El pasado 6 de noviembre se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la tesis aislada número 1a. CCCVVXI/2015 (10a.), con el rubro “Prueba ilícita. Límites de su exclusión”.1 En ella, la Primera Sala deja de lado la doctrina de la eficacia refleja de la prueba ilícita (conocida también como la teoría de los frutos del árbol envenenado)2 para dar entrada, por la puerta grande, a tres excepciones que permiten romper la cadena de ilicitud: la excepción del vínculo atenuado, la excepción de la fuente independiente y la excepción del descubrimiento inevitable.

El criterio anterior supone un verdadero cambio de rumbo respecto de la línea jurisprudencial que había venido sosteniendo hasta el momento la Primera Sala, así como un grave retroceso para la protección del debido proceso en nuestro país.

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No es la primera vez que se produce un intento para restringir la eficacia de la prueba ilícita. A nivel legislativo, el Proyecto del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en la gaceta parlamentaria, el 22 de septiembre de dos mil once, contemplaba expresamente estas tres excepciones en el artículo 292.3 Por fortuna esta iniciativa no prosperó. La redacción actual del artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la exclusión y nulidad de “cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales” sin limitar su aplicación a condición o excepción alguna.

Al interior del Poder Judicial de la Federación, las limitaciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita habían provenido hasta este momento del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien desde el año 2013 ha venido estableciendo criterios jurisprudenciales que introducen la teoría del vínculo atenuado en relación con algunos supuestos.4

Lo que llama la atención de este nuevo intento para limitar la eficacia de la prueba ilícita es que proviene de la Primera Sala, cuyos ministros se han distinguido por su compromiso con los derechos fundamentales, el debido proceso y la presunción de inocencia en destacados asuntos por todos conocidos.5

Por diversas razones, la tesis aislada de la Primera Sala y la ejecutoria de la que emana resultan problemáticas. Dado que es esta última de donde se extrae la tesis, los puntos que siguen estarán referidos a ella.

En primer lugar, en la ejecutoria se incurre en una contradicción al reconocer la eficacia de la prueba ilícita (esto es, sostener que la exclusión de la prueba ilícita comprende la prueba directamente obtenida en violación de derechos fundamentales, como aquellas indirectamente derivadas de dicha violación) y, por el otro, sostener que puede limitarse la cadena de ilicitud de las pruebas “de manera enunciativa y no limitativa: a) si la contaminación de la prueba se atenúa; b) si hay una fuente independiente para la prueba, y c) si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Reconocer la existencia de excepciones a la prueba ilícita supone privarla de la eficacia que aparentemente le atribuyen. En la sentencia no parece advertirse esta tensión, ni se hace un esfuerzo para justificar cómo se pueden hacer compatibles estas dos afirmaciones.

En segundo lugar, el establecimiento de excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita se traduce en la limitación de un derecho fundamental reconocido en la Constitución y en tratados internacionales. En la sentencia no se aborda este aspecto desde la óptica de los derechos humanos ni se advierte que al introducir tales tres excepciones se está restringiendo el derecho a la exclusión de la prueba ilícita. Ciertamente, el derecho a la exclusión de la prueba ilícita, como el resto de derechos fundamentales, puede colisionar eventualmente con otros derechos, pero este es precisamente el tipo de análisis que se echa en falta en la sentencia. De hacerse dicho análisis habría que tener en cuenta que se trata de un derecho especialmente fuerte que no sucumbe –y no debería sucumbir– ante supuestos genéricos y potencialmente imprecisos como los establecidos en las excepciones que se introducen en la ejecutoria. En otros términos, el estándar para limitar la prueba ilícita debería tener un carácter sumamente exigente.

También resulta cuestionable la manera en que se establecen excepciones a la prueba ilícita. En la sentencia no se ofrece una justificación para el establecimiento de limitaciones a la prueba ilícita; simplemente se afirma, como cuestión de hecho, que “existen limitaciones” a la regla de exclusión. La única razón que puede encontrarse es la referencia en una nota al pie de página a un manual de derecho procesal penal estadounidense y a cuatro decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La apelación al derecho estadounidense se lleva a cabo sin tener en cuenta las diferencias culturales, sociales y jurídico-institucionales entre México y Estados Unidos en el tratamiento de este tema. No se tiene en cuenta, por ejemplo, (1) que la regla de exclusión de la prueba ilícita en Estados Unidos tiene origen jurisprudencial, mientras que en México se trata de una norma de rango constitucional; (2) que el efecto disuasorio es el principal fundamento de la regla de exclusión en el país vecino, mientras que en el nuestro tiene su fundamento es la posición privilegiada que tienen los derechos fundamentales y (3) que el efecto disuasorio tiene sentido respecto de violaciones cometidas por las autoridades, mientras que en México la exclusión aplica tanto respecto de las violaciones cometidas por autoridades, como por particulares.

Estas y otras diferencias impiden hacer un trasplante sin que previamente se haya examinado la compatibilidad entre dos sistemas respecto de este tema concreto. Pero hay más, la doctrina jurisprudencial que se cita no tiene en cuenta los desarrollos jurisprudenciales de las últimas tres décadas. No tiene en cuenta sentencias recientes como Hudson vs. Michigan (547 U. S. 586 2006) o la todavía más reciente Herring vs. United States (555 U. S. 135 2009) en las que la Corte Suprema estadounidense priva prácticamente de sus efectos a la regla de exclusión (tanto de los efectos directos como indirectos), pasando por alto además que se trata de decisiones muy criticadas por la propia doctrina de ese país. Lo que allí se asume como problemático aquí se asume como pacífico.

Pero hay una cuarta y quizá más importante razón para cuestionar el establecimiento de este criterio por parte de la Primera Sala: la necesidad de garantizar de manera plena y contundente una regla de exclusión que permita paliar las violaciones de derechos fundamentales que se cometen en nuestro país. Como sostiene Marina Gascón “si se negara el efecto reflejo la garantía de los derechos constitucionales quedaría muy debilitada, pues al aceptar en el proceso la prueba indirectamente obtenida se estaría dando cobertura (e incluso incitando) a la lesión de derechos”.6 Dadas las violaciones que ocurren en este país no conviene que sigamos por ese camino.

Raymundo Gama Leyva. Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.


1 La tesis proviene del Amparo en Revisión 338/2012 resuelto por la Primera Sala, en ejercicio de la solicitud de facultad de atracción número 259/2011, el día veintiocho de enero de dos mil quince, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

2 El precedente de la Primera Sala que tradicionalmente suele mencionarse es el Amparo Directo en Revisión 1621/2010, del 15 de junio de 2011, bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar. De esta ejecutoria surgió la tesis aislada número 1a. CLXII/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, pág. 226. Dicho precedente tiene su origen en un asunto de naturaleza civil (un juicio de divorcio), aunque el criterio ha sido utilizado posteriormente en asuntos derivados de procesos penales. Hay una jurisprudencia previa de la Primera Sala surgida de cinco Amparos Directos resueltos en 2009, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío, en la que expresamente se reconoce el efecto reflejo de la prueba ilícita: “las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales”. Vid. la tesis número 1ª./J: 140/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, pág. 2058 de rubro “Pruebas en el procedimiento penal. Supuestos en que debe nulificarse su eficacia”.

3 Artículo 292. Nulidad de prueba ilícita
Cualquier dato o prueba obtenidos con violación de derechos humanos será nulo
No se considerará violatoria de derechos humanos, aquel dato o prueba que cubra cualquiera de los siguientes requisitos:
I. Provengan de una fuente independiente, es decir, cuando su naturaleza sea autónoma de la prueba considerada como ilícita y se puede llegar a ella por medios legales sin que exista conexión entre éstas;
II. Exista un vínculo atenuado, o
III. Su descubrimiento sea inevitable, en virtud de que aún y cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios probatorios a los que le dieron origen.

4 Véase la tesis I.9o.P. J/12 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, pág. 2065, de rubro Prueba ilícita. Valoración del principio de su prohibición o exclusión del proceso, bajo la óptica de la teoría del vínculo o nexo causal atenuado en la declaración del inculpado.

5 Los casos Hugo Sánchez, Florence Cassez y Martín del Campo son tan sólo algunos de los más conocidos. Otro precedente relevante, resuelto por el pleno de la Corte, es la facultad de investigación 2/2006 (caso Lydia Cacho).

6 Marina Gascón, “Freedom of proof? El cuestionable debilitamiento de la regla de exclusión de la prueba ilícita” en Estudios sobre la prueba (Jordi Ferrer, Marina Gascón, Daniel González Lagier y Michele Taruffo), UNAM, 2011, p. 60. Disponible en línea aquí.

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Los problemas de sostenibilidad en el transporte ya son bastante notables en casi todas las grandes ciudades del mundo. El creciente nivel de congestión del tráfico ha promovido la ineficiencia económica, los trastornos sociales, el consumo excesivo de energía y el deterioro del medio ambiente. Cuando se habla de tráfico vehicular se habla de pérdidas económicas, de tiempo y de espacio y, por lo general, se considera que la solución efectiva es la construcción de periféricos, ampliación de avenidas, construcción de segundos pisos y de más vías rápidas. Sin embargo, esta percepción basada en una visión de hacer ciudad del siglo pasado, es errónea.

