En los días posteriores a que conociéramos las ternas de candidatos a ministros, se ha estado produciendo un fuerte debate académico y la movilización de algunas asociaciones de la sociedad civil demandando transparencia, deliberación y participación. En mi opinión, estas tres demandas reflejan una concepción robusta de la democracia que debe ser bienvenida.

El Senado ha pretendido hacer frente a estos reclamos a través de diversas medidas. Las cuales deben ser analizadas con detenimiento para ver si en realidad cumplen con las demandas que se están haciendo o más bien intentan tan sólo tapar el sol con un dedo.

En relación con la transparencia la Comisión de Justicia tomó diversas medidas. En primer lugar, hizo público a través de la Gaceta y su micrositio, el acuerdo por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictamen de las ternas de ministros. En este acuerdo se establece lo siguiente:

a) Que se pedirá información al Consejo de la Judicatura Federal en relación con el desempeño de los magistrados propuestos; a la Suprema Corte sobre sus tesis y criterios; y a los propios candidatos sobre sus sentencias relevantes, votos y artículos académicos. Con esta información se formará un expediente de cada candidato y se publicará en la Gaceta y en la página web del Senado, por lo menos 24 horas antes de su comparecencia ante la Comisión de Justicia.

b) Se aprueba el formato para la celebración de las comparecencias ante la Comisión de Justicia. Se señala que las comparecencias se harán en una reunión pública de la Comisión. Dicha comparecencia será por ternas el 29 de octubre y cada terna tomará un total de 4 horas. El formato es el siguiente: 10 min de exposición del candidato; preguntas de los miembros de la Comisión (2 minutos por cada interrogante) y respuestas de los candidatos (3 minutos por cada una de éstas). El PRI puede hacer 4 preguntas, el PAN 3, el PRD 3, el PT 1 y el PVEM 1. Asimismo, se señalan algunos temas que  los integrantes de la Comisión procurarán abordar.

Tratándose de Senadores externos a la Comisión el tiempo para realizar la pregunta se reduce a un minuto, con un máximo de tres intervenciones de Senadores no integrantes de la Comisión por comparecencia. Es decir, en total los candidatos tendrán que responder a un mínimo de 12 y hasta un máximo de 15 preguntas de los Senadores. Por lo que si sumamos el tiempo de exposición y se hacen valer todas las oportunidades de preguntas, cada candidato tendrá 55 minutos para exponer sus opiniones y habrá 26 minutos para preguntarle. Lo que a la luz de la experiencia norteamericana, en donde la última comparecencia de la ahora jueza Elena Kagan duro más de 9 horas, parece poco tiempo.

Otra de las medidas tomadas por la Comisión es que a las comparecencias se les dará la mayor difusión pública posible, para lo cual se va a solicitar su transmisión por el Canal del Congreso y la página web del Senado.

c) Por último tenemos que la Junta Directiva de la Comisión recibirá, analizará y determinará “el trámite que proceda” con las “opiniones” que presenten por escrito las organizaciones de la sociedad civil, facultades de derechos, institutos de investigación en materia jurídica, barras y colegios de abogados, etc.

Pues bien, la primera objeción al procedimiento establecido consiste en el escaso tiempo con el que la Comisión de Justicia hará públicos los expedientes de los candidatos, que se reduce a 24 horas antes de la comparecencia. Lo que deja en una situación completamente desfavorable a la sociedad civil para “opinar” sobre las candidaturas.

En segundo lugar, debe decirse que la inclusión de la sociedad civil es muy débil, ya que no se le dio oportunidad de preguntar o formular interrogantes. Se dejó en manos de los Senadores determinar que “trámite” se dará a las “opiniones” de grupos de la sociedad civil. Esto implica que pueden ser simplemente dejadas de lado, que pueden recogerse algunas de sus inquietudes dentro de las posibles 15 preguntas de los senadores, aunque reducidas o reinterpretadas para formularse en 1 o 2 minutos, etc. Y todo ello suponiendo que en el plazo de esas 24 horas la sociedad civil podrá hacerle llegar a los Senadores las inquietudes y éstos, a su vez, alcanzar a procesarlas.

