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Mesa de Debate. Libertad de expresión y reforma electoral del 2007 (Sentencias Amparo de los Intelectuales I y II).
Participantes: Hugo Concha (IIJ-UNAM), Fernando Franco (SCJN), Jesús Silva-Herzog Márquez (ITAM) y Saúl López Noriega (ITAM).
Grabada el pasado jueves 13 de octubre de 2011, en el Auditorio Raúl Bailléres del ITAM.

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La discusión sobre el control judicial de las reformas constitucionales parece haberse convertido en un tema recurrente para los ministros de la Corte mexicana. El pasado lunes 28 de marzo, con el voto del ministro Pardo Rebolledo se concluyó el debate (por ahora) relativo a la reforma constitucional en materia electoral de 2007.

En esta ocasión, la conclusión a la que arribaron la mayoría de los ministros (7) es que el juicio de amparo es improcedente (y por ende sobreseído) tratándose de la impugnación de reformas a la Constitución, pero sin que hubiese un acuerdo mayoritario sobre las razones que la sustentan[1]. Asunto que nos presenta una ocasión propicia para recordar la diferencia entre fallo o resultado (improcedencia) y doctrina o argumentación que respalda una decisión.

Es decir, si bien una mayoría de siete ministros estuvo de acuerdo en que debía declararse la improcedencia del juicio, no hubo argumentación mayoritaria sobre las razones para ello. Es lo que en otras latitudes se ha denominado como plurality decisions que sólo sirven para resolver el caso pero que son poco útiles para crear doctrina[2]. Este tipo de decisiones, vale subrayar, son comunes en el modelo de decisión judicial colegiada, en el que hay un juez relator encargado de hacer un proyecto de sentencia, y existe la posibilidad para los miembros del colegio de expresar su opinión a través de un voto por separado.

En el caso, la mayoría de siete ministros se fraccionó de la siguiente manera. Cinco ministros consideraron que debía decretarse la improcedencia pues la declaración de inconstitucionalidad sólo protegería a las partes en el juicio, lo que desde su punto de vista sería contrario al diseño del juicio de amparo. Por otro lado, otro ministro señaló que toda vez que los argumentos de inconstitucionalidad por forma y por fondo no pueden estudiarse por separado, y siendo éstos últimos propios de la materia electoral, entonces, el único medio para impugnar la reforma es la acción de inconstitucionalidad. Finalmente, el otro ministro de la mayoría arguyó que el control de las reformas no está previsto como objeto de los medios de control judicial de constitucionalidad. La minoría, por su parte, integrada por cuatro ministros, estuvo a favor de la procedencia.

Es decir, sólo cinco de los integrantes del Pleno suscribieron un mismo argumento, el de los efectos, mientras que el resto tenían razones distintas para apoyar o no la improcedencia.

En pocas palabras, es una decisión sin mucha fuerza que nos deja con múltiples dudas para los casos por venir. Es, sin duda, una invitación a que el asunto se replantee en el futuro.

Si esto es así, resulta interesante analizar si la causal de improcedencia que sostuvo la minoría más amplia (5), esto es, la relacionada con los eventuales efectos inter partes de una sentencia de amparo, es fundada. En mi opinión, la declaración de improcedencia es errónea por lo menos si se basa en el argumento de los efectos de la sentencia, pues la teoría y la práctica constitucional nos ofrecen distintos modelos de sentencias con los cuales evitar una situación en la que la Constitución sea aplicable para unos y no para otros. Así, la Corte podría haber dictado, en su caso, por ejemplo, una sentencia que sólo constatará la inconstitucionalidad de la reforma sin declarar la nulidad, requiriendo al legislador que subsanará los vicios procedimentales.

Es decir, si una mayoría de ministros hubiera querido (como parece haber sido) estudiar la posible existencia de vicios en el procedimiento, tenían a su alcance distintas opciones para evitar caer en el dilema de declarar la inconstitucionalidad sólo para los promoventes. El problema, a mi entender, fue haberse planteado que si se declaraba la inconstitucionalidad necesariamente conllevaba la nulidad o inaplicabilidad de la norma.

