En el caso de los últimos comicios desarrollados en el estado de Colima para elegir gobernador, las impugnaciones presentadas por uno de los candidatos y su partido político, en una primera etapa procesal, en opinión de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano encargado de conocer del asunto, no fueron lo suficientemente sólidas para anular la elección y así quedó asentado en un primer proyecto de sentencia.1 Sin embargo, la presentación, en último momento, de una prueba de las llamadas supervenientes, apenas confirmada su autenticidad, unas horas antes por un funcionario público del entonces gobierno del estado implicado en el caso, actualizó uno de los supuestos previstos por la Constitución local para anular la elección.

elecciones

Las nuevas pruebas aportadas, obligaron a revocar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del estado de Colima, en la cual se declaraba la validez de la elección al cargo de gobernador de esta entidad federativa, a favor del candidato postulado por la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México.2

Estas pruebas, clave para finalmente anular la elección en cuestión, consistieron en una grabación de audio y video de la comparecencia del secretario de Desarrollo Social del estado de Colima ante el congreso local, con motivo de la glosa del informe dado por el gobernador de dicha entidad. Durante la comparecencia oficial del 20 de octubre de 2015, este secretario, bajo protesta de decir verdad, se le pidió responder a las interpelaciones de los legisladores, ante quienes aceptó y confesó que, la voz que aparecía en la grabación referida era suya, definiendo su proceder como un derecho político del ciudadano.3 Derivado de la admisión de los hechos perpetrados por parte del referido secretario en su comparecencia ante el congreso, se evidenció la intervención estatal inducida por el entonces gobernador del estado.

Es importante citar, en este contexto, el artículo 59, fracción v, de la Constitución de Colima,4 en la cual de manera clara desde el año 1917,5 se prohíbe al gobernador o a sus autoridades o agentes intervenir en las elecciones. Del citado artículo se infiere, el reconocimiento del principio de neutralidad, aun cuando no exista una denominación expresa como tal.

Se puede decir que la elección fue anulada, en razón de la transgresión al principio de neutralidad, cuya salvaguarda y vigencia está a cargo del juez constitucional. Si bien es un principio constitucional innominado en nuestro marco constitucional, su existencia es universal y puede inferirse a través de la razón jurídica.6

Si bien, como se advirtió, el principio de neutralidad no se encuentra expresamente regulado a nivel constitucional, su existencia no se limita a que esté previsto en algún dispositivo normativo, de ahí que sea necesario hacer una búsqueda en el bloque convencional o, en su defecto, generar un dialogo comparado con aquellos órganos jurisdiccionales que lo hayan reconocido por vía interpretativa.

Fue así que, a través de un dialogo jurisdiccional y comparativo, la Sala Superior en el caso en cuestión, hizo referencia a la sentencia dictada por la Corte Constitucional Alemana, en el caso identificado como 2BvE 1/76.7 En la cual, sostuvo que la norma fundamental de ese país no permite que las autoridades públicas se identifiquen, a través de su función, con candidatos o partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de recursos públicos o programas sociales.

Las consideraciones expuestas en la sentencia concluyen que cuando un alto funcionario, mediante conducta negligente, decide incidir en la elección, pese a la existencia de dispositivo constitucional que prohíba tal conducta, éste deberá asumir su responsabilidad. Lo anterior es de suma importancia, ya que mediante su sentencia la Sala Superior del TEPJF resguardó el orden constitucional local, cuyo contenido expresamente prohíbe la realización de actos por parte de autoridades, que tiendan a crear estado de inequidad en la contienda. De esta forma protegió, a su vez, el orden constitucional federal, pues doto de vigencia y validez al principio innominado de neutralidad, cuya tutela es determinante para el desarrollo equitativo del proceso electoral, así como del resultado electoral.

Actualmente están en marcha 14 procesos electorales en diferentes estados, en dónde habrán de elegirse gobernadores, diputados locales, regidores y, en el caso de la Ciudad de México, en un proceso histórico, a los constituyentes que tendrán la tarea de crear la Constitución para esta entidad federativa. Como se advierte, el escenario político electoral será muy complejo, pues hoy más que nunca, la neutralidad en las actuaciones de las autoridades, particularmente de los gobernadores, será determinante para garantizar la equidad de la contienda, así como la vigencia del voto público. De lo contrario, al vulnerarse los derechos políticos de los ciudadanos, se merma el orden constitucional y esto puede arrojar como consecuencias la invalidez y anulación de la elección.

Manuel González Oropeza. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Marcos del Rosario Rodríguez. Secretario de Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 En el anteproyecto circulado por la Sala Superior el 13 de octubre, acompañado más tarde (el día 20) por un documento de trabajo que resumía y controvertía, de manera puntual, cada uno de los agravios planteados por la parte actora, se determinó que no existían elementos que comprobaran de manera contundente la probable responsabilidad del Gobierno del Estado, de la parcialidad de la autoridad electoral y de la violación de los principios constitucionales en la elección para Gobernador de la entidad, entre otros elementos, de ahí que se confirmara la decisión del Tribunal Electoral de la referida entidad. Hasta ese momento, y es muy importante precisarlo, se perfilaba la aprobación de este anteproyecto.

2 Debe quedar muy claro que no se trata de un cambio de criterio de un proyecto a otro sobre las pruebas valoradas en su oportunidad, sino que el perfeccionamiento de una prueba permitió acreditar plenamente algunas imputaciones de la parte actora, alegadas en la demanda pero que no se sostenían con el material probatorio ofrecido en un principio, y que por ello se arribó a la convicción de que la elección de Gobernador de dicha entidad se debería de anular.

3 Si bien es cierto que la Sala Superior del TEPJF ha determinado en tesis y jurisprudencias que no está prohibido el que un funcionario público participe fuera de los días y horas laborables en actos de campaña de su partido político, lo cual pretendía alegar el Secretario de Desarrollo Social en su defensa, la realidad es que esta llamada la hizo en un día y horario laborable, justo cuando ya había iniciado el periodo electoral en la entidad, como se desprende se la información proporcionada por la misma denunciante. Esta llamada fue realizada el día lunes 23 de marzo, día laborable.

4 Artículo 59.- El Gobernador no puede: (…) V. Intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por medio de otras Autoridades o Agentes, siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad.  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. LVIII Legislatura. H. Congreso del Estado de Colima. Disponible aquí.

5 Enrique A. Salazar Abaroa, Manuel González Oropeza, Digesto Constitucional Mexicano. Las Constituciones de Colima, México, Ed. H. Congreso del Estado de Colima, Instituto de Estudios Parlamentarios y Técnicas Legislativas, 2000, pp. 23- 35

6 Ignacio Martínez, Francisco Zúñiga Urbina, “El principio de razonabilidad en la Jurisprudencia del Tribunal Español”, Chile, Revista Estudios constitucionales vol.9, No. 1, 2011, Disponible aquí.