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El tráfico y la congestión vial representan un severo problema ambiental y de salud pública. Se ha estimado que el transporte representó el 23% de las emisiones globales de dióxido de carbono relacionadas con la energía en el año 2004 (Oda y Maksyutov, 2011).  En la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) el transporte privado fue el principal emisor de gases de efecto invernadero de entre 1990 y 2002 (Stern, 2007; Thorn, 2009) y se estima que para el 2030 estas emisiones aumenten en un 80 % (Kanh et al., 2007). Esto representa un severo problema para las ciudades, los ecosistemas y la salud humana.

Asimismo, la quema de combustibles por automotores es la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono (indirectamente), compuestos azufrados y partículas de carbono negro, los cuales tienen efectos sustanciales en la biosfera, los nitratos por ejemplo producen eutrofización, el sulfato y el nitrato precipitaciones ácidas, el carbono negro produce un derretimiento acelerado del hielo y la nieve (Core Writing Team Contribution, 2007), las olas de calor urbano aumentan cuando hay concentraciones altas de ozono a nivel del suelo (Leonardi et al., 2006) y el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso son los principales gases de efecto invernadero (Smith et al., 2009). Estos contaminantes ambientales también representan un severo problema de salud pública. Varios estudios han demostrado que todos estos componentes, en conjunto o por separado, dañan la función vascular (Unger et al., 2009), inducen isquemia (Yamast e Inai, 2006), aceleran la formación de la placa aterosclerótica (Niwa et al., 2007), inducen la inflamación de tejido pulmonar y el estrés oxidativo (Oberdoerster et al., 2007); todos los anteriores son factores que pueden inducir a la obesidad, problemas cardiovasculares, alergias, asma, entre otras.

Algunos actores políticos han sugerido que el construir vías rápidas mejora la calidad de vida. Este contexto, vale revisar la tesis aislada del Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 del Seminario Judicial de la Federación, que afirma que: “la construcción de vías de comunicación rápidas, impediría la contaminación por la combustión que generan los vehículos automotores en el tráfico vehicular lento y, además, se evitaría la propagación en los conductores de los vehículos inmersos en el tráfico lento, de enfermedades respiratorias propiciadas por la inhalación de los mencionados gases; y, por el otro, evitar la desaparición de ecosistemas que contribuyen a la preservación del equilibrio ecológico”. Bajo esta primicia se ha justificado la construcción de vías rápidas por todo el País y es que, en efecto, las emisiones de vehículos son sustancialmente más altas en condiciones de congestión que en condiciones de tráfico libre (Transek, 2002).  Sin embargo, considerar esta visión como una única tesis, conlleva a dejar de lado otros problemas severos medioambientales y de salud humana.

En primer lugar, tendríamos que recordar que existen dos formas que se pueden utilizar para aliviar la congestión del tráfico: aumentando la capacidad vial o reduciendo la demanda (Yang y Wang, 2011). La primera es la forma más antigua, se basa en las mejoras en la infraestructura vehicular e incrementando el espacio para que los autos circulen. Éste ha sido un tema de investigación durante muchos años y se ha concluido que esta “solución” genera severos efectos secundarios indeseables provocados por tales “mejoras”.

Existe un gran número de estudios que concluyen que considerar más espacio para los autos como solución del congestionamiento es contraproducente (Lee et al., 1999; Hymel et al., 2010). El principal problema es conocido como tráfico inducido; este fenómeno se define como una demanda adicional en el uso del automóvil directamente causada ​​por la mejora en las condiciones de viaje (Weis y Axhausen, 2009). En palabras más sencillas, al proporcionar más espacio vial se inducen más viajes, por lo que pronto la capacidad de las nuevas vías se verá congestionada.

Por otro lado, las infraestructuras lineales son una causa importante de la pérdida de hábitat, la fragmentación y la degradación. A nivel mundial, ya hay un estimado de 750 millones de vehículos que circulan por unos 50 millones de kilómetros de vía pública (van der Ree et al., 2011), y los volúmenes de red vial y de tráfico siguen aumentando. La expansión exponencial de las ciudades y la expansión de la infraestructura vial han ejercido efectos negativos significativos en hábitats adyacentes, las poblaciones de vida silvestre, las comunidades y los ecosistemas.

Las vías rápidas también son una fuente importante de ruido antropogénico. En los últimos años la contaminación acústica producida por el tráfico en vías rápidas ha recibido mayor atención como un factor que impide la comunicación entre los animales. Este efecto adverso sobre los organismos acústicamente comunicantes ha generado cambios fisiológicos y de comportamiento en varias especies (Wells, 2007). En la última década se han demostrado los efectos negativos en el éxito reproductivo (Habib et al., 2007), efectos negativos en el comportamiento de los depredadores (Rabin y Greene, 2002), y la energética (Habib et al., 2007), es decir, los costes energéticos asociados a la modificación de la señal, en insectos, ranas, aves y otros mamíferos (Parris y Schneider, 2009). Incluso se ha demostrado los efectos adversos del ruido de vías rápidas en mamíferos marinos (Southall et al., 2007; Hastings, 2008) y peces (Ladich, 2013; Voellmy et al., 2014).

Los grandes proyectos de infraestructura vial como periféricos y segundos pisos resultan barreras físicas tanto para animales como para humanos y representan un peligro potencial. Los incidentes de tránsito son una causa importante de muerte y discapacidad a nivel mundial, de hecho en la actualidad son considerados como una epidemia desatendida (Koren et al., 2014). Los incidentes de tránsito son la principal causa de muerte y discapacidad en todo el mundo y están actualmente en el puesto noveno a nivel mundial entre las principales causas de discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que anualmente un millón de muertes al año son ocasionadas por incidentes de tráfico (WHO, 2013) y se ha demostrado que los países en desarrollo tienen las tasas más altas en mortalidad y morbilidad ocasionadas por incidentes de tráfico sobre vías libres (Híjar et al., 2004; Benes y Crundall, 2005; Vorko-Jović et al., 2006; Hidalgo y Huizenga, 2013). Los incidentes de tráfico son eventos complejos que resultan de diversos factores, en donde el diseño de las vías y su prioridad al automóvil son los principales factores que influyen en la frecuencia y gravedad de las colisiones entre vehículos de automotor y los incidentes de atropello a peatones (Ameratunga et al., 2006). El factor asociado al riesgo de morir o de ser gravemente herido es  la velocidad excesiva (Vorko-Jović et al., 2006), la cual está intrínsecamente asociada a las vías rápidas. Algunos autores han concluido que la priorización en infraestructura vehicular incentiva el uso del automóvil y por ende, el número de vehículos de automotor en las ciudades, lo que se relaciona directamente con el aumento en los incidentes viales (Nantulya y Reich, 2002).

La mitigación del cambio climático, el ahorro energético, la conservación de las especies y el desarrollo y preservación de la salud pública son importantes motivos para la realización de estudios referente al uso moderado del automóvil privado. Estudios llevados en Suecia estiman que recortes drásticos en el uso del vehículo privado se asocian a una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y accidentes viales (Akerman y Höjer, 2006). Un estudio llevado a cabo en Barcelona (Rojas et al., 2012) evidencia que el impacto anual en salud por un cambio del 40 % de los viajes en automóvil implicaría una reducción de 1.15 muertes anuales producidas por la contaminación del aire y 0.17 muertes menos por tráfico. En Estados Unidos de América, se ha estimado que sustituir el uso del automóvilpor otros medio de transporte, como caminar o el uso de la bicicleta, produciríauna reducción de 1.2 g/m3 de material particulado finoy ozono, lo que resultaría en beneficios para la salud,con ahorros netos de 4.94 mil millones de dólares alaño (Grabow et al., 2012).

Como se mencionó anteriormente, las vías rápidas son una solución inocente y temporal al tráfico y la congestión vial, y como consecuencia de ello las ciudades están enfrentándose a los altos niveles de problemas de contaminación del aire y sus consecuencias en la salud humana,  incidentes de tráfico y congestión causada principalmente por el uso indiscriminado de los vehículos particulares; por lo que México tiene empezar a considerar la segunda manera de reducir el tráfico, es decir, disminuir la demanda en el uso del transporte automotor privado por medio instrumentos prácticos para lograr la sostenibilidad del transporte eficiente, eficaz y que tenga efectos positivos en nuestra calidad de vida. La pregunta difícil es cómo hacer esto políticamente aceptable.

Sergio Andrade Ochoa. Químico Bacteriólogo Parasitólogo y Maestro en Ciencias en Biotecnología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, actualmente alumno del Doctorado en Ciencias Químico-Biológicas del IPN. Miembro de la @LigaPeatonal y de @ChihuaEnBici


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justicia.lentaEl artículo 17 de la Constitución contempla el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, el cual debe ser acatado de forma pronta, completa, imparcial y gratuita. Asimismo, el cumplimiento de las sentencias de amparo que otorgan una protección constitucional a los particulares se considera una cuestión de orden público que debe ser acreditado ante el órgano jurisdiccional respectivo a partir de los elementos que obren en el expediente y de los aportados por las autoridades responsables encargadas del cumplimiento. Por su parte, los incidentes de inejecución de sentencia tienen como materia analizar y determinar el incumplimiento de una ejecutoria de amparo y la rebeldía con que actuaron las autoridades responsables en éste, con el fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución, respecto de la separación de sus puestos y su consignación.

