En meses recientes, México ha impulsado una serie de reformas constitucionales de gran importancia; éstas dan un giro de ciento ochenta grados en aspectos vitales para el desarrollo del país, como en las materias energética, telecomunicaciones y político-electoral.

Esta última, enfocada a la participación más directa de los ciudadanos dentro del sistema político, como la posibilidad de presentar una iniciativa de ley ciudadana o bien de participar activamente como ciudadano en las contiendas electorales como candidato sin partido político. Sin embargo, también existe la otra cara de la moneda: de estas grandes reformas devienen insuficiencias y adolecen de imperfecciones jurídicas, en especial el tema de la regulación secundaria integral como es el caso de las candidaturas independientes o ciudadanas.

La respuesta del Congreso de la Unión respecto de este nuevo modelo de participación política ha sido favorable, ya que permite y fomenta esta figura de acceso a la participación de los ciudadanos sin filiación partidista pero con aspiración política; sin embargo, existe un problema no menor: ¿cómo materializar de facto lo que en la tribuna se debate y en la Constitución se asienta?

Si bien cuenta con pleno reconocimiento constitucional en un inciso nuevo añadido a la fracción IV del artículo 116, en el que se destaca la posibilidad de que un ciudadano solicite su registro como candidato independiente, también es cierto que el hecho de la limitación de los recursos financieros para sostener la campaña son cuestiones que se dejan para que sean definidos por la legislación secundaria.

moneyDurante mucho tiempo, el principal problema al que se enfrentaba este tema era la inexistencia de la figura de la candidatura ciudadana o apartidista en el sistema político mexicano, por tanto era llanamente una utopía de la democracia que veía lejana su llegada. Cabe destacar que a través de este difícil proceso de democratización en el país, existieron diversas impugnaciones judiciales respecto de las negativas de registros de candidaturas independientes, especialmente las resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[1]. En tales casos, se contempla una nula observancia de la Convención Americana de los Derechos Humanos en cuanto a la protección fiel de los derechos políticos. Los criterios observados en dichas resoluciones, posteriores a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, resultan por demás devastadores para la ya de por sí convulsionada democracia mexicana, en la que la obligación política se cumplía en un partido y no fuera de él. Enseguida lo podremos vislumbrar con el análisis al caso de Quintana Roo y Zacatecas.

Casos Quintana Roo y Zacatecas, un estudio comparado

México, en su calidad de Estado federal, tiene reservadas determinadas facultades a las entidades federativas, que conservan una autonomía paralela respecto del poder federal. En este contexto, al tener cada entidad sus facultades y atribuciones propias, le corresponde también contar con un Instituto Electoral Estatal (con la reforma electoral recibe el nombre de Organismos Públicos Locales en Materia Electoral). Es decir, aquel organismo que será el vigilante de los comicios y contiendas electorales, así como de ser el encargado del total acceso a la transparencia de las decisiones político-electorales de cada entidad. Este Instituto tiene como tarea primordial establecer las “reglas del juego” respecto de los procesos electorales locales con el fin de garantizar la vida plena de la democracia[2].

A partir de esta concepción, partimos del supuesto de que cada Organismo tiene la facultas de aprobar determinados lineamientos y regulaciones, para este caso concreto me concentraré especialmente en el análisis de los reglamentos que contempla la regulación de las candidaturas independientes en los estados de Quintana Roo[3] y Zacatecas[4]; de dicha revisión, emanan las carencias de facto y la imposibilidad concreta y verdadera del acceso real a la contienda electoral desde la trinchera independiente. La siguiente tabla nos muestra la comparación respecto de cuatro variables de análisis en ambos ordenamientos:

tabla-financimiento

Derivado del análisis anterior, podemos concluir en este sentido, que el tema del financiamiento es lo que verdaderamente materializa en la realidad las oportunidades concretas del acceso a la candidatura independiente y, en un segundo plano, a los medios idóneos para poder ejercerla plenamente en condiciones electorales. Ahora bien, me parece oportuno después de este breve análisis trazar una posible solución: la homogeneidad de criterios.

Una nueva perspectiva de financiamiento, la homogeneidad de criterios.

El financiamiento constituye el eje toral de una verdadera materialización de la figura del candidato independiente, pues se le otorga a éste un mayor espectro de oportunidades que pueda tomar como vías de financiamiento a la campaña política que pretende iniciar.

El legislador federal y local, y los organismos locales, cada uno en sus respectivas competencias, debe tomar en cuenta criterios internacionales, especialmente los de países de América Latina[5] con quienes compartimos un sistema electoral semejante. En este contexto, la homogeneidad de criterios respecto de las candidaturas independientes, resulta para algunos imposible, ya que se desprende de una analogía en la que la competencia de los organismos electorales estatales se vería “vulnerada”, pues son estos quienes por medio de acuerdos de sus consejos generales respectivos aprueban dichos reglamentos, a la interpretación y consenso de cada entidad.

Pero, por otro lado, hay quienes ponderamos el principio de igualdad de condiciones, es decir, quienes atendemos a una verdadera materialización de las candidaturas independientes, en la que las condiciones de acceso a financiamientos sean más equilibradas y permitan una contienda entre candidatos partidistas y apartidistas, en circunstancias y oportunidades semejantes. Urge, entonces, regular el tema de financiamiento de las candidaturas independientes de manera precisa y atendiendo siempre a los principios básicos de nuestra Constitución, pues en la medida en que sean establecidas las bases jurídicas que contemplen contiendas electorales equilibradas, será el éxito de la reciente reforma en el tema.

De todo lo anterior, me queda claro que un verdadero sistema democrático es aquel que dirige todos los medios necesarios a preservar los principios que de su Constitución emanan, en el que las condiciones de desarrollo y dinamismo electoral le corresponden a todas las partes en los mismos términos, y que permite dentro de los límites legales ejercer con plenitud los derechos que por justa causa le son reconocidos y garantizados a todo ciudadano, con el único fin de seguir sirviendo a la democracia y a las necesidades de la patria.

Vicente Flores Meléndez. Estudiante de derecho de la Universidad La Salle. Twitter: @vincent_fm

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[1] Criterios SUP-JDC-602/2012 y Acumulados, SUP-JDC-612/2012 y Acumulados, SUP-JDC-618/2012, SUP-JDC-1610/2012 y Acumulado SUP-JDC-1615/2012 y SUP-JDC-1661/2012.

[2] El sistema democrático mexicano se encuentra actualmente en una transformación debido a la reciente reforma electoral, cuyo objetivo de ésta última, es fortalecer la democracia real y no teórica que nuestra Constitución establece como forma de gobierno.

[3] Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la fiscalización de los recursos que obtengan y apliquen los candidatos independientes, aprobado el 30 de enero de 2013.

[4] Reglamento de candidatos independientes del Estado de Zacatecas, aprobado el 4 de enero de 2013.

[5] Candidaturas independientes: análisis comparado. Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. 2011.

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Es un hecho, la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública fue publicada el viernes pasado y ya se encuentra plenamente vigente. La reforma traerá consigo la creación de un esquema nacional de garantía del derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Las ventajas de esta reforma han sido analizadas en distintos foros y, a pesar de sufrir modificaciones de último momento que no gustaron a ciertos sectores académicos y de la sociedad civil organizada, la reforma es generalmente aceptada y aplaudida.

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A primera vista, esta reforma no merece más líneas en cuanto a su presentación, sino más bien en cuanto a su puesta en práctica. El problema radica en la técnica legislativa aplicada en el régimen de transición de un sistema de protección a otro -en especial la integración del nuevo órgano garante federal y la adecuación de las leyes reglamentarias. Esto debido a que abre un abanico ambiguo de posibilidades en su aplicación pero no abona en nada a asegurar el contenido mínimo de estos derechos y los alcances de sus garantías.

Para tomar perspectiva veamos en qué se convertirá este Instituto: el órgano que reemplace al IFAI tendrá -entre muchas otras tareas administrativas, de promoción, de vigilancia, etc.- las facultades de:

a) revisar las respuestas que los sujetos obligados (administración pública federal, poder legislativo, poder judicial, órganos constitucionales autónomos, universidades, partidos políticos…) den a las solicitudes de acceso a la información y el ejercicio de los derechos ARCO[1];

b) fungir como un órgano revisor de las resoluciones emitidas por los órganos garantes locales sobre los mismos temas y;

c) ser órgano garante del derecho fundamental a la protección de datos en el ámbito privado a nivel nacional ya que este órgano será en muchos de los casos quien decida qué información es pública, reservada, confidencial o privada.