Para un modelo deliberativo de la justicia constitucional el control judicial del procedimiento de las reformas constitucionales, puede contribuir al enriquecimiento del proceso deliberativo, si sirve para verificar que el debate parlamentario se haya llevado a cabo conforme a los parámetros democráticos. Esto es, con una participación libre e igualitaria de las fuerzas políticas, donde se escucha la voz de las minorías y existe un efectivo intercambio de razones.

En conclusión, si bien podrían existir otras causales de improcedencia para no entrar al estudio de los vicios procedimentales, la razón de los efectos no era suficiente.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.


[1] Falta de acuerdo argumentativo que también se presentó en la discusión de las acciones de inconstitucionalidad 168/2007 y 169/2007 en las que se impugnó la reforma electoral.

[2] En México para que la interpretación hecha en un juicio de amparo sea obligatoria se requiere de cinco sentencias ininterrumpidas por otra en contrario aprobadas por lo menos con ocho votos, lo que en el caso, ni siquiera se alcanzó en la votación del fallo.

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Casi no hay semana de trabajo, en que la Suprema Corte no tenga un asunto que resolver de relevancia para la vida social e institucional del país. Sin embargo, los siguientes días destacan al tener la Corte en su agenda tres casos variopintos de enorme importancia.

En primer lugar, el día de hoy se retoma la discusión sobre el llamado amparo de los fumadores, en cuya discusión se han presentando interesantes temas respecto el concepto de derechos sociales (frente a los derechos colectivos y difusos) y el interés jurídico.

Asimismo, según el ministro Cossío en su cuenta de twitter, también para esta semana está listada la discusión sobre el amparo de los intelectuales, después de que la Corte quedará empatada ante la falta del ministro que sustituiría a Gudiño Pelayo. Ahora, con la designación del ministro Pardo Rebolledo, la Corte tendrá que determinar, en primer lugar, si efectivamente es apropiado el juicio de amparo para atacar la constitucionalidad de una reforma constitucional. En caso de que la mayoría de los ministros considere que sí, entonces, pasarían al aspecto de fondo de la discusión de este asunto: si la reforma constitucional en materia electoral de 2007 se ciñó al procedimiento constitucional de reforma y si algunos de sus contenidos vulneran la libertad de expresión.

Por último, existe otro tema de enorme sensibilidad social que deberán resolver los ministros de la Primera Sala de la Corte este miércoles:  el caso del niño del Instituto San Felipe de Oaxaca que sostiene haber sido violado por el esposo de la dueña de la escuela y el maestro de computación. El sábado pasado, en el periódico Reforma, Ana Laura Magaloni esbozó las características y relevancia de este asunto:

La semana que viene la Primera Sala de la Suprema Corte va a establecer un precedente determinante en esta materia. El miércoles los ministros resuelven el caso del niño del Instituto San Felipe de Oaxaca que sostiene haber sido violado por el esposo de la dueña de la escuela y el maestro de computación. Ellos son prófugos de la justicia. Quien promovió el amparo que resolverá la Corte fue Magdalena García Soto, la maestra que según el menor lo llevaba al salón donde sucedían los abusos.

La defensa legal de la maestra no se ha centrado en lo que sería la defensa más obvia para ella: “yo no sabía nada”; sino en lo que permite absolver, sin haber sido juzgados, a los dos prófugos: “no existió violación”. Tuve la oportunidad de escuchar los argumentos del abogado que defiende a los tres acusados. Humberto Castillejos ha armado una buena defensa y estoy segura que está convencido de la inocencia de sus clientes. También ha hecho un buen trabajo la contraparte. Felipe Canseco, el abogado que coadyuva con el MP y defiende al menor, tiene buenos contra argumentos frente a lo que sostiene la defensa. Como en cualquier juicio, cada una de las partes provee al tribunal un punto de vista desde el cual analizar las pruebas que están en el expediente. Como todos sabemos, las pruebas no hablan por sí solas, son los litigantes los que las hacen hablar a partir de la teoría del caso que cada uno de ellos defiende: la defensa argumenta que no hubo violación y el MP y el coadyuvante que sí la hubo.

