado español por no investigar una denuncia de torturas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por no investigar la denuncia de torturas de Aritz Beristain durante el tiempo en que permaneció incomunicado en manos de la Guardia Civil, tras su detención en setiembre de 2002 acusado de “kale borroka”. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que el Estado español violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, desde el punto de vista procedimental, por “la ausencia de una investigación profunda y efectiva” de las torturas denunciadas por Aritz Beristain.
  • CIJ prohíbe a Costa Rica y Nicaragua enviar tropas a territorio en disputa. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó a Nicaragua y Costa Rica que se abstengan de enviar y estacionar fuerzas de seguridad y civiles en un territorio ubicado en el fronterizo Río San Juan de Nicaragua Los magistrados por unanimidad declararon que ambas partes deben abstenerse de enviar o mantener en el territorio en disputa incluyendo el caño, personal ya sea policial, civil o de seguridad.
  • La Corte Constitucional colombiana aprobó el decreto madre de Emergencia Social. La Corte Constitucional aprobó el decreto madre de la Emergencia Social y Económica, declarada por el Gobierno a raíz de la temporada invernal que afectó al país. Con ponencia del magistrado Mauricio González que fue acogida integralmente por los magistrados de la Corte se aprobó el decreto madre de la emergencia invernal.
  • En Uruguay indagan video con amenazas a jueces y fiscales. El Gobierno uruguayo investiga un video en el que tres hombres con uniformes militares amenazan a jueces y fiscales por los procesamientos de oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En la cinta, el trío anunció además que liberará, sin especificar de qué forma, a presos por causas vinculadas al régimen dictatorial (1973-1985), de acuerdo con versiones de prensa.
  • El Consejo Constitucional de Francia ante el caso incómodo de Jacques Chirac. Ante la eventualidad de que el Caso Chirac llegue al Consejo Constitucional, se generaría, al menos, incomodidad entre los “Sabios”. Ocho de sus once integrantes tienen vinculación directa o indirecta con el antiguo Presidente de la República. Por tanto, tendrían que excusarse y solo quedarían tres miembros para atender el caso. Toda vez que las resoluciones del Consejo ameritan de al menos siete Consejeros, la situación se complica.

  • El Gobierno italiano aprueba la controvertida reforma de la Justicia. El Gobierno italiano aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario la controvertida reforma de la Justicia, uno de los objetivos del Ejecutivo de Silvio Berlusconi y que llega tras el escándalo por el enjuiciamiento del mandatario por prostitución de menores y abuso de poder en el caso Ruby. El texto, que irá acompañado de diez leyes de actuación, fue ratificado de manera unánime y comenzará ahora su tramitación en el Parlamento como diseño de ley constitucional.
  • Nació en Argentina un bebé con dos mamás. Martín, hijo de Marisa y Pilar, es el primer hijo de una pareja de lesbianas y también el primero en nacer en Argentina tras un fallo judicial que autorizó el embarazo por el método de ovodonación para una pareja homosexual. Esto plantea un nuevo desafío en torno al reconocimiento de las familias de la diversidad sexual.

  • El Supremo español se reserva la última palabra en justicia universal. El Tribunal Supremo entiende que debe ser él, “como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes”, quien tenga la última palabra respecto a la jurisdicción de los tribunales españoles para aplicar la justicia universal. Por eso, ha ordenado a la Audiencia Nacional que trámite el recurso de casación presentado contra el archivo de la causa que investigaba crímenes de lesa humanidad contra el pueblo tibetano en los meses previos a los juegos olímpicos de Pekín.

  • Abuelos condenados en Argentina a pagar la cuota alimentaria de sus nietos. Así lo determinó la Suprema Corte de la Nación y ahora los abuelos paternos deberán afrontar la obligación en caso que el padre de los menores no lo haga. El máximo tribunal así convalidó los derechos de los niños. Los abuelos paternos de dos menores fueron condenados a afrontar en forma subsidiaria la cuota alimentaria que pesa sobre el padre de los niños. A partir de ahora, si el progenitor incumpliera en forma total o parcial, los abuelos deberán hacerse cargo.

  • Air France, imputada junto a Airbus por ‘homicidio involuntario’. La aerolínea Air France también ha sido imputada por “homicidio involuntario” por el accidente aéreo que causó la muerte de 228 personas en junio de 2009 en la ruta Río de Janeiro-París. El abogado de la aerolínea, Fernando Garnault, ha confirmado la noticia y como hiciera Airbus la ha calificado de “prematura”. El presidente de Airbus, Tom Enders, lamentó ayer la decisión por la “ausencia de hechos” que justifiquen la implicación del fabricante del aparato, un avión del modelo A330.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