7 Sentencia 2BvE 1/76. Corte Constitucional Alemana. Disponible aquí.

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justicia-electoralLa reciente reforma política ha traído nuevas formas, reglas y estructuras en relación con la organización electoral que tradicionalmente conocíamos. Hay temas que saltan a la vista como las candidaturas independientes, el voto de los mexicanos en el extranjero, la nueva fiscalización, la nueva organización electoral nacional comandada por el Instituto Nacional Electoral que es dotada, entre otras, de facultades para que atraiga a su esfera de competencia casi cualquier actividad electoral del ámbito de elecciones locales organizadas por los organismos públicos locales.

Sin embargo, dentro de otros aspectos de la reforma política electoral, sin ser menos importante, nos encontramos con lo relativo a la administración de justicia electoral. Tema más que mediático en días pasados fue, sin duda, lo relativo a los haberes de retiro de los magistrados. Pero en temas de administración de justicia electoral hallamos también lo referente a la nueva organización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahora contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada con sede en el Distrito Federal.

Con este cambio vemos el aumento de dos salas regionales, además de la creación de la Sala Regional Especializada que conocerá y resolverá de los procedimientos especiales sancionadores, lo cual es una innovación dentro de la competencia jurisdiccional. Si bien es cierto que las Salas Superior y Regionales resolvían en definitiva según el caso estos procedimientos, la resolución primigenia no era producto de ningún órgano jurisdiccional, sino de una autoridad administrativa como el IFE o los consejos electorales locales. Ahora, con las nuevas disposiciones ya ninguna autoridad administrativa emitirá resolución alguna, sólo se encargarán del procedimiento respectivo para dictaminarlo y remitirlo a la nueva Sala Especializada.

Tal asunto no es lo único novedoso de la reforma, respecto la organización de las autoridades jurisdiccionales locales, llama también la atención la naturaleza que se les asigna a éstas en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las dos fracciones del artículo 105 que señalan lo siguiente:

I. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. […] II. Estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.

Lo anterior nos obliga a cuestionar cuál es entonces la naturaleza de estas autoridades jurisdiccionales. Antes de la reforma, los tribunales electorales locales formaban parte de los poderes judiciales de cada entidad. Precisamente porque su ámbito de competencia eran las elecciones locales y actuaban como instancia jurisdiccional revisora de la actuación administrativa de los institutos locales. La reciente reforma, sin embargo, no dice que ya no sea una autoridad revisora de esa actuación administrativa, pero sí señala que “ya no están adscritos a los poderes judiciales estatales”. Ahora bien, si no están adscritos a los poderes judiciales locales, entonces a quién estarán adscritos. Es una interrogante que nos debemos de hacer porque con la reforma política tampoco se dijo que estuvieran adscritos al poder judicial de la federación.

Necesariamente tendrá que discutirse, entre otros, aspectos como la dependencia presupuestal, organización estructural, capacitación y si dependerá de una ley orgánica que deberán tener estos tribunales locales o bien si se aplicarán las leyes orgánicas de los poderes judiciales locales como anteriormente sucedía. Otro tema no menor a considerar es que los existentes tribunales y salas electorales locales en su generalidad están integrados por personal administrativo regido por el servicio profesional de carrera, derivado de la judicatura local, y hasta el momento no queda claro si por no estar adscritos a los poderes judiciales locales también cambia su naturaleza en este punto.

Ante la duda fundada del valor que se le dé a la palabra “adscrito”, las dos fracciones del artículo mencionado, al menos en el plano literal, encuentran cierta contradicción. Ya que, por un lado, señala que las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos “jurisdiccionales” especializados en la materia electoral y, por el otro, la siguiente fracción señala que no están adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas. Ante esto es válido cuestionar si pertenecerán al poder judicial federal o local, así como la connotación que se le dé al concepto de “autoridad jurisdiccional” ya que la jurisdicción, es la actividad de juzgar y los facultados constitucionalmente para emitir juicios de orden legal son los poderes judiciales.

Es cierto que esta reforma exige que se tengan que adecuar las legislaciones locales y quizá a través de ellas se hagan las aclaraciones pertinentes de acuerdo a la naturaleza propia de una autoridad jurisdiccional. El derecho debe ir respondiendo a la realidad y no al revés. Es necesario entonces adecuar y legislar de la mejor manera para llevar a buen puerto la reforma política electoral y generar certeza en la ciudadanía, confianza en las instituciones y consolidar el nuevo sistema electoral. La reforma política debe continuar tomando puntual nota de las sentencias y criterios que a partir de ahora emitan y formulen las salas y tribunales electorales, ya que éstos serán el termómetro que darán cuenta de los errores y aciertos que deban aclararse en la ley.

Sandor Hernández. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con estudios en Maestría por la Universidad Panamericana. Se desempeña actualmente como Secretario Técnico del Consejo General del Instituto Electoral de Aguascalientes. Twitter: @SandorHdz

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El domingo 7 de julio se eligieron gobernador (Baja California), diputados locales y ayuntamientos en 14 entidades. Sin embargo, aún falta que las autoridades electorales de cada entidad realicen los cómputos definitivos de las elecciones, primero en los consejos distritales y municipales, según sea el caso, y luego los cómputos finales en el órgano máximo de cada instituto electoral local.

El cómputo final que emita el instituto electoral respectivo será definitivo en tanto no sea impugnado por algún partido político o candidato.

  • Partidos políticos: pueden impugar si estiman que se actualizaron alguna de las causas de nulidad de la votación recibida en casilla o de la elección previstas en la ley, o alguno de los candidatos ganadores sea inelegible[1] podrá controvertir los resultados de la elección para que se modifiquen o se anule toda la elección.
  • Candidatos: sólo pueden impugnar los resultados de la elección en caso de inelegibilidad del candidato ganador o la asignación por el principio de representación proporcional[2].
  • Los ciudadanos no pueden impugnar los resultados de una elección.[3]

El proceso para realizar los cómputos de la elección, las causas de nulidad de la votación o de la elección y el medio de impugnación que se tenga que presentar varían según la legislación local.

Impugnación en la instancia local. En caso de que se impugnen los resultados de cualquiera de las elecciones –diputados, integrantes de ayuntamiento o gobernador- Será el tribunal electoral de cada entidad quien conozca y resuelva en primera instancia los medios de impugnación que se presenten en contra de los resultados de la elección, pudiendo confirmar, modificar o anular los resultados de la elección.

Impugnación en instancias federales. Una vez emitida la sentencia por el tribunal local, la misma puede ser controvertida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Elecciones de diputados e integrantes de ayuntamientos. Las impugnaciones que se presenten en contra de una sentencia de un tribunal local que versen sobre los resultados de las elecciones de diputados e integrantes de ayuntamientos, las conocerán y resolverán las Salas Regionales de la circunscripción que corresponda:

Sala Regional Guadalajara

Durango

Baja California

Chihuahua

Sinaloa

Sonora (extraordinaria)

Sala Regional Monterrey

Coahuila

Aguascalientes

Tamaulipas

Zacatecas

Sala Regional Xalapa

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Sala Regional D.F.

