El 12 de junio de 2000, de acuerdo con las evidencias recabadas, al menos 12 personas emboscaron a un grupo de policías del estado de Chiapas, los cuales viajaban a bordo de una camioneta que circula por la carretera que une los municipios de Simojovel y el Bosque, Chiapas. En el ataque resultaron siete elementos policiacos muertos y dos heridos (un policía estatal y un civil menor de edad que conducía el vehículo)

Debido al clima político que en el año 2000 imperaba en Chiapas, el Ejecutivo federal había creado la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, que orgánicamente dependía de la PGR. Por esta razón[1], fue que el Ministerio Público Federal (MPF) y, posteriormente, el PJF por medio del Juez Primero de Distrito en Chiapas tuvieron a su cargo la administración e impartición de justicia. Sin embargo, en un principio el Ministerio Público del Fuero Común (MPFP) también realizó diversas actuaciones que posteriormente fueron incorporadas a la averiguación previa federal.

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Durante la integración de las indagatorias se evidenció el conflicto socio-político que existía entre el presidente municipal del Bosque y diversas organizaciones sociales que tenían una presencia importante en dicho municipio. Dentro de este contexto, el 30 de mayo de 2000, más de dos decenas de organizaciones entregaron una carta al gobernador del estado Roberto Albores Guillen, solicitándole la remoción del edil Manuel Gómez Ruiz, debido a actos de corrupción, acoso sexual, nepotismo –prueba de esto último es que el hijo de munícipe Rosemberg Gómez Pérez tenía a su cargo la conducción de un vehículo oficial.

De igual forma, fueron evidentes las irregularidades en que incurrieron el MPF y el MPFC durante la integración de las Indagatorias, buscando a toda costa aparentar una eficiencia en el esclarecimiento de los hechos. Por lo cual, las autoridades ministeriales no tuvieron ningún reparo en recurrir a la práctica de diligencias ilegales y la obtención de pruebas ilícitas -por ejemplo, el MPF y el MPFC recabaron la declaración de un testigo sobreviviente, Belisario Gómez Pérez, en la misma fecha, hora y lugar; la incorporación de una fotografía de Alberto Patishtán, prueba de rodizonato de sodio practicada siete días después, etcétera- que luego fueron convalidadas por los correspondientes funcionarios judiciales en las distintas fases del proceso, apelación y juicio de amparo.

Este fue el contexto bajo cual Defensa Estratégica en Derechos Humanos AC., (DEDHAC) retoma el caso en junio de 2012, luego de realizar un análisis exhaustivo de las constancias fueron evidentes dos cuestiones: 1) la existencia de graves violaciones a los principios de debido proceso y de presunción de inocencia que impidieron que Alberto Patishtán pudiera defenderse adecuadamente y 2) la falta de conocimiento pleno del proceso penal por parte de los abogados y organizaciones que hasta ese momento habían apoyado el caso.

Tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la fecha en que habían acaecido los hechos y los supuestos bajo los cuales puede sustentarse un incidente de reconocimiento de inocencia, DEHDAC optó por la hipótesis establecida en la fracción segunda del artículo 560 del CFPP que establece la procedencia cuando “después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado aquélla”.

DEDHAC al plantear el incidente sostuvo que a partir de la fecha de la sentencia y hasta el mes de agosto de 2012, aparecieron documentos públicos que invalidaban los elementos que habían conformado la prueba circunstancial sobre la cual se sustentó la sentencia.

A juicio de DEDHAC, los documentos públicos eran las tesis de jurisprudencia y aisladas compiladas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (SJFyG), así como las sentencias que dieron origen a los criterios, a través de los cuales con el paso del tiempo los tribunales del PJF revaloraron o reinterpretaron el valor probatorio de la duplicidad de actuaciones, la incorporación de fotografía a la indagatoria, la prueba de rodizonato de sodio, el testimonio único, que por lo que al confrontar estos nuevos criterios plasmados en el SJFyG con los prevalecientes en el año que había sido dictada la sentencia, invalidaban los elementos con los cuales había sido conformada la prueba circunstancial. Dicho en términos coloquiales, lo que en 2003 eran pruebas legales, al pasó de los años los tribunales del PJF habían determinado que habían dejado de serlo.

Es evidente que el planteamiento es innovador y audaz ya que golpea la línea de flotación de una falla estructural del sistema de administración e impartición de justicia, que no es otra cosa, más que la violación sistemática de los derechos de debido proceso, presunción de inocencia y defensa adecuada que por igual se cometen en contra de culpables e inocentes. Luego, entonces, establecer un precedente de la forma en que DEDHAC lo planteó significaba abrir la posibilidad de que muchas personas sentenciadas con base en pruebas que actualmente son consideradas ilícitas pudieran alcanzar su libertad.

Cuando un apreciado ministro de la Primera Sala señaló que el planteamiento abriría la caja de pandora y que la Corte no estaba preparada para dar ese paso, DEDHAC supo que el destino del incidente estaba decidido y que el PJF prefería dejar en la cárcel de por vida a un inocente antes que enmendar una falla estructural y que era cuestión de tiempo para que la Primera Sala decidiera no reasumir su competencia y el Tribunal Colegiado (TC) declarara improcedente el incidente, como al final aconteció. La resolución de los magistrados es una interpretación letrista alejada de los nuevos estándares plasmados en el artículo 1º constitucional ya que consideraron que las tesis de jurisprudencia y las sentencias que dieron origen a esos criterios “no tenían relación con el caso en cuestión”.

Sin embargo, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Alberto Patishtán eran tan evidentes que después de que el TC emitió su resolución, se generó una reacción de descontento en diversos sectores de la sociedad civil –grupos de personas, iglesia, ONG’s, funcionarios estatales y federales, así como organismos internacionales-, lo cual fue determinante para que el poder legislativo entrara en acción proponiendo la incorporación al Código Penal Federal del artículo 97 bis, que hace posible el indulto presidencial “cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada”.

Al pasar por alto las graves violaciones a los derechos humanos de Patishtán, los tribunales del PJF dieron paso a la creación de una cuarta instancia, a cargo del Ejecutivo federal quien puede revisar las actuaciones de los tribunales y determinar la existencia de violaciones graves a los derechos de un sentenciado y por ende concederle el indulto. Esto no sólo es grave por la trascendencia que reviste el hecho de que el presidente de la República pueda analizar las actuaciones del PJF, sino también porque al revisarlas quedará evidenciado que los tribunales convalidaron o no apreciaron las graves violaciones de derechos cometidas contra un sentenciado, lo cual demostrará la falta de eficacia del PJF restándole credibilidad.

Por estas razones sostengo que el PJF fue el gran perdedor, ya que tuvo en sus manos enmendar los errores cometidos por sus propios integrantes, pero por no abrir la caja de pandora, dio paso a que el Ejecutivo federal pueda revisar los procesos y deje sin efectos las sentencias aunque sea de forma parcial.

Leonel G. Rivero Rodríguez. Coordinador General de DEDHAC; tutor de la maestría de Derechos Humanos y Democracia de la FLACSO.


[1]Además de que esas fechas, el segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales señalaba que el Ministerio Público Federal (MPF) era competente para conocer de delitos del fuero común que tuvieran conexidad con ilícitos del fuero federal.

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En días pasados el Senado de la República designó a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los resultados de la votación evidencian que la decisión fue tomada a partir de un acuerdo entre las fuerzas políticas con mayor peso al interior de la Cámara Alta. Lamentablemente, a pesar del balance que el propio Senado realizó respecto de este proceso, tanto su actuación, -en especial a través de la Comisión de Justicia-, como los términos en los que se realizó la decisión final de los Ministros, son criticables y únicamente exponen a senadores cortos de miras en cuanto a la importancia que revisten estos procesos políticos de designación e irresponsables respecto de la obligación que tienen ellos dentro de los mismos.

La Suprema Corte es el máximo tribunal del país, cabeza del Poder Judicial de la Federación y guardián de la Constitución. Las decisiones de los Ministros deben garantizar los derechos humanos y limitar los actos de autoridad para que se realicen conforme a los preceptos constitucionales. De ahí la importancia de su designación. Sin embargo, para el Senado más que un proceso político trascendental para el Estado mexicano que debería estar acompañado de deliberación pública y análisis minucioso, la designación de los Ministros de la SCJN es un mero trámite que puede desahogarse en siete días, sujeto a la lógica y los tiempos de la transición presidencial.

Designaciones públicas considera que el Senado no tuvo interés en llevar a cabo un proceso público de discusión serio que diera lugar a decisiones políticas fundamentadas y expuestas públicamente. Al contrario, parecería existir la voluntad de hacer un proceso expedito y discrecional en el que no se cumplieron las normas aprobadas por la misma Cámara de Senadores: no se ordenó la distribución de los expedientes de los integrantes de las ternas entre los senadores para su estudio a pesar de estar establecidos en el artículo PRIMERO del Acuerdo de la Mesa Directiva; las sesiones de exposición en el Pleno no fueron transmitidas por televisión en el Canal del Congreso a pesar lo establecido en el artículo SEGUNDO del mismo; durante las comparecencias la Comisión de Justicia sesionó apenas con el quórum necesario de senadores; no hubo uniformidad en tiempo ni en número de preguntas hechas a los candidatos y candidatas; no hubo discusión entre los grupos parlamentarios en el Pleno al momento de votarse, entre otras. Por ello, no es exagerado concluir que el Senado, más que conducir un proceso político de fondo,  tramitó la designación de ministros.

