Diversos medios de comunicación, han publicado en las últimas semanas, a propósito del tercer informe de labores del ministro Juan Silva Meza, que el sucesor de éste en la presidencia de la Suprema Corte en enero de 2015, se definirá en una contienda entre tan sólo dos ministros: Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar.

En este sentido, el presente artículo no pretende aseverar de forma tajante cuál de estos ministros será el próximo presidente de la Suprema Corte, sino solamente realzar ciertos aspectos relevantes para tal sucesión. Esto en base a los candidatos que durante los últimos meses han sido mencionados de forma más recurrente en medios de comunicaciones y pasillos del mundo jurídico.

z-a2En efecto, nos encontramos en un momento de enorme trascendencia y que ha sido poco estudiado en nuestro país: los meses previos a la elección del ministro presidente, mismo que si bien es electo de forma exclusiva por los ministros de la Corte, lo cierto es que la discusión de tal situación impacta de forma directa en una sociedad cada vez más interesada e involucrada en la impartición de justicia de nuestro país.

Una vez dicho lo anterior, es pertinente recordar que el ministro presidente preside justamente la Suprema Corte pero también el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que es pertinente dividir el análisis en función de este par de instituciones.

Suprema Corte: Zaldívar, independencia; Aguilar, moderación

Respecto la Suprema Corte, nos encontramos frente a un escenario peculiar, ya que ambos ministros ingresaron a ésta en diciembre de 2009. De tal manera que llevan exactamente el mismo tiempo en el cargo y, por tanto, ello facilita la comparación entre sus respectivos mandatos.

Es por todos sabido que ambos ministros poseen perfiles bastante disímiles: Aguilar ha forjado una sólida carrera en el Poder Judicial de la Federación, en el que a lo largo de varias décadas ha ocupado prácticamente cada uno de los peldaños de la carrera judicial. Por su parte, Zaldívar se formó en la práctica privada del derecho, en la cual destacó como abogado litigante en materia constitucional y académico en diversas instituciones.

Respecto a su perfil en la Suprema Corte, ambos ministros también poseen perfiles sumamente diversos: Aguilar Morales se ha caracterizado por una postura moderada; a partir de la cual, logra consensos y acercamientos entre diversas posiciones. Por su lado, Zaldívar ha destacado por ser el ponente en algunos de los asuntos de mayor relevancia mediática de los últimos años –Guardería ABC, Florence Cassez, Bloque de constitucionalidad, entre otros)- en los cuales ha demostrado una alta independencia judicial.

En principio, por tanto, sus compañeros ministros deberán analizar qué resulta más conveniente para la próxima presidencia de la Corte: una administración encaminada a la moderación y construcción de consensos entre sus integrantes o, por su parte, una gestión marcada por una agenda de derechos fundamentales con el ánimo de apuntalar su independencia judicial, misma que puede dificultar justo la viabilidad de los consensos. La decisión no es sencilla y, por ello, el debate en torno a la misma es de enorme relevancia.

Otro dato a considerar por parte de los ministros al momento de elegir a su próximo presidente es que, hasta diciembre de 2013[1], la Corte había emitido 183 tesis provenientes de asuntos en los cuales el ministro Aguilar fue ponente (3.81 tesis por mes). Mientras que se habían emitido 465 tesis provenientes de casos en los cuales el ministro Zaldívar fue el encargado del caso (9.68 tesis por mes). Tal dato resulta interesante, en función de la habilidad de los ministros para impulsar criterios y precedentes, sobre todo si consideramos que a todos los ministros se les turna en promedio el mismo número de asuntos.

Consejo de la Judicatura: Aguilar, experiencia; Zaldívar, incógnita

En torno al Consejo de la Judicatura Federal nos encontramos a su vez frente a un escenario muy diverso entre ambos ministros. No hay que olvidar que el ahora ministro Aguilar, justo antes de arribar a la Corte, tenía el cargo de Consejero de la Judicatura –electo precisamente por la Suprema Corte, habiendo ejercido el cargo de 2004 a 2009-.

Es decir, resulta claro que Aguilar Morales cuenta con una amplia experiencia en torno al funcionamiento del Consejo de la Judicatura y, en caso de presidir este órgano, su gestión no tendría que asumir el costo propio de la “curva de aprendizaje” que resulta inherente a tales cargos. Sin embargo, en este punto y a partir de lo anterior, es necesario poner a discusión algunos temas no menores.

En primer término, el hecho de que el ministro Aguilar haya laborado en el Consejo de la Judicatura, abre la posibilidad de evaluar precisamente su desempeño en tal cargo, siendo ello un indicador importante que deberán tomar en consideración el resto de sus compañeros en la Corte. En otras palabras, el hecho de que Aguilar Morales haya laborado en tal órgano, no implica per se que su función haya sido adecuada, sino que existen datos objetivos para evaluar su desempeño como consejero.

Por su parte, será importante evaluar las propuestas concretas que en su momento realice Arturo Zaldívar en torno al Consejo de la Judicatura: cuál es su visión en torno a dicho órgano, qué elementos considera que requieren de continuidad y qué otros requieren de un cambio de enfoque.

Por último, si bien Aguilar Morales representa continuidad y experiencia en la Judicatura, también resultaría interesante evaluar la dirección que de tal órgano podría emprender un abogado formado en el litigio como Zaldívar. Es decir, un jurista “externo” a la función jurisdiccional, que por lo mismo podría resultar más objetivo en temas de vigilancia y sanción a jueces y magistrados, lo cual es una de las principales asignaturas pendientes del Consejos desde hace varios años.

Como se habrá advertido, el presente artículo no pretende ser un estudio acabado sobre la situación planteada. Su propósito es tan sólo poner énfasis en el proceso que actualmente se encuentra en gestión en el Poder Judicial de la Federación, en aras de fomentar una discuisón en torno al mismo. Ojalá no se trate de una elección más entre los ministros reducida a rencillas palaciegas, sin el indispensable debate público que exige.

