Ante el creciente uso de facturas falsas en nuestro sistema fiscal; en enero de 2014, entró en vigor una nueva regulación para que la autoridad fiscal pudiese combatir de mejor manera estas operaciones inexistentes o simuladas. En el siguiente video, el abogado experto en derecho fiscal, Luis Pérez de Acha, explica en qué consiste este tipo de operaciones, la manera como lo fiscaliza el SAT, así como la coordenadas de la discusión que al respecto se está suscitando en la Suprema Corte.

Luis Manuel Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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Uno de los factores que ha propiciado la caída de la recaudación tributaria han sido los “esquemas agresivos de evasión fiscal”, los cuales pretenden burlar la hipótesis de causación del tributo; es decir, del pago de impuestos.

Por mucho tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostuvo que tales esquemas eran reproducidos por empresas multinacionales, al pretender migrar recursos y capitales de un país fiscalmente costoso a otro bajo o a un régimen fiscal preferente; sin embargo, a partir del ejercicio de las facultades de comprobación, en específico, de la visita domiciliaria, la autoridad hacendaria se percató de que aquéllas han sido replicadas por personas físicas y morales nacionales. Particularmente, notó que los contribuyentes no cuentan con la infraestructura necesaria para brindar los servicios que los comprobantes amparan, de forma que aquéllos consignan operaciones simuladas o inexistentes y, sin embargo, son deducibles para efectos fiscales, lo cual altera la base gravable del impuesto sobre la renta, disminuyendo así los niveles de recaudación.

impuestos

Al respecto, uno de los objetivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha sido regularizar la erosión de la base gravable del impuesto sobre la renta e incrementar los niveles de recaudación en México. Los cuales, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), están 15% por debajo del promedio del resto de los países que la integran. En este sentido, fueron propuestas las siguientes acciones: 1) la creación del Régimen de Incorporación Fiscal, 2) el fortalecimiento de las facultades de comprobación del SAT y 3) la creación de procedimientos que erradiquen los esquemas agresivos de evasión.

Por su parte, vale señalar que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) introduce un procedimiento especial para que el SAT investigue y presuma la inexistencia de las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales, con el objeto de potencializar la recaudación tributaria y disminuir la tasa de evasión fiscal; el artículo referido establece que la autoridad podrá presumir la inexistencia de las operaciones, cuando: 1) se detecte que los emisores no cuentan con el personal, la infraestructura o la capacidad material para prestar los servicios o para producir, comercializar o entregar los bienes; o 2) que aquéllos no se encuentran localizables. El procedimiento propuesto consiste en notificar, a través del buzón tributario y el Diario Oficial de la Federación, a los contribuyentes ubicados en estos supuestos normativos, para que en un plazo de 15 días desvirtúen tal presunción. Posteriormente, la autoridad valorará las pruebas y notificará el listado definitivo, a través de los mismos medios, en un plazo máximo de cinco días.

Como consecuencia, un gran número de contribuyentes ha acudido al juicio de amparo, argumentando que la medida viola en su perjuicio los principios de irretroactividad de la ley y de presunción de inocencia, así como la garantía de audiencia y el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Hasta ahora, aún existen juicios radicados en juzgados de distrito y en tribunales colegiados; sin embargo, dada la relevancia y la trascendencia del tema, la Suprema Corte de Justicia resolvió cinco amparos en revisión a favor de la autoridad estatal por las siguientes razones:

· No existe violación a la garantía de audiencia, toda vez que la publicación de la lista de los presuntos emisores de facturas falsas en el Diario Oficial de la Federación, representa un acto de comunicación procesal pública y no un acto privativo, lo cual lo excluye automáticamente de la obligación de observar los requisitos del artículo 14 constitucional.

· El artículo impugnado no transgrede el principio de presunción de inocencia, toda vez que no representa un procedimiento administrativo sancionador; en el caso en concreto, la Corte determinó que el artículo 69-B del CFF no tiene por objeto imponer una sanción, sino verificar si los comprobantes carecen de sustento para otorgarles efectos fiscales.

· No existe violación al principio de irretroactividad, toda vez que no tiene por objeto eliminar los efectos que produjeron los comprobantes fiscales emitidos, sino sólo corroborar que los contribuyentes que los emitieron realmente hayan realizado las operaciones consignadas.