Leer completo
  • Juez estadounidense congela patrimonio de ex presidente Carlos Andrés Pérez. Un juez de Miami ordenó congelar el patrimonio del ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, tras negarle la petición a una de las hijas que aspiraba a convertirse en representante legal de los bienes, afirman medios locales. El magistrado Arthur Rothenberg, quien dirime la disputa judicial sobre los restos insepultos del ex gobernante, desestimó la moción de Carolina Pérez, hija de Carlos Andrés y Blanca Rodríguez, y a su vez nombró un interventor para que efectúe un inventario de las propiedades del fallecido. Ahora el proceso judicial que se inició en enero para determinar el destino del finado incluye también la repartición de los bienes, que en adelante estarán congelados en Venezuela y Estados Unidos.
  • Doctor en Derecho asesina a espectador por comer palomitas mientras veían “Cisne Negro”, en Letonia. Fue en el el Forum cinema de Riga, uno de los cines con más capacidad de la capital de Letonia, donde un hombre de 43 años fue asesinado por su compañero de butaca durante la proyección de la cinta dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Natalie Portman. Cuando el film llegaba a su fin, durante los títulos de crédito el agresor, de 27 años, sacó una pistola  y le disparó a la víctima. Al parecer, el agresor y la víctima habían mantenido una fuerte discusión durante la proyección ya que al joven jurista le molestaba el ruido que la víctima hacía mientras comía palomitas.
  • El presidente de la Corte Suprema de Argentina dijo que “los jueces no se pueden sentir presionados”. Cargó así contra los sindicalistas que reclaman la liberación de Pedraza y amenazan con parar los trenes hasta que no sea liberado. “Los jueces no se pueden sentir presionados”. Con esa frase, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, salió al cruce de los sindicalistas que amenazan con parar los trenes hasta tanto no se libere al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, en el marco de la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra.
  • La Suprema Corte de Estados Unidos declara a fabricantes de vacunas protegidos de demanda. Las personas afectadas por vacunas que según ellas fueron diseñadas de manera defectuosa, sólo pueden valerse de un sistema de compensaciones creado por una ley de 1986 y no pueden demandar a los fabricantes, resolvió la Suprema Corte. La votación fue de 6 a 2. La ministra Elena Kagan se declaró no calificada para votar debido a su trabajo en el caso como fiscal general federal. El ministro Antonin Scalia, representando a la mayoría, dijo que el Congreso se había propuesta establecer un pacto social con la ley de 1986.  “Los fabricantes de vacunas costean con sus ventas un programa no oficial y eficiente de compensaciones para los daños causados por vacunas”, escribió. “A cambio, evitan los costosos litigios por responsabilidades civiles y el veredicto ocasionalmente desproporcionado del jurado”. En un vigoroso disentimiento, la ministra Sonia Sotomayor acusó a la mayoría de la corte de imponer “su propia preferencia política sobre el ponderado juicio del Congreso”, despojando a “los niños dañados por vacunas de un remedio clave que el Congreso se propuso que tuvieran”.
  • Juez británico resuelve que Assange puede ser extraditado a Suecia. Abogados apelarán. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, puede ser extraditado a Suecia para responder a cargos de delitos sexuales, resolvió un juez británico. El abogado de Assange dijo que apelaría al tribunal superior. El juez Howard Riddle dijo que las denuncias de violación y de agresión sexual formuladas por dos mujeres son ofensas extraditables, y que la orden judicial sueca fue expedida correctamente. “No existe razón alguna para creer que hubo un error” en la orden, dijo Riddle. Los abogados defensores del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, anunciaron hoy que apelarán la decisión del tribunal británico de extraditarlo a Suecia para responder a supuestos cargos de delitos sexuales.
  • Eliminan en China la pena de muerte para 13 delitos económicos. El órgano legislativo chino eliminó 13 delitos económicos de la lista de 68 crímenes por los que se puede aplicar la pena de muerte en la República Popular, entre ellos el fraude y el tráfico ilegal de productos y animales. La enmienda es la primera de este tipo desde que la Ley Penal china entró en vigor en 1979 y tiene por objetivo mantener la reducción de la pena capital para mejorar la imagen de China, ya que el país asiático es el que más recurre a ella, con entre 3.000 y 5.000 ejecuciones al año, según las diversas fuentes.
  • Prohíben a Mubarak y su familia salir de Egipto. El fiscal general egipcio, Abdel Maguid Mahmud, anunció que el expresidente egipcio Hosni Mubarak y su familia tienen prohibido salir del país. Mahmud hizo este anuncio en declaraciones a los periodistas, pero no ofreció más detalles. Según la televisión estatal egipcia, la Fiscalía General también ha ordenado la congelación de los fondos de Mubarak y de su familia.
  • Futbolista pidió perdón por patear a una lechuza, pero le abrieron proceso. La Policía Ambiental de Barranquilla abrió proceso de responsabilidad contra el defensa. “Se le hace una llamada de atención al jugador Luis Moreno por los hechos presentados en el Metropolitano porque incurrió en una falta que tiene que ver con la protección animal, al propinar un golpe a una lechuza”, señaló el teniente Holman Sánchez, de la Policía Ambiental, a medios de prensa locales. La lechuza murió por el estrés derivado del golpe.
  • Berlusconi, declarado en rebeldía por eludir el juicio por fraude fiscal. Se reanudó en Milán el proceso Mediaset, en el que el presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, está acusado de un delito de fraude fiscal. Al no haberse presentado ante el tribunal, fue declarado en rebeldía, ya que tampoco quiso acogerse a la ley que le permite justificar su ausencia a causa de su cargo.
  • Un juez de Miami ordena sepultar al expresidente Pérez de manera temporal.  Un juez estadounidense ordenó sepultar el cadáver del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, que permanece en una funeraria de Miami, hasta que se resuelva el litigio sobre el lugar donde será sepultado. El magistrado Arthur Rothenberg dio a conocer su decisión por escrito, pero no entrará en vigor de inmediato para que la viuda del político, Blanca Rodríguez de Pérez, recurra la orden ante un tribunal de Apelaciones y esta instancia decida si el juez tiene autoridad para pronunciarse en ese aspecto. Rothenberg dijo en su fallo que Pérez debe ser tratado con “honor y respeto” y la solución es enterrarle de una manera “digna y decente”.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

Leer completo

Probablemente, si a quienes leen estas líneas, se les hace la pregunta de quién es Florence Cassez, la mayoría podrá responder a la misma debido a que desde hace tiempo, el peculiar nombre de esta mujer de origen francés circula diariamente en los medios informativos.

No es casualidad, por tanto, que en los últimos días, la comentocracia mexicana haya decidido escribir o pronunciarse al respecto:[1] el tema de Florence Cassez ha cimbrado fuertemente cada uno de los ámbitos del entorno de nuestro país.

Ahora bien, a quince días de que el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo directo 423/2010, se lanzan los siguientes cuestionamientos: ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede aportar? ¿Acaso ya está todo está dicho? ¿No debería ser un elemento clave en la discusión pública la información y argumentos vertidos en esta sentencia?

En efecto, más allá de todo lo que se ha dicho, más allá de los elementos que se han presentado para creer que sea inocente o culpable, más allá de todo lo que se quiera creer y lo que no, vale la pena involucrarse de lleno en el expediente en cuestión[2]. Esto debido a que si bien leer un expediente de 1529 páginas significa casi un acto de fe, el analizar los argumentos de los magistrados involucrados para conocer el por qué se le negó el amparo, nos permite aportar elementos para elevar el nivel de discusión de la opinión pública y coadyuvar a que a las opiniones tengan como sustrato de la información judicial dura: la sentencia.

Por ello, el propósito del presente escrito consiste en ofrecer de manera sucinta y sencilla, los puntos más sobresalientes de la sentencia en cuestión, con especial atención en los argumentos en que se basó la negación de protección de la justicia a Cassez.[3]

Florence Cassez según ella misma

Marie Florence Cassez Crepin, ciudadana francesa, hija de Charlotte y Bernard Cassez, independiente de ellos desde los 16, viviendo hasta los 28 en su país natal (p. 325), llegó a México desde marzo de 2003 invitada por su hermano. Quien desde hace 17 años vive en el país, casado con una persona de nacionalidad mexicana. El primer trabajo de Cassez en México fue en una empresa dedicada a la elaboración de productos de depilación, en julio de 2004 crea su empresa dedicada a la distribución de aparatos de cosmetología (p. 326). Florence conoce a Israel Vallarta Cisneros en agosto de 2004 y para octubre inician una relación de noviazgo. Según él se dedicaba al negocio de compra de flotillas de autos chocados (p. 327); sin embargo, se intuye que también era parte de una banda de secuestradores.

Fechas relevantes del caso de Florence Cassez

  • 4 de octubre de 2005 secuestro de Ezequiel Elizalde Flores; 15 días después, secuestro de Cristina Ríos Valladares y de su hijo Christian Ramírez Ríos.
  • 8 de diciembre de 2005 arresto de Florence Cassez e Israel Vallarta.
  • 9 de diciembre de 2005 transmisión de la detención en vivo por televisión nacional.
  • 25 de abril de 2008 se condena a Florence Cassez a 96 años de prisión por medio de la sentencia emitida por la Juez 5º de Distrito de Procesos Penales Federales.
  • 3 de marzo de 2009 en apelación se reduce la condena de Florence Cassez a 60 años por medio de sentencia del 1º Tribunal Unitario en Materia Penal.
  • 7 de septiembre de 2010 se admite demanda de amparo del 7º Tribunal Colegiado en Materia Penal.
  • 10 de febrero de 2011 negación del amparo en cuestión.
  • 20 de febrero de 2011 se hace pública la sentencia de amparo.