En tercer lugar, es muy importante que haya un tiempo prudente entre las comparecencias en la Comisión de Justicia, esto es el 29 de octubre, y la comparecencias en el Pleno, pues en teoría debe existir el tiempo suficiente para que el resto de los Senadores puedan evaluar las comparecencias en la Comisión. Sobre todo porque en el Pleno no habrá espacio para el debate. Lo que me lleva mi último punto.

En cuarto lugar, y como ya lo hicieron valer en justiciahable, la imposibilidad de mociones, preguntas o debates en el Pleno del Senado después de las comparecencias ante éste deja mucho que desear. Lo mismo puede decirse sobre la votación, que se hará después de un receso de 15 minutos. ¿Qué sentido tiene un órgano deliberativo si no da lugar justamente a esa deliberación?

Finalmente, es necesario seguir presionando para que el procedimiento se establezca en el reglamento o en la ley orgánica del Congreso, pues conforme al diseño actual el nivel de escrutinio a los candidatos a ministros depende de la buena voluntad de la Comisión de Justicia.

En conclusión, hemos avanzado en transparencia, pero no así en deliberación y participación.

Roberto Niembro O. Investigador de la ELD. Twitter: @RNiembro1

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Comunicado del Observatorio Designaciones Públicas.

La Suprema Corte de Justicia es el árbitro último de nuestro sistema político. Su tarea consiste en resolver los complejos conflictos derivados del federalismo y divisiones de poderes, así como proteger los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Por este motivo, la designación de los Ministros de la Suprema Corte es un tema medular para la consolidación de la democracia mexicana.

Quienes ocupan la posición de ministro de la Corte deben ser seleccionados a través de un proceso que no se agote en cumplir con los requisitos constitucionales, sino de uno que abone a la legitimidad del máximo tribunal seleccionando a los mejores abogados del país. Un ejercicio de escrutinio, deliberación y transparencia cuyo objetivo sea el análisis responsable de la trayectoria de los candidatos propuestos.

Más aún, la designación de los ministros cobra mayor relevancia en la coyuntura política actual debido a que Enrique Peña Nieto ha señalado que una vez que asuma el cargo de presidente de la República impulsará una serie de reformas en temas de enorme relevancia para el país, mismas que podrían ser sometidas a escrutinio constitucional, si el 33% de diputados o senadores decide presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de éstas. Porcentaje de legisladores que, revisando la composición actual del poder legislativo, se podría alcanzar con relativa facilidad. La suerte final, por tanto, de la agenda legislativa de Peña Nieto y del PRI puede llegar a depender de los 11 ministros de la Suprema Corte.

En este contexto, el pasado 10 de octubre, el presidente Felipe Calderón, en uso de sus facultades constitucionales, inició el proceso de designación de los dos ministros que sustituirán a Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia al proponer al Senado de la República para su ratificación las dos ternas de donde en principio se seleccionarán a quienes ocupen estos cargos a partir del 1º de diciembre.

La democracia mexicana requiere que este proceso de selección, en especial las comparecencias de los candidatos a ministros sean públicas y puedan ser seguidas a través de televisión e Internet  Requiere también que los candidatos sean sometidos a un autentico cuestionamiento de fondo respecto de sus criterios jurídicos e interpretativos, su posición frente a los vicios que existen al interior del poder judicial –como el nepotismo y la opacidad en el manejo de recursos públicos- y acerca de su filosofía constitucional.

Por ello, exhortamos al Senador Roberto Gil, en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, a que tome en consideración estos requisitos, que no realice estas designaciones con una celeridad que evite un escrutinio serio y demuestre que está a la altura de su cargo como Senador.

Asimismo, solicitamos a la Suprema Corte que haga públicas las sentencias en que hayan votado los candidatos que integran las ternas, a fin de que la sociedad pueda conocer el trabajo de éstos y formarse una opinión informada al respecto.

En Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/), observatorio coordinado por Article 19, Fundar, Judicatura Ciudadana y el académico del ITAM Saúl López Noriega, estaremos haciendo un monitoreo cercano del proceso de selección de esta y otras designaciones públicas clave para la vida institucional del país. Consideramos que sólo por medio de la creación de un contexto de exigencia a nuestras autoridades lograremos que quienes integren estos órganos sean instrumentos que abonen al fortalecimiento de la democracia constitucional

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Ya empezó el debate y el escrutinio entre académicos -auspiciado por Saúl López Noriega– de las ternas presentadas el día de ayer por el presidente Felipe Calderón para sustituir a los ministros Aguirre Anguiano y Oritz Mayagoitia. La importancia que tienen estas propuestas así como las eventuales designaciones que se hagan se debe a las siguientes circunstancias. Como ya han expuesto López Noriega y González de la Vega, desde un “punto de vista ideológico” la trascendencia radica en que los dos ministros que se retiran son “conservadores”, por lo que podría ser una oportunidad para darle una orientación progresista a nuestra Corte. Por otro lado, desde un “punto de vista estratégico” tenemos que –a decir de López Noriega- el ministro Mayagoitia forma parte de la colación más fuerte y estable dentro de la Corte, junto con los ministros Fernando Franco, Margarita Luna y Sergio Valls. Mientras que el ministro Aguirre Anguiano es considero como el más “disidente”. Así, el alineamiento de los suplentes también será determinante para la correlación de fuerzas en nuestro máximo tribunal.

Pues bien, en esta ocasión quisiera referirme brevemente a algunas cuestiones que está suscitando este debate sobre las ternas. 1) ¿Qué preguntas debieran hacerse a los candidatos?; 2) ¿qué importancia tiene que las dos ternas estén sólo integradas por magistrados y no incluyan académicos?; 3) La cuestión de género, y 4) ¿qué podemos esperar del procedimiento de designación y de los ministros por venir?

1. En mi opinión, una de las preguntas que suele dejarse de lado y que es fundamental para analizar el perfil de los candidatos es cuál su visión sobre el papel que la Corte debe jugar en una democracia. Entiendo que esta es una tarea que puede requerir de mucho tiempo, sin embargo, con ello no estoy sugiriendo que los candidatos se encarguen de darnos una conferencia magistral sobre el tema, sino de que nos digan cuál es su visión sobre “el desacuerdo” que existe en México -como en cualquier sociedad plural- sobre lo que implican los derechos fundamentales. Así como cuáles son las consecuencias de este desacuerdo para la forma en que se ejercen las funciones de la Corte. Muy esquemáticamente creo que nos bastaría con saber si los candidatos consideran que dichos desacuerdos son una fuerza creativa o un problema a erradicar, y si estiman que la Suprema Corte es el “intérprete último e inapelable de la Constitución” o si es un participante más en un “diálogo horizontal e inclusivo”. Acá una entrada sobre este tema.

2. ¿Es importante que los candidatos provengan de la carrera judicial? En este punto coincido con Pedro Salazar en el sentido de que en nuestra práctica los que provienen de la judicatura “suelen tener un perfil técnico muy sólido y, al mismo tiempo, ser conservadores en sus interpretaciones jurídicas”. Sin embargo, no estoy seguro de que haber sido académicos eso nos hubiera asegurado ministros progresistas, pues habría que ver de quiénes se trata[1]. En cualquier caso, creo que para saber si los candidatos y tal vez futuros ministros son progresistas o conservadores habrá que revisar sus criterios y votos. Aunque también es cierto que por las fuerzas políticas que los han propuesto y que estarán encargados de designarlos (PRI-PAN) lo más probable es que se trate de ministros conservadores. Sobre este punto vuelvo más adelante.