Sin embargo, entre todo este complicado mundo de peritajes y argumentos legales, hay algo que me parece incontrovertible y que debería ser el eje central de la valoración de este caso: la declaración del niño. Yo sé, y lo vi en otros casos, que un menor de 4 años no puede ser aleccionado para declarar de la forma en que lo hizo. También sé que la única posible explicación que puede dar el abogado defensor frente a la declaración del menor es la de siempre: la madre armó todo este escándalo porque está loca. De esta manera, la vocecita del menor, esa que apenas se atreve a decir lo que le ha pasado, termina siendo silenciada. Los formalismos legales, los papeleos absurdos y los argumentos jurídicos ad hoc son los vehículos para que nadie más escuche a la voz del menor.

Esperemos que los ministros de la Primera Sala sí tengan oídos potentes y corazón grande para escuchar, entre todo el ruido que ha generado este caso, la vocecita de un niño que a sus 4 años tuvo la valentía de pedir al sistema de justicia que se castigue a quienes abusaron sexualmente de él.

Sin duda, habrá que seguir puntualmente la votación y argumentación de cada uno de los ministros en estos asuntos.

El Juego de la Suprema Corte

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El día de ayer la Suprema Corte de Justica tuvo que aplazar la discusión y resolución del llamado ‘amparo de los intelectuales’, ya que al momento de votar el primer tema de este asunto -si es procedente el juicio de amparo para impugnar una reforma constitucional- los ministros quedaron empatados. Esto significa que será necesario esperar a que se designe al ministro o ministra que ocupará la vacante originada por la muerte del ministro Gudiño Pelayo, para que la Corte esté totalmente integrada con sus 11 ministros y pueda destrabar la discusión y votación de éste y varios asuntos más. Mientras tanto, y debido a la enorme importancia del ‘amparo de los intelectuales, el siguiente texto esboza la lógica a partir de la cual se debe decidir este caso. Se trata de una postura que sugiere que la construcción de la interpretación constitucional no debe realizarse sólo en la arena judicial; por el contrario, se debe considerar a los lectores de la Constitución propios de una democracia.

El fallo que la Corte tome una vez que se nombre al ministro/a sustituto/a del fallecido ministro Gudiño Pelayo en el “amparo de los intelectuales”, interpuesto en contra de la reforma constitucional de 2007 en materia de contratación de propaganda electoral, será de la mayor trascendencia para nuestro sistema constitucional. En su decisión van de por medio temas como el alcance del juicio de amparo como medio para la protección de los derechos fundamentales, la posición de la Corte en el entramado constitucional, los límites a la libertad de expresión, la equidad en las contiendas electorales, etc.

Como lo he explicado en otro lugar (Revista de Investigaciones Jurídicas No. 33, 2009), considero que la decisión de la Corte depende  de la concepción constitucional que la mayoría de los jueces sustente, con ello me refiero a la visión que tengan sobre la Constitución, la reforma constitucional y el poder de revisión, así como de la función de los jueces en el Estado constitucional.

En aquélla ocasión puse de manifiesto cómo en la defensa de la Constitución pueden darse diversos grados de intervención o protagonismo en la adopción de las decisiones políticas de la comunidad, que da lugar a un modelo activista o no de la función judicial. Manifesté que los jueces cumplen la importantísima función protectora de la supremacía constitucional, sin hacer distingos del poder constituido ante el cual se encuentren. Pues bien, inclinándome por una justicia constitucional deliberativa, en esta ocasión me atrevo a sugerir a los ministros las siguientes ideas.

El control judicial de constitucionalidad no es un veto sobre la política, sino el comienzo de un diálogo sobre la mejor forma de reconciliar los valores individualistas de la Constitución con el logro de las políticas sociales y económicas en beneficio de la comunidad en su conjunto. La interpretación de la Constitución es un proceso compartido en el que tanto jueces como legisladores modifican y enriquecen (más que desatender completamente) las interpretaciones de los otros poderes. Si bien los jueces son protectores de la supremacía constitucional, los demás poderes también lo son.

