octubre 26, 2011

Lapsus brutus judicial

Este post pretende ser lúdico: repasar los que para mi fueron los mejores momentos de la discusión que se dio en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las reformas a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí (popularmente conocidas como “reformas antiaborto”, pero dada la discusión en la Corte, una ya no sabe cómo llamarles). Sin duda, este tema es escabroso, complejo y proclive a desatar las más fieras pasiones (y sin duda amerita un análisis profundísimo), pero por ahora, quiero dejar todo eso de lado y presentarles los instantes de las sesiones que más me hicieron reír (o llorar), para bien y para mal.

Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia

Esto no es más que un darwinismo, reloaded:

Alguna vez se debatió con pasión si el origen del hombre era divino o si era válida la teoría de la evolución de Darwin; hoy se debate nuevamente el origen de la vida y se discute si el ser humano desciende del cigoto o si éste le es humanamente ajeno.

Sesión del 27 de septiembre de 2011

La obviedad de lo obvio:

[…] Hasta este momento de nuestro desarrollo tecnológico, lo que sigue siendo cierto es que toda persona comenzó su vida propia e individual con la concepción, no hay un solo ser humano que no haya sido concebido y que desde entonces inicie su ciclo biológico de crecimiento y hacia la muerte que es la contra cara de la vida propia.

Sesión del 27 de septiembre de 2011

El punto es probar un punto, todo lo demás, es irrelevante:

Hace unos días leí un relato probablemente ficticio de una dama que embarazada llega ante su médico y le pide que la auxilie a abortar porque por su situación económica y circunstancias personales, no le es posible mantener a dos hijos uno que tiene tres años y el que está por nacer y el médico le contesta: “Muy bien señora, qué le parece si eliminamos al de tres años ése le cuesta más caro y deje que nazca el que está por llegar”. No sé qué haya decidido porque eso no lo relata la historia.

Sesión del 27 de septiembre de 2011

Ministra Margarita Luna Ramos

Aborto, infanticidio, potato, potatoe (o de cómo las feministas alucinan un derecho a decidir ahí donde simplemente tenemos un derecho a la planeación familiar):

Por otro lado, el derecho a interrumpir el embarazo, ¿Dónde está concebido en la Constitución? ¿En dónde está concebido? ¿En algún tratado internacional? En ninguna parte, en ninguna parte se dice que está este derecho concebido en favor de las mujeres. El artículo 4° constitucional, lo único que nos está diciendo es: “Que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y espaciada e informada, el número y espaciamiento de sus hijos”. Aquí de ninguna manera está aceptando la posibilidad de interrumpir un embarazo. El artículo 4° lo único que está determinando es la planificación familiar, la planificación familiar de manera responsable e informada exclusivamente. ¡Ah! Si nosotros entendemos que aquí se encuentra el derecho de las mujeres para interrumpir el embarazo, pues entonces creo que también está establecido el derecho al infanticidio, por qué, pues porque dice que en todo caso tiene derecho a espaciar a sus hijos. No, creo que no, aquí lo único que se nos está estableciendo como derecho es la planificación familiar. Entonces, no puede entenderse como que existe en la Constitución y en la ley, un derecho que se está vulnerando con el contenido del artículo 7° de la Constitución de Baja California.

Sesión del 27 de septiembre de 2011

Es que todo lo que no está prohibido está permitido (y no es sólo por una cuestión normativa, sino pragmática porque, ¿de qué tamaño sería nuestra Constitución si fuera de otra forma?):

Si nosotros entendemos que toda definición que se dé conceptual en una ley secundaria o en una ley local tiene que tener sustento específico en la Constitución, pues nos vamos a encontrar con que son inconstitucionales muchísimas situaciones…creo que tampoco tenemos que determinar un asidero cuando la Constitución no lo tiene, pero el hecho de que no lo tenga no implica de ninguna manera que esta regulación adquiera el carácter de inconstitucional… La Constitución no define, ni tiene por qué definir todos estos conceptos, ¿por qué razón? Porque dónde nos cabe una Constitución con tantas definiciones…

Sesión del 27 de septiembre de 2011

De cómo todo esto no es más que la batalla entre el centralismo y el federalismo, pero en el siglo XXI:

Nos guste o no nos guste estamos en un sistema federal. En el momento en que estuviéramos en un sistema centralista, yo sí diría: Por qué el Estado va a legislar de determinada manera si la Constitución está estableciendo esta situación, pero esto sería tanto como revivir la Constitución centralista de 1836 y creo que no es el caso, nuestra Constitución es Federal y permite a los Estados que legislen de la manera que consideren conveniente ¿cuándo? Cuando la Constitución y ahora el respeto a los tratados, establezcan alguna norma de carácter obligatorio para los Congresos o establezca alguna norma de carácter prohibitivo, y no es el caso, porque ni la Constitución ni los tratados están estableciendo ni determinando, en ninguna parte, la definición de lo que es el derecho a la vida, en la Constitución, en el artículo 1º, lo único que se está determinando es que se están protegiendo los derechos humanos, y que como reconocimiento a este derecho humano, desde luego que tiene que protegerse; si ellos consideran que debe protegerse a partir del momento de la concepción, ¿cuál es el problema? ¿Esto implica necesariamente una penalización para el hecho de que se determine una conducta que interrumpe un embarazo? En ningún momento está estableciendo que necesaria y forzosamente debe existir una penalización.

Sesión del 27 de septiembre de 2011

Es lo mismo, pero no es igual, así que no confundan:

[…] Nunca he estado a favor de la despenalización del aborto, pero tampoco he estado a favor del castigo que se impone a las mujeres que en algún momento llegan a verse obligadas a tomar una decisión de esta naturaleza […]

Ministro Jorge Pardo Rebolledo

Sobre la concepción del Ministro Pardo de los cambios sociales (o de cómo el reconocimiento de los negros no impactó en nada a los blancos; el de las mujeres no afectó en lo más mínimo a los hombres; y el de los indígenas recién-almados no trascendió en lo más mínimo para los españoles porque, obvio, el reconocimiento de nuevos sujetos de derechos o nuevos derechos no tiene ningún efecto):

[El] simple hecho de ampliar el ámbito de protección para un grupo, per se, no restringe el derecho de los demás grupos, si no imagínense, no hubiéramos avanzado en la elaboración y el subir a nivel constitucional muchos de los derechos que en su texto original tal vez no preveía de manera expresa.

Sesión del 28 de septiembre de 2011

Ministro Sergio Aguirre Anguiano

De cómo los conservadores capturan el discurso de la no-discriminación (o de cómo el cigoto es el nuevo indígena):

El proyecto sostiene en este apartado que el producto de la concepción no es sujeto de derechos constitucionales, sino sólo un bien jurídico protegido, lo que deriva, esto me recuerda que los esclavos fueron denominados y tenidos como “cosa” en la antigüedad, bueno pues también en el proyecto se dice que son una “cosa” un bien jurídico protegido […]

Sesión del 26 de septiembre de 2011

Y, pues sí: esto es lo que ocurre cuando uno concibe al óvulo fecundado como persona:

Los mal formados no pueden ser abortables porque sería un acto de discriminación por discapacidad prohibido por la Constitución.

Sesión del 28 de septiembre de 2011

El original intent mexicano (o de cómo la Constitución no es más que una biblia con algunos ligeros cambios):

La moral es un valor constitucional [incluido en los artículos 6, 7 y 94]. ¿A qué moral se refirió el Constituyente? Pues yo quiero pensar que a la única vigente en el siglo en que se establecieron las normas, que era la judeocristiana, y esto no tiene que ver nada con dogma, ni con verdades reveladas y por tanto nada que ver con Constitución.

Sesión del 28 de septiembre de 2011

Estefanía Vela. Licenciada en derecho por el ITAM, editora del sitio Manual de la Corte (http://manualdelacorte.com). Twitter: @samnbk

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No digo nada nuevo si afirmo que el aborto es uno de los temas más controversiales en las sociedades modernas y que la sociedad mexicana no es la excepción. Su discusión divide a familias, parejas, amigos y como era de esperarse hasta a los ministros de la Corte. Este “enfrentamiento” es parte de una sociedad plural en la que convivimos habitantes con distintos planes de vida, formas diversas de concebir el bien, la justicia, el mundo. En pocas palabras, con un profundo y persistente desacuerdo sobre este tipo de cuestiones.

En ese sentido, la herramienta más poderosa con la que contamos es la deliberación, por medio de lo cual los pueblos definimos lo que queremos ser como sociedad, fijamos nuestra identidad y los bienes que queremos alcanzar a través de nuestros representantes. A fin de cuentas, la deliberación es la base que da legitimidad a las decisiones democráticas y es el único medio razonable para la coexistencia pacífica.

La semana pasada, los ministros tuvieron la tarea de definir la constitucionalidad o no del artículo 7º, primer párrafo de la Constitución de Baja California, que establece que el individuo concebido se tendrá como nacido para todos los efectos legales correspondientes. Como se sabe, la incorporación de esta disposición a dicha Constitución fue consecuencia de la sentencia recaída a las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en la que la mayoría de los ministros dejó en manos de las legislaturas la decisión sobre la penalización o no del aborto.

