Al momento de ser emitidas las ternas enviadas por el presidente de la República, el primer nombre que llamó la atención a la opinión pública fue el de Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Actual Procurador del Estado de México y cercano en especial al consejero jurídico de la presidencia de la República, Humberto Castillejos. Su nombre, en razón de su cargo y trayectoria, se encuentra ligado a casos de posibles violaciones a derechos humanos de enorme relevancia: Atenco y Tlatlaya.

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En consecuencia, esta ha sido hasta el momento la comparecencia más larga de todas, aunque, por desgracia, no por ello la más rica en contenidos, exposición de ideas y posibilidades de satisfacer su objetivo primordial: conocer el potencial de un aspirante para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte, su postura ideológica, su capacidad de argumentación jurídica y su posición en temas de vital importancia.

Para comenzar y de acuerdo con el procedimiento, el aspirante hizo lectura de su carta de intenciones. Redactada en un lenguaje técnico, razonablemente bien sustentado y, aunque cumplidora, ninguno de sus contenidos resultó particularmente atractivo. Llama la atención la mención a la existencia y lógica de la división de poderes, pero combinada con la necesidad de cooperación y armonía entre los mismos para “garantizar la unidad política del Estado”. Recuerda, con su matiz a cierta ministra de la Corte Constitucional Venezolana que, de acuerdo con Pedro Salazar, pidió “olvidar la noción burguesa de la división de poderes”.

Más adelante se refirió en específico a la reciente sentencia en materia de producción y consumo de cannabis de la Corte mexicana. Y bajita la tenaza, anotó que la sentencia podría tener vicios en materia de convencionalidad a partir de algunas interpretaciones acerca de los compromisos internacionales que tiene México en materia de combate a las drogas. Además de que en una nota al pie un tanto catastrofista, también anotó que la resolución puede tener problemas de ponderación entre derechos humanos, políticas públicas, seguridad y bien común.

Por su parte, las preguntas de los Senadores, en su mayoría se refirieron al  trabajo del aspirante como Procurador del Estado de México, especialmente en temas como derechos humanos, fuero militar y violencia de género. En general, las preguntas fueron, como suelen ser, más políticas que jurídicas pero ayudaron a evidenciar tres características fundamentales del candidato que fueron los signos transversales de la comparecencia:

1) Su comparecencia giró en torno a una explicación, en distintos momentos y matices, acerca de la solución de los casos controvertidos a lo largo de su trayectoria y actual cargo: Tlatlaya, Atenco y los diversos feminicidios ocurridos en el Estado de México.  Por eso, como señaló la Senadora Martha Tagle, más que una comparecencia podemos decir que lo que vimos fue una mezcla entre un informe de labores y… una clase de derecho procesal penal con perspectiva de género.

2) Sánchez Gómez tiene un problema serio de comprensión. En la primer ronda de preguntas, sobre diversos temas y realizadas por las Senadoras Tagle, de la Peña y Ortega, no fue capaz de contestar, sin necesidad de una explicación posterior ninguna de las inteorrgantes que se le hicieron.

3) El aspirante estuvo en todo momento más ocupado en justificar su trabajo actual y en convencer a los Senadores de la no existencia de ningún posible conflicto de interés devenido de sus relaciones y trabajos anteriores, que en analizar y responder las preguntas que se le realizaron. Una de sus frases más repetidas a lo largo de la comparecencia fue “todo mi trabajo lo he realizado en estricto apego a la legalidad”. Inclusive,  más adelante, hizo la ya conocida exposición sobre por qué los posibles conflictos de interés no son tales “tomando en cuenta la legislación en materia de responsabilidad de los servidores públicos”.

En el plano jurídico los problemas son un tanto más graves. Aunque la primer ronda de preguntas de los Senadores estuvo enfocada en temas políticos, las preguntas realizadas por la sociedad civil, ya sea en el formato de foro abierto o en el aquellas que fueron retomadas por algunos Senadores como Layda Sansores y Alejandro Encinas -y que habían sido elaboradas por expertos constitucionalistas-, se enfocaron más en tratar de conocer las capacidades como jurista de Sánchez Gómez.

En un balance general, y por demás generoso, podemos decir que Sánchez Gómez tiene “apenas algunos conocimientos básicos de derecho constitucional”.  Es evidente que sus años como Procurador y analista en temas de justicia penal le han dado amplios conocimientos, especialmente procedimentales, en la materia. Pero en derecho constitucional le falta mucho por aprender. Su respuesta a la mayoría de las preguntas, sin importar si éstas se encontraran referidas al (falso) dilema entre la salvaguarda de los derechos de las víctimas y de los presuntos culpables, la regulación del cannabis en México o medidas de reparación del daño, para Sánchez Gómez todo puede resolverse a partir de la ponderación entre derechos. Ponderación, que, a su juicio, debe tener en cuenta también “el orden público y la preservación del bienestar social”.

En segundo término, Sánchez Gómez evidenció que conoce poco de la labor que realizará en caso de ser ministro. A lo largo de la comparecencia, en especial frente a ciertas preguntas “de rescate” del tipo “que aportaría usted a la Suprema Corte en caso de llegar a ser ministro”, el Procurador Sánchez se limitó a señalar que iba a hacer lo que la Constitución le obliga a hacer “realizar su labor con profesionalismo, independencia, apego a la legalidad… etc., etc.”. Incluso, cuando se le preguntó directamente por el trabajo de uno de sus posibles futuros colegas, el ministro José Ramón Cossío, no dudó en contestar –con mucha honestidad, eso sí- “que no conocía el trabajo al que se le hacía referencia”.

Y eso nos lleva al último punto problemático de la comparecencia de Sánchez Gómez: su constante remisión a “lo que dice la ley” como solución a las preguntas que se plantearon en distintos temas. Pareciera ser, de acuerdo con la visión de Sánchez Gómez, que la corrupción en el poder judicial, las ejecuciones extrajudiciales, los feminicidios, las prebendas excesivas que obtienen los funcionares judiciales y las deficiencias en los procesos institucionales, tienen su raíz y su solución en los textos jurídicos. Estrechez de miras que, si bien es preocupante en la clase política, resulta imperdonable en un aspirante a tener un trabajo que estriba, precisamente, en interpretar “lo que dice la ley”.

En síntesis, la comparecencia de Sánchez Gómez nos deja dos lecciones: por un lado, que a pesar de todas las fallas como Procurador de Justicia, es mejor fiscal que aspirante a ministro y; por el otro, que no tiene ni la trayectoria, ni el conocimiento, ni la independencia del poder ejecutivo —sin importar al grupo político al que este pertenezca— para llenar los zapatos del ministro Silva Meza.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Twitter: @pauletta_sofia

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Hace unos días, comenzó el proceso constitucional de selección de las dos personas que ocuparán próximamente las vacantes al cargo de ministros de la Suprema Corte. Ello es así en función del envío de la terna de candidatos a tal encargo por parte del Ejecutivo federal al Senado de la República.

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Ya se ha escrito en torno al procedimiento de selección y designación de ministros en este espacio, El Juego de la Suprema Corte, funcionando como foro de debate desde diferentes perspectivas.1 En esta ocasión, quisiésemos aportar a la discusión tomando como punto de partida los estándares y buenas prácticas que desde el derecho internacional de los derechos humanos se ofrecen en relación con este tipo de designaciones de funcionarios judiciales de la más alta jerarquía.

Se parte, por supuesto, de una premisa básica en cualquier Estado de derecho: el ya clásico principio de división de los poderes públicos. Uno de los objetivos principales de este principio, en los actuales Estados constitucionales es garantizar de manera efectiva la independencia del poder judicial respecto de los demás poderes públicos.2 Por ello, desde el derecho internacional se ha reconocido que la independencia del poder judicial configura una norma consuetudinaria internacional y un principio general del derecho.3 De ahí que diversos organismos internacionales señalan presupuestos necesarios e indispensables para garantizar dicha independencia, siendo uno de ellos, desde luego, la existencia de un procedimiento adecuado de nombramiento y selección de miembros del poder judicial, en particular de las altas cortes. Los organismos internacionales sostienen que tal procedimiento debe incorporar ciertos criterios que ahora enunciaremos, relacionándolos con el caso mexicano.

a) Igualdad de condiciones y no discriminación.4 Una característica, aunque contingente, de la configuración de nuestra Suprema Corte ha sido la poca o nula representación de los diversos sectores que conforman la población, principalmente –aunque no los únicos- los de mujeres, comunidades indígenas y personas con discapacidad.

Por ejemplo, la realidad de la poca representatividad de las mujeres en la Suprema Corte5 es bastante obvia: en pleno 2015, solamente dos de sus miembros son mujeres y una de ellas está a días de terminar su encargo. Por lo que hace a las comunidades indígenas o personas con discapacidad, la representación es nula. Dicha situación es consecuencia directa de la discriminación histórica que han sufrido estos sectores poblacionales en nuestro país, misma que se refleja en la falta de condiciones institucionales y materiales que les hacen casi imposible acceder en igualdad de circunstancias a esos puestos.

b) Selección basada en el mérito y las capacidades. Otro de los criterios es el que exige que los miembros de la judicatura sean seleccionados «exclusivamente por el mérito personal  y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar».6

Este criterio es, sin duda alguna, de vocación meritocrática. No cualquier persona debe ocupar el cargo judicial más importante del país, y nuestra Constitución no desconoce tal exigencia. Se requiere que la persona designada cuente con un título profesional de licenciatura en derecho expedido al menos diez años antes de la designación por autoridad o institución legalmente facultada; de forma similar, se establece que los nombramientos «deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica».7

Pareciere ser que con tales prescripciones constitucionales sería suficiente considerar como satisfecho este criterio. No obstante, es de enfatizarse que los méritos personales y las capacidades profesionales tendrían que basarse en criterios objetivos y preferentemente evaluados por un órgano técnico o especializado. En nuestro caso, contamos con el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene a su cargo, entre otras, la importante función de examinar objetiva y exhaustivamente la designación de las personas que integran la judicatura federal, a excepción de aquellas que han de ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte.8 En cambio, estas últimas son designadas por el Senado de la República, un órgano eminentemente político y que, por la naturaleza de las decisiones que toma, no garantiza de manera alguna la objetividad en la búsqueda de los méritos y capacidades exigidas. Además, quien propone las ternas de candidatos al cargo es el presidente de la República,9 pero en tal labor no está constreñida por norma alguna que limite la amplísima esfera de discrecionalidad con la que cuenta.

c) Nombramientos a cargo de órganos políticos. Respecto de los procesos de selección y nombramiento de miembros de las altas cortes, existe una tendencia en nuestra región consistente en la participación directa de órganos del Estado en ellos10 -a esta práctica se le ha denominado «nombramientos políticos».11  Como adelantado, el modelo mexicano no es la excepción: intervienen directamente el ejecutivo, integrando la terna de candidatos, y el Senado, encargado de la designación.