Conceptos de violación que argumenta Florence Cassez

17 diferentes conceptos de violación –es decir, argumentos en contra de las sentencias condenatorias- se desarrollan en la demanda de amparo, estos se exponen en más de cien páginas del expediente (pp. 910 a 1026), destacando los siguientes argumentos:

1º.  Ignorar pruebas que acreditan un actuar ilícito de la parte acusadora:

a.    Cuestionando el hecho de no otorgar valor probatorio a los videos relacionados con la detención de los inculpados y la liberación de los ofendidos aduciendo que la escena de la casa de seguridad fue alterada (p. 1026).

2º.  Violaciones respecto al debido proceso:

a.    Inducción de victimas y parcialidad de las pruebas (p. 1049).

b.    Negación del derecho a una asistencia consular inmediata (p. 1081).

c.    Se aduce tortura (p. 1069) y no ser puesta a disposición del Ministerio Público sin demora (p. 1074).

d.    No existir certeza jurídica sobre la fecha y hora de su detención (p. 1061).

3º.  Elementos no aptos para acreditar su responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (p. 1102).

4º.  Elementos no aptos para acreditar su responsabilidad en la comisión de delitos de portación y posesión de arma exclusiva del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (p. 1104).

¿Por qué la Justicia no ampara ni protege a Florence Cassez?

El 7º Tribunal Colegiado consideró probados los tres cargos de secuestro, así como los ilícitos de delincuencia organizada y portación y posesión de arma de fuego de uso reservado al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, negándole el amparo de la Justicia de la Unión y teniendo que cumplir una condena de 60 años de prisión. Los principales argumentos de esta decisión son:

1º.   No valorización de los videos relacionados con la detención de los inculpados.

a.    De manera puntual (a partir de la página 1136) se enlistan todos aquellos elementos que fueron tomados en consideración.[4] El acto reclamado se debe de apreciar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, de ahí entonces que los videos no fueron tomados en consideración ni en perjuicio ni en beneficio de la quejosa

2º.  Respecto al debido proceso

a.    Una vez que los ofendidos estuvieron en libertad y expuestos a la influencia de las noticias en los medios, no es imputable ni al Ministerio Público ni a los juzgadores, que fueran sometidos a inducción por parte de la autoridad investigadora ni que de lo que se hallan enterado los impulsó a falsear declaraciones (p. 1417).

b.    El Ministerio Público trató de comunicarse a la embajada, lo cual no fue posible, al no obtener respuesta de la citada representación diplomática (p. 1466).

c.    Al momento de la detención de los inculpados, Israel Vallarta menciona que: si no regresaban pronto a su domicilio, corría peligro la vida de los secuestrados, ya que por causas de fuerza mayor (preservar la vida y la integridad de los secuestrados), la inculpada no fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público al ser detenida (p. 1427).

d.    La inculpada en su declaración ministerial, negó su participación en los hechos, circunstancia que revela que no fue presionada ni inducida para inculparse y declaró con entera libertad, sin que haya referido nada relativo a que hubiera sido detenida desde el día anterior a su declaración (p. 1436).

3º.  Se acredita la responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada por que se demostró plenamente, que un mismo grupo delictivo de más de tres personas se regía por reglas estrictas de orden y disciplina, del cual ella era parte (p. 1312).

4º.  Se acredita la responsabilidad del delito de portación y posesión de arma exclusiva del Ejército, Armada o Fuerza Aérea por el hallazgo de un fusil de asalto semiautomático en la camioneta en la que se trasladaba junto con Israel Vallarta, al momento de ser detenidos (pp. 1274, 1289 y 1292).

Curiosidades o cosas que nunca pensaste leer en el presente expediente

  • A pesar de que se trató de proteger los datos personales de víctimas, procesados y terceros involucrados en el expediente aparecen: 80 veces el apellido Elizalde Flores, 28 el apellido Ríos, 22 el apellido Cassez y 4 el apellido Vallarta; más de 7 números telefónicos (pp. 51, 52 y 427); nombres completos de: policías investigadores (pp. 20, 41, 52, 424 y 426) y comunicadores (pp. 313, 314, 686, 919 y 1156).
  • Diversos instrumentos internacionales se aducen por parte de la defensa de Cassez en la demanda de amparo.[5]
  • En el amparo, la defensa de Cassez inicia su exposición con citas peculiares: un párrafo de la obra “La sociedad del espectáculo” de Guy Debord (p. 910), una cita bíblica del Deuteronomio (p. 916) y unas líneas de la célebre obra de Luigi Ferrajoli “Derecho y Razón” (p. 991), entre otras.
  • Tanto Ezequiel Elizalde como Florence Cassez eran miembros de “Sam´s Club” (pp. 442 y 579).
  • Durante el secuestro, Cristina Ríos menciona que siempre se escuchaba música a volumen alto y regularmente se sintonizaba la estación 99.3 o Radio Joya (p. 386).
  • Uno de los programas favoritos de Christian Ramírez es “El Chavo” (p. 489).
  • Existe un dictamen en materia de anatomía y patología en el que se concluyó que el color natural del pelo de Cassez es el pelirrojo (p. 792).
  • Relatan los secuestrados que durante el cautiverio llegaron a comer pizza y pollo “kentohy o kentoki” (sic) (pp. 526 y 1191).

Conclusiones

Probablemente muchos, por cultura general, podrán responder a la pregunta de quién es Florence Cassez. Sin embargo, no muchos lograremos responder con fundamentos ciertos, sino que contestaremos la pregunta basándonos en sentimentalismos, conspiraciones, opiniones e información poco seria. Inclusive  habiendo leído la sentencia para conocer el por qué se le negó la protección de la justicia federal a Cassez puede ser que no quede del todo claro, debido a la multiplicidad de inconsistencias, incongruencias y dudas tanto en los procedimientos como en su trasfondo político y diplomático.

¿Pronósticos? ¿Nos veremos en la Comisión Interamericana o, posteriormente, en la Corte Interamericana? ¿Es necesario que concluya el gobierno del presidente Calderón para espear una solución diplomática amistosa? No lo sé y la verdad no me atrevo a realizar un pronóstico en tan conocido y pintoresco caso. ¿Qué hacer por el momento? Sugiero la conocida frase francesa “soyons heureuses en attendant le bonheur”. Sin embargo, propongo cambiar diametralmente su sentido: esperemos (in)felices mientras llega la (in)felicidad. Lamentable el caso y sobretodos las consecuencias del mismo.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre


[1] Desde Denise Maerker, Guillermo Osorno, Luis Rubio, Miguel Ángel Granados Chapa, Rafael Pérez Gay, José Carreño, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser, Catón, pasando por Juan Villoro, Sergio Sarmiento, Jorge Castañeda, Juan Manuel Villalobos, Ezra Shabot, Guillermo Sheridan, Héctor Aguilar Camín, José Antonio Crespo, Jorge Zepeda Patterson, Jean Meyer, Carmen Aristegui, Guadalupe Loaeza y hasta Carlos Fuentes (más todos los que omito y/o llego a olvidar). Además, sumemos obviamente los pronunciamientos de muchos Secretarios de Estado, Senadores, Diputados, Diplomáticos, el rector de la UNAM y diversos actores sociales como Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace y Eduardo Gallo.