Cuando una ejecutoria causa estado o se haya recibido el testimonio de la dictada en revisión, los órganos jurisdiccionales competentes (ya sean Juzgados de Distrito o Tribunales Unitario de Circuito si se trata de amparo indirecto, o Tribunales Colegiados de Circuito, si es de amparo directo), deberán notificarla sin demora a las autoridades responsables y a sus respectivos superiores jerárquicos inmediatos, a las cuales se les requerirá el cumplimiento dentro del plazo de tres días.[i] Ante el incumplimiento de éstas en el plazo fijado, los órganos jurisdiccionales encargados del trámite impondrán las multas procedentes y, si el Tribunal Colegiado de Circuito considera que persiste el incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia con proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables y, en su caso, de sus superiores jerárquicos.[ii]

Cuando la Suprema Corte recibe los expedientes, debe dictar, a la brevedad posible, la resolución que corresponda y, en caso de que considere que el retraso en el cumplimiento es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo señalado para hacerlo, tomará en cuenta el proyecto de destitución del Tribunal Colegiado de Circuito, procederá a separar de su cargo a los titulares de las autoridades responsables y de sus superiores jerárquicos, y a consignarlos ante el Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, así como a los titulares que, habiendo ocupado el cargo de las autoridades responsables con anterioridad, hayan incumplido la ejecutoria.[iii]

Sin embargo, existen diversos motivos por los cuales la Suprema Corte puede interrumpir el procedimiento de ejecución o devolver el asunto al órgano jurisdiccional de origen para que las autoridades responsables y sus respectivos superiores jerárquicos sean requeridos nuevamente para el cumplimiento de las sentencias de amparo, entre los que destacan:

a) Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria.[iv]

b) Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, podrá dar un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el cual podrá ampliarse a solicitud de la misma.[v]

c) Cuando exista un principio de ejecución, esto es, se demuestren los preparativos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo pero que no constituyen propiamente un cumplimiento.[vi]

d) Cuando cambien los titulares de las autoridades responsables y de sus respectivos superiores jerárquicos para que, una vez que hayan asumido su función o encargo, se les requiera el cumplimiento de la sentencia.[vii]

e) Cuando exista una autoridad sustituta para el cumplimiento, lo que implica que la autoridad que intervino en el juicio de amparo ya no tiene responsabilidad alguna y la nueva autoridad que no fue parte con el carácter de responsable y a quien compete dar cumplimiento, tampoco puede considerarse responsable del incumplimiento, por lo que se le debe requerir.[viii]

Ahora bien, de conformidad con el Informe estadístico tabulado 2014 del Consejo de la Judicatura Federal que comprende del 16 de noviembre de 2013 al 14 de noviembre de 2014, los Tribunales Colegiados de Circuito ingresaron 3,554 incidentes de inejecución y resolvieron 3,927 (debido a la existencia inicial), de la siguiente manera:

  • En 1,332 (33.9%) se declararon sin materia.
  • En 1,069 (27.2%) se ordenó reponer el procedimiento y devolver al órgano de origen.
  • En 686 (17.4%) se determinaron fundados.
  • En 363 (9.2%) se resolvieron infundados.
  • En 248 (6.3%) se desecharon.
  • En 157 (3.9%) se declararon incompetentes o improcedentes
  • En 70 (1.7%) se remitieron con dictamen a la Suprema Corte con base en el punto XVI del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • En 2 (0.05%) procedió el cumplimiento sustituto.

Asimismo, de acuerdo con el Informe anual de labores 2014 rendido por el ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2014, la Corte ingresó 753 incidentes de inejecución de sentencia y resolvió 1,062 (debido a la existencia inicial), de la siguiente forma:

  • En 955 (89.9%) se declararon sin materia.[ix]
  • En 65 (6.1%) se ordenaron devolver al órgano jurisdiccional de origen.
  • En 20 (1.9%) se declararon infundados.
  • En 12 (1.1%) causaron baja por el punto noveno del Acuerdo General 12/2009, esto es, en los casos excepcionales en los que se devuelve el expediente al Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito para que subsane alguna omisión en el procedimiento.
  • En 4 (0.4%) se ordenaron reponer del procedimiento.
  • En 3 (0.3%) se declararon fundados.
  • En 2 (0.2%) se determinaron improcedentes.
  • En 1 (0.1%) se declararon cumplidas las sentencias de amparo.

El procedimiento de cumplimiento de las sentencias de amparo, primero ante los Tribunales Colegiados de Circuito y después ante la Suprema Corte, es ineficiente pues no satisface el derecho humano de acceso a la justicia al no cumplirse de manera pronta, completa e imparcial porque los particulares primero deben aguardar a obtener la resolución del juicio de amparo y, cuando ésta les resulta favorable, tienen que esperar al trámite de ejecución de sentencia. El cual, en la mayoría de las ocasiones, es dilatado por aspectos procesales que no atañen al carácter de interés público que tienen las sentencias de amparo, como son: precisiones de forma de los efectos del cumplimiento, la justificación del retraso del cumplimiento, la existencia de un principio de ejecución, el cambio de la titularidad de las autoridades responsables y de sus superiores jerárquicos o la existencia de autoridades sustitutas del cumplimiento.

Estas circunstancias dan lugar a que los Magistrados y Ministros ordenen que los incidentes de inejecución sean declarados sin materia, devueltos al órgano jurisdiccional de origen, resueltos como infundados, dados de baja, repuestos en el procedimiento o determinados como improcedentes. Resulta preocupante que en los Tribunales Colegiados de Circuito, de 3,927 incidentes resueltos, solamente 756 fueron declarados fundados y remitidos a la Suprema Corte y que en ésta, de 1,062 asuntos resueltos, solamente en 3 se haya declarado que eran fundados y en únicamente 1 la sentencia de amparo había sido cumplida.[x]

En la práctica, la Corte actúa de forma condescendiente con las autoridades responsables al darles más tiempo del necesario para que realicen el cumplimiento, pues llega el caso en que, una vez que el proyecto de consignación se encuentra listo para sesionarse, se comunican de forma directa con las autoridades para que cumplan con la sentencia antes de que sea resuelto en la sesión respectiva. Con ello, las responsables esperan hasta el último momento para acatar la ejecutoria, lo que viola el derecho humano de acceso a la justicia. Incluso, con el fin de cumplir formalidades estadísticas de corte de fin de año, determinan desechar los incidentes de inejecución y reponer los procedimientos por cuestiones innecesarias.

El trámite de los incidentes de inejecución de sentencia ante los órganos jurisdiccionales debe ser estricto, expedito, completo e imparcial sin temor a la imposición de multas y sanciones a las autoridades. Esto para que los particulares no queden en estado de indefensión respecto del ejercicio de sus derechos cuando hayan obtenido una resolución a su favor, sin permitir dilaciones ni interrupciones irrelevantes que permitan un margen de discrecionalidad por parte de las responsables y sus respectivos superiores jerárquicos en el cumplimiento de las sentencias de amparo.

César Villanueva Esquivel. Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho UNAM.

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[i] Artículo 192 de la Ley de Amparo.

[ii] Artículo 193 de la Ley de Amparo.

[iii] Artículo 198 de la Ley de Amparo.

[iv] Idem.

[v] Idem.

[vi] Tesis de jurisprudencia P./J. 87/2010, “INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS ‘PRINCIPIO DE EJECUCIÓN’ Y ‘CUMPLIMIENTO PARCIAL’, PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, septiembre de 2010, p. 6.

[vii] Tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2007, “INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, marzo de 2007, p. 80.

Tesis aislada 1a. LXXXII/2007, “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE EL CAMBIO DE TITULAR DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE O DE QUIEN EJERZA FUNCIONES DE DIRECCIÓN SOBRE ÉSTA, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUZGADO DE ORIGEN A FIN DE QUE ASUMIDO SU ENCARGO SE LES SOLICITE EL CUMPLIMIENTO RESPECTIVO, PARA QUE A SU VEZ LO REQUIERAN A SUS INFERIORES O SUBALTERNOS VINCULADOS A ESE ACATAMIENTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, marzo de 2007, p. 261.

[viii] Tesis 2a./J. 24/98, “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO EXISTA AUTORIDAD SUSTITUTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE, EN RELACIÓN CON ELLA, REQUERIRLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO, DE LO CONTRARIO, PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. VII, abril de 1998, p. 210.

[ix] Entre las causas para declarar sin materia los incidentes de inejecución de sentencia, destacan: la acreditación del cumplimiento del núcleo esencial de la sentencia de amparo (sin que se pronuncie sobre el cumplimiento total); la advertencia de que alguna autoridad vinculada con el cumplimiento no fue requerida en el acuerdo donde se declaró que el fallo protector no había quedado cumplido (esto sucede, en ocasiones, por cambios en las competencias de las autoridades previstas en los reglamentos administrativos); la falta de notificación de las autoridades responsables de todos los efectos que deben cumplir en el requerimiento respectivo aun cuando éstos se pueden desprender de la ejecutoria de amparo; la realización de actos que entrañan un principio de ejecución; y la omisión de requerir al superior jerárquico correcto de la autoridad responsable.