3. Otro aspecto que ha llamado la atención de los especialistas es la cuestión de género dentro de las ternas, pues tres de las seis candidatas son mujeres. La pregunta es, ¿era deseable que se mandara una terna de hombres y otra de mujeres de forma tal que se asegurara una ministra? En mi opinión sí. A diferencia de lo que opina mi amiga Geraldina González, considero que mientras la desigualdad en nuestro país entre hombres y mujeres sea estructural debieran utilizarse todos los mecanismos necesarios para asegurar una presencia igualitaria de las mujeres, incluso a través de “cuotas” que nos aseguren dichos resultados. Alguien podría contra-argumentar diciendo que en tanto la composición del Senado es plural, ya no sería necesario que el presidente mandara una terna compuesta sólo por mujeres; o que con la composición actual de las ternas existe la posibilidad de que sean dos y no sólo una las ministras designadas. En mi opinión, el primer argumento desconoce el hecho de que en nuestro país el “machismo” no está sustentado sólo por hombres, sino también por mujeres, y que para obtener esa “cuota” de género no hay que confiar en que las senadoras vayan a hacer valer el argumento de la igualdad. El mismo machismo que me hace dudar que de esas dos ternas vayan a salir dos ministras. Por eso, creo que la forma más efectiva de nivelar a la Corte (actualmente sólo 2 de las 11 ministras son mujeres) era a través de una terna de hombres y otra de mujeres[2]. Es más, a la vista de la enorme disparidad que existe en el pleno de la Corte correspondía que el presidente enviara dos ternas integradas sólo por mujeres.

4. Finalmente, ¿qué podemos esperar del procedimiento de designación y de los ministros por venir?

Hay dos ideas que debemos tener en cuenta al analizar el procedimiento de designación. La primera, adelantada por Mark Tushnet (2010), en el sentido de que dichos procedimientos son netamente políticos, por lo que nuestro análisis no debe perder de vista este aspecto. La segunda, muy bien explicada por Balkin y Levinson (2001), según la cual el nombramiento de ministros es una forma de atrincherar por varios años las ideologías de los partidos que los nombran.

Si esto es así, creo que nuestra realidad no es muy esperanzadora. Por un lado, no existen medios institucionales efectivos para que las visiones constitucionales de los candidatos sean puestas a discusión por parte de la sociedad civil. No tenemos reglas específicas que indiquen los tiempos, participantes, oportunidad de preguntas y respuestas, etc., en las comisiones senatoriales. La sociedad civil, asociaciones, universidades, etc. tampoco tienen la oportunidad de presentar preguntas antes de la exposición de los candidatos ni pueden participar en el debate parlamentario, etc. De esta manera, sólo nos queda el discurso escueto del presidente Calderón y a lo que estén dispuestos a hacer los senadores.

Por otro lado, aun cuando en la integración actual de la Corte tenemos algunos ejemplos excepcionales, creo que al ser propuestos y designados por acuerdo de los actuales PRI y PAN y de los grupos de interés que estos protegen los ministros que están por venir serán conservadores y velarán por el status quo. Así, no creo que podamos tener muchas esperanzas de encontrar en ellos el cambio social que tanto necesita nuestro país. Ojalá me equivoque.

PD: Es llamativo como en los últimos procesos de designación de ministros la mayoría de los  nombres –algunos ya recurrentes- que salen en la prensa como posibles candidatos no se lleguen a concretar.

Roberto Niembro O. Investigador de la ELD. Twitter: @RNiembro1



[1] Pedro Salazar señala “Los profesores, en cambio, tienen poca (o nula) experiencia jurisdiccional pero suelen ser expertos en argumentación y teoría jurídicas y son más propensos a concebir al derecho como una herramienta social que, al ser aplicada, exige una mirada integral.”

[2] Así, mi argumento a favor de una terna de hombres y otra de mujeres no radica en que éstas no puedan competir con los hombres, sino de asegurarnos que en los legisladores y legisladoras no vaya a prevalecer su concepción machista y olviden reconocer esas capacidades de las mujeres.

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Uno de los cambios significativos de la reforma constitucional de 1994 fue que se pasó de 26 a 11 ministros. Los primeros días de 1995, el presidente Ernesto Zedillo envió 18 propuestas para ser votadas por el Senado, de entre los cuales, los miembros de la LVI Legislatura seleccionaron a los nuevos 11 que integrarían el Pleno de la Suprema Corte. La votación en la Cámara fue el día 26 de enero de 1995. Debido a que la Corte se renovó en su totalidad, se optó por alargar algunos nombramientos hasta por 20 años para lograr una salida escalonada. De aquéllos 11, hoy todavía cuatro continúan en funciones: Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. El próximo 30 de noviembre, Ortiz y Aguirre dejan su función como jueces constitucionales, por lo que en los próximos dos meses el Senado recibirá[1] dos ternas proponiendo a sus sustitutos. ¿Quiénes son los ministros que dejan la Corte?