La idoneidad de los nombramientos políticos ha sido cuestionada por distintos órganos internacionales. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados ha señalado el riesgo de politización que supone la participación del poder legislativo, así como el peligro para la protección de los derechos humanos que podría implicar la intervención del ejecutivo.12 Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha estimado que la propia naturaleza de las autoridades políticas puede –aunque no necesariamente- representar riesgos para la independencia de los operadores jurídicos designados por órganos políticos.13

Aunque es cierto que con la participación directa de los órganos políticos se aumentan los riesgos de politización, en realidad, lo que cabría criticar es, en todo caso, la falta absoluta de garantías efectivas y suficientes que aseguren, con independencia del tipo de órganos intervinientes, que los nombramientos no se basan exclusivamente en razones políticas, más que meritocráticas.

d) Publicidad y trasparencia.14 Como último criterio, hay que indicar que el proceso de selección y designación de ministros en México está completamente cerrado a cualquier tipo de participación de la sociedad civil, desde el escrutinio público hasta la posibilidad de impugnación de candidatos. Este es un factor que aumenta la discrecionalidad de los poderes políticos intervinientes, sobre todo del ejecutivo e implica el riesgo de que la selección obedezca a intereses de poderes institucionales o de facto, en lugar de corresponder a la competencia y aptitudes de cierta persona para ocupar el puesto.

De todo lo hasta aquí mencionado se hace evidente, de acuerdo con los estándares y buenas prácticas internacionales, la necesidad urgente de revisar y, eventualmente, reformular nuestro actual procedimiento de selección y designación de personas para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte, si queremos ofrecer garantías de la independencia e imparcialidad del tribunal de más alta jerarquía en el país, que son, a su vez, algunas de las garantías del derecho de acceso a la justicia.

En sí, se podrían buscar opciones que logren garantizar procedimientos objetivos e imparciales. Se puede pensar, por ejemplo, en trasferir estos procedimientos a la competencia del Consejo de la Judicatura Federal, como órgano técnico e imparcial que evalúe objetivamente, sin discriminación, los méritos y las capacidades de los candidatos, incluso a través de exámenes o concursos de oposición; también, y como aspecto fundamental para garantizar la legitimidad de los nombramientos, se podría sopesar la necesidad de incluir, durante los procedimientos de selección, audiencias o entrevistas públicas, adecuadamente preparadas, en que la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados tuvieran la posibilidad de conocer los criterios de selección, así como impugnar a los candidatos y expresar sus inquietudes o su apoyo.15 Estas dos alternativas facilitarían el cumplimiento del deber de toda autoridad pública de motivar suficientemente su actuar, al exteriorizar la justificación razonada de sus decisiones, lo que le otorga credibilidad en el marco de una sociedad democrática.16

Sin embargo, queremos dejar en claro que los órganos internacionales no imponen la obligación de tener un determinado modelo de selección y designación de los integrantes de los tribunales de la más alta jerarquía. Así, lo que en realidad nos debe ocupar es que los procedimientos que se escojan acoten los altos grados de discrecionalidad actuales, impidiendo que degeneren en arbitrariedad o en mera politización en detrimento de la independencia del poder judicial cuya principal función es garantizar los derechos de todas las personas, más allá de una determinada agenda legislativa o de los intereses de un gobierno.

Carolina Garza Elizondo. Pasante Jurídica en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Washington, D.C. Twitter: @carogarzae

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Twitter: @Geraius


1 Se recomienda, entre otras, las colaboraciones de Andrea Pozas Loyo y Julio Ríos Figueroa (aquí), de Francisca Pou Giménez (aquí), de Pedro Salazar Ugarte (aquí), de David Lobatón Palacios (aquí), y el debate entre Carlos Bravo Regidor, Estefanía Vela, Javier Martín Reyes y Regina Larrea Maccise (aquí).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Sentencia de fondo, reparaciones y costas. 31 de enero de 2001. Serie C no. 71, §73.

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Garantías para la Independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc.44, 5 de diciembre de 2013, §30.

4 Ídem, §§59ss.

5 Véase el recuento de la historia de las mujeres en la Suprema Corte que hace Julio Martínez Rivas (aquí).

6 CoIDH. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 30 de junio de 2009. Serie C no. 197, §72. También, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación general no. 32, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, §19.

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 95, párr. 1º, fracc. III, y párr. 2º.

8 Ídem, art. 94, párr. 2º.

9 Véase, ídem, art. 96.

10 CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia…, nota 3 supra, §101.

11 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009, §25.

12 Ídem, §§25-26.

13 Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia…, nota 3 supra, §103.

14 Ídem, §§79ss.

15 En tal sentido, véanse, ONU. Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy. Adición. Informe preliminar sobre la misión al Ecuador. E/CN.4/2005/60/Add.4, 29 de marzo de 2005, § 5; y, CIDH. Garantías para la independencia.., nota 3 supra, §81.

16 CoIDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 5 de agosto de 2008. Serie C no. 182, §77.

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En medio de la espera por las ternas para sustituir a los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia anunció el ejercicio de su facultad de atracción para resolver un recurso de queja relacionado con la designación del ministro Medina Mora.1 Si bien algunos medios fueron cautos al momento de dar cuenta de esta determinación2 (algo notable, dado el carácter privado de las sesiones de la Segunda Sala), otros de plano afirmaron, de manera errónea, que la Corte entraría de lleno a analizar “si es constitucional el nombramiento de Medina Mora”.3

Pero si la Corte no analizará –al menos no en este momento– si el nombramiento se ajustó a lo establecido en la Constitución, lo cierto es que el asunto plantea una serie de interrogantes por demás compleja. ¿Es posible que el propio Poder Judicial de la Federación conozca de controversias relacionadas con el nombramiento de quienes forman parte del órgano límite de la judicatura? Más aún, ¿es deseable que la última palabra en los nombramientos de ministros quede en manos de los propios jueces federales? En las siguientes líneas haré una breve síntesis de la queja atraída por la Segunda Sala, para luego reflexionar sobre los dilemas e implicaciones del asunto.

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Los antecedentes: el amparo, el desechamiento y la queja

El primer antecedente de la solicitud 300/2015 fue el amparo indirecto promovido por una ciudadana en contra del presidente de la República (por proponer a Medina Mora como ministro), del Senado (por designarlo) y del propio ministro (por aceptar el cargo y por la omisión de renunciar a él). La Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal dictó un acuerdo el 30 de marzo de 2015, en el que determinó desechar la demanda, pues estimó que se actualizaba la causal que establece que el juicio de amparo será improcedente “contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal […] en elección, suspensión o remoción de funcionarios” en los casos que la Constitución le confiera “la facultad de resolver soberana o discrecionalmente”.4 En suma, la juez consideró que, de acuerdo con el artículo 96 constitucional, el Senado podía nombrar soberana y discrecionalmente a los ministros de Corte.

El 6 de abril, la ciudadana presentó un recurso de queja contra este desechamiento. Por una parte, argumentó que el amparo no era notoria y manifiestamente improcedente, pues el nombramiento de un ministro de la Corte no es una facultad soberana o discrecional del Senado, en la medida en que en el procedimiento también interviene el presidente de la República. Y, por otra parte, también alegó que la causal de improcedencia empleada por la juez de distrito era inconstitucional, pues sólo la Constitución puede establecer las resoluciones que son inatacables (y entre ellas no se encuentra la designación de ministros), además de que la designación del ministro Medina Mora es un acto de autoridad que viola el derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional.

Posteriormente, el 2 de junio, los tres magistrados que integran el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito pidieron a la Corte que ejerciera su facultad de atracción para conocer de esta queja. Para justificar el interés y trascendencia del asunto, los magistrados enfatizaron que el planteamiento de convencionalidad implicaría fijar –a la luz del “nuevo paradigma”– los alcances del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, así como el principio de independencia judicial.

Más aún, los magistrados dejaron entrever que, desde su perspectiva, era posible que la demanda contra la designación del ministro Medina Mora no fuera improcedente. En ese sentido, señalaron que la propia Segunda Sala había fijado un criterio consistente en que la designación de funcionarios judiciales en el ámbito estatal no era una facultad soberana ni discrecional de los congresos locales5 y, que dicho criterio, “podría ser aplicable […] porque, a primera vista, el presente caso es semejante en todos los aspectos relevantes”.6

La Corte tardó más de tres meses en comenzar a discutir la solicitud realizada por el tribunal colegiado.7 Fue hasta el 14 de octubre que la Segunda Sala determinó que procedía atraer la queja. No sabemos cuáles fueron las razones específicas que emplearon los ministros Franco, Luna Ramos, Pérez Dayán y Silva Meza para justificar el “interés y trascendencia” del caso, pues la resolución aún no se hace pública. Lo que sí sabemos es que la Segunda Sala ahora deberá determinar si el nombramiento de ministros es un acto que actualiza, de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Se trata, como argumentaré más adelante, de una cuestión compleja que presenta no pocos dilemas normativos.

Los dilemas de la Corte: entre la independencia y la imparcialidad

A primera vista, los planteamientos de la queja no son del todo irrazonables. Por una parte, es cierto que –al menos en su literalidad– la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo hace referencia a actos en los que el Congreso federal tiene “la facultad de resolver soberana o discrecionalmente”, mientras que en el nombramiento de ministros también interviene el presidente de la República. Asimismo, podría considerarse que dicha facultad se encuentra materialmente acotada por la propia Constitución, en tanto el artículo 95 constitucional señala que los nombramientos de ministros “deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

Por otra parte, podría argumentarse que el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de imparcialidad son tan amplios que puede hablarse de un derecho a contar con jueces constitucionales con un perfil “idóneo” y que, con la designación de alguien que se aparte del mismo, se podría generar una afectación a la esfera jurídica de las personas. Sobra decir que lo anterior implicaría hacer una interpretación extensísima de los alcances del artículo 17 constitucional8 y que, por lo mismo, es muy probable que la Segunda Sala decida no ir tan lejos. Lo que me interesa destacar es que, en abstracto, los planteamientos de la queja no son del todo descabellados.

Sucede, sin embargo, que el caso también plantea otro tipo de dilemas que bien valdría la pena considerar. El primero es más o menos obvio. Supongamos por un momento que la Segunda Sala concluye que el amparo contra la designación del ministro Medina Mora no es notoria y manifiestamente improcedente. Supongamos, además, que la juez de distrito entra al fondo del asunto y determina –por las razones que sean– que la designación no se ajustó a lo establecido en la Constitución y, por ende, la revoca. Esto llevaría al absurdo de que uno de los órganos con menor jerarquía al interior del Poder Judicial de la Federación (un juzgado de distrito) terminara resolviendo sobre la integración del máximo tribunal del país. La instancia revisada estaría revisando al (último) revisor. El mundo al revés.