[x] Del Informe Anual de labores 2014 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal no se desprenden las razones por las cuáles los incidentes de inejecución resueltos fueron declarados “sin materia”.

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No recuerdo si en alguna etapa reciente de la joven democracia mexicana se ha hablado tanto de corrupción como en estos días. La discusión sobre conflictos de interés y corrupción está en todos lados, ha inundado la agenda pública: en cafés, bares, restaurantes, aulas universitarias, (algunos) periódicos, blogs de Internet, debates televisivos, artículos de opinión, comidas familiares, todos hablamos de lo mismo. Y es que no hay semana o día en que no se destape una cloaca más que evidencie la enorme penetración de la corrupción en nuestro sistema político, alimentando con cada vez más ingredientes este tema de conversación pública.

De ahí que los partidos de oposición hayan aprovechado este momentum para proponer distintas iniciativas sobre el tema. Aunque su actuación frente a las casas adquiridas por el presidente Peña a distintos contratistas del gobierno, lo mismo que su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue una de las más tibias y vergonzosas en la historia de nuestra democracia, la oposición ha decidido que puede recuperar algo de credibilidad pública legislando sobre el tema.

El Partido Acción Nacional (PAN), por ejemplo, presentó el 4 de noviembre pasado su iniciativa en materia de combate a la corrupción en la Cámara de Diputados. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó la suya el pasado 12 de febrero. Una parte significativa e importante de la sociedad civil, por otro lado, se ha pronunciado sobre las iniciativas de ambos partidos e incluso ha presentado una propia.

Como lo ha dicho en varias ocasiones el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la iniciativa de este Partido se trabajó intensamente con diferentes organismos de la sociedad civil, como Red por la Rendición de Cuentas y el Instituto Mexicano de la Competitividad, por lo que la iniciativa del PAN y de estos organismos de la sociedad civil no difiere en mucho.

¿Qué tienen en común la iniciativa de Acción Nacional y el llamado “modelo ideal” elaborado por distintos organismos y personalidades de la sociedad civil? Ambas adoptan el Sistema Nacional Anticorrupción. Es llamado así porque no se trata de un solo órgano o instancia (como propuso Peña Nieto durante la campaña electoral a la presidencia de la República con la famosa Comisión Anticorrupción) que resuelva quejas e investigue, sino de un complejo entramado de instituciones coordinadas y vinculadas que colaboran para prevenir, detectar, investigar y sancionar conductas relacionadas con actos de corrupción.

Ahora bien, las distintas iniciativas prevén mecanismos tanto de control interno como de control externo. En materia de control interno, la iniciativa del PAN busca “revivir” a la Secretaría de la Función Pública[1] (SFP) con todas sus anteriores facultades, además de algunas adicionales. Se busca que su titular sea ratificado por el Senado de la República. La SFP será la responsable de todo el control interno de todas las dependencias del gobierno federal. Cuando detecte faltas menores o no graves, será ella misma quien substancie y sancione; cuando las faltas sean graves, hará la investigación y la remitirá el expediente al Tribunal de Cuentas para que éste sancione la conducta grave.

corruption1En materia de control externo, la iniciativa del PAN busca empoderar a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo? Busca eliminar los principios constitucionales de anualidad y posterioridad. Con esto, la Auditoría podría auditar en tiempo real un mal manejo de recursos o podría investigar si se presentara una denuncia sobre alguna desviación en el uso de los recursos públicos. Como se encuentra su diseño actual, la Auditoría Superior es prácticamente inoperante. En estos momentos, está terminando de revisar la cuenta pública de 2013 por lo que, si detectara desviaciones de recursos públicos, sería demasiado tarde para emitir recomendaciones o realizar otro tipo de acciones. Con el esquema propuesto, podría realizar investigaciones y fiscalizaciones en tiempo real, además de emitir recomendaciones para evitar que dichos actos se repitan en un futuro. Contaría también con la facultad de atracción y revisión, lo que quiere decir que si detecta un desvío de recursos grave en una entidad federativa, podría atraer el caso para revisarlo.

Sin embargo, la iniciativa sólo deja a la ASF como un órgano de investigación y deja de ser un órgano de sanción. La ASF elaboraría el expediente cuando encontrara una irregularidad y lo remitiría al Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (creada en la última reforma política como parte de la Fiscalía General de la República) investigaría presuntos actos de corrupción y los consignaría ante los jueces federales.

La parte sancionatoria del Sistema Nacional Anticorrupción estaría a cargo tanto del Poder Judicial de la Federación como del Tribunal de Cuentas –que es una transformación del actual Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este Tribunal podría sancionar a funcionarios públicos federales cuyas faltas son graves, a funcionarios públicos locales por irregularidades en el manejo de recursos provenientes de la federación e incluso podría sancionar a particulares que cometan actos de corrupción.  El Poder Judicial de la Federación sancionaría las conductas que impliquen la comisión de algún delito.

Finalmente, la propuesta de Acción Nacional prevé un Comité Coordinador que estaría integrado por un representante de cada una de las instancias que integran el Sistema (incluido el ejecutivo federal y gobernadores de las entidades federativas) más cinco representantes ciudadanos elegidos por el Senado. Dicho Comité coordinaría al Sistema Nacional y a los sistemas locales anticorrupción.

Las diferencias de fondo entre la iniciativa panista y “el modelo ideal” son pocas, pero no poco profundas. La iniciativa del “modelo ideal” (lanzada por 32 organizaciones sociales y distintos actores de la opinión pública en diciembre pasado) rechaza categóricamente la idea del Comité Coordinador, pues está en contra de “que se imponga un Consejo formado por los integrantes de la clase política con el pretexto de promover la ética pública”. También prevé un Tribunal de Cuentas (que sería un órgano constitucional autónomo)  con más facultades que las que plantea la iniciativa del PAN. Entre ellas estaría la de “emitir recomendaciones vinculatorias para corregir problemas estructurales de corrupción” y tendría “acceso irrestricto a todos los sistemas informáticos y bancarios que le permitan  conocer y determinar la información patrimonial de los servidores públicos a nivel nacional”.

La iniciativa del PRD plantea un esquema similar aunque con algunas variantes. En este esquema, sería la ASF quien encabezaría el Sistema Nacional Anticorrupción, pero tendría prácticamente las mismas atribuciones que se le otorgan en las otras iniciativas. Sus integrantes serían nombrados por la Cámara de Diputados. Adicionalmente, propone que el presidente de la República pueda ser acusado por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales, conflicto de interés, entre otros supuestos.

Todas las iniciativas, desde luego, requerirían reformas secundarias a disposiciones existentes y la creación de leyes generales para combatir la corrupción.

Como puede apreciarse, existe una cantidad significativa de coincidencias entre las distintas iniciativas y las diferencias –de forma y de fondo- no son sobre el modelo en sí, sino sobre algunas particularidades (como el Comité Coordinador, que posiblemente terminará no estando en el dictamen final).

No deja de ser al menos curioso que el Partido Revolucionario Institucional no haya tenido prisa por debatir las iniciativas de los otros partidos en el Congreso –como sí la tuvo con todas las demás reformas constitucionales de la presente legislatura. Cabe decir que tampoco ha habido un posicionamiento o pronunciamiento institucional sobre las iniciativas presentadas. Los próximos días serán decisivos para saber el grado de compromiso que guardan los partidos con el combate a la corrupción.

El desencanto actual con el proyecto democrático se explica en gran medida por el hartazgo social de la corrupción de la clase política. La casa blanca, la casa de Malinalco, las casas de los Murat, las deudas de Moreira, los departamentos de lujo de distintos miembros de la clase política, el caso de Oceanografía y los hijos de Martha Sahagún, los permanentes y ofensivos conflictos de interés; todo ello abona al creciente clima de desencanto con nuestra democracia.

Combatir la corrupción no es sólo un mandato constitucional y una exigencia legal; es también una necesidad para reivindicar a la democracia y la credibilidad de nuestra vida pública.

Juan I. ZavalaEstudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt

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[1] Cabe recordar que con la reforma del 15 de noviembre de 2012, la existencia de la SFP se envió a un transitorio en lo que la Comisión Anticorrupción se aprobaba.

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Estamos por cumplir cien años con nuestra Constitución. Nuestra relación con ella nunca ha sido sencilla. Podemos hablar de una historia problemática, llena de paradojas, estancada a ratos, llena de fervor en otros. Nuestra Constitución ha sido todo: víctima de revanchas ideológicas, culpable del desastre nacional en turno, responsable de la violencia, promotora del desarrollo, promesa de un futuro feliz.

Hace ya más de cien años, Emilio Rabasa, sin duda el constitucionalista más agudo de nuestra historia, advertía nuestra actitud frente a la Constitución (en referencia a la Constitución de 1857): “Se le amaba como símbolo, pero como ley era desconocida por todos”. Venerábamos al texto constitucional como símbolo de la unidad nacional y de nuestra soberanía; la venerábamos como elemento condensador de los deseos de la nación. En esas páginas no veíamos normas, sino un proyecto de país; no encontrábamos reglas e instituciones, sino una utopía política; nunca hallamos en esos párrafos un complejo entramado de instancias y procedimientos que organizaban y limitaban al poder, más bien lo que veíamos era la esperanza de aglutinarnos como nación alrededor de ellas. Por ello, su cumplimiento era prescindible; lo indispensable era su existencia.