Desde su primer comunicado, Designaciones Públicas  hizo énfasis en la ausencia absoluta de una una fundamentación de las propuestas, así como del más mínimo pronunciamiento respecto a la Corte que a juicio del Senado requiere el país. Sin esta premisa, cualquier proceso, cualquier iniciativa o modificación al procedimiento establecido, es –como ya se evidenció- estéril ya que al no existir una definición respecto del tipo de Corte que se busca, tampoco existía un perfil ideal de Ministro contra el cual contrastar a los candidatos para encontrar al más idóneo. Este punto cobra especial relevancia cuando analizamos el perfil de los candidatos que resultaron electos: Alberto Gelacio Pérez Dayán, rechazado en dos ocasiones anteriores, la última hace apenas una semana (sin explicarse públicamente por qué) y ahora designado casi por unanimidad (104 de 112 votos posibles, sin que tampoco existiese un razonamiento público al respecto). Por otro lado, el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, cuyo perfil de experto y alto funcionario en materia fiscal no necesariamente es compatible con la justicia constitucional, quien también fue electo casi por unanimidad (103 votos) sin explicarse públicamente las razones que sustenten los votos. El procedimiento de selección de estos perfiles, que no tomó en cuenta cuestiones de la mayor relevancia como la interpretación jurisdiccional o de metodología jurídica de los candidatos, confirma que la decisión del Senado se tomó con base en criterios ajenos a las capacidades profesionales que requerirán al integrarse a la Suprema Corte.

La decisión de quién debe ser ministro debe estar sustentada en razones técnicas y políticas, las cuales en lugar de excluirse del debate público, deben someterse al escrutinio ciudadano obligando a los actores políticos a hacerse responsables de sus decisiones. En el presente caso, la opacidad y el silencio del Ejecutivo federal así como de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado no nos permiten saber cuáles fueron las razones que motivaron la integración de las ternas ni la votación que hubo en el Pleno, ello en buena medida porque el proceso no estableció mecanismos indicados para decidir en dichos términos.

Las decisiones de esta índole siempre tienen un componente de racionalidad política, sin embargo, los Senadores tienen la obligación de motivar ésta y exponer públicamente las razones que las sustentan como parte de la rendición de cuentas inherente a la función que desempeñan. Las razones políticas pueden basarse en acuerdos entre partidos pero éstos deben tener un fundamento de interés general.

Procesos de designación deficientes y cortos de miras dañan a las instituciones y pueden generar una crisis de legitimidad como la que actualmente atraviesan otros órganos que componen a nuestro estado democrático constitucional. Los representantes políticos encargados de la designación los funcionarios titulares de estos órganos son responsables de las decisiones que tomen. En esta ocasión, los senadores han pretendido no hacerse responsables de ello, ocultando su razonamiento, sin rendir cuentas  rendir cuentas a la sociedad,  perjudicando con ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Designaciones Públicas lamenta la forma en que fueron designados los dos nuevos ministros; consideramos que el Senado ha asestado un golpe duro a la institucionalidad democrática, a la justicia constitucional y a la sociedad mexicana a la que ha tratado de engañar por medio de un proceso de aparente transparencia y poca rendición de cuentas.

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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El día de ayer el Pleno del Senado de la República rechazó las ternas propuestas por el Presidente Calderón el 10 de Octubre para sustituir a los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano.

A pesar de la aprobación de los dictámenes emitidos por la Comisión de Justicia respecto de cada una de las ternas, donde únicamente se anotó que los candidatos que las integraban cumplían con los requisitos constitucionales para su elegibilidad (asunto que sabíamos desde antes de las comparecencias ante la Comisión), ninguno de los candidatos que componen las ternas obtuvo el voto de la mayoría calificada del Senado (2/3 partes) requerida para ser electo.

En el plano especulativo se dice que en el último minuto no se alcanzó el acuerdo entre el PRI y el PAN para el apoyo conjunto a los candidatos favoritos del presidente Calderón y el presidente electo Peña Nieto: Pérez Dayán y Baráibar y, sin este consenso, se optó por rechazar ambas ternas.

Más allá de las razones conocidas o sospechadas, lo cierto es que todavía no hay humo blanco en el proceso de designación, así, ahora que las primeras ternas han sido rechazadas ¿qué sigue?

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución, si la terna propuesta por el presidente de la República es rechazada o bien si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría calificada requerida para ser electo, el presidente tiene la obligación de volver a proponer ante el Senado otra terna, que en teoría debería seguir el mismo procedimiento de la anterior. Si alguna o ambas ternas fueran rechazadas de nueva cuenta, entonces el presidente tendría vía libre para nombrar, dentro de los candidatos propuestos, a el o los ministros faltantes.

Es importante mencionar que en esta etapa del procedimiento existen lagunas que merecen ser enfatizadas: en primer lugar, la Constitución no señala ningún plazo para que el presidente haga la presentación de la siguiente terna; en segundo, tampoco señala ninguna obligación para el Senado de mantener o modificar los lineamientos por medio de los cuales se desahogó la evaluación de la primera terna.

En este contexto, se abren de nueva cuenta interrogantes y ventanas de oportunidad. En principio, dado que no existe ningún periodo definido para presentar la siguiente terna y que estamos a unos días del fin del sexenio, existe de nueva cuenta la posibilidad de que estas segundas ternas sea propuesta ya no por Felipe Calderón sino por Enrique Peña Nieto. En este caso, aunque los ministros terminan sus funciones el 30 de noviembre, quedarían libres las vacantes hasta que el nuevo presidente diera continuidad al proceso.

Otro escenario posible sería que Felipe Calderón presentara las segundas ternas en los días que le quedan de mandato y que, dependiendo de los plazos que estableciera el Senado para desahogar la parte del procedimiento que le corresponde, la votación se lleve a cabo aún dentro del sexenio de Calderón (recordemos que en este caso el procedimiento tardó desde la recepción de las ternas en el Senado hasta su votación los treinta días establecidos como plazo máximo en la Constitución) de realizarse este proceso antes del 30 de noviembre, si el Senado llegara a rechazar de nueva cuenta alguna o las dos ternas, el presidente saliente todavía tendría una precipitada posibilidad para dejar a uno o a ambos ministros. Por el contrario, si las comparecencias ante la Comisión de Justicia y la votación en el Pleno no terminaran sino hasta diciembre y alguna o las dos fueran rechazadas, sería Enrique Peña Nieto quien podría nombrar libremente a el o los ministros faltantes.

Más allá de los escenarios posibles respecto de quién sería el que presentara la siguiente propuesta para la designación o cuándo debería de hacerlo, la situación en la que nos encontramos ahora podría constituir una oportunidad valiosa para tomarse en serio un análisis fundamental que ha estado ausente de este proceso y que debe, o al menos  debería, definir a los candidatos que integrarán a las siguientes ternas o que determine en su caso al ministro que podría ser designado libremente por el presidente: ¿qué tipo de Suprema Corte de Justicia queremos?

A lo largo de este mes, académicos, organizaciones civiles e incluso varios de los Senadores han hecho públicos sus diagnósticos respecto del importante momento de transición que está viviendo la Suprema Corte de Justicia a partir de las reformas penal, de amparo y de derechos humanos principalmente, así como del papel que les gustaría que la Corte jugara en este momento político e institucional. A partir del mismo, muchos han delineado ya el perfil ideal que deberían tener los siguientes candidatos a ministros. Estos ejercicios y los objetivos que tienen en el horizonte, constituyen un material nuevo y valioso que debería ser tomado en cuenta para conformar las siguientes ternas, y ser el eje orientador que guíe a los Senadores en las comparecencias y las votaciones.

En este sentido, correspondería al Senado de la República, especialmente a la Comisión de Justicia, hacer un ejercicio de evaluación que permita en un primer momento definir el tipo de Corte que buscamos consolidar y, derivado de este examen, establecer con claridad indicadores que permitan elegir, de entre los candidatos presentados, a quien mejor satisfaga los requisitos de este perfil específico y no sólo quedarse, como lo hicieron hasta este momento, en la verificación de los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución.

