El pasado mes de diciembre tomaron posesión en el cargo de ministros de la Suprema Corte tanto Alberto Gelacio Pérez Dayán como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Al primero le hemos dedicado un espacio a partir precisamente de algunas sentencias y jurisprudencia que sustentó como magistrado el hoy ministro, de ahí que consecuentemente ahora corresponda referirnos al segundo.

El ministro Gutiérrez Ortiz Mena al no provenir del estamento judicial, el análisis de su trayectoria, en principio, no podría ser obviamente a partir de sentencias. Sin embargo, ¿qué asideros de tipo jurisdiccional podrían considerarse, sobre todo si esa va a ser la principal actividad a desempeñar como ministro? Si el abanico de opciones para la designación de un ministro de la corte son los jueces de carrera judicial, académicos, litigantes y servidores públicos, en el caso del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, sus condiciones se refieren a estas dos últimas, de ahí que se justifica revisar su desempeño en el litigio ante los tribunales como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Así, acudir a una estadística relativa a su última responsabilidad administrativa en  relación a juicios de amparo y revisiones fiscales, o detectar algunos precedentes atinentes a las facultades del SAT, pueden servir de señuelos de un posible desenvolvimiento del ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

Nieto del histórico secretario de Hacienda y Crédito Público en las administraciones de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz (además de director del Banco Interamericano de Desarrollo), el ex director del Sistema de Administración Tributaria reúne claramente una experiencia de tipo administrativo, concretamente como recaudador de impuestos y la consecuente actuación litigiosa que ello implica. Ese perfil de talante administrativo lo destacó precisamente en su comparecencia ante el Senado, al referirse a que hará especial hincapié a determinadas políticas públicas dentro de la Suprema Corte. Pero a partir de esa experiencia, ¿cómo podría evaluarse su comportamiento institucional en relación con la jurisdicción constitucional? Una posible ruta lo constituye la estadística del poder judicial como hemos afirmado.

En efecto, a partir de la estadística del Poder Judicial Federal, sin incluir a la propia Corte, en cuanto a revisiones fiscales por ejemplo, se pueden encontrar datos a considerar. Las revisiones fiscales son el instrumento procesal por el cual el SAT puede cuestionar ante los tribunales colegiados aquellas resoluciones que les sean adversas. De 2008 a 2012 (periodo en que Gutiérrez Ortiz Mena encabezó el SAT) se presentaron por parte de tal autoridad alrededor de 6,500 revisiones fiscales, de las cuales poco más de 2,200 fueron confirmadas, mientras que más de 3,100 fueron revocadas. Lo anterior arroja que el 34% de las acciones emprendidas en revisiones fiscales por parte de los litigantes del SAT fueron desfavorables para la institución, en contraste con un 49% que resultaron benéficas. Ambos porcentajes dan como resultado el 83% de tales impugnaciones. El resto del porcentaje se diluye en asuntos donde se desecha, modifica o confirma parcialmente.

Si bien la estadística es siempre fría y puede derivar en múltiples lecturas y desgloses, es posible reflejar una perspectiva general en cuanto a un ánimo de la eficacia recaudatoria por la vía impugnativa. Por supuesto que sería incorrecto afirmar que cada uno de esos litigios es absolutamente obra del titular del SAT en el periodo mencionado, pues muchos de ellos se llevan por conducto de diversas oficinas regionales del organismo además de la propia distribución de las cargas laborales en el órgano central señalado, pero algo puede revelar desde esa perspectiva general. Con independencia de las diferentes conclusiones que puedan derivarse de los datos anteriores, eso puede develar cierto desempeño del SAT ante tribunales.

Otro elemento a considerar pueden ser aquellos precedentes contenidos en tesis aisladas o jurisprudencia en los cuales se haya considerado la constitucionalidad o no de un determinado actuar del SAT. Lo anterior cobra importancia sobre todo si de acuerdo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos  de junio de 2011, obliga a todas las autoridades y por supuesto a las administrativas, a respetar precisamente dichos derechos humanos. Esto incluso fue materia de cuestionamiento en las comparecencias en el Senado. Bajo esa tesitura se vuelve muy importante en términos del régimen fiscal, la eficacia recaudatoria con pleno apego a esos derechos humanos. Es decir, en el mundo ideal, la recaudación de impuestos no debe implicar en ningún momento la afectación a los derechos de los contribuyentes y de acontecer, para eso están los órganos jurisdiccionales.