[2] El cual fue publicado hace 5 días, en un acto de trasparencia realizado por el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el Ministro Juan Silva Mesa (ahí el link: http://bit.ly/funVjS).

[3] Entre paréntesis se señala el número de página de la sentencia analizada.

[4] Declaraciones, ampliaciones, partes, informativas, dictámenes periciales, informes de policía, diligencias, etcétera.

[5] Tales como: Convención Americana de Derechos Humanos (950, 993, 1000, 1003 1435), Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (981, 986, 1081), Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (991 y 992), Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles (966 y 1069), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (953, 1061, 1434); además pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (989) y Jurisprudencia como Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (981, 986, 1004, 1025, 1086).

Leer completo
  • Juez de Florida dice que reforma de salud es inconstitucional. La batalla sobre la reforma federal al cuidado de la salud continuó su inevitable marcha hacia la Suprema Corte, cuando un juez de distrito federal en Pensacola resolvió que la ley es inconstitucional. “Nunca antes el Congreso había requerido que todos compren un producto de una compañía privada”, escribió el juez Roger Vinson en su fallo de 78 páginas sobre la demanda encabezada por la Florida y que incluye a 26 estados contra el gobierno federal. Su fallo provocó una celebración entre los republicanos en todo el país.

  • Berlusconi cree que los jueces se han convertido en un poder “indecente”. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha considerado que la magistratura se ha convertido “en un poder indecente” y ha sostenido que las acusaciones interpuestas contra él por la Fiscalía de Milán por prostitución de menores son “infundadas y ridículas”. Según Berlusconi, las acusaciones son “invenciones” y ha asegurado que la Fiscalía “no es competente” para investigarle, lo que supone “una violación del sistema legal muy grave”. La Fiscalía ha descubierto que Anna Palumbo, la madre de Noemí Letizia, se benefició de varias transferencias de miles de euros realizadas desde la cuenta secreta que Berlusconi mantenía en el banco Monte dei Paschi di Siena.
  • Aprueban uso de Twitter en la Suprema Corte del Reino Unido. La Suprema Corte dio luz verde a las comunicaciones por Twitter en el interior de sus instalaciones. El tribunal máximo dijo el jueves que periodistas, abogados y miembros del público podrán usar “comunicaciones basadas en texto en vivo” como Twitter para informar al mundo exterior lo que ocurre durante las audiencias judiciales.

  • La Corte Suprema de Nicaragua propone sancionar a los medios que satiricen a las mujeres. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua presentó al Parlamento una iniciativa de ley contra la violencia hacia la mujer que, entre otras cosas, sanciona con multas a los medios de comunicación que satiricen a las mujeres. La iniciativa establece el delito de “violencia mediática” y “feminicidio”, entre otros nuevos conceptos que no están contemplados en el Código Penal.

  • Rebelión judicial por los ataques de Sarkozy a los jueces. Una violación seguida de un asesinato. De un lado, una joven víctima de 18 años, Laetitia Perrais. Del otro, como sospechoso del crimen, un multirreincidente, Tony Meilhon, de 31 años, en libertad provisional y supuestamente bajo control judicial en el momento de los hechos. No hacía falta nada más para que Nicolas Sarkozy atacara con furia –por enésima vez– a los jueces. Y así lo hizo. Esta vez, sin embargo, las críticas lanzadas por el presidente de la República contra el cuerpo judicial ha levantado una auténtica rebelión. Decenas de tribunales en todo el país –Nantes, Rennes, Brest, Bayona, Besançon, Burdeos, Lyon, Grenoble, Saint- Etiènne, El Havre, Metz– decidieron suspender todas las vistas que no tuvieran carácter urgente.

  • Por primera vez en Argentina, encausan a ex juez por robo de niños en la dictadura. “Es la primera vez desde el retorno a la democracia (1983) que se procesa (encausa) a un (ex) juez por una causa de apropiación ilegal de menores en la dictadura”, dijo Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Alrededor de 30,000 opositores fueron desaparecidos durante la dictadura, de acuerdo a organismos defensores de los derechos humanos.

  • Ley de caducidad declarada inconstitucional por tercera vez en Uruguay. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró nuevamente, por el mecanismo de resolución anticipada, la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley Nº 15.848, “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, para un nuevo caso en el que se investigan crímenes de la dictadura.

  • Juez francés se suicida por carga de trabajo. Confesó en una carta póstuma que se quitó la vida porque no podía hacer frente a su carga de trabajo. Dejó sin resolver 150 expedientes, 90 de ellos penales. Dijo que nadie le felicitaba cuando hacía bien su trabajo y que sus colegas solo lo apoyaban superficialmente.

  • Muere un Juez guatemalteco tras ser tiroteado. El juez, identificado como Eddy Cáceres Rodríguez, fue atacado en las cercanías de su residencia. Este es el tercer asesinato de jueces desde el 2009, a lo que se suman 20 amenazas contra operadores de justicia.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

Leer completo

La Suprema Corte de Justicia, desde hace algunos meses, decidió abrir una cuenta de twitter para difundir información institucional. Su uso, hasta el momento, se ha limitado básicamente a concentrar información generada por las diversas áreas de la Corte y a difundirla en dicha red social. ¿Es adecuado, sin embargo, este uso que la Corte le está dando a esta red social? ¿Debería satisfacer por esta vía necesidades de información concretas, lo que implicaría mantener un diálogo con los usuarios? ¿Acaso no debería divulgarse esta información a partir de una política de comunicación social mucho más sofisticada, que considerase entre otros aspectos la coyuntura jurisdiccional del momento?

Las respuestas a éstas y otras preguntas no son sencillas: hoy en día, tanto los medios de comunicación, como las fuentes de información primarias –entre ellos, los poderes públicos-, se encuentran en un proceso de reflexión sobre cómo aprovechar twitter. ¿De qué manera exprimir su potencial, sorteando sus riesgos?

En este contexto, a continuación se presentan una serie de propuestas, sugerencias y recomendaciones respecto como debería aprovechar la Suprema Corte su cuenta de twitter, con el objetivo de mejorar la transparencia, manejar de manera responsable la información y construir una relación más cercana con la ciudadanía. No pocas de las propuestas y sugerencias implican un replanteamiento no sólo del uso de la cuenta de twitter de la Corte, sino inclusive de sus políticas de comunicación social –las cuales, vale mencionar, no se han destacado en los últimos años por su inteligencia ni destreza.