La importancia de la designación de los ministros de la Suprema Corte, no sobra enfatizarlo cuántas veces sea necesario, merece una reflexión que no se encuentre sujeta a presiones ni de tiempo ni a conveniencias estrictamente políticas, se trata de una decisión que tendrá un impacto directo en la consolidación del Estado de Derecho y la configuración del Estado mexicano. Sería un error muy grave dejarse llevar por las prisas y desestimar los esfuerzos que se han realizado desde varios frentes para dotar a este debate de elementos objetivos y serios. Esperemos que, frente a esta nueva oportunidad, el Presidente y los Legisladores demuestren haber aprendido la lección de estas primeras etapas y se tomen estas designaciones en serio.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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La segunda terna se presentó la tarde del lunes 29 de octubre ante la Comisión de Justicia, de los candidatos que la integran saldrá –si no se rechaza- al ministro que sustituirá al ministro Ortiz Mayagoitia, actual miembro de la primera Sala de la Suprema Corte, encargada de resolver los asuntos en materia penal y civil. Los candidatos se presentaron en el siguiente orden:

Manuel Baráibar Constantino

Presentó ante la Comisión como sentencias relevantes de la Suprema Corte el expediente varios 912/2010 o “caso Radilla” por considerarlo un parteaguas en la concepción de la justicia constitucional, el amparo en revisión 168/2011 sobre el derecho de acceso a la información sobre averiguaciones previas y la contradicción de tesis 229/2011 relacionada con la legitimación de las víctimas u ofendidos para promover un amparo directo en caso de que la sentencia absuelva al acusado.

De la comparecencia de Baráibar poco puede extraerse para conocer su criterio constitucional ya que en general las preguntas daban para respuestas más profundas y detalladas, pero el candidato no dio respuesta a muchas de ellas o en otras ocasiones contestó con evasivas.

La presentación comenzó de forma ríspida pues la ronda de preguntas abrió con el “caso Raúl Salinas” donde el senador Monreal preguntó sobre su opinión de los jueces de consigna y su defensa ante una acusación por cohecho y la senadora Padierna preguntó sobre su relación con Carlos Salinas de Gortari. Baráibar inició a la defensiva e insistió que él no se fija en los nombres sino en los hechos que le son consignados y la ley aplicable y que sería difícil discutir el caso si nadie de los presentes conoció el expediente. Más adelante, el senador Camacho se refirió al caso de Onésimo Cepeda y le realizó tres preguntas puntuales, Baráibar se limitó a responder que él no fue ponente y que resolvió conforme a Derecho y que no valdría la pena discutir un caso del que no se conoce el expediente.

Al menos cinco senadores le realizaron interesantes preguntas[1] sobre criterios interpretativos y sobre su comprensión de la reforma de derechos humanos y la relación de la Constitución con los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y la jerarquía normativa. En ninguna respondió de manera satisfactoria, pues se limitó a responder que él está “plenamente convencido de la supremacía constitucional”, que el artículo 1° y la decisión Radilla “ya fijaron los parámetros para el control de convencionalidad” y se refirió a la jerarquía de normas en donde los tratados y leyes generales se encuentran por debajo de la Constitución, pero por encima de las demás normas del orden jurídico. En otros casos, de plano no respondió y habló sobre otras cuestiones. En una ocasión realizó una pregunta retórica que preocupa: al referirse al nuevo artículo 1° en donde se establece que todas las autoridades están vinculadas a los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, cuestionó si  ¿todos los jueces realizan dentro del ámbito de sus facultades [siempre un] examen de constitucionalidad?

Dos veces se le realizó una importante pregunta sobre su criterio para determinar la asignación de competencias entre entidades y la federación, en ambos casos evadió la respuesta, dijo que “la Constitución da para resolver cualquier conflicto.”

Sobre transparencia, rendición de cuentas, acercamiento de la Corte a la ciudadanía y legitimación de sus decisiones tampoco respondió nada: “la Corte tiene un Canal Judicial a través del cual la ciudadanía puede enterarse” o las resoluciones se legitiman en la medida en que se apeguen a la Constitución y a las leyes. Sobre la transparencia comentó que esto se logra subiendo las sentencias a internet y para lograr una mayor confianza en la Corte sugirió clases de educación cívica a los niños.

Sobre las novedades de la reforma de amparo y su ley de desarrollo comentó que era relevante la modificación del principio de relatividad, no dijo por qué y que le parecía que la Corte es quien debe resolver las contradicciones de tesis. Asimismo explicó que deberían eliminarse los amparos para efectos y que en uno se analicen todas las violaciones.

Ante la pregunta que el senador Fayad realizó a todos los candidatos, sobre cómo resolver si con apego a la ley o a la justicia, el magistrado Baráibar respondió “debo preferir la Constitución y la ley en todo momento.”

Se le preguntó sobre arraigo y no contestó. Sobre la reforma laboral y respondió que no podía referirse a ella pues se está apenas discutiendo en las cámaras. Sobre su voto particular en el amparo directo 2498/2006 sobre trabajo a favor de la comunidad como sustituto de la pena de prisión, a lo que respondió que considera el trabajo como una alternativa a la pena de prisión para descongestionar las prisiones y para lograr la readaptación social.

Emma Meza Fonseca

Para la magistrada las decisiones más relevantes de la Corte fueron la acción de inconstitucionalidad 2/2010 sobre matrimonio de personas del mismo sexo en el D.F. por su gran impacto social y la posibilidad de cambio de los conceptos constitucionales, la acción de inconstitucionalidad 155/2007 en la que el Pleno inaplicó una norma constitucional por considerarla más restrictiva que la contenida en un tratado, debido a su gran impacto jurídico pues se elige por primera vez una norma internacional por encima de una constitucional como parámetro para el análisis de la constitucionalidad de una norma ordinaria y el expediente varios 912/2010 conocido como “caso Radilla” pues concretiza tanto obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana como de la reforma constitucional de 2011.

La comparecencia de la magistrada Meza abrió con el tema de género, explicó la importancia de juzgar con perspectiva de género y sobre todo con sensibilidad a la realidad que viven las mujeres. Resaltó la importancia de la definición de criterios por parte de la Corte para dar viabilidad a las normas que pretenden lograr la equidad de género. Dijo estar de acuerdo con las cuotas, pues son acciones afirmativas indispensables para generar equidad. Destacó la labor del Poder Judicial de la Federación en la capacitación y sensibilización en materia de género.

Sobre la interrupción legal del embarazo, Meza dijo que legalizarlo se trataba de una facultad de las legislaturas de acuerdo con la realidad social.

En su comparecencia dejó en claro su postura garantista, reiteró su posición acerca de la existencia de un bloque de constitucionalidad, pues aunque no lo mencionó de manera textual, explicó que el artículo 1° establece un todo normativo comprendiendo a la Constitución y los tratados internacionales para la protección y garantía de los derechos humanos. Se refirió en varias ocasiones a la jerarquía normativa en atención al artículo 1° y al 133, y dejó en claro que tanto la Constitución como los tratados internacionales pueden servir como parámetros de validez, se refirió a la acción de inconstitucionalidad 155/2007 para aclarar esto.

Explicó que presentó ante la Comisión su sentencia en el amparo directo 370/2011 pues fue la primera vez que realizaba un control de convencionalidad y desaplicaba una norma por considerarla violatoria de derechos, en este caso se trataba del artículo 76bis de la Ley de Amparo que negaba la suplencia de la queja a las víctimas. Meza consideró que esta norma violaba el principio de igualdad con respecto al inculpado contenido tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales.

Adelantó que consideraría analizar el arraigo frente a normas internacionales de derechos humanos para determinar su convencionalidad y en su caso, inaplicarla. Sobre la tortura explicó que cualquier confesión así arrancada es inválida y se refirió a la inversión de la carga de la prueba a manos de la autoridad, mencionó algunos criterios definidos por la Corte Interamericana. Sobre la exhibición de detenidos en televisión consideró que cualquier confesión sin presencia de un defensor es inválida, además dijo, esto ata a los jueces pues la opinión pública juzga y si se decreta libertad por falta de pruebas, “el juez es el corrupto”.

Dijo estar totalmente de acuerdo con las recientes resoluciones en materia de jurisdicción militar pues se realizó la interpretación correcta del artículo 13, tomando en consideración la sentencia Radilla. Así mismo se refirió a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 57 del Código Militar y destacó la relevancia de que se respeten tanto los derechos del inculpado como los de las víctimas y que éstas, además de tener derecho a la reparación del daño, tienen derecho a la justicia y a la verdad y ésta última sólo se obtiene en la medida en que la víctima puede ejercer sus derechos ante la justicia civil, lo que no sucede ante la jurisdicción militar.

Dijo estar a favor de la decisión sobre matrimonio entre personas del mismo sexo con todos sus efectos, primero porque la definición del matrimonio es una facultad legislativa y segundo porque la familia es un concepto social que evoluciona.

Habló sobre la ponderación y la búsqueda de armonización y equilibrio entre los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados y la seguridad pública y se refirió a las excepciones que la Constitución establece para realizar estas tareas, especialmente en materia de delincuencia organizada. También se refirió al equilibrio entre los derechos a manifestar las ideas mediante marchas y plantones las molestias que esto ocasiona, aunque no fue muy clara sobre cómo podría regularse esta situación.

Tampoco fue clara con respecto a su opinión sobre el proceso de nombramiento de ministros ni sobre el carácter político de los ministros y la Corte. Y no respondió sobre los efectos sociológicos de las sentencias de la Corte. Fue muy escueta con respecto a la reforma constitucional sobre delitos contra periodistas pues dijo que era importante que la federación atrajera pues al parecer algunas policías y autoridades de los estados han sido cooptadas por la delincuencia organizada.