Con esta dimensión sobre la relevancia del órgano garante, nuestros legisladores se metieron el pie a sí mismos: esta reforma al texto constitucional establece mandatos específicos para las autoridades a las que se les deja mucha tarea. En particular a los poderes Ejecutivo y Legislativo, federales y locales les obliga a:

1) la emisión de una Ley General que reglamente el artículo 6º;

2) la adecuación de las leyes federales en materia de transparencia, datos personales y la normativa electoral referente a estos temas, todo acorde a lo establecido en la Ley General;

3) la adecuación de las leyes locales conforme a la Ley general; y

4) la integración del nuevo Órgano Garante Federal.

Las tres primeras tareas tienen un plazo de un año. Este tipo de plazos, aunque forman parte de la Constitución y tienen el máximo nivel de obligatoriedad, no son siempre alcanzados ‑recordemos el retraso de más de un año para emitir la nueva Ley de Amparo, así como las leyes en materia de Derechos Humanos fruto de la reforma de 2011 aún pendientes, etc.‑.

En el plano de adecuación normativa, el tiempo para emitir la Ley General, las adecuaciones a las normas federales y locales es el mismo. Sin embargo, en un orden lógico se debe primero emitir la Ley General que dé el marco dentro el que se deberán desarrollar todos los ordenamientos en la materia. Por ello, si las autoridades se tardan un año en emitir la Ley, no será posible cumplir en tiempo con las demás adecuaciones.

En este mismo punto, es oportuno destacar la carga de pendientes que tiene el Congreso de la Unión, derivada de la producción industrial de reformas constitucionales del anterior periodo de sesiones. La renovación puntual de estas leyes en materia de acceso a la información y protección de datos se ve en riesgo, ya que quedan pendientes las adecuaciones en materia energética, política, electoral, entre otras. No sabemos a ciencia cierta cuál sea la prioridad de las autoridades, pero si tomamos como ejemplo la reforma energética del pasado diciembre, algunas luces se dejan ver. Dicha reforma cumplió con el procedimiento de reforma constitucional íntegro en sólo nueve días; mientras que la reforma en transparencia fue aprobada el 22 noviembre pasado por el Congreso, por las legislaturas estatales justo dos meses después y fue promulgada apenas hace unos días.

Ahora bien, por lo que hace a la integración del órgano garante federal se prevén varios escenarios, todos establecidos en laberínticos artículos transitorios que merecen varias lecturas y que podrán aceptar también varias interpretaciones. Se preveen dos procedimientos para la selección de los Comisionados. En el primero, los actuales Comisionados pueden postularse para ser ratificados por las dos terceras partes del Senado. Bajo este supuesto, en un periodo de veintiún días a partir de la vigencia de la reforma, sabremos quién quedó y quién no. El segundo procedimiento de selección está diseñado para los nuevos miembros del órgano garante. El Senado deberá elegir por mayoría calificada a los integrantes y el presidente de la República podrá objetar este nombramiento.

El primero de los escenarios supone que los actuales cuatro Comisionados (recordemos que la Dra. Peschard, finalizó su periodo el pasado nueve de enero) terminen el periodo para el que fueron designados. En este supuesto, se integran todos al nuevo órgano y las tres vacantes se ocupan, de acuerdo al nuevo procedimiento de selección, en un periodo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la reforma.

En el segundo supuesto, se ratifica solo a algunos de los comisionados, es decir, quienes sean ratificados terminan su periodo original y los otros no. Estos espacios vacíos, deben ser llenados en el mismo plazo de noventa días, mediante el procedimiento antes descrito. Habrá periodos de mandato escalonados y los nuevos Comisionados durarán entre dos y siete años en el cargo, mientras que aquellos que reemplacen a los actuales Comisionados, terminan los mandatos originales.

Si decide no ratificarse a ninguno, se debe integrar un nuevo órgano en noventa días. Se deberán elegir siete nuevos Comisionados con la mayoría calificada (dos terceras partes) del Senado y que el Ejecutivo no objete ninguna decisión. En este supuesto también hay un escalonamiento, habrá Comisionados que duren cuatro, seis, ocho y nueve años.

Existen también otros nombramientos pendientes en el Congreso de la Unión, me refiero particularmente a la integración de los Consejeros del Instituto Federal Electoral. Desde octubre pasado, han llevado las tareas de este Instituto solamente cuatro Consejeros, es decir quedan cinco vacantes conforme a la normativa vigente. En el año 2011, con las elecciones federales en el horizonte cercano, fue necesario que el Tribunal Electoral interviniera para obligar al Congreso a cumplir con los nombramientos catorce meses después de iniciado el procedimiento. Insisto, la experiencia reciente nos hace poner en tela de juicio la puntualidad de nuestras autoridades en estos temas.

Para terminar, queda una mala noticia. Todos los nombramientos de nuevos Comisionados deberán ajustarse a la nueva Ley General, misma que tiene un plazo de un año para ser emitida y que no sabemos cuándo será presentada. ¿Se podría saltar esta formalidad y nombrar nuevos Comisionados sin procedimiento ni ley? Yo creo que no, un nombramiento sin todas las formalidades constitucionales es susceptible de ser impugnado ante el Poder Judicial.

Por fortuna, en los artículos transitorios sí se previó qué hacer en tanto no se nombre a los nuevos: seguir con los actuales Comisionados. Esto sucederá en el mejor de los casos, ya que el legislador previó que los Comisionados -ratificados o no-, permanezcan en su encargo hasta que se nombren los nuevos, falta ver si eso sucede o no. De no ser ratificados –con la confianza en duda‑, renuncirán y, ahora sí, la acefalía paraliza al Instituto.

Un derecho humano que no cuente con el desarrollo normativo adecuado y con un órgano que garantice su respeto queda en entredicho. El órgano garante en materia de transparencia y protección de datos debe ser autónomo, especializado e imparcial de acuerdo con el texto reformado del artículo sexto. Queda en nuestros legisladores cumplir con este mandato y a nosotros estar atentos a las decisiones que se tomen en este tema.

Jesús Eulises González Mejía. Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Twitter: @eulisesgm


[1] Esta es una forma de referirse a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución, que protegen el derecho a la protección de datos personales.

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participacion-ciudadana

¿Podrá revertirse la reforma energética mediante la consulta popular que impulsa la izquierda? De entrada, la posibilidad se antoja difícil, pues la iniciativa tendrá que pasar por diversas aduanas, en las que jugará un número también variado de actores. Falta que el congreso apruebe (o no) la ley reglamentaria; que el INE (o el IFE, pues la reforma política sigue aún su curso en las legislaturas locales) determine si se reunió con el número de apoyos necesarios para la convocatoria; que la SCJN se pronuncie sobre la constitucionalidad de la consulta; que eventualmente participe un número suficiente de ciudadanos para que el resultado sea vinculatorio; que la mayoría se pronuncie contra la reforma energética; e incluso que el TEPJF resuelva las impugnaciones que se presenten durante la organización, desarrollo, cómputo y resultados de la consulta. El camino, como puede verse, es largo y creo que no ganamos mucho con ejercicios adivinatorios.

Sin embargo, más allá del éxito de esta consulta en específico, en nuestra discusión pública ha permeado la pregunta sobre si, en general, este instrumento de participación ciudadana es apto para revertir reformas constitucionales. Esta pregunta, me parece, es más relevante, pues dice mucho sobre cómo entendemos la democracia y el derecho de los ciudadanos para intervenir en los asuntos públicos. En las siguientes líneas argumentaré que, si nos tomamos el texto de la Constitución en serio y si entendemos la participación en las consultas populares como lo que es –un derecho humano de rango constitucional–, entonces no debería preocuparnos por el hecho de que las reformas constitucionales sean objeto de consultas populares. Asimismo, intentaré hacerme cargo de algunas de las principales objeciones que se han hecho a la posición que defiendo.