En ese contexto es destacable el precedente surgido en la revisión fiscal 276/2011 relacionado con una polémica materia, me refiero al tema de juegos y sorteos. En dicho precedente se consideró constitucional la expedición de determinadas reglas por parte del SAT para la recaudación, vía miscelánea fiscal, de las ganancias obtenidas en las máquinas de juego como las tragamonedas o mediante el uso de tarjetas. En uno de los rubros más lucrativos en el mundo entero (los juegos con apuestas), se consideró en aquél asunto que las medidas adoptadas por el SAT cumplían con el principio de reserva legal. Básicamente dichas medidas se refería a la conexión de las máquinas de juegos con sorteos con un sistema de cómputo central, sin que dichas máquinas pudieran establecerse de manera autónoma. Esto le permitía con mayor facilidad a la autoridad administrativa revisar el registro de las ganancias obtenidas y por tanto realizar sus facultades de fiscalización.

La visión del ministro Gutiérrez Ortiz Mena en los temas fiscales será su principal zona de aportación, sobre todo en los alcances y límites de la autoridad administrativa en la recaudación pero también en aquellos temas en donde se tenga que definir a quién le corresponde establecer determinada política recaudatoria o incluso económica. Indudablemente que en el debate constitucional contemporáneo, muchos se inclinan por el legislador, pero en determinados casos, no resulta tan fácil esa disyuntiva en la medida que la intervención judicial se identifica con la protección de ciertos derechos como los relativos a la libre concurrencia y competencia económica. Un ejemplo de esa discusión puede ser el amparo relativo al precio único del libro.

Al respecto, desde la perspectiva de la ciencia política, cabe señalar las críticas al régimen de impugnación en materia fiscal realizada por Carlos Elizondo Mayer, quien sin dejar de reconocer la importancia de los derechos básicos de los contribuyentes, afirma que habría determinadas zonas de la materia fiscal que no deberían ser objeto de definición por el poder judicial sino más bien por el legislador.[1]

Puntos como el concepto del mínimo vital[2] pudieran ser los temas en donde con cierta intensidad podrían enfrentar el tamiz del recaudador con lo justiciable del tema. Eventualmente podrían conciliarse tales aspectos, pues en términos generales en la recaudación no se trata de dejar sin ese mínimo de subsistencia o existencia (ese mínimo vital)[3] a los contribuyentes.

De esta manera, puede esperarse que en la mente del ministro Gutiérrez Ortiz Mena se mantenga la idea de la eficacia recaudatoria, sobre todo si se toma en cuenta que diversos indicadores califican muy bajo el desempeño de México en dicho renglón, esto sobre todo en comparación con otras experiencias latinoamericanas. A continuación se reproduce la siguiente gráfica de un informe de junio de 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[4]:

 

A partir de lo anterior, la problemática de esa tendencia mexicana en la recaudación, tal vez se podría mantener en la mente del ministro, la cual deberá conciliarse con el respeto a los derechos humanos y otros conceptos armónicos, precisamente como ese mínimo vital.

El gran problema con su nombramiento consistirá en múltiples excusas en lo que paradójicamente sería el ámbito de mayores aportaciones por brindar, es decir en asuntos de la materia fiscal, sobre todo en los temas recaudatorios. De ahí que no sea casualidad que su adscripción tuviera lugar en la primera sala (civil-penal) y no en la segunda (administrativo-laboral) en donde en teoría se revisan más los temas fiscales, aunque cabe señalar que dicha temática, por el gran número de asuntos, son revisados por ambas salas de la Suprema Corte.

La principal virtud, por otra parte, podrá consistir en sensibilizar o hacer explicable al resto de los integrantes de la Corte, determinadas bondades, ventajas y objetivos a perseguir por parte de la administración en los rubros de su conocimiento.

Así uno de los aspectos más relevantes a esperar del ministro Gutiérrez Ortiz Mena consiste en establecer criterios que puedan combinar un acertado ejercicio de recaudación por parte de la autoridad sin menoscabo de los derechos de los contribuyentes.

Arturo Ramos Sobarzo. Abogado y profesor de la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de postgrado en derecho constitucional por la Universidad Castilla – La Mancha en Toledo, España.