Jorge Rodríguez Torres. Estudiante de 9º semestre de la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara.


[1] Según los datos obtenidos de la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación.

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La Suprema Corte de Justicia, desde hace algunos meses, decidió abrir una cuenta de twitter para difundir información institucional. Su uso, hasta el momento, se ha limitado básicamente a concentrar información generada por las diversas áreas de la Corte y a difundirla en dicha red social. ¿Es adecuado, sin embargo, este uso que la Corte le está dando a esta red social? ¿Debería satisfacer por esta vía necesidades de información concretas, lo que implicaría mantener un diálogo con los usuarios? ¿Acaso no debería divulgarse esta información a partir de una política de comunicación social mucho más sofisticada, que considerase entre otros aspectos la coyuntura jurisdiccional del momento?

Las respuestas a éstas y otras preguntas no son sencillas: hoy en día, tanto los medios de comunicación, como las fuentes de información primarias –entre ellos, los poderes públicos-, se encuentran en un proceso de reflexión sobre cómo aprovechar twitter. ¿De qué manera exprimir su potencial, sorteando sus riesgos?

En este contexto, a continuación se presentan una serie de propuestas, sugerencias y recomendaciones respecto como debería aprovechar la Suprema Corte su cuenta de twitter, con el objetivo de mejorar la transparencia, manejar de manera responsable la información y construir una relación más cercana con la ciudadanía. No pocas de las propuestas y sugerencias implican un replanteamiento no sólo del uso de la cuenta de twitter de la Corte, sino inclusive de sus políticas de comunicación social –las cuales, vale mencionar, no se han destacado en los últimos años por su inteligencia ni destreza.

  1. Una buena idea sería que se publicaran las listas de los asuntos que se verán en las sesiones desde el día en que se “listen”, tanto del pleno como de las salas.
  2. Respecto los casos importantes –sea por su impacto mediático o por los temas constitucionales que abordan- se podría recordar a los usuarios de su fecha de inicio de discusión con días de antelación. Es decir, la cuenta de twitter de la Corte debería funcionar como una rigurosa agenda de los asuntos que ésta conoce.
  3. Algo de enorme importancia, relacionado con los puntos anteriores, es que vía twitter se debería dar mayor información sobre un asunto que simplemente el número de expediente, pues ese dato no siempre permite conocer en concreto a que caso se refiere. Por ejemplo, en su momento, buena parte de la opinión pública ubicaba el caso “Matrimonio y adopción gay”, pero muy pocos lo hubiesen podido localizar a partir de los datos de su expediente: Acción de Inconstitucionalidad 2/2010.
  4. Difundir como regla general cada uno de los proyectos de resolución, junto con un buen resumen de éste, días previos a que se inicie su correspondiente discusión. Y no como se hace ahora: que los proyectos se difunden por excepción y sin criterios claros. En su caso, por lo menos se deberían difundir los puntos básicos sobre los que versa el proyecto: cuál es la pregunta clave que tiene que contestar la Corte y qué respuesta formula el proyecto.
  5. Es probable que sea complicado que vía twitter se realice una narración en vivo de la discusiones del pleno de la Corte –aunque sí lo han hecho en ciertos asuntos proyectos como el Manual de la Corte, por ejemplo-, pero por lo menos estaría muy bien aprovechar esta red social para difundir, al concluir cada sesión y en términos asequibles para el grueso de la población, los puntos relevantes de la discusión: qué se decidió y cómo se voto.
  6. Avisar cuando se publiquen finalmente las sentencias y explicar brevemente los argumentos definitivos que apuntalan la decisión de la mayoría.
  7. Anunciar cada vez que se apruebe y publique una nueva tesis aislada o de jurisprudencia. Valdría la pena que además se explicarán los alcances de éstas.
  8. Otra posibilidad es que la Corte vía su cuenta de twitter responda a peticiones informativas muy concretas de los ususario –aquí un ejemplo de este posible diálogo institucional. Esto no significa que tenga que responder a cualquier solicitud, pero por lo menos podría dar respuesta a cuestiones sobre agenda de la Corte, orientar dónde encontrar información en su sitio Web –esto es de enorme relevancia si consideramos que la página de la Corte es francamente mediocre- y resolver dudas relacionados con conceptos básicos de la función jurisdiccional (efectos de las resoluciones, cuestiones procedimentales, etc.). En este sentido, y para evitar un escenario donde el número de peticiones sea difícilmente procesable, se podría establecer un horario determinado donde se van a resolver este tipo de preguntas.
  9. Se podrían difundir datos históricos relevantes y chuscos relacionados con el poder judicial. En 140 caracteres bien se pueden lanzar pequeñas campañas pedagógicas sobre el trabajo de la Corte, su lenguaje, medios de control, etc. Esto, claro está, con un lenguaje sencillo y digerible.
  10. Se tiene que seguir haciendo difusión al trabajo de los órganos no jurisdiccionales de la Corte y del resto del Poder Judicial: publicaciones, informes y conferencias que organicen las direcciones y comisiones. ¡Que nos informen de los trabajos de la comisión de implementación de la reforma penal!, por ejemplo.
  11. Difundir los acuerdos, decretos y leyes que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación que tengan impacto en la política judicial.
  12. Se podría aprovechar twitter para divulgar sentencias y criterios de otros tribunales constitucionales, así como de tribunales internacionales.
  13. Se podrían lanzar a los usuarios preguntas-encuestas para medir la confianza de la sociedad en la Corte, graficar tal información y difundirla.
  14. Se podría establecer una determinada hora, la “hora de rendición de cuentas”, en la que se circule información relativa a sus informes anuales, lo que diga la Auditoria Superior de la Federación sobre la Corte, su presupuesto, etc.
  15. En términos generales, la Corte debe aprovechar twitter de tal manera que se presente como una institución que escucha a la sociedad, busca educar, está al día de lo que sucede en otros tribunales constitucionales e internacionales, que tiene vínculos con los otros órganos del Poder Judicial, que está interesada en explicarse y traducirse difundiendo su información en términos claros y sencillos, que está comprometida con la rendición de cuentas y, no menos importante, que está interesada en saber qué pensamos de ella.