Manifestó su acuerdo con la existencia de un Código Penal tipo, así como también de uno de Procedimientos Penales, en especial, dijo, sería relevante tener códigos modelo para la implementación del sistema oral y acusatorio.

Explicó estar de acuerdo con el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal y las políticas actuales.

Ante la pregunta del senador Fayad, sobre qué hacer ante la disyuntiva de resolver conforme a la ley o la justicia, respondió “sin duda conforme a la justicia para dar a cada quien lo que le corresponde”.

Rosa María Temblador Vidrio

Envió a la Comisión de Justicia por considerar los más relevantes los siguientes asuntos resueltos por la Suprema Corte: la acción de inconstitucionalidad 2/2010 sobre matrimonio entre personas del mismo sexo por su trascendencia social y porque se aprobó la transformación de la configuración tradicional del concepto familia; el amparo en revisión  2021/2009 conocido como “amparo de los intelectuales” en el que se debatió si era posible por medio de este recurso revisar la constitucionalidad material de una reforma constitucional, asunto que considera de enorme trascendencia para la vida jurídica; y por último, el expediente Varios 912/2011 o caso Radilla, debido a que implementa un nuevo paradigma de interpretación constitucional y sus mecanismos de control.

En su comparecencia, la magistrada Temblador respondió de manera clara a algunas preguntas, pero a otras respondió cuestiones distintas a las preguntadas, no era claro si dichas respuestas tenían como propósito evadir la pregunta o se debían a otra circunstancia. Así, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre su opinión de que a la Corte se le diera la facultad de iniciativa de ley en materia de justicia, respondió que la Corte no tiene esta facultad y que no puede legislar, o sobre los alcances de la reforma de derechos humanos y los retos del Poder Judicial, respondió que la facultad de investigación ya no la tiene la Corte sino la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Igual sucedió con la pregunta sobre la ponderación entre el derecho al debido proceso y el derecho de la víctima a la justicia, dijo que habría que hacer un examen concienzudo en igualdad de circunstancias y ante la pregunta sobre cómo haría valer el derecho al debido proceso, dijo que este derecho lo contempla la Constitución y los tratados y que como ministra ella se aseguraría de que se respete. De nuevo, la misma situación con la pregunta sobre si existe una doctrina para definir “trascendencia e interés” en el ejercicio de la facultad de atracción de la Corte, Temblador respondió que la Corte tiene mucha carga de trabajo.

Ante la pregunta del senador Fayad, sobre el dilema entre ley y justicia, Temblador respondió que para hacer justicia se aplica el Derecho y sin éste no hay justicia, pero que si al Derecho le faltara algo para hacer justicia, aplicaría ésta sin duda.

La magistrada considera que habría que irle quitando facultades de control de legalidad a la Corte para hacerla un verdadero Tribunal Constitucional y ve de manera positiva los plenos de circuito pues los magistrados de cada entidad están enterados de su problemática.

Se le preguntó la razón por la que presentó como relevante el llamado “amparo de los intelectuales” y explicó que está de acuerdo con la resolución de que no procede el amparo contra reformas a la Constitución pues ésta es el eje del sistema jurídico, así como tampoco en contra de su procedimiento debido al principio de relatividad de las sentencias de amparo. Más adelante explicó que aún con la reforma constitucional de derechos humanos, no procedería un amparo contra reformas constitucionales debido a que no se reformaron los artículos 103 y 107 y el artículo 1° “no da para ello”.

Sobre el control de convencionalidad dijo que no puede trastocar los principios consagrados en la Constitución y ante la pregunta sobre el arraigo respondió que es una medida, que dadas las condiciones del país, es adecuada.

Se le cuestionó su opinión sobre el derecho a la vida, a lo que respondió que coincide con la Convención Americana en cuanto a que ésta debe protegerse desde la concepción. Más adelante se le preguntó si de acuerdo con ello, considera que debían tipificarse lesiones al feto, a lo que respondió que si se habla de actos con dolo para lastimar la vida del feto, esto ya está sancionado por la ley. Pero que definitivamente para sancionar en específico habría que hacer encuestas, estudios y análisis.

Dijo estar de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias en materia tributaria pues los efectos generales serían problemático para el Estado por el sistema para la recaudación y el gasto. Podría hacerse una impugnación que tuviera efectos generales a través de una acción de inconstitucionalidad y por parte de los ciudadanos, una vez que se desarrollen las acciones colectivas.

Ante la pregunta concreta del senador Monreal sobre el outsourcing que se planea incluir en la reforma laboral, la magistrada Temblador respondió que procedería el amparo si se agotan las instancias ordinarias, pero que no puede pronunciarse en específico pues se sigue discutiendo esta reforma.

El senador Fayad le preguntó cómo es el procedimiento de selección ante el Ejecutivo, a lo que ella respondió que solamente fue citada y se le hicieron varios cuestionamientos y se le solicitaron documentos que acreditaran que cumplía con los requisitos del artículo 95. Pero que se enteró por la prensa de que había sido incluida en la terna. Por último habló de la queja como recurso para intimidar a los juzgadores y de la circunstancia de agresión en que se encuentra el Poder Judicial.

Conclusiones

Hubo algunas preguntas interesantes por parte de los senadores, en especial destacaría las del presidente de la Comisión, Roberto Gil Zuarth. Las preguntas de la senadora Arely Gómez complementaron la entrega de documentos al cuestionar a cada candidato las razones por las que presentó alguna resolución, desafortunadamente no había réplica y no podía darse seguimiento a las respuestas. El senador Fayad preguntó lo mismo a los seis candidatos, un ejercicio interesante seria contrastar las respuestas de los seis acerca de su preferencia para resolver entre la ley y la justicia y sobre la necesidad de un Tribunal Constitucional.

Después de este ejercicio, queda la duda sobre si los senadores harán algo con las respuestas dadas por cada candidato, si las preguntas tenían un objetivo específico o eran tan sólo ocurrencias del momento. Si se analizarán las respuestas y se presentarán conclusiones en el dictamen que emita la Comisión de Justicia. Si no es así, ¿para qué compareció ante la Comisión durante más de 1 hora cada candidato? A partir de lo conversado con cada candidato y de los documentos que tiene la Comisión, se deben sacar conclusiones sobre quiénes serían los mejores para ocupar un asiento en la Suprema Corte, que fundamenten un voto, que recomienden al Pleno un candidato. Que expliquen si realmente uno o dos de estos seis candidatos cumple con las cualidades que se requieren para ser ministro de la Corte.

De otra manera, las más de 8 horas de comparecencia y más de 400 páginas de versiones estenográficas serían un ejercicio vacío para apaciguar a la sociedad,  una mera actuación de los partidos políticos frente a la opinión pública para cubrir una decisión previamente negociada entre el PRI y el PAN. ¿Será –otra vez- así? Esperemos que no.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Por ejemplo: ¿cómo garantizar la aplicación del principio pro homine? ¿qué sucede cuando una sentencia de primera instancia contradice una contradicción de tesis? ¿cómo garantizar la vigencia de la reforma de derechos humanos? ¿se ha ejercido ya por jueces ordinarios el control de convencionalidad, cómo se resolvió y bajo qué criterios? ¿qué sucede si hay una contradicción entre una norma constitucional y un tratado? ¿qué pasa con las normas de derechos humanos que forman parte de tratados internacionales que no son propiamente de esta materia? ¿qué criterios utilizaría para distinguir la materia de los tratados para efecto del control de convencionalidad? Entre otras.

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El próximo 9 de noviembre se vence el plazo para que el Senado elija a los dos próximos ministros para la Corte mexicana, afortunadamente en esta ocasión el procedimiento ha sido más transparente que en otras ocasiones y contamos con más información para evaluar la idoneidad de los candidatos. Desafortunadamente, las comparecencias aún dejaron mucho que desear, se realizaron como una prueba para buscar respuestas “correctas” y no como diálogo para desentrañar los criterios constitucionales de los candidatos. Así, cada senador realizó preguntas aisladas sin posibilidad de réplica, lo que dejó muchas cuestiones al aire. Algunos aprovecharon para hacer posicionamientos políticos (como el senador Monreal) y otros  plantearon preguntas que obligaban al candidato a prejuzgar[1].  Algunos senadores plantearon preguntas que nada tenían que ver con la labor del juzgador y otros de plano, creyeron que estaban en un concurso de Miss Universo.

Es de llamar la atención cómo fue disminuyendo la calidad de las preguntas entre el primer candidato y la última candidata. Algunas de las preguntas del magistrado Monroy fueron muy interesantes, profundas y obligaban a mostrar sus criterios, sin embargo las preguntas hechas al magistrado Pérez fueron muy malas, algunas incomprensibles y a la magistrada Zambrana me parece que se le pudo haber “aprovechado” más.