Primero lo primero: participar en las consultas populares es un derecho. De acuerdo con la fracción VIII del artículo 35 constitucional, los ciudadanos tienen derecho a “[v]otar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”. No es un asunto menor que esta participación se haya configurado como un derecho diferente de los de votar y ser votado para cargos de elección popular. Significa, por una parte, que la propia Constitución reconoce que estamos frente a una vía complementaria –pero de igual rango– a los tradicionales mecanismos de representación política. Más importante aún, significa que votar en las consultas populares es un derecho que debe ser promovido, respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades; y que debe ser interpretado de la manera que resulte más favorable para las personas. Por ende, los límites a la participación en las consultas populares sólo serán válidos cuando se busquen proteger otros derechos humanos, o bien, algún otro principio con rango constitucional.

En ese sentido, hay que ser enfáticos: el artículo 35 sí permite que el texto de la Constitución sea modificado mediante consultas populares. Este artículo explícitamente señala que no pueden ser objeto de consulta “la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución”, así como “los principios consagrados en el artículo 40 de la misma”. Es decir, si existen ciertas partes de la Constitución que no pueden ser afectadas por una consulta popular, entonces hay otras que necesariamente sí pueden serlo. Por tanto, sí es factible realizar consultas sobre temas constitucionales –y no sólo legales–, siempre y cuando no se refirieran a los dos casos mencionados (limitación de derechos humanos o modificación al carácter representativo, democrático, laico y federal de la República) o al resto de materias que expresamente están vedadas: lo electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y lo referente a las fuerzas armadas.

Por otra parte, me parece que una interpretación sistemática de la Constitución permite superar las objeciones que se han hecho a la procedencia de las consultas populares en temas constitucionales. Se ha dicho, por ejemplo, que el resultado de una consulta popular no podría ser vinculante para las legislaturas locales, las cuales intervienen en el proceso de reforma de la Constitución.[1] Sin embargo, el artículo 35 constitucional señala que, cuando participen al menos el 40% de los ciudadanos, el resultado será vinculante “para las autoridades competentes”. Y las legislaturas locales son, por supuesto, autoridades competentes en el caso de las reformas constitucionales.

Se ha argumentado, también, que la consulta es improcedente pues la única vía para modificar la Constitución es la prevista en el artículo 135 –esto es, con la votación de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como una mayoría de las legislaturas locales–.[2] No obstante, la Constitución no dice –ni en éste ni en ningún otro artículo– que ésta sea la única vía para generar cambios en el texto constitucional. La lectura limitativa del artículo 135 no cabe, además, porque el artículo 1° constitucional obliga a realizar una interpretación que maximice el derecho a participar en las consultas, y porque el propio artículo 35 sí permite que, con excepción de las materias que se han apuntado párrafos arriba, las disposiciones constitucionales sean objeto de consulta popular.

Por último, también se ha dicho que se corre el riesgo de que, con las consultas populares, el texto de la Constitución quede en manos de unos cuantos ciudadanos.[3] Para sustentar esta posición, se suele acudir a una escenario límite: ¿qué pasaría si en una consulta popular sólo participa el 40% de los ciudadanos incluidos en la Lista Nominal de Electores (LNE) y la propuesta para revertir una reforma constitucional es aprobada por poco más de la mitad de los participantes? ¿No se correría el “riesgo” de que el 20% de los ciudadanos bloqueara un cambio constitucional? Aunque la preocupación es pertinente, creo que los temores se disipan si ponemos estos números en perspectiva.

Veamos, ¿qué otros actores pueden frenar una reforma constitucional? En la Cámara de Diputados, los 213 diputados del PRI (electos por el 20.0% de los ciudadanos inscritos en LNE de 2012) o los 215 de una alianza entre PAN y PRD (electos por el 27.7%) pueden bloquear cualquier reforma constitucional.[4] En el Senado la situación es todavía más marcada, pues los 54 senadores del PRI (electos por el 19.6% de la LNE) o los 45 de una alianza entre PAN y PVEM (electos por el 20.1%) también pueden frenar cualquier iniciativa de reforma constitucional. ¿En verdad sería alarmante que más de 16 millones de ciudadanos,[5] en una consulta abierta a la participación directa de todo el electorado, también pudieran revertir una reforma constitucional?

En una conferencia reciente,[6] el ministro Cossío señalaba que la inclusión de derechos sociales prestacionales era uno de los últimos ejercicios de una clase política que buscaba legitimarse mediante una fórmula conocida: poner muchos derechos en la Constitución y luego darles el carácter de exigibles. Uno de los problemas con esto, seguía el ministro, era que muy probablemente los legisladores no estaban conscientes de las implicaciones redistributivas que dichos derechos generaban, pero que finalmente los jueces estaban obligados a hacerlos efectivos, aún a pesar de los previsibles costos políticos. Creo que algo similar puede decirse sobre las consultas populares. Es muy entendible que los representantes que votaron a favor de la inclusión de esta figura como un derecho humano no hayan tenido presentes todas las implicaciones del texto que se incluyó en el artículo 35 constitucional, como también se comprende que algunos prefieran que la ciudadanía no participe directamente en la definición de las políticas públicas más trascendentales. Me parece, sin embargo, que frente a esto no queda sino recordar que, si nos tomamos en serio el modelo de la democracia constitucional, entonces no podremos reprochar que la ciudadanía ejerza sus derechos mediante los canales y con los límites que establece la misma Constitución. Ojalá así se entienda en la sede judicial.

Javier Martín Reyes (@jmartinreyes). Estudió derecho en la UNAM y ciencia política en el CIDE. Es servidor público y miembro de Participando por México. Como de costumbre, todo lo aquí expresado sólo refleja la opinión del autor.


[1] Luis Carlos Ugalde ha repetido el argumento tanto en este artículo, como en este otro.

[2] Pedro Salazar Ugarte, por ejemplo, ha enfatizado el punto tanto en un artículo como en una posterior entrevista.

[3] Véase el mencionado artículo de Pedro Salazar, así como este otro de María Amparo Casar.

[4] Tomo como base para mis cálculos tanto los resultados finales del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 2011-2012 del IFE, como las páginas institucionales del Senado y de la Cámara de Diputados.

[5] De acuerdo con el IFE, al 13 de diciembre de 2013 había 82,220,817 ciudadanos en la LNE. Por ende, se necesitarían al menos 16,444,164 votos para ganar una consulta en la que se diera la participación mínima para que el resultado fuese vinculatorio (es decir, el 40%).

[6] Véase, especialmente, la última media hora de la conferencia.

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consulta-popular

En los últimos días se ha ubicado en el centro del debate público, el tema de la consulta popular y sus alcances. Este mecanismo de participación ciudadana fue insertó en la Constitución en el año 2012, pero no fue hasta hace unos días que, en el contexto de la aprobación de la reforma constitucional en materia energética, algunos partidos políticos y sectores de la sociedad buscaron urgentemente su reglamentación con un fin muy concreto: revertir esta reforma recién aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales.

La aprobación definitiva de esta Ley federal de consulta popular quedó inconclusa, el pasado viernes 13 de diciembre, por falta de quórum en la Cámara de Senadores. Pero, más allá de las razones por las que aún no exista el consenso para su debida aprobación, es importante adentrarse en la naturaleza y alcances de tal figura, considerando lo que dispone el artículo 35 de la Constitución. Esto con el propósito de determinar qué tan viable resulta que a través de este mecanismo de participación ciudadana se pueda dejar sin vigencia una reforma constitucional.

El artículo 35 constitucional establece que la consulta popular se realizará a petición del Congreso de la Unión, el presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión o, en su caso, a solicitud de un número de ciudadanos equivalente al menos del 2% de la lista nominal de electores.

Ahora bien, para que el resultado de la consulta se considere vinculante, la participación deberá ser de al menos del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

De igual forma, este artículo 35 constitucional dispone que los asuntos que no pueden ser objeto de la consulta son:

1) La restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal e instrumentos internacionales.

2) Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución federal.

3) La materia electoral.

4) Los ingresos y gastos del Estado.

5) La seguridad nacional.

6) La organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.