Puebla

Tlaxcala

  1. Sala Regional Toluca

Hidalgo

Medios de impugnación procedentes:

  • Juicio de revisión constitucional electoral cuando quien impugna es un partido político;
  • Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuándo el impugnante es un candidato.

Segunda instancia federal. Excepcionalmente, en contra de las sentencias que emitan las Salas Regionales es posible impugnar ante la Sala Superior los resultados de las elecciones de diputados locales e integrantes de ayuntamientos. El medio de impugnación que puede ser procedente es el recurso de reconsideración[4].

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De esta forma los partidos políticos y candidatos tienen hasta tres oportunidades para cuestionar los resultados electorales de diputados e integrantes de ayuntamientos.

Elección de gobernador:

1) Se impugnan los resultados emitados por el Instituto Electoral Local ante el Tribunal Electoral de la entidad,

2) La sentencia del Tribunal Electoral local puede impugnarse ante la Sala Superior del TEPJF. La sentencia que este emita es definitiva e inatacable.

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Las impugnaciones deberán resolverse, forzosamente, antes de que los candidatos triunfadores tomen posesión del cargo para el que fueron elegidos, de otro modo los actos se vuelven irreparables.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, oficial de acceso a la información de Article19. Twitter: @pauletta_sofia

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd


[1] Jurisprudencia 11/2004. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. GENERALMENTE ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.

[2] Jurisprudencia 36/2009. ASIGNACIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ES IMPUGNABLE POR LOS CANDIDATOS A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

[3] Jurisprudencia 11/2004, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. GENERALMENTE ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.

[4] Artículo 61 (LGSMIME): 1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

a)   En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y

b)     En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

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 Incumplimiento de la cuota para las elecciones de 2013

Con 14 comicios electorales en puerta en este año 2013, mujeres militantes de diferentes frentes partidistas luchan en vano[1] por encontrar un espacio en las listas de candidaturas para diputados locales y ayuntamientos. Este no es un escenario sorprendente: menos del 10% de los municipios del país son presididos por mujeres y la media nacional de mujeres en los congresos locales es de 20% (ver Tabla 1 y 2). Sin embargo, existen dos factores por los que esta situación no debería tener lugar: a) las legislaciones electorales de los estados (Tabla 3) establecen la obligación para los partidos de registrar sus candidatos respetando alguna proporción entre géneros[2] y, b) la base militante de los partidos se compone del mismo número de hombres que de mujeres. 

Entonces, si hay mujeres que militan en sus partidos con la pretensión de contender por cargos de representación popular y existen los mecanismos que aseguran que lleguen a las boletas, ¿dónde se pierden? La respuesta se encuentra en una excepción normativa bien explotada por las dirigencias de los partidos y los institutos electorales locales.

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Tabla 1.  Porcentajes de presidentas y presidentes municipales entre 2005 y 2012

La mecánica de la excepción 

Los códigos electorales e incluso las Constituciones de ciertos estados reconocen  que para que las mujeres logren una representación en la vida pública deben gozar de igualdad en el ejercicio del poder político y, a este efecto, adoptan medidas  como las cuotas. Sin embargo, la mayoría de los textos legales, al igual que el COFIPE[3], exceptúan aquellas candidaturas de mayoría relativa emanadas de un “proceso de selección democrático”. Este es un concepto tautológico que se refiere a cualquier método que decida la cúpula partidista, sea una convención de delegados a mano alzada o bien, una designación directa de la dirigencia, siempre y cuando esté contemplada en los estatutos.

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Tabla 2

La mecánica de la excepción funciona de la siguiente manera:

a) En la etapa preparatoria de los comicios, los institutos electorales acuerdan los lineamientos de registro de candidatos en los que reiteran el criterio de equidad o paridad, así como su excepción;

b) A su vez, los comités estatales de los partidos expiden las convocatorias para la postulación de candidatos y determinan que la totalidad de los candidatos de mayoría relativa serán electos “de manera democrática” y, finalmente,

c) Los consejos electorales validan las listas presentadas, incluso si aparecen solo 10% de candidatas.

 tabla3Tabla 3

A pesar de que existe un sólido antecedente, la resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano (JDC) número 12624[4] en el  que la Sala Superior determinó que la excepción no podía ser invocada y obligó a los partidos registrar militantes mujeres para las elecciones federales del 2012, las autoridades estatales y los partidos siguen incumpliendo. Un ejemplo viene bien.

Caso Chihuahua

A finales de abril dos militantes del PAN y dos del PRD[5]  impugnaron el Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Chihuahua (IEEC), en el que se establecían los lineamientos y criterios para el registro de candidatos a Diputados, Miembros del Ayuntamiento y Síndicos para el actual proceso electoral.

En síntesis, las militantes denunciaban en sus escritos de demanda el hecho que el Instituto relegaba la obligación de cumplir con el criterio paritario en las listas de candidaturas, 50-50 de cada género, con la fórmula “los partidos políticos procurarán, en la medida de lo posible, registrar formulas del mismo sexo”.

El pasado 15 de mayo, un día antes del inicio del periodo de registro de candidaturas, la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)[6] ordenó al Instituto respetar la paridad de género, haciendo caso omiso de las excepciones contempladas por la ley electoral, esto es, inaplicando la norma al caso concreto[7].

Si bien el criterio establecido por la Sala no fue reiterado en cinco casos para, de esta manera, crear jurisprudencia, la resolución[8] tiene una enorme trascendencia por los argumentos en los que se sostiene la decisión de los magistrados. A diferencia del criterio que había adoptado la SCJN[9] en varias acciones de inconstitucionalidad, la Sala de Guadalajara estableció que las cuotas de género, de conformidad con el bloque de constitucionalidad previsto por el artículo 1° de la Constitución, tienen fundamento tanto en la Constitución como en los tratados[10] . La resolución también se distinguió del JDC-12624 resuelto por la Sala Superior al establecer la inaplicación del precepto por ser inconstitucional. Respecto a este último punto es relevante señalar que si bien la Sala Superior optó por una interpretación que maximiza la aplicación de las cuotas, de haber inaplicado la norma hubiera creado un criterio con mayor impacto en las autoridades electorales.

Una medida legislativa no es una política de Estado

Aunque los partidos rehúyan las cuotas alegando que su libertad de auto-organización prepondera frente al derecho de igualdad en el ejercicio del poder de las mujeres, éstas han probado su  eficacia como lo demuestra la composición de la actual legislatura [11], compuesta de casi 37% de legisladoras, mientras que en la Legislatura LIX (2006-2009) [12] el 23% de los escaños en la cámara de diputados eran ocupados por mujeres.[13]

 Sin embargo, esta medida legislativa no alcanza a resolver el espectro de obstáculos[14] que enfrentan las mujeres en el terreno de la política, ni asegura su presencia en cargos de máximo nivel decisorio.  Habrá que esperar que el trabajo de esta legislatura colme estas carencias[15].