Si esto es así, considero que la decisión que tomen al respecto debe tener presente el alto consenso político y popular que la reforma tuvo para ser aprobada, la que probablemente es una de las opciones constitucionalmente posibles  dentro del abanico que la Constitución permite y, principalmente, que su interpretación no es la única alternativa. Las consideraciones que las mayorías hayan tenido para implementar un nuevo modelo de propaganda política deben ser tomadas en serio. Asimismo, creo que debe sopesarse el elevado costo político que implicaría para los poderes democráticos revertir la sentencia en caso de declarar la inconstitucionalidad de la reforma, dejando fuera del debate político un tema tan controversial.

En pocas palabras, abogo por una sentencia que incite a un rico diálogo inter-institucional y tome en cuenta la posición de los demás intérpretes constitucionales (poderes y ciudadanos), alejándose de un monólogo judicial sobre los derechos constitucionales.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

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Todo indica que esta semana la Suprema Corte de Justicia resolverá de manera definitiva el llamado ‘amparo de los intelectuales’. En el 2008, la Corte sólo determinó que atacar una reforma constitucional vía el juicio de amparo no era notoriamente improcedente y, por tanto, eventualmente sí era posible entrar a conocer el fondo del tema. El asunto regresó a una juez de distrito e inició un complejo recorrido por la escalinata judicial hasta llegar nuevamente a la Suprema Corte. Ahora, sin embargo, la Corte sí tendrá que resolver si le otorga la razón a estos 15 ciudadanos (varios de ellos académicos, escritores, periodistas, etc.), lo cual les permitiría en el siguiente proceso electoral comprar spots de radio y televisión para, por ejemplo, atacar o apoyar a un candidato a un puesto de elección popular.

El tema es de enorme interés principalmente por dos motivos. Por un lado, con este juicio de amparo se plantea uno de los temas más interesantes de la justicia constitucional:  ¿Es posible considerar inconstitucional una reforma constitucional? En su caso, ¿esta inconstitucionalidad puede ser resultado de anomalías en el proceso de reforma constitucional o también por vulneraciones a derechos fundamentales como el de libertad de expresión? Por el otro, el asunto coloca en la arena judicial una de las discusiones más complejas que existe en los diversos sistemas electorales democráticos: ¿Dónde trazar una línea que equilibre dos valores clave en cualquier dinámica política-electoral: equidad y libertad?

Ahora bien, en los últimos días varios de los ciudadanos que interpusieron este juicio de amparo han esgrimido en diversos periódicos los principales argumentos de este asunto. Héctor Aguilar Camín (aquí y aquí) y Jorge Castañeda subrayaron la semana pasada los principales puntos de su defensa jurídica en contra de este aspecto de la reforma electoral de 2007.  Federico Reyes Heroles este martes pasado se sumó a la defensa de este juicio de amparo. Aguilar Camín es quien mejor ha encapsulado los argumentos principales de este ataque jurídico:

El amparo promovido por un grupo de ciudadanos contra el artículo 41 de la Constitución, el llamado “amparo de los intelectuales”, que la Suprema Corte revisará en estos días, descansa en cinco argumentos. Uno de procedimiento, cuatro de principio.

El alegato de procedimiento es formal pero sustantivo. Los legisladores simplemente no siguieron todos los pasos legales necesarios para reformar la Constitución.

No hubo iniciativa de ley, ni comisión revisora de la iniciativa, ni dictamen de la comisión, ni debate parlamentario en ambas cámaras. Un grupo de diputados y senadores llevó un “proyecto de dictamen” al Senado y éste lo devolvió aprobado a la Cámara de Diputados, que lo votó también aprobatoriamente. La aprobación de la reforma por los congresos locales estuvo también plagada de irregularidades.