Si hacemos memoria ese proceso (A.I. 146/2007 y acumulada) tuvo como causa la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el D.F. hasta la duodécima semana de gestación. Ante dicha situación, el gobierno federal, a través del Procurador General de la República, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpusieron dos acciones de inconstitucionalidad impugnando su conformidad con la Constitución. Así, después de un proceso inédito en el que se celebraron seis audiencias públicas y se recibieron cientos de escritos, cartas y correos electrónicos, la Corte reconoció la constitucionalidad de la reforma al Código Penal del Distrito Federal. A través de una sentencia minimalista y ambigua respecto a los derechos en juego, consideró que la penalización del aborto en las primeras doce semanas es una opción constitucional de las legislaturas estatales.

Desde un punto de vista dialógico, esta sentencia sirvió para comunicar a las legislaturas estatales que la prohibición del aborto quedaba a su discreción. Así, algunos entidades federativas entendieron la señal y reformaron sus constituciones para proteger al no nacido desde el momento de la concepción. Estas reformas a su vez fueron impugnadas ante la propia Corte y hace algunos días fueron declaradas constitucionales. Aunque como ha señalado Alejandro Madrazo, en esta ocasión no se trataba estrictamente de la penalización del aborto, sino de la protección del “individuo” desde el momento de la concepción. Sin embargo, en mi opinión, en el fondo se debatía el mismo tema.

El resultado de la votación alcanzada la semana pasada fue de una mayoría de 7 votos por la inconstitucionalidad y 4 por su constitucionalidad. Esta votación no obtuvo la mayoría calificada de 8 votos que establece el artículo 105 de la Constitución -requeridos como forma de deferencia hacia el legislador- para declarar la invalidez de una ley. Es decir, faltó un sólo voto para declarar la inconstitucionalidad del precepto. En efecto, si bien los argumentos de esa mayoría de 7 no fueron totalmente coincidentes, todos se pronunciaron por declarar su inconstitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? En mi opinión, el mensaje de la Corte es muy claro: “vuelvan a la arena política en búsqueda de un cambio legislativo o impulsen nuevos ministros que puedan cambiar esa mayoría”. En el contexto actual, ninguno de estas dos cuestiones es baladí, pero exige de nosotros (los ciudadanos) un papel más activo.

De hecho los ciudadanos no tenemos porqué aceptar sin reparos las decisiones judiciales (es decir, ser sujetos pasivos), pues el debate popular sobre la Constitución infunde las memorias y los principios de la tradición constitucional, que no serían desarrollados si la ciudadanía fuera pasiva ante las decisiones judiciales. En este sentido, nuestro papel no está limitado a actos ocasionales de creación constitucional, sino a un control activo y continuo sobre la interpretación y ejecución de la Constitución. De ahí que hoy más que nunca debemos hacer valer nuestro protagonismo como actores constitucionales.

En este aspecto, los movimientos sociales juegan un papel fundamental como configuradores del sentido constitucional, generando nuevos entendimientos que guíen las posturas oficiales y estableciendo canales de comunicación entre la ciudadanía y el poder judicial. Por tanto, si queremos que en un futuro próximo la Constitución de Baja California sea modificada, lo primero que tenemos que hacer es ser políticamente activos. Esto significa seguir debatiendo y tratar de convencer a los que están en contra del derecho a decidir. Eso sí, aceptando que al final del día el desacuerdo puede persistir.

Con esto conecto con mi segunda reflexión. Como se sabe, dos de los Ministros que votaron en contra de la declaración de inconstitucionalidad terminan su período a finales de 2012. Es decir, muy probablemente sus sustitutos serán elegidos por un acuerdo entre el Presidente Calderón y su sucesor. En este sentido, quién siga a Calderón en la silla presidencial será fundamental para el futuro de nuestra doctrina constitucional. Ahora bien, para nuestros efectos lo más importante es tener presente que como cualquier político el titular del Ejecutivo que sea electo en las elecciones de 2012 estará influido por la opinión pública. De esta manera, si queremos repercutir de alguna manera en la próxima designación de ministros y, en consecuencia, en el próximo debate judicial sobre el aborto lo que nos queda es la movilización política.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

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Por su contenido y trascendencia, hay sentencias paradigmáticas y sentencias significativas. Fallos que sientan precedentes y fallos que denotan el contexto de un país  en su avance hacia la igualdad de género. En el marco del 28 de Septiembre, que conmemora la despenalización del aborto en América Latina, una mayoría de 7 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que las reformas a la protección de la vida en gestación en los estados de Baja California y San Luis Potosí eran inconstitucionales. Faltando un solo voto para obtener la mayoría requerida en este tipo de acciones (mayoría calificada), la SCJN no pudo declarar la invalidez de estas normas. Sin embargo, la discusión retrata que hay una mayoría favorable de Ministros en la máxima casa de justicia de nuestro país que considera que estas normas son contrarias a la Constitución por múltiples razones, entre ellas, la salvaguarda y garantía de los derechos humanos de las mujeres.  Por el contrario, hay una minoría de 4 Ministros que considera que estas normas respetan la Constitución, entre ellas, por otorgar una protección a la vida en gestación desde el momento de la concepción.

Las discusiones retratan una pluralidad de voces judiciales, sosteniendo la mayoría de Ministros principalmente dos posturas frente a estas normas: a) los que dicen que contravienen la Constitución porque la protección absoluta de la vida en gestación restringe los derechos humanos de las mujeres, especialmente sus derechos a la libertad y autonomía reproductiva y b) los que dicen que los legisladores de los Congresos estatales no tenían facultades para otorgar esta protección a la vida en gestación de forma incondicionada.  Con mayores y menores matices respecto de estas dos posturas, algunos Ministros se pronunciaron completamente a favor de los derechos humanos de las mujeres, siendo inconstitucional la intención de los legisladores de restringir los derechos de las mujeres a acceder a la interrupción del embarazo, los anticonceptivos y la reproducción asistida (Ministros Franco y Zaldívar y Ministra Sánchez Cordero). Otros consideraron que los Congresos de los estados se extralimitaron en sus facultades legislativas estableciendo una protección absoluta de la vida en gestación que excluía la posibilidad de ponderar los derechos humanos de las mujeres en juego, sobrepasando los límites de la Constitución Federal permitidos a las legislaturas locales, así como el propio precedente de la Corte donde se consideró que los derechos no son absolutos (Ministros Silva, Cossío y Valls) y uno consideró que la competencia para legislar sobre la protección a la vida le compete al legislador federal (Ministro Aguilar).

De los Ministros de la minoría, que consideraron constitucionales las normas, se sostuvieron también posturas distintas: uno a favor de la protección absoluta de la vida en gestación considerando que no había una afectación a los derechos humanos de las mujeres (Aguirre); otros considerando que las normas no contravenían la Constitución por otorgar una protección a la vida prenatal (Ministros Ortiz y Pardo) y otra sosteniendo libertad del legislador estatal para establecer dicha protección (Ministra Luna Ramos). Asimismo, la minoría sostuvo que la protección de la vida no es absoluta y que en el caso de San Luis Potosí las reformas no deben interpretarse de forma que restrinjan las causales de interrupción del embarazo o impidan al legislador ampliar los supuestos de despenalización.

Contrariamente a como ha sido fotografiado en los medios, la SCJN no discutió si la despenalización del aborto era o no constitucional. Los medios de comunicación han encasillando el asunto como el debate de una “ley antiaborto” que criminaliza a las mujeres y que su permanencia hará que las mujeres ahora se vayan a la cárcel por interrumpir su embarazo, e impedirá el uso de métodos anticonceptivos y la planificación familiar. Nada más alejado de la realidad, de las discusiones y de los efectos del fallo de la Corte. Cabe destacar, que las reformas que protegen la vida en gestación – a pesar de que tuvieron una clara intención de desconocer los derechos humanos de las mujeres, especialmente los reproductivos – no pueden entenderse, ni antes, ni después del fallo de la Corte, como normas que criminalizan a las mujeres por abortar porque no son leyes penales ni tienen por efecto sancionar a las mujeres que interrumpen un embarazo, que usan anticonceptivos o que buscan acceder a técnicas de reproducción asistida. Únicamente reconocen la protección de la vida en gestación desde la concepción que, de acuerdo, con una mayoría de Ministros no debe ser absoluta, no estando el legislador local facultado para protegerla en estos términos.

La “desestimación” de las acciones por la Corte significa que emitirá pronto una en las que no abordará el fondo del asunto, y las mandará archivar, por no haberse reunido los 8 votos necesarios para declararlas inconstitucionales. ¿Qué efectos tiene esta resolución? Si bien se dejan las reformas vigentes, esto no quiere decir que haya un consenso en la Suprema Corte de que la vida en gestación debe protegerse de forma absoluta y que los legisladores locales tienen competencia para hacerlo. Sino que una mayoría de Ministros sostiene justo lo contrario. Por lo tanto, la resolución de la Suprema Corte es profundamente significativa para los derechos humanos de las mujeres y presenta ventanas de oportunidad para garantizar los derechos reproductivos, especialmente a la interrupción del embarazo y el acceso a los anticonceptivos en el país.  En primer lugar, porque estas reformas tienen que aplicarse de forma que no sean restrictivas de los derechos reproductivos de las mujeres ya establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, por lo que las causales legales de interrupción del embarazo subsisten. En segundo lugar, se deben garantizar los métodos de planificación familiar y el acceso a las técnicas de reproducción asistida para que las personas tomen decisiones libres, responsables e informadas respecto de su reproducción como lo establece el artículo 4º de la Constitución y diversos tratados internacionales de derechos humanos.