[1] ELIZONDO Mayer-Serra, Carlos, “Democracia y Constitución” en Tribunales Constitucionales y Democracia, México, SCJN, 2011, p.p. 33-42. En ese sentido, Elizondo afirma por ejemplo el caso de la inconstitucionalidad del IVA en jugos declarada por la SCJN, esto en función de afectar el principio de proporcionalidad y equidad, ya que la leche, que es un líquido también, no es gravada por ese impuesto. Dicho autor, con un ojo puesto en la experiencia de Estados Unidos, considera que en todo caso esa decisión debería corresponderle al legislativo. Con ello el poder judicial se quitaría una enorme carga de trabajo, afirma.

[2] Algunos ejemplos son los precedentes de las tesis de rubro DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO y DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONSTITUYE UN LÍMITE FRENTE AL LEGISLADOR EN LA IMPOSICIÓN DEL TRIBUTO, entre otras.

[3] En un contexto diferente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere al “especio vital mínimo” en el caso Montero Aranguren vs Venezuela relativo a problemas de hacinamiento en cárceles.

[4] Tomada de la página de la CEPAL.

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Hace algunos días, varios medios de comunicación informaron que la Suprema Corte de Justicia había emitido una tesis de jurisprudencia que fortalecía la autonomía del IFAI, al determinar que las dependencias y entidades gubernamentales no pueden utilizar recursos jurídicos ante las decisiones del IFAI: los recursosde revisión emitidos por éste instituto son definitivos para ellos. De esta manera, sólo los particulares que no estén de acuerdo con alguna resolución del IFAI podrán combatirla en otras instancias, como el Poder Judicial de la Federación. Se reproduce aquí el texto integro de la tesis, con un subrayado de la parte más relevante de la misma, y se aclara que se trata de una tesis aislada (no de jurisprudencia) -lo cual significa que no es obligatoria para el resto de los tribunales del país-.

TESIS AISLADA XIV/2012 (10ª).

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EFECTOS DE SUS RESOLUCIONES. Los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental disponen la procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, especificando que dicho recurso procederá en lugar del recurso genérico previsto en materia administrativa. Asimismo, el artículo 59 de la ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo antes expuesto, los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos, como la interposición de un juicio de nulidad, o de facto, como la simple negativa de entregar información, para eludir dicho cumplimiento.

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce. México, Distrito Federal, nueve de febrero de dos mil doce. Doy fe.

El juego de la Suprema Corte

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Por virtud del contexto político electoral, la exposición de motivos de la Ley de Ingresos para el 2012[1] revela un análisis de la evolución recaudatoria desde 2006, destacando el incremento constante en los ingresos tributarios. Esto, entre otros factores, como resultado de la inmovilización y transferencia de fondos en cuentas bancarias para el cobro de adeudos fiscales. Una medida que ha generado, según cifras publicadas por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, la inmovilización de más de 16,000 cuentas bancarias para asegurar el pago de créditos fiscales, recuperándose poco más de  2,621 millones de pesos. Sin embargo, detrás de dicha efectividad recaudatoria, existe un severo impacto jurídico y económico para los contribuyentes al obstaculizarse e incluso impedirse el funcionamiento ordinario de su actividad económica.

Al respecto la Segunda Sala de la Corte aprobó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2011 (10ª época), aún pendiente de publicación, derivada de la contradicción de tesis 358/2011, donde definió la interpretación legal de la inmovilización y transferencia de fondos derivada de créditos fiscales firmes (artículos 156-Bis y 156-Ter, del Código Fiscal de la Federación). Al respecto se estableció que, según lo establecido por el legislador, este procedimiento sumarísimo y alterno de cobro se rige exclusivamente por sus propias reglas y no así por las del procedimiento administrativo de ejecución en lo general. Por consiguiente, conforme a tales preceptos, es innecesario requerir de pago y trabar embargo antes de inmovilizar cuentas.

Ante este primer acercamiento jurisprudencial, por una parte, debe delimitarse el alcance de la tesis de jurisprudencia para llegar a una adecuada interpretación legal; y por otra parte, es posible proponer un vicio de inconstitucionalidad de los artículos que regulan la inmovilización derivada de créditos fiscales firmes. Cuestiones que, en su caso, podrían generar dos eventuales escenarios por plantearse ante el Poder Judicial de la Federación: uno de legalidad y otro de constitucionalidad.