Como se advirtió, conforme a lo dispuesto por la Constitución en su artículo 35, en la lista de asuntos que no pueden ser puestos a consideración en una consulta popular no se encuentra expresamente las reformas constitucionales. De tal manera que puede interpretarse que al no estar restringido, se encuentra permitido constitucionalmente. O, en otros términos, la regulación constitucional de la consulta popular no hace distinción si se puede someter a consulta una reforma legislativa o constitucional; lo que deja fuera de esta posibilidad son sólo las materias o temas arriba apuntados

Un paréntesis: aunque todavía no está aprobada la Ley federal de consulta popular, vale subrayar que el dictamen, votado a favor hasta el momento sólo por la Cámara de Diputados, establece puntualmente que sólo los actos legislativos que realice el Congreso de la Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo federal serán objeto de la consulta, dejando fuera las reformas constitucionales.

Pero más allá de este dictamen, cuyo proceso legislativo aún no concluye, es necesario señalar que el quid del asunto reside en el hecho de que la Constitución se someta a un control de convalidación popular, en casos donde el electorado no posea la información necesaria para discernir sobre su conveniencia o viabilidad.

Al respecto, existen sistemas constitucionales como el español, en los que para que una iniciativa de reforma constitucional se considere válida, se debe llevar a cabo un referéndum ciudadano. Esto con el propósito de que se ratifique la decisión efectuada en primera instancia por los órganos de presentación democrática. Lo cual resulta razonable pues en asuntos de interés para la sociedad, es importante que la ciudadanía, contando con la información óptima en el tema, decida si se eleva o no cierta disposición a rango constitucional.

Este punto me parece de suma trascendencia, pues si bien debe existir una participación ciudadana en la toma de decisiones constitucionales, no sólo con el fin de que estas se encuentren legitimadas socialmente, sino también porque la ciudadanía tiene el derecho político de participar democráticamente en los asuntos públicos, es un hecho de que se debe delimitar en cuáles materias y en qué momento (previo o posterior a su entrada en vigor) resulta pertinente que se dé la ratificación popular.

La información es determinante para el funcionamiento adecuado y eficaz de las figuras de participación ciudadana. En la medida de que el órgano encargado de difundir la información relativa a los alcances de la consulta, lo lleve a cabo de forma objetiva e imparcial, y así haga más asequible los contenidos de carácter técnico a la ciudadanía, se podrá hablar de una verdadera toma de decisión colectiva motivada y razonada en datos reales y solventes; pues de no ser así, las personas podrán ser objeto de manipulaciones por parte de grupos de interés.

Ahora bien, en el supuesto de que una reforma constitucional vigente, se someta a una ratificación ulterior por parte de la ciudadanía, parece oportuno plantear las siguientes preguntas: ¿Qué tan idóneo resulta que la vigencia de una reforma constitucional esté condicionada a la convalidación popular aun cuando los órganos de representación política ejercieron sus facultades de revisión constitucional? ¿Esto abona a la certeza y seguridad jurídica? ¿La supremacía constitucional puede verse afectada o reducida ante el sometimiento de decisiones mayoritarias? ¿Las decisiones del órgano reformador de la Constitución deben ser ciudadanizables?

Ante estas interrogantes, me parece que surgen varios aspectos a considerar entorno al debate de la consulta popular:

a) Cuando existen reformas que vayan en contra los intereses ciudadanos, en particular, cuando se reduzca la vigencia de derechos humanos o se atente contra los intereses fundamentales de la persona o la sociedad, es viable y necesario que existan mecanismos que puedan revertir la vigencia y efectos de dicha reforma. Si bien esto es necesario, pues efectivamente puede haber reformas contrarias a los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad, habrá que revisar si un medio de participación ciudadana es la figura más idónea para estos efectos.

b) En el supuesto de que pudiera darse una revisión posterior de la validez de una reforma constitucional, me parece que se tendría que delimitar las materias que puedan someterse ante a un escrutinio popular. Sobre todo, cuando el alto grado de tecnicidad de la materia de la consulta, impida que la información sea procesada y comprendida fácilmente por la ciudadanía.

c) Para la salvaguarda y estabilidad del orden constitucional, se debe considerar como ocurre en otros sistemas, que este tipo de figuras deben aplicarse para actos de aprobación a futuro, es decir, que operen como controles previos de actos, leyes o reformas constitucionales que se pretendan llevar acabo; y no para decidir sobre la vigencia de disposiciones que ya forman parte del texto constitucional.

d) Es factible que la Suprema Corte de Justicia tenga que decidir, a través del control previo que posee en esta materia, sobre la constitucionalidad o no de realizar una consulta. Pero hay que considerar que para revertir la reforma constitucional en materia energética, será determinante como quedé conformada la ley reglamentaria y, en su momento, cómo interprete nuestro tribunal constitucional los asuntos que puedan ser materia de una decisión ciudadana.

Marcos del Rosario Rodríguez. Abogado e Investigador del SNI.

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democracyEl debate sobre la jerarquía entre normas de derechos humanos contenidas en la constitución y en los tratados internacionales ya empezó y ha sido sumamente interesante. Al igual que Pedro Salazar, consideramos que el proyecto puesto a consideración del pleno por el ministro Arturo Zaldívar es un documento sólido, garantista y acorde con la finalidad de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos.

En este sentido, uno de los temas que se está discutiendo es el de la interpretación de la última parte del artículo 1º, primer párrafo, constitucional. El cual establece que “el ejercicio (de los derechos previstos en la constitución y en los tratados) no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece”. De esta disposición, algunos ministros han querido derivar la jerarquía superior de los derechos constitucionales respecto aquéllos ubicados en tratados internacionales.  

En nuestra opinión, la literalidad del precepto establece claramente que los derechos sólo podrán restringirse y suspenderse en los casos y bajo las condiciones que la constitución establece. Lo que significa, por ejemplo, que la libertad de expresión sólo se puede restringir según el artículo 6o constitucional cuando ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Pero también significa, según el art. 15 de la constitución, que los derechos humanos previstos en la constitución y en los tratados no pueden ser restringidos por otros tratados.   

Ahora bien, lo que más nos interesa discutir en esta entrada es el argumento expresado por varios ministros en el sentido de que no se pueden equiparar los derechos humanos previstos en la constitución con los previstos en los tratados, pues los primeros se establecen a través de un proceso democrático especialmente cualificado -reforma a la constitución-, mientras que los segundos no, puesto que en la celebración de los tratados sólo participan el presidente de la República y el Senado. Hasta aquí se podría decir que la balanza se inclina a favor de los derechos constitucionales. Sin embargo, el análisis de calidad democrática no puede quedar aquí.

En primer lugar, la calidad democrática o no de un procedimiento no puede sólo basarse en lo que prevén las normas, sino en el cumplimiento efectivo de esas previsiones que buscan la participación y deliberación de todos los afectados. Desde este punto de vista, podría suceder que la adopción de una reforma constitucional fast track que no cumpliera con el procedimiento legislativo, sustantivamente hablando, fuera menos legítima que la adopción de un tratado en la que sí se dio una amplia participación y deliberación. Pero supongamos, por el bien del argumento, que los dos procedimientos cumplen bien sus requisitos.

La pregunta es si la diferencia de procedimiento para la adopción de una reforma constitucional y la celebración de un tratado tiene una relación necesaria con la propuesta de jerarquía adelantada por algunos ministros. En otras palabras, ¿el hecho de que los derechos humanos deriven de un procedimiento formalmente más democrático implica que tengan una mayor jerarquía? Creemos que no. La razón es que la propia constitución prevé la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, lo que niega cualquier tipo de jerarquía entre éstos, ya sea porque deriven de diversas fuentes, procedimientos o pertenezcan a “diferentes generaciones”.

Pero hay un argumento aún más interesante. La calidad democrática del procedimiento por el cual se adoptan los derechos humanos es una razón para evaluar el procedimiento en sí mismo, pero no sus resultados. En efecto, una cosa es la calidad democrática de la fuente de la decisión y otra la calidad democrática del contenido de esa decisión. Lo que en el presente caso se traduce en lo siguiente: una cosa es que el procedimiento de reforma constitucional formalmente hablando tenga mayores credenciales democráticas en comparación con el procedimiento de adopción de los tratados internacionales, y otra cosa es que los resultados de ambos procedimientos sean más o menos democráticos. Así, tanto del procedimiento de reforma como del de celebración de tratados derivan derechos humanos y, en esa medida, la calidad democrática del resultado de los procedimientos es la misma. Así, la pretensión de establecer una jerarquía entre derechos derivada de la mayor calidad de un procedimiento, no es convincente.