Daniela Hernández Chong Cuy (@dhchongcuy). Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.

Esteban Illades (@steviehousecat). Licenciado en derecho por el Departamento de Derecho del ITAM, con la tesis La cobertura periodística de los tribunales: una introducción al periodismo judicial.

Regina Larrea Maccise (@rlmaccise). Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.

Saúl López Noriega (@slopeznoriega). Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM

Estefanía Vela (@samnbk). Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.

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El ministro Juna Silva Meza, el mismo día en que fue elegido como presidente de la Suprema Corte (el pasado 3 de enero), emitió el acuerdo general de administración 1/2011 que marca el inicio de un profundo cambio en la estructura administrativa del máximo tribunal del país. Se trata de un proyecto que a partir de criterios de sobriedad, austeridad y racionalidad busca combatir una de las grandes asignaturas pendientes de la Suprema Corte: el abuso de los recursos públicos. Es un buen comienzo. Sin embargo, esta reestructura administrativa, al afectar varios de los intereses y feudos de sus colegas, plantea la pregunta de qué tanto podrá estirar la liga Silva Meza sin perder el apoyo de sus compañeros para impulsar el resto de las reformas que ha propuesto como eje de su presidencia. Sólo el tiempo nos podrá contestar esta pregunta, de ahí que la opinión deba seguir de manera crítica y reflexiva los cambios que están sucediendo en la Corte. En este sentido, el sábado pasado la académica Ana Laura Magaloni publicó en el periódico Reforma un primer balance de las reformas que ha iniciado Silva Meza. Aquí los principales subrayados.

El Acuerdo General 1/2011 se centró en cuatro aspectos: 1) limita el número y organización de las plazas en las direcciones generales a través de hacer obligatoria una “plantilla tipo”; 2) suprime cinco secretarías ejecutivas (equivalentes a subsecretarías en la administración pública) y tres direcciones generales; 3) define los niveles jerárquicos de la estructura orgánica administrativa de la Corte y 4) reorganiza la estructura administrativa en tres bloques: Oficialía Mayor (recursos materiales y humanos), Secretaría General de la Presidencia (áreas de comunicación y difusión) y Secretaría Ejecutiva (soporte a las áreas jurisdiccionales como compilación de tesis, archivo, relaciones internacionales, etcétera).

Es difícil dimensionar la relevancia del acuerdo general 1/2011 si se desconoce lo confusa, desorganizada e irregular que ha sido la estructura administrativa del máximo tribunal. Según un documento interno de la Corte de 2009, entre los muchos problemas de gestión y organización interna se encontraban los siguientes: 1) cuando se creaba una plaza, la determinación del rango y sueldo era dis- crecional, 2) el tabulador se modificaba constantemente y sin justificación, 3) se autorizaban plazas sin definir el rango del puesto, 4) no existían perfiles de puesto definidos, por lo que no existía una referencia de las funciones, competencias y aptitudes para cada puesto. El acuerdo general 1/2011 busca resolver estas cuestiones.

Como resultado de tanto desorden administrativo, la Corte mexicana se convirtió en el tribunal de su tipo en donde más personas laboran. En el comparativo internacional que elaboré junto con mi colega Carlos Elizondo encontramos que, mientras en nuestra Corte, hasta 2010, trabajaban 3 mil 116 personas, en la Corte Suprema de Estados Unidos, la segunda con más personal de las que fueron objeto del estudio, lo hacían 483 y en el Tribunal Constitucional de Alemania 168, por mencionar algunos. Esta enorme diferencia en el tamaño de las burocracias es lo que hace a nuestra Corte la más cara del mundo.

Poner orden dentro de la estructura administrativa es tocar muchos intereses y privilegios internos y modificar una cultura de la gestión pública propia de un sistema político autoritario. Las inercias burocráticas son enormes. Los costos internos también lo son: es mucho más popular un presidente que reparte dinero a uno que limita y reduce el gasto. Por ello, para entrarle a este tema, se necesita cierta convicción ética de que las cosas no pueden seguir igual. Ello, intuyo, forma parte de la personalidad de Silva Meza.

Con el acuerdo administrativo 1/2011, Silva Meza mandó una señal im- portantísima hacia adentro: voy en serio por la reestructura administrativa y no necesito consensos con mis colegas para hacerlo. Hacia fuera dicho acuerdo también manda una señal nueva: la Corte quiere renovarse y modificar paradigmas añejos en la utilización de recursos públicos.

Los ciudadanos necesitamos que los máximos jueces del país marquen los referentes de lo que es ético en el ámbito de la política y el ejercicio del poder. El flanco más vulnerable de la Corte ha estado con el uso de sus recursos públicos. Por ello, espero que el acuerdo 1/2011 sea el inicio de un proceso liderado por Silva Meza que convierta a nuestra Corte en el referente nacional de lo que significa el ejercicio del gasto en clave democrática.

El Juego de la Suprema Corte

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Durante el 2010, la revista Nexos inició la aventura de abrir un blog dedicado exclusivamente a temas relacionados con temas judiciales. La idea fue publicar textos que abordasen los diversos aspectos que giran alrededor de nuestra Suprema Corte de Justicia. Aprovechando el inicio de año, presentamos un breve resumen de los diez posts más leídos del blog durante el 2010.

1. Caso Guardería ABC.  Crónica de la Discusión (II/III)

Con este post se realizó uno de los primeros ejercicios de periodismo judicial –de ahí que la cobertura se presentase en una serie de tres post-, al seguir puntualmente las discusiones de los ministros de la Suprema Corte respecto un asunto de enorme importancia para la vida del país: Caso Guardería ABC. El autor, además de ofrecer una explicación ágil y sencilla de las principales posturas de los ministros, al final del post presenta una tabla de votación donde claramente se puede conocer cómo voto cada ministro respecto cada uno de los temas que implicaba este delicado asunto.