Los alegatos de fondo establecen que la reforma violenta cuatro principios fundamentales de la Constitución:

1. El principio de la libre manifestación de las ideas, contenido en el artículo 6, pues la reforma restringe los derechos de manifestar las propias ideas en espacios comprados a la radio y la televisión.

2. El principio de la no discriminación contenido en el artículo 1, pues la reforma discrimina en la difusión de sus ideas a quienes no pertenecen a un partido político.

3. El principio de libre asociación contenido en el artículo 9, pues la reforma obliga a asociarse a alguno de los partidos para poder emitir el tipo de mensajes en cuestión.

4. El principio de igualdad ante la ley, contenido en los artículos 1 y 13, pues la reforma da trato desigual a quienes pertenecen a un partido político y a quienes no.

Previsiones como las del artículo 41 puestas en una ley reglamentaria dejan abierto el espacio a la defensa de los agraviados. Inscritas en la Constitución son inatacables, pero introducen contradicciones insolubles entre libertades universales y restricciones particulares.

Los principios universales del constituyente originario, y no sus enmiendas coyunturales, son los que deben prevalecer en el código. El amparo plantea restituir su primacía.

Se trata, en el fondo, de una averiguación institucional sobre si el Congreso puede tener un contrapeso a la hora de reformar la Constitución y si la Suprema Corte está dispuesta a ejercerlo.

Leo Zuckermann, por su parte, ha reseñado tanto los antecedentes de este “amparo de los intelectuales” como las coordenas del debate que pronto se suscitará entre los ministros de la Suprema Corte:

El 29 de septiembre de 2008, el Pleno de la SCJN tomó una primera decisión, histórica, relacionada con nuestro amparo y otros similares: que el juicio de amparo sí procede en contra de reformas a la Constitución. Los partidos se alebrestaron. Criticaron a la Corte por excederse. Amenazaron con sancionar a los ministros. Dos días después, la SCJN resolvió que el Poder Judicial sólo puede revisar el procedimiento de cómo se enmendó la Constitución pero no entrar al fondo del asunto, es decir, si la reforma electoral contraviene o no los derechos humanos. El caso, entonces, se convirtió en un asunto más de forma que de fondo.

Nuestro amparo regresó a una jueza de Distrito quien decidió no resolverlo porque podría llegarse “al extremo de que la Constitución Federal se aplicaría a partir de su reforma a ciertas personas, y a otras no, o bien, que en un mismo territorio, las personas que no hayan promovido el amparo estarían sujetas a un orden constitucional diverso a aquél que tendría aplicación en las personas que sí lo hicieron”. Curiosa interpretación: prefiero dejar desprotegidos a todos los ciudadanos de uno de sus derechos humanos que sólo proteger a unos cuantos. Los demandantes solicitamos a un tribunal colegiado la revisión de esta decisión absurda. El caso finalmente llegó de nuevo a la SCJN. Ya se encuentra listado y se espera su resolución definitiva en estos días.

Es una lástima que los ministros no vayan a entrar al fondo del asunto que es lo más importante e interesante. Al parecer sólo revisarán la forma: si la reforma constitucional se hizo conforme a lo que ordena la ley. Y aquí, según nos informa nuestro abogado, Fabián Aguinaco, encontró graves irregularidades en el procedimiento [...]

No obstante, también han circulado artículos de académicos y expertos en estos temas donde presentan argumentos para mantener esta prohibición constitucional. En este contexto, John M. Ackerman señala lo siguiente:

La prohibición contra la contratación de propaganda electoral es una limitante estrictamente comercial que no viola el principio de la libertad de expresión. Así como se prohíbe que se anuncie la venta de drogas, de cigarros o los servicios de prostitución, hoy se protege el interés público al evitar la injerencia indebida del dinero privado en las contiendas electorales. Así mismo, la reforma no restringe en absoluto la expresión de opiniones políticas en la plaza pública o siquiera por periodistas y invitados en la televisión. Lo único que se obstaculiza es la comercialización de los mensajes electorales en los medios electrónicos.