Escenario de legalidad:

Para definir el alcance de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2011 (10ª época), es fundamental distinguir que el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación se refiere a dos procedimientos diferentes: la inmovilización derivada de créditos fiscales firmes y la inmovilización que procede como consecuencia de embargo. En la contradicción de tesis resuelta por la Corte se resolvió lo relativo a la inmovilización derivada de créditos fiscales firmes. En consecuencia la tesis aplica, única y exclusivamente, a esta inmovilización mas no así a la que proceda como consecuencia del embargo.

La distinción que hace el legislador entre ambos procedimientos de inmovilización encuentra lógica y sustento en el empleo e introducción del concepto “crédito firme”, cuyo origen corresponde al ámbito judicial y no administrativo. Invariablemente esta noción se relaciona con un proceso que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse en aras de seguridad jurídica. Por ello, al introducirse el término crédito fiscal firme, debe entenderse que el crédito, además de ser exigible, necesariamente ha sido sometido a un proceso judicial que ha concluido en todas sus instancias, reconociéndose su validez.

A diferencia de la inmovilización que deriva de un crédito firme, la inmovilización que procede como consecuencia de embargo tiene como fin garantizar el interés fiscal, por lo que se sobreentiende que aún no existe un crédito firme pues el proceso judicial no ha concluido. Por consiguiente, al no existir un crédito firme y ser la inmovilización consecuencia de un embargo, es lógico concluir que antes de inmovilizar debe trabarse embargo de cuentas, cumpliendo con las reglas del procedimiento administrativo de ejecución en general. Cuestión que, como se definió en la tesis 2a./J. 20/2011 (10ª época), no aplica para el caso de la inmovilización que deriva de créditos fiscales firmes.

En este sentido, al existir dos tipos diferentes de inmovilizaciones, no es válido aceptar que la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2011 (10ª época) se aplique en ambos. Por ello es posible anticipar un posible escenario de legalidad ante el Poder Judicial de la Federación, que aclare esta situación y defina si es necesario o no que se cumpla con las reglas del procedimiento administrativo de ejecución en lo general cuando se trata de la inmovilización que proceda como consecuencia de embargo.

Escenario de inconstitucionalidad:

Es importante insistir en que la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2011 (10ª época), derivada de una contradicción, resolvió un estudio de legalidad y no de constitucionalidad. De ahí que, además del tema de legalidad, es factible otro escenario donde se estudie si los artículos que regulan la inmovilización y transferencia violan o no el derecho fundamental de seguridad jurídica, en relación con la garantía de audiencia.

El artículo 14 Constitucional establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Un derecho que se tiene no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, al existir la obligación de que se consignen en las leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les de oportunidad de defenderse.

Los artículos que prevén la inmovilización derivada de créditos firmes y transferencia de recursos señalan que, si el interés fiscal no se encuentra garantizado, cuando el crédito fiscal quede firme la autoridad fiscal podrá proceder a la inmovilización de cuentas y la trasferencia de recursos. Ello sin que previamente sea necesario requerir de pago, embargar e incluso notificar al contribuyente.

De esta manera los artículos que prevén este medio alternativo y sumarísimo de cobro permiten una privación de propiedad sin otorgar oportunidad de defensa, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento. Esto porque sin existir un requerimiento de pago,  embargo o notificación previa, el contribuyente será sujeto a una inmovilización e inmediatamente a una transferencia de recursos al fisco federal. Bajo estas circunstancias, por ejemplo, no se permite al contribuyente optar por un pago voluntario; ni señalar bienes a embargar que no sean cuentas bancarias; ni excusarse de pago en caso de que se exija el pago de un crédito extinto; ni muchos menos se reconoce el derecho de prelación que tienen otros créditos, como los laborales, sobre los fiscales. Situaciones que sin duda deberán ser materia de estudio constitucional por la Corte.

Es cuestión de tiempo para que alguno de los escenarios planteados se presente ante la Corte y así sea posible conocer con certeza el impacto jurídico de la inmovilización de cuentas como medida de cobro de adeudos fiscales. Sin embargo, por su innegable impacto económico, este procedimiento de recaudación ya fue calificado el diez de enero de dos mil doce como un problema sistémico[2] por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Situación que expresa la inconformidad social a este método de cobro. Así, con independencia de lo que la Corte llegare a resolver, es necesario revalorar la conveniencia práctica de conjugar el respeto a los derechos fundamentales con una sana política fiscal, pues la presencia recaudatoria no debe lograrse a costa del derecho fundamental de seguridad jurídica y del entorpecimiento de las actividades económicas de los contribuyentes.