2. Matrimonio-adopción gay: la perspectiva científica

Este post se publicó días antes de que iniciará la discusión en el pleno de la Suprema Corte respecto la constitucionalidad de las reformas legales del Distrito Federal que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la posibilidad de que estas parejas pudiesen adoptar. El objetivo del post fue presentar las coordenadas del debate respecto este tema, pero no desde el discurso jurídico, sino desde la perspectiva científica. La decisión de incluir un post de esta naturaleza responde a que tanto las autoras como los que coordinamos el blog, estamos convencidos que no pocas de las discusiones jurídicas modernas tienen que nutrirse de otras áreas del conocimiento para tener un panorama claro de cuál debe ser la solución jurisdiccional.

3. El (absurdo) juicio en contra de Galileo (II/III)

Uno de los propósitos del blog fue abrir una sección que, frente a nuestra tradición jurídica barroca y ridículamente solemne, presentara al derecho como cualquier otra actividad realizada por el hombre: contradictoria, absurda e irracional. De ahí que se abriera una sección dedicada solamente a registrar estos disparates: Absurdos Jurídicos. Este post forma parte de esta sección y de una interesante serie de entregas donde se desmenuza con erudición y elegancia el absurdo juicio en contra de Galileo.

4. ¿Qué es una controversia constitucional?

Una de las dificultades de un lector no especializado en temas jurisdiccionales es entender el amplio abanico de términos que tanto en las sesiones de los ministros como en las sentencias se utilizan de manera cotidiana. Existe una barrera del lenguaje que impide que la información jurisdiccional ocupe el lugar que le corresponde en la rutina informativa. En este contexto, este post busca explicar de manera sencilla y con buenos ejemplos, uno de los medios de control constitucional más relevantes en la organización de los poderes del Estado: la controversia constitucional.

5. Matrimonio y adopción gay: análisis de la sentencia

Después de las discusiones entre los ministros y de la decisión de la mayoría de éstos de ratificar la constitucionalidad del matrimonio y adopción gay en el Distrito Federal, la opinión pública se olvidó de la fuente informativa judicial más relevante: la sentencia. Ese documento donde, además del sentido de la decisión, se encuentran los argumentos que apuntalan a ésta y que pueden impactar en ulteriores casos que aborden temas similares. Así, el propósito de este post fue diseccionar los diferentes argumentos y posiciones de la sentencia sobre el matrimonio y adopción gay, la cual promete convertirse en una de las resoluciones más relevantes sobre el tema en Iberoamérica.

6. ¿Qué sigue después de la muerte de Gudiño Pelayo?

Este post esboza algunas de las posibles consecuencias a partir del fallecimiento del ministro José Gudiño Pelayo tanto al interior de la Suprema Corte -en la dinámica de votación de la primera sala y del pleno y en la carrera por la presidencia de la Corte-, como entre el presidente de la República y el Senado al momento de nombrar al ministro sustituto de Gudiño.

7. Matrimonio y adopción gay: la opinión del Ombudsgay

Una de las formas en que la sociedad civil puede influir en el proceso de decisión de una corte constitucional consiste en que, por ejemplo, académicos y agrupaciones envíen a los jueces constitucionales sus argumentos de porque cierto caso debe resolver en un determinado sentido. En este contexto, este post reproduce las ideas principales de la opinión técnica o amicus curiae que sometió el programa Ombudsgay de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, a consideración de la Suprema Corte y donde presenta el estado del arte respecto el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales.

8. Las designaciones de los ministros: no son enchiladas

Se trata de uno de los últimos post del año donde, a partir de la terna de candidatas a ministras presentada por el presidente Calderón para sustituir a Gudiño Pelayo, se explica el proceso de designación de los ministros y la relevancia de que éste no sea un mero trámite sino un verdadero ejercicio de reflexión respecto qué tipo de tribunal constitucional necesitamos.

9. La Corte ante la igualdad y la no discriminación

Este post analiza las principales tesis de jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte en los últimos quince años sobre un tema medular: la igualdad y no discriminación. El texto no sólo le da coherencia a esa madeja de criterios jurisprudenciales, sino que también presenta un balance de los avances que se han logrado al respecto y de las asignaturas pendientes que deben erigirse en la agenda de la Corte para el futuro.

10. Sexo y Derecho

Este post, parte de la sección Absurdos Jurídicos, presenta una serie de legislaciones de diversas entidades de los Estados Unidos respecto el sexo. Se trata de un conjunto de disparatadas e irrisorias regulaciones, que no obstante se mantienen vigentes y eventualmente puedan ser aplicadas.

El Juego de la Suprema Corte

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La Suprema Corte tiene un nuevo presidente: se trata del ministro Juan Nepomuceno Silva Meza, quien el día de ayer asumió la presidencia de la Corte con el voto favorable de nueve de sus diez colegas presentes, y cuyo cargo comprenderá el período 2011-2014. La pregunta ahora es: ¿qué le espera a la Corte durante los siguientes cuatro años con este nuevo presidente?

Desde el 6 de diciembre de 2010, el ministro Meza presentó un documento denominado “Líneas Generales Hacia la Consolidación Institucional del Poder Judicial de la Federación”, en donde presenta los objetivos y líneas generales de acción de su presidencia. Dentro de los puntos más relevantes se encuentran los siguientes:

Reorientación de los métodos operativo y decisorio del tribunal constitucional

En este punto se propone una reorientación de los procedimientos internos que la Corte sigue para desahogar y resolver los asuntos que conoce. El objetivo es dar cabida a un mayor número de temas de índole sustantiva, de mayor trascendencia, y dejar de lado muchos temas de carácter procesal, que si bien son relevantes, no son tan trascendentes en la labor básica de un tribunal constitucional: la protección de los derechos fundamentales. Esto resultaría en un menor número de sentencias, pero éstas serían más sustanciosas y podríamos esperar que de mucha mayor calidad argumentativa.