Se podría argumentar, por supuesto, que en este caso hipotético la última palabra no estaría necesariamente en el juzgado de distrito. Teóricamente, su determinación podría ser controvertida y eventualmente resuelta por la Corte. Pero aquí nos encontraríamos con una situación igualmente inconveniente, pues la Corte terminaría siendo juez y parte en la controversia. So pretexto de salvaguardar la independencia judicial, los ministros terminarían por afectar otro principio igualmente importante: la imparcialidad. Serían los propios jueces constitucionales quienes tendrían la última palabra en la conformación del órgano al que pertenecen.

Nótese la paradoja. En un escenario así, la Corte tendría que argumentar que, según la Constitución, el nombramiento de ministros no es una facultad soberana o discrecional del presidente y el Senado. Sin embargo, en los hechos, la Corte terminaría por darse a sí misma una facultad prácticamente absoluta (no habría forma alguna de controvertir la decisión de los ministros) y de dudosa base constitucional (pues es claro que la designación de ministros es una tarea que, por mandato constitucional, corresponde a los órganos democráticamente electos).

Por lo anterior, creo que sería una mala noticia que eventualmente el Poder Judicial de la Federación conociera de impugnaciones relacionadas con la designación de los integrantes de la Corte. Detrás de las impugnaciones seguramente hay –y muy probablemente habrá– preocupaciones genuinas y argumentos atendibles. No obstante, trasladar el centro de decisión de los órganos democráticamente electos al poder judicial podría hacer que la solución resultara más costosa que el problema.

Para cerrar: una apuesta por la deliberación democrática

No es casualidad que la Constitución establezca un procedimiento mixto, donde el órgano límite del poder judicial es designado por integrantes de los otros dos poderes públicos. El procedimiento es parte de la lógica de pesos y contrapesos de nuestra democracia constitucional, donde la garantía de los derechos y el equilibrio de poderes es producto –al menos en parte– de un arreglo institucional que permite que el poder controle al poder. ¿Cómo podríamos hablar de contrapesos si en la designación de ministros la última palabra queda en manos de los propios jueces constitucionales?

Con lo anterior no quiero decir que tengamos el mejor procedimiento para nombrar a los integrantes de nuestro tribunal constitucional. En general, me parece que las reglas actuales inclinan la balanza a favor del Presidente, por lo que convendría hacer ajustes al artículo 96 constitucional. Pero, aún con esas imperfecciones, el procedimiento vigente permite que ciudadanos, activistas, académicos y los más variados grupos intenten incidir en la decisión de los órganos democráticamente electos.

Mal haríamos en menospreciar el debate que hemos presenciado en las últimas semanas en torno al tipo de justicia constitucional y el perfil de ministros que queremos. La relevancia que el tema ha adquirido es muestra, entre otras cosas, de que la designación de ministros no es ya un tema ajeno a nuestra deliberación pública. Quizá sea sensato pensar que en este tema –como en otros tantos– vale la pena apostar por hacer que los órganos democráticamente electos sean más responsivos a los intereses de la ciudadanía.

Paradójicamente, la decisión de la Segunda Sala de atraer la queja relacionada con el nombramiento del ministro Medina Mora no abona mucho en la consolidación este contexto de exigencia de cara a las dos designaciones que vienen. Es difícil saber con exactitud por qué los ministros escogieron justo este momento para resolver favorablemente la solicitud de atracción. Quizá el ponente necesitó poco más de tres meses para elaborar el proyecto de resolución. Quizá los ministros hayan votado a favor de la atracción ante los indicios de que el tribunal colegiado revocaría el desechamiento dictado por el juez de distrito.

Pero no hará falta quien interprete la decisión de la Segunda Sala como una señal de que la Corte también está dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para incidir en el proceso de designación. La anterior puede ser una lectura equivocada, pero en estos temas las apariencias cuentan (y mucho). Lo cierto, sin embargo, es que, por estrategia o ingenuidad, los ministros al ejercer su facultad de atracción de este caso metieron un pie en el proceso político de renovación de la Corte, al poner el acento en uno de los puntos más débiles de la candidatura a la Suprema Corte de Raúl Cervantes -no hay que olvidar que, de acuerdo con algunas interpretaciones, este abogado no reúne los requisitos para ser ministro pues continua siendo senador de la República, a pesar de gozar de una licencia a dicho desde hace un año-. Ojalá que en las siguientes semanas el debate sobre los sustitutos de los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza se centre en la actuación del presidente y del Senado y no en señales un tanto confusas provenientes de la Corte.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes


1 A la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción se le asignó el expediente 300/2015, mismo que fue turnado a la ponencia del ministro Pérez Dayán. La solicitud fue realizada por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien originalmente debía conocer de la queja 16/2015, presentada contra el acuerdo mediante el cual la Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa desechó la demanda del juicio de amparo 364/2015, en el que se impugnó la designación del ministro Medina Mora.

2 Quizá la nota que ofrece el mejor panorama del asunto sea la publicada en Animal Político.

3 La cita corresponde a la nota de El Informador, pero afirmaciones similares fueron publicadas por MVS (“[l]a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, acordó revisar la constitucionalidad del nombramiento del ministro Eduardo Medina Mora”); Proceso, Radio Fórmula y Emeequis (“[l]a sala determinará si es constitucional el nombramiento de Medina Mora como ministro”); así como Terra (“es la primera vez en la historia de la Suprema Corte, en que se revisará la legalidad de la elección de uno de sus ministros”).

4 Artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.

5 Específicamente, citaron la tesis de jurisprudencia 136/2009, en la cual la Segunda Sala de la SCJN, después de hacer mención de los principios que deben regir la actuación de los poderes judiciales locales –establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución–, concluyó que en la elección, ratificación o cese de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco no se actualizaba la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción VII, de la anterior Ley de Amparo, toda vez que la facultad del congreso se encontraba sujeta a determinadas reglas, así como al deber de fundamentación y motivación, razones por las cuales no podía considerarse soberana o discrecional.

6 Énfasis añadido.

7 De acuerdo con la lista de asuntos publicada por la propia SCJN, la solicitud se listó por primera vez para ser discutida en la sesión del 7 de octubre de 2015. No obstante, el asunto “quedó en lista” en la sesión de esa fecha, por lo que se volvió a incluir en la lista del 14 de octubre, día en el que se dio a conocer la determinación de la Segunda Sala.

8 El cual establece, en su primer párrafo, el derecho de toda persona “a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.

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Seguimos en ascuas esperando que el presidente de la República defina las ternas que debe proponer al Senado para cubrir las vacantes que dejará la salida de los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero en la Suprema Corte de Justicia el próximo 30 de noviembre.

Los humores en la opinión pública se calientan. Diversos actores de la sociedad civil y el gremio jurídico1 han alzado la voz para exigir al presidente y al Senado un proceso de designación transparente y razonado, la inclusión de mujeres en las ternas2 y que la designación de las candidaturas no se base en filiaciones políticas ni vínculos personales.

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Tenemos razones para estar preocupados. Todavía no se va el mal sabor de boca que, para muchos, dejó el proceso de designación pasado de Medina-Mora, y algunas voces señalan con insistencia que, al parecer, el presidente Peña Nieto ya eligió a uno de sus gallos para integrar una de las ternas. En esta ocasión, no sólo entre sus filas sino también en la de los senadores, me refiero a Raúl Cervantes Andrade. No sé si esto sea cierto pero sí es alarmante. Sin prejuzgar ni descalificar la trayectoria de Cervantes, una candidatura similar técnicamente está fuera de la ley y de la propia constitución: se trata de un senador con licencia, funcionario de un cargo irrenunciable.

Pero dejémonos de rumores alarmistas y cuestionémonos: ¿en qué tipo de candidaturas estará pensando el presidente? O mejor, preguntémosle a él y al Senado, ¿cuál será el perfil idóneo para integrar a la Corte? Al respecto, parece existir una especie de regla no escrita que tiende a considerar que dada la naturaleza de la institución –de Tribunal Supremo y Corte Constitucional– es necesario buscar un equilibrio entre jueces de carrera y miembros externos. Como si se intentara establecer del mejor modo el estira y afloja entre ministros con una larga y rigurosa experiencia jurisdiccional y otros con escasa (o nula) trayectoria en el campo, que se disputen por decisiones más o menos formalistas, más o menos progresistas, más o menos internacionalistas, etc. Sin embargo, me temo que este criterio no sólo no es suficiente, tampoco es el más atinado. Las posibilidades son muchas y no siempre es posible encontrar una tendencia clara entre miembros de casa y miembros externos.

Es baladí preguntarnos abstractamente quiénes serán mejores para desempeñar el cargo de ministro: ¿personas con carrera judicial?, ¿profesores universitarios?, ¿funcionarios públicos de otras ramas del gobierno? Partiendo de la premisa que la designación de los árbitros tiene un impacto directo en la dinámica de cualquier juego, considero que para contestar a la pregunta es necesario formularnos otra: ¿qué tipo de justicia constitucional requiere el país?

Si la constitución es una guía de ruta que debe orientar la convivencia social de un país, y no simplemente un pedazo de papel, diría que la respuesta se encuentra en el propio texto constitucional. Necesitamos una Corte cuyos miembros basen sus decisiones en interpretaciones progresistas, comprometidos con la agenda de los derechos, que apuesten por una aplicación integral —nacional, regional y global— del derecho y por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado a nivel internacional. Principios que deben revestir todas y cada una de las decisiones que tome la Corte, tanto en sus funciones de Tribunal Supremo como de Tribunal Constitucional, y que deben cumplir los ministros independientemente de su formación o experiencia profesional, sean éstos jueces de carrera, funcionarios públicos o profesores universitarios. No se trata de una petición de principios del tipo <<el ministro o ministra que más le guste>> al presidente y al Senado, sino de pautas establecidas en el propio texto constitucional que los vinculan a ambos a la hora de proponer y de tomar la decisión final.

Si esto es cierto, entonces, es deber del presidente y el Senado verificar que cada una de las candidaturas presentadas reflejen, en sus trayectorias y desempeño de cargos anteriores, un compromiso real y efectivo con tales aspectos. Más allá de las declaraciones de buenas intenciones que cada uno de los candidatos hagan en sus comparecencias, es preciso examinar con lujo de detalle si tienen o no experiencia en esas materias. Sobre todo, cuál ha sido, desde sus respectivos frentes, su participación en la defensa y protección de los derechos humanos en los ámbitos local, estatal, federal y/o internacional, en el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales y, en el caso de jueces de carrera, si en sus decisiones se observa (y cómo) la aplicación de los principios constitucionales y la normativa internacional, por ejemplo. Si nos tomáramos en serio estos parámetros otros serían los resultados.