En realidad, la Suprema Corte consideró que este procedimiento no violenta los derechos humanos, al considerar que aquél es sólo un medio de comunicación procesal que no constituye un acto privativo, sino de molestia y que éste no transgrede el principio de presunción de inocencia. Toda vez que no tiene por objeto imponer una sanción, sino sólo verificar la legalidad de las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales. Es decir, el máximo tribunal fortaleció las facultades de fiscalización de la autoridad hacendaria con el propósito de potencializar los índices de recaudación y disminuir la evasión fiscal en México.

Lo anterior demuestra que, tratándose de materia fiscal, la Corte no siempre recurre al test de proporcionalidad de la medida, pues si bien el artículo 69-B del CFF no constituye un acto privativo, sí es un acto de molestia y éste debe atender a los requisitos del artículo 16 constitucional. En este sentido, los contribuyentes aún continúan cuestionándose si la notificación, a través del Diario Oficial de la Federación, es o no excesiva en atención a la finalidad propuesta por el legislador. Es claro que la Corte dio por sentado que los beneficios del artículo 69-B del CFF son superiores a los perjuicios que aquél podría representar.

En este sentido, la resolución en cuestión evidencia que no sólo los servidores públicos deben ser objeto de fiscalización permanente, respecto de sus ingresos, gastos y el uso de los recursos públicos, sino también la iniciativa privada. Pues a través de esquemas agresivos de evasión, las personas morales nacionales y extranjeras replican prácticas de corrupción que inciden directamente en la recaudación, disminuyendo el gasto público y sacrificando parte del presupuesto público que constitucionalmente debería ser designado a fortalecer los programas para el desarrollo humano y social.

Lidana Montoya Fernández. Abogada por el CIDE. Twitter: @Lidana_Montoya

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Hace algunas días, la autoridad fiscal de nuestro país emitió una serie de disposiciones encaminadas a gravar con el 16% de IVA los alimentos procesados. Sin embargo, esta autoridad considera que justo no se trata de un nuevo impuesto sino de una mera aclaración de qué alimentos están gravados con la tasa del 0% y cuáles con la tasa del 16%. Ante esto, en el siguiente video, el abogado Luis Manuel Pérez de Acha analiza estas nuevas disposiciones; en concreto, ofrece una buena batería de argumentos para sostener que esta decisión del SAT es ilegal e inconstitucional.

Luis Manuel Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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En este  nuevo vídeo, el abogado Pérez de Acha continúa explicando algunos conceptos básicos del sistema fiscal mexicano; en principio, una materia un tanto árida pero que es clave para la vida económica de los contribuyentes, de ahí que resulte por demás relevante esta especie de glosario fiscal que con cada colaboración ha estado construyendo Pérez de Acha desde hace varias meses ya. Ahora bien, en esta ocasión se explica una de las herramientas de fiscalización del SAT respecto los depósitos bancarios que -sea por transferencias electrónicas, cheques o efectivo- podemos recibir en nuestras cuentas bancarias y que si no tienen un buen soporte en nuestra contabilidad pueden generar consecuencias económicas y jurídicas no menores: la presuntiva fiscal por depósitos bancarios.     

Luis Manuel Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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¿Qué es la discrepancia fiscal? En este vídeo, el abogado Pérez de Acha responde a esta interrogante y  explica las diferentes aristas que giran en torno a este figura que la autoridad fiscal utiliza para detectar irregularidades en los ingresos y egresos de los contribuyentes. Pero no sólo eso: también ofrece una clara exposición de algunos de los aspectos más delicados de esta figura y que pueden ser litigados eventualmente ante los tribunales.  

Luis Manuel Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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En este último video, se aborda un tema no menor: la manera cómo ha entendido el Poder Judicial de la Federación el delito de lavado de dinero. Es decir: ¿Cuáles son las exigencias probatorias de este delito? ¿A qué rasero está sometida la acusación de la PGR? ¿Qué es lo que debe probar en su defensa Elba Esther Gordillo para sortear esta acusación? Estas interrogantes, junto con otras más, son claves para entender lo que viene ahora una vez iniciado formalmente el juicio. Por ello, más allá de sus implicaciones políticas, es importante que la opinión pública escudriñe la actuación de las dos partes en el juicio y, por supuesto, del correspondiente juez de distrito.