También se busca la construcción de un sistema jurisprudencial de interpretación constitucional mucho más coherente y consistente, pues uno de los trabajos principales de las cortes es la interpretación de las disposiciones constitucionales en aras de conocer los límites y extensión de los derechos consagrados en la Constitución.

Para lograr los objetivos planteados, se busca que los ministros se descarguen de tareas administrativas, así como de asuntos jurisdiccionales no trascendentes para poder concentrarse enteramente en temas constitucionales clave y así poder elaborar una jurisprudencia constitucional más sólida y sustanciosa. Además, es necesario recuperar el sentido original de los acuerdos delegatorios para la canalización de asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito. Otra necesidad es la de plantear formas de deliberación más eficaces, que agilicen en tiempo y forma la emisión de las sentencias, a la vez que permitan favorecer la transparencia de las mismas. Éste último punto es central, ya que en numerosas ocasiones transcurren meses desde la discusión y decisión, hasta el conocimiento público de la sentencia (engrose).

En suma, se busca una mayor calidad de las labor jurisprudencial en general, y de las sentencias en particular (sacrificando, para bien, su actual extensión) para definir mejor los criterios e instrumentos que desarrollan y protegen las garantías consagradas constitucionalmente a través de una carga de trabajo orientada más hacia la labor jurisdiccional, y no tanto hacia la administrativa. De este modo, se quiere aumentar la eficacia en la expansión de los derechos fundamentales de la población a través de una interpretación actualizada, consistente y sistemática del texto constitucional.

Consideración e impulso de los instrumentos internacionales de derechos humanos en las sentencias

A pesar de que los instrumentos internacionales son derecho interno una vez adoptados, rara vez cobran aplicación en las sentencias de nuestra Corte. A lo sumo se mencionan, pero no guían fundamentalmente la decisión. Por eso se recalca la necesidad de articular adecuadamente los preceptos del derecho internacional con el orden jurídico nacional. Esto serviría para enriquecer la argumentación de los ministros, ya que contarían con más material normativo orientador de sus decisiones, a la vez que se protegerían en mayor medida los derechos humanos, objetivo básico de un tribunal constitucional.

Consolidación del modelo administrativo

Una de las labores de la Suprema Corte más criticadas hasta ahora es la de su gestión administrativa. Se han objetado, entre otras cosas, los altos salarios de los ministros y su inmenso personal administrativo que tantos recursos consume. Si bien no aborda la primera objeción directamente, en cuanto al segundo punto se propone impulsar la reorganización y redefinición de las esferas de competencia de las áreas administrativas, para lograr mayor agilidad y eficiencia en los procesos decisorios en materia de gobierno y administración. Con esto se busca una gestión administrativa cada vez más eficiente, oportuna, ordenada y transparente. Probablemente con esto se busque mayor legitimidad, ya que una institución con tanto presupuesto debe proporcionar los resultados esperados de ella.

Difusión, transparencia proactiva y vinculación con la sociedad

Uno de los principales recursos con los que cuenta un tribunal constitucional es la confianza del público, y entre mayor sea ésta, mayor será su legitimidad. Consciente del tímido pero creciente escrutinio social de las sentencias y de la labor judicial, Silva Meza plantea un mayor acercamiento entre la Corte y la sociedad. Así, propone continuar con los esfuerzos que hasta ahora se han realizado para dotar a las discusiones, a las sentencias, y, en general, a la labor del juez, de la publicidad que merecen.

La publicidad trae aparejada transparencia, y ésta, a su vez, contribuye a la legitimidad de una institución. De este modo, se continuará con el uso de medios electrónicos, informáticos, impresos y de otra índole, para ampliar el conocimiento de la ciudadanía acerca de la labor del máximo tribunal.

Además, se deben delinear estrategias permanentes que comuniquen socialmente el sentido de las sentencias a través de información ordenada y más efectiva que cualquier ciudadano promedio pueda entender. Asimismo, habrán de mantenerse acciones específicas de enlace con la academia, las asociaciones profesionales y los medios de comunicación.

En breve: sabemos que Silva Meza es uno de los ministros más liberales y que con mayor fervor buscan la protección de los derechos fundamentales. Así nos lo ha demostrado en casos como el de Lydia Cacho, San Salvador Atenco, matrimonio entre homosexuales, y otros.  Con su designación como presidente de la Corte, podemos esperar ver discusiones más enfocadas en temas de garantías individuales, además de que buscará fortalecer los vínculos con la sociedad y un manejo más eficiente y austero de los recursos administrativos del Poder Judicial. Esperemos que estos no sean sólo buenos deseos de Año Nuevo.

Gustavo Marín Hernández. Estudiante de la licenciatura en Derecho del ITAM.

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La semana pasada se dio a conocer a la opinión pública, como parte de una serie de estudios sobre el uso y abuso de los recursos públicos, un análisis de los académicos del CIDE, Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni, respecto los gastos de la Suprema Corte de Justicia. El objetivo del estudio es simple pero contundente: comparar, en los rubros de gasto, eficiencia y burocracia, a nuestra máxima autoridad jurisdiccional con otras cortes constitucionales, que van desde la canadiense y estadounidense hasta la española, colombiana y chilena.