Pero hay un último argumento. Como manifestamos en otra entrada en este mismo blog, la igualdad jerárquica entre derechos humanos previstos en la constitución y en los tratados, sí tiene una implicación democrática importante para nuestra práctica constitucional. En efecto, el problema central de adoptar la tesis de la jerarquía de los derechos previstos en la constitución sobre los derechos previstos en los tratados es que otorga a una fuente (la constitución) y, por ende, al órgano que la interpreta (la SCJN) la facultad de decidir que existe una contradicción entre derechos constitucionales e internacionales y, por tanto, que debe prevalecer “el texto constitucional” o, más específicamente, la interpretación que haga éste del texto constitucional. Es decir, le otorga el poder de cerrar el proceso deliberativo sin la posibilidad de que su interpretación pueda ser objetada con base en otras normas, en otra sede y por otros actores.

Interpretación que, por lo demás, está condicionada por la “rigidez verbal” del enunciado constitucional. Nos explicamos: una de las objeciones “democráticas” a la constitucionalización de derechos se basa en la limitación que para el debate constitucional implican las propias palabras en las que los enunciados de derechos están establecidos. Así, la posibilidad de abrir el debate más allá de la literalidad de un enunciado –posibilidad que permite el hecho de que los derechos estén expresados de distintas formas y en distintos documentos, sin que uno prevalezca sobre otro- amplía las oportunidades de argumentación, obviando la fraseología.

Además, la tesis de no jerarquía implica que la norma de derechos humanos o la interpretación que más favorezca a la persona es una cuestión que es objeto de un debate continuo en el que se puede echar mano tanto del texto de la constitución como del de los tratados. Por ello, lo valioso -en términos deliberativos- de la propuesta del ministro Zaldívar es que no se inclina a priori por una determinada fuente y/o interpretación. Por el contrario, lo que implica la propuesta de la jerarquía es que en caso de contradicción entre la interpretación de la constitución y de los tratados internacionales, debe prevalecer la primera. Y para colmo deja dicha decisión en manos de los propios jueces nacionales, quienes son los que pueden determinar que existe una contradicción entre los principios constitucionales y los previstos en los tratados internacionales y, por ende, que se debe dar prioridad al “texto constitucional” (o más bien a la interpretación que éstos hicieron del texto constitucional).

Micaela Alterio. Doctoranda en derechos humanos. Universidad Carlos III de Madrid.

Roberto Niembro Ortega. Hauser Globlal Scholar. LL.M. NYU Twitter: @RNiembro1

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Dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra,

Presidente de la Cámara de Diputados

Diputadas y diputados

LXII Legislatura

Señoras y señores diputados:

Como es de su conocimiento, el pasado 3 de enero del año en curso se publicó  en la gaceta parlamentaria una iniciativa de reforma que busca modificar el segundo párrafo del artículo 1° constitucional para quedar como sigue:

Artículo 1.  (…)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133.

Al respecto, nos permitimos manifestarles que la propuesta de reforma en cita, además de carecer de una finalidad concreta manifiesta, va en contra del propio artículo 1° al incumplir la obligación constitucional que el Poder Legislativo tiene, en el ámbito de sus competencias, de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad.

En efecto, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el día 10 de junio de 2011, conocidas como “reforma en materia de derechos humanos” representan un cambio de enorme relevancia para el sistema de protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país. No es una exageración cuando se dice que el nuevo texto del artículo 1° implica un “cambio de paradigma” sobre el entendimiento de los derechos humanos como límite y obligación al poder público pues incorpora al texto constitucional una serie de reglas y criterios de interpretación que deberán atender todas las autoridades en sus relaciones con los particulares.

La reforma al artículo 1° refuerza el carácter garantista de nuestra Constitución y amplía de forma importante el catálogo de derechos humanos vinculantes directamente ante nuestras autoridades, logrando la sistematización jurídica de todas aquellas normas que tienen carácter fundamental por tratarse de derechos humanos y que no se encuentran en el texto fundamental.

Ello implica que los derechos humanos reconocidos vía tratados y que ya forman parte del orden jurídico mexicano, adquieren protección y reconocimiento a nivel constitucional. Es decir, los derechos humanos de carácter convencional se vuelven vigentes y directamente vinculantes para todas las autoridades, desapareciendo cualquier jerarquía entre éstos y la norma constitucional, pues gracias al criterio de interpretación conocido como “principio pro personae” se debe realizar una interpretación armónica de los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales y en consecuencia se debe siempre preferir la norma que contenga una protección más amplia cuando se trate de reconocer derechos y la menos restrictiva, cuando se trate de limitarlos.

El hecho de que no exista una jerarquía entre normas de derechos humanos contenidas textualmente en la Constitución y las contenidas en los tratados internacionales implica una garantía frente a cambios constitucionales potencialmente arbitrarios, así como normas ordinarias o actos de autoridad que puedan limitar injustificadamente derechos

Sin embargo, debe aclararse que ello no implica que la Constitución pierda su supremacía, ni tampoco que los derechos se conviertan en absolutos.

No hay pérdida de la supremacía constitucional pues el artículo 133 establece las reglas para que los tratados sean incorporados al sistema jurídico nacional, de manera que la Constitución mexicana permanece como “el filtro” de  ingreso al sistema. Sin embargo, una vez ratificado el tratado, al formar parte del sistema jurídico mexicano, la norma internacional de derechos humanos –cuya compatibilidad con la Constitución ya fue revisada por el Senado- funciona a la par de la Constitución como parámetro de validez para controlar la coherencia del sistema.

Por lo anterior, consideramos que la presentada el pasado 3 de enero es una reforma regresiva en atención a que:

  1. Establece una jerarquía normativa para la interpretación, con lo cual retrocede en el avance normativo al dejar de garantizar la protección más amplia para la persona y deja sin sentido el reconocimiento constitucional del “principio pro personae” y la interpretación conforme a tratados, pues al establecer que el texto constitucional es el que debe prevalecer, desnaturaliza y nulifica dichos criterios constitucionales de interpretación.
  2. Retrocede en el número y la amplitud de la protección de derechos humanos reconocidos, ya que con dicha reforma sólo existirán para todos fines prácticos los que estén reconocidos textualmente en la Constitución.
  3. Va en contravía del principio constitucional de progresividad en la interpretación de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar los derechos, que prohíbe interpretaciones que restringen la efectividad de los derechos ya reconocidos, así como de sus garantías ya adoptadas.
  4. Excluye a nuestra Constitución del grupo de constituciones de avanzada en América, regresándola al lado de constituciones propias de Estados con democracias débiles o en proceso de consolidación.

Por todo lo dicho en esta carta, las personas e instituciones suscritos solicitamos atentamente se deseche dicha iniciativa que pone en peligro los avances logrados con la reforma de derechos humanos de 2011 y se reorienten los esfuerzos legislativos en la materia para profundizar y ampliar los derechos que nuestro bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos reconoce a todas las personas en México. Pueden tener la confianza que, bajo ese espíritu acompañaremos los trabajos de la Legislatura en todo lo pertinente.