Ramón de la Torre Medina. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Twitter: @rdelatorrem


[1] Análisis de evolución recaudatoria (2006-2012) en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos 2012, consultable en:

http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Ingresos_ley/2012/iniciativa_lif_2012.pdf

[2] Acuerdo de Calificación (PRODECON) consultable en:

http://prodecon.gob.mx/Documentos/Banner%20Principal/2012/ACUERDO_DE_CALIFICACION_v2.pdf

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Mesa de Debate. Comunicación y transparencia del Poder Judicial de la Federación.
Participantes: Carlos Avilés (CJF), Hugo Concha (IIJ-UNAM), Saúl López Noriega (ITAM) y Enrique Rodríguez (SCJN).
Grabada el pasado jueves 27 de octubre de 2011, en el Auditorio Fix-Zamudio del IIJ-UNAM.

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A raíz de la discusión que la semana pasada se dio en el Pleno de la Suprema Corte sobre la participación del Poder Judicial Federal en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictada en el caso “Rosendo Radilla Pacheco vs. México” y, en particular, sobre el control de convencionalidad, nuestro sistema de justicia constitucional sufrió un cambio fundamental.

A partir de ahora tenemos en México un sistema de control constitucional completamente mixto. Si ya antes se podía hablar de un modelo híbrido, a partir de esta semana no hay ninguna duda. Así, se llevó a cabo una mutación constitucional tan importante como la reforma publicada hace poco más de un mes respecto el juicio de amparo, instaurándose en México el control difuso. Esta mutación merece, a mi entender, una reflexión seria y profunda.  Sin embargo, por razones de espacio, me limito a plantear algunas ideas.

Empiezo por distinguir el control concentrado y el control difuso. En términos muy generales, se trata de dos modelos de justicia constitucional. En el control concentrado, únicamente un tribunal, que suele no formar parte del poder judicial, ejerce el control. El rasgo más característico de este modelo es que se puede cuestionar la inconstitucionalidad de una ley en abstracto. Esto es, sin que se plantee con motivo de un caso o controversia, tal y como se hace a través de la acción de inconstitucionalidad. En caso de declararse la inconstitucionalidad de la ley, por regla general, la disposición es expulsada del ordenamiento jurídico. Como se sabe, el control concentrado fue diseñado por Kelsen y sus principales representantes son los tribunales europeos.

Por el contrario, en el modelo difuso, el examen de validez lo puede llevar a cabo cualquier juez en el curso de un caso concreto que se le presente y suele hacerse por vía incidental. En el supuesto de estimar que cierta disposición es inconstitucional, sólo puede desaplicar la disposición en el caso concreto, resolviendo como si ésta no existiera. El ejemplo paradigmático es EEUU, y dentro de América Latina, Argentina. En la actualidad, muchos autores hablan de la convergencia de ambos sistemas. Incluso, en el continente americano es común encontrar una combinación de ambas formas de control constitucional. En ese sentido, lo que la resolución de la Corte permite a partir de ahora, es que cualquier juez de la República cuando conozca de un asunto de su competencia, pueda inaplicar una norma cuando considere que es contraria a la Constitución (control difuso) o a los tratados internacionales firmados por México (control convencionalidad), pero sin que por ello pueda expulsarla del del orden jurídico.

Una vez aclarado esto, llamo la atención en primer lugar sobre la manera en que se hizo dicha mutación. Como ya he mencionado, fue a través de una resolución de la Corte que interpretando el artículo 133 constitucional de manera distinta a como lo venía haciendo (Tesis P.J. 74/99), estableció el control difuso. Si recordamos, el artículo 133 de la Constitución mexicana es una copia de la “supremacy clause” norteamericana. Dicha cláusula fue establecida como consecuencia de los acontecimientos posteriores a la Revolución de 1776. Como nos explica Friedman, una vez terminada la revolución e instaurados los gobiernos de los Estados confederados, algunos connotados miembros de la sociedad empezaron a preocuparse por las leyes emitidas por los congresos estatales.

Esta situación hizo que los jueces las declararan inválidas en casos como Bayar v. Singleton, Trevett v. Weeden y Kamper v. Hawkins, decisiones que no dejaron de causar reacciones adversas. Sin embargo, ante la necesidad de asegurar que los estados no se separaran del gobierno nacional, en la convención constituyente de 1787 se estableció la obligación de los jueces estatales de verificar la compatibilidad de sus leyes con las federales, incluyendo la Constitución. En otras palabras, el judicial review de las leyes estatales se instauró como un medio para que los estados recalcitrantes cumplieran con las leyes de la Unión.