Gracias a esta numeralia, que fue bien desmenuzada por Héctor Aguilar Camín, nos podemos enterar que en el año 2009 el costo de la Suprema Corte mexicana fue de 3 mil 244 millones de pesos, mientras que el gasto de la corte colombiana para el mismo período fue de sólo 107 millones, 3.3% de la mexicana, mientras que la corte peruana costó 93 millones, sólo 2.9% de la mexicana. ¿Acaso esta enorme diferencia presupuestal se justifica en términos de carga de trabajo y eficiencia? La respuesta es no: en ese mismo año, la corte mexicana resolvió 4 mil 308 casos, pero la de España resolvió 15 mil 851 y la de Perú 8 mil 957. Por último, en cuanto a la obesidad burocrática la corte mexicana es también la que más funcionarios tiene: 3 mil 116, mientras la corte estadunidense tiene 483, la española 278, la canadiense 209, la peruana 175, la alemana 167 y la colombiana 146.

Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta del presidente de la Suprema Corte, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, ante este estudio? El pasado jueves 11 de noviembre, vía la cuenta oficial de twitter de la Corte mexicana, se difundió un comunicado de prensa mediante el cual se daba a conocer la respuesta de Mayagoitia:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está comprometida con la transparencia y con la rendición de cuentas y hoy, la sociedad sabe más y conoce perfectamente lo que hace y en qué gasta, afirmó su presidente, el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, al señalar que el trabajo del alto tribunal está a la vista de toda la ciudadanía y ha hecho un gran esfuerzo por hacer más con menos y para mejorar los servicios de justicia que se demandan.

Al inaugurar la Quinta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), sostuvo que la SCJN está comprometida, igualmente, con la austeridad y el uso eficiente de los recursos. “México necesita ahorrar recursos, pero también sabemos que México necesita más y mejor justicia”, enfatizó.

Manifestó que la SCJN es una institución que cumple con las funciones jurisdiccionales y administrativas que mandata la Constitución, pero además, subrayó, a diferencia de lo que pasa en otros países, el alto tribunal realiza un gran trabajo en materia de cultura jurídica, que es uno de los temas donde se debe avanzar más como sociedad.

En este sentido, precisó el ministro Ortiz Mayagoitia, la inversión en cultura jurídica es una de las mejores tareas para crear conciencia y fomentar, así, la cultura de respeto a la legalidad.

Ni un ápice de autocrítica, ni de voluntad para revisar la manera en cómo ha manejado la Suprema Corte los recursos públicos. La respuesta, que recién fue también criticada por Leo Zuckermann, raya en el cinismo. Lo peor, no obstante, es que este abuso en los recursos públicos por parte de los 11 ministros de la Corte pone en riesgo su legitimidad como árbitro último de los conflictos de la sociedad mexicana. Con las perniciosas consecuencias que esto puede tener, en términos del proceso de consolidación democrática.

Ahora bien, el próximo 3 de enero de 2011, Ortiz Mayagoitia concluirá su período como presidente de la Corte. A estas alturas, todo indica que su sucesor será el ministro Juan Silva Meza. La pregunta clave, por tanto, es: ¿Qué va hacer Silva Meza ante este abuso en los recursos públicos que está entrelazado con otros vicios de ese poder como el nepotismo?

El Juego de la Suprema Corte

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noviembre 5, 2010

El futuro de la Corte

Desde hace algunos meses, la Suprema Corte se encuentra inmersa en un proceso de cambios trascendentales en relativamente poco tiempo, mismos que han influido e incidirán no sólo en su comportamiento actual, sino también en el futuro de nuestro máximo tribunal.

Tales cambios, se remontan a finales de 2009 cuando fueron sustituidos los ministros Azuela Güitrón y Góngora Pimentel, por los ahora ministros Aguilar Morales y Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente. Si bien toda sustitución de algún integrante de la Corte es relevante, ésta lo fue más todavída debido a que Azuela y Góngora fueron en su momento presidentes de la Corte con mucha fuerza y representaban en la mayoría de los casos posturas jurídicas diametralmente opuestas. De ahí que la llegada de los nuevos ministros Aguilar Morales y Zaldívar esté impactando en el actuar de la Corte, tanto en el pleno como en las salas[1], interviniendo en el replanteamiento de ciertos temas y modificando algunos criterios sostenidos por nuestro tribunal constitucional.

A lo anterior debe agregarse el lamentable fallecimiento del ministro Gudiño Pelayo, pues éste ejercía un importante rol en la dinámica del pleno pero también en la primera sala (de la cual era presidente, por cierto). Con el tiempo, Gudiño se erigió al interior de la Corte en un firme impulsor de muchas de las acciones más novedosas (principalmente en materia de redacción de sentencias) que se han intentado implementar en los últimos años. Aún no se conoce quién sustituirá al ministro Gudiño Pelayo; sin embargo, el tema es polémico y aunque algo se ha comentado en torno al perfil de quién ingresará a la Corte, es necesario que la opinión pública ponga más atención en esta designación cuyo impacto institucional perdurará por años. Ahora bien, en concreto, dentro de lo poco que se ha debatido respecto el perfil del abogado que sustituya Gudiño Pelayo, hay quienes considerar que este nuevo ministro debe provenir de carrera judicial, como era el caso de Gudiño, pues de esta manera se mantiene un equilibrio al interior de la Corte entre los ministros de carrera judicial y aquellos que provienen de la academia, el litigio, la política, etcétera. Otros, por el contrario, consideran que lo más saludable para un tribunal constitucional, en términos del tipo de reflexiones y análisis que exige una institución de este tipo, es que su integración sea lo menos relacionada con la carrera judicional. Lo cierto, sin embargo, más allá de si efectivamente el presidente Calderón y el Senado de la República eligen a alguien con perfil de carrera judicial, es que el desempeño de la Corte sufrirá cambios sustanciales debido a la nueva incorporación.

Por último, debemos de considerar el factor de la sucesión presidencial de la Suprema Corte. El ministro Ortiz Mayagoitia termina su encargo de cuatro años al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, en la que quizá ha sido la elección de los últimos años más comentada y en la que se han visto involucrados factores de diversa índole.

