victoriaLa designación del ministro Eduardo Medina Mora nos deja una lección clara: con las actuales reglas del juego, el presidente de la República siempre –o casi siempre– gana en el nombramiento de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. El pasado proceso nos confirmó, por una parte, que el Senado tiene pocos incentivos para rechazar la primera terna de candidatos, pues siempre existe la amenaza de que el Presidente envié una segunda terna con perfiles aún más afines y, más importante aún, que realice una designación directa en caso de que ésta sea también rechazada. Por otra parte, la designación del nuevo ministro también nos muestra que, por desgracia, la construcción de un contexto de exigencia en la opinión pública no es condición suficiente para garantizar el procedimiento de designación que nos merecemos.

En las siguientes líneas reflexiono sobre la forma en que reglas, actores y preferencias se conjugaron en la designación del ahora ministro Medina Mora. Me interesa argumentar, principalmente, dos aspectos. Primero, un presidente generalmente podrá designar al candidato de su preferencia siempre y cuando (a) cuente con al menos de un tercio de votos en el Senado y (b) esté dispuesto a asumir los costos derivados de un nombramiento polémico ante la opinión pública. Segundo, en las futuras designaciones muy probablemente seguirán prevaleciendo los perfiles cercanos al titular del Ejecutivo a menos de que modifiquemos las reglas que regulan el nombramiento de ministros.

El procedimiento vigente: una cancha dispareja.

Una lectura apresurada del artículo 96 de la Constitución podría dejar la impresión de que el Senado tiene la última palabra en la designación de ministros: el presidente propone una terna de candidatos y los legisladores designan mediante una mayoría calificada. Sucede, sin embargo, que dicho artículo constitucional en realidad sólo le da a los senadores algunas oportunidades de tener la última palabra. Frente a una primera terna, en el Senado pueden ocurrir tres cosas: (1) que transcurran 30 días sin que el Senado se pronuncie, (2) que dentro de esos 30 días los legisladores voten las propuestas del presidente, pero ninguno de los candidatos obtenga el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, o (3) que dentro de ese plazo un candidato sí obtenga la mayoría calificada. Sólo en este tercer escenario el Senado efectivamente tiene la última palabra, pues en el primero el presidente designa directamente al candidato de su preferencia, mientras que en el segundo se requiere que el titular del Ejecutivo presente una nueva terna.

Aunque en esta segunda terna se presentan las mismas tres alternativas, las consecuencias son distintas. El Senado sólo puede nombrar al candidato de su preferencia si dos terceras partes de los miembros presentes votan por un candidato. En los otros dos escenarios –es decir, si no se produce la votación en el plazo de 30 días o si habiendo votación ninguno de los candidatos obtiene la mayoría calificada– el presidente de la República nombra directamente al nuevo integrante de la Corte.

En pocas palabras, con las reglas del juego vigentes, es el presidente –y no el Senado– quien tiene un papel protagónico en la designación de ministros. El titular del Ejecutivo no sólo selecciona a todos los posibles candidatos, sino que también puede nombrar directamente al candidato a su preferencia en múltiples escenarios. El Senado, en cambio, tiene poco tiempo para consensar una mayoría calificada y sólo se puede dar el “lujo” de rechazar una de las ternas. Ante la demora o falta de consensos, el presidente nombra.

El juego entre poderes: al presidente le basta con un tercio del Senado

La designación de Medina Mora parece confirmar que, cuando el partido del presidente cuenta con al menos un tercio los votos en el Senado, lo más conveniente para el titular del Ejecutivo es enviar “ternas de uno”. De esta forma se minimizan riesgos y se garantiza el nombramiento de un candidato afín. Veamos. Si en la primera terna el presidente incluye a su candidato preferido –junto con otros dos “de relleno”– y su partido lo apoya, entonces los senadores bajo ninguna hipótesis podrá evitar su designación: (1) si tardan más de 30 días en votar las propuestas, el titular del Ejecutivo nombra al candidato de su preferencia; (2) si votan con el partido del presidente y se alcanza la mayoría calificada, se designa al candidato del Ejecutivo; y (3) si no votan con el partido del presidente y no se alcanzan las dos terceras partes, la terna se rechaza. En dos de tres, el presidente gana.

Peor aún, si la primera terna se rechaza, las cosas se complican aún más para la oposición. En la segunda terna, el presidente puede volver a incluir al candidato de su preferencia y sustituir a uno o dos de los candidatos de relleno. Si el Presidente cuenta con el apoyo de su partido, entonces, la oposición siempre pierde. El candidato del titular del Ejecutivo termina siendo designado en todos los casos: (1) si el Senado tarda más de 30 días, se da una designación directa, (2) si suficientes senadores de oposición votan con el partido del presidente, el candidato del Ejecutivo es designado y (3) si la oposición no apoya la candidatura y no se alcanzan las dos terceras partes, también se llega a la designación directa por parte del presidente. Dicho en pocas palabras, en la segunda terna, el presidente gana tres de tres.

Creo que la designación de Medina Mora corrobora lo anterior. Desde un inicio, fue claro que el presidente Peña Nieto envió una “terna de uno”. En el papel, el contraste entre los candidatos era evidente: Medina Mora, un funcionario que había mantenido cargos de primera línea durante tres administraciones, se enfrentaba a dos candidatos con una larga pero poco conocida carrera judicial: Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco. Más aún, la distancia entre los candidatos quedó patente en sus comparecencias ante el Senado y, sobre todo, la tarde en que Medina Mora se volvió ministro de la SCJN. Por una parte, Fuentes Barrera mostró una vocación por adoptar el discurso de los nuevos tiempos, pero tuvo pocas intervenciones memorables y dejó la impresión de ser un juzgador relativamente ortodoxo. Por la otra, el caso de Hernández Orozco seguramente será recordado como un ejemplo de las actuaciones que los candidatos deben evitar en un proceso de designación.[1] Frente al pobre desempeño de sus contrincantes, las intervenciones de Medina Mora fueron, por mucho, las mejores.

Asimismo, creo que las votaciones en el Senado siguieron la estrategia que he delineado arriba. Desde el principio quedó claro que el PRI apoyaría la propuesta del presidente. En declaraciones públicas, el senador Omar Fayad fue claro al señalar que el PRI es “un partido que apoya a su Presidente” y que los senadores priistas no tienen “una sana distancia” con el titular del Ejecutivo. Era claro, pues, que el presidente contaba con el apoyo de su partido.

Por otra parte, creo que la mayoría de los senadores del PAN apoyaron la designación por dos razones. Sin duda, algunos senadores habrán votado por Medina Mora por su cercanía o posiciones ideológicas. Pienso, por ejemplo, en el senador Daniel Ávila Ruiz, quien el día de la designación de Medina Mora señaló que la votación era un tema de “principios y valores”, especialmente del “respeto a la vida”. Sin embargo, considero que también pesaron –y mucho– los incentivos perversos que genera el sistema de designaciones. Así lo dio a entender el senador Roberto Gil Zuarth, quien con puntualidad señaló las deficiencias de un procedimiento en el que “la falta de tiempo y acuerdos siempre favorecen al Ejecutivo”.

Los senadores del PAN sabían que, ante el eventual rechazo de la primera propuesta, el presidente podía incluir de nueva cuenta a Medina Mora en la segunda terna. O, peor aún, en la nueva terna Peña Nieto podía enviar a un candidato todavía más afín a su persona pero más lejano a las preferencias ideológicas del PAN. Un día antes de la elección del nuevo ministro, Ciro Gómez Leyva vaticinaba, con su habitual retórica, apuntó:

“otro triunfo de la eficacia política, con un PAN que no está muy animado con la idea de una segunda terna que dejaría al Presidente cerca de la eventualidad de nombrar directamente a uno de los suyos. Porque entre Medina Mora o un priísta tipo Alfredo Castillo, prefieren a alguien que, a fin de cuentas, les cae bien.”

Para debiese seguir: transparencia, costo político y, sobre todo, un nuevo procedimiento.

Es cierto que, de cara a futuras designaciones, hay mucho que hacer tanto en el Senado como en la sociedad civil. Si bien la Comisión de Justicia estableció algunas condiciones de transparencia y apertura, las intervenciones de los candidatos mostraron que un día no es suficiente para desahogar las comparecencias de tres candidatos; que el formato de preguntas y respuestas hace imposible un verdadero examen del perfil de los integrantes de la terna; así como que las preguntas de los senadores no siempre fueron adecuadas. En futuros procesos, los senadores bien podrían aprobar un procedimiento más abierto y más transparente: con comparecencias que se extiendan por varios días; con un formato que permita diversas réplicas entre senadores y candidatos; y quizá con la intervención no sólo de legisladores, sino también de especialistas.

Y, sin duda, en futuros procesos de designación se podría intentar repetir –y superar– la extraordinaria participación de la sociedad civil. Creo que no es exagerado decir que, pese a todo pronóstico, en un par de semanas fue posible construir un auténtico contexto de exigencia. Innumerables figuras públicas dieron seguimiento y analizaron la propuesta presidencial; la prensa dio una cobertura permanente a las distintas etapas del proceso; y las más variadas organizaciones sociales participaron tanto en el debate público y la protesta, como en los espacios formales que abrió el Senado. Las más de 50,000 firmas de la petición iniciada por los académicos Catalina Pérez Correa, Alejando Madrazo y Jorge Javier Romero fue el ejemplo más notable de una sociedad civil que, por primera vez, dio la importancia que amerita el proceso de designación de jueces constitucionales.

Pero mucho me temo que no bastará con mejorar las reglas de las comparecencias en el Senado o con fomentar la participación activa desde la sociedad civil. La designación del ministro Medina Mora es una muestra de los alcances, pero también de los límites del activismo. Las reglas actuales generan un desequilibrio tan pronunciado e imponen tiempos tan limitados que resulta casi imposible que la sociedad civil altere los incentivos del presidente y el Senado. Hemos visto, pues, lo complicado que es elevar el costo político a los poderes que intervienen en la designación.

Por eso creo que un cambio de reglas es casi indispensable. Y si bien podríamos discutir largo y tendido sobre el procedimiento ideal para nombrar a nuestros jueces constitucionales, aquí hago una propuesta modesta: pasemos del sistema de ternas a la nominación de candidatos únicos y, sobre todo, eliminemos por completo las hipótesis que permiten la designación directa por parte del Presidente.[2] Se trata, en síntesis, de contar con un procedimiento que al menos nos dé la posibilidad de darnos el tribunal constitucional que nos merecemos.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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[1] En la comparecencia ante el Senado, Hernández Orozco resbaló en más de una ocasión, sosteniendo posturas contradictorias en temas como el aborto y el control jurisdiccional de las reformas constitucionales. Días después, realizó declaraciones a El Universal para denunciar que el Presidente Peña Nieto veía a la SCJN como un “refugio de cuates”, sólo para retractarse a una cuantas horas después en una entrevista radiofónica concedida a Carmen Aristegui. Finalmente, el día en que el Senado votó la designación de Medina Mora, Hernández Orozco estuvo, según la puntual crónica de Juan I. Zavala, “al borde de las lágrimas durante su largo relato autobiográfico contado en tercera persona, que oscil[ó] entre el sentimentalismo, la cursilería y la pretensión de elocuencia.”