Nuestra actitud frente a la Constitución de 1916-1917 no ha sido muy distinta. Al contrario, la distancia entre el poder político y la Constitución se acrecentó. En el discurso oficial ya existía un nuevo suceso histórico que explicaba la unidad nacional: la revolución mexicana. La Constitución podía ser el recipiente en el que se vertieron los reclamos de la revolución, pero no la explicaba. Ésta había estallado por las enormes desigualdades que se acrecentaron durante el porfiriato y la falta de libertades políticas. Durante los gobiernos de Obregón y Calles se creó una nueva narrativa gubernamental: la revolución nos explicaba como mexicanos, a la revolución nos debíamos como país. De esta manera, en el discurso del gobierno, la Constitución pasó a un plano detrás de la revolución.

Pero su importancia como elemento legitimador del régimen no había desaparecido. Conforme las referencias a la revolución comenzaron a desgastarse, a la Constitución se le vio como un documento presente, fresco, de avanzada. Lo que no cambio, sin embargo, fue que su relevancia se mantuvo en términos esencialmente política.

La tradición del régimen autoritario fue siempre respetar la Constitución. Jamás desobedecerla en público, nunca desacatarla en nombre de alguna idea superior. Impensable mandarla al diablo. La revolución y la Constitución justificaban un régimen, un discurso y la existencia misma de un partido político. La Constitución nunca se hacía a un lado de manera pública.

fantasia2Las facultades del poder ejecutivo, por ejemplo, se encontraban en ese documento histórico. Pero, ¿quién diría que durante nuestro régimen de partido hegemónico el poder ejecutivo se limitaba a ejecutar las facultades ahí establecidas?, ¿quién afirmaría que el presidente se asomaba a lo que Kelsen denominó la Norma Fundante Básica para corroborar si una de sus acciones estaba prevista como constitucional?, ¿quién aseveraría que el presidente y su partido se veían limitados en su actuar por lo dispuesto en dicho texto?, ¿quién sostendría que en México se vivía lo que establecía el texto constitucional: división de poderes, federalismo, mecanismos de control político? El presidente no requería de la Constitución porque simplemente no la necesitaba y tampoco le incomodaba. Los cambios sociales se daban a través de otros medios y otras acciones. El presidente no necesitaba a la Constitución porque –fácticamente- estaba por encima de ella y de cualquier institución. Quizás, como escribió hace ya algunos años Jesús Silva-Herzog Márquez, el único componente institucional del sexenio era el sexenio mismo.

La transición a la democracia cambió nuestra lectura de la Constitución. Dejó de ser la vasija donde juntábamos nuestras expectativas y aspiraciones para pasar a ser el documento que poseía una dimensión normativa. Las reformas al poder judicial de 1994 fueron fundamentales para cambiar esa lectura y comenzar a tomar, al menos seriamente, la dimensión normativa de la Constitución. Dicha reforma conceptualizó a la Constitución como norma, otorgándole a la–nueva Corte más facultades de control constitucional (acciones y controversias constitucionales). La reforma era clara: si concebimos al texto constitucional como una norma, entonces debemos tener jueces que revisen si las normas inferiores son acordes a lo establecido en la superior.

Los gobiernos emanados de la transición democrática vieron en la Constitución la palanca idónea para realizar cambios (y la naciente democracia electoral los posibilitó). Si el presidente de la República no podía ya por sí mismo modificar la realidad, entonces había que ir a reformar el texto constitucional. Ya no sería éste la piscina de buenos deseos y grandes proyectos nacionales, sino un texto donde se diseñaban nuevas instituciones y se protegían nuevos derechos. Comenzábamos a despertar de nuestra larga “siesta constitucional”[1].

Ello no implica que comenzáramos a observar y a utilizar a la Constitución como la norma que permea al resto del sistema jurídico interno, otorgando validez formal y material a todas las normas inferiores. Sería un absurdo aseverar que estos gobiernos gobernaron acatando todas las disposiciones constitucionales y procurando cumplir con lo ahí establecido. No. Más bien, se creyó que la única legitimación para actuar era la que otorgaba el propio texto constitucional. Su dimensión normativa era ésa: permitía que se ejecutaran las competencias que ahí se otorgaban.

Un ejemplo reciente, pero no el único: el actual gobierno y el llamado pacto por México inauguraron la era de la fantasía constitucional. Bajo la creencia que basta una reforma, un cambio a la Constitución, para modificar la realidad. Lo que dice la Constitución, será. Hoy los mexicanos tenemos mejor educación porque así lo dispone el texto constitucional. Entraremos en una etapa de crecimiento económico porque ya fue aprobada la reforma energética. México es un país más libre por la aprobación de la última reforma político-electoral. La patria es más próspera porque se aprobó la reforma financiera. Constitución: conjunto de palabras mágicas que, al modificarse, transforman la realidad.

Noventa y ocho años después de la promulgación de la Constitución, aún no podemos decir que vivimos bajo un régimen constitucional. La democracia mexicana tiene una larga lista de pendientes. Posiblemente, el más apremiante es el de establecer un verdadero régimen constitucional. Si la democratización mexicana implicó una mayor distribución del poder y medios de acceso más efectivos, el reto de nuestro constitucionalismo sigue siendo el de hace casi cien años: organizar mejor al poder y limitarlo y, al mismo tiempo, promover los derechos y las garantías que ahí se han establecido.

Terminar con la impunidad, crear un verdadero régimen federal, activar los mecanismos congresionales cuando haya excesos o abusos por parte del ejecutivo, limitar la intervención del gobierno en la vida privada de los ciudadanos, hacer del nuevo sistema de justicia penal una realidad, evitar la arbitrariedad por parte de los poderes públicos… son sólo algunas de las cuestiones que requieren a una Constitución viva y despierta; en pocas palabras, una Constitución que se cumple.

Aunque no falten las fricciones, constitucionalismo y democracia deben caminar de la mano. La distribución del poder es inseparable de su organización. Hemos pasado ya más de quince años imaginando formas de distribuir y ampliar el acceso el poder. Es ya hora de empezar a tomar en serio su limitación. Es la mejor manera de honrar a la Constitución.

Juan I. ZavalaEstudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt

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[1] Silva Herzo Márquez, Jesús. “El antiguo régimen y la transición en México”. Editorial Planeta/Joaquín Mortiz. México, 1999. P. 37

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En mi intervención anterior y en la respuesta que se le dio, comentábamos la importancia de estar atentos a la resolución de la Suprema Corte de la contradicción de tesis 299/2013, relativa a si los jueces de todos los órdenes jerárquicos del país pueden inaplicar la jurisprudencia de la Corte vía control difuso ex officio. El resultado de la discusión no fue muy diferente a como se hubiere podido predecir, el tribunal en pleno de la Corte respondió negativamente a la pregunta planteada por siete votos a favor y dos en contra[1]. En este segundo texto expondré los argumentos más importantes del resto de los ministros y explicaré por qué sigo convencido en que la postura de la minoría era la más conveniente.

Cometí un error en mi intervención anterior. Creí que si dejaba de lado las consideraciones de casos concretos en que la jurisprudencia de la Corte había sido inaplicada, podría exponer de manera más clara mis puntos. Advertí este error cuando valoré los argumentos que se han esgrimido en contra de la opinión minoritaria, particularmente aquellos que subrayan el valor de la seguridad jurídica en el aparato judicial mexicano, el carácter de órgano de cierre de interpretaciones de la Corte y los que predicen un caos en la inaplicación de los criterios que terminarían por pagar los justiciable. Enfatizo particularmente este último argumento y lo explico en concreto a través del amparo directo en revisión 2126/2012.

En aquel asunto de la Segunda Sala, el cual citó en más de una ocasión la ministra Luna Ramos (ponente de ese asunto), el tribunal colegiado inaplicó la jurisprudencia de la Corte que prohibía al juzgador utilizar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo para calcular la indemnización del policía sujeto a un despido injustificado, pues ha quedado sentado que por la naturaleza de sus funciones éstos no son susceptibles de reinstalación. El colegiado consideró que esta interpretación violaba los artículos 1 y 2 del Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, pues la Ley Federal del Trabajo hubiera sido más benéfica para el policía despedido injustificadamente. Como dije, esta sentencia fue revocada por la Segunda Sala, atendiendo únicamente a que no era posible inaplicar el criterio de la Corte y no porque el criterio protegiera menos o más al justiciable.