Sergio Salvador Aguirre Anguiano

Fue elegido con 112 de 113 votos posibles en el Senado. Estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara y optó por la carrera de notario. Fungió además como Regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara. Aguirre se ha caracterizado por ser el ministro más conservador de la Corte, en temas límite como interrupción legal del embarazo (acción de inconstitucionalidad 146/2007), militares con VIH (voto particular en el amparo en revisión 307/2007) matrimonio entre personas del mismo sexo (acción de inconstitucionalidad 2/2010), píldora del día siguiente (controversia constitucional 54/2009), ha dejado muy clara su postura apegada a la idea de un “derecho natural”, en contra de los derechos sexuales y reproductivos y de una visión estática de las instituciones civiles y sociales. En las discusiones en el Pleno ha mostrado escepticismo por las cuestiones de género y ha dejado claro que su canon interpretativo parte de la moral cristiana (ver, por ejemplo, la discusión de la acción de inconstitucionalidad 62/2009). Es el único ministro que ha aceptado abiertamente una militancia panista.

Si hay algo que no puede reprochársele al ministro Aguirre es incongruencia, pues en temas relacionados con los derechos fundamentales, por lo general, se sabe cómo votará y por dónde irán sus argumentos. Es un hombre de convicciones arraigadas y representa un punto de vista compartido por un gran número de mexicanos. Muchas veces ha sido él quien ha hecho ver discrepancias en los criterios de sus compañeros.

La postura del ministro Aguirre Anguiano es de suma importancia en los debates, fundamentalmente cuando se trata de casos difíciles, pues la competencia de las ideas y la contienda de los argumentos es un ingrediente indispensable en la legitimación de las decisiones de la jurisdicción constitucional.

Aguirre no cree que la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 haya implicado algo novedoso para el constitucionalismo mexicano, así lo dijo en su segundo informe como Presidente de la segunda Sala y se niega a aceptar la jurisdicción de instancias internacionales, como las decisiones de la Corte Interamericana, como lo ha dejado claro en las discusiones sobre el caso Radilla y fuero militar.

Su visión constitucional es también rígida, entiende la jerarquía normativa como una pirámide cerrada, que parte única y exclusivamente de la supremacía constitucional, la que puede ser modificada por el poder revisor. Sin embargo, estuvo a favor de la revisión del procedimiento de reformas a la Constitución a través del juicio de amparo y de la controversia constitucional. Así mismo, considera que es procedente la revisión a través de la acción de inconstitucionalidad (ver esta tabla).

En enero de 2012 presentó un proyecto sobre una contradicción de tesis (21/2011) relacionado con la existencia del bloque de constitucionalidad y la jerarquía entre Constitución y tratados. En la discusión se manifestó por una jerarquía en donde la Constitución es la única norma suprema y “debajo” de ella se encuentran los tratados –y las demás normas- y totalmente en contra de la existencia de un bloque conformado por normas ajenas al texto constitucional.

Si fuera posible utilizar sin matices en México las corrientes interpretativas de los Estados Unidos, el ministro Aguirre ocuparía un lugar en las filas originalistas, sobre todo en el ala del significado original de las normas constitucionales, pues recurre en ocasiones al llamado espíritu del Constituyente de ‘17.

Resultan ilustrativos sus votos en las acciones de inconstitucionalidad sobre interrupción del embarazo y matrimonio entre personas del mismo sexo, ambas sobre reformas realizadas por la Asamblea Legislativa del D.F.

De acuerdo con el proyecto Monitor Judicial, en el periodo 2007-2010, sus proyectos de sentencia en casos relevantes tuvieron un porcentaje de efectividad del 83% y en casos no relevantes del 85%, el ministro votó el 78.4% de las veces a favor del PAN, mismo porcentaje que el ministro Ortiz Mayagoitia.

Guillermo Ortiz Mayagoitia

Proveniente de una carrera dentro del Poder Judicial, fue electo con 89 votos de 113 posibles, estudió en la Universidad Veracruzana y ocupó desde su juventud cargos dentro del poder judicial del estado de Veracruz y del federal. Antes de ser electo como juez constitucional, Ortiz ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Federal Electoral.

