En enero de 2011, los ministros elegirán entre ellos a su nuevo presidente, quien durante cuatro años dirigirá la agenda de casos de la Corte, sus diversas áreas administrativas y el Consejo de la Judicatura Federal.

¿Cuál debe ser el perfil del presidente de nuestro tribunal constitucional ante nuestra incipiente y tambaleante democracia? ¿Debe ser un jurista lúcido y de avanzada pero cuyo carácter tiende a generar conflictos y a dividir? ¿O un abogado conservador moderado pero con habilidades políticas de vieja escuela que ayudarían a impulsar los cambios que necesita nuestra Suprema Corte? ¿Tal vez un ministro cuya bandera sea simplemente implementar medidas de austeridad en el gasto público de la Corte? ¿Igual y es momento de que una mujer asuma por primera vez la presidencia de la Suprema Corte?

Urge que éstas y otras preguntas más se inserten en la opinión pública y, de esta manera, se discutan los diversos aspectos que giran en torno a este relevante proceso de elección. Es, por ello, que El Juego de la Suprema Corte, a partir de ahora y hasta diciembre de este año, invita a sus lectores a que voten por el ministro que consideren idóneo para asumir la presidencia de nuestro tribunal constitucional y a que envíen a eljuegodelacorte@nexos.com.mx, en un texto no mayor a 500 palabras, las razones de tu voto. ¡Los mejores textos se publicarán!

Leer completo

Hace algunos días, la Suprema Corte determinó que la píldora de emergencia es constitucional. Después de analizar la distribución de competencias en materia de salud entre la federación y el estado de Jalisco, la mayoría de diez ministros consideró que efectivamente cada uno de los médicos y hospitales que integran el sistema nacional de salud tienen la obligación de ofrecerle la píldora de emergencia -en su calidad de método anticonceptivo- a aquellas mujeres que hayan sufrido violencia sexual[1].

Un aspecto interesante, sin embargo, más allá de las particularidades propias de este asunto y del impacto final de la decisión, fue la dinámica de la discusión. Y sobre todo las dificultades que enfrentó el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, para moderar dicho debate. En efecto, este asunto que bien pudo haberse resuelto en un par de sesiones se prolongó hasta seis, debido a los esfuerzos del ministro Sergio Aguirre Anguiano por redefinir los temas a debatir. Esto, claro está, no es incorrecto. Es parte de la naturaleza de las esgrimas argumentativas y persuasivas de una arena judicial: cada juez busca llevar la discusión al terreno que considere adecuado.

El papel, no obstante, del presidente de la Corte consiste en no permitir que el debate pierda rumbo, cuidar que el análisis se desenvuelva conforme el plan trazado, aguijonear una discusión inteligente y, por supuesto, impedir que alguien se adueñe del debate. En contraste, el desempeño de Mayagoitia se redujo en buena medida a mimar los caprichos de Aguirre Anguiano, quien aprovecho esta flaqueza de su presidente para hilvanar una serie de temas que no estaban dentro de la agenda de debate. Y peor aún: que no ameritaban estarlo. El resultado fue una discusión en varios momentos estéril, donde se perdió tiempo muy valioso considerando el rezago de la Corte y que propició la irritación de algunos ministros[2].

Ahora bien: esta falta de habilidad de Mayagoitia para conducir la discusión de sus colegas en éste y en muchos otros asuntos[3], invita a una reflexión clave: a casi medio año de que concluya su período como presidente de la Corte, ¿qué tan buena ha sido su gestión?, ¿su falta de habilidad como moderador se extrapola a otras de sus responsabilidades?, ¿cuáles son sus principales logros y deficiencias?, ¿qué asignaturas pendientes le heredará al siguiente presidente de nuestra corte constitucional?

En términos generales, el período de Ortiz Mayagoitia como presidente de la Corte, se puede calificar como una administración sin mayores ambiciones. Una gestión que ha flotado durante casi cuatro años en la nata más rancia de la tradición jurisdiccional del país. Y que no se ha preocupado por insertar en su día a día una cuestión que pareciese obvia, pero que al interior de la Corte es una verdadera excentricidad: ¿Cómo mejorar a la Suprema Corte?