[2] En concreto, bastaría con que el artículo 96 constitucional estableciera algo como lo siguiente: “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República enviará al Senado la propuesta de un candidato que cumpla con todos los requisitos constitucionales y legales. Previa comparecencia de la persona propuesta, el Senado podrá realizar la designación mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. En caso de que la persona propuesta no alcance dicha votación, el Presiente propondrá a otro candidato.”

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blablabla1Las comparecencias de los candidatos a la Suprema Corte nos quedaron a deber. Más que un vigoroso ejercicio de escrutinio y transparencia, la sesión de la Comisión de Justicia del Senado del pasado martes fue, en el mejor de los casos, un evento plagado de claroscuros. Quienes seguimos las comparecencias ciertamente vimos algunos intentos serios para discutir y analizar el pasado de los nominados a la Corte; algunas respuestas claras y bien articuladas de los integrantes de la terna; y hasta un procedimiento que, por fortuna, abrió la puerta para que los candidatos contestaran directamente cuestionamientos de la sociedad civil.

Pero, por desgracia, en las comparecencias también predominaron los lugares comunes, las preguntas a modo y, sobre todo, la evasión de temas fundamentales por parte de los nominados. La visita al Senado de los magistrados Fuentes Barrera y Hernández Orozco, así como del embajador Medina Mora, nos confirmó que estamos frente a un procedimiento que da poco margen para el debate y, quizá más importante aún, que el sistema de ternas en nada ayuda para el escrutinio de los candidatos. Tuvimos, para decirlo en pocas palabras, unas comparecencias poco alentadoras.

A continuación ofrezco un breve recuento y una reflexión de lo que, para bien y para mal, fue lo más destacado de las comparecencias.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera : un discurso tan joven y tan viejo

Con base en lo que dijo en su comparecencia, podríamos decir que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera es un juzgador que ha hecho suya la retórica de estos tiempos. En su intervenciones habló del “nuevo paradigma” de los derechos humanos, del “control de convencionalidad”, de los “tres pasos del test de proporcionalidad” y, por supuesto, del “principio pro persona”. Pero, al mismo tiempo, parece que al integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito le ganó la inercia de la carrera judicial. Fuentes llamó a no caer en los excesos del “populismo judicial”, celebró que la Suprema Corte ya redacte sentencias con lenguaje mucho más claro y sencillo, y hasta afirmó –categóricamente– que un juez de amparo no pude incurrir en violaciones a derechos humanos.

Ya en la sesión de preguntas y respuestas, Fuentes erró en más de una ocasión. La senadora Dolores Padierna (PRD) le preguntó sobre si el interés legítimo podría tener alcances mayores. El magistrado contestó que ya había algunos precedentes importantes y que incluso la Suprema Corte tenía pendiente de resolución el amparo #YoContribuyente, en el cual los ministros se pronunciarían sobre la legitimación de ciudadanos para controvertir la condonación de ciertos impuestos a estados y municipios. Pero el magistrado pasó por alto –por desconocimiento o mero lapsus– que dicho asunto fue resuelto dese el 9 de julio de 2014, y que la resolución generó un nutrido debate en nuestra conversación pública.[1]

También sorprendió la manera en que contestó la pregunta formulada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la interpretación de los criterios de interés y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción. La interrogante se prestaba para que el candidato expusiera su visión sobre una figura que le permite a la Corte resolver asuntos apremiantes que ordinariamente son conocidos por tribunales inferiores. Sin embargo, Fuentes aprovechó la ocasión para hablar de una “Corte paralizada” por la cantidad amparos directos en revisión que anualmente conoce. El mensaje fue colateral pero claro: reducir carga de trabajo de la Suprema Corte como prioridad frente a otras necesidades institucionales.

La comparecencia de Fuentes también tuvo sus momentos positivos. Vale la pena destacar, por ejemplo, su claridad al fijar una postura en contra de la contradicción de tesis 293/2011, en la cual la Suprema Corte se pronunció sobre la jerarquía de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. Al responder a la pregunta de la senadora Pilar Ortega (PAN), Fuentes argumentó que, tratándose de derechos humanos, el criterio jerárquico era insuficiente, por lo que las restricciones constitucionales no debían prevalecer siempre sobre las normas convencionales.

También es destacable su respuesta a la pregunta de la asociación Participando por México sobre la constitucionalidad de las legislaciones que limitan el matrimonio igualitario. En este caso, la posición de Fuentes también fue clara. Se pronunció por hacer posibles estas uniones mediante una interpretación conforme de las disposiciones que definen al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, amén de considerar que son inconstitucionales las normas que establecen que el fin del matrimonio es la perpetuación de la especie.

Horacio Armando Hernández Orozco: como te digo una “cosa” te digo la “otra”

El segundo en comparecer fue el magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Su discurso inicial fue articulado, directo y a ratos convincente. Hernández habló sobre la necesidad de generar “un consenso constitucional”, una “argumentación sólida y sencilla” y una jurisprudencia comprometida con los derechos humanos y los grupos vulnerables.

Pero si algo caracterizó a Hernández –además de sus repetidas referencias a su tesis de licenciatura– fue su afán por presentarse como un candidato con visiones “equilibradas”, lo cual en no pocas ocasiones lo llevó a caer en francas contradicciones.

El magistrado en materia penal dijo ser el candidato que “representa a la función jurisdiccional” y enfatizó que sus 28 años en el Poder Judicial de la Federación lo hacían merecedor de la nominación. Sin embargo, en variadas ocasiones no tuvo en empacho en arremeter, precisamente, en contra de dicho poder. Primero dijo que era necesario tener una “Corte cautelosa” pues ya se ha dicho que “un juez corrupto es más peligroso que un delincuente”.

Más aún, al responder la pregunta de Borde Jurídico, el IMDHD e i(dh)eas sobre el estado que guarda la independencia judicial, Hernández de plano dijo que las intromisiones que más dolían eran las que venían “de los jerarcas del poder judicial”, de los consejeros y ministros “que marcan” para decir que conocen a tal o cual parte. Se trató, pues, de una crítica dura y valiente, pero que claramente contrastaba con su apuesta por presumirse como miembro de la familia judicial.

Algo similar le pasó cuando abordó temas relacionados con la igualdad de género. Primero, al contestar a la pregunta de la senadora Angélica de la Peña (PRD) sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, Herrera argumentó que el legislador podía permitir abortos hasta antes de las 12 semanas, pues había parámetros médicos que permitían justificar que en ese periodo el producto de la concepción era un bien jurídico, mas no una persona.

Pero minutos después el magistrado se mostraría menos convencido de su opinión, cuando el senador José María Martínez (PAN) –célebre Presidente de la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano– le recordó que él representaba a un partido que defendía “el derecho a la vida desde la concepción”, por lo que quería conocer su opinión sobre el aborto. La respuesta de Herrera fue todo menos clara. Dijo que personalmente sí estaba a favor de la protección de la vida, pero que tenía que ceñirse a los parámetros de la ley. Y en contra de lo que había manifestado anteriormente, dijo que no podía emitir una opinión, pues tenía que ver “el caso concreto” para determinar si era válido que la protección a la vida iniciara a las 12 semanas, o incluso a las 10.

Fue igualmente ambigua su posición sobre la jerarquía entre la Constitución y las normas de derechos humanos de fuente convencional. Al responder al senador Benjamín Robles (PRD), Hernández hizo un largo recuento de los antecedentes de la contradicción de tesis 293/2011, un asunto “icónico trascendente”, sólo para concluir que, si bien no era la mejor decisión por parte de la Suprema Corte, al menos tenía la virtud de evitar la “anarquía constitucional”. Pero más adelante, cuando el senador Roberto Gil (PAN) lo presionó para que se pronunciara sobre la posibilidad de realizar un control de constitucionalidad sobre la Constitución misma, el magistrado se limitó a decir que no existían actualmente vías para expulsar a las normas constitucionales, pero que seguramente en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminaría por condenar a México y que, ahí sí, la Suprema Corte de Justicia tendría que dejar de aplicar las disposiciones constitucionales que fueran incompatibles con normas convencionales.

Eduardo Medina Mora: pasándola (relativamente) bien

Terminada la intervención del magistrado Hernández Orozco vendría el momento más esperado de la noche: la comparecencia de Eduardo Medina Mora. El embajador de México en Estados Unidos fue, por mucho, el candidato que mayor habilidades políticas mostró para hacer frente a los cuestionamientos de los legisladores –algunos durísimos, como en el caso de la senadora Padierna–. Pero su intervención también dejó mucho que desear: Medina Mora eludió responder a temas fundamentales que se le plantearon e hizo una defensa no del todo convincente de su paso por los principales organismos de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del país.

Desde su intervención inicial, Medina Mora trató de enfatizar que nuestro tribunal constitucional se beneficiaría con un perfil como el suyo: conocedor de “la perspectiva del mundo productivo”, con una “comprensión jurídica de la economía”, poseedor de una “visión con sentido de Estado” y hasta con “anchura de mundo”. Citó a Jorge Carpizo y alegó que la Suprema Corte era diferente a los tribunales ordinarios, pues el ministro debía tener sensibilidad de índole “política, social, económica y técnica”. Habló en repetidas ocasiones de su experiencia en el ejecutivo federal y no escatimó elogios y saludos a los senadores.

En la sesión de preguntas y respuestas el nivel de la comparecencia mejoró. La senadora Angélica de la Peña (PRD), por ejemplo, señaló que existía la duda sobre si Medina Mora cumplía con el requisito de residencia de dos años y cuestionó que sus convicciones morales hubieran prevalecido cuando presentó, en su carácter de Procurador General de la República, una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas relativas a la interrupción legal del embarazo en el DF.

Medina Mora, por una parte, alegó que sí cumplía con los requisitos constitucionales, pues la propia Constitución distingue entre residencia y residencia efectiva, amén de que el artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior señala que los embajadores mantendrán su domicilio. Por otra parte, el embajador de México en EU dijo, sin añadir gran cosa, que la decisión de impugnar la legislación del DF se sustentó “en argumentos estrictamente jurídicos, no morales”. Más aún, afirmó que el aborto sigue siendo un delito y que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había determinado que la vida estaba tutelada “desde el momento de la concepción”.

Medina Mora contestó a un par de preguntas más –Pilar Ortega (PAN) le preguntó sobre los principales retos del sistema penal acusatorio y Miguel Romo (PRI) sobre los controles de confianza para juzgadores– y después vendría la intervención de Dolores Padierna. La senadora del PRD fue, sin duda, quien mayores críticas hizo al candidato. Comenzó cuestionando el uso de testigos protegidos durante la administración de Medina Mora y enfatizó que casos como el llamado “Michoacanazo” evidenciaban el sesgo político de su actuación como Procurador General de la República. También le reprochó que hubiese controvertido la ley antitabaco del Distrito Federal y, en general, que la inmensa mayoría de las acciones de inconstitucionalidad que promovió fue contra congresos locales. Finalmente, señaló que en dos expedientes de la Suprema Corte –Atenco y Oaxaca– Medina Mora aparecía como uno de los responsables de violaciones a derechos humanos.