Muchas especulaciones se han realizado en torno al tema, pues existen ministros de reciente integración que se infiere que no participarán en el proceso (Aguilar Morales y Zaldívar Lelo de Larrea), algún otro que no lo hará pues no podría concluir el período de la presidencia (es el caso de Aguirre Anguiano) y otros que han hecho públicas sus intenciones de no ser parte del proceso de sucesión (Valls Hernández y Cossío Díaz, este último por medio de una carta que envió al resto de sus compañeros y a la opinión pública). Esto significa que el número de contendientes se reduce de manera drástica, al grado de que no pocos consideran que la verdadera pugna está entre los ministros Juan Silva Meza y Fernando Franco González-Salas.

De cualquier forma, las lecturas sobre la dinámica de la Corte hacen suponer que el nuevo presidente de la Corte, si bien deberá mantener cierta continuidad respecto un buen número de acciones de su antecesor, también deberá impulsar cambios profundos en la manera de concebir el papel que ejerce el máximo tribunal en nuestra sociedad.

En este sentido, la carta que el ministro Cossío envió a sus compañeros pone sobre la mesa una cuestión fundamental: si estamos de acuerdo en que se requieren modificaciones sustanciales en el actuar de nuestra Suprema Corte, principalmente en el tema de construir una doctrina constitucional congruente, uniforme y que atienda a las necesidades de la sociedad mexicana, entonces, lo cierto es que si bien el presidente de la Corte juega un rol primordial, para lograr un verdadero cambio en éste y otros aspectos será necesario un actuar conjunto del presidente y del resto de los ministros en sus respectivas responsabilidades y encomiendas.

¿Qué tribunal constitucional requiere nuestro país para afrontar las diversas problemáticas del país? Este debe ser el punto de partida de reflexión de todos los integrantes de la Corte y del resto de los poderes, pero también debe convertirse en un elemento a debatir de manera seria e informada en el ámbito académico y en la sociedad en general.

Eduardo Romero Tagle. Estudiante de Noveno Semestre. Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.


[1] Antes de la sustitución, la Primera Sala se conformaba por los ministros Cossío Díaz, Gudiño Pelayo, Sánchez Cordero, Silva Meza y Valls Hernández. Por su parte, la Segunda Sala se integraba por los ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Franco González-Salas, Góngora Pimentel y Luna Ramos. Posteriormente a la sustitución, en la Primera Sala ingresó el ministro Zaldívar Lelo de Larrea y en la Segunda Sala ingresó el ministro Aguilar Morales. El ministro Valls Hernández se cambió de la Primera a la Segunda Sala.

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El pasado día lunes, el ministro José Ramón Cossío dio a conocer a través de una carta dirigida a sus colegas que renunciaba a contender por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. La noticia resultó inesperada (pues no pocos lo veían como el candidato más fuerte) y desató una serie de especulaciones en el mundo de los abogados.

La razón principal esgrimida por Cossío para aclarar su no participación en este proceso, reside en que la presidencia de la Corte es un cargo que realiza básicamente tareas administrativas y que limita la libertad del ministro presidente de las discusiones sustantivas de la Suprema Corte. Así, ante las necesidades del país, el ministro Cossío decidió continuar simplemente como un ministro y aprovechar la potencial incidencia jurisdiccional de este cargo para impulsar los criterios jurídicos que demanda la sociedad mexicana.

Esta decisión de Cossío de descartarse en la elección para presidente de la Corte –que para muchos, por cierto, es fruto más bien de su imposibilidad de aglutinar el apoyo necesario de sus colegas para asegurar su elección como presidente de la Corte- se suma a la muerte del ministro Gudiño Pelayo y su inminente reemplazo, como acontecimientos que han modificado de manera significativa las coordenadas del proceso de elección del presidente de la Corte. ¿Cuáles son, ante estas circunstancias, entonces, los ministros que se vislumbran con mayor fuerza para ocupar este cargo en enero de 2011? La respuesta a esta interrogante sólo se puede nutrir de rumores y chismes, pues no hay que olvidar que la elección del ministro presidente es un ejercicio de política enteramente cortesana.

Así, los nombres que suenan con más fuerza en el mundo jurisdiccional son los de Juan Silva Meza (quien, ahora con esta decisión de Cossío, se ubica en el primer lugar de la encuesta de este blog con un 24%) y Fernando Franco (con 4% en la misma encuesta). Es curioso que Silva Meza suene continuamente en los medios como un fuerte aspirante a la presidencia de la Corte, mientras que la candidatura de Franco se ha mantenido más en la sombra. Por otra parte, la ministra Olga Sánchez Cordero (con un 23%) ha lanzando su candidatura mediante una estrategia interesante: buscar el apoyo de la opinión pública, al subrayar la importancia de que una mujer ocupe la presidencia del máximo órgano jurisdiccional del país. Se trata de una estrategia novedosa y peligrosa, pero que si resulta podría sentar un precedente para futuras elecciones del presidente de la Corte.

Ahora bien, más allá de las especulaciones propias de este proceso, la decisión del ministro Cossío de no participar en la elección para ministro presidente plantea un tema no menor: ¿Cuál es la relevancia de la presidencia de la Suprema Corte? ¿A partir de qué criterios se debe evaluar el desempeño del presidente en turno? ¿Es cierto que el potencial institucional de la presidencia de la Corte se agota en cuestiones administrativas? En primer lugar, no hay duda de que el cargo de ministro presidente implica fundamentalmente tareas de coordinación y administración tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura. Asimismo, el presidente efectivamente no tiene oportunidad de presentar proyectos de resolución ni participar en las discusiones de las salas. Y en cuanto a las sesiones del pleno, su papel de moderador de estos debates restringe en efecto su libertad para plantear posiciones o argumentaciones que pongan en riesgo el desenvolvimiento mismo del debate.