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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En este segundo video, se aborda uno de los puntos clave del caso Elba Esther Gordillo: el origen ilícito de recursos. Se trata de uno de los ingredientes más relevantes del delito de lavado de dinero y cuya conducta puede eventualmente traducirse en una acusación del delito de defraudación fiscal. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿De qué manera se prueba uno y otro? ¿Cuándo la autoridad debe presentar, en su caso, estas acusaciones? Estas y otras preguntas se tratan de resolver a continuación.

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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¿En qué consiste el delito de lavado de dinero? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tan difícil es probarlo ante la autoridad judicial? Estas y otras preguntas las contesta en el siguiente video el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, con el ánimo de ofrecer una panorama más claro de las diversas aristas que giran en torno a este delito. Y, por supuesto, para explicar mejor uno de los delitos por los cuales la maestra Elba Esther Gordillo fue detenida la semana pasada. Se trata del primer video de una serie que, en los siguientes días, se publicarán con el objetivo de ampliar y profundizar más en este importante tema.

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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El pasado mes de diciembre tomaron posesión en el cargo de ministros de la Suprema Corte tanto Alberto Gelacio Pérez Dayán como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Al primero le hemos dedicado un espacio a partir precisamente de algunas sentencias y jurisprudencia que sustentó como magistrado el hoy ministro, de ahí que consecuentemente ahora corresponda referirnos al segundo.

El ministro Gutiérrez Ortiz Mena al no provenir del estamento judicial, el análisis de su trayectoria, en principio, no podría ser obviamente a partir de sentencias. Sin embargo, ¿qué asideros de tipo jurisdiccional podrían considerarse, sobre todo si esa va a ser la principal actividad a desempeñar como ministro? Si el abanico de opciones para la designación de un ministro de la corte son los jueces de carrera judicial, académicos, litigantes y servidores públicos, en el caso del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, sus condiciones se refieren a estas dos últimas, de ahí que se justifica revisar su desempeño en el litigio ante los tribunales como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Así, acudir a una estadística relativa a su última responsabilidad administrativa en  relación a juicios de amparo y revisiones fiscales, o detectar algunos precedentes atinentes a las facultades del SAT, pueden servir de señuelos de un posible desenvolvimiento del ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

Nieto del histórico secretario de Hacienda y Crédito Público en las administraciones de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz (además de director del Banco Interamericano de Desarrollo), el ex director del Sistema de Administración Tributaria reúne claramente una experiencia de tipo administrativo, concretamente como recaudador de impuestos y la consecuente actuación litigiosa que ello implica. Ese perfil de talante administrativo lo destacó precisamente en su comparecencia ante el Senado, al referirse a que hará especial hincapié a determinadas políticas públicas dentro de la Suprema Corte. Pero a partir de esa experiencia, ¿cómo podría evaluarse su comportamiento institucional en relación con la jurisdicción constitucional? Una posible ruta lo constituye la estadística del poder judicial como hemos afirmado.

En efecto, a partir de la estadística del Poder Judicial Federal, sin incluir a la propia Corte, en cuanto a revisiones fiscales por ejemplo, se pueden encontrar datos a considerar. Las revisiones fiscales son el instrumento procesal por el cual el SAT puede cuestionar ante los tribunales colegiados aquellas resoluciones que les sean adversas. De 2008 a 2012 (periodo en que Gutiérrez Ortiz Mena encabezó el SAT) se presentaron por parte de tal autoridad alrededor de 6,500 revisiones fiscales, de las cuales poco más de 2,200 fueron confirmadas, mientras que más de 3,100 fueron revocadas. Lo anterior arroja que el 34% de las acciones emprendidas en revisiones fiscales por parte de los litigantes del SAT fueron desfavorables para la institución, en contraste con un 49% que resultaron benéficas. Ambos porcentajes dan como resultado el 83% de tales impugnaciones. El resto del porcentaje se diluye en asuntos donde se desecha, modifica o confirma parcialmente.