ATENTAMENTE,

Geraldina González de la Vega, Karlos Castilla, Mariclaire Acosta Urquidi, Pedro Salazar Ugarte, Tatiana Clouthier, Eliana García Laguna, José Antonio Guevara Bermúdez, Silvano Cantú, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Sarre Ìguiniz, Miguel Carbonell, Miguel Concha Malo, José Luis Caballero Ochoa, Claudio X. González, Marcos Celis Quintal, Armando Ríos Píter, Clara Jusidman, Rolando Cordera Campos Cuauhtémoc de Dienheim, Pbro. Wilfrido Mayrén Peláez, Ricardo Sepúlveda Íguiniz, Julio Hernández Barros, Brisa Solis, Iván Pedroza, Carlos Vital Punzo, David Calderón Martín del Campo, Minerva Nora Martínez Lázaro, Édgar Cortez, Enrique González Ruiz, Alicia Mesa, Claudia Campero, Imelda Marrufo, Adriana Muro, Juan Martín Pérez García, David Peña Rodríguez, Adolfo Sánchez Rebolledo, Luis Emilio Giménez Cacho, Ximena Medellín Urquiaga, Gloria Ramirez, Héctor Díaz Polanco, Guadalupe Barrena, Miguel Elizalde Carranza, Aleida Tovar, José Luis Gutiérrez Román, Gabriela Delgado Ballesteros, Enrique Contreras Montiel, Gabriela Mendoza Correa, Alonso González de la Vega, Iván García Gárate, Paulina Gutiérrez Jiménez, Karla Micheel Salas Ramírez, Agustín Castilla Marroquín, Ernesto Villanueva, Consuelo Morales Elizondo, Alberto Serdán Rosales, Rocío Culebro, Juan Carlos Arjona Estevez, Teresa Incháustegui, Luis Daniel Vázquez Valencia, Mario Hernández Martínez, Claudia Torres, Daniel Antonio García Huerta, Anamaris Gomis, Enrique Barber González de la Vega, Leopoldo Gama, Raúl Zepeda Gil, Roberto Mancilla, Olga Salazar Camacho, José Manuel Ruiz Ramírez, Hortensia Santiago, Palmira Silva Culebro, Graciela Rodríguez Manzo, Luis Miguel Cano López, Francisco Miguel Mora Sifuentes, Amalia Suárez Cid, Teresa Aguilar Álvarez Castro, Claudia Verónica Torres Patiño, Daniel Gershenson, Rodrigo Santisteban Maza, Alex Alí Méndez Díaz, Elizabeth Valderrama, Mila Paspalanova, Luis Sánchez Barbosa, Saúl López Noriega, Edgar S. Caballero González, John C. Ackerman, Daniel Joloy Amkie, Regina Tames, Claudia Aguilar, Nashieli Ramírez, Sergio Ramírez Caloca, Elsa Cadena González, Paloma Mora, Alexandra Zenzes, Octavio Amezcua, Arturo Balderas, Federico Novello, Carlos Alberto Zetina Antonio, Luis Enrique Cordero Aguilar, Rosaura Cadena, Elsa Herrera Bautista, Siria Oliva Ruiz, Clara Gabriela Meyra Segura, José de Jesús Palacios Serrato, Areli Caballero Santiago, Alma Rosa Bahena Villalobos, Francisco Rubio, Alfredo Nateras Domínguez, Ricardo Lagunes Gasca, Carlos Ariel Olvera Atondo, Pablo A. de la Vega, César Madrigal Martínez, Raúl Ramírez Baena, Raymundo Gil Rendón, Marisol Aguilar, Jorge Lavalle, Aurora Loyo Brambila, Maurilio Santiago Reyes, Natalia Saltalamacchia, Cristina Reyes Ortiz, Paula Sofía Vázquez Sánchez, Ernesto Cárdenas, Marco Antonio Ayala Alipio, Arantza Vargas Rubio, Ma. Eugenia Linares Pontón, José Arturo Yáñez, René Sánchez Galindo, Edith López Hernández, Javier Huicab Poot

ORGANIZACIONES

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL), Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD), Casa y Ciudad, A.C., Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C., Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH), Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS), Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina, Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos, A.C. (COMDH), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Arquidiócesis de Oaxaca, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Coordinación Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Documenta, A.C., Evolución Mexicana, A.C., Freedom House Mexico, Fundación JUCONI  AC, Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Hacia una Cultura Democrática A.C. (ACUDE), Humaniza, Grupo Académico, A.C., I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., Iniciativa Ciudadana Oaxaca A.C., Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social, A.C.), Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia, A.C. (IMDHD), Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE), Interculturalidad, Salud y Derechos, A.C. (INSADE), Litiga OLE, Mexicanos Primero, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Ririki Intervención Social, Tendiendo Puentes, A.C.

RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” (RED TDTT)

Conformada actualmente por 73 organizaciones en 21 estados de la República: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal), Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.), Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.), Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal), Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.), Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.), Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.  (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.), Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis), Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A.  C. (Torreón, Coah., Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.), Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.), Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz), Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.), Centro de los Derechos del Migrante (DF), Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.), Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.), Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco), Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.), Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.), Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.), Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.), Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal), Comité Cerezo (Distrito Federal), Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.), Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal), Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.), Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C), Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.), Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.), Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.), Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.), Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.), Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab), Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab), Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.), Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.), Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.), El Caracol (DF), Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.), Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal), Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.), Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales  (Distrito Federal), Promoción de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México), PODER (Distrito Federal), Respuesta Alternativa, A. C., Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.), Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo), Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), integrado por 17 organizaciones:

Casa y Ciudad (Distrito Federal), Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh (Distrito Federal), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos – CAM (Distrito Federal), Centro de Investigación y Promoción Social – CIPROSOC (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo – CEREAL (Distrito Federal), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – CMDPDH (Distrito Federal), Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC – CEJUDESC (Querétaro), Defensoría del Derecho a la Salud (Chiapas), Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo – DECA Equipo Pueblo (Distrito Federal), Food First Information and Action Network México – FIAN Sección México (Distrito Federal), Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ – IDHIE (Puebla), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia – IMDHD (Distrito Federal), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – IMDEC (Jalisco), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – LIMEDDH (Distrito Federal), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat – HIC AL (Distrito Federal), Radar-Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (Distrito Federal).

C.c.p. Enrique Peña Nieto. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

Integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Presidentes de los organismos públicos de protección de los derechos humanos del país

Nota:  Esta carta está permanentemente abierta a firmas de apoyo adicionales consultables aquí.

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El fin del proceso electoral está a la vuelta de la esquina. Atrás han quedado los actos preparatorios de la elección, las precampañas y campañas, la jornada electoral y el cómputo de los votos en los consejos distritales. Los últimos resultados de la elección presidencial, según informa el Instituto Federal Electoral (IFE), son los siguientes: Enrique Peña Nieto obtuvo 19,226,784 votos (38.21%), Andrés Manuel López Obrador 15,896,999 (31.59%), Josefina Vázquez Mota 12,786,647 (25.41%) y Gabriel Quadri 1,150,662 (2.29%). Los votos nulos ascendieron a 1,241,154 (2.47%) y los de candidatos no registrados a 20,907 (0.04%).

Las anteriores cifras, sin embargo, no son definitivas, pues falta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones que se presenten contra la elección presidencial, para después realizar el cómputo final de la elección y, en su caso, emitir la declaración de validez de la elección y de presidente electo.

¿Qué tan importantes son las etapas restantes? En el contexto actual, se puede afirmar que serán por demás relevantes. Desde el 2 de julio –un día después de la jornada electoral– el candidato de la Coalición Movimiento Progresista anunció que impugnaría los resultados de los comicios y, recientemente, dejó en claro que solicitaría la nulidad o invalidez de toda la elección. Por lo anterior, no sorprende que el debate sobre la posible  anulación se haya instalado rápidamente en nuestra conversación pública. Sucede, sin embargo, que todavía tenemos un alto grado de incertidumbre sobre lo que viene, pues la Coalición aún no ha dado a conocer los términos en los que presentará su demanda, además de que será la primera vez que el TEPJF califique una elección presidencial con el marco normativo creado por las reformas de 2007 y 2008. Tomando en cuenta estas limitaciones, en las siguientes líneas me propongo hacer una apretada síntesis de las normas constitucionales y legales que regulan las impugnaciones y nulidades de la elección presidencial. Ello, con el propósito de proporcionar una guía, necesariamente breve, que abone para el debate que viene.

Actos susceptibles de ser impugnados

Lo primero: ¿qué actos se pueden impugnar? De acuerdo con los artículos 49 y 50 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), el juicio de inconformidad es la vía procedente para controvertir los resultados de los cómputos distritales: a) por errores aritméticos, b) por nulidad de la votación recibida en casillas específicas y c) por nulidad de toda la elección presidencial. El primer tipo de impugnaciones sirve para corregir posibles errores en los cómputos realizados por los consejos distritales. Su funcionamiento, en ese sentido, es relativamente sencillo. En cambio, conviene detenerse en las reglas relacionadas con la anulación de casillas específicas y, especialmente, de toda la elección presidencial.