El todavía embajador de México en EU respondió a los cuestionamientos y apenas aceptó algunas de las críticas. Sobre el uso de testigos protegidos, señaló que se trata de un instrumento contemplado en la Convención de Palermo, aunque reconoció que su instrumentación ciertamente “fue una práctica novedosa en el país”. Dijo que quizá había “lecciones por aprender”, pero que la figura como tal no debía ser rechazada por el hecho de que se hubieran usado “a los mismos testigos en muchos casos”. Sobre el “Michoacanazo” simplemente afirmó que se había actuado “con buena fe” y que en estos casos se había dado la “cabal acreditación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad”. En el tema de las acciones de inconstitucionalidad repitió la fórmula que antes había empleado y dijo que todas las leyes locales se habían impugnado en razón de su “inconsistencia con la ley fundamental”. Finalmente, se deslindó de los casos de Atenco y Oaxaca al señalar que una cosa es planear un operativo “y dar la orden”, y otra muy diferente es ejecutarlo.

El tono de la comparecencia cambió con la siguiente intervención, pues el senador Enrique Burgos (PRI) le preguntó a Medina Mora su opinión sobre la jerarquía entre tratados internacionales y la Constitución, así como sobre la posibilidad de impugnar reformas constitucionales. El ex Procurador General de la República ignoró esta última pregunta, pero brindó una respuesta –que más adelante repetiría– sobre la primera cuestión. De acuerdo con Medina Mora, la Constitución sigue siendo una norma que se encuentra por encima de los tratados internacionales, y es precisamente esta jerarquía la que explica que las restricciones constitucionales prevalezcan siempre sobre los derechos humanos de fuente convencional.

Siguió en el turno el senador Benjamín Robles (PRD), quien de manera sorpresiva declinó hacer preguntas, pues las respuestas que hasta ese momento había dado Medina Mora lo habían dejado “satisfecho”.

Posteriormente tomó la palabra el senador José María Martínez (PAN), quien se quejó del “intervencionismo” de la Corte en asuntos locales, “al grado de legislar” en cuestiones como el matrimonio y la definición de la familia. Después de hacer una extraña referencia a las 135,000 interrupciones legales del embarazo realizadas en clínicas del Distrito Federal, el senador pidió a Medina Mora su opinión personal sobre el aborto y los matrimonios de personas del mismo sexo. El embajador, por su parte, se limitó a contestar que no creía que hubiera un intervencionismo de la Corte en los estados y señaló que no podía dar su opinión personal sobre el aborto y matrimonio. Finalmente, hizo referencia a su desempeño como Procurador y cerró con la ya conocida fórmula: “todas las acciones que interpuse fueron con criterios técnicos jurídicos”, dijo.

En la comparecencia todavía se realizarían algunas cuantas preguntas y hasta un nuevo intento de Dolores Padierna por cuestionar las credenciales de Medina Mora, ahora con referencia a la operación “Rápido y Furioso”. Pero, para cualquier efecto práctico, ya casi todo estaba dicho. El tiempo pasó entre preguntas genéricas y respuestas igualmente abstractas. Y así, después de unas cuantas horas, terminaron las comparecencias de quienes en unos días podrían ocupar la vacante en nuestro máximo tribunal.

Para terminar: números rojos

Quizá sea cierto que –como especulan los trascendidos y dicen los “enterados”– ya todo está “amarrado” y que, por tanto, el día de mañana el Senado designe al nuevo ministro de la Suprema Corte. De ser así, las comparecencias de poco habrán servido para informar el criterio de los senadores y para legitimar a los nominados frente a la opinión pública. Pero más allá de cuál sea el destino final de la terna enviada por el presidente Peña Nieto, la comparecencia debería servirnos como muestra de las grandes deficiencias de nuestro procedimiento de designación de ministros. Tenemos reglas constitucionales que no incentivan el escrutinio de los candidatos y que rompen con el equilibrio de poderes. Bien haríamos, como ha sugerido Pedro Salazar Ugarte, en plantearnos la necesidad inmediata de cambiar las reglas que norman la designación de ministros. De lo contrario, seguiremos teniendo comparecencias como la de esta semana: con poco ruido y pocas nueces.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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[1] Véase, por ejemplo, este artículo de María Marván y la réplica, en dos partes, del ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

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El pasado martes 17 de febrero se envió una terna para designar al próximo ministro que cubrirá la vacante del Ministro Sergio Valls, quien falleció en diciembre pasado. Soy partidaria de cambiar el sistema, pero por ahora es lo que hay, así es que aquí algunas propuestas para mejorarlo.

Discreción no implica falta de justificación

El hecho de que la Constitución disponga que el titular del ejecutivo federal enviará las ternas al Senado, no implica que se trate de una decisión libre y a capricho del presidente.

El envío de la terna por parte del ejecutivo debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, pues aunque la Constitución la disponga como una facultad discrecional tácita, debe cumplir con los requisitos de los artículos 95 y 96 constitucionales, así como con los principios del Estado constitucional. Dentro de estos parámetros, la determinación sobre quiénes integran las ternas no puede ser tomada atendiendo a los caprichos personales o momentáneos del titular del ejecutivo federal, su decisión debe obedecer a más bien criterios razonables y democráticos. Y estos criterios deben ser justificados ante la opinión pública en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, para dar legitimidad tanto al próximo ministro, como a la labor institucional de la Corte.

Para justificar la candidatura a ministro, el presidente de la Republica debiese explicar cómo realizó el ejercicio de toma de decisión explicando los principios y valores que lo guiaron, además de justificar ante la opinión pública cómo es que el candidato en cuestión cumple con los requisitos subjetivos que establece el último párrafo del artículo 95: “Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.”

La transparencia y la justificación de las decisiones en el proceso entero de nombramiento de ministros, tanto por parte del ejecutivo federal, como por parte del Senado, son indispensables para su legitimación.

Ahora bien, una de las reglas indispensables para la integración de las ternas sería el de la regulación sobre la repetición de candidatos ya rechazados. Pues se han dado ya tres casos en que ministros designados han participado en diversas ternas que han sido en un primer momento rechazadas. La Constitución establece que el presidente enviará una “nueva terna” si la primera fuese rechazada. Debe aclararse si “nueva” implica integrada por tres nuevas (distintas) personas o simplemente el “nuevo” se refiere a enviar una terna que cambien uno o dos candidatos pero se mantenga a uno o dos que estuvieron en la primera terna. Lo lógico sería la primera interpretación, pues si en la primera terna ningún candidato obtuvo el voto de las dos terceras partes del Senado, ¿para qué volver a enviar a un candidato que según la primera votación no cumple con los requisitos constitucionales para ser ministro? De otra forma, ¿por qué no fue electo?

Procedimiento ante el Senado ¿Y las reglas?

question.mark2Una vez que el Senado recibe las ternas, las reglas constitucionales para esta etapa del procedimiento son mínimas y bastante generales. Se establece solamente que los candidatos comparecerán ante el órgano y que éste elegirá a uno de los tres mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. No se establece si las comparecencias deben ser ante el Pleno o ante comisiones, ni tampoco cuál es el objetivo o el formato de éstas. No se dice si deberá comparecer una vez o varias. Si los senadores deben basar su voto en la comparecencia o tomar en cuenta otra información, si las comisiones deben emitir un dictamen y qué contenido debe tener éste. Si las comisiones deben recomendar al Pleno a un candidato o solamente limitarse a verificar los requisitos constitucionales, si debe proporcionar otra información a los senadores. Si debe haber una discusión en las comisiones dictaminadoras o si debe haber un debate en el Pleno. Si en las comparecencias puede haber preguntas o interpelaciones.

Así, pues, la falta de certeza sobre la realización de las comparecencias no abona a la transparencia y rendición de cuentas. El ciudadano interesado en seguirlas no tiene manera de saber con antelación sus formalidades y funcionamiento y a veces la comunicación del procedimiento no es eficaz. La cobertura en medios no es tampoco la deseable, la nota por lo general aparece, pero no de manera destacada. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda precisamente la existencia de reglas claras para las designaciones[1]: “[L]os Estados deben emitir de manera previa y públicamente las convocatorias y procedimientos con los requisitos, criterios y plazos para que cualquier persona que considere satisfechos los requerimientos pueda acceder a los puestos de fiscal, juez, jueza, defensora o defensor público.”

Por otro lado, el cumplimiento de requisitos subjetivos no es un tema de relevancia en las comparecencias y los votos. Hasta ahora, en ninguna designación se ha hecho referencia a éstos –ni en el dictamen, ni en los posicionamientos ante el Pleno-, cuando son los que justamente hacen diferentes a los candidatos.

El voto en el Pleno del Senado. Sus razones y su porcentaje.

Otra cuestión que debiese ser regulada mediante ley reglamentaria es el voto y el quórum. Sería deseable que el Pleno justifique la elección, de manera que se hace necesario un debate en el Senado, donde ya sea que los partidos o los senadores a título particular justificasen el sentido de su voto.

Además, al ser votación por cédula, no se sabe qué partido votó a favor del designado[2]. Se desconocen las razones por las que se votó en contra. En el caso de la designación de los ministros Pérez y Gutiérrez, por ejemplo, no hay inclusive registro en el Diario de los Debates sobre los votos que no fueron para ellos; es decir, no se sabe si se votó por los otros dos candidatos o hubo abstenciones.

Por su parte, en cuanto al quórum de senadores presentes vale recordar que para que pueda trabajar el Senado se exige la mitad más uno de los senadores, de manera que un ministro, ¡un juez constitucional!, podría ser electo con tan solo dos tercios de la mitad: 44 votos.

La fórmula original de designación de ministros disponía un quórum de instalación para la sesión del Congreso de al menos dos terceras partes de los diputados y senadores y quórum de votación que equivalía a la mayoría absoluta de los votos no sería mala idea establecer un quórum más alto para la sesión de designación de ministros: legitimaría su elección.

La política en las designaciones y la oposición

La razón por la que algunos Estados optan por formar comités de designación es la de aislar el proceso de la política. Se razona que si son los partidos políticos quienes tienen injerencia directa en el nombramiento de jueces constitucionales, buscarán entonces ministros adeptos a su ideología, mermando con ello la independencia judicial.

Al parecer, para lograr garantizar la independencia de los jueces constitucionales, se requiere que la política tenga poco peso a la hora de designar jueces, pues con ello resulta un proceso que goza de mayor legitimidad al percibirse que se elige a quienes cumplen con las credenciales necesarias y no a personas fieles a una ideología o que podrían serles incondicionales.

El problema no es una mera teoría, Estados Unidos es un buen ejemplo. Las tendencias con las que la Corte resuelve están relacionadas con el juego de fuerzas políticas en la Casa Blanca y el Capitolio. En Alemania tradicionalmente se han dividido las designaciones entre los dos grandes partidos (Cristianodemócrata y Socialdemócrata).

La participación directa del Senado mexicano en la designación de ministros, con dos partidos fuertes como lo son el PRI y el PAN (a pesar de existir un sistema tripartita, en el Senado de la República la izquierda tiene poco peso en las decisiones) y el sistema de ternas, hacen que la designación de ministros caiga directamente dentro de la arena política, es decir, en el reparto y negociación entre el PRI y el PAN. El proceso se presta a la negociación entre ambos partidos y a la designación de ministros fieles a éstos. Al cooptarse la designación por los dos partidos más fuertes, el sistema necesariamente se cierra y se vuelve incontrolable pues una mayoría calificada secuestra el procedimiento.

En este sentido, sería deseable la participación de la sociedad civil[3] en la nominación de candidatos a integrar las ternas, así como aumentar el quórum para las sesiones, la justificación del voto y que la comisión de justicia del Senado, o la que esté encargada de las comparecencias, tuviese una composición equilibrada, estando obligada a recomendar a un candidato al Pleno por medio de un dictamen razonado y justificado.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace

[1]Mientras esto se escribe, la Comisión de Justicia en el Senado publicó su acuerdo acerca de las reglas a que se someterán las comparecencias para los tres candidatos.