Como ministro, Ortiz se ha alineado en varias ocasiones con Aguirre, en especial para temas límite como interrupción legal del embarazo o matrimonio entre personas del mismo sexo, ambas resoluciones debatidas bajo su presidencia.

Es difícil encontrar el hilo argumentativo al comparar sus diversas intervenciones. Su postura, más que acudir a fuentes del derecho natural o de la teoría de la supremacía constitucional absoluta y la interpretación formal de la ley (como Aguirre), acude a los dogmas. Sin embargo, al contrario que el ministro Aguirre, el voto de Ortiz no es predecible, de hecho a veces parece que vota con la corriente y forma completamente su opinión en el Pleno. Sus cambios de criterio y bandazos argumentativos han sido frecuentes.

Por ejemplo, en el tema de control de convencionalidad y vinculatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana: como Presidente, realizó la consulta al Pleno que desembocó en el expediente Varios 912/2010 conocido como caso Radilla, Ortiz votó a favor de que los criterios de la Corte Interamericana son únicamente orientadores, pero que existe la obligación de realizar el control de convencionalidad ex officio. Aunque en la discusión dejó en claro su criterio de que los tratados se encuentran “por debajo” de la Constitución. Posteriormente, en un voto concurrente a la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011 propone un “test” de revisión constitucional que busca concretizar la resolución conocida como Caso Radilla y racionalizar el llamado control de constitucionalidad y convencionalidad. En él, plantea que el test de ponderación debe considerar los derechos reconocidos tanto en los tratados como en la Constitución y toma en consideración las resoluciones de la Corte Interamericana. En la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 155/2007 adoptó una postura sensata sobre la supremacía constitucional y la cuestión de una contradicción entre la Constitución y un tratado. Sin embargo, en la discusión de la primera Sala para el amparo directo en revisión 517/2011 (Amparo Cassez) argumentó en contra del principio pro personae y del control de convencionalidad, en lo que basó su voto para considerar improcedente el amparo.

En otra ocasión, cuando el ministro Ortiz Mayagoitia fue el ponente del proyecto del amparo conocido como “Amparo de los Intelectuales”, sorpresivamente cambió su voto y se unió a la mayoría para sobreseerlo.

En las controversias constitucionales de reconocimiento a la personalidad del no nacido, Ortiz representó, junto con la ministra Luna, una interpretación insólita del derecho a decidir consagrado en el artículo 4º, pues plantearon que, según la versión liberal de este derecho, podría desprenderse la posibilidad de decidir entre interrumpir un embarazo o matar (literalmente) al hijo mayor para “decidir el número y espaciamiento de los hijos” –lo cual, sería, dijeron, inconstitucional-.

En cuanto a la revisión de las reformas o adiciones a la Constitución, está a favor en lo que se refiere a su procedimiento, por medio del recurso de amparo; pero no por medio de una controversia ni por medio de una acción de inconstitucionalidad.

Respecto de los dictámenes derivados del ejercicio de la facultad de atracción, Ortiz consideró que en los casos Lydia Cacho y Guardería ABC no hubo violaciones graves a los derechos humanos.

El ministro Ortiz no se caracterizó por presentar votos particulares, y participó en pocos minoritarios y concurrentes, a diferencia del ministro Aguirre que fue mucho más activo en este rubro.

Fue el cuarto presidente de la Corte (de la novena época), cargo que ocupó en el periodo de 2007 a 2010 y para el que se registraron seis candidatos: Sergio Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y Sergio Valls Hernández. Entonces, los ministros Azuela y Góngora ya habían ocupado la Presidencia, los ministros Cossío y Luna no se apuntaron y el ministro Juan Díaz Romero concluía su periodo el 1° de diciembre de 2006, quien sería relevado por el ministro Fernando Franco el día 12 del mismo mes.

Ortiz Mayagoitia obtuvo 7 de los 11 votos posibles. Su administración logró acercar a la Corte a la sociedad, pues es innegable la creciente relevancia de la labor de la Corte en los medios y la opinión pública en los últimos años. Sin embargo, minó la autoridad del más alto tribunal con los cuatro casos en que ejerció la facultad de investigación (Lydia Cacho, Oaxaca, Atenco y Guardería ABC), pues de cara a la opinión pública, aunque el pronunciamiento fuera favorable, no fueron capaces de lograr justicia.