Nulidad de las casillas

¿En qué casos procede anular la votación de alguna de las 143,435 casillas que se instalaron en todo el territorio nacional? El artículo 75 de la LGSMIME establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando de actualice cualquiera de las siguientes causales de nulidad:

a) Que la casilla se instale, sin causa justificada, en un lugar distinto al que se haya determinado.

b) Que el paquete que contiene los expedientes electorales se entregue a los consejos distritales del IFE, sin causa justificada, fuera de los plazos legalmente previstos.

c) Que el escrutinio y cómputo de los votos se realice, sin causa justificada, en un lugar diferente al establecido.

d) Que la votación se realice en una fecha distinta a la fijada para la elección.

e) Que la votación sea recibida por personas u órganos diferentes a los legalmente previstos.

f) Que exista dolo o error en el cómputo de los votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

g) Que se permita el voto de ciudadanos sin credencial para votar o cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de electores, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción legalmente contemplados.

h) Que se expulse o impida el acceso a los representantes de los partidos políticos, sin causa justificada.

i) Que se ejerza violencia física o presión sobre los electores o sobre los miembros de la mesa directiva de la casilla, siempre que dichos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

j) Que se impida a los ciudadanos, sin causa justificada, el ejercicio del derecho al voto, siempre que esto sea determinante para el resultado de la votación.

k) Que existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables, durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Cuando se acredita alguna de las 11 causales referidas, toda la votación de la casilla se anula y, consecuentemente, se restan los votos que cada candidato haya obtenido en ella.

Nulidad de la elección presidencial

Ahora bien, ¿cuáles son las causales por las que se puede anular la elección presidencial en su conjunto? La LGSMIME, en su artículo 77 Bis, contempla tres causales por las que se podría anular toda la elección presidencial:

1) Si en el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional se actualiza alguna o algunas de las causales de nulidad de casillas, sin que hayan podido corregirse durante el recuento de los votos ante los consejos distritales.

2) Si en el territorio nacional no se instala el 25% o más de las casillas previstas y, consecuentemente, no se recibe la correspondiente.

3) Si el candidato ganador de la elección resulta inelegible.

¿Puede anularse la elección presidencial por algún otro motivo? Si nos atenemos a lo que dice la Constitución, la respuesta sería negativa, pues el artículo 99 constitucional señala claramente que las salas del TEPJF “sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes”.[1] Y, como se ha referido, la LGSMIME sólo contempla tres causales de nulidad para los comicios presidenciales. Ello implicaría, entre otras cuestiones, que no es posible anular la elección presidencial por la denominada “causal genérica”, contemplada en el artículo 78 de la LGSMIME, según la cual

Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.[2]

Cómputo final y declaración de validez de la elección

Según el artículo 58 de la LGSMIME, la Sala Superior tiene hasta el 31 de agosto del año de la elección para resolver los juicios de inconformidad relacionados con la elección presidencial. Hecho lo anterior –siempre y cuando las sentencias dictadas en los juicios de inconformidad no hayan tenido como efecto la nulidad de la elección[3]– se procederá a formular el dictamen sobre el cómputo final de la elección y la calificación de la elección y la de presidente electo. Dicho dictamen deberá contener, según indica el artículo 122 del Reglamento Interno del TEPJF, lo siguiente:

I. El cómputo final de la elección presidencial […];

II. La declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si se cumplen las formalidades del proceso electoral, y

III. La declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, una vez analizado si el candidato que obtuvo el mayor número de votos, reúne los requisitos de elegibilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Constitución.[4]

Con esta resolución concluye, asimismo, el proceso electoral federal.

El debate que viene

¿Qué podemos esperar de las últimas etapas del proceso electoral? Con la información disponible, es poco lo que podemos decir sobre la suerte de las impugnaciones que eventualmente se presenten. Como se había apuntado, todavía no conocemos aspectos fundamentales del litigio, como los argumentos torales y las pruebas concretas que presentará la Coalición Movimiento Progresista. Sin embargo, creo que hay dos cosas que, desde ahora, nos permiten ser optimistas. Lo primero es que, hasta el momento, las inconformidades con el resultado de la elección presidencial están siendo atendidas en las vías institucionales. Algo hemos hecho bien, pues la jurisdicción electoral fue creada, precisamente, para que los conflictos poselectorales se resolvieran en los tribunales y no en las calles; para que la validez de una elección dependiera de argumentos jurídicos y no de negociaciones políticas. El segundo motivo de optimismo es el debate mismo que se ha generado en torno a nuestro sistema electoral. Roberto Niembro ha señalado, en este mismo espacio, que los sistemas políticos deben estar sujetos a la crítica permanente por parte de la ciudadanía. Más allá de lo que finalmente resuelva el TEPJF, creo que estas elecciones han evidenciado algunas de las insuficiencias más importantes de nuestro andamiaje electoral, en general, y de nuestro sistema de nulidades, en particular. Ojalá que las críticas sirvan, además, para construir propuestas de cara a la reforma electoral que seguramente vendrá.

 

Javier Martín Reyes @jmartinreyes. Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE y pasante de la Licenciatura en Derecho de la UNAM. Actualmente labora en la Sala Superior del TEPJF. Por supuesto, todo lo aquí expresado sólo refleja la opinión del autor.


[1] Énfasis añadido.

[2] Énfasis añadido.

[3] Véase el artículo 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

[4] Énfasis añadido.

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Los artículos transitorios de una reforma legal o constitucional pareciesen poco relevantes, formalidades y nimiedades jurídicas al calce de una reforma. Sin embargo, en no pocas ocasiones estas disposiciones son claves para definir cuándo y cómo se realiza cierta modificación al ordenamiento jurídico. En este sentido, el día de ayer este blog publicó un post para subrayar los puntos más relevantes de la reciente reforma constitucional del juicio de amparo. En tal post se analizó el artículo cuarto transitorio de esta reforma, cuyo texto dice: “Para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto”. A continuación ofrecemos una lectura distinta de este artículo, por parte de uno los operadores jurídicos que tendrá la responsabilidad de aplicar este nuevo juicio de amparo.

En relación con el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de amparo, es importante tomar en cuenta que el mismo no se refiere a la obligatoriedad de la jurisprudencia, sino a la “integración” de la nueva jurisprudencia sin tomar en cuenta “tesis“ –como criterios previos o tesis aisladas- anteriores a la reforma. Lo que el artículo pretende salvaguardar es el nuevo procedimiento de declaración general de inconstitucionalidad que requiere jurisprudencia por reiteración en tres ocasiones y no cinco.

La formación de jurisprudencia por reiteración tendrá que iniciar desde cero, como si no existieran resoluciones previas a la reforma con el mismo criterio para integrar la jurisprudencia que puede llevar a esta declaratoria. Las condiciones de permanencia de la jurisprudencia anterior deberán establecerse en los transitorios de la nueva Ley de Amparo, ya que la Constitución establece los modos de integración pero no los criterios de obligatoriedad.

Raúl M. Mejía. Secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte, adscrito a la ponencia del ministro Cossío, y profesor de derecho constitucional en el ITAM. Twitter: @RMejiaG

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El pasado viernes, el presidente Felipe Calderón realizó la declaratoria de reforma constitucional de una serie de artículos de nuestro texto constitucional que modifican de manera significativa el juicio de amparo: el medio de protección por definición de los derechos de los habitantes del país.

La reforma ha sido celebrada, tanto por legisladores, ministros y algunos destacados miembros de la comunidad jurídica, como un paso decisivo para transformar un juicio de amparo anacrónico y excesivamente formalista a uno moderno, acorde a los criterios internacionales más avanzados, capaz de hacer frente a las exigencias de justicia de la sociedad mexicana contemporánea.

Pero, ¿en concreto en qué consisten los avances de esta reforma?, ¿por qué ha sido tan aplaudida como un punto de inflexión en el proceso de modernización de la justicia mexicana? Aquí algunos de los cambios más relevantes de esta reforma constitucional:

1. En primer lugar, gracias a esta reforma se amplía la protección del juicio de amparo. Ahora no sólo se podrá aprovechar esta herramienta jurídica para proteger los derechos de nuestra constitución, sino también aquellos establecidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. De esta manera, se amplía lo que los abogados llaman el manto protector del juicio de amparo al garantizar un abanico mucho más amplio de derechos.