  1. Una buena idea sería que se publicaran las listas de los asuntos que se verán en las sesiones desde el día en que se “listen”, tanto del pleno como de las salas.
  2. Respecto los casos importantes –sea por su impacto mediático o por los temas constitucionales que abordan- se podría recordar a los usuarios de su fecha de inicio de discusión con días de antelación. Es decir, la cuenta de twitter de la Corte debería funcionar como una rigurosa agenda de los asuntos que ésta conoce.
  3. Algo de enorme importancia, relacionado con los puntos anteriores, es que vía twitter se debería dar mayor información sobre un asunto que simplemente el número de expediente, pues ese dato no siempre permite conocer en concreto a que caso se refiere. Por ejemplo, en su momento, buena parte de la opinión pública ubicaba el caso “Matrimonio y adopción gay”, pero muy pocos lo hubiesen podido localizar a partir de los datos de su expediente: Acción de Inconstitucionalidad 2/2010.
  4. Difundir como regla general cada uno de los proyectos de resolución, junto con un buen resumen de éste, días previos a que se inicie su correspondiente discusión. Y no como se hace ahora: que los proyectos se difunden por excepción y sin criterios claros. En su caso, por lo menos se deberían difundir los puntos básicos sobre los que versa el proyecto: cuál es la pregunta clave que tiene que contestar la Corte y qué respuesta formula el proyecto.
  5. Es probable que sea complicado que vía twitter se realice una narración en vivo de la discusiones del pleno de la Corte –aunque sí lo han hecho en ciertos asuntos proyectos como el Manual de la Corte, por ejemplo-, pero por lo menos estaría muy bien aprovechar esta red social para difundir, al concluir cada sesión y en términos asequibles para el grueso de la población, los puntos relevantes de la discusión: qué se decidió y cómo se voto.
  6. Avisar cuando se publiquen finalmente las sentencias y explicar brevemente los argumentos definitivos que apuntalan la decisión de la mayoría.
  7. Anunciar cada vez que se apruebe y publique una nueva tesis aislada o de jurisprudencia. Valdría la pena que además se explicarán los alcances de éstas.
  8. Otra posibilidad es que la Corte vía su cuenta de twitter responda a peticiones informativas muy concretas de los ususario –aquí un ejemplo de este posible diálogo institucional. Esto no significa que tenga que responder a cualquier solicitud, pero por lo menos podría dar respuesta a cuestiones sobre agenda de la Corte, orientar dónde encontrar información en su sitio Web –esto es de enorme relevancia si consideramos que la página de la Corte es francamente mediocre- y resolver dudas relacionados con conceptos básicos de la función jurisdiccional (efectos de las resoluciones, cuestiones procedimentales, etc.). En este sentido, y para evitar un escenario donde el número de peticiones sea difícilmente procesable, se podría establecer un horario determinado donde se van a resolver este tipo de preguntas.
  9. Se podrían difundir datos históricos relevantes y chuscos relacionados con el poder judicial. En 140 caracteres bien se pueden lanzar pequeñas campañas pedagógicas sobre el trabajo de la Corte, su lenguaje, medios de control, etc. Esto, claro está, con un lenguaje sencillo y digerible.
  10. Se tiene que seguir haciendo difusión al trabajo de los órganos no jurisdiccionales de la Corte y del resto del Poder Judicial: publicaciones, informes y conferencias que organicen las direcciones y comisiones. ¡Que nos informen de los trabajos de la comisión de implementación de la reforma penal!, por ejemplo.
  11. Difundir los acuerdos, decretos y leyes que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación que tengan impacto en la política judicial.
  12. Se podría aprovechar twitter para divulgar sentencias y criterios de otros tribunales constitucionales, así como de tribunales internacionales.
  13. Se podrían lanzar a los usuarios preguntas-encuestas para medir la confianza de la sociedad en la Corte, graficar tal información y difundirla.
  14. Se podría establecer una determinada hora, la “hora de rendición de cuentas”, en la que se circule información relativa a sus informes anuales, lo que diga la Auditoria Superior de la Federación sobre la Corte, su presupuesto, etc.
  15. En términos generales, la Corte debe aprovechar twitter de tal manera que se presente como una institución que escucha a la sociedad, busca educar, está al día de lo que sucede en otros tribunales constitucionales e internacionales, que tiene vínculos con los otros órganos del Poder Judicial, que está interesada en explicarse y traducirse difundiendo su información en términos claros y sencillos, que está comprometida con la rendición de cuentas y, no menos importante, que está interesada en saber qué pensamos de ella.

Daniela Hernández Chong Cuy (@dhchongcuy). Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.

Esteban Illades (@steviehousecat). Licenciado en derecho por el Departamento de Derecho del ITAM, con la tesis La cobertura periodística de los tribunales: una introducción al periodismo judicial.

Regina Larrea Maccise (@rlmaccise). Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.

Saúl López Noriega (@slopeznoriega). Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM

Estefanía Vela (@samnbk). Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.

Leer completo

Hace unos días el presidente Felipe Calderón envío al Senado de la República la segunda terna de candidatos –ya que la primera fue rechazada-,  de entre los cuales saldrá el sustituto del fallecido ministro Gudiño Pelayo. Al parecer, en esta semana los tres candidatos comparecerán ante las Comisiones de Justicia y Estudios legislativos para ser entrevistados por los representantes populares.

Si como han explicado algunos académicos, el nombramiento de los jueces constitucionales es un medio que los partidos políticos tienen para atrincherar su ideología a lo largo del tiempo e influir en el significado de la Constitución, su elección merece nuestra mayor atención. La comparecencia ante el Senado es un punto clave en este proceso, pues es el foro central para que los Senadores involucren al público en la determinación de si los candidatos poseen la visión y las cualidades necesarias para otorgarles el poder que los jueces gozan en nuestras democracias.

El proceso de designación de los ministros nos plantea diferentes y muy interesantes cuestiones, como el alcance que tienen las Comisiones del Senado para inquirir a los candidatos sobre sus posiciones constitucionales sin violar su futura independencia y, por tanto, qué preguntas se les deben hacer en el momento de su comparecencia.

En esta ocasión quiero sugerir una pregunta adicional a las propuestas hace unos días por el profesor Saúl López Noriega, quien nos presentó las siguientes interrogantes: 1. ¿Cuál es el método interpretativo más adecuado? ¿Por qué? 2. ¿La circunstancia jurídica y social del país hace posible y deseable un activismo judicial desde la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué? 3. ¿Cómo fortalecer y consolidar la legitimidad de la Suprema Corte?

En mi opinión, junto con las preguntas anteriores, resulta fundamental que los candidatos nos digan cuál es el papel que consideran la Corte debe cumplir en el entramado constitucional.

Ello es así, pues el método interpretativo, el activismo judicial, así como los medios para fortalecer y legitimar a la Corte, responden en gran medida a la función que los jueces creen que la Corte debe cumplir dentro del sistema democrático. De esta forma, si alguno de los candidatos considera que la Corte es la garante de la democracia, posición que parece haberse difundido en nuestro medio, su interpretación e involucramiento en cuestiones políticas, así como la construcción de su legitimidad, estarán determinados por ese fin.

Por el contrario, si se considera que la Corte es uno más de los actores del sistema, en el que los representantes populares y el pueblo tienen algo importante que decir, su método de interpretación, su tendencia a inmiscuirse en temas de política pública y su legitimidad, serán fijados y construidos con el fin de establecer un diálogo y colaboración con los otros poderes.