Los ministros de la minoría —Silva Meza y Cossío— me parece que están por un ejercicio de ponderación conveniente para cada caso concreto en que los juzgadores se encuentren con este tipo de disyuntivas. Bien han mencionado que esta no resultaría en una ola de inaplicaciones desenfrenadas, pues la inaplicación propuesta presupone un ejercicio de argumentación por parte del juzgador. Ahora bien, si la seguridad jurídica parece un argumento de peso para quienes no están de acuerdo, el ministro Cossío acertó en mencionar que el propio diseño piramidal del poder judicial y la revisión de las decisiones de los jueces inferiores puede llevar a que los superiores[2] revoquen esas resoluciones cuando su ejercicio argumentativo no los lleve al convencimiento, mas no —como la mayoría estableció— revocar con base en el argumento de dar sentido unificador al sistema.

controlLa discusión en este momento no me parece que sea la negación o afirmación de la Suprema Corte como tribunal constitucional. El punto toral de la polémica es que hay casos que están resolviendo los jueces mexicanos cuyas particularidades no alcanzan a ser cubiertas por la respuesta abstracta que una tesis jurisprudencial ofrece, y no ignoro las diferencias entre inaplicación e inaplicabilidad, pues me estoy refiriendo a cuestiones tan concretas como las ventiladas en el amparo 2126/2012: (1) la Corte se plantea un cuestionamiento derivado de casos concretos, (2) la resuelve emitiendo un criterio y una tesis que contiene un criterio abstracto y, (3) posteriormente, surge un caso en el que los tribunales inferiores advierten la irregularidad del criterio. La jurisprudencia obligatoria no puede ser perfecta, pero inclusive me parece que no pretende serlo. Y es justamente por ello que su inaplicación no tiene la pretensión de diluir el sistema de control y mucho menos el Estado de derecho, sino que esto abonaría a impregnar de más razones las discusiones a las que los juzgadores se enfrentan. Lo contrario llevaría a aceptar la afirmación del ministro Pérez Dayán, cuando asegura que la existencia de la jurisprudencia ya supone que la norma y el problema ha sido estudiado en su totalidad.

De igual forma, se ha dicho que la posibilidad de que la jurisprudencia sea irregular es latente, pero que para ello no es necesario llegar a los extremos del control difuso sobre ésta, sino que en esos casos los legitimados por la ley de amparo pueden echar a andar los medios para la sustitución de jurisprudencia. Sin embargo, el hecho de que haya medios legales para la sustitución de la jurisprudencia considerada inconstitucional o inconvencional no resuelve el problema, también el legislador o el poder revisor de la Constitución podría variar sus criterios reformando las normas jurídicas que emiten. El ministro Cossío acertó en este argumento, porque la afirmación de esta idea lleva a la conclusión de que hay una preocupación desmesurada por preservar un sistema que ya de suyo no parece tener una identidad bien definida. O, lo que es parecido, sacrificar la correcta e integral resolución de casos concretos bajo el argumento de preservar la unidad. Sin mencionar que esta prohibición no contribuye a la formación de un tipo de juez que me parece es el que exige el estado constitucional, un juez que pueda ser creativo cuando las circunstancias lo ameriten.

Ahora bien, las distinciones introducidas por el ministro Zaldívar sirven para esclarecer la pregunta, pero no dan luz para reforzar la respuesta de la polémica. Es cierto que inaplicación e inaplicabilidad no son lo mismo, que la jurisprudencia de legalidad, constitucionalidad y sobre constitucionalidad/convencionalidad de normas no son lo mismo, y que disposición y norma son diferentes. Esto, repito, aclara la pregunta y los supuestos en que el juez puede decantarse por no contravenir la jurisprudencia de la Corte, pero nuestra discusión se sitúa en los casos en que la jurisprudencia sí es aplicable y la interpretación jurisprudencial de la disposición no proteja al justiciable o, bien, la norma generada vía jurisprudencial tampoco lo haga. En todo caso, las diferenciaciones entre disposición y norma, como base para afirmar que las primeras admiten control difuso —por pertenecer a la categoría de normas formales del 133— y no así las segundas —por pertenecer al supuesto del 94 constitucional (normas generales emitidas vía jurisprudencia)— implica omitir que la jurisprudencia es a final de cuentas un sistema de creación de normas generales subsumibles por los jueces en casos concretos, al igual que las disposiciones del 133. El resultado es el mismo, pero se le pretende dar trato desigual.

Me parece de particular atención y curiosidad que muchos de los argumentos que ahora se esgrimen para oponerse a la polémica que nos ocupa, son sumamente parecidos a los que se han ofrecido para criticar el propio sistema de control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. En alguna medida, todos invocan la seguridad jurídica como valor superior. Bajo esta tónica se pretende desviar las razones sustantivas por las formales.

La alarma que me parece intentamos accionar quienes compartimos esta postura, es aquella que dice: la Corte está revocando sentencias de colegiados y no lo está haciendo porque la argumentación de éstos sea menos convincente, sino debido a que la jurisprudencia de la Corte debe ser obligatoria porque lo dice la ley de amparo y los ministros, esto en aras de preservar un orden y de priorizar el argumento de seguridad jurídica.

Si el quejoso en el amparo 2126/2012 quisiera seguridad jurídica no hubiera acudido al juicio de amparo, el asunto lo tenía perdido por el solo hecho de saber que existía jurisprudencia de la Corte que no le favorecía. Su causa no tenía razón de existir a menos que, como argumentan, alguno de los legitimados denunciara la sustitución de jurisprudencia.

El principio pro persona y la seguridad jurídica no son valores absolutos, como atinadamente se nos ha respondido, es por ello que no estamos en condiciones de ponderar alguno de éstos en definitiva. El carácter de tribunal constitucional de la Corte no debe diluirse fatalmente ante la posibilidad de que los jueces inferiores inapliquen su jurisprudencia si en algún momento la Corte puede revisar esa inaplicación y resolver en definitiva, en ese asunto, sobre la confirmación o revocación.

Nadie se autoconcibe como formalista, pero la apelación abusiva a la seguridad jurídica me parece que sí es un tono distinguible en esta discusión. Pareciera que los valores formales fueran, en algún momento, distinguibles nítidamente de los sustantivos. No podríamos negar ni la existencia[3] ni la importancia que la Constitución otorga a la seguridad jurídica, por supuesto que es un valor deseable, de lo que no estoy cierto es que los justiciables quieran estar seguros de que no hay —en las interpretaciones de la Corte— un futuro al menos cuestionable para su causa.

No me pasa por alto el hecho de que la Corte no confía en los tribunales colegiados, ello no es materia exclusiva de esta polémica, no obstante la alcanza a teñir. Me parece que hay una diferencia muy grande entre entender que la Suprema Corte es el vértice de la pirámide judicial con que se trate de construir una Corte redentora, cuya palabra sea incontrovertible. ¿Quién custodiará a los custodios? Me parece que bien los jueces pueden contribuir a la propia labor de auscultación de la Suprema Corte. Esto podría abonar a la idea de sacar de a poco el llamado monopolio de la interpretación constitucional y el discurso jurídico de los tribunales y llevarlo también al foro y, por supuesto, a sus propios destinatarios.

En algún momento también fui un entusiasta de la labor interpretativa de los tribunales, hasta que la evidencia fáctica me llevó a comprobar lo contrario. Decir que la Suprema Corte detenta el monopolio de la interpretación es una cosa y otra muy diferente es que ello sea deseable. Pienso que ese discurso va en la línea de desprestigiar la judicatura inferior, y junto con ello la idea incompleta de que debemos invertir todos nuestros esfuerzos en moldear una Corte ejemplar, cuando lo que tendríamos por igual que hacer es reforzar las bases de esa pirámide. La razón práctica y la visión principalista del Derecho, desde mi perspectiva, se vieron mermadas en esta resolución.

Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Twitter: @JuLuisHM

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[1] El ministro Valls se encuentra gozando de licencia para atender problemas de salud y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena estuvo ausente.

[2] El ministro Pérez Dayán propuso que la contradicción de tesis en cuestión expandiera sus efectos para los tribunales colegiados y plenos de circuito, es decir, que los inferiores no puedan inaplicar los criterios obligatorios de sus superiores. La propuesta no fue incluida porque la contradicción, en palabras del ministro Pardo, estaba delimitada a la jurisprudencia de la Corte, e incluir esas consideraciones podrían dar lugar a nuevos y probablemente enredosos debates.

[3] El ministro Cossío afirmó que la seguridad jurídica es un valor metaconstitucional; contrario a esto se ha dicho que este valor deriva de la interpretación de los artículos 14 y 16 constitucionales.

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justicia-electoralLa reciente reforma política ha traído nuevas formas, reglas y estructuras en relación con la organización electoral que tradicionalmente conocíamos. Hay temas que saltan a la vista como las candidaturas independientes, el voto de los mexicanos en el extranjero, la nueva fiscalización, la nueva organización electoral nacional comandada por el Instituto Nacional Electoral que es dotada, entre otras, de facultades para que atraiga a su esfera de competencia casi cualquier actividad electoral del ámbito de elecciones locales organizadas por los organismos públicos locales.

Sin embargo, dentro de otros aspectos de la reforma política electoral, sin ser menos importante, nos encontramos con lo relativo a la administración de justicia electoral. Tema más que mediático en días pasados fue, sin duda, lo relativo a los haberes de retiro de los magistrados. Pero en temas de administración de justicia electoral hallamos también lo referente a la nueva organización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahora contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada con sede en el Distrito Federal.

Con este cambio vemos el aumento de dos salas regionales, además de la creación de la Sala Regional Especializada que conocerá y resolverá de los procedimientos especiales sancionadores, lo cual es una innovación dentro de la competencia jurisdiccional. Si bien es cierto que las Salas Superior y Regionales resolvían en definitiva según el caso estos procedimientos, la resolución primigenia no era producto de ningún órgano jurisdiccional, sino de una autoridad administrativa como el IFE o los consejos electorales locales. Ahora, con las nuevas disposiciones ya ninguna autoridad administrativa emitirá resolución alguna, sólo se encargarán del procedimiento respectivo para dictaminarlo y remitirlo a la nueva Sala Especializada.