Asimismo, de la argumentación de la mayoría de los Ministros se desprende que los derechos humanos de las mujeres no pueden restringirse por lo que la protección de la vida en gestación debe ser compatible con los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, a través de la prestación de servicios de salud reproductiva a mujeres embarazadas, la concesión de licencias maternas a las mujeres trabajadoras y la adopción de medidas apropiadas para reducir la mortalidad materna en el país.

¿Qué sigue ahora para la protección de los derechos reproductivos de las mujeres? Las posturas de la mayoría de los Ministros de la Corte en la discusión de estas acciones dan argumentaciones jurídicas importantes para garantizar los derechos reproductivos en los tribunales de los estados y abren nuevos canales de acción para las mujeres cuando les sean violentados sus derechos. Por ejemplo, la promoción de amparos por afectaciones y restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres en todo el país, tomando en cuenta las obligaciones de las autoridades de promover, proteger, respetar y garantizan los derechos humanos establecidas en la Constitución; la emisión de normas y políticas públicas que garanticen el acceso a la interrupción legal del embarazo  y a métodos anticonceptivos, especialmente el DIU y la anticoncepción de emergencia, en los estados para todas las mujeres sin discriminación.

De igual forma, la nueva agenda legislativa y de política pública debe garantizar la protección de la vida prenatal de conformidad con los derechos humanos de las mujeres, a través de medidas estatales adecuadas, tales como: garantizar los servicios de salud y la atención médica adecuada para las mujeres respecto de las complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio; mejorar la nutrición de las mujeres durante el embarazo; disminuir las tasas de aborto inseguro y de embarazos no deseados/no planeados; reducir los índices de morbilidad infantil; reducir las tasas de mortalidad materna y prevenir y sancionar la violencia domestica contra mujeres embarazadas. Este fallo es sin duda significativo para los derechos humanos de las mujeres.

Alma Beltrán y Puga. Coordinadora Jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE)

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El jueves 29 el Pleno resolvió en una sola sesión la segunda acción de inconstitucionalidad (AI 62/2009) relacionada con la protección a la vida del concebido. Esta vez se trató de la reforma al artículo 16 de la Constitución[1] de San Luis Potosí y el ministro Franco fue también el ponente. Su proyecto contiene las mismas premisas que el de Baja California, por lo que no hubo ninguna sorpresa en la votación[2].

De nueva cuenta 7 ministros se declararon a favor de éste, es decir, en contra de la validez del artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí (Franco, Aguilar, Cossío, Valls, Sánchez Cordero, Zaldívar y Silva) y 4 ministros estuvieron en contra, es decir, a favor de la constitucionalidad de la norma impugnada (Aguirre, Ortiz Mayagoitia, Luna y Pardo).

El ministro Franco presentó su proyecto, pero fundamentalmente se refirió a las diferencias entre la norma impugnada de San Luis Potosí frente a la de Baja California. Para el ministro ponente, la norma al reconocer la vida humana desde el momento de la concepción como fundamento de todos los derechos implica una jerarquía entre éstos. Más aún, al establecer tres excepciones a la punibilidad en los casos de aborto la Constitución implica que siempre la interrupción del embarazo será un delito y que el legislador ordinario no podrá establecer otras causas para su despenalización. Aquí se planteaba una diferencia esencial frente a las razones del voto de la minoría en el asunto de Baja California: la norma de Baja California no llevaba a una prohibición absoluta por lo que permitía la libre configuración del legislador local (Luna y Pardo votaron en este sentido), en cambio el ministro Franco -buscando el voto de esos dos ministros- explicó que la norma de San Luis Potosí era absoluta y por ello cerraba esta posibilidad, siendo pues violatoria de derechos y por tanto contraria a la Constitución General.

La discusión de los ministros en la mayoría, me parece, estuvo orientada a hacer ver esto a Pardo o a Luna para conseguir el octavo voto necesario para declarar inválida la norma.

La discusión la abrió la ministra Sánchez Cordero, planteó que la norma impugnada implica una jerarquía entre los derechos fundamentales pues da a la vida un lugar preminente, y ello rompe el principio de interdependencia[3] de los derechos pues todos se ubican en un plano de armonización para hacer operativo el sistema previsto en la Constitución. Además que la lista del segundo párrafo sobre las excepciones de punibilidad de casos de interrupción del embarazo es taxativa y cierra toda posibilidad para el legislador ordinario, ello es contrario a la Constitución porque limita el contenido esencial de derechos, específicamente se refirió a lo decidido en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 (aborto D.F.). Entonces, la reforma vulnera los derechos al darle preminencia a la vida y con ello excluye toda posibilidad de ponderar frente a los derechos reproductivos de la mujer. Ello discrimina a las mujeres pues cancela su libertad sexual y reproductiva reconocidas por el artículo 4to y en otros tratados internacionales. “Esto no es propio de una Constitución, los derechos absolutos violan per se a otros derechos igual de importantes. El Constituyente de San Luis Potosí pretendió cancelar la interpretación y excluir que el legislador ordinario matizara las ponderaciones y ello elimina la libre configuración en materia penal.” Concluyó, ello viola los artículos 1, 4, 14, 16, y 133 de la Constitución federal.

El ministro Cossío reiteró sus argumentos de la discusión de la acción de inconstitucionalidad 11/2009. En la misma línea, explica que la reforma de San Luis Potosí cancela toda posibilidad de ponderación al establecer una jerarquía entre derechos. Además, al existir una jerarquía normativa entre la Constitución de San Luis Potosí y las leyes ordinarias, el legislador no puede ni ponderar ni establecer otras causales de despenalización. Ello viola además de los derechos reproductivos, el derecho a la salud de las mujeres pues deja casos fuera y ello viola tanto la Constitución federal (artículos 1° y 4to) como tratados internacionales.

Para el ministro Valls la cuestión debe analizarse a la luz del sistema federal, el Constituyente General no puede establecer una jerarquía de derechos alterando con ello la Constitución General, y, siguiendo la línea trazada por Sánchez y Cossío, explica que el problema es la jerarquía entre la vida y los demás derechos lo que cancela toda posibilidad de ponderación con cuestiones relacionadas con la salud o la libertad reproductiva –que no se limita al aborto, dijo-, distintos  de los planteados en las excepciones del segundo párrafo. Valls también enfocó su participación a la cancelación de la libertad configurativa del legislador local, “las constituciones no son códigos penales.”

El ministro Pardo anunció que no movería su argumentación, la reforma de San Luis Potosí es válida a su parecer pues a pesar de las diferencias planteadas, su conclusión es la misma: la norma no establece un derecho absoluto ni establece la prevalencia de un derecho frente a otro. La interpretación conforme de la norma lleva a establecer que en efecto el reconocimiento del derecho del no nacido afecta otros derechos y puede darse una colisión, eso no lo cancela la norma. Aunque establezca unos supuestos, ello no es taxativo, el Constituyente no tiene por qué prever todos los supuestos de excepción. Que él reconoce que la vida es el fundamento de otros derechos, y que ello no implica que el derecho a la vida sea jerárquicamente superior a otros derechos, por lo que no hay motivo suficiente para establecer su inconstitucionalidad. Se trata, según Pardo, de una mala técnica legislativa pero el segundo párrafo es muestra de que no hay jerarquía. Aún si fuera taxativo, el contraste del precepto que las aumentara o disminuyera tendría que hacerse con la Constitución. Para Pardo es una cuestión interpretativa, y el legislador de San Luis Potosí deberá hacerlo correctamente.

El ministro Aguilar reiteró sus intervenciones del martes y del miércoles, el Constituyente local no puede modificar los preceptos fundamentales, tan sólo el poder Revisor previsto en el artículo 135 puede hacerlo. “El derecho a la vida y su protección no puede estar a la variación de cada Constitución local, deben ser unívocos y universales.” Ello ataca además, el principio de igualdad y el de certeza jurídica.

La ministra Luna también se mantuvo incólume. Si la Constitución federal no define cuándo inicia la vida, el legislador local puede hacerlo. A pesar de que sí encuentra diferencias en la norma de San Luis Potosí, su postura es la misma porque existe libre configuración del legislador local, y a pesar del párrafo segundo, éste puede ampliar las causales de no punibilidad del aborto, la lista no es taxativa y el legislador ordinario podrá ponderar. Es falso que las mujeres en San Luis Potosí no puedan usar métodos anticonceptivos o realizar procedimientos de reproducción asistida, pues existen normas federales que obligan por encima de la Constitución de San Luis Potosí (se refiere a la Norma Oficial Mexicana para tratamiento específico en caso de violación). En la línea de Pardo, Luna explica que si la vida fuera superior y absoluta, no habría segundo párrafo. Cita a García Ramírez[4], sobre que el derecho a la vida es el más esencial de todos los derechos.

En este momento había quedado claro que la norma seguiría siendo válida, pues los ministros Ortiz y Aguirre suelen ser congruentes en sus opiniones. Y así fue:

El ministro Aguirre comenzó confirmando estar en contra del proyecto y a pesar de reconocer la labor de la ponencia de Franco, llamó la atención de que nadie había estado de acuerdo con los proyectos en sus términos, sí con sus conclusiones, pero no con su metodología. Criticó que los demás ministros fueran “adictos” a los temas de derechos humanos y que quisieran estar invalidando normas.

El ministro Ortiz reiteró de igual forma su postura, en el mismo sentido que Pardo y Luna, explicó que la norma de San Luis Potosí no establece ningún derecho absoluto. Reiteró su interpretación sobre el derecho a decidir de manera libre el número y espaciamiento de los hijos (artículo 4to), derecho que a su parecer es anterior a la concepción. Para Ortiz la reforma a la Constitución de San Luis Potosí no es contraria a la Constitución pues es modificable.