El artículo sexto de la Constitución prohíbe la inquisición judicial o administrativa contra la manifestación de las ideas, algo que no ocurre en absoluto con el texto impugnado, ya que no existe referencia alguna sobre el contenido de las ideas expresadas. También habría que recordar que el artículo primero de la Carta Magna explícitamente autoriza la restricción o incluso suspensión de nuestras garantías si otro artículo de la misma Constitución lo mandata explícitamente.

Los argumentos de los quejosos sobre una supuesta violación al derecho de asociación y al principio de igualdad son igual de improcedentes. La prohibición contra la contratación de propaganda se aplica por igual a los partidos políticos que a los ciudadanos. Asimismo, los tiempos de Estado otorgados a los partidos se hace en función de que la misma Constitución les otorga la calidad de entidades de interés público.

Una anulación de la reforma electoral sería un acto de soberbia imperdonable de parte de los ministros y violentaría de manera flagrante nuestra Carta Magna. Ello sería el último clavo en el ataúd del desprestigio general que ya de por sí sufren las instituciones de justicia del país. Esperemos que la SCJN sepa resistir las presiones y esté a la altura del momento histórico.

Ricardo Becerra, por su parte, recién presentó un breve recuento histórico de la perniciosa influencia de los medios de comunicación en la equidad de los procesos electorales, y la importancia de la reforma electoral de 2007 como solución a este complejo problema. Raúl Trejo Delarbre, en la misma línea de Ackerman, expone un abanico de argumentos para defender la prohibición de comprar spots de radio y televisión en los procesos electorales:

Es cierto que la libertad de expresión queda limitada con esa disposición constitucional. Pero resulta olvidadizo, o demagógico, suponer que esa libertad, o cualquier otra, se pueden ejercer de manera absoluta. La televisión y la radio están ceñidas a normas en materia de contenidos y publicidad, por ejemplo, que no siempre se cumplen pero que constituyen principios básicos para el desempeño de la responsabilidad a la que esos medios están obligados con la sociedad. En el campo electoral, los partidos y ciudadanos tienen que ajustar sus actividades a las reglas que valen para todos. La disposición constitucional a la que nos referimos impide que algún empresario poderoso (o, en estos tiempos, un narcotraficante politizado) contrate anuncios en televisión para favorecer o perjudicar a un candidato (como sucedió ya poco antes de las elecciones presidenciales de 2006) pero no obstaculiza, en absoluto, la posibilidad de que los ciudadanos opinen y participen en los medios de comunicación. El único veto es a la contratación de espacios. Esa taxativa, por supuesto, afecta e irrita a las cadenas de radio y a las televisoras comerciales.

La demanda de amparo de aquellos intelectuales, suscitó distintas reacciones críticas. En julio de 2008 la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, encabezada entonces por el ahora diputado Javier Corral Jurado, entregó en la Suprema Corte de Justicia un detallado comunicado en donde respaldaba la reforma constitucional que abolió el mercadeo de la propaganda política.

Cada uno de los principales argumentos de la demanda de amparo era respondido en aquel documento que fue suscrito, entre otros, por Carmen Aristegui, Alberto Aziz, Beatriz Solís, Jorge Carpizo, Jaime Cárdenas, Felipe Cazals, Lorenzo Cordova, Denise Dresser, Miguel Ángel Granados Chapa, Alejandro Madrazo, Beatriz Solís, Francisco Toledo, José Woldenberg y el autor de esta columna.

En los últimos días, José Woldenberg, Pedro Salazar y Lorenzo Córdova se han sumado, a partir de diferentes perspectivas, a defender la reforma electoral 2007. Córdova, por ejemplo, aborda un tema de enorme importancia: ¿Qué pasaría si la Corte le da la razón a los quince intelectuales? ¿Cuáles serían los efectos considerando las características del juicio de amparo?

El efecto de que la SCJN juzgara válidos cualquiera de esos alegatos es, sin medias tintas, que la reforma (en conjunto o respecto de la prohibición señalada) es válida para todos menos para los quejosos en virtud de la cláusula de relatividad de las sentencias que caracteriza al amparo. Sin embargo, el efecto demostración sería obvio. Los juzgadores que todavía conocen el resto de los amparos interpuestos por grupos empresariales, las principales televisoras y otros concesionarios seguramente seguirían el criterio y los argumentos de la Suprema Corte y concederían los respectivos recursos.