De especial relevancia fue la labor de transparencia y acercamiento de la Corte a la opinión pública, entre otras acciones: la publicación de los proyectos de sentencia; el portal que se abrió con el caso de la interrupción legal del embarazo, así como la renovación de la página web de la Corte; la posibilidad de la participación de instituciones científicas y académicas en el debate o la posibilidad de que la sociedad civil se pronuncie a través de los informes Amicus Curiae.

Es criticable la falta de orden y liderazgo en la conducción de las sesiones pues en varias ocasiones se observó cómo el debate se perdía en cuestiones que tenían poca relación con el fondo del asunto o que los ministros se repetían entre ellos o divagaban en sus opiniones.

Otro logro de su periodo que no debe olvidarse fue la elaboración del llamado “Libro Blanco” que sistematiza y sintetiza los resultados de la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano con acciones a realizar.

Podría decirse que ambos ministros salientes representan lo más conservador de la Corte tanto en lo que se refiere a la interpretación de los derechos humanos como en el entendimiento de la supremacía constitucional y el modelo interpretativo de las normas fundamentales; por otro lado, uno de ellos proviene de carrera judicial y otro de la práctica notarial. Uno deja la primera Sala, el otro la segunda. Ambos vienen de universidades del interior de la República. Los dos ministros rondan los 70 años de edad.

¿Qué requisitos deberán cumplir los candidatos que pronto se propondrán para sustituirlos? ¿Debe respetarse el actual equilibrio en la integración del Pleno y nominar a dos conservadores? ¿Debe nominarse a una persona que provenga de carrera judicial y a otra que no? ¿La edad, el género, el origen y la especialidad deben jugar también un papel en la nominación?

La transparencia y la justificación de decisiones tanto en el envío de las dos ternas por parte del Ejecutivo, como en las comparecencias y votaciones en el Senado, son requisitos indispensables para legitimar estos importantes nombramientos. Es responsabilidad de todos vigilar que así sea.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] En rigor, el envío de ternas –antes del 30 de noviembre- corresponde al Presidente Calderón. Sobre ello se ha especulado que: el Presidente Calderón envíe las dos ternas, pero una de ellas sea una elección del Presidente electo Peña Nieto; que el Presidente Calderón decida la integración de las dos ternas y la mayoría priísta en el Senado las rechace provocando que Peña las envíe después de haber tomado posesión o que de plano, el Presidente Calderón no envíe las ternas antes de concluir su mandato, pues no existe un momento en que deban enviarse para sustituir a los ministros salientes. La primera versión parece la más plausible.

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El próximo 30 de noviembre, concluyen los cargos de Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Debido a que justo ese mismo día termina la gestión de Felipe Calderón como presidente de la República, existen dudas de a quién le corresponde realizar las propuestas de sustitutos ante el Senado: Peña Nieto o Calderón. El procedimiento no es claro sobre este punto. Es posible, por ello, que gracias a un arreglo político cada uno defina una de las vacantes.

Lo cierto, no obstante, es que la renovación de la Corte es un proceso de enorme relevancia para la vida institucional del país que en principio se repite cada dos años, aunque desafortunadamente en cada ocasión pasa desapercibido para la opinión pública.

La importancia de la integración de nuestra corte constitucional se debe a que ésta es el árbitro de nuestra democracia. Su tarea consiste en resolver los complejos conflictos derivados de nuestro federalismo y división de poderes, así como proteger los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Esta labor vale subrayar es todavía más relevante debido a que en no pocos de los asuntos que resuelve la Corte se pronuncia por primera vez respecto un tema de constitucionalidad. Es decir, es cierto que nuestra Constitución está cerca de cumplir cien años de haberse promulgado, pero también lo es que durante buena parte del siglo XX la hegemonía priísta dificultó que ésta se entendiese como una norma jurídica. Fue hasta la llegada del pluralismo político, hace algunos lustros, que el texto constitucional se empezó a aprovechar ahora sí como una herramienta social para procesar los conflictos propios de la diversidad social.