[2]Se entiende que el voto por cédula tendría como finalidad precisamente desvincular al ministro electo de un partido o fracción política, sin embargo, no se logra (es evidente por el número de votos) y resta responsabilidad a los senadores sobre el voto emitido.

[3]El acuerdo de la Comisión de Justicia prevé en sus puntos 7 y 8 la participación indirecta de la sociedad civil a través del envío de información, opiniones y preguntas.

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El 12 de junio de 2000, de acuerdo con las evidencias recabadas, al menos 12 personas emboscaron a un grupo de policías del estado de Chiapas, los cuales viajaban a bordo de una camioneta que circula por la carretera que une los municipios de Simojovel y el Bosque, Chiapas. En el ataque resultaron siete elementos policiacos muertos y dos heridos (un policía estatal y un civil menor de edad que conducía el vehículo)

Debido al clima político que en el año 2000 imperaba en Chiapas, el Ejecutivo federal había creado la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, que orgánicamente dependía de la PGR. Por esta razón[1], fue que el Ministerio Público Federal (MPF) y, posteriormente, el PJF por medio del Juez Primero de Distrito en Chiapas tuvieron a su cargo la administración e impartición de justicia. Sin embargo, en un principio el Ministerio Público del Fuero Común (MPFP) también realizó diversas actuaciones que posteriormente fueron incorporadas a la averiguación previa federal.

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Durante la integración de las indagatorias se evidenció el conflicto socio-político que existía entre el presidente municipal del Bosque y diversas organizaciones sociales que tenían una presencia importante en dicho municipio. Dentro de este contexto, el 30 de mayo de 2000, más de dos decenas de organizaciones entregaron una carta al gobernador del estado Roberto Albores Guillen, solicitándole la remoción del edil Manuel Gómez Ruiz, debido a actos de corrupción, acoso sexual, nepotismo –prueba de esto último es que el hijo de munícipe Rosemberg Gómez Pérez tenía a su cargo la conducción de un vehículo oficial.

De igual forma, fueron evidentes las irregularidades en que incurrieron el MPF y el MPFC durante la integración de las Indagatorias, buscando a toda costa aparentar una eficiencia en el esclarecimiento de los hechos. Por lo cual, las autoridades ministeriales no tuvieron ningún reparo en recurrir a la práctica de diligencias ilegales y la obtención de pruebas ilícitas -por ejemplo, el MPF y el MPFC recabaron la declaración de un testigo sobreviviente, Belisario Gómez Pérez, en la misma fecha, hora y lugar; la incorporación de una fotografía de Alberto Patishtán, prueba de rodizonato de sodio practicada siete días después, etcétera- que luego fueron convalidadas por los correspondientes funcionarios judiciales en las distintas fases del proceso, apelación y juicio de amparo.

Este fue el contexto bajo cual Defensa Estratégica en Derechos Humanos AC., (DEDHAC) retoma el caso en junio de 2012, luego de realizar un análisis exhaustivo de las constancias fueron evidentes dos cuestiones: 1) la existencia de graves violaciones a los principios de debido proceso y de presunción de inocencia que impidieron que Alberto Patishtán pudiera defenderse adecuadamente y 2) la falta de conocimiento pleno del proceso penal por parte de los abogados y organizaciones que hasta ese momento habían apoyado el caso.

Tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la fecha en que habían acaecido los hechos y los supuestos bajo los cuales puede sustentarse un incidente de reconocimiento de inocencia, DEHDAC optó por la hipótesis establecida en la fracción segunda del artículo 560 del CFPP que establece la procedencia cuando “después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado aquélla”.

DEDHAC al plantear el incidente sostuvo que a partir de la fecha de la sentencia y hasta el mes de agosto de 2012, aparecieron documentos públicos que invalidaban los elementos que habían conformado la prueba circunstancial sobre la cual se sustentó la sentencia.

A juicio de DEDHAC, los documentos públicos eran las tesis de jurisprudencia y aisladas compiladas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (SJFyG), así como las sentencias que dieron origen a los criterios, a través de los cuales con el paso del tiempo los tribunales del PJF revaloraron o reinterpretaron el valor probatorio de la duplicidad de actuaciones, la incorporación de fotografía a la indagatoria, la prueba de rodizonato de sodio, el testimonio único, que por lo que al confrontar estos nuevos criterios plasmados en el SJFyG con los prevalecientes en el año que había sido dictada la sentencia, invalidaban los elementos con los cuales había sido conformada la prueba circunstancial. Dicho en términos coloquiales, lo que en 2003 eran pruebas legales, al pasó de los años los tribunales del PJF habían determinado que habían dejado de serlo.

Es evidente que el planteamiento es innovador y audaz ya que golpea la línea de flotación de una falla estructural del sistema de administración e impartición de justicia, que no es otra cosa, más que la violación sistemática de los derechos de debido proceso, presunción de inocencia y defensa adecuada que por igual se cometen en contra de culpables e inocentes. Luego, entonces, establecer un precedente de la forma en que DEDHAC lo planteó significaba abrir la posibilidad de que muchas personas sentenciadas con base en pruebas que actualmente son consideradas ilícitas pudieran alcanzar su libertad.

Cuando un apreciado ministro de la Primera Sala señaló que el planteamiento abriría la caja de pandora y que la Corte no estaba preparada para dar ese paso, DEDHAC supo que el destino del incidente estaba decidido y que el PJF prefería dejar en la cárcel de por vida a un inocente antes que enmendar una falla estructural y que era cuestión de tiempo para que la Primera Sala decidiera no reasumir su competencia y el Tribunal Colegiado (TC) declarara improcedente el incidente, como al final aconteció. La resolución de los magistrados es una interpretación letrista alejada de los nuevos estándares plasmados en el artículo 1º constitucional ya que consideraron que las tesis de jurisprudencia y las sentencias que dieron origen a esos criterios “no tenían relación con el caso en cuestión”.

Sin embargo, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Alberto Patishtán eran tan evidentes que después de que el TC emitió su resolución, se generó una reacción de descontento en diversos sectores de la sociedad civil –grupos de personas, iglesia, ONG’s, funcionarios estatales y federales, así como organismos internacionales-, lo cual fue determinante para que el poder legislativo entrara en acción proponiendo la incorporación al Código Penal Federal del artículo 97 bis, que hace posible el indulto presidencial “cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada”.

Al pasar por alto las graves violaciones a los derechos humanos de Patishtán, los tribunales del PJF dieron paso a la creación de una cuarta instancia, a cargo del Ejecutivo federal quien puede revisar las actuaciones de los tribunales y determinar la existencia de violaciones graves a los derechos de un sentenciado y por ende concederle el indulto. Esto no sólo es grave por la trascendencia que reviste el hecho de que el presidente de la República pueda analizar las actuaciones del PJF, sino también porque al revisarlas quedará evidenciado que los tribunales convalidaron o no apreciaron las graves violaciones de derechos cometidas contra un sentenciado, lo cual demostrará la falta de eficacia del PJF restándole credibilidad.

Por estas razones sostengo que el PJF fue el gran perdedor, ya que tuvo en sus manos enmendar los errores cometidos por sus propios integrantes, pero por no abrir la caja de pandora, dio paso a que el Ejecutivo federal pueda revisar los procesos y deje sin efectos las sentencias aunque sea de forma parcial.

Leonel G. Rivero Rodríguez. Coordinador General de DEDHAC; tutor de la maestría de Derechos Humanos y Democracia de la FLACSO.


[1]Además de que esas fechas, el segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales señalaba que el Ministerio Público Federal (MPF) era competente para conocer de delitos del fuero común que tuvieran conexidad con ilícitos del fuero federal.

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En días pasados el Senado de la República designó a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los resultados de la votación evidencian que la decisión fue tomada a partir de un acuerdo entre las fuerzas políticas con mayor peso al interior de la Cámara Alta. Lamentablemente, a pesar del balance que el propio Senado realizó respecto de este proceso, tanto su actuación, -en especial a través de la Comisión de Justicia-, como los términos en los que se realizó la decisión final de los Ministros, son criticables y únicamente exponen a senadores cortos de miras en cuanto a la importancia que revisten estos procesos políticos de designación e irresponsables respecto de la obligación que tienen ellos dentro de los mismos.

La Suprema Corte es el máximo tribunal del país, cabeza del Poder Judicial de la Federación y guardián de la Constitución. Las decisiones de los Ministros deben garantizar los derechos humanos y limitar los actos de autoridad para que se realicen conforme a los preceptos constitucionales. De ahí la importancia de su designación. Sin embargo, para el Senado más que un proceso político trascendental para el Estado mexicano que debería estar acompañado de deliberación pública y análisis minucioso, la designación de los Ministros de la SCJN es un mero trámite que puede desahogarse en siete días, sujeto a la lógica y los tiempos de la transición presidencial.

Designaciones públicas considera que el Senado no tuvo interés en llevar a cabo un proceso público de discusión serio que diera lugar a decisiones políticas fundamentadas y expuestas públicamente. Al contrario, parecería existir la voluntad de hacer un proceso expedito y discrecional en el que no se cumplieron las normas aprobadas por la misma Cámara de Senadores: no se ordenó la distribución de los expedientes de los integrantes de las ternas entre los senadores para su estudio a pesar de estar establecidos en el artículo PRIMERO del Acuerdo de la Mesa Directiva; las sesiones de exposición en el Pleno no fueron transmitidas por televisión en el Canal del Congreso a pesar lo establecido en el artículo SEGUNDO del mismo; durante las comparecencias la Comisión de Justicia sesionó apenas con el quórum necesario de senadores; no hubo uniformidad en tiempo ni en número de preguntas hechas a los candidatos y candidatas; no hubo discusión entre los grupos parlamentarios en el Pleno al momento de votarse, entre otras. Por ello, no es exagerado concluir que el Senado, más que conducir un proceso político de fondo,  tramitó la designación de ministros.

Desde su primer comunicado, Designaciones Públicas  hizo énfasis en la ausencia absoluta de una una fundamentación de las propuestas, así como del más mínimo pronunciamiento respecto a la Corte que a juicio del Senado requiere el país. Sin esta premisa, cualquier proceso, cualquier iniciativa o modificación al procedimiento establecido, es –como ya se evidenció- estéril ya que al no existir una definición respecto del tipo de Corte que se busca, tampoco existía un perfil ideal de Ministro contra el cual contrastar a los candidatos para encontrar al más idóneo. Este punto cobra especial relevancia cuando analizamos el perfil de los candidatos que resultaron electos: Alberto Gelacio Pérez Dayán, rechazado en dos ocasiones anteriores, la última hace apenas una semana (sin explicarse públicamente por qué) y ahora designado casi por unanimidad (104 de 112 votos posibles, sin que tampoco existiese un razonamiento público al respecto). Por otro lado, el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, cuyo perfil de experto y alto funcionario en materia fiscal no necesariamente es compatible con la justicia constitucional, quien también fue electo casi por unanimidad (103 votos) sin explicarse públicamente las razones que sustenten los votos. El procedimiento de selección de estos perfiles, que no tomó en cuenta cuestiones de la mayor relevancia como la interpretación jurisdiccional o de metodología jurídica de los candidatos, confirma que la decisión del Senado se tomó con base en criterios ajenos a las capacidades profesionales que requerirán al integrarse a la Suprema Corte.