La ministra Sánchez Cordero pidió de nuevo la palabra para subrayar que la postura de algunos ministros parecía una invitación a que los potosinos no respetaran su propia Constitución. Para ella, la postura de los ministros de la minoría es que la norma no dice nada seguro y que permite todo o nada, que todo depende del legislador ordinario. Sin embargo, explicó, ello lejos de ser libertad de configuración, implica una importante vulneración de los derechos de las mujeres, pues las inhibe de su ejercicio al no tener certeza sobre lo que dice la norma. “La falta de certeza por la propia redacción genera en el gobernado un efecto inhibitorio, pues no sabe cuándo y cómo ejercer sus derechos para no incurrir en una falta, inclusive que pudiera ser arbitraria la propia autoridad. Entonces este derecho se torna nugatorio, amenazado por la falta de certeza jurídica.”

El ministro Zaldívar aseguró que no tenía pensado intervenir pues sus consideraciones de la sesión del miércoles aplicaban en su totalidad a este asunto, sin embargo, externó su preocupación por los argumentos escuchados. “La Constitución no tiene detalles, es interpretable, y para ello estamos los jueces constitucionales.” Sin embargo, explicó, la Constitución federal no puede ser interpretada por la vía de normas inferiores, una norma inferior no sirve para interpretar el sentido de una norma superior, es al contrario. “No porque las normas locales o federales no hayan sido tocadas, significa que la norma constitucional de San Luis Potosí sea constitucional.” Zaldívar reiteró su postura sobre que la Constitución sí reconoce un derecho a interrumpir el embarazo derivado de la interpretación conjunta del artículo 4to y el principio de dignidad, tomando en consideración la especial circunstancia de la posibilidad de embarazo de la mujer (la máxima que dice que se debe ver a las personas siempre como un fin y no como un medio).

La ministra Luna respondió pues se sintió aludida, explicó que ella lee la norma de San Luis Potosí textual y que ésta no dice que el derecho a la vida sea absoluto, sino que es el fundamento de todo y eso –refiriéndose directamente a la ministra Sánchez Cordero- no significa que se invite a los potosinos a no respetar su Constitución ni tampoco lleva a una falta de certeza jurídica pues sólo se respeta y protege la vida desde la concepción. Aclaró que ella no interpreta desde normas inferiores, sino que menciona que no es verdad que la norma impugnada implica el derecho absoluto a la vida, prueba de ello es que el legislador local no está interpretando como la mayoría dice que interpreta. Reconoció que podría haber casos concretos de violación de derechos, “si se niega el acceso a anticonceptivos pues habrá violación al derecho a decidir.”

La ministra Sánchez Cordero reiteró su postura: la reforma genera incertidumbre, ello inhibe a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, por tanto es violatoria de la Constitución General.

El ministro Aguirre intervino nuevamente haciendo hincapié en que no cabe el aborto por malformación en el producto, pues ello sería contrario al artículo 1°, “los malformados no pueden ser abortados…todos los homo sapiens-sapiens tenemos la misma igualdad intrínseca de ahí que el óvulo fecundado tenga la misma dignidad que la mujer.” Finalmente, se refirió a que para él la moral sí es un concepto constitucional pues se encuentra textualmente en los artículos 6, 7 y 94, y que esa moral a que se refiere la Constitución es la moral judeo-cristiana.

El ministro Silva Meza intervino al último, advirtió que la norma debe leerse de manera continua y no fraccionada y conforme a la intención del Constituyente local. Para el presidente de la Corte, la norma sí da carácter preminente a la vida pues en la exposición de motivos, el Constituyente le da una connotación eminentemente penal, se habla de criminalizar y sancionar. Por ende la intención es limitar al legislador ordinario para establecer supuestos distintos para despenalizar. Por estas razones se cancela la posibilidad de ponderar (siguiendo la línea de Cossío, Sánchez Cordero, Valls), entonces si se cancela esta posibilidad, la norma es inconstitucional.

Por último, el ministro Franco aclaró su postura y se refirió básicamente a la criminalización de la conducta que hace la norma constitucional. Eventualmente llegarán casos a la Corte sobre los que tendrán que decidir.

Se desestima la acción por no haberse alcanzado la mayoría de 8 votos y se archiva.

Ahora bien, de acuerdo con el académico Eduardo Ferrer MacGregor “en realidad [la resolución desestimatoria] se trata de una improcedencia de la acción, al existir un impedimento procesal insubsanable, en cuanto al específico acto legal de que se trate, que da lugar al sobreseimiento de la acción procesal ejercida…sucede que la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte hallaron irregular la disposición impugnada, pero el número de ministros que votaron en este sentido no es bastante para que la acción de inconstitucionalidad cumpla su objeto: invalidar con efectos generales la norma impugnada…dicho tribunal no está decidiendo la cuestión sometida a su análisis.”[5]

Es importante aclarar que las correspondientes sentencias de estas acciones de inconstitucionalidad no entrarán al fondo del asunto pues han sido desestimadas[6], de manera que ni siquiera se fijarán criterios interpretativos sobre qué implica la protección de la vida o qué alcance tiene el derecho a decidir del artículo 4to. No se incluirán la motivación de las resoluciones estimatorias no calificadas en el cuerpo de la sentencia. Los ministros anunciaron que presentarían votos razonados[7]. Los efectos de la decisión son que las cosas se quedan en el mismo estado que estaban antes, no hay una declaración ni por la validez ni por la invalidez de la norma. Sin embargo, la estimación no calificada tiene efectos de cosa juzgada, en el sentido de que aunque se estuviera todavía dentro del periodo para solicitar una nueva acción de inconstitucionalidad, ello no podría hacerse pues sería una causa de improcedencia en términos de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, “aunque ello no impide que se reclame por otra vía procesal, (controversia constitucional o juicio de amparo), por partes ajenas a la acción de inconstitucionalidad resuelta, sobre todo con motivo de un primer acto de aplicación, dado que la ejecutoria dictada no tendría efecto de cosa juzgada para ellas.”[8]

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] “El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podráaplicarse en ningún caso.

No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte”. [subrayado mío]

[2] En términos del artículo 72 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, para que la reforma pudiera ser declarada inconstitucional, y por tanto, desechada del orden jurídico, se requerían 8 votos.

[3] No es igual decir que la existencia o disfrute de un derecho depende de otros (cadena funcional) a que existen derechos jerárquicamente superiores. Lo segundo cancela todo ejercicio de ponderación cuando un derecho superior colisiona con uno inferior. En cambio, la interdependencia obliga a la autoridad a asegurar y promover otros derechos, por ejemplo el agua potable está relacionado con el derecho a la salud, el derecho a la salud con el de la vida. El Relator Especial de Naciones Unidas estableció en su informe sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de 1992 que: “todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales […] la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos y libertades fundamentales”. Más sobre interdependencia de los derechos en Obstáculos y desafíos en la implementación de los derechos humanos de Antônio A. Cançado Trindade. Aquí (documento word)

[4] Es posible que se haya referido al Voto concurrente razonado de Sergio Garcia Ramirez, entonces juez de la Corte Interamericana, a la sentencia del caso Mack Chang vs. Guatemala.

[5] Ferrer Mc Gregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén. Efectos y Contenidos de las Sentencias de Acción de Inconstitucionalidad. Análisis teórico referido al caso “Ley de Medios”. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, 2009. Página 35 y ss.

[6] La Corte ha explicado que “…si existiendo mayoría, pero menos de ocho votos en el sentido de que la norma es inconstitucional, sólo se dará la declaración plenaria de la insubsistencia de la acción sin ningún respaldo de tesis jurídica ni en cuanto a la constitucionalidad a la que implícitamente se llega, al respetarse la validez de la norma impugnada por aplicación de una regla técnica que salvaguarda la presunción respectiva en cuanto a que el órgano legislativo se ajustó a la Constitución. El que a ello se haya llegado por falta de la votación calificada se refleja en la ausencia de argumentos jurídicos de la Suprema Corte que respalden y fortalezcan lo establecido por la legislatura.” Acción de Inconstitucionalidad 10/2000.

[7] Existe una tesis de jurisprudencia derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 10/2000 que lo permite.

[8] Ferrer MacGregor y Sánchez Gil. Op. Cit.  Página 41. El problema es que el acto de aplicación al prohibir por ejemplo el uso de anticonceptivos puede dar lugar a un embarazo no deseado, y al no poderse interrumpir, la violación a la libertad sexual y reproductiva no es reparable pues se impone una maternidad no deseada, aunque se de en adopción al hijo, ella siempre será su madre. La norma es pues, para efectos del amparo, autoaplicativa pues su mera existencia afecta la autonomía reproductiva de las mujeres. Se han presentado ya en contra de las reformas a las en el mismo sentido de las Constituciones de Colima, Oaxaca, Puebla y Querétaro y que han sido resueltas por la Segunda Sala: en los amparos en revisión 543/2010, 633/2010, 644/2010, 687/2010, 712/2010, 724/2010 y 877/2010, relacionados.