Si bien la estadística es siempre fría y puede derivar en múltiples lecturas y desgloses, es posible reflejar una perspectiva general en cuanto a un ánimo de la eficacia recaudatoria por la vía impugnativa. Por supuesto que sería incorrecto afirmar que cada uno de esos litigios es absolutamente obra del titular del SAT en el periodo mencionado, pues muchos de ellos se llevan por conducto de diversas oficinas regionales del organismo además de la propia distribución de las cargas laborales en el órgano central señalado, pero algo puede revelar desde esa perspectiva general. Con independencia de las diferentes conclusiones que puedan derivarse de los datos anteriores, eso puede develar cierto desempeño del SAT ante tribunales.

Otro elemento a considerar pueden ser aquellos precedentes contenidos en tesis aisladas o jurisprudencia en los cuales se haya considerado la constitucionalidad o no de un determinado actuar del SAT. Lo anterior cobra importancia sobre todo si de acuerdo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos  de junio de 2011, obliga a todas las autoridades y por supuesto a las administrativas, a respetar precisamente dichos derechos humanos. Esto incluso fue materia de cuestionamiento en las comparecencias en el Senado. Bajo esa tesitura se vuelve muy importante en términos del régimen fiscal, la eficacia recaudatoria con pleno apego a esos derechos humanos. Es decir, en el mundo ideal, la recaudación de impuestos no debe implicar en ningún momento la afectación a los derechos de los contribuyentes y de acontecer, para eso están los órganos jurisdiccionales.

En ese contexto es destacable el precedente surgido en la revisión fiscal 276/2011 relacionado con una polémica materia, me refiero al tema de juegos y sorteos. En dicho precedente se consideró constitucional la expedición de determinadas reglas por parte del SAT para la recaudación, vía miscelánea fiscal, de las ganancias obtenidas en las máquinas de juego como las tragamonedas o mediante el uso de tarjetas. En uno de los rubros más lucrativos en el mundo entero (los juegos con apuestas), se consideró en aquél asunto que las medidas adoptadas por el SAT cumplían con el principio de reserva legal. Básicamente dichas medidas se refería a la conexión de las máquinas de juegos con sorteos con un sistema de cómputo central, sin que dichas máquinas pudieran establecerse de manera autónoma. Esto le permitía con mayor facilidad a la autoridad administrativa revisar el registro de las ganancias obtenidas y por tanto realizar sus facultades de fiscalización.

La visión del ministro Gutiérrez Ortiz Mena en los temas fiscales será su principal zona de aportación, sobre todo en los alcances y límites de la autoridad administrativa en la recaudación pero también en aquellos temas en donde se tenga que definir a quién le corresponde establecer determinada política recaudatoria o incluso económica. Indudablemente que en el debate constitucional contemporáneo, muchos se inclinan por el legislador, pero en determinados casos, no resulta tan fácil esa disyuntiva en la medida que la intervención judicial se identifica con la protección de ciertos derechos como los relativos a la libre concurrencia y competencia económica. Un ejemplo de esa discusión puede ser el amparo relativo al precio único del libro.

Al respecto, desde la perspectiva de la ciencia política, cabe señalar las críticas al régimen de impugnación en materia fiscal realizada por Carlos Elizondo Mayer, quien sin dejar de reconocer la importancia de los derechos básicos de los contribuyentes, afirma que habría determinadas zonas de la materia fiscal que no deberían ser objeto de definición por el poder judicial sino más bien por el legislador.[1]

Puntos como el concepto del mínimo vital[2] pudieran ser los temas en donde con cierta intensidad podrían enfrentar el tamiz del recaudador con lo justiciable del tema. Eventualmente podrían conciliarse tales aspectos, pues en términos generales en la recaudación no se trata de dejar sin ese mínimo de subsistencia o existencia (ese mínimo vital)[3] a los contribuyentes.

De esta manera, puede esperarse que en la mente del ministro Gutiérrez Ortiz Mena se mantenga la idea de la eficacia recaudatoria, sobre todo si se toma en cuenta que diversos indicadores califican muy bajo el desempeño de México en dicho renglón, esto sobre todo en comparación con otras experiencias latinoamericanas. A continuación se reproduce la siguiente gráfica de un informe de junio de 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[4]:

 

A partir de lo anterior, la problemática de esa tendencia mexicana en la recaudación, tal vez se podría mantener en la mente del ministro, la cual deberá conciliarse con el respeto a los derechos humanos y otros conceptos armónicos, precisamente como ese mínimo vital.