En el primer caso estaremos ante una Corte que demanda un juez Hércules, que no tiene problema en atribuirse la última palabra respecto al significado constitucional, y donde la supremacía judicial es algo connatural al Estado constitucional. En el segundo, estaremos ante una Corte que requiere de un juez dialogante que se considera un actor más dentro de un sistema complejo de pesos y contrapesos, que no pretende tener la única respuesta correcta y que estima valiosa y necesaria la colaboración entre poderes y la participación ciudadana.

De esta forma, conocer la idea de corte constitucional que cada uno de los candidatos tiene nos ayudará a comprender sus otras respuestas y, fundamentalmente, determinar qué prospecto es el más idóneo para la Corte que nosotros -el pueblo- buscamos. Si bien es cierto que las opciones que el Senado tiene son reducidas y el tiempo es apremiante, su decisión debe ser tomada con conocimiento de causa. En otras palabras, la pregunta de qué ministro queremos para la Corte es una buena oportunidad para reflexionar respecto qué Corte queremos para nuestra democracia.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

Leer completo

El pasado día miércoles, el presidente Calderón por fin presentó la segunda terna de candidatos para sustituir al ministro José Gudiño Pelayo. No hay que olvidar que la primera fue rechazada en diciembre del año pasado, debido a que ninguna de las tres candidatas alcanzó la votación de mayoría calificada de 2/3 del pleno del Senado que exige la Constitución. Ahora bien, al igual que la primera, esta segunda terna esta integrada por jueces de carrera judicial. Es decir, abogados que han recorrido prácticamente cada uno de los peldaños de la escalinata del poder judicial de la federación. Se trata de los magistrados de circuito Jorge Higuera Corona, Jorge Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán.

Vale subrayar que la nominación y ratificación de un ministro de la Suprema Corte es uno de los procesos institucionales de mayor relevancia para el proceso de consolidación de nuestra tambaleante democracia. Esto se debe a que se está eligiendo a un abogado que, junto con sus diez colegas, va a definir valores clave de la vida institucional del país.  ¿Cuál es el concepto constitucional de familia? ¿La libertad de expresión abarca la posibilidad de pitorrearse de los símbolos patrios? ¿El diseño de transición tecnológica de los medios de comunicación de analógica a digital debe trazarse siguiendo el principio de pluralismo?  ¿Va en contra del derecho de igualdad y no discriminación el retiro forzoso (baja automática) de aquellos miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea que hayan contraído VIH, sin previo examen médico que determine la incapacidad del individuo en cuestión para realizar sus labores por el avance de la enfermedad? Estas son apenas algunas de las preguntas que ha contestado en los últimos años la Corte y de ahí la importancia de seguir los procesos de designación de los ministros: es una excelente oportunidad para reflexionar respecto el tipo de juez constitucional que se necesita.

¿Cuáles deben ser, entonces, en este contexto, las preguntas que guíen el ejercicio de escrutinio por parte del Senado de la República y de la opinión pública a los tres candidatos a ministro de la Suprema Corte? ¿Qué tipo de cuestiones son las que se les deben plantear para conocer mejor el perfil de los candidatos? En los últimos días, en algunos medios de comunicación se ha lanzado la idea de que una buena guía sería preguntarle a cada uno de los candidatos como votaría, en caso de ser designado ministro, en los más de 20 asuntos que no se han podido resolver porque la votación se ha empatado debido a esta vacante que existe en la Corte desde septiembre del año pasado cuando falleció el ministro Gudiño Pelayo -entre estos, por ejemplo, está el llamado ‘amparo de los intelectuales-. Esto, sin embargo, presenta el problema de que los candidatos en caso de contestar este tipo de preguntas estarían prejuzgando estos asuntos, sin conocer las pruebas, argumentos de las partes y demás aspectos que integran sus correspondientes expedientes. Así, más bien, se les debe formular a la terna de candidatos preguntas dirigidas no a su postura frente a ciertos casos en concretos, sino a su posición respecto a cuestiones generales y metodológicas, que impactarán en la manera como votarán estos asuntos que están empatados y el resto que conozcan en los 15 años que dura el cargo de ministro.  Aquí se presentan tres preguntas de este tipo:

1) Una cuestión medular que gira en torno a cualquier tribunal constitucional consiste en lo siguiente: bajo qué esquema interpretativo los jueces constitucionales resuelven los diversos asuntos que conocen. Es decir, cuáles son las anteojeras que utilizan para leer las disposiciones constitucionales relacionadas con los diversos conflictos que se les presentan. En la Suprema Corte, por ejemplo, existe un interesante debate, que ha definido la resolución de diversos asuntos de enorme relevancia, respecto cómo se debe leer la Constitución: algunos ministros consideran que debe atenderse meramente al significado lingüístico de las normas constitucionales “relevantes” para resolver un determinado asunto; mientras que otros parten de la idea de la Constitución como una unidad, de tal manera que para determinar el sentido y alcance de las normas “relevantes” para un caso en cuestión siempre es indispensable leer éstas en relación con el resto del texto constitucional. En este sentido, y considerando que el tipo de decisiones de un tribunal constitucional dependen en buena medida de cómo se leen los asuntos que conocen, ¿cuál es el método interpretativo más adecuado? ¿Por qué?

2) Otro de los constantes debates ubicados en el centro de la justicia constitucional, sobre todo cuando estamos frente a una corte constitucional en proceso de consolidación como nuestra Suprema Corte de Justicia, se refiere a la pertinencia de impulsar un activismo judicial. Es decir, aquella práctica jurisdiccional que no se limita a resolver los conflictos que se le plantean sino que además impulsa a través de sus sentencias cambios jurídicos (y, por tanto sociales, económicos y políticos), como la “creación” y expansión de derechos más allá de lo que textualmente marca el texto constitucional. En este sentido, ¿la circunstancia jurídica y social del país hace posible y deseable un activismo judicial desde la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué?

3) Una corte constitucional, de acuerdo al diseño de las democracias contemporáneas, es el órgano límite de un Estado. Se trata del árbitro final de los conflictos institucionalizados; el lugar donde se definen los alcances y límites de la estructura estatal. De ahí que el sustrato de cualquier tribunal constitucional es su legitimidad. En esta línea, ¿cómo fortalecer y consolidar la legitimidad de la Suprema Corte?

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del departamento de derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

Leer completo

Durante el 2010, la revista Nexos inició la aventura de abrir un blog dedicado exclusivamente a temas relacionados con temas judiciales. La idea fue publicar textos que abordasen los diversos aspectos que giran alrededor de nuestra Suprema Corte de Justicia. Aprovechando el inicio de año, presentamos un breve resumen de los diez posts más leídos del blog durante el 2010.

1. Caso Guardería ABC.  Crónica de la Discusión (II/III)

Con este post se realizó uno de los primeros ejercicios de periodismo judicial –de ahí que la cobertura se presentase en una serie de tres post-, al seguir puntualmente las discusiones de los ministros de la Suprema Corte respecto un asunto de enorme importancia para la vida del país: Caso Guardería ABC. El autor, además de ofrecer una explicación ágil y sencilla de las principales posturas de los ministros, al final del post presenta una tabla de votación donde claramente se puede conocer cómo voto cada ministro respecto cada uno de los temas que implicaba este delicado asunto.