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Tabla 4

En todo caso, cabe señalar que el tema no parece tener un lugar claro en la agenda que ha delineado el Ejecutivo a travésdel Plan Nacional de Desarrollo. Si bien el documento define a grandes rasgos la política sexenal, no precisa concretamente las políticas públicas que se llevarán a cabo,  pero sí establece de antemano cuales serán los indicadores con los cuales serán evaluadas. En el caso de la política de equidad de género se estableció el Índice de Desigualdad de Género que se compone de  5 indicadores[16]. De los cuales uno “mide” la participación política por el número de escaños parlamentarios que ocupan las mujeres. Esta medición revela, por ejemplo, que no se considera la participación política de las mujeres a nivel del poder ejecutivo,  en los de cargos de decisión de la administración o en los ayuntamientos.

Las cuotas han sido una herramienta importante en la materialización de los principios constitucionales de igualdad y participación al posibilitar el acceso de las mujeres a los curules. Sin embargo, los avances obtenidos a nivel federal no pueden ocultar los rezagos que existen en la materia a nivel estatal.

Daniela Muñoz Levy. Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM. Twitter:


[1] En Oaxaca, la mayoría de los partidos, con excepción del PAN y del PRI, presentaron listas que no cumplen con las  cuotas, y se adelanta que las candidatas están relegadas en los municipios más débiles.  http://www.nssoaxaca.com/columnas/90-rosy-ramales/48548-candidaturas-sorpresas-y-campanas-iy-la-cuota-de-genero . En Quintana Roo fue revocado por la Sala Regional del TEPJF el acuerdo del Instituto Electoral del Estado por que se aprobó las planillas de candidatos independientes que no respetaban las cuotas de género http://sipse.com/novedades/ordenan-cumplir-couta-de-genero-a-candidatos-independientes-32964.html.  En Tamaulipas, el descontento de las militantes se contuvo a pesar del incumplimiento de los partidos http://www.gaceta.mx/noticia.aspx?idnota=53750. Y finalmente, en http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=870693

[2]International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) define las cuotas como: una forma de acción afirmativa para ayudar a superar los obstáculos que les impiden ingresar en la política del mismo modo que sus colegas masculinos http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm

[3]La norma prototípica es la del artículo 219 del COFIPE “1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad 2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido”. Sin embargo la excepción del COFIPE ha sido suprimido por el criterio de jurisprudencia 16/2012

[4]En noviembre de 2011 un grupo de mujeres, con y sin partido, agrupadas en la red Mujeres en Plural presentó un Juicio para la Protección de Derechos Políticos del Ciudadano ante la Sala Superior del TEPJF, quién resolvió ordenar al IFE, y a los partidos y coaliciones, respetar la cuota de género en los términos establecidos en el primer párrafo del artículo 219 del Cofipe, sin excepción.

[5]Alma Ivette Rodríguez Chacón, Monserrat Elvira Villarreal Torres, Olivia Alicia Sáenz Estrada y Blanca Amelia Gámez Gutiérrez

[6]Por tratarse de una controversia relativa a un acto de la autoridad local, el Instituto Electoral de Chihuahua, en el marco de las elecciones de diputados locales y ayuntamientos, fue la Sala Regional de Guadalajara quién resolvió en  única instancia y en forma definitiva e inatacable. 

[7] Hasta la fecha el IEEC no ha acatado la sentencia. Una de las militantes presentó un recurso de inejecución, y se está a la espera que la Sala resuelva y ordene por nueva cuenta que se cumpla con la Ley.

[9]Acción de Inconstitucional 63/2009 y sus acumulados 61/2009 y 65/2009 y 57/2012 y sus acumuladas 58/2012, 59/2012 y 60/2012

[10] Convención sobre la Eliminación de  Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém Do Pará”

[11]En el Informe de México ante la CEDAW, “el Comité toma nota con reconocimiento de las modificaciones realizadas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2008, que introdujo un sistema de cupos de género para registrar a los candidatos en una proporción de 40:60, y acoge con beneplácito los resultados preliminares de las elecciones federales (2012), que indican que el 36,46% de los escaños del Congreso Nacional serán ocupados por mujeres” http://132.247.1.49/PAPIME306511/pdfs/Anex2_ObservcsfinalesCocedaw.pdf.

[13]Asimismo, en el terreno internacional el Inter-Parliamentary Union[13] publicó en 2012 un informe titulado Women in Parliament en el que se puntualiza que en los 22 de los 48 países en los que se celebraron elecciones ese año que contemplan cuotas, las mujeres tuvieron un 24 por ciento de los escaños parlamentarios, mientras que en los países en donde la medida no existe las mujeres tomaron sólo el 12 por ciento de los escaños.

[14] Angélica Bernal los agrupa en tres categorías fundamentales: i) obstáculos de partida, relacionados con la carencia de destrezas, conocimientos y oportunidades para participar en el juego político en igualdad de condiciones con los hombres; ii) obstáculos de entrada, derivados de la cultura en la que persisten estereotipos sobre los roles que deben desempeñar las mujeres en la sociedad, y que las alejan de la esfera pública, y iii) obstáculos de permanencia, que tienen que ver con la forma como se desarrolla el quehacer político. ¿Qué es ganar y qué es perder en política?: los retos en la participación electoral de las mujeres. (1999, 4 de julio). Museo de la Ciencia y el Cosmo [en línea]. Tenerife: Trujillo, W. M. Recuperado el 23 de junio de 2011, de http://www.mcc.rcanaria.es. Citado  en Ley de Cuotas en Colombia: avances y retos
Diez años de la Ley 581 de 2000, Documento de Discusión No. 13 elaborado por DeJusticia

[15]En Colombia, Panamá y Ecuador, por ejemplo han establecido legalmente la obligación de incluir mujeres en los cargos de decisión.

[16]1) Tasa de Mortalidad Materna.
2) Tasa de Fecundidad Adolescente.
3) Mujeres y hombres con al menos educación secundaria completa.
4) Participación de mujeres y hombres en escaños parlamentarios.
5) Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral.

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Luis M. Pérez de Acha y José Roldán Xopa publicaron, en este mismo espacio, un análisis crítico de la sentencia del TEPJF mediante la cual se confirmó la negativa de registrar a Manuel Clouthier como candidato independiente a la Presidencia de la República. Aunque

ciertas críticas son atinadas, me parece que algunos de sus planteamientos no se sostienen, sobre todo si consideramos los términos en los que fue planteada la demanda de Clouthier.[1] Específicamente, considero que la demanda presenta ideas contradictorias en dos temas de suma relevancia para el litigio: a) la posibilidad de que el legislador ordinario introduzca restricciones válidas a los derechos humanos y b) si es razonable que los partidos tengan la exclusividad en el registro de candidatos.

En su demanda, Clouthier sostiene, de manera simultánea, dos posturas incompatibles sobre la posibilidad de que el legislador ordinario establezca límites al derecho a ser votado. Por una parte, argumenta que “las únicas restricciones válidas” a los derechos humanos “son las de rango constitucional, no las impuestas por el Congreso de la Unión en disposiciones legales ordinarias” (p. 98). Por tanto, estima que es inconstitucional que los partidos tengan el derecho exclusivo para registrar candidatos, pues semejante restricción está contenida en una norma secundaria (art. 218.1 COFIPE) y no en la Constitución.