2. Asimismo, con esta reforma se establece que el juicio de amparo servirá para atacar, además de los actos y normas jurídicas, las omisiones de las autoridades estatales que violen algún derecho fundamental. Esto implica un giro en la concepción de la protección de los derechos, pues ahora se entiende que para proteger los derechos en ocasiones el Estado debe limitar su actuación para asegurar un espacio de libertad, pero también hay supuestos donde para garantizar los derechos es indispensable la intervención y actuación de la estructura estatal. Y de ahí que se pueda atacar la inacción de la autoridades estatales cuando ésta afecta un derecho fundamental.

3. Una característica clave del juicio de amparo es que sus efectos sólo benefician o perjudican a aquella persona que haya impulsado este juicio. Una persona, por ejemplo, que ataca mediante el juicio de amparo una ley, en caso de ganar el juicio esta ley en cuestión no pierde su validez en el ordenamiento jurídico sino simplemente no se le aplica a esta persona que ganó el juicio. Ahora, sin embargo,  con esta reforma se abre la posibilidad de que mediante el juicio de amparo sí se puedan expulsar normas generales –como una ley o un reglamento- del ordenamiento jurídico. Vale aclarar que esto no se logrará con una sola sentencia, sino siguiendo ciertos requisitos que una vez satisfechos se podrá realizar la declaratoria general de inconstitucionalidad (de invalidez) de cierta norma general.

4. Otro cambio relevante es que se elimina como requisito para que el Poder Judicial Federación pueda conocer de una demanda de amparo el interés jurídico, que es demasiado riguroso y formalista, para adoptar más bien como criterio de procedencia el interés legítimo. Es un tema un tanto técnico, pero este cambio permite que mediante el juicio de amparo se puedan garantizar derechos que antes, bajo la óptica del interés jurídico, quedaban sin protección mediante el juicio de amparo como los derechos colectivos y difusos (protección al medio ambiente, por ejemplo).

5. Una figura característica del juicio de amparo es la llamada suspensión. La cual, en términos generales, permite que el juez detenga un acto de autoridad, que ha sido atacado mediante el juicio de amparo, mientras decide si efectivamente tal acto es inconstitucional. La razón de esta figura, y de la posibilidad de suspender el acto de una autoridad aun cuando todavía no se determina si efectivamente viola algún derecho, es que debido al tiempo que implica un juicio de amparo si no se detuviese el acto de autoridad en escrutinio, al momento de tener una sentencia probablemente ésta ya no tendría sentido. Pensemos, por ejemplo, que una autoridad decide expropiar tu casa, en respuesta interpones un juicio de amparo en contra de ese acto de expropiación. Si el juez no detiene el proceso de expropiación mientras resuelve el juicio, puede ser que ganes éste pero tu casa ya haya sido derrumbada por la autoridad. Ahora bien, esta figura de la suspensión –que nuestro pobre periodismo judicial sigue confundiendo con el juicio de amparo- ha sido en no pocas ocasiones utilizada de manera indebida para que ciertos negocios, por ejemplo, que incumplen la ley sigan operando. En respuesta, esta reforma constitucional redefine los criterios a partir de los cuales se puede otorgar la suspensión en un juicio de amparo, privilegiando la ponderación que realice el juez entre los argumentos jurídicos de quien lo solicita y el interés social.

6. Por último, en un artículo transitorio, la reforma establece que al momento de crear jurisprudencia, bajo el procedimiento de reiteración: cinco sentencias en un mismo sentido, etc., no se consideraran ninguna de las tesis previas a esta reforma constitucional. Lo cual permite eliminar de tajo un abultado conjunto de tesis jurisprudenciales poco operativas, demasiado formalistas y en no pocas ocasiones de raíz autoritaria.

El Juego de la Suprema Corte

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La discusión sobre el control judicial de las reformas constitucionales parece haberse convertido en un tema recurrente para los ministros de la Corte mexicana. El pasado lunes 28 de marzo, con el voto del ministro Pardo Rebolledo se concluyó el debate (por ahora) relativo a la reforma constitucional en materia electoral de 2007.

En esta ocasión, la conclusión a la que arribaron la mayoría de los ministros (7) es que el juicio de amparo es improcedente (y por ende sobreseído) tratándose de la impugnación de reformas a la Constitución, pero sin que hubiese un acuerdo mayoritario sobre las razones que la sustentan[1]. Asunto que nos presenta una ocasión propicia para recordar la diferencia entre fallo o resultado (improcedencia) y doctrina o argumentación que respalda una decisión.

Es decir, si bien una mayoría de siete ministros estuvo de acuerdo en que debía declararse la improcedencia del juicio, no hubo argumentación mayoritaria sobre las razones para ello. Es lo que en otras latitudes se ha denominado como plurality decisions que sólo sirven para resolver el caso pero que son poco útiles para crear doctrina[2]. Este tipo de decisiones, vale subrayar, son comunes en el modelo de decisión judicial colegiada, en el que hay un juez relator encargado de hacer un proyecto de sentencia, y existe la posibilidad para los miembros del colegio de expresar su opinión a través de un voto por separado.

En el caso, la mayoría de siete ministros se fraccionó de la siguiente manera. Cinco ministros consideraron que debía decretarse la improcedencia pues la declaración de inconstitucionalidad sólo protegería a las partes en el juicio, lo que desde su punto de vista sería contrario al diseño del juicio de amparo. Por otro lado, otro ministro señaló que toda vez que los argumentos de inconstitucionalidad por forma y por fondo no pueden estudiarse por separado, y siendo éstos últimos propios de la materia electoral, entonces, el único medio para impugnar la reforma es la acción de inconstitucionalidad. Finalmente, el otro ministro de la mayoría arguyó que el control de las reformas no está previsto como objeto de los medios de control judicial de constitucionalidad. La minoría, por su parte, integrada por cuatro ministros, estuvo a favor de la procedencia.

Es decir, sólo cinco de los integrantes del Pleno suscribieron un mismo argumento, el de los efectos, mientras que el resto tenían razones distintas para apoyar o no la improcedencia.

En pocas palabras, es una decisión sin mucha fuerza que nos deja con múltiples dudas para los casos por venir. Es, sin duda, una invitación a que el asunto se replantee en el futuro.

Si esto es así, resulta interesante analizar si la causal de improcedencia que sostuvo la minoría más amplia (5), esto es, la relacionada con los eventuales efectos inter partes de una sentencia de amparo, es fundada. En mi opinión, la declaración de improcedencia es errónea por lo menos si se basa en el argumento de los efectos de la sentencia, pues la teoría y la práctica constitucional nos ofrecen distintos modelos de sentencias con los cuales evitar una situación en la que la Constitución sea aplicable para unos y no para otros. Así, la Corte podría haber dictado, en su caso, por ejemplo, una sentencia que sólo constatará la inconstitucionalidad de la reforma sin declarar la nulidad, requiriendo al legislador que subsanará los vicios procedimentales.

Es decir, si una mayoría de ministros hubiera querido (como parece haber sido) estudiar la posible existencia de vicios en el procedimiento, tenían a su alcance distintas opciones para evitar caer en el dilema de declarar la inconstitucionalidad sólo para los promoventes. El problema, a mi entender, fue haberse planteado que si se declaraba la inconstitucionalidad necesariamente conllevaba la nulidad o inaplicabilidad de la norma.

Para un modelo deliberativo de la justicia constitucional el control judicial del procedimiento de las reformas constitucionales, puede contribuir al enriquecimiento del proceso deliberativo, si sirve para verificar que el debate parlamentario se haya llevado a cabo conforme a los parámetros democráticos. Esto es, con una participación libre e igualitaria de las fuerzas políticas, donde se escucha la voz de las minorías y existe un efectivo intercambio de razones.

En conclusión, si bien podrían existir otras causales de improcedencia para no entrar al estudio de los vicios procedimentales, la razón de los efectos no era suficiente.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.


[1] Falta de acuerdo argumentativo que también se presentó en la discusión de las acciones de inconstitucionalidad 168/2007 y 169/2007 en las que se impugnó la reforma electoral.

[2] En México para que la interpretación hecha en un juicio de amparo sea obligatoria se requiere de cinco sentencias ininterrumpidas por otra en contrario aprobadas por lo menos con ocho votos, lo que en el caso, ni siquiera se alcanzó en la votación del fallo.

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