Tal asunto no es lo único novedoso de la reforma, respecto la organización de las autoridades jurisdiccionales locales, llama también la atención la naturaleza que se les asigna a éstas en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las dos fracciones del artículo 105 que señalan lo siguiente:

I. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. [...] II. Estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.

Lo anterior nos obliga a cuestionar cuál es entonces la naturaleza de estas autoridades jurisdiccionales. Antes de la reforma, los tribunales electorales locales formaban parte de los poderes judiciales de cada entidad. Precisamente porque su ámbito de competencia eran las elecciones locales y actuaban como instancia jurisdiccional revisora de la actuación administrativa de los institutos locales. La reciente reforma, sin embargo, no dice que ya no sea una autoridad revisora de esa actuación administrativa, pero sí señala que “ya no están adscritos a los poderes judiciales estatales”. Ahora bien, si no están adscritos a los poderes judiciales locales, entonces a quién estarán adscritos. Es una interrogante que nos debemos de hacer porque con la reforma política tampoco se dijo que estuvieran adscritos al poder judicial de la federación.

Necesariamente tendrá que discutirse, entre otros, aspectos como la dependencia presupuestal, organización estructural, capacitación y si dependerá de una ley orgánica que deberán tener estos tribunales locales o bien si se aplicarán las leyes orgánicas de los poderes judiciales locales como anteriormente sucedía. Otro tema no menor a considerar es que los existentes tribunales y salas electorales locales en su generalidad están integrados por personal administrativo regido por el servicio profesional de carrera, derivado de la judicatura local, y hasta el momento no queda claro si por no estar adscritos a los poderes judiciales locales también cambia su naturaleza en este punto.

Ante la duda fundada del valor que se le dé a la palabra “adscrito”, las dos fracciones del artículo mencionado, al menos en el plano literal, encuentran cierta contradicción. Ya que, por un lado, señala que las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos “jurisdiccionales” especializados en la materia electoral y, por el otro, la siguiente fracción señala que no están adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas. Ante esto es válido cuestionar si pertenecerán al poder judicial federal o local, así como la connotación que se le dé al concepto de “autoridad jurisdiccional” ya que la jurisdicción, es la actividad de juzgar y los facultados constitucionalmente para emitir juicios de orden legal son los poderes judiciales.

Es cierto que esta reforma exige que se tengan que adecuar las legislaciones locales y quizá a través de ellas se hagan las aclaraciones pertinentes de acuerdo a la naturaleza propia de una autoridad jurisdiccional. El derecho debe ir respondiendo a la realidad y no al revés. Es necesario entonces adecuar y legislar de la mejor manera para llevar a buen puerto la reforma política electoral y generar certeza en la ciudadanía, confianza en las instituciones y consolidar el nuevo sistema electoral. La reforma política debe continuar tomando puntual nota de las sentencias y criterios que a partir de ahora emitan y formulen las salas y tribunales electorales, ya que éstos serán el termómetro que darán cuenta de los errores y aciertos que deban aclararse en la ley.

Sandor Hernández. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con estudios en Maestría por la Universidad Panamericana. Se desempeña actualmente como Secretario Técnico del Consejo General del Instituto Electoral de Aguascalientes. Twitter: @SandorHdz

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El 12 de junio de 2000, de acuerdo con las evidencias recabadas, al menos 12 personas emboscaron a un grupo de policías del estado de Chiapas, los cuales viajaban a bordo de una camioneta que circula por la carretera que une los municipios de Simojovel y el Bosque, Chiapas. En el ataque resultaron siete elementos policiacos muertos y dos heridos (un policía estatal y un civil menor de edad que conducía el vehículo)

Debido al clima político que en el año 2000 imperaba en Chiapas, el Ejecutivo federal había creado la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, que orgánicamente dependía de la PGR. Por esta razón[1], fue que el Ministerio Público Federal (MPF) y, posteriormente, el PJF por medio del Juez Primero de Distrito en Chiapas tuvieron a su cargo la administración e impartición de justicia. Sin embargo, en un principio el Ministerio Público del Fuero Común (MPFP) también realizó diversas actuaciones que posteriormente fueron incorporadas a la averiguación previa federal.

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Durante la integración de las indagatorias se evidenció el conflicto socio-político que existía entre el presidente municipal del Bosque y diversas organizaciones sociales que tenían una presencia importante en dicho municipio. Dentro de este contexto, el 30 de mayo de 2000, más de dos decenas de organizaciones entregaron una carta al gobernador del estado Roberto Albores Guillen, solicitándole la remoción del edil Manuel Gómez Ruiz, debido a actos de corrupción, acoso sexual, nepotismo –prueba de esto último es que el hijo de munícipe Rosemberg Gómez Pérez tenía a su cargo la conducción de un vehículo oficial.

De igual forma, fueron evidentes las irregularidades en que incurrieron el MPF y el MPFC durante la integración de las Indagatorias, buscando a toda costa aparentar una eficiencia en el esclarecimiento de los hechos. Por lo cual, las autoridades ministeriales no tuvieron ningún reparo en recurrir a la práctica de diligencias ilegales y la obtención de pruebas ilícitas -por ejemplo, el MPF y el MPFC recabaron la declaración de un testigo sobreviviente, Belisario Gómez Pérez, en la misma fecha, hora y lugar; la incorporación de una fotografía de Alberto Patishtán, prueba de rodizonato de sodio practicada siete días después, etcétera- que luego fueron convalidadas por los correspondientes funcionarios judiciales en las distintas fases del proceso, apelación y juicio de amparo.

Este fue el contexto bajo cual Defensa Estratégica en Derechos Humanos AC., (DEDHAC) retoma el caso en junio de 2012, luego de realizar un análisis exhaustivo de las constancias fueron evidentes dos cuestiones: 1) la existencia de graves violaciones a los principios de debido proceso y de presunción de inocencia que impidieron que Alberto Patishtán pudiera defenderse adecuadamente y 2) la falta de conocimiento pleno del proceso penal por parte de los abogados y organizaciones que hasta ese momento habían apoyado el caso.

Tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la fecha en que habían acaecido los hechos y los supuestos bajo los cuales puede sustentarse un incidente de reconocimiento de inocencia, DEHDAC optó por la hipótesis establecida en la fracción segunda del artículo 560 del CFPP que establece la procedencia cuando “después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado aquélla”.

DEDHAC al plantear el incidente sostuvo que a partir de la fecha de la sentencia y hasta el mes de agosto de 2012, aparecieron documentos públicos que invalidaban los elementos que habían conformado la prueba circunstancial sobre la cual se sustentó la sentencia.

A juicio de DEDHAC, los documentos públicos eran las tesis de jurisprudencia y aisladas compiladas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (SJFyG), así como las sentencias que dieron origen a los criterios, a través de los cuales con el paso del tiempo los tribunales del PJF revaloraron o reinterpretaron el valor probatorio de la duplicidad de actuaciones, la incorporación de fotografía a la indagatoria, la prueba de rodizonato de sodio, el testimonio único, que por lo que al confrontar estos nuevos criterios plasmados en el SJFyG con los prevalecientes en el año que había sido dictada la sentencia, invalidaban los elementos con los cuales había sido conformada la prueba circunstancial. Dicho en términos coloquiales, lo que en 2003 eran pruebas legales, al pasó de los años los tribunales del PJF habían determinado que habían dejado de serlo.

Es evidente que el planteamiento es innovador y audaz ya que golpea la línea de flotación de una falla estructural del sistema de administración e impartición de justicia, que no es otra cosa, más que la violación sistemática de los derechos de debido proceso, presunción de inocencia y defensa adecuada que por igual se cometen en contra de culpables e inocentes. Luego, entonces, establecer un precedente de la forma en que DEDHAC lo planteó significaba abrir la posibilidad de que muchas personas sentenciadas con base en pruebas que actualmente son consideradas ilícitas pudieran alcanzar su libertad.

Cuando un apreciado ministro de la Primera Sala señaló que el planteamiento abriría la caja de pandora y que la Corte no estaba preparada para dar ese paso, DEDHAC supo que el destino del incidente estaba decidido y que el PJF prefería dejar en la cárcel de por vida a un inocente antes que enmendar una falla estructural y que era cuestión de tiempo para que la Primera Sala decidiera no reasumir su competencia y el Tribunal Colegiado (TC) declarara improcedente el incidente, como al final aconteció. La resolución de los magistrados es una interpretación letrista alejada de los nuevos estándares plasmados en el artículo 1º constitucional ya que consideraron que las tesis de jurisprudencia y las sentencias que dieron origen a esos criterios “no tenían relación con el caso en cuestión”.

Sin embargo, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Alberto Patishtán eran tan evidentes que después de que el TC emitió su resolución, se generó una reacción de descontento en diversos sectores de la sociedad civil –grupos de personas, iglesia, ONG’s, funcionarios estatales y federales, así como organismos internacionales-, lo cual fue determinante para que el poder legislativo entrara en acción proponiendo la incorporación al Código Penal Federal del artículo 97 bis, que hace posible el indulto presidencial “cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada”.