Sin embargo, en la demanda de Clouthier también hay un planteamiento completamente opuesto, esto es, que el legislador ordinario sí puede establecer restricciones al ejercicio de los derechos humanos. Paradójicamente, Clouthier argumenta que “[l]os derechos humanos no son absolutos ya que éstos pueden ser limitados, siempre y cuando dichas limitaciones se encuentren consagradas en una norma legal, sean legítimas y resulten necesarias en una sociedad democrática” (p. 42).[2] Tan se admite tal posibilidad, que Clouthier solicita que el artículo 218.1 del COFIPE se analice con base en un test de proporcionalidad, a fin de determinar si el derecho exclusivo de los partidos en el registro de candidatos se justifica o no. Es decir, aquí la inconstitucionalidad de la norma no es ya por su inferior jerarquía, sino por su falta de razonabilidad.

Ahora bien, ¿cuál fue la posición del TEPJF en este tema? El Tribunal consideró que la limitación al ejercicio del voto pasivo sí tiene una base constitucional: el artículo 35 de la Constitución, que establece la prerrogativa del ciudadano a “ser votado para todos los cargos de elección popular […] teniendo las calidades que establezca la ley”. Posteriormente, definió el término calidad como el “requisito, circunstancia o condición necesaria establecida por el legislador ordinario, que debe satisfacerse para ejercer un derecho”. Y, a partir, de lo anterior, analizó la restricción contenida en el artículo 218.1 del COFIPE con base en el test de proporcionalidad.

Según Pérez de Acha y Roldán, el TEPJF optó por la opción interpretativa “que más restringe el derecho a ser votado de los ciudadanos”. Al equiparar “calidades” con “requisitos”, el Tribunal abrió la puerta para que el derecho a ser votado se limitase “más allá de las condiciones de elegibilidad”, lo cual implicó que se llevara el principio pro persona a “su mínima expresión”, a su “reducción máxima”. Sin embargo, lo cierto es la lectura del TEPJF fue mucho menos restrictiva que la postura –defendida a ratos por el propio Clouthier– consistente en que los derechos humanos pueden limitarse, incluso sin una base constitucional explícita, siempre y cuando se cumpla con el test de proporcionalidad.

Ahora bien, un segundo planteamiento de Pérez de Acha y Roldán que vale la pena analizar es su crítica a la forma en que el TEPJF aplicó el referido test. De acuerdo con los autores, en la sentencia se “omitió el análisis del test de proporcionalidad”, mismo que sólo “se menciona, pero se descarta dogmáticamente, sin justificación ni explicación alguna.” Lo anterior es falso. Para justificar la razonabilidad de la restricción contenida en el artículo 218.1 del COFIPE, el TEPJF argumentó que la exclusividad de los partidos en la postulación de candidaturas “era una calidad establecida en la ley”, que además perseguía “una finalidad objetiva y constitucionalmente válida”, esto es, “el fortalecimiento del sistema constitucional de partidos políticos”, así como “el derecho de acceder, en condiciones generales de igualdad, a los cargos públicos” (p. 197-198). Asimismo, argumentó que la medida cumplía con los principios de proporcionalidad y necesidad, toda vez que buscaba asegurar el principio de la equidad en la contienda (p. 222).[3] Una argumentación que –si bien puede o no compartirse– evidencia que el TEPJF a) no omitió el análisis del test de proporcionalidad y b) sí dio razones y explicaciones para justificar la restricción al derecho a ser votado.

Más aún, convendría enfatizar que los planteamientos de Clouthier relacionados con el test de proporcionalidad son poco convincentes. En la demanda se acepta que el derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos tiene como finalidad “fortalecer el sistema plural de partidos” y que éste “es un fin legítimo a la luz de la Constitución” (p. 93). Sin embargo, Clouthier cuestiona la idoneidad y necesidad de la restricción con base en dos ideas por demás cuestionables: primero, que la exclusividad de los partidos en la postulación de candidatos “no necesariamente fortalece al sistema plural de partidos” y, segundo, que la introducción de las candidaturas independientes “permitiría el fortalecimiento del sistema plural de partidos” (p. 93).

Dicho de otra manera, Clouthier alega que los sistemas de partidos se fortalecen cuando éstos no tienen una condición monopólica en la postulación de candidatos.[4] Una idea paradójica que, además, no pasa de ser eso: una idea. En efecto, en la demanda de Clouthier no se hace referencia a ningún tipo de evidencia empírica que permita sostener lo anterior. No sorprende, por tanto, que más adelante la propia demanda se contradiga a sí misma en este punto. De acuerdo con lo planteado por Clouthier,

la finalidad de […] otorgar el “derecho exclusivo” a [los partidos políticos] de postular candidatos a puestos de elección popular, obedeció una necesidad histórica a efecto de fortalecer el sistema de partidos (p. 112).

Pérez de Acha y Roldán tienen razón cuando advierten que en la sentencia del TEPJF hay una contradicción manifiesta cuando se afirma, por una parte, que la exclusividad de los partidos políticos abona al “fortalecimiento del sistema constitucional de partidos políticos”, pero que, por la otra, el establecimiento de las candidaturas independientes “podría reforzar y reafirmar el sistema de partidos”. Sólo habría que agregar que, en este tema, la demanda de Clouthier cae en la misma confusión.

Al apuntar dos de los problemas argumentativos de la demanda presentada Clouthier, no pretendo descartar todas las críticas de Pérez y de Acha y Roldán, pues algunas son muy atendibles. Sin embargo, creo que difícilmente se puede sostener la idea de que la sentencia del TEPJF es “un mero discurso, un conjunto de ideas que se construye con argumentos de autoridad”, o bien, que su argumentación “se concibe como un[a] forma de negar derechos”. Si bien la crítica de los autores evidencia algunos de los problemas argumentativos de la sentencia del TEPJF, lo cierto es que la demanda de Clouthier es poco sólida en algunos aspectos claves del litigio.

Y lo anterior permite ver, me parece, que el debate sobre las candidaturas independientes difícilmente encontrará una respuesta satisfactoria en la sede judicial. Dada la enorme cantidad de normas que regulan los procesos electorales en nuestro país, parecería que la arena legislativa es el lugar más adecuado discutir las bondades y problemas de las candidaturas independientes y, en su caso, establecer la regulación correspondiente. Hay preguntas que, por su complejidad y trascendencia para una sociedad democrática, más vale no intentar responder –exclusivamente– a golpe de jurisprudencia.

 

Javier Martín Reyes. Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE y pasante de la Licenciatura en Derecho de la UNAM. Actualmente labora en la Sala Superior del TEPJF. Twitter: @jmartinreyes. Por supuesto, todo lo aquí expresado sólo refleja la opinión del autor.


[1] Prácticamente toda la demanda de Clouthier se reproduce en la sentencia SUP-JDC-612/2012 y acumulados (pp. 26-119).