Guadalupe Salmorán. Licenciada en derecho por la UNAM; actualmente realiza sus estudios de doctorado en la Universidad de Turín, Italia.


1 Me refiero a la petición conocida como Una Suprema Corte #SinCuotasNiCuates presentada por organizaciones civiles, académicos, investigadores universitarios y legisladores del PAN, PT y PRD.

2 Sobre este punto, además de la citada petición, se han pronunciado un grupo de académicos del IIJ de la UNAM; la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ).

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victoriaLa designación del ministro Eduardo Medina Mora nos deja una lección clara: con las actuales reglas del juego, el presidente de la República siempre –o casi siempre– gana en el nombramiento de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. El pasado proceso nos confirmó, por una parte, que el Senado tiene pocos incentivos para rechazar la primera terna de candidatos, pues siempre existe la amenaza de que el Presidente envié una segunda terna con perfiles aún más afines y, más importante aún, que realice una designación directa en caso de que ésta sea también rechazada. Por otra parte, la designación del nuevo ministro también nos muestra que, por desgracia, la construcción de un contexto de exigencia en la opinión pública no es condición suficiente para garantizar el procedimiento de designación que nos merecemos.

En las siguientes líneas reflexiono sobre la forma en que reglas, actores y preferencias se conjugaron en la designación del ahora ministro Medina Mora. Me interesa argumentar, principalmente, dos aspectos. Primero, un presidente generalmente podrá designar al candidato de su preferencia siempre y cuando (a) cuente con al menos de un tercio de votos en el Senado y (b) esté dispuesto a asumir los costos derivados de un nombramiento polémico ante la opinión pública. Segundo, en las futuras designaciones muy probablemente seguirán prevaleciendo los perfiles cercanos al titular del Ejecutivo a menos de que modifiquemos las reglas que regulan el nombramiento de ministros.

El procedimiento vigente: una cancha dispareja.

Una lectura apresurada del artículo 96 de la Constitución podría dejar la impresión de que el Senado tiene la última palabra en la designación de ministros: el presidente propone una terna de candidatos y los legisladores designan mediante una mayoría calificada. Sucede, sin embargo, que dicho artículo constitucional en realidad sólo le da a los senadores algunas oportunidades de tener la última palabra. Frente a una primera terna, en el Senado pueden ocurrir tres cosas: (1) que transcurran 30 días sin que el Senado se pronuncie, (2) que dentro de esos 30 días los legisladores voten las propuestas del presidente, pero ninguno de los candidatos obtenga el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, o (3) que dentro de ese plazo un candidato sí obtenga la mayoría calificada. Sólo en este tercer escenario el Senado efectivamente tiene la última palabra, pues en el primero el presidente designa directamente al candidato de su preferencia, mientras que en el segundo se requiere que el titular del Ejecutivo presente una nueva terna.

Aunque en esta segunda terna se presentan las mismas tres alternativas, las consecuencias son distintas. El Senado sólo puede nombrar al candidato de su preferencia si dos terceras partes de los miembros presentes votan por un candidato. En los otros dos escenarios –es decir, si no se produce la votación en el plazo de 30 días o si habiendo votación ninguno de los candidatos obtiene la mayoría calificada– el presidente de la República nombra directamente al nuevo integrante de la Corte.

En pocas palabras, con las reglas del juego vigentes, es el presidente –y no el Senado– quien tiene un papel protagónico en la designación de ministros. El titular del Ejecutivo no sólo selecciona a todos los posibles candidatos, sino que también puede nombrar directamente al candidato a su preferencia en múltiples escenarios. El Senado, en cambio, tiene poco tiempo para consensar una mayoría calificada y sólo se puede dar el “lujo” de rechazar una de las ternas. Ante la demora o falta de consensos, el presidente nombra.

El juego entre poderes: al presidente le basta con un tercio del Senado

La designación de Medina Mora parece confirmar que, cuando el partido del presidente cuenta con al menos un tercio los votos en el Senado, lo más conveniente para el titular del Ejecutivo es enviar “ternas de uno”. De esta forma se minimizan riesgos y se garantiza el nombramiento de un candidato afín. Veamos. Si en la primera terna el presidente incluye a su candidato preferido –junto con otros dos “de relleno”– y su partido lo apoya, entonces los senadores bajo ninguna hipótesis podrá evitar su designación: (1) si tardan más de 30 días en votar las propuestas, el titular del Ejecutivo nombra al candidato de su preferencia; (2) si votan con el partido del presidente y se alcanza la mayoría calificada, se designa al candidato del Ejecutivo; y (3) si no votan con el partido del presidente y no se alcanzan las dos terceras partes, la terna se rechaza. En dos de tres, el presidente gana.

Peor aún, si la primera terna se rechaza, las cosas se complican aún más para la oposición. En la segunda terna, el presidente puede volver a incluir al candidato de su preferencia y sustituir a uno o dos de los candidatos de relleno. Si el Presidente cuenta con el apoyo de su partido, entonces, la oposición siempre pierde. El candidato del titular del Ejecutivo termina siendo designado en todos los casos: (1) si el Senado tarda más de 30 días, se da una designación directa, (2) si suficientes senadores de oposición votan con el partido del presidente, el candidato del Ejecutivo es designado y (3) si la oposición no apoya la candidatura y no se alcanzan las dos terceras partes, también se llega a la designación directa por parte del presidente. Dicho en pocas palabras, en la segunda terna, el presidente gana tres de tres.

Creo que la designación de Medina Mora corrobora lo anterior. Desde un inicio, fue claro que el presidente Peña Nieto envió una “terna de uno”. En el papel, el contraste entre los candidatos era evidente: Medina Mora, un funcionario que había mantenido cargos de primera línea durante tres administraciones, se enfrentaba a dos candidatos con una larga pero poco conocida carrera judicial: Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco. Más aún, la distancia entre los candidatos quedó patente en sus comparecencias ante el Senado y, sobre todo, la tarde en que Medina Mora se volvió ministro de la SCJN. Por una parte, Fuentes Barrera mostró una vocación por adoptar el discurso de los nuevos tiempos, pero tuvo pocas intervenciones memorables y dejó la impresión de ser un juzgador relativamente ortodoxo. Por la otra, el caso de Hernández Orozco seguramente será recordado como un ejemplo de las actuaciones que los candidatos deben evitar en un proceso de designación.[1] Frente al pobre desempeño de sus contrincantes, las intervenciones de Medina Mora fueron, por mucho, las mejores.

Asimismo, creo que las votaciones en el Senado siguieron la estrategia que he delineado arriba. Desde el principio quedó claro que el PRI apoyaría la propuesta del presidente. En declaraciones públicas, el senador Omar Fayad fue claro al señalar que el PRI es “un partido que apoya a su Presidente” y que los senadores priistas no tienen “una sana distancia” con el titular del Ejecutivo. Era claro, pues, que el presidente contaba con el apoyo de su partido.

Por otra parte, creo que la mayoría de los senadores del PAN apoyaron la designación por dos razones. Sin duda, algunos senadores habrán votado por Medina Mora por su cercanía o posiciones ideológicas. Pienso, por ejemplo, en el senador Daniel Ávila Ruiz, quien el día de la designación de Medina Mora señaló que la votación era un tema de “principios y valores”, especialmente del “respeto a la vida”. Sin embargo, considero que también pesaron –y mucho– los incentivos perversos que genera el sistema de designaciones. Así lo dio a entender el senador Roberto Gil Zuarth, quien con puntualidad señaló las deficiencias de un procedimiento en el que “la falta de tiempo y acuerdos siempre favorecen al Ejecutivo”.

Los senadores del PAN sabían que, ante el eventual rechazo de la primera propuesta, el presidente podía incluir de nueva cuenta a Medina Mora en la segunda terna. O, peor aún, en la nueva terna Peña Nieto podía enviar a un candidato todavía más afín a su persona pero más lejano a las preferencias ideológicas del PAN. Un día antes de la elección del nuevo ministro, Ciro Gómez Leyva vaticinaba, con su habitual retórica, apuntó:

“otro triunfo de la eficacia política, con un PAN que no está muy animado con la idea de una segunda terna que dejaría al Presidente cerca de la eventualidad de nombrar directamente a uno de los suyos. Porque entre Medina Mora o un priísta tipo Alfredo Castillo, prefieren a alguien que, a fin de cuentas, les cae bien.”

Para debiese seguir: transparencia, costo político y, sobre todo, un nuevo procedimiento.

Es cierto que, de cara a futuras designaciones, hay mucho que hacer tanto en el Senado como en la sociedad civil. Si bien la Comisión de Justicia estableció algunas condiciones de transparencia y apertura, las intervenciones de los candidatos mostraron que un día no es suficiente para desahogar las comparecencias de tres candidatos; que el formato de preguntas y respuestas hace imposible un verdadero examen del perfil de los integrantes de la terna; así como que las preguntas de los senadores no siempre fueron adecuadas. En futuros procesos, los senadores bien podrían aprobar un procedimiento más abierto y más transparente: con comparecencias que se extiendan por varios días; con un formato que permita diversas réplicas entre senadores y candidatos; y quizá con la intervención no sólo de legisladores, sino también de especialistas.

Y, sin duda, en futuros procesos de designación se podría intentar repetir –y superar– la extraordinaria participación de la sociedad civil. Creo que no es exagerado decir que, pese a todo pronóstico, en un par de semanas fue posible construir un auténtico contexto de exigencia. Innumerables figuras públicas dieron seguimiento y analizaron la propuesta presidencial; la prensa dio una cobertura permanente a las distintas etapas del proceso; y las más variadas organizaciones sociales participaron tanto en el debate público y la protesta, como en los espacios formales que abrió el Senado. Las más de 50,000 firmas de la petición iniciada por los académicos Catalina Pérez Correa, Alejando Madrazo y Jorge Javier Romero fue el ejemplo más notable de una sociedad civil que, por primera vez, dio la importancia que amerita el proceso de designación de jueces constitucionales.

Pero mucho me temo que no bastará con mejorar las reglas de las comparecencias en el Senado o con fomentar la participación activa desde la sociedad civil. La designación del ministro Medina Mora es una muestra de los alcances, pero también de los límites del activismo. Las reglas actuales generan un desequilibrio tan pronunciado e imponen tiempos tan limitados que resulta casi imposible que la sociedad civil altere los incentivos del presidente y el Senado. Hemos visto, pues, lo complicado que es elevar el costo político a los poderes que intervienen en la designación.