Al pasar por alto las graves violaciones a los derechos humanos de Patishtán, los tribunales del PJF dieron paso a la creación de una cuarta instancia, a cargo del Ejecutivo federal quien puede revisar las actuaciones de los tribunales y determinar la existencia de violaciones graves a los derechos de un sentenciado y por ende concederle el indulto. Esto no sólo es grave por la trascendencia que reviste el hecho de que el presidente de la República pueda analizar las actuaciones del PJF, sino también porque al revisarlas quedará evidenciado que los tribunales convalidaron o no apreciaron las graves violaciones de derechos cometidas contra un sentenciado, lo cual demostrará la falta de eficacia del PJF restándole credibilidad.

Por estas razones sostengo que el PJF fue el gran perdedor, ya que tuvo en sus manos enmendar los errores cometidos por sus propios integrantes, pero por no abrir la caja de pandora, dio paso a que el Ejecutivo federal pueda revisar los procesos y deje sin efectos las sentencias aunque sea de forma parcial.

Leonel G. Rivero Rodríguez. Coordinador General de DEDHAC; tutor de la maestría de Derechos Humanos y Democracia de la FLACSO.


[1]Además de que esas fechas, el segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales señalaba que el Ministerio Público Federal (MPF) era competente para conocer de delitos del fuero común que tuvieran conexidad con ilícitos del fuero federal.

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En la Ley de Ingresos de este año[1] pasó algo insólito con nuestros impuestos. Sin más, el gobierno mexicano decidió condonar (o perdonar) el Impuesto sobre la Renta (ISR) a los estados y municipios del país. Es decir, que a manera de un rescate financiero, la federación canceló las deudas correspondientes a retenciones de ese impuesto efectuadas sobre los sueldos de la burocracia local.

moneySe preguntarán, ¿qué tiene que ver dicha condonación con nuestros impuestos? Pues bien, al perdonar este tipo de deudas que los estados y municipios tenían, se genera un déficit en las finanzas públicas del país, al afectarse la disposición de recursos para satisfacer el gasto público. En pocas palabras, falta dinero para cubrir los gastos. Esto sólo tiene una manera de corregirse: que los contribuyentes paguen más impuestos. Y en efecto lo más probable es que así suceda. La anunciada reforma fiscal para 2014 promete medidas estructurales en el ISR y en otros impuestos tendientes al incremento de la recaudación federal para ‘tapar el hueco’ que dejó la cancelación de dicho adeudo. Una absurda lógica derivada del incorrecto y opaco manejo de las contribuciones que pagamos.[2] Los gobiernos locales y municipales administran de manera errónea sus recursos y somos los ciudadanos los que pagamos los platos rotos con el incremento de los impuestos.

 

Que los contribuyentes, cada uno de nosotros que pagamos impuestos, nos quedemos como espectadores de esa injusticia no es una opción viable. Por eso, 19 ciudadanos promovimos el juicio #YoContribuyente. ¿Qué tiene de novedoso este amparo?

 

Tal vez hayan oído de la nueva figura del interés legítimo en los juicios de amparo, introducida en la Constitución en junio de 2011[3] y con la que se inició la 10ª época en el Poder Judicial de la Federación. Antes de esta reforma, el amparo sólo podía promoverse por ‘interés jurídico’, es decir, si cumplía requisitos muy específicos y rígidos que hacían de ese juicio un instrumento de acceso limitado para la defensa de derechos de los ciudadanos.

 

Con la reforma, el interés legítimo “ensancha la puerta” para la protección de principios y valores constitucionales, así como de derechos humanos de segunda y tercera generación. Tales como salud, educación y protección del medio ambiente, en amparos promovidos por individuos o colectivos afectados “…en virtud de su especial situación frente al orden jurídico”.

 

Lo que buscamos en el juicio #YoContribuyente es que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos 2013 y, por consiguiente, no se aplique. De lograrse esto, habría una incidencia inmediata y negativa en los estados y municipios beneficiados con la condonación del ISR. Para nosotros, en cambio, no significaría un beneficio personal, pues nuestro reclamo no es que se nos extienda dicha condonación –ni algo equivalente. Como sí lo intentan, por el contrario, algunas empresas que también promovieron amparo en contra de la Ley de Ingresos 2013.

 

Si la sentencia se pronuncia a nuestro favor, los efectos serían indirectos y reflejos. En palabras simples: el efecto de una resolución favorable se traduciría en el fortalecimiento de las finanzas públicas federales y en la correcta orientación del gasto público al cumplimiento de objetivos válidos.

 

El juicio #YoContribuyente presenta tres retos jurídicos importantes: 1) definir si quienes firmamos la demanda tenemos interés legítimo para ampararnos contra la condonación del ISR; 2) determinar si, de ganarse el amparo, los efectos de la sentencia serían generales y en beneficio del gran colectivo de contribuyentes que no lo promovieron y; por último 3) analizar si en términos de la nueva figura constitucional del interés legítimo, las sentencias tendrían que ser restitutorias, como tradicionalmente lo han sido, o cabe la posibilidad de que también sean meramente declarativas. En esta colaboración nos ocuparemos del primer punto.

 

El interés legítimo en #YoContribuyente

Antes de la reforma constitucional al juicio de amparo, un reclamo como el que se pretende en el juicio #YoContribuyente no habría sido viable. El ‘interés jurídico’, una figura que se incorporó a nuestro sistema constitucional desde fines del siglo XIX, es un concepto cerrado que sólo ha permitido la participación individual en el juicio de amparo de quienes sufren una afectación directa en sus derechos personales (la vida, la propiedad, la libertad, etcétera).

 

En cambio, el interés legítimo es una expresión abierta que posibilita a los ciudadanos la defensa de sus derechos tanto individuales como colectivos, así como otros principios y valores contenidos en la Constitución. El interés legítimo plantea una relación directa con la idea de democracia: la legitimidad y el poder, residen en última instancia en el pueblo. En el amparo #YoContribuyente, el interés legítimo nos da las herramientas procesales para exigir la depuración de un sistema contrario a la Constitución. En nuestro régimen democrático siempre hemos tenido ese derecho, pero no había existido manera de defenderlo en ante los tribunales.

 

En este caso, los derechos humanos afectados tienen una dimensión distinta a la tradicional: los impuestos incide en la propiedad privada de los ciudadanos desde el momento en que se materializan con dinero de éstos. Por ello, los particulares tenemos interés –y derecho- a proteger nuestra propiedad privada. Y, en razón de esta protección, exigimos el respeto de los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos federales. En la medida que protegemos nuestra propiedad privada procuramos el respeto de los principios y valores concernientes a la adecuada y sana administración de la hacienda pública federal. Con el interés legítimo tenemos derecho a fiscalizar el ciclo financiero del Estado en su totalidad.

 

Como contribuyentes, que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, tenemos una especial situación frente al orden jurídico. Ahí reside el interés legítimo: somos ‘destinatarios’[4] de las obligaciones fiscales y cumplimos con ellas.

 

¿Estará renuente el Poder Judicial a abrir esta puerta? ¿O acaso no es válido que los ciudadanos fiscalicemos el correcto destino de nuestros impuestos al gasto público?

 

José Roldán Xopa. Abogado por la Universidad Autónoma de Puebla y doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @JRXopaa

Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

Nota: Los autores agradecemos a Julio Amavizca Espinoza y José Eduardo González Platas la revisión de los borradores de este trabajo y los cuestionamientos a las ideas expuestas en el mismo.


[1]Ley de Ingresos 2013: “Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2013”.En realidad, el artículo 9º, último párrafo de esta ley prorroga un esquema que en favor de los propios estados y municipios operó desde el año de 2008.

[2] Se desconoce a cuánto asciende el acumulado histórico de la condonación del ISR, pues el Congreso de la Unión y las autoridades hacendarias son renuentes en proporcionar esa información. Incluso, se ignora qué estados y municipios se han beneficiado de ese programa.

[3] El artículo 107, fracción I, primer párrafo de la Constitución Federal, publicado el 6 de junio de 2011 y en vigor a partir del 4 de octubre del mismo año, dispone: “El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

[4] La referencia expresa a ‘noción del interés legítimo’ y ‘destinatarios’ consta en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del proyecto de iniciativa de la Ley de Amparo, de fecha 5 de octubre de 2011, página 17. [Énfasis añadido].

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El pasado mes de abril, se publicó la nueva ley del juicio de amparo. Esta nueva legislación significa un verdadero rediseño de esta figura -medular para la protección de los derechos fundamentales en nuestro país. Pero, ¿cuáles son sus principales cambios? ¿Qué repercusiones jurídicas y sociales tendrán? ¿Tenemos en efecto, como se dice, un juicio de amparo más protector? Estas y otras preguntas se irán contestando en una serie de videos, que inicia con éste, y que tratará de explicar y desmenuzar esta nueva legislación. Así, en este primer video, se aborda una novedad no menor: la posibilidad de defenderse mediante el juicio de amparo de particulares como empresas, grupos privados y demás. Lo cual abre una trinchera para proteger a otros particulares pero con menos poder y, en este sentido, equilibrar la dinámica socioeconómica de nuestra sociedad.

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Luis M. Pérez de Acha.  Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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