Esta renovación de la Corte, sin embargo, se presenta en una coyuntura que exige un escrutinio todavía más estricto por el Senado –que deberá ratificar como ministros a dos de los seis candidatos que se presenten- y por parte de la opinión pública.

Peña Nieto ha señalado que una vez que asuma el cargo de presidente de la República impulsará un conjunto de reformas en energía, seguro universal, recaudación fiscal, etc. Se trata de temas peliagudos. Algunos por el calibre del cambio que se busca necesitarán de una reforma constitucional, pero en la mayoría bastará con una nueva ley o, en su defecto, con un ajuste a la existente. Por ello, es indispensable poner atención a la relación entre la fuerza numérica de la oposición en el poder legislativo y los requisitos para someter a revisión constitucional las reformas legislativas que eventualmente se aprueben.

La acción de inconstitucionalidad, en este sentido, es un medio de control propio de las minorías legislativas que, entre otros requisitos, exige que sea interpuesta por el 33% de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso federal. Esto es, 43 senadores o 165 diputados. La suma de todos los partidos oposición satisface este número sin mayor problema: 66 senadores y 250 diputados (PAN, PRD, PT, MC); en el caso de las izquierdas (PRD, PT y MC) que pintan como la oposición más férrea suman 136 diputados y 28 senadores. Se quedan cortos. Mas no es descabellado que en ciertos escenarios logren el número exigido. Al menos esto fue lo que sucedió cuando una ensalada de senadores del PRI, PAN y PRD impugnó la llamada Ley Televisa.

El otro ingrediente de esta coyuntura es el papel de Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia en la dinámica interna de la Corte. No porque a lo largo de su carrera hayan destacado por presentar las soluciones jurídicas más creativas y novedosas. Su relevancia reside, más bien, en su influencia en el equilibrio de los votos que definen el sentido de las resoluciones de la Corte. No hay que olvidar que si bien en una institución como la Suprema Corte –como en cualquier otro órgano colegiado- el peloteo de argumentativo sí importa, también es cierto que al final el juego aritmético es el que define los grupos mayoritarios y minoritarios al interior de éste.

Mayagoitia, por lo menos desde el año 2007, es parte de la coalición más establece y fuerte en la Corte integrada además por Fernando Franco, Margarita Luna y Sergio Valls. Su salida, por tanto, pone en riesgo el futuro de este grupo. El nuevo ministro tendrá varias opciones que al final podrían cambiar la correlación de fuerzas: sumarse a otra coalición, formar su propio grupo o votar de manera flexible con uno u otro grupo. Aguirre, por su parte, en los últimos años se erigió en el ministro más disidente al no formar parte de ninguna coalición. Esto es relevante porque es un comportamiento judicial muy peculiar, que difícilmente se repetirá con el ministro que lo sustituya: los jueces son jugadores estratégicos que buscan sumar o sumarse a otros para efectos de impulsar su agenda de criterios constitucionales. Lo más seguro es que el ministro que ingrese en su lugar se sumará a los vaivenes de sumas y restas entre sus colegas (datos del proyecto Monitor Judicial).

Con cada ingreso de un nuevo ministro efectivamente se abre la posibilidad de modificar la dinámica interna de la Corte. Sin embargo, la salida de Mayagoitia y Aguirre, uno por ser parte de la coalición más fuerte y el otro por una disidencia atípica, podrá impactar de manera muy significativa en el equilibrio interno de la Corte.

Concluyo: una de las características de los sistemas presidenciales es que tienden a exacerbar la figura del presidente. Se piensa que en la elección del titular del poder ejecutivo se juega enteramente la suerte institucional de un país. Es, por supuesto, un puesto medular. Pero ese culto a la personalidad presidencial corre el riesgo de ignorar el resto de la maquinaria estatal. La cual es decisiva para que el ejecutivo concrete su agenda. Valdría, por ello, no olvidarse de la Suprema Corte. Un proceso de renovación no sometido a escrutinio, unos nuevos ministros sin meritos suficientes o unas designaciones con el objetivo de construir una mayoría a modo, son escenarios que implicarían enormes costos para el país en los próximos años. No sería la restauración, pero sí otro bicho bastante desagradable.

 

Saúl López Noriega. Profesor e investigador del departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

 

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