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El voto del ministro Pardo fue decisivo El tercer día de la discusión de la acción de inconstitucionalidad 11/2009 fue el crucial, la mayoría estuvo por la invalidez de la norma, sin embargo no se alcanzaron los 8 votos necesarios para declararla inconstitucional y, por lo tanto, el asunto se desestimó. Los votos que esperábamos eran 3: Zaldívar, Silva y Pardo. Ya adelantaba yo un día antes que Zaldívar y Silva irían a favor del proyecto, de ser congruentes con sus votos anteriores, pero que de Pardo poco se sabía.

El ministro Pardo era pues, el fiel de la balanza, de él dependía la validez o no de la norma, al principio de la sesión se decantó por la validez y votó en contra del proyecto por los siguientes argumentos:

Primero, delimitó el problema recordando que lo que se decidía no era si se estaba a favor o en contra del aborto, sino si la reforma a la Constitución de Baja California resulta acorde o no a los principios y las normas de nuestra Constitución federal. Para Pardo, esta Constitución desde luego protege el derecho a la vida, no sólo interpretativamente sino textual e históricamente por la vía de los artículos 1°, 29, 14 y 22, además de que le reconoce al producto de la concepción derechos distintos de la madre por la vía del artículo 123, apartado A, fracción XV, pues ahí se habla de la “salud y vida de los trabajadores y del producto de la concepción.” Por otro lado, señaló que los derechos del concebido, si bien no se encuentran textualmente en algunos instrumentos internacionales, éstos pueden inferirse de sus disposiciones. Por lo que concluyó que si se acepta esa protección constitucional necesariamente conlleva la titularidad de un derecho. Posteriormente se refirió al tema competencial y sostuvo que las entidades federativas sí tienen competencia para poder reconocer derechos al concebido pues si la Constitución reconoce el derecho a la vida, no existe una contradicción entre el orden local y la norma fundamental.

En la misma línea que la ministra Luna, Pardo argumentó que se trata de un  ejercicio  de la libertad de configuración legislativa pues corresponde a cada entidad federativa decidir a partir de qué momento debe protegerse el derecho a la vida del producto de la concepción. Explicó que con base en el artículo 1°, el Constituyente de Baja California lo que hizo fue desarrollar y establecer a partir de qué momento surte efectos una protección que ya está en la Constitución. Dijo que la tensión de los derechos no es un argumento para sostener la inconstitucionalidad de un derecho que se amplía, pues los derechos no son absolutos. La posibilidad de que un derecho limite otros no es un argumento para que el Constituyente deje de reconocerlo. El hecho de que el texto normativo del derecho no establezca una excepción, no implica que éste sea absoluto ni que lleve a la inconstitucionalidad pues para eso está la interpretación que realiza la Corte a través de juicios de ponderación, y para ello existe la posibilidad de establecer en los códigos penales excusas absolutorias, por ejemplo.

Ya con el asunto perdido, siguieron los argumentos de los ministros Zaldívar y Silva. El ministro Zaldívar realizó el análisis que a mi juicio, le faltó a los ministros Luna y Pardo, el de los efectos de la sentencia, el de la realidad a la que se aplicaría esa norma. Comenzó diciendo lo que para algunos no resulta obvio[1]: “De entrada quiero decir categóricamente que este no es un debate de si estamos a favor o en contra de la vida, todos estamos a favor de la vida,  no he escuchado a ninguno de mis compañeros que se hayan manifestado en contra de la vida.” Advirtió que en su opinión, la reforma no “se salva” ni con una interpretación conforme. Zaldívar sostuvo su postura en dos aspectos: el federalismo y la mayoría democrática limitada por el ámbito de lo no decidible. En lo que se refiere al primer aspecto, explicó que los estados son autónomos y no soberanos, por lo que a pesar de que tienen una libertad de configuración ésta no es libérrima, con base en el artículo 116 constitucional. Y que a pesar de que pueden crear o ampliar derechos fundamentales, pueden hacerlo siempre y cuando no afecte otro derecho establecido en la Constitución federal o en los tratados internacionales. Y aquí es donde el primer aspecto entonces conecta con el segundo, pues explicó que en una democracia constitucional, el principio de mayoría no puede ser el único, ya que es un deber de las democracias respetar a las minorías, por ende: los derechos humanos son normalmente contramayoritarios. “Ni la unanimidad de una Legislatura de un Estado tendría facultad constitucional para anular un derecho fundamental.”

Para Zaldívar, esta reforma excluye del debate democrático la titularidad de los derechos humanos, un argumento muy parecido al del ministro Cossío en el sentido de que la reforma cancela la posibilidad de ponderación. Explicó que el problema de la reforma no es que se establezca una nueva categoría de titulares de derechos o se amplíen éstos, sino que se dispone del contenido del concepto de persona, mismo que no es disponible para las entidades federativas, pues su definición corresponde al Estado en su totalidad, es decir, se trata de una facultad del Constituyente General. Y esto es así, al parecer de Zaldívar, porque ello modifica la titularidad de los derechos humanos, se trata de un cambio cualitativo y sólo por esto la reforma aludida es contraria a la Constitución. “Lo que se está modificando aquí es la titularidad de los

derechos humanos, se está disfrazando de una protección a la vida, en la que todos estamos de acuerdo, y que me parece que el Estado tiene no sólo el derecho, sino la obligación de proteger la vida y tiene la obligación de proteger en principio, que el producto de la concepción llegue a feliz término, con la titularidad del derecho, y esto sí es un cambio cualitativo.” Después rebatió la interpretación del ministro Pardo en el sentido de que hay una diferencia desde el punto de vista jurídico entre el titular de los derechos humanos como persona viva y viable y el nasciturus.

Hasta aquí, Zaldívar dijo, la norma es ya inconstitucional pues el Constituyente local no puede disponer del concepto persona, sin embargo, explicó, es necesaria la referencia a los derechos de las mujeres pues “son ellas las que al final pierden en estos casos, las más pobres, las más humildes, las que no tienen recursos, las que no tienen cultura, lo que es no solamente profundamente injusto sino abiertamente discriminatorio, y por tanto, inconstitucional.” Para Zaldívar sí hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo, y reconocer esto no implica que el Estado esté en contra de la vida, pues es posible proteger la vida en sus distintas fases y al mismo tiempo autorizar en ciertos casos y en ciertos supuestos que la mujer interrumpa su embarazo, es una cuestión de ponderación. Dijo que aunque la mayoría de los derechos de las mujeres están contenidos en el proyecto, sería importante destacar: el derecho a decidir libremente sobre el número y el espaciamiento de sus hijos (4to constitucional) y la dignidad humana que  cuando se trata de la mujer en su posibilidad de ser madre, toma un carácter especial, diferenciado y específico pues “la mujer debe ser entendida como un fin en sí mismo, no ser jamás considerada un instrumento reproductivo.”

A ello abundó explicando que considera que hay tres vertientes que cobran importancia: el uso de anticonceptivos (derecho consagrado en el 4to constitucional), el hecho de no ser penalizadas en caso de decidir interrumpir un embarazo (ponderación) y tener tiempo para decidir si quiere o no interrumpir el embarazo. Zaldívar reconoce una gradualidad en el valor de la vida, al estilo del Tribunal Constitucional Español[2], pues “…exigirle a la mujer que culmine el embarazo implica en ocasiones atacar su libertad reproductiva y su dignidad [pero] esto cambia conforme avanza el embarazo, ya que de conformidad con su avance, el interés del Estado en la vida del producto de la concepción va incrementándose. Decir que un óvulo fecundado que está refrigerado en un laboratorio es igual que un bebé de tres meses implicaría la modificación de la lógica del derecho penal en todo el orbe, además de que habría que cambiar el concepto de homicidio.” Finalmente, habló de la necesidad de que exista educación sexual para poder ejercer la libertad de manera responsable, pero que en todo caso estamos ante un falso debate a favor de la vida y a favor del aborto, pues cada aborto es un drama humano y criminalizar a la mujer, lejos de ayudar, agrava los problemas.

El ministro Aguilar intervino por segunda vez para aclarar su postura con respecto a que las entidades federativas no pueden establecer derechos fundamentales, pues el sistema federal implica entidades federativas autónomas pero ello no puede implicar que existan distintos derechos diferenciados por estado de la República, pues éstos, dada su universalidad, no pueden depender de las particularidades de los estados de la Federación.

La ministra Luna también habló por segunda ocasión para aclarar su postura con respecto a su voto en 2009 (en la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 ella votó a favor de la reforma en el D.F. que despenaliza el aborto). Aclaró que no es incongruente su voto ya que ella considera que en ambos casos se está frente a la libre configuración legislativa y que en ninguno de los dos casos se viola algún derecho o alguna norma constitucional sino que se está frente a una norma optativa o de libre configuración. “Independientemente de que siempre me he  pronunciado nunca (sic) a favor de la interrupción del embarazo, ni nunca a favor del castigo de quienes se ven obligadas a realizarlo [considero que] los Estados tienen facultad para configurar libremente este tipo de situaciones en sus regulaciones locales…” Además, explicó que las reformas en el mismo sentido de 18 estados de la República no llevan en ningún caso a penalizar siempre el aborto, pues se trata, de nuevo, de una materia de libre configuración normativa.