Aquí se presenta un ejercicio para descubrir los criterios de cada candidato, de la terna para sustituir al ministro Aguirre Anguiano, a partir de su selección de sentencias relevantes de la Corte y de su comparecencia ante la Comisión de Justicia. El orden es el mismo que en las comparecencias.

Pablo Vicente Monroy Gómez

Presentó como sentencias relevantes de la Corte el amparo en revisión 1155/2008 en donde se origina la jurisprudencia sobre los criterios para el análisis de una vulneración al principio de igualdad; la acción de inconstitucionalidad 29/2008 donde se establece el carácter teleológico de las contribuciones fiscales como criterio de justicia fiscal; y el expediente varios 912/2010, conocido como “caso Radilla”, donde la Corte fija criterios para la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad y la limitación a la jurisdicción militar.

Ante la Comisión de Justicia, Monroy planteó que percibe a la Corte como un árbitro sujeto a reglas y límites y dejó claro que favorece una Corte autolimitada frente a una activista, que respete las decisiones democráticas y los ámbitos de decisión que la propia Constitución les demarca. Destacó la auto-restricción para invadir esferas que corresponden exclusivamente al legislativo, como lo serían cuestiones políticas, donde remarcó que los jueces no pueden extraer de las normas jurídicas juicios de orden social o político o cuando se refirió a materias especializadas (materia fiscal o interconexiones, por ejemplo). También, describió como muy relevante la labor de la Corte en la unificación de criterios, más ahora con la entrada del control difuso de constitucionalidad y la posibilidad de que se inapliquen normas por ser contrarias a los derechos humanos.

En cuanto a cuestiones formales de justicia constitucional, el magistrado Monroy planteó la necesidad de una política judicial para determinar las reglas o directrices de actuación e intervención, en específico se refirió a la falta de doctrina para el ejercicio de la facultad de atracción de la Corte. En el mismo sentido, planteó cambios en materia de amparo, en especial sobre la suspensión del acto reclamado, para evitar el abuso de este juicio y lograr disminuir el número de asuntos y el consecuente rezago.

Dejó claro que sería un ministro conciliador, insistió en que sería positivo el acercamiento entre el Poder Judicial y el Legislativo para por un lado, dialogar sobre la experiencia en la aplicación de leyes relacionadas con la jurisdicción, con el ánimo de perfeccionarlas y lograr que la justicia sea verdaderamente pronta y expedita; y por otro, para, en caso de análisis de la constitucionalidad de una norma, el juez pueda conocer el propósito de ésta. Ambos puntos resultan importantes, el segundo para evitar la extralimitación de la facultad interpretativa del juez constitucional al aplicar el principio de interpretación conforme.

En su comparecencia, Monroy dejó claro que la justicia social es para él una guía para resolver, así en las respuestas a las preguntas sobre su tesis sobre la positiva ficta para el acceso a la justicia de beneficiarios del ISSSTE, sobre el efecto o impacto de las sentencias cuando pueda darse un conflicto de intereses colectivos, las razones por las que considera que quienes no poseen un mínimo vital no deben contribuir fiscalmente, cuando dijo resolver conforme a la “equidad” (equity) o la respuesta que dio al Senador Lozano sobre la necesaria ponderación y respeto a los derechos laborales de los trabajadores del SME.

En cuanto a la reforma de derechos humanos, sus respuestas dejaron mucho que desear, a pesar de haber presentado como relevante la decisión Radilla y haber planteado en su presentación la importancia de un cambio cultural y la necesidad de un diálogo entre Cortes, aparentemente no tiene claro el alcance de las normas internacionales de derechos humanos. Por un lado, ante la pregunta sobre si es posible un amparo por omisión a un derecho contenido en un tratado, respondió que no porque esto no está contemplado en los tratados; siendo que cualquier derecho de protección requiere de actos positivos por parte del Estado, de manera que incurre en una violación por omisión si no protege el derecho garantizado. Por otro lado, ante la pregunta sobre la vinculatoriedad de criterios de la Corte Interamericana, Monroy dijo estar de acuerdo con la resolución Radilla en cuanto a que estos deben ser tan sólo orientadores cuando México no sea parte, pues no tuvo oportunidad para defenderse; sin embargo, los criterios no se refieren a las resoluciones y medidas que la Corte impone al Estado, sino a la interpretación y la determinación del alcance de las normas de la Convención.

Fueron interesantes sus criterios con respecto a la extinción de dominio, la clasificó como medida confiscatoria, a pesar de que el artículo 22 constitucional, donde está contenida, dice claramente que no se considerará como tal. Y con respecto al debido proceso legal, en donde explicó la afectación de las pruebas obtenidas ilegalmente dentro del proceso penal.

Alberto Gelacio Pérez Dayán

Presentó el amparo en revisión 220/2008 acerca del sistema de pensiones ISSSTE, la controversia constitucional 38/2012 reciente decisión de la Corte acerca de los límites al fuero militar y el expediente varios 912/2010 conocido como “caso Radilla”, debido a sus efectos con respecto a la ponderación sobre las resoluciones de cortes internacionales.

La comparecencia del magistrado fue bastante calamitosa. Preocupa que un candidato a la Corte no sepa argumentar y explicar sus respuestas.

Hay poco que rescatar. Hubo malas preguntas, algunas poco claras y en general las respuestas fueron vacías, escuetas y de plano no respondían la pregunta. Inquieta que ante una pregunta sobre “materias concurrentes jurisdiccionales” que se refería a los ámbitos penal y fiscal, el magistrado no haya hablado sobre la fracción II del 104 constitucional que permite la concurrencia solamente en casos donde únicamente se afecten intereses particulares; o que hable de que se “otorgan” facultades a las entidades federativas o que instancias jurisdiccionales federales “revisen” el trabajo de las jurisdicciones locales.

Sobre el tema de derechos humanos y control de convencionalidad, resulta alarmante que el magistrado opine que la aplicación del principio pro personae contradiga al principio de legalidad o que la jurisprudencia no sea norma y por tanto no puede hablarse de inaplicación, pues “es posible hacer reflexionar al órgano que la creó para que la modifique” –podría hacerse lo mismo con una ley-. Pérez Dayán presentó como relevante el expediente varios 912/2010 y dijo en su comparecencia estar con el criterio de la minoría sobre la vinculatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana, pues México se obligó a ello, pero considera que el principio de supremacía constitucional derrota cualquier posibilidad de que una norma de la Constitución fuera considerada como inconvencional. Bajo esta premisa, preocupa que considere que el arraigo y otras figuras controvertidas de la reforma penal puedan ser legítimas, “si se usan como un medio y no como un fin”.

Ante una pregunta concreta sobre el tema de la expropiación del predio El Encino y la tensión entre intereses particulares e intereses colectivos, el magistrado Pérez respondió que “cualquier interés particular, por importante que sea, se subordina al interés general…” aplicado como regla general, implicaría un lamentable criterio en materia de derechos de las minorías.

Ante la pregunta sobre su opinión sobre la reforma que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parte de éstos, omitió dar una respuesta y se limitó a reconocer que se trata de una facultad del legislador, lo mismo respecto del aborto.

Sobre la reforma de amparo y el interés legítimo explicó que será necesario definir sus alcances para detectar qué casos son de verdadero interés legítimo, pues “no todos los intereses son legítimos”. Se le preguntó con qué criterio resolvería –ante la falta de una ley de desarrollo- con respecto a la nueva facultad de revisar las consultas populares del artículo 35 fracción VIII, Pérez respondió que la norma no deja clara la vinculatoriedad de las resoluciones de la Corte.

Ante la pregunta sobre el control jurisdiccional de términos económicos, Pérez Dayán habló sobre Adam Smith y la sencillez del pago como principio tributario.

Andrea Zambrana Castañeda

La magistrada Zambrana presentó como sentencias relevantes la acción de inconstitucionalidad 26/2006 sobre la llamada Ley Televisa y la reivindicación del espectro radioeléctrico, donde ella participó como secretaria proyectista bajo la ponencia del ministro Aguirre; el expediente varios 912/2010 conocido como “caso Radilla” que considera como la brújula para el control de convencionalidad; y el amparo directo en revisión 2424/2012 sobre modificación del nombre como un elemento esencial de la identidad de la persona.

Su comparecencia fue menos profunda que la del magistrado Monroy pues varias de las preguntas de los senadores fueron muy malas. Así por ejemplo, se le preguntó a qué ministro de los últimos 20 años admira o a qué político vivo admira. Cuestiones totalmente irrelevantes para el escrutinio de una posible juez constitucional. Otras preguntas que se le hicieron a la magistrada, en realidad correspondía responderlas a los legisladores y no a los jueces, así por ejemplo ¿qué medidas impulsaría como ministra para evitar la impunidad y la filtración del crimen organizado? O sobre el trabajo infantil.

Al igual que el magistrado Monroy, Zambrana evadió la respuesta concreta a la pregunta sobre su opinión sobre el aborto[2] y se limitó a decir que se trata de la protección de dos bienes tutelados: la vida y los derechos de la mujer.