El gran problema con su nombramiento consistirá en múltiples excusas en lo que paradójicamente sería el ámbito de mayores aportaciones por brindar, es decir en asuntos de la materia fiscal, sobre todo en los temas recaudatorios. De ahí que no sea casualidad que su adscripción tuviera lugar en la primera sala (civil-penal) y no en la segunda (administrativo-laboral) en donde en teoría se revisan más los temas fiscales, aunque cabe señalar que dicha temática, por el gran número de asuntos, son revisados por ambas salas de la Suprema Corte.

La principal virtud, por otra parte, podrá consistir en sensibilizar o hacer explicable al resto de los integrantes de la Corte, determinadas bondades, ventajas y objetivos a perseguir por parte de la administración en los rubros de su conocimiento.

Así uno de los aspectos más relevantes a esperar del ministro Gutiérrez Ortiz Mena consiste en establecer criterios que puedan combinar un acertado ejercicio de recaudación por parte de la autoridad sin menoscabo de los derechos de los contribuyentes.

Arturo Ramos Sobarzo. Abogado y profesor de la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de postgrado en derecho constitucional por la Universidad Castilla – La Mancha en Toledo, España.


[1] ELIZONDO Mayer-Serra, Carlos, “Democracia y Constitución” en Tribunales Constitucionales y Democracia, México, SCJN, 2011, p.p. 33-42. En ese sentido, Elizondo afirma por ejemplo el caso de la inconstitucionalidad del IVA en jugos declarada por la SCJN, esto en función de afectar el principio de proporcionalidad y equidad, ya que la leche, que es un líquido también, no es gravada por ese impuesto. Dicho autor, con un ojo puesto en la experiencia de Estados Unidos, considera que en todo caso esa decisión debería corresponderle al legislativo. Con ello el poder judicial se quitaría una enorme carga de trabajo, afirma.

[2] Algunos ejemplos son los precedentes de las tesis de rubro DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO y DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONSTITUYE UN LÍMITE FRENTE AL LEGISLADOR EN LA IMPOSICIÓN DEL TRIBUTO, entre otras.

[3] En un contexto diferente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere al “especio vital mínimo” en el caso Montero Aranguren vs Venezuela relativo a problemas de hacinamiento en cárceles.

[4] Tomada de la página de la CEPAL.

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Los beneficios establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 en favor de los estados y municipios, han generado gran polémica. Pero, ¿Qué es lo que en ella se establece? ¿En qué consisten esos beneficios? ¿Son estos constitucionales? ¿En verdad se cancelaron adeudos fiscales a los estados y municipios?

Para responder a estas preguntas hay que atender al artículo 9º, último párrafo de dicha ley, que dispone:

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal […] que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.

De esta disposición se desprende que los beneficios nada tienen de novedosos, pues el Congreso de la Unión lo que en realidad hizo fue prorrogar un esquema que operó desde el 2008, y que a partir del 2013 tiene los siguientes propósitos:

  1. Condonar los adeudos del Impuesto sobre la Renta [ISR] de los trabajadores “[…] hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores”, con la única condición de que “[…] se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012”.
  2. Adicionalmente, concederles una condonación equivalente al 60% para 2013 y al 30% para 2014.

El texto legal y la materia que regula son confusos. Para simplificar esta exposición, tengamos presente que los créditos fiscales que se condonan corresponden al ISR que es retenido por los estados y municipios sobre los sueldos de los trabajadores. Estos, sin duda, son contribuyentes de ese impuesto, pues como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] “[…] tanto los trabajadores de la iniciativa privada como los de la Federación, las entidades federativas y los municipios, son sujetos del impuesto sobre la renta […], con independencia de que en un caso deriven de una relación laboral (trabajador-patrón) y, en el otro, de una relación administrativa equiparada a la laboral (servidor público-Federación, estado o municipio).”[1]

En virtud de esa relación jurídica, los patrones tienen la obligación de retener el ISR de sus trabajadores, para su posterior entero al SAT. Así, los estados y municipios, al igual que los patrones del sector privado, son un mero vehículo recaudatorio que, con motivo de la retención que efectúan, detentan transitoriamente un dinero que no es suyo, sino del fisco federal. Esto es relevante para efectos tributarios, al grado de que, por ejemplo, se considera delito equiparado a la defraudación fiscal la omisión en el pago de las contribuciones retenidas.