[2] Incluso, Clouthier echa mano de jurisprudencias de la SCJN “en las que se dispone que el derecho a ser votado y el interdependiente derecho de asociación pueden ser regulados por el legislador siempre y cuando éste respete los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad” (p. 110).

[3] De acuerdo con el TEPJF, la restricción es acorde con el sistema político-electoral de México, en el cual “se busca asegurar condiciones de equidad en el otorgamiento del financiamiento público y el acceso a los medios de comunicación”, en “los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos privados”, así como en los “topes para el gasto de campaña” (p. 222).

[4] Parecería que la postura opuesta es más sensata, es decir, se puede argumentar que el sistema de partidos políticos en México es demasiado fuerte y que, por tanto, las candidaturas independientes son útiles en la medida en que rompen con el monopolio que los partidos ostentan en la postulación de candidatos. Se puede o no compartir la idea de que las democracias modernas necesitan de un sistema de partidos sólido, sin candidatos independientes. Ambas posturas, me parece, tienen argumentos atendibles. Pero ciertamente el debate no se ve favorecido cuando dogmáticamente se sostienen afirmaciones como las planteadas por Clouthier.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF] decidió por votación mayoritaria de 4 a 2, negar a Manuel J. Clouthier el derecho a ser candidato a ocupar cargos de elección sin que la postulación provenga de un partido político. La sentencia y el voto emitido por la minoría son dos extraordinarias muestras de cómo ese Tribunal aborda un derecho ciudadano, qué lugar le da al ciudadano en el proceso electoral y cómo concibe el proceso democrático.

No es nuestro propósito descalificar la sentencia por el hecho de ser desfavorable a los intereses de Clouthier y contraria a la expectativas políticas y legales generadas en torno a ella. Sin embargo, en tanto que la instancia ante el TEPJF es única –no admite revisión ante otro órgano jurisdiccional–, sí es válido cuestionar los aspectos metodológicos de la misma en relación con algunos principios procesales y sustantivos que de haberse atendido, habrían enriquecido el debate jurídico y, eventualmente, habrían trascendido al sentido de la misma.

¿Y la exhaustividad y congruencia de la sentencia?

En términos procesales, la sentencia viola dos principios sacramentales de perfil constitucional, que afectaron la debida defensa de Clouthier: el de exhaustividad y el de congruencia. Esos principios exigen el estudio de la totalidad de los argumentos jurídicos expuesto en la demanda, cuidando que los razonamientos de la sentencia sean compatibles y coherentes entre sí.

La lectura de la sentencia da la impresión de que fue elaborada en grupo, en el que cada uno de sus integrantes aportó ideas aisladas, que nunca fueron integradas entre sí de manera armónica y que descuidaron que cada una de esas partes resolviera la litis en su integridad. Esa irregularidad se manifiesta en diversos aspectos, los más destacados los siguientes:

  • No se atendió el argumento de que la esencia del derecho humano previsto en el artículo 35, fracción II de la Constitución, se encuadra en la libertad de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos del país, de la manera que a ellos les parezca mejor y no obligadamente a través de los partidos políticos, como si fueran la única alternativa viable en términos constitucionales.
  • Se ignoró por completo el argumento de que el Congreso Federal ha omitido regular las candidaturas independientes, presentado por Clouthier en el sentido de que esa omisión no sólo es inconstitucional, sino que no es idóneo para vaciar de contenido su derecho humano de participación política. Este argumento es toral, sobre todo si se tiene en cuenta que el TEPJD acepta que el artículo 35, fracción II de la Constitución sí reconoce ese derecho, pero el mismo es de “configuración legal.”
  • Se omitió el análisis del test de proporcionalidad, mediante el cual Clouthier acreditó que la exclusividad de los partidos políticos es irracional, desmedida, inapropiada y absurda para efectos de la actual realidad constitucional, política y social de México. Es cierto que se menciona, pero se descarta dogmáticamente, sin justificación ni explicación alguna.

En el mismo aspecto relacionado con los principios procesales, la sentencia incurre en contradicciones flagrantes, inaceptables para un tribunal constitucional. Así, por ejemplo, al referirse a las calidades de ley a que alude el artículo 35, fracción II de la Constitución, considera que la exclusividad de los partidos políticos

[…] es una calidad establecida en la ley que no viola ni afecta el contenido esencial del derecho fundamental a ser votado, toda vez que no es un requisito arbitrario, ni irrazonable sino que tiene una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, como lo es, por un lado, el fortalecimiento del sistema constitucional de partidos políticos.[1]

Sin embargo, al aludir los candidatos independientes la sentencia establece:

Lo anterior daría pie a que se superara la actual crisis que se vive en los sistemas de partidos políticos, relativa al acceso al poder público y a la participación ciudadana, motivo por el cual la participación y la representación política, por parte de los ciudadanos sin intervención de los partidos políticos, podría reforzar y reafirmar el sistema de partidos, aportando una dinámica social diversa, lo cual podría ser benéfico para fortalecer la del sistema democrático nacional.[2]

¿Por fin? La contradicción es manifiesta.

La reducción del principio pro persona

En la parte sustantiva, es decir, en lo relacionado con el núcleo esencial de la prerrogativa ciudadana de poder ser votado para todos los cargos de elección popular, la sentencia se reduce a un mero discurso, un conjunto de ideas que se construye con argumentos de autoridad –por ejemplo, los precedentes del propio tribunal, de la SCJN y de la Corte Interamericana–, agregando los propios. Transcribe casi toda la demanda que presentamos por Clouthier, sin que con ello se atienda con exhaustividad a sus planteamientos, como lo hemos mencionado.

De este modo, la argumentación se concibe como un forma de negar derechos. Lo que pareciera claro en la Constitución: el derecho a ser votado (35-II), se va diluyendo a lo largo de la sentencia y se convierte en el derecho de los partidos a postular candidatos. En este proceso de transmutación del derecho, el tribunal parte de la idea de que se está ante un “[…] derecho fundamental de base constitucional y configuración legal”[3], y de que el monopolio de los partidos se justifica por el “[…] régimen de fortalecimiento de partidos”.[4]

Es un derecho de configuración legal, dice la mayoría, porque la propia fracción II condiciona el derecho a las “calidades” que establezca la ley, que la sentencia desprende que una de ellas es la de ser postulado por un partido. Hay una definición interpretativa y de entre varias posibles se elije la que más restringe el derecho a ser votado de los ciudadanos, contrariando así el mandato constitucional que ordena la interpretación que más los amplíe: el principio pro persona en su mínima expresión.