Es cierto: en casi cuatro años, es difícil encontrar un esfuerzo medianamente serio por mejorar en el ámbito jurisdiccional y administrativo a la Corte. ¿Se ha buscado, por ejemplo, aumentar la calidad de la redacción y extensión de las sentencias? ¿Se ha pensando en fortalecer la transparencia en el manejo de recursos y en la agenda pública de los ministros? ¿Se han tomado acciones para hacer más eficiente la estructura administrativa al eliminar la recurrente duplicidad de funciones? ¿Se ha tratado de impulsar el uso del derecho comparado y la doctrina con el propósito de elevar la discusión constitucional entre los ministros? ¿Se ha sancionado siempre a aquellos funcionarios administrativos que se les ha comprobado malos manejos de dinero público? En cada una de estas interrogantes, y en muchas otras más, la respuesta es negativa.

El propósito, por el contrario, que sí le ha impreso unidad a las diversas acciones y omisiones de la gestión de Ortiz Mayagoitia, consiste en mantener el status quo. La falta de proyecto y propuesta, ha sido sustituida por otra preocupación: evitar mayores conflictos entre los feudos de cada uno de los ministros. Sin importar que esta perniciosa dinámica impide impulsar los cambios necesarios para que la Suprema Corte sea capaz de enfrentar la compleja circunstancia que del país.

Existen, sin embargo, y es justo también señalarlos, un puñado de logros. Un esfuerzo relevante ha consistido en transparentar algunos aspectos de la función jurisdiccional. En asuntos sensibles, como el aborto y el IETU, por ejemplo, se ha decidido que las audiencias de las partes sean públicas. Por su parte, en los casos correspondientes a la llamada ‘Ley Televisa’ y, recientemente, a la píldora de emergencia, se difundieron los proyectos de resolución días antes de que iniciase el debate en el pleno de ministros. Esto ha permitido, por un lado, que la opinión pública conozca de primera mano los argumentos de ambas posiciones y, por el otro, que tenga claro el rumbo de la discusión entre los ministros.

Agregaría dos más: los proyectos encaminados a mejorar las habilidades de los periodistas que cubren el desempeño de la Corte, con el fin último de socializar mejor la información judicial; así como la reglamentación que aterriza los alcances de la facultad de investigación de violaciones graves de derechos fundamentales, ubicando en el terreno de la certeza y seguridad jurídica a esta extraña competencia de la Suprema Corte.

Las asignaturas pendientes, no obstante, siguen siendo mayúsculas. El problema, desafortunadamente, es de raíz: los ministros eligen a sus presidentes pensando, no en alguien con la habilidad para impulsar un verdadero proyecto de justicia constitucional, sino en alguien que asegure el cuidado de la madeja de intereses que existe al interior de nuestra corte constitucional. Y mientras esto no cambie, los logros de cada administración serán menores.

Saúl López Noriega. Profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.


[1] Se trata de la controversia constitucional 54/2009, cuya discusión inició el 17 de mayo de 2010 y concluyó el 27 del mismo mes.

[2] En algún momento, el ministro Luis María Aguilar Morales comentó lo siguiente: “Sí, con todo respeto, es que si no concretamos, insisto, perdón que insista, si no concretamos los temas a discutir y cada quien va a decir las ideas que tiene respecto el tema, pues entonces aquí no vamos a acabar nunca, el señor Ministro nos recuerda lo que dijo la Ministra, lo que dijo el otro, y no llegamos a nada; entonces me permitiré yo traer también todas la dudas y reflexiones que tengo respecto del tema y los correlacionados y le pediré su venia para que en la próxima sesión yo pueda leerles tantas hojas como hemos escuchado que se han leído, porque si no concretamos, insisto, cuáles son los temas, vamos a analizarlos o no, no vamos a acabar nunca, si lo multiplicamos por los once Ministros, esto nos puede llevar unos seis o siete meses. Yo sí les pido que concretemos, porque si no volvemos a leer otra vez un análisis de otro estudio de otra cosa que puede estar relacionada y que no hemos definido si realmente es materia del análisis.” Sesión del pleno de ministro de la Suprema Corte del martes 25 de mayo de 2010.

[3] Basta recordar, por ejemplo, el debate al analizar la constitucionalidad de la llamada ‘Ley Televisa’ (acción de inconstitucionalidad 26/2006), donde los ministros a falta de una guía adecuada en varias ocasiones perdieron la brújula: no sabían qué discutían ni qué votaban.

Leer completo