Por eso creo que un cambio de reglas es casi indispensable. Y si bien podríamos discutir largo y tendido sobre el procedimiento ideal para nombrar a nuestros jueces constitucionales, aquí hago una propuesta modesta: pasemos del sistema de ternas a la nominación de candidatos únicos y, sobre todo, eliminemos por completo las hipótesis que permiten la designación directa por parte del Presidente.[2] Se trata, en síntesis, de contar con un procedimiento que al menos nos dé la posibilidad de darnos el tribunal constitucional que nos merecemos.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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[1] En la comparecencia ante el Senado, Hernández Orozco resbaló en más de una ocasión, sosteniendo posturas contradictorias en temas como el aborto y el control jurisdiccional de las reformas constitucionales. Días después, realizó declaraciones a El Universal para denunciar que el Presidente Peña Nieto veía a la SCJN como un “refugio de cuates”, sólo para retractarse a una cuantas horas después en una entrevista radiofónica concedida a Carmen Aristegui. Finalmente, el día en que el Senado votó la designación de Medina Mora, Hernández Orozco estuvo, según la puntual crónica de Juan I. Zavala, “al borde de las lágrimas durante su largo relato autobiográfico contado en tercera persona, que oscil[ó] entre el sentimentalismo, la cursilería y la pretensión de elocuencia.”

[2] En concreto, bastaría con que el artículo 96 constitucional estableciera algo como lo siguiente: “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República enviará al Senado la propuesta de un candidato que cumpla con todos los requisitos constitucionales y legales. Previa comparecencia de la persona propuesta, el Senado podrá realizar la designación mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. En caso de que la persona propuesta no alcance dicha votación, el Presiente propondrá a otro candidato.”

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blablabla1Las comparecencias de los candidatos a la Suprema Corte nos quedaron a deber. Más que un vigoroso ejercicio de escrutinio y transparencia, la sesión de la Comisión de Justicia del Senado del pasado martes fue, en el mejor de los casos, un evento plagado de claroscuros. Quienes seguimos las comparecencias ciertamente vimos algunos intentos serios para discutir y analizar el pasado de los nominados a la Corte; algunas respuestas claras y bien articuladas de los integrantes de la terna; y hasta un procedimiento que, por fortuna, abrió la puerta para que los candidatos contestaran directamente cuestionamientos de la sociedad civil.

Pero, por desgracia, en las comparecencias también predominaron los lugares comunes, las preguntas a modo y, sobre todo, la evasión de temas fundamentales por parte de los nominados. La visita al Senado de los magistrados Fuentes Barrera y Hernández Orozco, así como del embajador Medina Mora, nos confirmó que estamos frente a un procedimiento que da poco margen para el debate y, quizá más importante aún, que el sistema de ternas en nada ayuda para el escrutinio de los candidatos. Tuvimos, para decirlo en pocas palabras, unas comparecencias poco alentadoras.

A continuación ofrezco un breve recuento y una reflexión de lo que, para bien y para mal, fue lo más destacado de las comparecencias.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera : un discurso tan joven y tan viejo

Con base en lo que dijo en su comparecencia, podríamos decir que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera es un juzgador que ha hecho suya la retórica de estos tiempos. En su intervenciones habló del “nuevo paradigma” de los derechos humanos, del “control de convencionalidad”, de los “tres pasos del test de proporcionalidad” y, por supuesto, del “principio pro persona”. Pero, al mismo tiempo, parece que al integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito le ganó la inercia de la carrera judicial. Fuentes llamó a no caer en los excesos del “populismo judicial”, celebró que la Suprema Corte ya redacte sentencias con lenguaje mucho más claro y sencillo, y hasta afirmó –categóricamente– que un juez de amparo no pude incurrir en violaciones a derechos humanos.

Ya en la sesión de preguntas y respuestas, Fuentes erró en más de una ocasión. La senadora Dolores Padierna (PRD) le preguntó sobre si el interés legítimo podría tener alcances mayores. El magistrado contestó que ya había algunos precedentes importantes y que incluso la Suprema Corte tenía pendiente de resolución el amparo #YoContribuyente, en el cual los ministros se pronunciarían sobre la legitimación de ciudadanos para controvertir la condonación de ciertos impuestos a estados y municipios. Pero el magistrado pasó por alto –por desconocimiento o mero lapsus– que dicho asunto fue resuelto dese el 9 de julio de 2014, y que la resolución generó un nutrido debate en nuestra conversación pública.[1]

También sorprendió la manera en que contestó la pregunta formulada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la interpretación de los criterios de interés y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción. La interrogante se prestaba para que el candidato expusiera su visión sobre una figura que le permite a la Corte resolver asuntos apremiantes que ordinariamente son conocidos por tribunales inferiores. Sin embargo, Fuentes aprovechó la ocasión para hablar de una “Corte paralizada” por la cantidad amparos directos en revisión que anualmente conoce. El mensaje fue colateral pero claro: reducir carga de trabajo de la Suprema Corte como prioridad frente a otras necesidades institucionales.

La comparecencia de Fuentes también tuvo sus momentos positivos. Vale la pena destacar, por ejemplo, su claridad al fijar una postura en contra de la contradicción de tesis 293/2011, en la cual la Suprema Corte se pronunció sobre la jerarquía de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. Al responder a la pregunta de la senadora Pilar Ortega (PAN), Fuentes argumentó que, tratándose de derechos humanos, el criterio jerárquico era insuficiente, por lo que las restricciones constitucionales no debían prevalecer siempre sobre las normas convencionales.

También es destacable su respuesta a la pregunta de la asociación Participando por México sobre la constitucionalidad de las legislaciones que limitan el matrimonio igualitario. En este caso, la posición de Fuentes también fue clara. Se pronunció por hacer posibles estas uniones mediante una interpretación conforme de las disposiciones que definen al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, amén de considerar que son inconstitucionales las normas que establecen que el fin del matrimonio es la perpetuación de la especie.

Horacio Armando Hernández Orozco: como te digo una “cosa” te digo la “otra”

El segundo en comparecer fue el magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Su discurso inicial fue articulado, directo y a ratos convincente. Hernández habló sobre la necesidad de generar “un consenso constitucional”, una “argumentación sólida y sencilla” y una jurisprudencia comprometida con los derechos humanos y los grupos vulnerables.

Pero si algo caracterizó a Hernández –además de sus repetidas referencias a su tesis de licenciatura– fue su afán por presentarse como un candidato con visiones “equilibradas”, lo cual en no pocas ocasiones lo llevó a caer en francas contradicciones.

El magistrado en materia penal dijo ser el candidato que “representa a la función jurisdiccional” y enfatizó que sus 28 años en el Poder Judicial de la Federación lo hacían merecedor de la nominación. Sin embargo, en variadas ocasiones no tuvo en empacho en arremeter, precisamente, en contra de dicho poder. Primero dijo que era necesario tener una “Corte cautelosa” pues ya se ha dicho que “un juez corrupto es más peligroso que un delincuente”.

Más aún, al responder la pregunta de Borde Jurídico, el IMDHD e i(dh)eas sobre el estado que guarda la independencia judicial, Hernández de plano dijo que las intromisiones que más dolían eran las que venían “de los jerarcas del poder judicial”, de los consejeros y ministros “que marcan” para decir que conocen a tal o cual parte. Se trató, pues, de una crítica dura y valiente, pero que claramente contrastaba con su apuesta por presumirse como miembro de la familia judicial.

Algo similar le pasó cuando abordó temas relacionados con la igualdad de género. Primero, al contestar a la pregunta de la senadora Angélica de la Peña (PRD) sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, Herrera argumentó que el legislador podía permitir abortos hasta antes de las 12 semanas, pues había parámetros médicos que permitían justificar que en ese periodo el producto de la concepción era un bien jurídico, mas no una persona.

Pero minutos después el magistrado se mostraría menos convencido de su opinión, cuando el senador José María Martínez (PAN) –célebre Presidente de la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano– le recordó que él representaba a un partido que defendía “el derecho a la vida desde la concepción”, por lo que quería conocer su opinión sobre el aborto. La respuesta de Herrera fue todo menos clara. Dijo que personalmente sí estaba a favor de la protección de la vida, pero que tenía que ceñirse a los parámetros de la ley. Y en contra de lo que había manifestado anteriormente, dijo que no podía emitir una opinión, pues tenía que ver “el caso concreto” para determinar si era válido que la protección a la vida iniciara a las 12 semanas, o incluso a las 10.

Fue igualmente ambigua su posición sobre la jerarquía entre la Constitución y las normas de derechos humanos de fuente convencional. Al responder al senador Benjamín Robles (PRD), Hernández hizo un largo recuento de los antecedentes de la contradicción de tesis 293/2011, un asunto “icónico trascendente”, sólo para concluir que, si bien no era la mejor decisión por parte de la Suprema Corte, al menos tenía la virtud de evitar la “anarquía constitucional”. Pero más adelante, cuando el senador Roberto Gil (PAN) lo presionó para que se pronunciara sobre la posibilidad de realizar un control de constitucionalidad sobre la Constitución misma, el magistrado se limitó a decir que no existían actualmente vías para expulsar a las normas constitucionales, pero que seguramente en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminaría por condenar a México y que, ahí sí, la Suprema Corte de Justicia tendría que dejar de aplicar las disposiciones constitucionales que fueran incompatibles con normas convencionales.

Eduardo Medina Mora: pasándola (relativamente) bien

Terminada la intervención del magistrado Hernández Orozco vendría el momento más esperado de la noche: la comparecencia de Eduardo Medina Mora. El embajador de México en Estados Unidos fue, por mucho, el candidato que mayor habilidades políticas mostró para hacer frente a los cuestionamientos de los legisladores –algunos durísimos, como en el caso de la senadora Padierna–. Pero su intervención también dejó mucho que desear: Medina Mora eludió responder a temas fundamentales que se le plantearon e hizo una defensa no del todo convincente de su paso por los principales organismos de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del país.

Desde su intervención inicial, Medina Mora trató de enfatizar que nuestro tribunal constitucional se beneficiaría con un perfil como el suyo: conocedor de “la perspectiva del mundo productivo”, con una “comprensión jurídica de la economía”, poseedor de una “visión con sentido de Estado” y hasta con “anchura de mundo”. Citó a Jorge Carpizo y alegó que la Suprema Corte era diferente a los tribunales ordinarios, pues el ministro debía tener sensibilidad de índole “política, social, económica y técnica”. Habló en repetidas ocasiones de su experiencia en el ejecutivo federal y no escatimó elogios y saludos a los senadores.

En la sesión de preguntas y respuestas el nivel de la comparecencia mejoró. La senadora Angélica de la Peña (PRD), por ejemplo, señaló que existía la duda sobre si Medina Mora cumplía con el requisito de residencia de dos años y cuestionó que sus convicciones morales hubieran prevalecido cuando presentó, en su carácter de Procurador General de la República, una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas relativas a la interrupción legal del embarazo en el DF.