También hubo otras preguntas que poco sirven para desentrañar su criterio constitucional, así por ejemplo se le preguntó su opinión sobre la necesidad de la independencia del Ministerio Público del Ejecutivo o sobre si las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben desaparecer.

Resultó interesante su postura sobre la falta de criterios y lineamientos en el Poder Judicial para concretizar las reformas constitucionales, los parámetros para dar contenido a los derechos humanos y para el acercamiento en el control de convencionalidad. También, es optimista su postura sobre el activismo judicial para impulsar cambios en la garantía y respeto de los derechos pues a su juicio “si el activismo busca dotar de contenido y significado a los derechos, así como ampliarlos interpretativamente, ello no es sólo válido, sino también valioso,” sin embargo, alertó sobre el riesgo inminente de que el juez sobrepase sus límites y actúe como legislador, pues “no se pueden decir cosas que la Constitución no dice”. Esta última afirmación es interesante, hubiera sido deseable que se le diera seguimiento para conocer su postura interpretativa.

Para Zambrana el alcance y límite de la Corte está determinado en las competencias que le fija la Constitución y la ley, así como en su relación con los otros poderes frente a los cuales funge como árbitro. La Corte, dijo, debe resolver con vista al proyecto de país que se quiere y que está plasmado en la Constitución y no deben ser coyunturales ni “del momento”.

La magistrada respondió preguntas sobre el arraigo, los testigos protegidos y la extinción de dominio, en los tres casos coincidió en que se trata de figuras novedosas que deben ser delimitadas y conciliadas con los derechos humanos. Sobre el arraigo en especial dijo que plantea un problema de política legislativa pues contradice tratados que lo declaran contrario a los derechos humanos pues “en términos jurisprudenciales es un secuestro entre comillas”. Sobre la extinción de dominio se refirió al problema de la presunción de inocencia y de la absolución en el proceso penal.

En un ámbito más técnico se refirió a una resolución suya sobre suplencia de la queja en un caso de pensión de viudez y orfandad, donde, dijo, se debía resolver conforme a la justicia y no solamente aplicar la formalidad de la ley. Se debe logar un equilibrio entre la justicia formal y la material, explicó. En otro aspecto que hace vislumbrar a una jueza no formalista, Zambrana respondió que la inoperancia de los agravios en el amparo directo son a veces abusados y que deben ser atendidos, si no existe jurisprudencia y su delimitación responde a los criterios de importancia y trascendencia, pues el quejoso tiene derecho a que se satisfaga su planteamiento.

Por último, se pronunció por la constitucionalidad de los tributos que no tienen función recaudatoria pues son herramientas del Estado para incentivar o desincentivar la economía.

De esta terna saldrá, si no es rechazada, el próximo ministro que ocupará un sitio en la segunda Sala, encargada de revisar los asuntos laborales, administrativos y fiscales y que relevará al ministro Aguirre, quien ocupa el sitio más conservador en el Pleno.

La facultad de los artículos 95 y 96 para elegir de entre las ternas enviadas por el Ejecutivo a los ministros de la Corte es una facultad discrecional, pero ello no implica que no deba estar motivada. Discrecionalidad no equivale a arbitrariedad. Por ello, resulta no sólo deseable, sino indispensable, que los Grupos Parlamentarios emitan un dictamen evaluando a cada candidato y que el dictamen de la Comisión haga lo propio.  El Senado tiene la obligación de justificar la elección de un candidato de cada terna –o su rechazo-.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Así las planteadas sobre la “guerra contra el narcotráfico”, la extinción de dominio, el arraigo, la inconvencionalidad por omisión, la vinculatoriedad de criterios de la Corte Interamericana, la reforma laboral, el conflicto con Luz y Fuerza y el SME. Algunas de ellas cuestiones pendientes de resolverse en la Corte, otras que no han “llegado” pero que podrían ser sometidas a su consideración y otras que ya fueron resueltas pero no a la luz de la reforma de derechos humanos por medio de la cual, podría analizarse nuevamente si procede el análisis de la convencionalidad de una norma constitucional. Inclusive la senadora Padierna preguntó de forma directa al magistrado Pérez Dayán “¿Cómo va a resolver el asunto del SME?”

[2] La magistrada fue quien realizó, como secretaria de estudio y cuenta, el proyecto de sentencia discutido en el Pleno de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 sobre interrupción legal del embarazo. En éste, el ministro Aguirre planteaba la inconstitucionalidad de la legalización realizada por la Asamblea del D.F. El proyecto no obtuvo la mayoría y fue desechado.

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El día de hoy 29 de octubre de 2012, se llevarán a cabo en el Senado de la República las comparecencias de las ternas propuestas para ocupar el cargo de Ministro de la SCJN. En un comunicado previo criticamos la ausencia de una discusión de fondo al interior del Senado sobre el perfil idóneo de Ministro que la SCJN requiere y que el proceso determinado para las comparecencias no fue el indicado para dichos objetivos ya que no se tendrían los elementos suficientes para una decisión razonada.

El día hoy reiteramos esta posición ya que las comparecencias de Ministros de la SCJN carecerán de elementos de fondo que permitan una verdadera evaluación y de las propuestas por la falta de tiempo para el estudio de la información solicitada y recibida para proceso. De acuerdo con el oficio de la SCJN y el Consejo de la Judicatura, el envío de información se realizó el viernes 26 de octubre de 2012, en consecuencia, los miembros de la Comisión de Justicia del Senado tuvieron solamente los dos días (en fin de semana) para analizar dicha información. Consideramos que ese tiempo, aunque cumple con el Acuerdo de la Comisión, es insuficiente para analizar información judicial compleja, planear preguntas y determinar los aspectos generales a evaluar en las comparecencias.

A partir de esta información es que los miembros de la Comisión de Justicia plantearán preguntas y escucharán respuestas de las personas que integran las ternas sin la posibilidad de deliberar sobre estas respuestas. Es un formato que asemeja más que una comparecencia, un examen en las que no hay respuestas correctas ni espacio para la reflexión.

Por otro lado, Designaciones Públicas considera que entre el proceso de comparecencias y la votación en el Pleno de la Cámara de Senadores está desvinculado. Después de las comparecencias del día de hoy, la Comisión de Justicia deberá de elaborar un “dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad” de las personas de las ternas y lo enviará con los expedientes respectivos. La desvinculación de las comparecencias con la sesión de votación en Pleno se da ya que se dispone la elaboración de un “dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad” que en términos literales atendería a solamente determinar si cumple con los requisitos formales establecidos para ello. El dictamen en principio no contempla una valoración por parte de la Comisión de Justicia o una opinión a partir de las comparecencias.

Esto quiere decir que aunque para las comparecencias se determinó buscar información de fondo respecto a la actividad y criterios jurisprudenciales, no se define cómo es que la Comisión transmitirá a los demás miembros del Senado una opinión derivada del análisis de las sentencias y de exposiciones y respuestas en las comparecencias. Creemos que con esto se desvincula la relación entre un espacio y el otro.

En este sentido sería importante que dicho dictamen no solo determine el cumplimiento de los requisitos sino que se incluyan las conclusiones de cada uno de los grupos parlamentarios que por medio de sus representantes en la Comisión de Justicia podrán elaborar un documento conclusivo al respecto. Con independencia de que el voto de las senadoras y senadores es libre y secreto en este caso, consideramos fundamental como ejercicio democrático que los grupos parlamentarios la presentación de conclusiones sobre cada una de las ternas a partir de las comparecencias.

Por estas razones el proceso de comparecencias el día de hoy será insuficiente para profundizar en una decisión trascendental para la vida del país como lo es la designación de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para revertir ello es urgente en primera instancia que los grupos parlamentarios presenten sus conclusiones razonadas de este proceso de comparecencias y que para las designaciones futuras se establezcan un proceso diferente que dé lugar a una discusión de fondo en las designaciones para ministros de la SCJN.

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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El 17 de octubre de 2012 la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó el Acuerdo para el formato de las comparecencias de las ternas para Ministros de la SCJN propuestas por el Poder Ejecutivo. En dicho acuerdo, la Comisión de Justicia del Senado trata de establecer un proceso público, deliberado y fundamentado que lamentablemente no se concreta y se vuelve insuficiente para decidir de manera fundamentada sobre la designación de un Ministro de la SCJN.

A pesar de que la Comisión de Justicia haya acordado modificaciones relativas a las formas, el proceso de las comparecencias es un proceso sin rumbo en el que se corre el riesgo de caer en una comparsa y no en comparecencia. Además de algunas críticas puntuales hechas sobre las formas del proceso, en Designaciones Públicas consideramos que el Acuerdo aprobado por la Comisión de Justicia carece de un elemento central que es una deliberación sobre: ¿Qué Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita el país?

Sin esa deliberación, ausente desde la fundamentación del Poder Ejecutivo respecto de las ternas,  no es posible decidir de manera razonada y fundamentada sobre la idoneidad de quienes habrán de ocupar los cargos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Acuerdo del Senado carece de una definición del perfil idoneo de ministro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita.