En “calidad” el voto mayoritario va más allá de las condiciones de elegibilidad e introduce, por vía de la voluntad, más que de la razón, un elemento que no corresponde a la persona (como lo sería su edad, su nacionalidad, su residencia) sino circunstancias y condiciones que la exceden.  La restricción de ese derecho no se hace en función de la condiciones impuestas en el texto constitucional, sino contra la voluntad misma del Constituyente Permanente que en el año de 2007 –y de manera intencional– eliminó la exclusividad de los partidos políticos para postular candidatos del artículo 41 de la Constitución Federal. El principio pro persona en su reducción máxim

El discurso, por supuesto, puede decir lo contrario, pero para ello tiene que afirmar que el derecho depende, es decir, está subordinado, a la decisión de un sujeto distinto al ciudadano: un partido, que a su vez sólo tiene sentido como creación de la libertad de asociación. Dicho de manera clara, el tribunal hace depender el derecho a ser votado de la obligatoriedad de ejercicio de otro derecho: la libertad de asociación. La mayoría en apariencia resuelve ese problema señalando que no se vulnera la libertad de asociación debido a que no se requiere la afiliación para ser candidato al existir la posibilidad de candidatos externos. El argumento es falso: la asociación se da afiliándose y también como candidato externo. Cuando el candidato es postulado, asume la plataforma, la declaración de principios. Hay una asociación de hecho.

Para llegar a su conclusión, el voto mayoritario desconoce el núcleo esencial de la libertad de asociación (asociarse o no asociarse) y al convertir su ejercicio obligatorio en un requisito para ser votado, lo que realmente hace es privilegiar a la asociación, es decir al partido, subordinando a su decisión, tanto la libertad de asociación como el derecho del ciudadano a ser votado.

La “necesaria configuración legal” del derecho como forma de evasión

El TEPJF acepta que el artículo 41 de la Constitución no establece el derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos y que “[..] no proscribe las candidaturas ciudadanas pero tampoco las establece”[5]; y agrega que “[…] tampoco estableció entre sus bases, en forma expresa o implícita, una sola norma constitucional con relación a los candidatos ciudadanos o independientes[…].[6] De ahí que no resulte jurídicamente admisible interpretar el artículo 35, fracción II “[…] en el sentido de que contempla el derecho constitucional o fundamental de los ciudadanos a ser candidatos ciudadanos, y por tanto, que el legislador ordinario necesariamente debe contemplarlas al regular las calidades, circunstancia, requisitos y condiciones.”[7]

No bastaría, pues, el derecho a ser votado para que exista el derecho. El silencio constitucional es asumido en la sentencia como una autorización para favorecer al partido, no al ciudadano. De nueva cuenta, el principio pro persona en su mínima expresión. Además, se representa a un legislador necesitado de tutela y hace un innecesario llamado al Constituyente para colmar el silencio. El voto mayoritario renuncia a las capacidades de un tribunal constitucional –el TEPJF– para establecer la forma de garantizar un derecho.

Además, la sentencia agrega que se requiere regulación legislativa en esta materia debido a que la instrumentación de candidaturas ciudadanas requiere de previsiones no existentes actualmente, como, por ejemplo, lo referente a los recursos económicos, tiempos oficiales para propaganda, representación ante las instancias electorales, etc. Sin embargo, no justificó plenamente por qué eran obstáculos insalvables y por qué la actual regulación era insuficiente para colmarlas. Tampoco hizo alguna manifestación sobre los términos en que la propia demanda planteaba el reclamo y la solución a alguno de los pretendidos inconvenientes, sobre todo considerando que ese tipo de temas instrumentales u operativos no pueden restringir o anular un derecho humano.

El derecho a ser candidato: el ciudadano, de soberano a “villano”

Clouthier hizo manifestación expresa que en su reclamo no demandaba recursos públicos ni tiempos oficiales para propaganda. Este planteamiento es la clave de una discusión central, pero que pasó desapercibida: los derechos y los recursos públicos. No reclamar recursos públicos es una posición política. El reclamo de ser candidato y deslindarlo del financiamiento público es parte de un planteamiento serio de una posición política e ideológica. ¿Si un candidato o un partido asume como parte de su programa prescindir de recursos públicos, puede obligársele a recibirlos? Si por el contrario, plantea que tales recursos deben emplearse para mejores propósitos (educación, salud) y que su campaña u organización se sostendrá con las aportaciones de sus ciudadanos simpatizantes o militantes hasta por un máximo que permita la ley, ¿es contrario a la equidad?

La ausencia del análisis de tal argumento en la demanda muestra lo insatisfactorio en la argumentación. En la sentencia no se planteó tal discusión y, por tanto, en este caso, la posibilidad de salvar un obstáculo (el financiamiento público), que a los magistrados les pareció infranqueable.

Pero para el TEPJF no bastó conducir su argumentación para configurar un ciudadano sin derechos, sino que lo demonizó: “[L]a presencia de candidatos independientes en esas circunstancias, se podría traducir en una situación de inequidad respecto de los partidos políticos, al exigir a éstos muchos más requisitos que la postulación de un ciudadano sin estar sujeta ésta a regulación alguna y, a su vez, se podría propiciar el debilitamiento de los partidos políticos.”[8]

Bajo este enfoque, las candidaturas independientes, de aceptarse, se constituirían en villanos de los partidos políticos. La inequidad no se da en tiempo presente por el hecho de que éstos tengan monopolizada la vía de acceso al ejercicio del derecho humano de libre participación en los asuntos públicos del país, sino porque potencialmente, de inaplicarse el artículo 218 del Cofipe, los ciudadanos se pondrían en una situación desigual de ventaja respecto de los partidos políticos.

Así visto, el criterio del TEPJF implica que las prerrogativas draconianas que éstos tienen en materia de financiamiento público y tiempos en medios de comunicación, languidecerían al lado de los ciudadanos que pretendiesen ser votados sin la postulación partidaria.

El principio pro partidos prevaleció sobre el principio pro persona. Gran paradoja, sin duda. Gran contradicción.

 

Luis M. Pérez de Acha. Abogado de @Justicia_Justa. Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha José Roldán Xopa. Abogado de @Justicia_Justa. Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @JRXopa.



[1] Sentencia del TEPJF SUP-JDC 612/2012 y acumulados. Página 197

[2] Ibídem página 226.

[3] Ibídem página 270.

[4] Ídem página 197.

[5] Ibídem página 136.

[6] Ibídem página 137.

[7] Ibídem página 167.

[8] Ibídem página 189.

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El pasado 24 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en sesión pública el asunto que impugnaba la negativa del Consejo General del IFE para que Manuel J. Clouthier fuera registrado como candidato independiente a la presidencia de la República. Fue una sesión intensa e interesante, duró varias horas, era hora de la comida y estaba en pleno apogeo el partido del Barça. Sin embargo, esperábamos y escuchábamos con mucha adrenalina: era el día en que podría abrirse una brecha en el sistema.

Desde el inicio se vislumbraba el sentido de la votación. Eran seis magistrados, y los cuatro proyectos sometidos a votación estaban en contra de reconocer las candidaturas independientes. Finalmente se confirmaron nuestras sospechas: con una votación de cuatro magistrados en contra y dos a favor, el Tribunal Electoral resolvió confirmar la negativa del IFE. Los magistrados Nava Gomar, González Oropeza, Galván Rivera y Luna Ramos votaron a favor de los proyectos –es decir en contra de las candidaturas independientes– mientras que Penagos López y Carrasco Daza votaron en contra de los mismos y a favor de ellas.