2. Matrimonio-adopción gay: la perspectiva científica

Este post se publicó días antes de que iniciará la discusión en el pleno de la Suprema Corte respecto la constitucionalidad de las reformas legales del Distrito Federal que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la posibilidad de que estas parejas pudiesen adoptar. El objetivo del post fue presentar las coordenadas del debate respecto este tema, pero no desde el discurso jurídico, sino desde la perspectiva científica. La decisión de incluir un post de esta naturaleza responde a que tanto las autoras como los que coordinamos el blog, estamos convencidos que no pocas de las discusiones jurídicas modernas tienen que nutrirse de otras áreas del conocimiento para tener un panorama claro de cuál debe ser la solución jurisdiccional.

3. El (absurdo) juicio en contra de Galileo (II/III)

Uno de los propósitos del blog fue abrir una sección que, frente a nuestra tradición jurídica barroca y ridículamente solemne, presentara al derecho como cualquier otra actividad realizada por el hombre: contradictoria, absurda e irracional. De ahí que se abriera una sección dedicada solamente a registrar estos disparates: Absurdos Jurídicos. Este post forma parte de esta sección y de una interesante serie de entregas donde se desmenuza con erudición y elegancia el absurdo juicio en contra de Galileo.

4. ¿Qué es una controversia constitucional?

Una de las dificultades de un lector no especializado en temas jurisdiccionales es entender el amplio abanico de términos que tanto en las sesiones de los ministros como en las sentencias se utilizan de manera cotidiana. Existe una barrera del lenguaje que impide que la información jurisdiccional ocupe el lugar que le corresponde en la rutina informativa. En este contexto, este post busca explicar de manera sencilla y con buenos ejemplos, uno de los medios de control constitucional más relevantes en la organización de los poderes del Estado: la controversia constitucional.

5. Matrimonio y adopción gay: análisis de la sentencia

Después de las discusiones entre los ministros y de la decisión de la mayoría de éstos de ratificar la constitucionalidad del matrimonio y adopción gay en el Distrito Federal, la opinión pública se olvidó de la fuente informativa judicial más relevante: la sentencia. Ese documento donde, además del sentido de la decisión, se encuentran los argumentos que apuntalan a ésta y que pueden impactar en ulteriores casos que aborden temas similares. Así, el propósito de este post fue diseccionar los diferentes argumentos y posiciones de la sentencia sobre el matrimonio y adopción gay, la cual promete convertirse en una de las resoluciones más relevantes sobre el tema en Iberoamérica.

6. ¿Qué sigue después de la muerte de Gudiño Pelayo?

Este post esboza algunas de las posibles consecuencias a partir del fallecimiento del ministro José Gudiño Pelayo tanto al interior de la Suprema Corte -en la dinámica de votación de la primera sala y del pleno y en la carrera por la presidencia de la Corte-, como entre el presidente de la República y el Senado al momento de nombrar al ministro sustituto de Gudiño.

7. Matrimonio y adopción gay: la opinión del Ombudsgay

Una de las formas en que la sociedad civil puede influir en el proceso de decisión de una corte constitucional consiste en que, por ejemplo, académicos y agrupaciones envíen a los jueces constitucionales sus argumentos de porque cierto caso debe resolver en un determinado sentido. En este contexto, este post reproduce las ideas principales de la opinión técnica o amicus curiae que sometió el programa Ombudsgay de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, a consideración de la Suprema Corte y donde presenta el estado del arte respecto el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales.

8. Las designaciones de los ministros: no son enchiladas

Se trata de uno de los últimos post del año donde, a partir de la terna de candidatas a ministras presentada por el presidente Calderón para sustituir a Gudiño Pelayo, se explica el proceso de designación de los ministros y la relevancia de que éste no sea un mero trámite sino un verdadero ejercicio de reflexión respecto qué tipo de tribunal constitucional necesitamos.

9. La Corte ante la igualdad y la no discriminación

Este post analiza las principales tesis de jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte en los últimos quince años sobre un tema medular: la igualdad y no discriminación. El texto no sólo le da coherencia a esa madeja de criterios jurisprudenciales, sino que también presenta un balance de los avances que se han logrado al respecto y de las asignaturas pendientes que deben erigirse en la agenda de la Corte para el futuro.

10. Sexo y Derecho

Este post, parte de la sección Absurdos Jurídicos, presenta una serie de legislaciones de diversas entidades de los Estados Unidos respecto el sexo. Se trata de un conjunto de disparatadas e irrisorias regulaciones, que no obstante se mantienen vigentes y eventualmente puedan ser aplicadas.

El Juego de la Suprema Corte

Leer completo

Conforme la Suprema Corte adquiere relevancia mediática, la sociedad empieza a voltear más hacia el poder judicial y a interesarse por la forma en que actúa. Durante 2010, dos casos concentraron la atención del público: la facultad de investigación para analizar lo ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo (incendio en el que murieron 49 menores de edad) y la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que permitió a parejas del mismo sexo contraer matrimonio en el Distrito Federal. Ambos casos obtuvieron una atención mediática inusitada.

Este creciente interés en el desempeño de la Suprema Corte, no debe sorprendernos. Para efectos prácticos, la Corte es la última línea de protección de los derechos de las personas a nivel nacional y es la institución encargada de salvaguardar la Constitución frente a las posibles violaciones de otros. Es decir, es fundamental para el funcionamiento de la democracia en México.

Vale subrayar, sin embargo, que las discusiones de los ministros son sólo uno de todos los ingredientes que giran en torno a la Suprema Corte y que debe ser sometidos a escrutinio. En efecto, la relación con los medios de comunicación y por extensión con la sociedad, no debe limitarse a algunos aspectos del  trabajo de la Corte. Debe existir, por el contrario, una relación permanente entre sociedad y poder judicial. Para fomentar la transparencia y el mejor desempeño de los ministros es necesario que la sociedad los vigile.

Naturalmente, este proceso de vigilancia debe iniciar desde -valga la redundancia- el inicio: la designación de los ministros. Si ellos juegan un papel tan importante como el que hemos descrito, resulta obvio que las personas elegidas para desempeñar el cargo deben ser las óptimas. Y, para asegurar eso, debe existir un escrutinio profundo sobre el procedimiento que lleva a su elección.

México: la vía fast-track en todos los sentidos

El proceso en México es relativamente sencillo de explicar. Cuando un ministro cumple los 15 años en funciones, debe retirarse. Es obligación constitucional del presidente de la República enviar una terna de candidatos al Senado, que dispone de 30 días para elegir por mayoría de 2/3 de los presentes a uno de los tres candidatos. En caso de no reunirse en esos 30 días, el presidente designa al nuevo ministro. Si la terna es rechazada, se somete una nueva que sigue el mismo procedimiento. En caso de que ésta sea rechazada nuevamente, entonces, el presidente designa directamente al nuevo ministro.