El riesgo del proceso acordado por la Comisión de Justicia es perderse en mar de información judicial porque no hay una meta clara de lo que se está buscando. En otras palabras ¿qué se revisará cuando de la carrera profesional de los magistrados y magistradas? ¿se favorecerán sus logros administrativos o criterios judiciales? ¿Qué revisarán los miembros de la Comisión de Justicia al leer las sentencias que le ha solicitado? ¿Qué buscarán cuando revisen los criterios judiciales de las y los magistrados si no se ha discutido qué tipo de criterios judiciales son los que se necesitan en la Suprema Corte de acuerdo con la realidad del país de estos momentos y del futuro próximo?

Sin la definición previa respecto al perfil ideal de un Ministro -que necesariamente sería la conclusión de un debate sobre a qué Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere actualmente el país de acuerdo con los senadores-  cualquier proceso de designación será insuficiente, superficial y repercutirá en la fortaleza e independencia de la SCJN.

En la carta enviada a la Comisión de Justicia por parte de Designaciones Públicas previa a la aprobación del Acuerdo, señalamos la importancia de llevar a cabo un proceso de deliberación amplio que permitiera la definición de indicadores para la evaluación de los candidatos propuestos. Consideramos que este proceso es necesario para fundamentar una decisión a favor o en contra las personas propuestas.

Por otro lado, si desde el principio el tiempo establecido para que los miembros de la Comisión de Justicia del Senado era poco tomando en cuenta el tipo de información que debían de revisar y analizar los miembros de dicha Comisión, el día de hoy 24 de octubre de 2012, la información solicitada no ha sido recibida o por lo menos no se ha hecho pública de acuerdo con el portal web del Senado. Si el acuerdo estableció que las comparecencias se llevarían a cabo el 29 de octubre, deja un margen de 4 días para el “análisis” de la información que necesitarían los miembros de la Comisión de Justicia para las comparecencias.

Insistimos que estamos ante el riesgo de caer en comparsas y no en verdaderas comparecencias para la Designación de Ministros de la SCJN. Para evitarlo la Comisión debe considerar las posibilidades de plantear por algún medio la posibilidad de una deliberación entre sus miembros -y  con la sociedad de manera directa- para definir un perfil idoneo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia que permita una decisión razonada y fundamentada por parte del Senado de la República.

 

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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Comunicado del Observatorio Designaciones Públicas.

La Suprema Corte de Justicia es el árbitro último de nuestro sistema político. Su tarea consiste en resolver los complejos conflictos derivados del federalismo y divisiones de poderes, así como proteger los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Por este motivo, la designación de los Ministros de la Suprema Corte es un tema medular para la consolidación de la democracia mexicana.

Quienes ocupan la posición de ministro de la Corte deben ser seleccionados a través de un proceso que no se agote en cumplir con los requisitos constitucionales, sino de uno que abone a la legitimidad del máximo tribunal seleccionando a los mejores abogados del país. Un ejercicio de escrutinio, deliberación y transparencia cuyo objetivo sea el análisis responsable de la trayectoria de los candidatos propuestos.

Más aún, la designación de los ministros cobra mayor relevancia en la coyuntura política actual debido a que Enrique Peña Nieto ha señalado que una vez que asuma el cargo de presidente de la República impulsará una serie de reformas en temas de enorme relevancia para el país, mismas que podrían ser sometidas a escrutinio constitucional, si el 33% de diputados o senadores decide presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de éstas. Porcentaje de legisladores que, revisando la composición actual del poder legislativo, se podría alcanzar con relativa facilidad. La suerte final, por tanto, de la agenda legislativa de Peña Nieto y del PRI puede llegar a depender de los 11 ministros de la Suprema Corte.

En este contexto, el pasado 10 de octubre, el presidente Felipe Calderón, en uso de sus facultades constitucionales, inició el proceso de designación de los dos ministros que sustituirán a Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia al proponer al Senado de la República para su ratificación las dos ternas de donde en principio se seleccionarán a quienes ocupen estos cargos a partir del 1º de diciembre.

La democracia mexicana requiere que este proceso de selección, en especial las comparecencias de los candidatos a ministros sean públicas y puedan ser seguidas a través de televisión e Internet  Requiere también que los candidatos sean sometidos a un autentico cuestionamiento de fondo respecto de sus criterios jurídicos e interpretativos, su posición frente a los vicios que existen al interior del poder judicial –como el nepotismo y la opacidad en el manejo de recursos públicos- y acerca de su filosofía constitucional.

Por ello, exhortamos al Senador Roberto Gil, en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, a que tome en consideración estos requisitos, que no realice estas designaciones con una celeridad que evite un escrutinio serio y demuestre que está a la altura de su cargo como Senador.

Asimismo, solicitamos a la Suprema Corte que haga públicas las sentencias en que hayan votado los candidatos que integran las ternas, a fin de que la sociedad pueda conocer el trabajo de éstos y formarse una opinión informada al respecto.

En Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/), observatorio coordinado por Article 19, Fundar, Judicatura Ciudadana y el académico del ITAM Saúl López Noriega, estaremos haciendo un monitoreo cercano del proceso de selección de esta y otras designaciones públicas clave para la vida institucional del país. Consideramos que sólo por medio de la creación de un contexto de exigencia a nuestras autoridades lograremos que quienes integren estos órganos sean instrumentos que abonen al fortalecimiento de la democracia constitucional

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Ya empezó el debate y el escrutinio entre académicos -auspiciado por Saúl López Noriega- de las ternas presentadas el día de ayer por el presidente Felipe Calderón para sustituir a los ministros Aguirre Anguiano y Oritz Mayagoitia. La importancia que tienen estas propuestas así como las eventuales designaciones que se hagan se debe a las siguientes circunstancias. Como ya han expuesto López Noriega y González de la Vega, desde un “punto de vista ideológico” la trascendencia radica en que los dos ministros que se retiran son “conservadores”, por lo que podría ser una oportunidad para darle una orientación progresista a nuestra Corte. Por otro lado, desde un “punto de vista estratégico” tenemos que –a decir de López Noriega- el ministro Mayagoitia forma parte de la colación más fuerte y estable dentro de la Corte, junto con los ministros Fernando Franco, Margarita Luna y Sergio Valls. Mientras que el ministro Aguirre Anguiano es considero como el más “disidente”. Así, el alineamiento de los suplentes también será determinante para la correlación de fuerzas en nuestro máximo tribunal.

Pues bien, en esta ocasión quisiera referirme brevemente a algunas cuestiones que está suscitando este debate sobre las ternas. 1) ¿Qué preguntas debieran hacerse a los candidatos?; 2) ¿qué importancia tiene que las dos ternas estén sólo integradas por magistrados y no incluyan académicos?; 3) La cuestión de género, y 4) ¿qué podemos esperar del procedimiento de designación y de los ministros por venir?

1. En mi opinión, una de las preguntas que suele dejarse de lado y que es fundamental para analizar el perfil de los candidatos es cuál su visión sobre el papel que la Corte debe jugar en una democracia. Entiendo que esta es una tarea que puede requerir de mucho tiempo, sin embargo, con ello no estoy sugiriendo que los candidatos se encarguen de darnos una conferencia magistral sobre el tema, sino de que nos digan cuál es su visión sobre “el desacuerdo” que existe en México -como en cualquier sociedad plural- sobre lo que implican los derechos fundamentales. Así como cuáles son las consecuencias de este desacuerdo para la forma en que se ejercen las funciones de la Corte. Muy esquemáticamente creo que nos bastaría con saber si los candidatos consideran que dichos desacuerdos son una fuerza creativa o un problema a erradicar, y si estiman que la Suprema Corte es el “intérprete último e inapelable de la Constitución” o si es un participante más en un “diálogo horizontal e inclusivo”. Acá una entrada sobre este tema.

2. ¿Es importante que los candidatos provengan de la carrera judicial? En este punto coincido con Pedro Salazar en el sentido de que en nuestra práctica los que provienen de la judicatura “suelen tener un perfil técnico muy sólido y, al mismo tiempo, ser conservadores en sus interpretaciones jurídicas”. Sin embargo, no estoy seguro de que haber sido académicos eso nos hubiera asegurado ministros progresistas, pues habría que ver de quiénes se trata[1]. En cualquier caso, creo que para saber si los candidatos y tal vez futuros ministros son progresistas o conservadores habrá que revisar sus criterios y votos. Aunque también es cierto que por las fuerzas políticas que los han propuesto y que estarán encargados de designarlos (PRI-PAN) lo más probable es que se trate de ministros conservadores. Sobre este punto vuelvo más adelante.