El ministro Presidente Silva Meza se pronunció como se esperaba a favor del proyecto aunque no comparte las premisas de éste. Considera que el problema toral es determinar si el Constituyente local cuenta con facultades para ampliar el derecho fundamental de la vida y si la tiene, resolver si tiene límites constitucionales y cuáles son. Primero se dedicó a dilucidar si los constituyentes locales pueden ampliar el alcance y el contenido de los derechos fundamentales y consideró que a la luz del nuevo artículo 1°, la Federación debe guardar un orden para poder dispensar un trato igualitario a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, ello, aunado al principio de supremacía Constitucional, lleva a concluir que los estados pueden ampliar derechos pero sin que ello sea contradictorio con el contenido o alcance de los derechos reconocidos en la Constitución General. Este argumento se acercó bastante a la idea del ministro Aguilar del contenido esencial de los derechos como límite para su desarrollo o ampliación. Silva Meza aclaró que la Corte ha reconocido la existencia de una protección gradual de la vida humana en el plano de su gestación fisiológica y ello lo desprende de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 pues en esa sentencia la Corte se expresó en el sentido de “reconocer que el derecho a la vida no puede ser absoluto, de ahí que quepa la ponderación en caso de que dicho derecho entre en colisión con otros derechos fundamentales.”

En este ejercicio de ponderación, explicó Silva, es necesario tomar en consideración los diversos alcances de los intereses en juego y que no es posible establecer una regla general. Pues sí existe un interés legítimo del Estado para salvaguardar el proceso de gestación pero éste debe ser proporcional con otros derechos. Sin embargo, aclara que el problema al que se enfrentan es, si la norma de Baja California es razonable para alcanzar ese fin y concluye que no, pues para preservar ciertos valores que se consideran absolutos, se equipara el grado de protección del derecho a la vida con el concebido no nacido. Silva desprende su argumento de la exposición de motivos del Constituyente de Baja California, de donde concluye que se revela “la intención del Constituyente local de reprimir, en el ámbito penal, cualquier conducta que atente contra la vida del concebido no nacido.” Y el problema de constitucionalidad que encuentra el ministro es que la medida desplaza en automático diversos derechos consagrados en favor de las mujeres pues la norma no reconoce la interrelación entre el nasciturus y la madre y ello necesariamente lleva a conductas determinadas del Estado, de hacer y no hacer, para defender, de manera absoluta, el derecho a la vida del nasciturus. Su argumento sobre la anulación de la ponderación se parece también al de los ministros Cossío y Zaldívar.

Por último, el ministro Franco intervino para defender su proyecto, mismo que nunca tuvo oportunidad de presentar en su totalidad pues se limitó en la primera sesión a presentar tan sólo su primer argumento (el de la personalidad jurídica del no nacido) para que después se determinara que la discusión se haría en lo general. Franco aclaró que el proyecto no señala que la vida comienza con el nacimiento, ni que el producto de la concepción no tenga vida humana, sino que a partir del nacimiento surgen ciertos derechos constitucionales y que fue éste el eje vertebral del proyecto. En el mismo tono de Zaldívar subrayó que todos los ministros están por la vida y que la discusión no es si están a favor o en contra del aborto, sino que se debe discutir la constitucionalidad de una norma impugnada.

…aclaro categóricamente que el proyecto en ninguna parte sostiene que los no nacidos, y esto lo digo categóricamente, jamás se señala, ni siquiera se implica, puedan ser considerados como bienes o cosas como en algún momento se manifestó, y mucho menos que exista expresión alguna en sentido peyorativo respecto de este altísimo bien que es la vida prenatal. Reconociendo pues el valor de esa vida, lo que el proyecto sostiene es que los seres no nacidos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tienen reconocido el estatus de personas en un sentido estrictamente normativo constitucional, es lo que sostiene el proyecto.

También aclaró que el proyecto reconoce la validez de la norma en la porción que reconoce el derecho a la vida, la parte que invalida es la última donde se señala que se reputa como nacido al concebido. Considera también que no cabe una interpretación conforme de la norma y que en el engrose matizará las expresiones y argumentos de acuerdo con lo ya discutido en el Pleno.

Además, aclaró que el proyecto no argumentó con supuestos hipotéticos, sino que dada la estructura de la norma, se trata de las consecuencias que su vigencia genera pues la sola protección absoluta de la vida desde la concepción afecta normativamente –por la mayor jerarquía constitucional- el uso de anticonceptivos como el DIU y por supuesto, el aborto. El Ministro justificó el ejercicio de ponderación realizado en el proyecto y a explicó que no se consideran en todo caso más valiosos los derechos de las mujeres, sino que se trata, precisamente de una ponderación. Se refirió a la declaración interpretativa de la Convención Americana y a las diferencias existentes entre la norma de la Constitución de Baja California y la norma de los códigos civiles: “se le reputa como nacido para los efectos declarados en el presente Código”, dicen unos, “se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, dice la norma impugnada”.

Se puso a votación el proyecto: 7 ministros se declararon a favor de éste, es decir, en contra de la validez del artículo 7 de la Constitución de Baja California (Franco, Aguilar, Cossío, Valls, Sánchez Cordero, Zaldívar y Silva) y 4 ministros estuvieron en contra, es decir, a favor de la constitucionalidad de la norma impugnada (Aguirre, Ortiz Mayagoitia, Luna y Pardo). Como ya había explicado, en términos del artículo 72 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, para que la reforma pudiera ser declarada inconstitucional, y por tanto, desechada del orden jurídico, se requerían 8 votos. Con el resultado 7-4 se desestima la acción, se archiva y la norma sigue vigente.

Los Ministros fueron citados para el día de hoy para analizar la otra acción de inconstitucionalidad presentada por Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí (Acción de Inconstitucionalidad 62/2009) donde se plantea que la reforma al artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí es contraria a la Constitución General:

El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podráaplicarse en ningún caso.

No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte. [subrayado mío]

En este asunto también es ponente el ministro Franco y su proyecto contiene las mismas premisas que el de Baja California, por lo que se prevé una discusión más rápida y una votación sin sorpresas. Sin embargo, adelanto que esta norma presenta menos problemas de interpretación en cuanto a sus consecuencias normativas pues no “reputa como nacido” al concebido y cabría una interpretación conforme. Ello podría orillar a alguno(s) ministros a votar a favor de la constitucionalidad. Veremos.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] En twitter se creó la etiqueta o hashtag #SíalaVida para defender la postura en contra del proyecto de Franco y a favor de la reforma de Baja California y la de San Luis Potosí, y, al igual que el grupo pro-vida, pareciera que quienes defendemos la autonomía reproductiva de las mujeres estamos en contra de la vida.

[2] La sentencia TCE 53/1985 del Tribunal Constitucional Español  considera que “la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana.”

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La segunda sesión para discutir el proyecto de sentencia para la acción de inconstitucionalidad 11/2009 presentado por el ministro Franco fue sin duda mucho más rica en contenidos que la primera. Se fijó ya la tendencia hacia la invalidez de la reforma a la Constitución de Baja California que “reputa al concebido como nacido para todos los efectos legales correspondientes.”

Antes de referirme de manera breve a los posicionamientos de los ministros, es importante mencionar que el presidente Felipe Calderón ayer mismo solicitó al Senado de la República retirar una declaración interpretativa[1] del artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta declaración fue mencionada en la sesión del lunes y ha sido un argumento para demostrar que el sistema jurídico mexicano no reconoce personalidad jurídica al no nacido.

El primero en intervenir fue el ministro Cossío, expresó su desacuerdo con la primera parte del proyecto donde se argumenta sobre la personalidad del no nacido y se refirió a la declaración interpretativa explicando que la expresión “en general” implica las determinaciones particulares de cada orden interno. Cossío se refirió a la sentencia de 2009 (AI 146/2007) que él elaboró y que “si bien el proyecto no llega al desconocimiento de los derechos del producto de la concepción, retóricamente sí presenta una condición de disminución con respeto de este sujeto o bien jurídicamente tutelado….se dice que el nasciturus no es persona y de ahí se da un salto para decir que valen más los derechos de las personas.”

Asimismo, Cossío señaló que el constituyente local sí puede establecer posibilidades o modalidades del desarollo de los derechos humanos, siempre que sean mayores. Se pronunció porque la Corte defina qué alcances tienen los nuevos artículos 1° y 29, y considera que la reforma es inválida pues el Constituyente local cancela el diálogo entre un bien jurídicamente tutelado (la vida) y un derecho que tienen las mujeres (reconocido en el artículo 4to) lo que genera una exclusión absoluta y se impide cualquier manifestación de ese derecho reproductivo. Para el ministro Cossío es importante el pronunciamiento de la Corte con respecto a los contenidos de los derechos en juego.

El ministro Valls mencionó que no está de acuerdo con las ponderaciones ni con las conclusiones del proyecto. Dijo que efectivamente las entidades federativas tienen límites para definir derechos en los artículos 40 y 41 pero que la cuestión a dilucidar es si otorgar personalidad jurídica al no nacido no necesariamente se traduce en una vulneración a la Constitución general. “Es desafortunado que el proyecto defina qué es feto o embrión pues se trata del mismo individuo protegido desde la concepción.” Para él la norma analizada debe leerse a la luz del sistema federal y debe interpretarse conforme al principio de supremacía constitucional, es decir, las legislaturas sólo pueden expandir derechos. Para Valls el derecho a la vida no es absoluto, sino que debe armonizarse con otros derechos, “los derechos fundamentales son relacionales y se establecen para limitar a la mayoría sobre la minoría, el Estado debe respetar el derecho a decidir.” Valls se manifestó a favor del proyecto, pero en contra de los conceptos en él planteados.