La decisión de quién debe ser ministro debe estar sustentada en razones técnicas y políticas, las cuales en lugar de excluirse del debate público, deben someterse al escrutinio ciudadano obligando a los actores políticos a hacerse responsables de sus decisiones. En el presente caso, la opacidad y el silencio del Ejecutivo federal así como de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado no nos permiten saber cuáles fueron las razones que motivaron la integración de las ternas ni la votación que hubo en el Pleno, ello en buena medida porque el proceso no estableció mecanismos indicados para decidir en dichos términos.

Las decisiones de esta índole siempre tienen un componente de racionalidad política, sin embargo, los Senadores tienen la obligación de motivar ésta y exponer públicamente las razones que las sustentan como parte de la rendición de cuentas inherente a la función que desempeñan. Las razones políticas pueden basarse en acuerdos entre partidos pero éstos deben tener un fundamento de interés general.

Procesos de designación deficientes y cortos de miras dañan a las instituciones y pueden generar una crisis de legitimidad como la que actualmente atraviesan otros órganos que componen a nuestro estado democrático constitucional. Los representantes políticos encargados de la designación los funcionarios titulares de estos órganos son responsables de las decisiones que tomen. En esta ocasión, los senadores han pretendido no hacerse responsables de ello, ocultando su razonamiento, sin rendir cuentas  rendir cuentas a la sociedad,  perjudicando con ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Designaciones Públicas lamenta la forma en que fueron designados los dos nuevos ministros; consideramos que el Senado ha asestado un golpe duro a la institucionalidad democrática, a la justicia constitucional y a la sociedad mexicana a la que ha tratado de engañar por medio de un proceso de aparente transparencia y poca rendición de cuentas.

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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El día de ayer el Pleno del Senado de la República rechazó las ternas propuestas por el Presidente Calderón el 10 de Octubre para sustituir a los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano.

A pesar de la aprobación de los dictámenes emitidos por la Comisión de Justicia respecto de cada una de las ternas, donde únicamente se anotó que los candidatos que las integraban cumplían con los requisitos constitucionales para su elegibilidad (asunto que sabíamos desde antes de las comparecencias ante la Comisión), ninguno de los candidatos que componen las ternas obtuvo el voto de la mayoría calificada del Senado (2/3 partes) requerida para ser electo.

En el plano especulativo se dice que en el último minuto no se alcanzó el acuerdo entre el PRI y el PAN para el apoyo conjunto a los candidatos favoritos del presidente Calderón y el presidente electo Peña Nieto: Pérez Dayán y Baráibar y, sin este consenso, se optó por rechazar ambas ternas.

Más allá de las razones conocidas o sospechadas, lo cierto es que todavía no hay humo blanco en el proceso de designación, así, ahora que las primeras ternas han sido rechazadas ¿qué sigue?

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución, si la terna propuesta por el presidente de la República es rechazada o bien si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría calificada requerida para ser electo, el presidente tiene la obligación de volver a proponer ante el Senado otra terna, que en teoría debería seguir el mismo procedimiento de la anterior. Si alguna o ambas ternas fueran rechazadas de nueva cuenta, entonces el presidente tendría vía libre para nombrar, dentro de los candidatos propuestos, a el o los ministros faltantes.

Es importante mencionar que en esta etapa del procedimiento existen lagunas que merecen ser enfatizadas: en primer lugar, la Constitución no señala ningún plazo para que el presidente haga la presentación de la siguiente terna; en segundo, tampoco señala ninguna obligación para el Senado de mantener o modificar los lineamientos por medio de los cuales se desahogó la evaluación de la primera terna.

En este contexto, se abren de nueva cuenta interrogantes y ventanas de oportunidad. En principio, dado que no existe ningún periodo definido para presentar la siguiente terna y que estamos a unos días del fin del sexenio, existe de nueva cuenta la posibilidad de que estas segundas ternas sea propuesta ya no por Felipe Calderón sino por Enrique Peña Nieto. En este caso, aunque los ministros terminan sus funciones el 30 de noviembre, quedarían libres las vacantes hasta que el nuevo presidente diera continuidad al proceso.

Otro escenario posible sería que Felipe Calderón presentara las segundas ternas en los días que le quedan de mandato y que, dependiendo de los plazos que estableciera el Senado para desahogar la parte del procedimiento que le corresponde, la votación se lleve a cabo aún dentro del sexenio de Calderón (recordemos que en este caso el procedimiento tardó desde la recepción de las ternas en el Senado hasta su votación los treinta días establecidos como plazo máximo en la Constitución) de realizarse este proceso antes del 30 de noviembre, si el Senado llegara a rechazar de nueva cuenta alguna o las dos ternas, el presidente saliente todavía tendría una precipitada posibilidad para dejar a uno o a ambos ministros. Por el contrario, si las comparecencias ante la Comisión de Justicia y la votación en el Pleno no terminaran sino hasta diciembre y alguna o las dos fueran rechazadas, sería Enrique Peña Nieto quien podría nombrar libremente a el o los ministros faltantes.

Más allá de los escenarios posibles respecto de quién sería el que presentara la siguiente propuesta para la designación o cuándo debería de hacerlo, la situación en la que nos encontramos ahora podría constituir una oportunidad valiosa para tomarse en serio un análisis fundamental que ha estado ausente de este proceso y que debe, o al menos  debería, definir a los candidatos que integrarán a las siguientes ternas o que determine en su caso al ministro que podría ser designado libremente por el presidente: ¿qué tipo de Suprema Corte de Justicia queremos?

A lo largo de este mes, académicos, organizaciones civiles e incluso varios de los Senadores han hecho públicos sus diagnósticos respecto del importante momento de transición que está viviendo la Suprema Corte de Justicia a partir de las reformas penal, de amparo y de derechos humanos principalmente, así como del papel que les gustaría que la Corte jugara en este momento político e institucional. A partir del mismo, muchos han delineado ya el perfil ideal que deberían tener los siguientes candidatos a ministros. Estos ejercicios y los objetivos que tienen en el horizonte, constituyen un material nuevo y valioso que debería ser tomado en cuenta para conformar las siguientes ternas, y ser el eje orientador que guíe a los Senadores en las comparecencias y las votaciones.

En este sentido, correspondería al Senado de la República, especialmente a la Comisión de Justicia, hacer un ejercicio de evaluación que permita en un primer momento definir el tipo de Corte que buscamos consolidar y, derivado de este examen, establecer con claridad indicadores que permitan elegir, de entre los candidatos presentados, a quien mejor satisfaga los requisitos de este perfil específico y no sólo quedarse, como lo hicieron hasta este momento, en la verificación de los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución.

La importancia de la designación de los ministros de la Suprema Corte, no sobra enfatizarlo cuántas veces sea necesario, merece una reflexión que no se encuentre sujeta a presiones ni de tiempo ni a conveniencias estrictamente políticas, se trata de una decisión que tendrá un impacto directo en la consolidación del Estado de Derecho y la configuración del Estado mexicano. Sería un error muy grave dejarse llevar por las prisas y desestimar los esfuerzos que se han realizado desde varios frentes para dotar a este debate de elementos objetivos y serios. Esperemos que, frente a esta nueva oportunidad, el Presidente y los Legisladores demuestren haber aprendido la lección de estas primeras etapas y se tomen estas designaciones en serio.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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La segunda terna se presentó la tarde del lunes 29 de octubre ante la Comisión de Justicia, de los candidatos que la integran saldrá –si no se rechaza- al ministro que sustituirá al ministro Ortiz Mayagoitia, actual miembro de la primera Sala de la Suprema Corte, encargada de resolver los asuntos en materia penal y civil. Los candidatos se presentaron en el siguiente orden:

Manuel Baráibar Constantino

Presentó ante la Comisión como sentencias relevantes de la Suprema Corte el expediente varios 912/2010 o “caso Radilla” por considerarlo un parteaguas en la concepción de la justicia constitucional, el amparo en revisión 168/2011 sobre el derecho de acceso a la información sobre averiguaciones previas y la contradicción de tesis 229/2011 relacionada con la legitimación de las víctimas u ofendidos para promover un amparo directo en caso de que la sentencia absuelva al acusado.

De la comparecencia de Baráibar poco puede extraerse para conocer su criterio constitucional ya que en general las preguntas daban para respuestas más profundas y detalladas, pero el candidato no dio respuesta a muchas de ellas o en otras ocasiones contestó con evasivas.

La presentación comenzó de forma ríspida pues la ronda de preguntas abrió con el “caso Raúl Salinas” donde el senador Monreal preguntó sobre su opinión de los jueces de consigna y su defensa ante una acusación por cohecho y la senadora Padierna preguntó sobre su relación con Carlos Salinas de Gortari. Baráibar inició a la defensiva e insistió que él no se fija en los nombres sino en los hechos que le son consignados y la ley aplicable y que sería difícil discutir el caso si nadie de los presentes conoció el expediente. Más adelante, el senador Camacho se refirió al caso de Onésimo Cepeda y le realizó tres preguntas puntuales, Baráibar se limitó a responder que él no fue ponente y que resolvió conforme a Derecho y que no valdría la pena discutir un caso del que no se conoce el expediente.

Al menos cinco senadores le realizaron interesantes preguntas[1] sobre criterios interpretativos y sobre su comprensión de la reforma de derechos humanos y la relación de la Constitución con los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y la jerarquía normativa. En ninguna respondió de manera satisfactoria, pues se limitó a responder que él está “plenamente convencido de la supremacía constitucional”, que el artículo 1° y la decisión Radilla “ya fijaron los parámetros para el control de convencionalidad” y se refirió a la jerarquía de normas en donde los tratados y leyes generales se encuentran por debajo de la Constitución, pero por encima de las demás normas del orden jurídico. En otros casos, de plano no respondió y habló sobre otras cuestiones. En una ocasión realizó una pregunta retórica que preocupa: al referirse al nuevo artículo 1° en donde se establece que todas las autoridades están vinculadas a los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, cuestionó si  ¿todos los jueces realizan dentro del ámbito de sus facultades [siempre un] examen de constitucionalidad?

Dos veces se le realizó una importante pregunta sobre su criterio para determinar la asignación de competencias entre entidades y la federación, en ambos casos evadió la respuesta, dijo que “la Constitución da para resolver cualquier conflicto.”

Sobre transparencia, rendición de cuentas, acercamiento de la Corte a la ciudadanía y legitimación de sus decisiones tampoco respondió nada: “la Corte tiene un Canal Judicial a través del cual la ciudadanía puede enterarse” o las resoluciones se legitiman en la medida en que se apeguen a la Constitución y a las leyes. Sobre la transparencia comentó que esto se logra subiendo las sentencias a internet y para lograr una mayor confianza en la Corte sugirió clases de educación cívica a los niños.

Sobre las novedades de la reforma de amparo y su ley de desarrollo comentó que era relevante la modificación del principio de relatividad, no dijo por qué y que le parecía que la Corte es quien debe resolver las contradicciones de tesis. Asimismo explicó que deberían eliminarse los amparos para efectos y que en uno se analicen todas las violaciones.