Medina Mora, por una parte, alegó que sí cumplía con los requisitos constitucionales, pues la propia Constitución distingue entre residencia y residencia efectiva, amén de que el artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior señala que los embajadores mantendrán su domicilio. Por otra parte, el embajador de México en EU dijo, sin añadir gran cosa, que la decisión de impugnar la legislación del DF se sustentó “en argumentos estrictamente jurídicos, no morales”. Más aún, afirmó que el aborto sigue siendo un delito y que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había determinado que la vida estaba tutelada “desde el momento de la concepción”.

Medina Mora contestó a un par de preguntas más –Pilar Ortega (PAN) le preguntó sobre los principales retos del sistema penal acusatorio y Miguel Romo (PRI) sobre los controles de confianza para juzgadores– y después vendría la intervención de Dolores Padierna. La senadora del PRD fue, sin duda, quien mayores críticas hizo al candidato. Comenzó cuestionando el uso de testigos protegidos durante la administración de Medina Mora y enfatizó que casos como el llamado “Michoacanazo” evidenciaban el sesgo político de su actuación como Procurador General de la República. También le reprochó que hubiese controvertido la ley antitabaco del Distrito Federal y, en general, que la inmensa mayoría de las acciones de inconstitucionalidad que promovió fue contra congresos locales. Finalmente, señaló que en dos expedientes de la Suprema Corte –Atenco y Oaxaca– Medina Mora aparecía como uno de los responsables de violaciones a derechos humanos.

El todavía embajador de México en EU respondió a los cuestionamientos y apenas aceptó algunas de las críticas. Sobre el uso de testigos protegidos, señaló que se trata de un instrumento contemplado en la Convención de Palermo, aunque reconoció que su instrumentación ciertamente “fue una práctica novedosa en el país”. Dijo que quizá había “lecciones por aprender”, pero que la figura como tal no debía ser rechazada por el hecho de que se hubieran usado “a los mismos testigos en muchos casos”. Sobre el “Michoacanazo” simplemente afirmó que se había actuado “con buena fe” y que en estos casos se había dado la “cabal acreditación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad”. En el tema de las acciones de inconstitucionalidad repitió la fórmula que antes había empleado y dijo que todas las leyes locales se habían impugnado en razón de su “inconsistencia con la ley fundamental”. Finalmente, se deslindó de los casos de Atenco y Oaxaca al señalar que una cosa es planear un operativo “y dar la orden”, y otra muy diferente es ejecutarlo.

El tono de la comparecencia cambió con la siguiente intervención, pues el senador Enrique Burgos (PRI) le preguntó a Medina Mora su opinión sobre la jerarquía entre tratados internacionales y la Constitución, así como sobre la posibilidad de impugnar reformas constitucionales. El ex Procurador General de la República ignoró esta última pregunta, pero brindó una respuesta –que más adelante repetiría– sobre la primera cuestión. De acuerdo con Medina Mora, la Constitución sigue siendo una norma que se encuentra por encima de los tratados internacionales, y es precisamente esta jerarquía la que explica que las restricciones constitucionales prevalezcan siempre sobre los derechos humanos de fuente convencional.

Siguió en el turno el senador Benjamín Robles (PRD), quien de manera sorpresiva declinó hacer preguntas, pues las respuestas que hasta ese momento había dado Medina Mora lo habían dejado “satisfecho”.

Posteriormente tomó la palabra el senador José María Martínez (PAN), quien se quejó del “intervencionismo” de la Corte en asuntos locales, “al grado de legislar” en cuestiones como el matrimonio y la definición de la familia. Después de hacer una extraña referencia a las 135,000 interrupciones legales del embarazo realizadas en clínicas del Distrito Federal, el senador pidió a Medina Mora su opinión personal sobre el aborto y los matrimonios de personas del mismo sexo. El embajador, por su parte, se limitó a contestar que no creía que hubiera un intervencionismo de la Corte en los estados y señaló que no podía dar su opinión personal sobre el aborto y matrimonio. Finalmente, hizo referencia a su desempeño como Procurador y cerró con la ya conocida fórmula: “todas las acciones que interpuse fueron con criterios técnicos jurídicos”, dijo.

En la comparecencia todavía se realizarían algunas cuantas preguntas y hasta un nuevo intento de Dolores Padierna por cuestionar las credenciales de Medina Mora, ahora con referencia a la operación “Rápido y Furioso”. Pero, para cualquier efecto práctico, ya casi todo estaba dicho. El tiempo pasó entre preguntas genéricas y respuestas igualmente abstractas. Y así, después de unas cuantas horas, terminaron las comparecencias de quienes en unos días podrían ocupar la vacante en nuestro máximo tribunal.

Para terminar: números rojos

Quizá sea cierto que –como especulan los trascendidos y dicen los “enterados”– ya todo está “amarrado” y que, por tanto, el día de mañana el Senado designe al nuevo ministro de la Suprema Corte. De ser así, las comparecencias de poco habrán servido para informar el criterio de los senadores y para legitimar a los nominados frente a la opinión pública. Pero más allá de cuál sea el destino final de la terna enviada por el presidente Peña Nieto, la comparecencia debería servirnos como muestra de las grandes deficiencias de nuestro procedimiento de designación de ministros. Tenemos reglas constitucionales que no incentivan el escrutinio de los candidatos y que rompen con el equilibrio de poderes. Bien haríamos, como ha sugerido Pedro Salazar Ugarte, en plantearnos la necesidad inmediata de cambiar las reglas que norman la designación de ministros. De lo contrario, seguiremos teniendo comparecencias como la de esta semana: con poco ruido y pocas nueces.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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[1] Véase, por ejemplo, este artículo de María Marván y la réplica, en dos partes, del ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

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El pasado martes 17 de febrero se envió una terna para designar al próximo ministro que cubrirá la vacante del Ministro Sergio Valls, quien falleció en diciembre pasado. Soy partidaria de cambiar el sistema, pero por ahora es lo que hay, así es que aquí algunas propuestas para mejorarlo.

Discreción no implica falta de justificación

El hecho de que la Constitución disponga que el titular del ejecutivo federal enviará las ternas al Senado, no implica que se trate de una decisión libre y a capricho del presidente.

El envío de la terna por parte del ejecutivo debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, pues aunque la Constitución la disponga como una facultad discrecional tácita, debe cumplir con los requisitos de los artículos 95 y 96 constitucionales, así como con los principios del Estado constitucional. Dentro de estos parámetros, la determinación sobre quiénes integran las ternas no puede ser tomada atendiendo a los caprichos personales o momentáneos del titular del ejecutivo federal, su decisión debe obedecer a más bien criterios razonables y democráticos. Y estos criterios deben ser justificados ante la opinión pública en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, para dar legitimidad tanto al próximo ministro, como a la labor institucional de la Corte.

Para justificar la candidatura a ministro, el presidente de la Republica debiese explicar cómo realizó el ejercicio de toma de decisión explicando los principios y valores que lo guiaron, además de justificar ante la opinión pública cómo es que el candidato en cuestión cumple con los requisitos subjetivos que establece el último párrafo del artículo 95: “Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.”

La transparencia y la justificación de las decisiones en el proceso entero de nombramiento de ministros, tanto por parte del ejecutivo federal, como por parte del Senado, son indispensables para su legitimación.

Ahora bien, una de las reglas indispensables para la integración de las ternas sería el de la regulación sobre la repetición de candidatos ya rechazados. Pues se han dado ya tres casos en que ministros designados han participado en diversas ternas que han sido en un primer momento rechazadas. La Constitución establece que el presidente enviará una “nueva terna” si la primera fuese rechazada. Debe aclararse si “nueva” implica integrada por tres nuevas (distintas) personas o simplemente el “nuevo” se refiere a enviar una terna que cambien uno o dos candidatos pero se mantenga a uno o dos que estuvieron en la primera terna. Lo lógico sería la primera interpretación, pues si en la primera terna ningún candidato obtuvo el voto de las dos terceras partes del Senado, ¿para qué volver a enviar a un candidato que según la primera votación no cumple con los requisitos constitucionales para ser ministro? De otra forma, ¿por qué no fue electo?

Procedimiento ante el Senado ¿Y las reglas?

question.mark2Una vez que el Senado recibe las ternas, las reglas constitucionales para esta etapa del procedimiento son mínimas y bastante generales. Se establece solamente que los candidatos comparecerán ante el órgano y que éste elegirá a uno de los tres mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. No se establece si las comparecencias deben ser ante el Pleno o ante comisiones, ni tampoco cuál es el objetivo o el formato de éstas. No se dice si deberá comparecer una vez o varias. Si los senadores deben basar su voto en la comparecencia o tomar en cuenta otra información, si las comisiones deben emitir un dictamen y qué contenido debe tener éste. Si las comisiones deben recomendar al Pleno a un candidato o solamente limitarse a verificar los requisitos constitucionales, si debe proporcionar otra información a los senadores. Si debe haber una discusión en las comisiones dictaminadoras o si debe haber un debate en el Pleno. Si en las comparecencias puede haber preguntas o interpelaciones.

Así, pues, la falta de certeza sobre la realización de las comparecencias no abona a la transparencia y rendición de cuentas. El ciudadano interesado en seguirlas no tiene manera de saber con antelación sus formalidades y funcionamiento y a veces la comunicación del procedimiento no es eficaz. La cobertura en medios no es tampoco la deseable, la nota por lo general aparece, pero no de manera destacada. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda precisamente la existencia de reglas claras para las designaciones[1]: “[L]os Estados deben emitir de manera previa y públicamente las convocatorias y procedimientos con los requisitos, criterios y plazos para que cualquier persona que considere satisfechos los requerimientos pueda acceder a los puestos de fiscal, juez, jueza, defensora o defensor público.”

Por otro lado, el cumplimiento de requisitos subjetivos no es un tema de relevancia en las comparecencias y los votos. Hasta ahora, en ninguna designación se ha hecho referencia a éstos –ni en el dictamen, ni en los posicionamientos ante el Pleno-, cuando son los que justamente hacen diferentes a los candidatos.

El voto en el Pleno del Senado. Sus razones y su porcentaje.

Otra cuestión que debiese ser regulada mediante ley reglamentaria es el voto y el quórum. Sería deseable que el Pleno justifique la elección, de manera que se hace necesario un debate en el Senado, donde ya sea que los partidos o los senadores a título particular justificasen el sentido de su voto.

Además, al ser votación por cédula, no se sabe qué partido votó a favor del designado[2]. Se desconocen las razones por las que se votó en contra. En el caso de la designación de los ministros Pérez y Gutiérrez, por ejemplo, no hay inclusive registro en el Diario de los Debates sobre los votos que no fueron para ellos; es decir, no se sabe si se votó por los otros dos candidatos o hubo abstenciones.