Históricamente, los estados y municipios han omitido el entero del ISR de sus trabajadores. Esto sucedió, básicamente, porque durante décadas las entidades federativas y los municipios no lo retuvieron efectivamente, y la federación se desentendía del tema. Otra circunstancia era, y aún lo es, que la retención material del ISR habría implicado una reducción de los sueldos de los trabajadores burócratas. Un problema estructural al que no se ha encontrado solución alguna.

Pero esos adeudos fiscales se incrementaron por un hecho imprevisto, y fue que la SCJN declaró la inconstitucionalidad de la Ley del ISR en la parte que establecía “[…] una exención ilimitada a los trabajadores al servicio de la Federación y de los Estados respecto de los ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional”[2], pues ello constituía “[…] un trato desigual y privilegiado a los trabajadores de la Federación y de las entidades federativas que estén sujetos a condiciones generales de trabajo, respecto de los demás trabajadores del país, no obstante que se encuentran en la misma condición tributaria”.[3]

De esta manera, el ISR a cargo de los trabajadores burócratas y las correspondientes retenciones efectuadas por los estados y municipios, aumentó gradualmente. Para facilitar el pago de los respectivos adeudos fiscales, el Congreso de la Unión emitió el Decreto de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, publicado el 21 de diciembre de 2007, en cuyo artículo Segundo Transitorio, fracción V se autorizó al Ejecutivo Federal para que realizara el “[…] diseño de un programa para la regularización”.

Con base en lo anterior, mediante Decreto del Presidente Calderón en materia del ISR, de Derechos y Aprovechamientos, publicado el 5 de diciembre de 2008, en su Artículo Segundo otorgó a los estados y municipios las siguientes prerrogativas:

  1. La condonación del total de los adeudos fiscales correspondientes a los años de 2005 y anteriores.
  2. Un estimulo fiscal –una condonación simulada– sobre el ISR, en montos equivalentes al 60% para 2009, al 30% para 2010 y al 10% para 2011.
  3. Otra condonación adicional, también total, sobre los adeudos fiscales de los años de 2006 al 2008, cuando ellos regularizaran su situación por los ejercicios del 2009 al 2011.

El Decreto del 5 de diciembre de 2008 era en sí mismo inconstitucional, en razón de que el Ejecutivo Federal carecía de facultades para condonar créditos fiscal a los contribuyentes, mucho menos respecto de impuesto retenidos. Pero también era inconstitucional porque esa condonación no puede conceptuarse como el “diseño de un programa para la regularización” de estados y municipios, con lo se excedía de la autorización dada por el Congreso de la Unión para esos propósitos. En pocas palabras, dicho Decreto era inconstitucional por partida doble.

Volvamos ahora a la Ley de Ingresos de la Federación para 2013. Como quedó expuesto, en ésta se prorrogan al 2012 los beneficios concedidos por el Presidente Calderón, de suyo inconstitucionales, y se extienden al presente año y al 2014. Ello significa que de nuevo se condona a los estados y municipios el ISR retenido a sus trabajadores, aunque ahora con efectos totales para ejercicios fiscales anteriores al 2012 y parciales en los dos años siguientes. La única condición es que se encuentren al corriente en el pago correspondiente a diciembre del año pasado. En pocas palabras, pagando este último mes el privilegio operará hacia atrás y hacia el futuro, sin restricción adicional alguna. Una ganga tributaria claramente inconstitucional, en la medida que les concede un trato de privilegio respecto de los demás contribuyentes del sector privado de México.

En conclusión, la polémica en torno a la condonación establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 es fundada. Se trata de una prerrogativa impositiva fraguada a través de un artilugio legal que, en vías de hecho, otorga una exención del ISR sobre los salarios de los trabajadores burócratas y restituye una exención sobre gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. La munificencia del Poder Legislativo no puede tener válidamente estos alcances.

 

Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Página web: www.lmpa.mx. Twitter: @LuisPerezdeAcha


[1] Jurisprudencia P./J. 47/2002.

[2] Jurisprudencia P./J. 50/2002.

[3] Jurisprudencia P./J. 32/2004.

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