Ahora bien, ha exactamente un año, el Senado de la República confirmó a dos ministros en un mismo día: Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar; lo cuales sustituyeron a los entonces ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela. La comparecencia de ambas ternas -seis candidatos en total- se dio en una sola mañana. Como declararon los propios senadores: fue “de mero trámite”. Las participaciones de los candidatos se limitaron a un discurso preparado y no hubo preguntas posteriores.

La prensa -en su mayoría- actuó de forma similar. El Reforma, en su edición del 2 de diciembre de 2009, recogió la designación en menos de media página y se limitó a publicar extractos de los discursos de los dos nuevos ministros. No publicó ni siquiera una semblanza curricular.[1]

Esto es preocupante porque realmente no existió una investigación a fondo del pasado de los nuevos ministros. ¿Cuál era su ideología? ¿En qué litigios habían participado? ¿Qué cargos habían desempeñado y qué críticas habían recibido? Sólo a través de una investigación un poco más minuciosa -elaborada por Proceso- uno se pudo enterar que el ministro Zaldívar litigó frente a la Corte el amparo relacionado al FOBAPROA y que durante la gestión de Aguilar como integrante del consejo de disciplina en la Judicatura Federal, su hermano José Alfredo fue designado jefe de la unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tanto medios de comunicación como senadores debieron haber cuestionado más a fondo a los candidatos para aclarar estos y otros temás más.

Estados Unidos: todo a su tiempo

El proceso de designación de los justices de la Supreme Court de Estados Unidos es muy parecido en cuanto a las etapas institucionales, pero muy distinto en la práctica. Los justices estadounidenses ejercen el cargo de forma vitalicia, pero pueden retirarse si así lo desean. En cualquier caso, el procedimiento se da de la siguiente forma: el presidente de la República elige a un candidato para cubrir el puesto, el comité judicial del Senado lleva a cabo audiencias y entrevistas con el nominado, para después someter a votación del pleno de Senadores su designación. A diferencia de México, en Estados Unidos el nuevo integrante es electo por mayoría simple.

Lo interesante es que la parte práctica del proceso en Estados Unidos es, contrario a lo que sucede en nuestro país, fruto de un serio y responsable ejercicio de reflexión, tanto por el Senado como por los medios de comunicación. Pensemos en la elección de las últimas dos integrantes de la Supreme Court, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. En ambos casos los medios y el Senado se tomaron su tiempo. Las audiencias de confirmación –transmitidas por televisión, por cierto- de Sotomayor duraron cuatro días enteros de escrutinio. Al mismo tiempo, el análisis previo de los medios sobre la carrera judicial de Sotomayor, sus opiniones y sentencias, fue tan profundo que después de los cuatro días, el Washington Post estableció que “ya se sabía desde antes” todo lo que respondió Sotomayor.

En cuanto a Kagan, las audiencias fluyeron más rápido, pero igual fue cuestionada por los senadores. Los medios no le restaron importancia, al grado que el New York Times dedicó más de cinco páginas de su periódico al proceso.

Ambas partes -Senado y medios de comunicación- hicieron un trabajo lo suficientemente exhaustivo como para que no quedara duda alguna de quiénes eran las dos nuevas justices.

La terna actual

Para concluir, vale la pena hacer un escueto análisis de la terna de candidatas enviada por el presidente Calderón al Senado el pasado 30 de noviembre.

Lo primero que sorprende es que el presidente se haya tardado más de 70 días en nombrar al sustituto del ministro Gudiño Pelayo. También es interesante esta coincidencia: un día después de que el Reforma publicara el discurso del ministro Zaldívar sobre los quince empates en votación en la primera sala de la Suprema Corte por falta de un quinto ministro,[2] llegó la terna al Senado.

El segundo aspecto que sorprende es la fecha en la que llega la terna. Como se mencionó con anterioridad, el Senado dispone de 30 días para elegir a un nuevo ministro después de recibir la lista de candidatos. El período ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre, lo cual le da dos opciones a los senadores: discutir y votar en fast track a la nueva ministra -con todo lo que ello implica en cuanto a falta de análisis y discusión- o agendar un período extraordinario durante las vacaciones para tratar exclusivamente el tema. También hay que recordar que la Suprema Corte reinicia actividades el 3 de enero,  fecha en que tendrán que votar para elegir al nuevo ministro presidente y, por tal motivo, lo ideal es que estén presentes los once ministros para evitar un posible empate.

Finalmente, poco puede decirse de las tres candidatas, dada la poca apertura del sistema judicial. No es posible analizar sus criterios en las sentencias en las que han participado, puesto que éstas no se encuentran disponibles al público en general. En cuanto a su trayectoria, también se sabe poco. Sólo dos de las tres candidatas tienen currículo en línea (Elvia Rosa Díaz de León y Lilia Mónica López). De la tercera, Andrea Zambrana, ni foto hay. Lo más que se puede saber con respecto a su ideología es que fue secretaria de estudio y cuenta del ministro Aguirre Anguiano, el ministro que por su historial de decisiones representa el ala más conservadora de la Corte.

Sobre los fichas curriculares no se puede decir mucho, pues son listados de cargos desempeñados. Quizá la otra forma de asomarse al criterio de una de ellas es a través del título de su tesis de licenciatura (“Estudio dogmático del delito de adulterio”, de Díaz de León) pero fue publicada hace más de cuarenta años, lo cual no necesariamente refleja sus convicciones actuales.

De la que más información se tiene es de esta última, pues ya participó en una terna para la SCJN en 2003 junto con la actual ministra Luna Ramos y el magistrado José Luis de la Peza. Esa terna fue desechada por falta de mayoría, y Díaz de León ya no fue presentada en la segunda. Nacida en 1944, Díaz de León tendría 81 años al terminar su período en la SCJN.

En términos generales, que esa sea la única información disponible no habla muy bien de las tres candidatas.

Los medios de comunicación, por su parte, no han tenido mucha oportunidad de cubrir el suceso: dado que apenas el 30 de noviembre se dio a conocer la lista, todo análisis previo ha girado en torno a la especulación sobre los posibles candidatos. Cabe resaltar que previo a la presentación de la terna ni el Reforma, El Universal o La Jornada mencionaron dentro de las posibilidades a ninguna de las tres mujeres que hoy tienen oportunidad de formar parte del Tribunal más importante de nuestro país.

Nadie estaba preparado para recibir estas tres nominaciones. Si la propuesta del presidente agarró en curva a los medios de comunicación, la siguiente parte del procedimiento lo más probable es que una vez más resulte, de menos, ominosa.

Esteban Illades (@steviehousecat). Estudiante del Departamento de Derecho del ITAM en proceso de titulación con la tesis La cobertura periodística de los tribunales: una introducción al periodismo judicial.


[1] Guerrero, Claudia y Rolando Herrera, “Avalan Senadores relevos en la Corte”, Reforma, 2 de diciembre de 2010.

[2] Fuentes, Víctor, “Impacta a la Corte el retraso de Calderón”, Reforma, 30 de noviembre de 2010.

Leer completo