Por su parte, en cuanto al quórum de senadores presentes vale recordar que para que pueda trabajar el Senado se exige la mitad más uno de los senadores, de manera que un ministro, ¡un juez constitucional!, podría ser electo con tan solo dos tercios de la mitad: 44 votos.

La fórmula original de designación de ministros disponía un quórum de instalación para la sesión del Congreso de al menos dos terceras partes de los diputados y senadores y quórum de votación que equivalía a la mayoría absoluta de los votos no sería mala idea establecer un quórum más alto para la sesión de designación de ministros: legitimaría su elección.

La política en las designaciones y la oposición

La razón por la que algunos Estados optan por formar comités de designación es la de aislar el proceso de la política. Se razona que si son los partidos políticos quienes tienen injerencia directa en el nombramiento de jueces constitucionales, buscarán entonces ministros adeptos a su ideología, mermando con ello la independencia judicial.

Al parecer, para lograr garantizar la independencia de los jueces constitucionales, se requiere que la política tenga poco peso a la hora de designar jueces, pues con ello resulta un proceso que goza de mayor legitimidad al percibirse que se elige a quienes cumplen con las credenciales necesarias y no a personas fieles a una ideología o que podrían serles incondicionales.

El problema no es una mera teoría, Estados Unidos es un buen ejemplo. Las tendencias con las que la Corte resuelve están relacionadas con el juego de fuerzas políticas en la Casa Blanca y el Capitolio. En Alemania tradicionalmente se han dividido las designaciones entre los dos grandes partidos (Cristianodemócrata y Socialdemócrata).

La participación directa del Senado mexicano en la designación de ministros, con dos partidos fuertes como lo son el PRI y el PAN (a pesar de existir un sistema tripartita, en el Senado de la República la izquierda tiene poco peso en las decisiones) y el sistema de ternas, hacen que la designación de ministros caiga directamente dentro de la arena política, es decir, en el reparto y negociación entre el PRI y el PAN. El proceso se presta a la negociación entre ambos partidos y a la designación de ministros fieles a éstos. Al cooptarse la designación por los dos partidos más fuertes, el sistema necesariamente se cierra y se vuelve incontrolable pues una mayoría calificada secuestra el procedimiento.

En este sentido, sería deseable la participación de la sociedad civil[3] en la nominación de candidatos a integrar las ternas, así como aumentar el quórum para las sesiones, la justificación del voto y que la comisión de justicia del Senado, o la que esté encargada de las comparecencias, tuviese una composición equilibrada, estando obligada a recomendar a un candidato al Pleno por medio de un dictamen razonado y justificado.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace

[1]Mientras esto se escribe, la Comisión de Justicia en el Senado publicó su acuerdo acerca de las reglas a que se someterán las comparecencias para los tres candidatos.

[2]Se entiende que el voto por cédula tendría como finalidad precisamente desvincular al ministro electo de un partido o fracción política, sin embargo, no se logra (es evidente por el número de votos) y resta responsabilidad a los senadores sobre el voto emitido.

[3]El acuerdo de la Comisión de Justicia prevé en sus puntos 7 y 8 la participación indirecta de la sociedad civil a través del envío de información, opiniones y preguntas.

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El 12 de junio de 2000, de acuerdo con las evidencias recabadas, al menos 12 personas emboscaron a un grupo de policías del estado de Chiapas, los cuales viajaban a bordo de una camioneta que circula por la carretera que une los municipios de Simojovel y el Bosque, Chiapas. En el ataque resultaron siete elementos policiacos muertos y dos heridos (un policía estatal y un civil menor de edad que conducía el vehículo)

Debido al clima político que en el año 2000 imperaba en Chiapas, el Ejecutivo federal había creado la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, que orgánicamente dependía de la PGR. Por esta razón[1], fue que el Ministerio Público Federal (MPF) y, posteriormente, el PJF por medio del Juez Primero de Distrito en Chiapas tuvieron a su cargo la administración e impartición de justicia. Sin embargo, en un principio el Ministerio Público del Fuero Común (MPFP) también realizó diversas actuaciones que posteriormente fueron incorporadas a la averiguación previa federal.

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Durante la integración de las indagatorias se evidenció el conflicto socio-político que existía entre el presidente municipal del Bosque y diversas organizaciones sociales que tenían una presencia importante en dicho municipio. Dentro de este contexto, el 30 de mayo de 2000, más de dos decenas de organizaciones entregaron una carta al gobernador del estado Roberto Albores Guillen, solicitándole la remoción del edil Manuel Gómez Ruiz, debido a actos de corrupción, acoso sexual, nepotismo –prueba de esto último es que el hijo de munícipe Rosemberg Gómez Pérez tenía a su cargo la conducción de un vehículo oficial.

De igual forma, fueron evidentes las irregularidades en que incurrieron el MPF y el MPFC durante la integración de las Indagatorias, buscando a toda costa aparentar una eficiencia en el esclarecimiento de los hechos. Por lo cual, las autoridades ministeriales no tuvieron ningún reparo en recurrir a la práctica de diligencias ilegales y la obtención de pruebas ilícitas -por ejemplo, el MPF y el MPFC recabaron la declaración de un testigo sobreviviente, Belisario Gómez Pérez, en la misma fecha, hora y lugar; la incorporación de una fotografía de Alberto Patishtán, prueba de rodizonato de sodio practicada siete días después, etcétera- que luego fueron convalidadas por los correspondientes funcionarios judiciales en las distintas fases del proceso, apelación y juicio de amparo.

Este fue el contexto bajo cual Defensa Estratégica en Derechos Humanos AC., (DEDHAC) retoma el caso en junio de 2012, luego de realizar un análisis exhaustivo de las constancias fueron evidentes dos cuestiones: 1) la existencia de graves violaciones a los principios de debido proceso y de presunción de inocencia que impidieron que Alberto Patishtán pudiera defenderse adecuadamente y 2) la falta de conocimiento pleno del proceso penal por parte de los abogados y organizaciones que hasta ese momento habían apoyado el caso.

Tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la fecha en que habían acaecido los hechos y los supuestos bajo los cuales puede sustentarse un incidente de reconocimiento de inocencia, DEHDAC optó por la hipótesis establecida en la fracción segunda del artículo 560 del CFPP que establece la procedencia cuando “después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado aquélla”.

DEDHAC al plantear el incidente sostuvo que a partir de la fecha de la sentencia y hasta el mes de agosto de 2012, aparecieron documentos públicos que invalidaban los elementos que habían conformado la prueba circunstancial sobre la cual se sustentó la sentencia.

A juicio de DEDHAC, los documentos públicos eran las tesis de jurisprudencia y aisladas compiladas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (SJFyG), así como las sentencias que dieron origen a los criterios, a través de los cuales con el paso del tiempo los tribunales del PJF revaloraron o reinterpretaron el valor probatorio de la duplicidad de actuaciones, la incorporación de fotografía a la indagatoria, la prueba de rodizonato de sodio, el testimonio único, que por lo que al confrontar estos nuevos criterios plasmados en el SJFyG con los prevalecientes en el año que había sido dictada la sentencia, invalidaban los elementos con los cuales había sido conformada la prueba circunstancial. Dicho en términos coloquiales, lo que en 2003 eran pruebas legales, al pasó de los años los tribunales del PJF habían determinado que habían dejado de serlo.

Es evidente que el planteamiento es innovador y audaz ya que golpea la línea de flotación de una falla estructural del sistema de administración e impartición de justicia, que no es otra cosa, más que la violación sistemática de los derechos de debido proceso, presunción de inocencia y defensa adecuada que por igual se cometen en contra de culpables e inocentes. Luego, entonces, establecer un precedente de la forma en que DEDHAC lo planteó significaba abrir la posibilidad de que muchas personas sentenciadas con base en pruebas que actualmente son consideradas ilícitas pudieran alcanzar su libertad.

Cuando un apreciado ministro de la Primera Sala señaló que el planteamiento abriría la caja de pandora y que la Corte no estaba preparada para dar ese paso, DEDHAC supo que el destino del incidente estaba decidido y que el PJF prefería dejar en la cárcel de por vida a un inocente antes que enmendar una falla estructural y que era cuestión de tiempo para que la Primera Sala decidiera no reasumir su competencia y el Tribunal Colegiado (TC) declarara improcedente el incidente, como al final aconteció. La resolución de los magistrados es una interpretación letrista alejada de los nuevos estándares plasmados en el artículo 1º constitucional ya que consideraron que las tesis de jurisprudencia y las sentencias que dieron origen a esos criterios “no tenían relación con el caso en cuestión”.

Sin embargo, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Alberto Patishtán eran tan evidentes que después de que el TC emitió su resolución, se generó una reacción de descontento en diversos sectores de la sociedad civil –grupos de personas, iglesia, ONG’s, funcionarios estatales y federales, así como organismos internacionales-, lo cual fue determinante para que el poder legislativo entrara en acción proponiendo la incorporación al Código Penal Federal del artículo 97 bis, que hace posible el indulto presidencial “cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada”.

Al pasar por alto las graves violaciones a los derechos humanos de Patishtán, los tribunales del PJF dieron paso a la creación de una cuarta instancia, a cargo del Ejecutivo federal quien puede revisar las actuaciones de los tribunales y determinar la existencia de violaciones graves a los derechos de un sentenciado y por ende concederle el indulto. Esto no sólo es grave por la trascendencia que reviste el hecho de que el presidente de la República pueda analizar las actuaciones del PJF, sino también porque al revisarlas quedará evidenciado que los tribunales convalidaron o no apreciaron las graves violaciones de derechos cometidas contra un sentenciado, lo cual demostrará la falta de eficacia del PJF restándole credibilidad.

Por estas razones sostengo que el PJF fue el gran perdedor, ya que tuvo en sus manos enmendar los errores cometidos por sus propios integrantes, pero por no abrir la caja de pandora, dio paso a que el Ejecutivo federal pueda revisar los procesos y deje sin efectos las sentencias aunque sea de forma parcial.

Leonel G. Rivero Rodríguez. Coordinador General de DEDHAC; tutor de la maestría de Derechos Humanos y Democracia de la FLACSO.


[1]Además de que esas fechas, el segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales señalaba que el Ministerio Público Federal (MPF) era competente para conocer de delitos del fuero común que tuvieran conexidad con ilícitos del fuero federal.