Ante la pregunta que el senador Fayad realizó a todos los candidatos, sobre cómo resolver si con apego a la ley o a la justicia, el magistrado Baráibar respondió “debo preferir la Constitución y la ley en todo momento.”

Se le preguntó sobre arraigo y no contestó. Sobre la reforma laboral y respondió que no podía referirse a ella pues se está apenas discutiendo en las cámaras. Sobre su voto particular en el amparo directo 2498/2006 sobre trabajo a favor de la comunidad como sustituto de la pena de prisión, a lo que respondió que considera el trabajo como una alternativa a la pena de prisión para descongestionar las prisiones y para lograr la readaptación social.

Emma Meza Fonseca

Para la magistrada las decisiones más relevantes de la Corte fueron la acción de inconstitucionalidad 2/2010 sobre matrimonio de personas del mismo sexo en el D.F. por su gran impacto social y la posibilidad de cambio de los conceptos constitucionales, la acción de inconstitucionalidad 155/2007 en la que el Pleno inaplicó una norma constitucional por considerarla más restrictiva que la contenida en un tratado, debido a su gran impacto jurídico pues se elige por primera vez una norma internacional por encima de una constitucional como parámetro para el análisis de la constitucionalidad de una norma ordinaria y el expediente varios 912/2010 conocido como “caso Radilla” pues concretiza tanto obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana como de la reforma constitucional de 2011.

La comparecencia de la magistrada Meza abrió con el tema de género, explicó la importancia de juzgar con perspectiva de género y sobre todo con sensibilidad a la realidad que viven las mujeres. Resaltó la importancia de la definición de criterios por parte de la Corte para dar viabilidad a las normas que pretenden lograr la equidad de género. Dijo estar de acuerdo con las cuotas, pues son acciones afirmativas indispensables para generar equidad. Destacó la labor del Poder Judicial de la Federación en la capacitación y sensibilización en materia de género.

Sobre la interrupción legal del embarazo, Meza dijo que legalizarlo se trataba de una facultad de las legislaturas de acuerdo con la realidad social.

En su comparecencia dejó en claro su postura garantista, reiteró su posición acerca de la existencia de un bloque de constitucionalidad, pues aunque no lo mencionó de manera textual, explicó que el artículo 1° establece un todo normativo comprendiendo a la Constitución y los tratados internacionales para la protección y garantía de los derechos humanos. Se refirió en varias ocasiones a la jerarquía normativa en atención al artículo 1° y al 133, y dejó en claro que tanto la Constitución como los tratados internacionales pueden servir como parámetros de validez, se refirió a la acción de inconstitucionalidad 155/2007 para aclarar esto.

Explicó que presentó ante la Comisión su sentencia en el amparo directo 370/2011 pues fue la primera vez que realizaba un control de convencionalidad y desaplicaba una norma por considerarla violatoria de derechos, en este caso se trataba del artículo 76bis de la Ley de Amparo que negaba la suplencia de la queja a las víctimas. Meza consideró que esta norma violaba el principio de igualdad con respecto al inculpado contenido tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales.

Adelantó que consideraría analizar el arraigo frente a normas internacionales de derechos humanos para determinar su convencionalidad y en su caso, inaplicarla. Sobre la tortura explicó que cualquier confesión así arrancada es inválida y se refirió a la inversión de la carga de la prueba a manos de la autoridad, mencionó algunos criterios definidos por la Corte Interamericana. Sobre la exhibición de detenidos en televisión consideró que cualquier confesión sin presencia de un defensor es inválida, además dijo, esto ata a los jueces pues la opinión pública juzga y si se decreta libertad por falta de pruebas, “el juez es el corrupto”.

Dijo estar totalmente de acuerdo con las recientes resoluciones en materia de jurisdicción militar pues se realizó la interpretación correcta del artículo 13, tomando en consideración la sentencia Radilla. Así mismo se refirió a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 57 del Código Militar y destacó la relevancia de que se respeten tanto los derechos del inculpado como los de las víctimas y que éstas, además de tener derecho a la reparación del daño, tienen derecho a la justicia y a la verdad y ésta última sólo se obtiene en la medida en que la víctima puede ejercer sus derechos ante la justicia civil, lo que no sucede ante la jurisdicción militar.

Dijo estar a favor de la decisión sobre matrimonio entre personas del mismo sexo con todos sus efectos, primero porque la definición del matrimonio es una facultad legislativa y segundo porque la familia es un concepto social que evoluciona.

Habló sobre la ponderación y la búsqueda de armonización y equilibrio entre los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados y la seguridad pública y se refirió a las excepciones que la Constitución establece para realizar estas tareas, especialmente en materia de delincuencia organizada. También se refirió al equilibrio entre los derechos a manifestar las ideas mediante marchas y plantones las molestias que esto ocasiona, aunque no fue muy clara sobre cómo podría regularse esta situación.

Tampoco fue clara con respecto a su opinión sobre el proceso de nombramiento de ministros ni sobre el carácter político de los ministros y la Corte. Y no respondió sobre los efectos sociológicos de las sentencias de la Corte. Fue muy escueta con respecto a la reforma constitucional sobre delitos contra periodistas pues dijo que era importante que la federación atrajera pues al parecer algunas policías y autoridades de los estados han sido cooptadas por la delincuencia organizada.

Manifestó su acuerdo con la existencia de un Código Penal tipo, así como también de uno de Procedimientos Penales, en especial, dijo, sería relevante tener códigos modelo para la implementación del sistema oral y acusatorio.

Explicó estar de acuerdo con el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal y las políticas actuales.

Ante la pregunta del senador Fayad, sobre qué hacer ante la disyuntiva de resolver conforme a la ley o la justicia, respondió “sin duda conforme a la justicia para dar a cada quien lo que le corresponde”.

Rosa María Temblador Vidrio

Envió a la Comisión de Justicia por considerar los más relevantes los siguientes asuntos resueltos por la Suprema Corte: la acción de inconstitucionalidad 2/2010 sobre matrimonio entre personas del mismo sexo por su trascendencia social y porque se aprobó la transformación de la configuración tradicional del concepto familia; el amparo en revisión  2021/2009 conocido como “amparo de los intelectuales” en el que se debatió si era posible por medio de este recurso revisar la constitucionalidad material de una reforma constitucional, asunto que considera de enorme trascendencia para la vida jurídica; y por último, el expediente Varios 912/2011 o caso Radilla, debido a que implementa un nuevo paradigma de interpretación constitucional y sus mecanismos de control.

En su comparecencia, la magistrada Temblador respondió de manera clara a algunas preguntas, pero a otras respondió cuestiones distintas a las preguntadas, no era claro si dichas respuestas tenían como propósito evadir la pregunta o se debían a otra circunstancia. Así, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre su opinión de que a la Corte se le diera la facultad de iniciativa de ley en materia de justicia, respondió que la Corte no tiene esta facultad y que no puede legislar, o sobre los alcances de la reforma de derechos humanos y los retos del Poder Judicial, respondió que la facultad de investigación ya no la tiene la Corte sino la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Igual sucedió con la pregunta sobre la ponderación entre el derecho al debido proceso y el derecho de la víctima a la justicia, dijo que habría que hacer un examen concienzudo en igualdad de circunstancias y ante la pregunta sobre cómo haría valer el derecho al debido proceso, dijo que este derecho lo contempla la Constitución y los tratados y que como ministra ella se aseguraría de que se respete. De nuevo, la misma situación con la pregunta sobre si existe una doctrina para definir “trascendencia e interés” en el ejercicio de la facultad de atracción de la Corte, Temblador respondió que la Corte tiene mucha carga de trabajo.

Ante la pregunta del senador Fayad, sobre el dilema entre ley y justicia, Temblador respondió que para hacer justicia se aplica el Derecho y sin éste no hay justicia, pero que si al Derecho le faltara algo para hacer justicia, aplicaría ésta sin duda.

La magistrada considera que habría que irle quitando facultades de control de legalidad a la Corte para hacerla un verdadero Tribunal Constitucional y ve de manera positiva los plenos de circuito pues los magistrados de cada entidad están enterados de su problemática.

Se le preguntó la razón por la que presentó como relevante el llamado “amparo de los intelectuales” y explicó que está de acuerdo con la resolución de que no procede el amparo contra reformas a la Constitución pues ésta es el eje del sistema jurídico, así como tampoco en contra de su procedimiento debido al principio de relatividad de las sentencias de amparo. Más adelante explicó que aún con la reforma constitucional de derechos humanos, no procedería un amparo contra reformas constitucionales debido a que no se reformaron los artículos 103 y 107 y el artículo 1° “no da para ello”.

Sobre el control de convencionalidad dijo que no puede trastocar los principios consagrados en la Constitución y ante la pregunta sobre el arraigo respondió que es una medida, que dadas las condiciones del país, es adecuada.

Se le cuestionó su opinión sobre el derecho a la vida, a lo que respondió que coincide con la Convención Americana en cuanto a que ésta debe protegerse desde la concepción. Más adelante se le preguntó si de acuerdo con ello, considera que debían tipificarse lesiones al feto, a lo que respondió que si se habla de actos con dolo para lastimar la vida del feto, esto ya está sancionado por la ley. Pero que definitivamente para sancionar en específico habría que hacer encuestas, estudios y análisis.

Dijo estar de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias en materia tributaria pues los efectos generales serían problemático para el Estado por el sistema para la recaudación y el gasto. Podría hacerse una impugnación que tuviera efectos generales a través de una acción de inconstitucionalidad y por parte de los ciudadanos, una vez que se desarrollen las acciones colectivas.

Ante la pregunta concreta del senador Monreal sobre el outsourcing que se planea incluir en la reforma laboral, la magistrada Temblador respondió que procedería el amparo si se agotan las instancias ordinarias, pero que no puede pronunciarse en específico pues se sigue discutiendo esta reforma.

El senador Fayad le preguntó cómo es el procedimiento de selección ante el Ejecutivo, a lo que ella respondió que solamente fue citada y se le hicieron varios cuestionamientos y se le solicitaron documentos que acreditaran que cumplía con los requisitos del artículo 95. Pero que se enteró por la prensa de que había sido incluida en la terna. Por último habló de la queja como recurso para intimidar a los juzgadores y de la circunstancia de agresión en que se encuentra el Poder Judicial.

Conclusiones

Hubo algunas preguntas interesantes por parte de los senadores, en especial destacaría las del presidente de la Comisión, Roberto Gil Zuarth. Las preguntas de la senadora Arely Gómez complementaron la entrega de documentos al cuestionar a cada candidato las razones por las que presentó alguna resolución, desafortunadamente no había réplica y no podía darse seguimiento a las respuestas. El senador Fayad preguntó lo mismo a los seis candidatos, un ejercicio interesante seria contrastar las respuestas de los seis acerca de su preferencia para resolver entre la ley y la justicia y sobre la necesidad de un Tribunal Constitucional.

Después de este ejercicio, queda la duda sobre si los senadores harán algo con las respuestas dadas por cada candidato, si las preguntas tenían un objetivo específico o eran tan sólo ocurrencias del momento. Si se analizarán las respuestas y se presentarán conclusiones en el dictamen que emita la Comisión de Justicia. Si no es así, ¿para qué compareció ante la Comisión durante más de 1 hora cada candidato? A partir de lo conversado con cada candidato y de los documentos que tiene la Comisión, se deben sacar conclusiones sobre quiénes serían los mejores para ocupar un asiento en la Suprema Corte, que fundamenten un voto, que recomienden al Pleno un candidato. Que expliquen si realmente uno o dos de estos seis candidatos cumple con las cualidades que se requieren para ser ministro de la Corte.