La ministra Sánchez Cordero realizó una muy emotiva exposición, en ella destacó, por un lado, la autonomía reproductiva reconocida por la vía del artículo 4º constitucional interpretado en conjunción con el artículo 1° (principio pro personae y de progresividad de los derechos) y, por otro, se refirió a los efectos de la reforma no sólo con respecto a los derechos reproductivos y a la colisión que se encuentra entre éstos y la protección a la vida del no nacido, sino también a la parte de la norma impugnada que se refiere a la “muerte natural”. Para la ministra las constituciones locales son el vehículo idóneo para ampliar derechos, pues son los más aptos para otorgar un mayor espectro en su protección por ser ordenamientos con mayor inmediatez en las entidades federativas. Pero este aspecto no es de libre configuración local, pues pueden expandir, pero no limitar. La ministra se refirió, a su vez, al contenido esencial de los derechos y a la posibilidad de que los constituyentes locales los amplíen y desarrollen de manera vertical, pero nunca horizontal, es decir, de tal forma que limiten otros. “La pregunta es si la definición que el derecho a la vida adopta el Constituyente de Baja California, que a primera vista parecería expansiva de derechos, afecta o restringe otros derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal.” Para la ministra, la respuesta es afirmativa y en consecuencia la reforma viola los artículos 1º, 4º, 14, 16, 40, 41 y 133 de la Constitución federal.

Por su parte, el ministro Ortiz Mayagoitia comenzó refiriéndose a la solicitud de Calderón de retirar la declaración interpretativa, dijo estar de acuerdo con ello y dio lectura al comunicado de la presidencia de la República. Personalmente me parecía innecesario referirse directamente al comunicado de otro poder, bastaba con mencionar la solicitud de Calderón desde un punto de vista un tanto más neutral. Cuestión de enfoques. Posteriormente, el ministro se refirió en gran medida a su postura sostenida en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 en donde junto con los ministros Aguirre y Azuela se pronunció porque la Constitución reconoce el derecho a la vida del no nacido y la libertad sexual y reproductiva de la mujer no prevalecen sobre ésta. El ministro se refirió a los nuevos artículos 1º y 29, que reconocen “de manera textual” el derecho a la vida “que siempre estuvo ahí”.

Para el ex presidente de la Corte, el sistema jurídico mexicano siempre ha reconocido el derecho a la vida del concebido, prueba de ello es que los códigos civiles se establecen una condición suspensiva para el no nacido. El ministro también se refirió a la diferencia que el proyecto hace con respecto al nasciturus “no se trata de un derecho a favor del nasciturus, sino de todos los individuos. No son dos subespecies, sino la misma entidad en momentos diferentes [pues] toda persona comenzó su vida propia e individual con la concepción [por tanto] el destino natural de un concebido es llegar a nacer.” Para el ministro Ortiz los derechos reproductivos de la mujer no prevalecen frente a los del concebido, pues el derecho a la vida tiene mayor peso aunque “la mujer quien lleva la vida en su seno, tiene derechos en cuanto a la maternidad [pero] el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos no es una prerrogativa ilimitada… en cuanto haya información sobre sexualidad y anticoncepción y excepciones al delito de aborto, no puede hablarse de una afectación.” Según el ministro, la norma no afecta los derechos de las mujeres, éstos están intactos. Por ello, su voto será en contra del proyecto.

Se declaró un receso y después regresó el Pleno para escuchar a la Ministra Luna Ramos.

Es verdad que por razón de género, se esperaba un voto a favor del proyecto de la ministra Luna, sin embargo, sorprendió su argumentación en contra del derecho a decidir y su concepción totalmente opuesta a la de la ministra Sánchez Cordero.

Así, Luna Ramos comenzó refiriéndose a su voto en 2009 (AI 146/2007) para luego explicar los tipos de normas constitucionales: las que crean los órganos de los Estados y delimitan sus funciones, las que establecen los procedimientos de creación jurídica y las que establecen los contenidos de las normas secundarias. Siendo las más importantes para este asunto aquellas que establecen contenido, las que pueden ser de contenido necesario, prohibitivo y optativo. Las de contenido optativo son las que dejan la ponderación en el legislador ordinario a través de puntos de vista social, moral, económico o político. Éstas son las normas de libre configuración cuyos límites son otras normas constitucionales.

Para la ministra Luna, el artículo analizado no es una norma de contenido necesario, sino de libre configuración pues la Constitución federal no define qué es la vida ni a partir de qué momento se va a determinar y no existe ninguna norma constitucional que prohiba la determinación sobre cuándo comienza la vida. Para ella, la declaración interpretativa de la Convención implica que cada Estado puede determinar cuándo comienza ésta y que “Estado” en términos de la Convención, implica, también, entidad federativa. Si la Constitución nunca ha dicho que tiene que entenderse por persona y lo “único que hace el Constituyente de Baja California es decir que el no nacido tendrá una protección, pues se puede entender que se dé esta definición en una ley local y que esta protección no vulnera ningún derecho de las mujeres pues la norma no prohíbe ni el uso de anticonceptivos ni de experimentos científicos. El artículo 4º, dice Luna, no reconoce el derecho al aborto, reconoce el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos, de manera responsable e informada, pero ello no puede traducirse en interrumpir embarazos. La libre configuración legislativa no atenta contra el derecho a la planeación familiar. Además el federalismo mexicano, según la ministra, es copiado del estadounidense, en donde “todo el día escuchamos disparidad en la regulación”[2]. De manera que, confirmó al final de su intervención estar en contra del proyecto y a favor de la constitucionalidad de la reforma.

Se levantó la sesión y se citó a los ministros para el miércoles 28 a las 11am.

Para resumir, se cuentan ya con 5 votos por la invalidez de la norma impugnada. A favor del proyecto, es decir, por la invalidez de la reforma se han manifestado, además de su autor, el ministro Franco, los ministros Aguilar, Cossío, Valls y Sánchez Cordero (es decir, se tienen ya 5 votos a favor). En contra, es decir, por la validez de la reforma, se han manifestado ya los ministros Aguirre, Ortiz y Luna (es decir, se tienen 3 votos en contra). Para que la reforma pueda ser declarada inconstitucional y, por tanto, desechada del orden jurídico, se requieren 8 votos, de otra manera se desestima la acción, se archiva y la norma sigue vigente.

Falta que se pronuncien los ministros Zaldívar,  Silva y Pardo. Se prevé que el ministro Silva vote con el proyecto, pues en 2009 votó a favor[3] de la constitucionalidad de la reforma que despenalizó el aborto en el D.F. Sobre los ministros Zaldívar y Pardo no se tiene certeza pues no eran miembros de la Corte en 2009, sin embargo se prevé que el ministro Zaldívar estaría a favor del proyecto en congruencia con su postura garantista[4] y sus votos, por ejemplo en el caso de matrimonio entre personas del mismo sexo o en su proyecto sobre la guardería ABC, pero principalmente en el caso de “píldora del día siguiente” (CC 54/2009). En un mero ejercicio de adivinación, del ministro Pardo podríamos esperar también un voto a favor del proyecto pues en sus dos discursos como integrante de terna para Ministro ante el Senado, habló[5] sobre la Constitución como un documento viviente y que las decisiones de la Corte deben garantizar seguridad jurídica y defender los derechos fundamentales.

Si así fuera el caso, se lograrían los 8 votos requeridos. Ojalá.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Con respecto al párrafo 1 del Articulo 4 considera que la expresión “en general” usada en el citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida “a partir del momento de la concepción”, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados. (Artículo 4.  Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.) Los alcances del retiro de la declaración no implicarían una obligación para México de penalizar todo tipo de aborto ni prohibir métodos anticonceptivos o técnicas de reproducción asistida.

[2] Creo que aquí vale la pena referirme a la consulta sobre reconocimiento de personalidad jurídica del nasciturus en Mississippi. Cuestión que no es común en los Estados Unidos. En este país por la vía del caso Roe v Wade fue reconocido el derecho a interrumpir el embarazo  con base en el derecho a la intimidad fundamentado en el substantive due process de la enmienda 14.

[3] “[Para] poder analizar debidamente si la medida adoptada por el legislador local, en este caso la concreta despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en sus primeras doce semanas, es o no apegada al orden constitucional, es indispensable identificar en principio los bienes o derechos constitucionales que se encuentran en juego… el tema que nos tocó resolver, no podía partir únicamente, del producto de la concepción, sino mirar a la otra parte del problema, esto es, a los derechos de las mujeres que se encuentran involucrados, pues con base en ellos la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sustentó su determinación de despenalización…Los derechos fundamentales de las mujeres que intervienen en el conflicto en estudio son la vida, la salud, la igualdad, la no discriminación, la libertad sexual y la reproductiva, la autodeterminación y la intimidad…” El voto concurrente del Ministro Silva Meza se encuentra en la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 a partir de la página 373. [Negritas originales].

[4] “El reto es que los próximos años, —sin descuidar la labor que hasta este momento ha realizado la Corte—, sean los años del desarrollo de los derechos fundamentales. Es momento, utilizando el título de un célebre libro, de tomarnos los derechos en serio.” Reflexiones sobre la jurisdicción constitucional en México. A doce años de la reestructuración de la Suprema Corte y a propósito de la reforma constitucional del 14 de septiembre de 2006; Zaldívar, Arturo (Las comisiones de derechos humanos y la acción de inconstitucionalidad).