3. Otro aspecto que ha llamado la atención de los especialistas es la cuestión de género dentro de las ternas, pues tres de las seis candidatas son mujeres. La pregunta es, ¿era deseable que se mandara una terna de hombres y otra de mujeres de forma tal que se asegurara una ministra? En mi opinión sí. A diferencia de lo que opina mi amiga Geraldina González, considero que mientras la desigualdad en nuestro país entre hombres y mujeres sea estructural debieran utilizarse todos los mecanismos necesarios para asegurar una presencia igualitaria de las mujeres, incluso a través de “cuotas” que nos aseguren dichos resultados. Alguien podría contra-argumentar diciendo que en tanto la composición del Senado es plural, ya no sería necesario que el presidente mandara una terna compuesta sólo por mujeres; o que con la composición actual de las ternas existe la posibilidad de que sean dos y no sólo una las ministras designadas. En mi opinión, el primer argumento desconoce el hecho de que en nuestro país el “machismo” no está sustentado sólo por hombres, sino también por mujeres, y que para obtener esa “cuota” de género no hay que confiar en que las senadoras vayan a hacer valer el argumento de la igualdad. El mismo machismo que me hace dudar que de esas dos ternas vayan a salir dos ministras. Por eso, creo que la forma más efectiva de nivelar a la Corte (actualmente sólo 2 de las 11 ministras son mujeres) era a través de una terna de hombres y otra de mujeres[2]. Es más, a la vista de la enorme disparidad que existe en el pleno de la Corte correspondía que el presidente enviara dos ternas integradas sólo por mujeres.

4. Finalmente, ¿qué podemos esperar del procedimiento de designación y de los ministros por venir?

Hay dos ideas que debemos tener en cuenta al analizar el procedimiento de designación. La primera, adelantada por Mark Tushnet (2010), en el sentido de que dichos procedimientos son netamente políticos, por lo que nuestro análisis no debe perder de vista este aspecto. La segunda, muy bien explicada por Balkin y Levinson (2001), según la cual el nombramiento de ministros es una forma de atrincherar por varios años las ideologías de los partidos que los nombran.

Si esto es así, creo que nuestra realidad no es muy esperanzadora. Por un lado, no existen medios institucionales efectivos para que las visiones constitucionales de los candidatos sean puestas a discusión por parte de la sociedad civil. No tenemos reglas específicas que indiquen los tiempos, participantes, oportunidad de preguntas y respuestas, etc., en las comisiones senatoriales. La sociedad civil, asociaciones, universidades, etc. tampoco tienen la oportunidad de presentar preguntas antes de la exposición de los candidatos ni pueden participar en el debate parlamentario, etc. De esta manera, sólo nos queda el discurso escueto del presidente Calderón y a lo que estén dispuestos a hacer los senadores.

Por otro lado, aun cuando en la integración actual de la Corte tenemos algunos ejemplos excepcionales, creo que al ser propuestos y designados por acuerdo de los actuales PRI y PAN y de los grupos de interés que estos protegen los ministros que están por venir serán conservadores y velarán por el status quo. Así, no creo que podamos tener muchas esperanzas de encontrar en ellos el cambio social que tanto necesita nuestro país. Ojalá me equivoque.

PD: Es llamativo como en los últimos procesos de designación de ministros la mayoría de los  nombres –algunos ya recurrentes- que salen en la prensa como posibles candidatos no se lleguen a concretar.

Roberto Niembro O. Investigador de la ELD. Twitter: @RNiembro1



[1] Pedro Salazar señala “Los profesores, en cambio, tienen poca (o nula) experiencia jurisdiccional pero suelen ser expertos en argumentación y teoría jurídicas y son más propensos a concebir al derecho como una herramienta social que, al ser aplicada, exige una mirada integral.”

[2] Así, mi argumento a favor de una terna de hombres y otra de mujeres no radica en que éstas no puedan competir con los hombres, sino de asegurarnos que en los legisladores y legisladoras no vaya a prevalecer su concepción machista y olviden reconocer esas capacidades de las mujeres.

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El próximo 30 de noviembre, concluyen los cargos de Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Debido a que justo ese mismo día termina la gestión de Felipe Calderón como presidente de la República, existen dudas de a quién le corresponde realizar las propuestas de sustitutos ante el Senado: Peña Nieto o Calderón. El procedimiento no es claro sobre este punto. Es posible, por ello, que gracias a un arreglo político cada uno defina una de las vacantes.

Lo cierto, no obstante, es que la renovación de la Corte es un proceso de enorme relevancia para la vida institucional del país que en principio se repite cada dos años, aunque desafortunadamente en cada ocasión pasa desapercibido para la opinión pública.

La importancia de la integración de nuestra corte constitucional se debe a que ésta es el árbitro de nuestra democracia. Su tarea consiste en resolver los complejos conflictos derivados de nuestro federalismo y división de poderes, así como proteger los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Esta labor vale subrayar es todavía más relevante debido a que en no pocos de los asuntos que resuelve la Corte se pronuncia por primera vez respecto un tema de constitucionalidad. Es decir, es cierto que nuestra Constitución está cerca de cumplir cien años de haberse promulgado, pero también lo es que durante buena parte del siglo XX la hegemonía priísta dificultó que ésta se entendiese como una norma jurídica. Fue hasta la llegada del pluralismo político, hace algunos lustros, que el texto constitucional se empezó a aprovechar ahora sí como una herramienta social para procesar los conflictos propios de la diversidad social.

Esta renovación de la Corte, sin embargo, se presenta en una coyuntura que exige un escrutinio todavía más estricto por el Senado –que deberá ratificar como ministros a dos de los seis candidatos que se presenten- y por parte de la opinión pública.

Peña Nieto ha señalado que una vez que asuma el cargo de presidente de la República impulsará un conjunto de reformas en energía, seguro universal, recaudación fiscal, etc. Se trata de temas peliagudos. Algunos por el calibre del cambio que se busca necesitarán de una reforma constitucional, pero en la mayoría bastará con una nueva ley o, en su defecto, con un ajuste a la existente. Por ello, es indispensable poner atención a la relación entre la fuerza numérica de la oposición en el poder legislativo y los requisitos para someter a revisión constitucional las reformas legislativas que eventualmente se aprueben.

La acción de inconstitucionalidad, en este sentido, es un medio de control propio de las minorías legislativas que, entre otros requisitos, exige que sea interpuesta por el 33% de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso federal. Esto es, 43 senadores o 165 diputados. La suma de todos los partidos oposición satisface este número sin mayor problema: 66 senadores y 250 diputados (PAN, PRD, PT, MC); en el caso de las izquierdas (PRD, PT y MC) que pintan como la oposición más férrea suman 136 diputados y 28 senadores. Se quedan cortos. Mas no es descabellado que en ciertos escenarios logren el número exigido. Al menos esto fue lo que sucedió cuando una ensalada de senadores del PRI, PAN y PRD impugnó la llamada Ley Televisa.

El otro ingrediente de esta coyuntura es el papel de Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia en la dinámica interna de la Corte. No porque a lo largo de su carrera hayan destacado por presentar las soluciones jurídicas más creativas y novedosas. Su relevancia reside, más bien, en su influencia en el equilibrio de los votos que definen el sentido de las resoluciones de la Corte. No hay que olvidar que si bien en una institución como la Suprema Corte –como en cualquier otro órgano colegiado- el peloteo de argumentativo sí importa, también es cierto que al final el juego aritmético es el que define los grupos mayoritarios y minoritarios al interior de éste.

Mayagoitia, por lo menos desde el año 2007, es parte de la coalición más establece y fuerte en la Corte integrada además por Fernando Franco, Margarita Luna y Sergio Valls. Su salida, por tanto, pone en riesgo el futuro de este grupo. El nuevo ministro tendrá varias opciones que al final podrían cambiar la correlación de fuerzas: sumarse a otra coalición, formar su propio grupo o votar de manera flexible con uno u otro grupo. Aguirre, por su parte, en los últimos años se erigió en el ministro más disidente al no formar parte de ninguna coalición. Esto es relevante porque es un comportamiento judicial muy peculiar, que difícilmente se repetirá con el ministro que lo sustituya: los jueces son jugadores estratégicos que buscan sumar o sumarse a otros para efectos de impulsar su agenda de criterios constitucionales. Lo más seguro es que el ministro que ingrese en su lugar se sumará a los vaivenes de sumas y restas entre sus colegas (datos del proyecto Monitor Judicial).

Con cada ingreso de un nuevo ministro efectivamente se abre la posibilidad de modificar la dinámica interna de la Corte. Sin embargo, la salida de Mayagoitia y Aguirre, uno por ser parte de la coalición más fuerte y el otro por una disidencia atípica, podrá impactar de manera muy significativa en el equilibrio interno de la Corte.

Concluyo: una de las características de los sistemas presidenciales es que tienden a exacerbar la figura del presidente. Se piensa que en la elección del titular del poder ejecutivo se juega enteramente la suerte institucional de un país. Es, por supuesto, un puesto medular. Pero ese culto a la personalidad presidencial corre el riesgo de ignorar el resto de la maquinaria estatal. La cual es decisiva para que el ejecutivo concrete su agenda. Valdría, por ello, no olvidarse de la Suprema Corte. Un proceso de renovación no sometido a escrutinio, unos nuevos ministros sin meritos suficientes o unas designaciones con el objetivo de construir una mayoría a modo, son escenarios que implicarían enormes costos para el país en los próximos años. No sería la restauración, pero sí otro bicho bastante desagradable.

 

Saúl López Noriega. Profesor e investigador del departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

 

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