De otra manera, las más de 8 horas de comparecencia y más de 400 páginas de versiones estenográficas serían un ejercicio vacío para apaciguar a la sociedad,  una mera actuación de los partidos políticos frente a la opinión pública para cubrir una decisión previamente negociada entre el PRI y el PAN. ¿Será –otra vez- así? Esperemos que no.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Por ejemplo: ¿cómo garantizar la aplicación del principio pro homine? ¿qué sucede cuando una sentencia de primera instancia contradice una contradicción de tesis? ¿cómo garantizar la vigencia de la reforma de derechos humanos? ¿se ha ejercido ya por jueces ordinarios el control de convencionalidad, cómo se resolvió y bajo qué criterios? ¿qué sucede si hay una contradicción entre una norma constitucional y un tratado? ¿qué pasa con las normas de derechos humanos que forman parte de tratados internacionales que no son propiamente de esta materia? ¿qué criterios utilizaría para distinguir la materia de los tratados para efecto del control de convencionalidad? Entre otras.

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El próximo 9 de noviembre se vence el plazo para que el Senado elija a los dos próximos ministros para la Corte mexicana, afortunadamente en esta ocasión el procedimiento ha sido más transparente que en otras ocasiones y contamos con más información para evaluar la idoneidad de los candidatos. Desafortunadamente, las comparecencias aún dejaron mucho que desear, se realizaron como una prueba para buscar respuestas “correctas” y no como diálogo para desentrañar los criterios constitucionales de los candidatos. Así, cada senador realizó preguntas aisladas sin posibilidad de réplica, lo que dejó muchas cuestiones al aire. Algunos aprovecharon para hacer posicionamientos políticos (como el senador Monreal) y otros  plantearon preguntas que obligaban al candidato a prejuzgar[1].  Algunos senadores plantearon preguntas que nada tenían que ver con la labor del juzgador y otros de plano, creyeron que estaban en un concurso de Miss Universo.

Es de llamar la atención cómo fue disminuyendo la calidad de las preguntas entre el primer candidato y la última candidata. Algunas de las preguntas del magistrado Monroy fueron muy interesantes, profundas y obligaban a mostrar sus criterios, sin embargo las preguntas hechas al magistrado Pérez fueron muy malas, algunas incomprensibles y a la magistrada Zambrana me parece que se le pudo haber “aprovechado” más.

Aquí se presenta un ejercicio para descubrir los criterios de cada candidato, de la terna para sustituir al ministro Aguirre Anguiano, a partir de su selección de sentencias relevantes de la Corte y de su comparecencia ante la Comisión de Justicia. El orden es el mismo que en las comparecencias.

Pablo Vicente Monroy Gómez

Presentó como sentencias relevantes de la Corte el amparo en revisión 1155/2008 en donde se origina la jurisprudencia sobre los criterios para el análisis de una vulneración al principio de igualdad; la acción de inconstitucionalidad 29/2008 donde se establece el carácter teleológico de las contribuciones fiscales como criterio de justicia fiscal; y el expediente varios 912/2010, conocido como “caso Radilla”, donde la Corte fija criterios para la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad y la limitación a la jurisdicción militar.

Ante la Comisión de Justicia, Monroy planteó que percibe a la Corte como un árbitro sujeto a reglas y límites y dejó claro que favorece una Corte autolimitada frente a una activista, que respete las decisiones democráticas y los ámbitos de decisión que la propia Constitución les demarca. Destacó la auto-restricción para invadir esferas que corresponden exclusivamente al legislativo, como lo serían cuestiones políticas, donde remarcó que los jueces no pueden extraer de las normas jurídicas juicios de orden social o político o cuando se refirió a materias especializadas (materia fiscal o interconexiones, por ejemplo). También, describió como muy relevante la labor de la Corte en la unificación de criterios, más ahora con la entrada del control difuso de constitucionalidad y la posibilidad de que se inapliquen normas por ser contrarias a los derechos humanos.

En cuanto a cuestiones formales de justicia constitucional, el magistrado Monroy planteó la necesidad de una política judicial para determinar las reglas o directrices de actuación e intervención, en específico se refirió a la falta de doctrina para el ejercicio de la facultad de atracción de la Corte. En el mismo sentido, planteó cambios en materia de amparo, en especial sobre la suspensión del acto reclamado, para evitar el abuso de este juicio y lograr disminuir el número de asuntos y el consecuente rezago.

Dejó claro que sería un ministro conciliador, insistió en que sería positivo el acercamiento entre el Poder Judicial y el Legislativo para por un lado, dialogar sobre la experiencia en la aplicación de leyes relacionadas con la jurisdicción, con el ánimo de perfeccionarlas y lograr que la justicia sea verdaderamente pronta y expedita; y por otro, para, en caso de análisis de la constitucionalidad de una norma, el juez pueda conocer el propósito de ésta. Ambos puntos resultan importantes, el segundo para evitar la extralimitación de la facultad interpretativa del juez constitucional al aplicar el principio de interpretación conforme.

En su comparecencia, Monroy dejó claro que la justicia social es para él una guía para resolver, así en las respuestas a las preguntas sobre su tesis sobre la positiva ficta para el acceso a la justicia de beneficiarios del ISSSTE, sobre el efecto o impacto de las sentencias cuando pueda darse un conflicto de intereses colectivos, las razones por las que considera que quienes no poseen un mínimo vital no deben contribuir fiscalmente, cuando dijo resolver conforme a la “equidad” (equity) o la respuesta que dio al Senador Lozano sobre la necesaria ponderación y respeto a los derechos laborales de los trabajadores del SME.

En cuanto a la reforma de derechos humanos, sus respuestas dejaron mucho que desear, a pesar de haber presentado como relevante la decisión Radilla y haber planteado en su presentación la importancia de un cambio cultural y la necesidad de un diálogo entre Cortes, aparentemente no tiene claro el alcance de las normas internacionales de derechos humanos. Por un lado, ante la pregunta sobre si es posible un amparo por omisión a un derecho contenido en un tratado, respondió que no porque esto no está contemplado en los tratados; siendo que cualquier derecho de protección requiere de actos positivos por parte del Estado, de manera que incurre en una violación por omisión si no protege el derecho garantizado. Por otro lado, ante la pregunta sobre la vinculatoriedad de criterios de la Corte Interamericana, Monroy dijo estar de acuerdo con la resolución Radilla en cuanto a que estos deben ser tan sólo orientadores cuando México no sea parte, pues no tuvo oportunidad para defenderse; sin embargo, los criterios no se refieren a las resoluciones y medidas que la Corte impone al Estado, sino a la interpretación y la determinación del alcance de las normas de la Convención.

Fueron interesantes sus criterios con respecto a la extinción de dominio, la clasificó como medida confiscatoria, a pesar de que el artículo 22 constitucional, donde está contenida, dice claramente que no se considerará como tal. Y con respecto al debido proceso legal, en donde explicó la afectación de las pruebas obtenidas ilegalmente dentro del proceso penal.

Alberto Gelacio Pérez Dayán

Presentó el amparo en revisión 220/2008 acerca del sistema de pensiones ISSSTE, la controversia constitucional 38/2012 reciente decisión de la Corte acerca de los límites al fuero militar y el expediente varios 912/2010 conocido como “caso Radilla”, debido a sus efectos con respecto a la ponderación sobre las resoluciones de cortes internacionales.

La comparecencia del magistrado fue bastante calamitosa. Preocupa que un candidato a la Corte no sepa argumentar y explicar sus respuestas.

Hay poco que rescatar. Hubo malas preguntas, algunas poco claras y en general las respuestas fueron vacías, escuetas y de plano no respondían la pregunta. Inquieta que ante una pregunta sobre “materias concurrentes jurisdiccionales” que se refería a los ámbitos penal y fiscal, el magistrado no haya hablado sobre la fracción II del 104 constitucional que permite la concurrencia solamente en casos donde únicamente se afecten intereses particulares; o que hable de que se “otorgan” facultades a las entidades federativas o que instancias jurisdiccionales federales “revisen” el trabajo de las jurisdicciones locales.

Sobre el tema de derechos humanos y control de convencionalidad, resulta alarmante que el magistrado opine que la aplicación del principio pro personae contradiga al principio de legalidad o que la jurisprudencia no sea norma y por tanto no puede hablarse de inaplicación, pues “es posible hacer reflexionar al órgano que la creó para que la modifique” –podría hacerse lo mismo con una ley-. Pérez Dayán presentó como relevante el expediente varios 912/2010 y dijo en su comparecencia estar con el criterio de la minoría sobre la vinculatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana, pues México se obligó a ello, pero considera que el principio de supremacía constitucional derrota cualquier posibilidad de que una norma de la Constitución fuera considerada como inconvencional. Bajo esta premisa, preocupa que considere que el arraigo y otras figuras controvertidas de la reforma penal puedan ser legítimas, “si se usan como un medio y no como un fin”.

Ante una pregunta concreta sobre el tema de la expropiación del predio El Encino y la tensión entre intereses particulares e intereses colectivos, el magistrado Pérez respondió que “cualquier interés particular, por importante que sea, se subordina al interés general…” aplicado como regla general, implicaría un lamentable criterio en materia de derechos de las minorías.

Ante la pregunta sobre su opinión sobre la reforma que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parte de éstos, omitió dar una respuesta y se limitó a reconocer que se trata de una facultad del legislador, lo mismo respecto del aborto.

Sobre la reforma de amparo y el interés legítimo explicó que será necesario definir sus alcances para detectar qué casos son de verdadero interés legítimo, pues “no todos los intereses son legítimos”. Se le preguntó con qué criterio resolvería –ante la falta de una ley de desarrollo- con respecto a la nueva facultad de revisar las consultas populares del artículo 35 fracción VIII, Pérez respondió que la norma no deja clara la vinculatoriedad de las resoluciones de la Corte.

Ante la pregunta sobre el control jurisdiccional de términos económicos, Pérez Dayán habló sobre Adam Smith y la sencillez del pago como principio tributario.

Andrea Zambrana Castañeda

La magistrada Zambrana presentó como sentencias relevantes la acción de inconstitucionalidad 26/2006 sobre la llamada Ley Televisa y la reivindicación del espectro radioeléctrico, donde ella participó como secretaria proyectista bajo la ponencia del ministro Aguirre; el expediente varios 912/2010 conocido como “caso Radilla” que considera como la brújula para el control de convencionalidad; y el amparo directo en revisión 2424/2012 sobre modificación del nombre como un elemento esencial de la identidad de la persona.

Su comparecencia fue menos profunda que la del magistrado Monroy pues varias de las preguntas de los senadores fueron muy malas. Así por ejemplo, se le preguntó a qué ministro de los últimos 20 años admira o a qué político vivo admira. Cuestiones totalmente irrelevantes para el escrutinio de una posible juez constitucional. Otras preguntas que se le hicieron a la magistrada, en realidad correspondía responderlas a los legisladores y no a los jueces, así por ejemplo ¿qué medidas impulsaría como ministra para evitar la impunidad y la filtración del crimen organizado? O sobre el trabajo infantil.

Al igual que el magistrado Monroy, Zambrana evadió la respuesta concreta a la pregunta sobre su opinión sobre el aborto[2] y se limitó a decir que se trata de la protección de dos bienes tutelados: la vida y los derechos de la mujer.