Independientemente de nuestro deseo de que el caso fuera resuelto en sentido favorable, consideramos que algunos de los razonamientos de los cuatro magistrados que votaron en contra contienen ciertas fallas argumentativas. A continuación, utilizando la versión estenográfica y el video de la sesión, se exponen de manera sintética las fallas antes mencionadas. Para evitar sesgos interpretativos, se cita textualmente lo que dijeron los magistrados que votaron en contra y a partir de ello, se hace un análisis formal de los argumentos. Para ver la sesión completa, se puede consultar el portal del Tribunal Electoral.

Después de que se expusieron los distintos proyectos, la primera intervención en contra correspondió al magistrado González Oropeza. El mismo, se refirió a la falta de restricción expresa en el texto constitucional; es decir, al hecho de que el artículo 41 (que regula el proceso electoral) NO establece el derecho exclusivo a los partidos políticos para postular candidatos a puestos de elección popular. Al respecto argumentó lo siguiente:

¿Porqué no a nivel federal? Porque no es necesario, la prohibición está en la ley federal que es aplicable a las elecciones federales. Evidentemente la prohibición no requiere tener un fundamento constitucional, ¿por qué?, porque evidentemente el Congreso tiene facultad para expedir el Código Electoral, para determinar las modalidades de las elecciones y es en la ley federal donde se prohíben las candidaturas independientes.

El decir que la prohibición no requiere tener un fundamento constitucional desconoce por completo la jerarquía normativa de la Constitución. Como sabemos, la Constitución está siempre por encima de las leyes, y es por tanto criterio de validez para las mismas, al grado incluso de determinar su contenido.  Además, el magistrado pasa por alto el primer párrafo del artículo 1º constitucional, mismo que exige que las restricciones a derechos humanos deben establecerse en el propio texto constitucional, y no en una ley secundaria.

Le toca entonces el turno al magistrado Olimpo Nava, quien después de manifestar su gusto por la causa que se impugnaba, expresó lo siguiente:

En la Constitución se establece de manera expresa la exclusividad de los partidos políticos para postular candidatos a cargos de elección popular, por tanto no hay derecho fundamental que ampliar en el caso. En el caso de los comicios federales se establece, expresamente, que corresponde en forma exclusiva a los partidos políticos la postulación a los cargos de elección popular, esa exclusividad hace como consecuencia que no se permita la candidatura independiente.

Olimpo Nava esgrime un argumento equivocado, perfectamente válido si la litis se refiriera a elecciones estatales, pero al tratarse de elecciones presidenciales, se trata de una materia federal por lo que en este caso no existe restricción expresa: la exclusividad de los partidos políticos se encuentra sólo a nivel estatal, y no a nivel federal. Consecuentemente -contrario a lo que sostiene el Magistrado- sí cabe ampliar el derecho a ser votado para que incluya candidaturas independientes, sobre todo si se toma en serio la garantía de interpretación pro persona contenida en el artículo 1º constitucional.

Posteriormente, después de varias intervenciones de los magistrados Penagos y Carrasco a favor del derecho amplio a ser votado que reconoce las candidaturas independientes, toma la palabra el magistrado Galván Rivera. Este mismo, al referirse a la reforma constitucional en materia de derechos humanos expresa lo siguiente:

En mi opinión, no ha cambiado el sistema de derechos humanos, si algunos jueces y tribunales han resuelto de manera distinta no es responsabilidad de la Ponencia ni de este Tribunal. Los derechos humanos no surgieron en junio de 2011.

Este razonamiento, parece indicar que la reforma en materia de derechos humanos no tuvo ninguna relevancia en el ordenamiento jurídico. Está sujeto a discusión si los derechos humanos surgen o no a partir del reconocimiento constitucional de los mismos, pero lo que no se puede dejar de lado es que la reforma de junio del año pasado impuso nuevas obligaciones y criterios a cargo de todas las autoridades en tres sentidos: i) se incorporan los derechos humanos contenidos en tratados internacionales a nuestro orden constitucional; ii) se establece el principio de interpretación pro persona en materia de derechos humanos; y iii) se obliga a todas las autoridades del país a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Desconocer este cambio de paradigma es desconocer la fuerza vinculante de la Constitución, la nueva jerarquía de los tratados internacionales,  y además, implícitamente implica un desconocimiento a las decisiones de la SJCN en materia de control de convencionalidad, mismas que derivaron de la reforma en cuestión.

Finalmente, es turno del magistrado presidente Luna Ramos. La votación iba tres a favor y dos en contra: le tocaba a Luna Ramos votar, y además por serlo, tiene voto de calidad en caso de empate. Todos los ojos estaban en él …

El texto constitucional actual establece un sistema electoral que incluye ciertas prerrogativas de financiamiento público, de acceso a la comunicación, de acceso a los medios de comunicación masiva, que únicamente toman en cuenta a los partidos políticos en forma exclusiva. Lo anterior haría nugatoria la posibilidad de permitir candidaturas independientes, pues iría en contra de uno de los principios rectores de nuestro proceso electoral: el de equidad en la contienda. Hoy no sólo no existe una regulación secundaria que permita este tipo de candidaturas, sino que la norma constitucional que no podemos dejar de aplicar las excluye y no les permite el acceso al financiamiento ni a los medios de comunicación.

Este razonamiento es falaz debido a que Luna Ramos confunde dos niveles distintos de análisis: los derechos humanos y la operatividad y la implementación de los mismos. En efecto, no se puede argumentar una restricción a derechos humanos desde el punto de vista de su operatividad porque no se trata del mismo plano de análisis. La restricción de derechos humanos debe hacerse en términos de otros derechos humanos, o en última instancia, en términos de la propia Constitución, pero un Estado no puede argumentar que no existe el derecho porque el propio Estado -en razón de una decisión política- escogió no reglamentarlo a nivel operativo.

El razonamiento de Luna Ramos es equivalente a decir que reconocer el derecho amplio a ser votado sería inequitativo. Si se hace el análisis desde el enfoque operativo, evidentemente los candidatos independientes no contarían con los mismos recursos para contender en el proceso electoral en términos de financiamiento y acceso a medios. Sin embargo, desde la perspectiva de derechos humanos, sería absurdo sostener que a mayor reconocimiento de derechos de los ciudadanos, mayor inequidad se provoca en el sistema. Permitir el acceso directo de ciudadanos a puestos de elección popular implica un mayor acercamiento al respeto del principio de igualdad: la operatividad queda relegada a un segundo lugar.

La votación final fue una mala noticia para el equipo de Justicia Justa. No se validaron las candidaturas independientes, pero los argumentos resultan cuestionables. Dejamos las citas textuales para que el lector juzgue la calidad de los mismos, y emita un juicio crítico sobre el tema, teniendo todas las herramientas a su alcance.

 

Este texto fue escrito por Gisela Pérez de Acha (@gisela_pda) en colaboración con Denise Tron Zuccher (@denisetron) y Mercurio Cadena Meza (@hache_g), abogados del equipo  de @Justicia_Justa. ONG encaminada al litigio estratégico misma que promovió la demanda de candidatos independientes a diputados y de Manuel Clouthier.

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