En este sentido, la decisión de la Corte mexicana no resultaría tan sorprendente si consideramos que había sido la misma Corte, y no el legislador, la que había cerrado la puerta al control difuso a través de una lectura que no se compadecía con el texto del artículo 133 constitucional. Ahora bien, aun reconociendo que dicho artículo establece la obligación de llevar a cabo tal control por parte de todos los jueces del país, considero que su incorporación no debe sólo atender a las posibilidades interpretativas del artículo 133 de la Constitución, sino a las necesidades imperantes en nuestro entorno. En efecto, la instauración del control difuso puede tener beneficios tales como acercar la Constitución a la ciudadanía, permitiéndole debatir la constitucionalidad desde la primera instancia, u obligar a los jueces de todo el país a interpretar la Constitución y argumentar en sus términos. Lo que no es poca cosa.

No hay que olvidar, sin embargo, que el control difuso también tiene sus riesgos. En particular, los problemas de seguridad jurídica que pueden existir si no hay una regla que permita unificar la doctrina constitucional entre todos los jueces, tipo el stare decisis norteamericano. En México, si bien tenemos los artículos de la Ley de Amparo relativos a la jurisprudencia, que seguramente serán reformados en los próximos meses como consecuencia de la reforma constitucional del juicio de amparo, pueden no ser suficientes. Pensemos en todos los casos que por una u otra razón no lleguen a instancias federales y, por tanto, no exista la posibilidad de que ante criterios contradictorios la Corte o los Tribunales Colegiados vayan uniformando la doctrina. A este respecto, resulta fundamental que el legislador nos dé una respuesta. Como también habrá de decirnos, por ejemplo, si será necesario que el Ministerio Público participe en todos los juicios ordinarios que se alegue la inconstitucionalidad de una ley.

Pero más importante aún es lo relativo a la complejidad que está adquiriendo el sistema de justicia constitucional mexicano. Si repasamos nuestro sistema jurídico encontramos procesos concentrados en algunas entidades federativas, procesos concentrados y semi-concentrados a nivel federal, los procesos constitucionales en materia electoral y ahora el control difuso. Eso si dejamos aparte los medios de control constitucional no jurisdiccional, como el control político del Senado, la facultad de investigación de la CNDH, si es que no se me olvida algún otro.

Pensemos, por ejemplo, en el siguiente caso. Un juez ordinario civil del estado de Veracruz inaplica un artículo del Código Civil estatal por considerarlo contrario a la Constitución local y a la Constitución Federal. El perdedor de la contienda quiere impugnar la resolución y se pregunta: ¿Ante qué instancia jurisdiccional debo acudir? ¿Ante la Sala Constitucional de Veracruz en tanto la resolución incluye una interpretación de la Constitución local? ¿O, más bien, ante los juzgados federales (Tribunales Colegiados de Circuito) al tratarse de una interpretación de la Constitución federal? ¿Si desea acudir ante el Tribunal  Colegiado es necesario agotar la instancia local?

Supongamos que se interpone el recurso de amparo ante la Sala Constitucional local y esta admite el amparo. En tal caso, pueden darse, entre otros, los siguientes supuestos: a) La Sala resuelve y otorga el amparo al recurrente por violarse un derecho previsto en la Constitución del estado; b) La Sala resuelve y otorga el amparo por violarse tanto un derecho previsto en la Constitución estatal como en la Constitución Federal. ¿En ambos casos la resolución puede impugnarse ante el Tribunal Colegiado?

Una última conjetura: imagínenos que la contraparte, siguiendo la Contradicción de Tesis 350/2009, acude en juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado. En tal supuesto, ¿este tribunal conocer de las violaciones a la Constitución local o sólo a la Federal?, ¿si conoce de ambas violaciones no se deja sin sentido el federalismo judicial?

Esta situación, en mi opinión, nos obliga a reforzar esfuerzos que permitan a la ciudadanía comprender nuestro sistema. Es cierto que la justicia constitucional puede servir para cumplir con algunos cometidos democráticos; no obstante, eso sólo será posible si las vías procesales son de fácil acceso para los más desprotegidos, y no una causa más de una justicia ineficiente. Enfrentemos el reto.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

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