Pero, de nuevo, sólo los sujetos amparados se verían exceptuados de las obligaciones y prohibiciones derivadas de la reforma. El resto de ciudadanos, concesionarios y permisionarios, partidos políticos, así como los muchos intelectuales que no nos amparamos, estaríamos obligados por la reforma.

Pero más allá del tecnicismo, ¿qué pasaría ante ese escenario? Cuando el IFE remitiera a las televisoras amparadas los pautados con los promocionales de los partidos políticos para que se transmitieran en los tiempos del Estado, los mismos les serían devueltos porque ni Televisa ni TV Azteca estarían obligadas a cumplir con ello (¡gracias a sus amparos!). Sin embargo, alguno de los 15 intelectuales o alguno de los grupos empresariales que obtuvieran el amparo podrían erogar cantidades millonarias para promocionar a los candidatos de su preferencia y, las televisoras, legítimamente podrían venderles publicidad para ello (¡gracias a sus amparos!).

¡Claro! Para evitar un escenario aberrante como el descrito, el Congreso debería procesar expeditamente una contrarreforma revocando los cambios constitucionales de 2007 y las leyes derivadas de aquellos. Pero, ¿y si por alguna razón esa contrarreforma no estuviera publicada a inicios del próximo mes de julio, cuando se cierra el plazo temporal que la Constitución prevé para modificar las normas electorales de cara a la elección de 2012? Bueno, pues en el proceso electoral presidencial los partidos políticos y los órganos electorales estarían excluidos de buena parte del espectro radiofónico y televisivo, mismo que estaría reservado sólo a los particulares amparados que podrían libremente comprar y vender publicidad

Seguramente en los siguientes días, empezarán a circular más opiniones y argumentos respecto este controvertido juicio de amparo. Lo más interesante, sin embargo, es que pronto también podremos empezar a conocer las posiciones de los ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.

E Juego de la Suprema Corte

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En los próximos días la Suprema Corte discutirá la demanda de amparo que diversos ciudadanos promovimos contra la reforma constitucional que prohibe la contratación de spots en radio y televisión.

La relevancia que la cuestión tiene me llevó a desarrollar de manera más amplia las razones por la cuales considero la justificación de la demanda.

El tema central de la reflexión será la tensión entre la libertad de expresión y la igualdad como derechos de los ciudadanos y sus efectos en la construcción de un Estado constitucional. Tanto la libertad de expresión como la igualdad tienen sentido en el proceso electoral en tanto contribuyen al proceso democrático. No obstante, en nuestro país, el diseño constitucional ha limitado a la primera considerando que se justifica por razones de igualdad.

En este trabajo se sostiene que la prohibición del artículo 41 constitucional contradice la libertad de expresión creando un conflicto al interior de la Constitución. En la identificación y tratamiento del conflicto, se precisa que la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos, por tanto, que las empresas y los grupos de interés económico carecen de tal derecho. Siendo un derecho ciudadano, se afirma que la restricción sacrifica injustificadamente el derecho de los hablantes y de los oyentes afectando el proceso democrático. Que contrariamente al argumento que soportó la reforma, la igualdad es un valor disminuido en nuestro sistema electoral. Además, se considera que la reforma es ineficaz para cumplir el propósito de igualdad en la contienda.  Lo anterior debido a que no evita la expresión de los grupos de interés quienes, por el contrario, continúan expresándose recurriendo a prácticas de difícil control.

No obstante, se asume que no debe soslayarse la igualdad y que por el contrario es necesaria para una democracia deliberativa, para tal efecto se afirma que la propia Constitución establece el mecanismo que permite la libertad de expresión en condiciones de igualdad: el derecho de réplica.

Aquí el texto completo del estudio.

José Roldán Xopa. Profesor e investigador del Departamento de Derecho del ITAM.

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