No obstante, la posición del ministro presidente es el cargo idóneo para construir consensos e impulsar una serie de reformas en varios temas de enorme relevancia. Basta pensar, por ejemplo, en la necesidad de establecer políticas que acaben con el nepotismo del Poder Judicial; impulsar esquemas que transparenten el manejo de recursos públicos; mejorar el diseño del proceso de decisión de la Corte con el objetivo de elevar el nivel de discusión de los ministros sin perder los logros en cuanto a transparencia; acabar con las llamadas audiencias de “oído o de oreja” que generan tantos malentendidos y abren la posibilidad de contubernios; proyectar una mejor política de difusión de la fuentes informativas judiciales duras, tales como proyectos de resolución, discusiones de los ministros, sentencias y criterios jurisprudenciales; establecer programas de capacitación y preparación para los secretarios de estudio y cuenta quienes, después de los ministros, son los funcionarios de mayor relevancia en términos jurisdiccionales, etcétera.

Estas son apenas algunas de las asignaturas pendientes de la Suprema Corte y donde el desempeño del ministro presidente puede ser determinante para plantearlos como tema de discusión entre sus colegas y, en su caso, impulsar los cambios necesarios. No se trata de temas estrictamente jurisdiccionales, pero sin duda el presidente de la Corte que tenga la habilidad y fuerza para consolidar estas reformas no sólo ofrecería un gran beneficio para la Corte y el país, sino que también pasaría a la historia como el gran reformador de la Corte.

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La muerte del ministro José Gudiño Pelayo, más allá de la tragedia que significa para una familia y un círculo de amigos, seguramente implicará un relevante cambio en la dinámica institucional de la Suprema Corte de Justicia.

En primer lugar, con el deceso del ministro Gudiño se abre repentinamente una vacante en la máxima autoridad jurisdiccional del país. El presidente Calderón, por tanto, deberá enviar una terna de candidatos al Senado de la República, donde con mayoría calificada designará a partir de estas opciones a un nuevo ministro. Una primera cuestión: ¿Este ministro será designado sólo para concluir en noviembre de 2015 el período de Gudiño Pelayo o será elegido para un período completo de quince años? Al respecto, no existe una regla clara; sin embargo, en el año 2004, el Senado al elegir como ministro a Sergio Valls Hernández, debido a la muerte del ministro Román Palacios, determinó que su designación fuese para el período completo. Esto significa que si el Senado sigue este antecedente, el nuevo ministro será elegido para un período de quince años.

Otro aspecto: la muerte de Gudiño Pelayo sucede a unos meses del proceso de sucesión del presidente de la Corte. Lo ideal, en este sentido, es que la designación del nuevo ministro se realice antes del 3 de enero de 2011, fecha en que los ministros votarán entre sí para determinar quién de ellos fungirá como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. Esto permitiría que la Corte enfrente este proceso con su integración completa de once ministros, evitando posibles complicaciones como un empate. Sin embargo, serán interesantes también las repercusiones políticas que tendrá este cambio de ministros precisamente en el proceso de designación del presidente de la Corte. El cual se espera que sea una elección sumamente cerrada y ríspida, donde el voto de un ministro puede hacer la diferencia.

¿A quién beneficia y perjudica, entonces, en este contexto, el fallecimiento del ministro Gudiño? Es difícil saber esto con entera precisión, pues los ministros en ningún momento hacen público el sentido de su voto, ni mucho menos su intención de voto a meses de la elección; sin embargo, a partir de las especulaciones que circulan ya en el mundo jurisdiccional, se puede considerar que era muy probable que el apoyo de Gudiño Pelayo estuviese dirigido al ministro José Ramón Cossío –quien se mantiene, por cierto, en la delantera con el 37% de votos según la encuesta de El Juego de la Suprema Corte-. Lo cierto es que la muerte de Gudiño cambia las coordenadas del juego político para la elección del presidente de la Suprema Corte y, por ello, seguramente la designación del nuevo ministro estará marcada por el interés tanto del presidente Calderón como de las fuerzas políticas del Senado de impulsar a un determinado ministro como presidente de la Corte.

Por último, vale señalar que la sustitución de un ministro en mayor o menor medida propicia una nueva dinámica al momento de definir el sentido de las sentencias. Esto se debe no sólo a que cada ministro tiene una visión del derecho constitucional y de cómo se deben resolver los diversos conflictos propios de una democracia pluralista, sino también a que en un órgano colegiado de tan sólo once miembros, la personalidad, el carisma y la capacidad de persuasión de cada ministro pueden hacer la diferencia justamente al momento de construir mayorías. Esto significa, entonces, que el trágico deceso del ministro Gudiño Pelayo abre un nuevo universo de escenarios políticos e institucionales, los cuales deben ser escudriñados con especial interés por la opinión pública y la academia especializada.

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En enero de 2011, los ministros elegirán entre ellos a su nuevo presidente, quien durante cuatro años dirigirá la agenda de casos de la Corte, sus diversas áreas administrativas y el Consejo de la Judicatura Federal.

¿Cuál debe ser el perfil del presidente de nuestro tribunal constitucional ante nuestra incipiente y tambaleante democracia? ¿Debe ser un jurista lúcido y de avanzada pero cuyo carácter tiende a generar conflictos y a dividir? ¿O un abogado conservador moderado pero con habilidades políticas de vieja escuela que ayudarían a impulsar los cambios que necesita nuestra Suprema Corte? ¿Tal vez un ministro cuya bandera sea simplemente implementar medidas de austeridad en el gasto público de la Corte? ¿Igual y es momento de que una mujer asuma por primera vez la presidencia de la Suprema Corte?

Urge que éstas y otras preguntas más se inserten en la opinión pública y, de esta manera, se discutan los diversos aspectos que giran en torno a este relevante proceso de elección. Es, por ello, que El Juego de la Suprema Corte, a partir de ahora y hasta diciembre de este año, invita a sus lectores a que voten por el ministro que consideren idóneo para asumir la presidencia de nuestro tribunal constitucional y a que envíen a eljuegodelacorte@nexos.com.mx, en un texto no mayor a 500 palabras, las razones de tu voto. ¡Los mejores textos se publicarán!

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