También hubo otras preguntas que poco sirven para desentrañar su criterio constitucional, así por ejemplo se le preguntó su opinión sobre la necesidad de la independencia del Ministerio Público del Ejecutivo o sobre si las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben desaparecer.

Resultó interesante su postura sobre la falta de criterios y lineamientos en el Poder Judicial para concretizar las reformas constitucionales, los parámetros para dar contenido a los derechos humanos y para el acercamiento en el control de convencionalidad. También, es optimista su postura sobre el activismo judicial para impulsar cambios en la garantía y respeto de los derechos pues a su juicio “si el activismo busca dotar de contenido y significado a los derechos, así como ampliarlos interpretativamente, ello no es sólo válido, sino también valioso,” sin embargo, alertó sobre el riesgo inminente de que el juez sobrepase sus límites y actúe como legislador, pues “no se pueden decir cosas que la Constitución no dice”. Esta última afirmación es interesante, hubiera sido deseable que se le diera seguimiento para conocer su postura interpretativa.

Para Zambrana el alcance y límite de la Corte está determinado en las competencias que le fija la Constitución y la ley, así como en su relación con los otros poderes frente a los cuales funge como árbitro. La Corte, dijo, debe resolver con vista al proyecto de país que se quiere y que está plasmado en la Constitución y no deben ser coyunturales ni “del momento”.

La magistrada respondió preguntas sobre el arraigo, los testigos protegidos y la extinción de dominio, en los tres casos coincidió en que se trata de figuras novedosas que deben ser delimitadas y conciliadas con los derechos humanos. Sobre el arraigo en especial dijo que plantea un problema de política legislativa pues contradice tratados que lo declaran contrario a los derechos humanos pues “en términos jurisprudenciales es un secuestro entre comillas”. Sobre la extinción de dominio se refirió al problema de la presunción de inocencia y de la absolución en el proceso penal.

En un ámbito más técnico se refirió a una resolución suya sobre suplencia de la queja en un caso de pensión de viudez y orfandad, donde, dijo, se debía resolver conforme a la justicia y no solamente aplicar la formalidad de la ley. Se debe logar un equilibrio entre la justicia formal y la material, explicó. En otro aspecto que hace vislumbrar a una jueza no formalista, Zambrana respondió que la inoperancia de los agravios en el amparo directo son a veces abusados y que deben ser atendidos, si no existe jurisprudencia y su delimitación responde a los criterios de importancia y trascendencia, pues el quejoso tiene derecho a que se satisfaga su planteamiento.

Por último, se pronunció por la constitucionalidad de los tributos que no tienen función recaudatoria pues son herramientas del Estado para incentivar o desincentivar la economía.

De esta terna saldrá, si no es rechazada, el próximo ministro que ocupará un sitio en la segunda Sala, encargada de revisar los asuntos laborales, administrativos y fiscales y que relevará al ministro Aguirre, quien ocupa el sitio más conservador en el Pleno.

La facultad de los artículos 95 y 96 para elegir de entre las ternas enviadas por el Ejecutivo a los ministros de la Corte es una facultad discrecional, pero ello no implica que no deba estar motivada. Discrecionalidad no equivale a arbitrariedad. Por ello, resulta no sólo deseable, sino indispensable, que los Grupos Parlamentarios emitan un dictamen evaluando a cada candidato y que el dictamen de la Comisión haga lo propio.  El Senado tiene la obligación de justificar la elección de un candidato de cada terna –o su rechazo-.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Así las planteadas sobre la “guerra contra el narcotráfico”, la extinción de dominio, el arraigo, la inconvencionalidad por omisión, la vinculatoriedad de criterios de la Corte Interamericana, la reforma laboral, el conflicto con Luz y Fuerza y el SME. Algunas de ellas cuestiones pendientes de resolverse en la Corte, otras que no han “llegado” pero que podrían ser sometidas a su consideración y otras que ya fueron resueltas pero no a la luz de la reforma de derechos humanos por medio de la cual, podría analizarse nuevamente si procede el análisis de la convencionalidad de una norma constitucional. Inclusive la senadora Padierna preguntó de forma directa al magistrado Pérez Dayán “¿Cómo va a resolver el asunto del SME?”

[2] La magistrada fue quien realizó, como secretaria de estudio y cuenta, el proyecto de sentencia discutido en el Pleno de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 sobre interrupción legal del embarazo. En éste, el ministro Aguirre planteaba la inconstitucionalidad de la legalización realizada por la Asamblea del D.F. El proyecto no obtuvo la mayoría y fue desechado.

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El día de hoy 29 de octubre de 2012, se llevarán a cabo en el Senado de la República las comparecencias de las ternas propuestas para ocupar el cargo de Ministro de la SCJN. En un comunicado previo criticamos la ausencia de una discusión de fondo al interior del Senado sobre el perfil idóneo de Ministro que la SCJN requiere y que el proceso determinado para las comparecencias no fue el indicado para dichos objetivos ya que no se tendrían los elementos suficientes para una decisión razonada.

El día hoy reiteramos esta posición ya que las comparecencias de Ministros de la SCJN carecerán de elementos de fondo que permitan una verdadera evaluación y de las propuestas por la falta de tiempo para el estudio de la información solicitada y recibida para proceso. De acuerdo con el oficio de la SCJN y el Consejo de la Judicatura, el envío de información se realizó el viernes 26 de octubre de 2012, en consecuencia, los miembros de la Comisión de Justicia del Senado tuvieron solamente los dos días (en fin de semana) para analizar dicha información. Consideramos que ese tiempo, aunque cumple con el Acuerdo de la Comisión, es insuficiente para analizar información judicial compleja, planear preguntas y determinar los aspectos generales a evaluar en las comparecencias.

A partir de esta información es que los miembros de la Comisión de Justicia plantearán preguntas y escucharán respuestas de las personas que integran las ternas sin la posibilidad de deliberar sobre estas respuestas. Es un formato que asemeja más que una comparecencia, un examen en las que no hay respuestas correctas ni espacio para la reflexión.

Por otro lado, Designaciones Públicas considera que entre el proceso de comparecencias y la votación en el Pleno de la Cámara de Senadores está desvinculado. Después de las comparecencias del día de hoy, la Comisión de Justicia deberá de elaborar un “dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad” de las personas de las ternas y lo enviará con los expedientes respectivos. La desvinculación de las comparecencias con la sesión de votación en Pleno se da ya que se dispone la elaboración de un “dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad” que en términos literales atendería a solamente determinar si cumple con los requisitos formales establecidos para ello. El dictamen en principio no contempla una valoración por parte de la Comisión de Justicia o una opinión a partir de las comparecencias.

Esto quiere decir que aunque para las comparecencias se determinó buscar información de fondo respecto a la actividad y criterios jurisprudenciales, no se define cómo es que la Comisión transmitirá a los demás miembros del Senado una opinión derivada del análisis de las sentencias y de exposiciones y respuestas en las comparecencias. Creemos que con esto se desvincula la relación entre un espacio y el otro.

En este sentido sería importante que dicho dictamen no solo determine el cumplimiento de los requisitos sino que se incluyan las conclusiones de cada uno de los grupos parlamentarios que por medio de sus representantes en la Comisión de Justicia podrán elaborar un documento conclusivo al respecto. Con independencia de que el voto de las senadoras y senadores es libre y secreto en este caso, consideramos fundamental como ejercicio democrático que los grupos parlamentarios la presentación de conclusiones sobre cada una de las ternas a partir de las comparecencias.

Por estas razones el proceso de comparecencias el día de hoy será insuficiente para profundizar en una decisión trascendental para la vida del país como lo es la designación de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para revertir ello es urgente en primera instancia que los grupos parlamentarios presenten sus conclusiones razonadas de este proceso de comparecencias y que para las designaciones futuras se establezcan un proceso diferente que dé lugar a una discusión de fondo en las designaciones para ministros de la SCJN.

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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El 17 de octubre de 2012 la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó el Acuerdo para el formato de las comparecencias de las ternas para Ministros de la SCJN propuestas por el Poder Ejecutivo. En dicho acuerdo, la Comisión de Justicia del Senado trata de establecer un proceso público, deliberado y fundamentado que lamentablemente no se concreta y se vuelve insuficiente para decidir de manera fundamentada sobre la designación de un Ministro de la SCJN.

A pesar de que la Comisión de Justicia haya acordado modificaciones relativas a las formas, el proceso de las comparecencias es un proceso sin rumbo en el que se corre el riesgo de caer en una comparsa y no en comparecencia. Además de algunas críticas puntuales hechas sobre las formas del proceso, en Designaciones Públicas consideramos que el Acuerdo aprobado por la Comisión de Justicia carece de un elemento central que es una deliberación sobre: ¿Qué Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita el país?

Sin esa deliberación, ausente desde la fundamentación del Poder Ejecutivo respecto de las ternas,  no es posible decidir de manera razonada y fundamentada sobre la idoneidad de quienes habrán de ocupar los cargos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Acuerdo del Senado carece de una definición del perfil idoneo de ministro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita.

El riesgo del proceso acordado por la Comisión de Justicia es perderse en mar de información judicial porque no hay una meta clara de lo que se está buscando. En otras palabras ¿qué se revisará cuando de la carrera profesional de los magistrados y magistradas? ¿se favorecerán sus logros administrativos o criterios judiciales? ¿Qué revisarán los miembros de la Comisión de Justicia al leer las sentencias que le ha solicitado? ¿Qué buscarán cuando revisen los criterios judiciales de las y los magistrados si no se ha discutido qué tipo de criterios judiciales son los que se necesitan en la Suprema Corte de acuerdo con la realidad del país de estos momentos y del futuro próximo?

Sin la definición previa respecto al perfil ideal de un Ministro -que necesariamente sería la conclusión de un debate sobre a qué Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere actualmente el país de acuerdo con los senadores-  cualquier proceso de designación será insuficiente, superficial y repercutirá en la fortaleza e independencia de la SCJN.

En la carta enviada a la Comisión de Justicia por parte de Designaciones Públicas previa a la aprobación del Acuerdo, señalamos la importancia de llevar a cabo un proceso de deliberación amplio que permitiera la definición de indicadores para la evaluación de los candidatos propuestos. Consideramos que este proceso es necesario para fundamentar una decisión a favor o en contra las personas propuestas.

Por otro lado, si desde el principio el tiempo establecido para que los miembros de la Comisión de Justicia del Senado era poco tomando en cuenta el tipo de información que debían de revisar y analizar los miembros de dicha Comisión, el día de hoy 24 de octubre de 2012, la información solicitada no ha sido recibida o por lo menos no se ha hecho pública de acuerdo con el portal web del Senado. Si el acuerdo estableció que las comparecencias se llevarían a cabo el 29 de octubre, deja un margen de 4 días para el “análisis” de la información que necesitarían los miembros de la Comisión de Justicia para las comparecencias.

Insistimos que estamos ante el riesgo de caer en comparsas y no en verdaderas comparecencias para la Designación de Ministros de la SCJN. Para evitarlo la Comisión debe considerar las posibilidades de plantear por algún medio la posibilidad de una deliberación entre sus miembros -y  con la sociedad de manera directa- para definir un perfil idoneo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia que permita una decisión razonada y fundamentada por parte del Senado de la República.

 

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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