[5] “La Corte no tiene facultades políticas, por ello sus decisiones se deben limitar a garantizar la vigencia de los principios y normas constitucionales, es decir, a reestablecer el orden constitucional y generar seguridad jurídica. Las decisiones de la Corte deben respetar sin excepciones el principio de división de poderes, los derechos humanos, el principio democrático y la consecución del bien común… La Corte, cumple con tres tareas básicas: ser un factor de seguridad jurídica, protección; la defensa de los derechos fundamentales; y la definición de la distribución de competencias.” Discurso ante el Senado de la República, 10 de febrero de 2011.

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Hace 15 días la Corte subió a su página dos proyectos de sentencia sobre un tema en común: la protección de la vida desde la concepción. Sobre ellos ver este post.

Se trata de la cuarta vez que la Corte revisa algún asunto relacionado con los derechos reproductivos. En 2002 con la llamada Ley Robles (Acción de Inconstitucionalidad 10/2000); en 2009 con la legalización del aborto también en el DF (Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007); en 2010 con la Controversia interpuesta por el gobernador de Jalisco sobre la “píldora del día siguiente” (Controversia Constitucional 54/2009) y ahora con las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas constitucionales en Baja California y San Luis Potosí.

El día de ayer, lunes 26 de septiembre, el Pleno comenzó el análisis de la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009 presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado de Baja California. En ella, se plantea la inconstitucionalidad de la reforma al artículo 7º de la Constitución del estado de Baja California:

El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. [subrayado en el proyecto]

El Ministro Franco, al presentar su proyecto de sentencia, mencionó dos cuestiones que vale la pena destacar: por un lado, se refirió a la libertad de expresión que una sociedad democrática y plural necesita, pero hizo un llamado a la tolerancia y razonabilidad en el debate. Por otro lado, explicó que su proyecto no niega humanidad al producto de la concepción, sino que el proyecto sostiene que la Constitución no reconoce personalidad jurídica al no nacido, lo que implica titularidad de derechos y obligaciones.

El Pleno en votación económica aprobó los considerandos primero al cuarto que analizan la competencia, oportunidad de la demanda, legitimación y causas de improcedencia, por lo que la parte puramente formal ha sido ya superada.

El considerando quinto contiene los conceptos de invalidez, es decir, los argumentos planteados por la Procuraduría de Derechos Humanos y son:

  1. Violaciones procesales (respecto del procedimiento de reforma constitucional);
  2. Violación a la esfera de competencias de la Federación;
  3. La reforma impugnada condiciona indebidamente el contenido de las normas secundarias;
  4. El precepto impugnado reconoce indebidamente el carácter de persona al concebido y no nacido;
  5. Restricción indebida de los derechos fundamentales de las Mujeres; y
  6. Indebida fundamentación y motivación del acto de autoridad legislativa que dio lugar al precepto combatido.

El análisis y argumentación de los conceptos de invalidez se realiza en los considerandos sexto y séptimo del proyecto. El considerando sexto se refiere a la violación del procedimiento de reforma constitucional pues según el accionante en el procedimiento de reforma se violaron disposiciones de la Constitución de Baja California. El Pleno no entró al análisis de este concepto de invalidez y lo aprobó sin mayor discusión.

A pesar de que se considera infundado, considero que al analizar el fondo, la Corte aceptó tener competencia y la aprobación por unanimidad de este considerando es una extralimitación a las facultades de la Corte pues por la vía de la acción de inconstitucionalidad, ésta no puede interpretar normas locales sino es a la luz de la Constitución federal. La invalidación de una norma o de un acto conforme a la Constitución de Baja California toca a la Corte únicamente en los casos de controversias constitucionales planteadas en los términos del artículo 105 fracción I incisos g), h) e i). Esto es así, pues las acciones de inconstitucionalidad, según la fracción II del artículo 105, tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución federal; y el concepto de invalidez plantea la violación al artículo 112 de la Constitución Política de Baja California.

El considerando séptimo se refiere a los conceptos de invalidez restantes. Este apartado del proyecto comienza con una advertencia sobre los parámetros de control aplicables (páginas 33-38 del proyecto) en donde se refiere a la sentencia Radilla y el control de convencionalidad (ver aquí), así como a las decisiones de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007. Varios ministros (Aguirre, Luna, Valls, Ortiz Mayagoitia) no estuvieron de acuerdo con este examen previo de convencionalidad pues consideraron que los parámetros internacionales para analizar la constitucionalidad de la norma impugnada debían ser incluídos en el análisis de los conceptos de invalidez y no en un apartado distinto. El Ministro Franco accedió a quitar el apartado e incluir los argumentos en el cuerpo de la argumentación.

El Ministro presentó el primer concepto de invalidez: la reforma es inválida porque la Constitución no reconoce la personalidad jurídica del no nacido y los argumentos son:

Si ni la propia Constitución Federal ni los instrumentos internacionales  pertinentes contemplan como “individuo” al producto en gestación, tampoco lo  puede hacer la Constitución estatal, porque se conferirían derechos a un grupo de  “sujetos” no reconocidos por la Norma Suprema, lo cual supone una contravención a ésta, en atención al principio de supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cual ésta es la ley suprema de la  Unión, y  prevalece sobre las constituciones de las entidades federativas, que deben apegarse a las disposiciones de aquélla.

Lo anteriormente dicho no equivale a decir que no se reconozca el valor de la vida humana prenatal y su consecuente protección y tutela, pero esta protección se basa en la idea de que aquélla es un bien constitucionalmente protegido, que no tiene una posición preeminente frente a los demás derechos y bienes constitucionalmente tutelados para la persona.

En la primera sesión únicamente intervinieron para fijar su postura con respecto del proyecto los ministros Aguirre Anguiano y Aguilar Morales.

La intervención del Ministro Aguirre puede sintetizarse en dos partes, primero realizó tres críticas metodológicas y después fijó su postura con respecto de la personalidad jurídica del no nacido. La postura sobre la personalidad jurídica del no nacido fue muy parecida a su voto particular en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007. Para el Ministro Aguirre, la protección constitucional del no nacido comienza desde la vida, pues a su parecer esto se desprende del artículo 1° en conjunción con el 29 y el 123. Para él, el embrión es persona jurídica y los derechos de las mujeres no pueden prevalecer por encima de esa vida. En términos del nuevo artículo 1° constitucional, los embriones son personas pues a su parecer éstos son sujetos de derechos en términos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. “La mujer tiene derechos, varios, pero no esos, esos derechos de que se habla están entre comillados”, dijo. El Ministro Aguirre declaró que está en contra del proyecto.

La crítica metodológica se refirió a la no referencia al principio de interpretación conforme, para ello mencionó dos tesis, una de jurisprudencia[1] y una aislada[2] que se refieren a éste método interpretativo.

El proyecto, a decir del Ministro Aguirre, pasa por alto el criterio de interpretación conforme, que él ubica en el segundo párrafo del artículo 1° y la presunción in dubio pro legislatore (en caso de duda, a favor del legislador), además, señaló que el examen de proporcionalidad realizado en el apartado segundo del considerando séptimo era innecesario pues la norma se declara inválida. Por último, el Ministro recordó que al tratarse de una acción de inconstitucionalidad, el examen de la norma debe ser puramente abstracto y no la presentación de casos hipotéticos, como se realiza en el tercer apartado del considerando séptimo.

El Ministro Aguilar recurrió a un argumento bastante abigarrado pues fundó el principio de equidad en el federalismo y el principio de supremacía pero realizó un recorrido por el constitucionalismo histórico para concluir que: la Constitución es la norma suprema del ordenamiento (artículo 133)  a la cual se someten los estados por la vía del Pacto Federal (artículos 39-41 y 124) y que solamente ésta puede contener las disposiciones generales sobre derechos fundamentales, es decir, las normas de contenido esencial de los derechos que se convierten en mandamientos al legislador para ser ampliados y desarrollados para su goce y disfrute. En este sentido, dice el Ministro Aguilar, las constituciones locales no pueden ni ampliar ni limitar el contenido esencial de esos derechos contenidos en la Constitución general porque no tienen la facultad y porque esto implicaría un trato diferente arbitrario pues el disfrute o detrimento de ciertos derechos dependería del estado de la República en que cada persona se encuentre.

El Ministro Aguilar no declaró el sentido de su voto, pero es evidente que encuentra inválida la reforma por ser contraria a la Constitución en los términos explicados.

Después del receso, el Ministro Cossío intentó poner orden a la discusión solicitando que se determinara sobre qué giraría el debate, si únicamente sobre el primer apartado del considerando séptimo o todo el considerando, proponiendo que se abriera el debate a todo el proyecto. El Ministro Cossío además retoma las consideraciones metodológicas del Ministro Aguirre pero recomienda seguir la línea del proyecto pues considera que sí es necesaria la interpretación conforme, pero para definir derechos, no “para salvar al legislador” y difiere con el Ministro Aguirre de que la interpretación conforme sea obligatoria por la vía del artículo 1° segundo párrafo. Allí, explica el Ministro Cossío, se busca cuidar los derechos humanos, no la constitucionalidad de la ley.

El Ministro Valls propuso también discutir todo el proyecto y no fragmentarlo, pero el Ministro Presidente Silva Meza no estuvo de acuerdo.

El Ministro Zaldívar por su parte mostró su acuerdo con la discusión fragmentada y con la metodología del proyecto y llamó la atención sobre la diferencia entre metodología para la discusión y método de interpretación, sobre el cual se decide la validez o no de la norma.

Finalmente, el Presidente Silva Meza decidió suspender la sesión para el día de hoy determinar cuál sería la metodología para llevar la discusión.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.

[2] INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN.

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