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En días pasados el Senado de la República designó a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los resultados de la votación evidencian que la decisión fue tomada a partir de un acuerdo entre las fuerzas políticas con mayor peso al interior de la Cámara Alta. Lamentablemente, a pesar del balance que el propio Senado realizó respecto de este proceso, tanto su actuación, -en especial a través de la Comisión de Justicia-, como los términos en los que se realizó la decisión final de los Ministros, son criticables y únicamente exponen a senadores cortos de miras en cuanto a la importancia que revisten estos procesos políticos de designación e irresponsables respecto de la obligación que tienen ellos dentro de los mismos.

La Suprema Corte es el máximo tribunal del país, cabeza del Poder Judicial de la Federación y guardián de la Constitución. Las decisiones de los Ministros deben garantizar los derechos humanos y limitar los actos de autoridad para que se realicen conforme a los preceptos constitucionales. De ahí la importancia de su designación. Sin embargo, para el Senado más que un proceso político trascendental para el Estado mexicano que debería estar acompañado de deliberación pública y análisis minucioso, la designación de los Ministros de la SCJN es un mero trámite que puede desahogarse en siete días, sujeto a la lógica y los tiempos de la transición presidencial.

Designaciones públicas considera que el Senado no tuvo interés en llevar a cabo un proceso público de discusión serio que diera lugar a decisiones políticas fundamentadas y expuestas públicamente. Al contrario, parecería existir la voluntad de hacer un proceso expedito y discrecional en el que no se cumplieron las normas aprobadas por la misma Cámara de Senadores: no se ordenó la distribución de los expedientes de los integrantes de las ternas entre los senadores para su estudio a pesar de estar establecidos en el artículo PRIMERO del Acuerdo de la Mesa Directiva; las sesiones de exposición en el Pleno no fueron transmitidas por televisión en el Canal del Congreso a pesar lo establecido en el artículo SEGUNDO del mismo; durante las comparecencias la Comisión de Justicia sesionó apenas con el quórum necesario de senadores; no hubo uniformidad en tiempo ni en número de preguntas hechas a los candidatos y candidatas; no hubo discusión entre los grupos parlamentarios en el Pleno al momento de votarse, entre otras. Por ello, no es exagerado concluir que el Senado, más que conducir un proceso político de fondo,  tramitó la designación de ministros.

Desde su primer comunicado, Designaciones Públicas  hizo énfasis en la ausencia absoluta de una una fundamentación de las propuestas, así como del más mínimo pronunciamiento respecto a la Corte que a juicio del Senado requiere el país. Sin esta premisa, cualquier proceso, cualquier iniciativa o modificación al procedimiento establecido, es –como ya se evidenció- estéril ya que al no existir una definición respecto del tipo de Corte que se busca, tampoco existía un perfil ideal de Ministro contra el cual contrastar a los candidatos para encontrar al más idóneo. Este punto cobra especial relevancia cuando analizamos el perfil de los candidatos que resultaron electos: Alberto Gelacio Pérez Dayán, rechazado en dos ocasiones anteriores, la última hace apenas una semana (sin explicarse públicamente por qué) y ahora designado casi por unanimidad (104 de 112 votos posibles, sin que tampoco existiese un razonamiento público al respecto). Por otro lado, el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, cuyo perfil de experto y alto funcionario en materia fiscal no necesariamente es compatible con la justicia constitucional, quien también fue electo casi por unanimidad (103 votos) sin explicarse públicamente las razones que sustenten los votos. El procedimiento de selección de estos perfiles, que no tomó en cuenta cuestiones de la mayor relevancia como la interpretación jurisdiccional o de metodología jurídica de los candidatos, confirma que la decisión del Senado se tomó con base en criterios ajenos a las capacidades profesionales que requerirán al integrarse a la Suprema Corte.

La decisión de quién debe ser ministro debe estar sustentada en razones técnicas y políticas, las cuales en lugar de excluirse del debate público, deben someterse al escrutinio ciudadano obligando a los actores políticos a hacerse responsables de sus decisiones. En el presente caso, la opacidad y el silencio del Ejecutivo federal así como de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado no nos permiten saber cuáles fueron las razones que motivaron la integración de las ternas ni la votación que hubo en el Pleno, ello en buena medida porque el proceso no estableció mecanismos indicados para decidir en dichos términos.

Las decisiones de esta índole siempre tienen un componente de racionalidad política, sin embargo, los Senadores tienen la obligación de motivar ésta y exponer públicamente las razones que las sustentan como parte de la rendición de cuentas inherente a la función que desempeñan. Las razones políticas pueden basarse en acuerdos entre partidos pero éstos deben tener un fundamento de interés general.

Procesos de designación deficientes y cortos de miras dañan a las instituciones y pueden generar una crisis de legitimidad como la que actualmente atraviesan otros órganos que componen a nuestro estado democrático constitucional. Los representantes políticos encargados de la designación los funcionarios titulares de estos órganos son responsables de las decisiones que tomen. En esta ocasión, los senadores han pretendido no hacerse responsables de ello, ocultando su razonamiento, sin rendir cuentas  rendir cuentas a la sociedad,  perjudicando con ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Designaciones Públicas lamenta la forma en que fueron designados los dos nuevos ministros; consideramos que el Senado ha asestado un golpe duro a la institucionalidad democrática, a la justicia constitucional y a la sociedad mexicana a la que ha tratado de engañar por medio de un proceso de aparente transparencia y poca rendición de cuentas.

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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El día de ayer el Pleno del Senado de la República rechazó las ternas propuestas por el Presidente Calderón el 10 de Octubre para sustituir a los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano.

A pesar de la aprobación de los dictámenes emitidos por la Comisión de Justicia respecto de cada una de las ternas, donde únicamente se anotó que los candidatos que las integraban cumplían con los requisitos constitucionales para su elegibilidad (asunto que sabíamos desde antes de las comparecencias ante la Comisión), ninguno de los candidatos que componen las ternas obtuvo el voto de la mayoría calificada del Senado (2/3 partes) requerida para ser electo.

En el plano especulativo se dice que en el último minuto no se alcanzó el acuerdo entre el PRI y el PAN para el apoyo conjunto a los candidatos favoritos del presidente Calderón y el presidente electo Peña Nieto: Pérez Dayán y Baráibar y, sin este consenso, se optó por rechazar ambas ternas.

Más allá de las razones conocidas o sospechadas, lo cierto es que todavía no hay humo blanco en el proceso de designación, así, ahora que las primeras ternas han sido rechazadas ¿qué sigue?

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución, si la terna propuesta por el presidente de la República es rechazada o bien si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría calificada requerida para ser electo, el presidente tiene la obligación de volver a proponer ante el Senado otra terna, que en teoría debería seguir el mismo procedimiento de la anterior. Si alguna o ambas ternas fueran rechazadas de nueva cuenta, entonces el presidente tendría vía libre para nombrar, dentro de los candidatos propuestos, a el o los ministros faltantes.

Es importante mencionar que en esta etapa del procedimiento existen lagunas que merecen ser enfatizadas: en primer lugar, la Constitución no señala ningún plazo para que el presidente haga la presentación de la siguiente terna; en segundo, tampoco señala ninguna obligación para el Senado de mantener o modificar los lineamientos por medio de los cuales se desahogó la evaluación de la primera terna.

En este contexto, se abren de nueva cuenta interrogantes y ventanas de oportunidad. En principio, dado que no existe ningún periodo definido para presentar la siguiente terna y que estamos a unos días del fin del sexenio, existe de nueva cuenta la posibilidad de que estas segundas ternas sea propuesta ya no por Felipe Calderón sino por Enrique Peña Nieto. En este caso, aunque los ministros terminan sus funciones el 30 de noviembre, quedarían libres las vacantes hasta que el nuevo presidente diera continuidad al proceso.

Otro escenario posible sería que Felipe Calderón presentara las segundas ternas en los días que le quedan de mandato y que, dependiendo de los plazos que estableciera el Senado para desahogar la parte del procedimiento que le corresponde, la votación se lleve a cabo aún dentro del sexenio de Calderón (recordemos que en este caso el procedimiento tardó desde la recepción de las ternas en el Senado hasta su votación los treinta días establecidos como plazo máximo en la Constitución) de realizarse este proceso antes del 30 de noviembre, si el Senado llegara a rechazar de nueva cuenta alguna o las dos ternas, el presidente saliente todavía tendría una precipitada posibilidad para dejar a uno o a ambos ministros. Por el contrario, si las comparecencias ante la Comisión de Justicia y la votación en el Pleno no terminaran sino hasta diciembre y alguna o las dos fueran rechazadas, sería Enrique Peña Nieto quien podría nombrar libremente a el o los ministros faltantes.

Más allá de los escenarios posibles respecto de quién sería el que presentara la siguiente propuesta para la designación o cuándo debería de hacerlo, la situación en la que nos encontramos ahora podría constituir una oportunidad valiosa para tomarse en serio un análisis fundamental que ha estado ausente de este proceso y que debe, o al menos  debería, definir a los candidatos que integrarán a las siguientes ternas o que determine en su caso al ministro que podría ser designado libremente por el presidente: ¿qué tipo de Suprema Corte de Justicia queremos?

A lo largo de este mes, académicos, organizaciones civiles e incluso varios de los Senadores han hecho públicos sus diagnósticos respecto del importante momento de transición que está viviendo la Suprema Corte de Justicia a partir de las reformas penal, de amparo y de derechos humanos principalmente, así como del papel que les gustaría que la Corte jugara en este momento político e institucional. A partir del mismo, muchos han delineado ya el perfil ideal que deberían tener los siguientes candidatos a ministros. Estos ejercicios y los objetivos que tienen en el horizonte, constituyen un material nuevo y valioso que debería ser tomado en cuenta para conformar las siguientes ternas, y ser el eje orientador que guíe a los Senadores en las comparecencias y las votaciones.

En este sentido, correspondería al Senado de la República, especialmente a la Comisión de Justicia, hacer un ejercicio de evaluación que permita en un primer momento definir el tipo de Corte que buscamos consolidar y, derivado de este examen, establecer con claridad indicadores que permitan elegir, de entre los candidatos presentados, a quien mejor satisfaga los requisitos de este perfil específico y no sólo quedarse, como lo hicieron hasta este momento, en la verificación de los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución.

La importancia de la designación de los ministros de la Suprema Corte, no sobra enfatizarlo cuántas veces sea necesario, merece una reflexión que no se encuentre sujeta a presiones ni de tiempo ni a conveniencias estrictamente políticas, se trata de una decisión que tendrá un impacto directo en la consolidación del Estado de Derecho y la configuración del Estado mexicano. Sería un error muy grave dejarse llevar por las prisas y desestimar los esfuerzos que se han realizado desde varios frentes para dotar a este debate de elementos objetivos y serios. Esperemos que, frente a esta nueva oportunidad, el Presidente y los Legisladores demuestren haber aprendido la lección de estas primeras etapas y se tomen estas designaciones en serio.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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