Hace unos días conocimos el importante e interesante trabajo de los profesores Andrea Castagnola y Saúl López Noriega que hacía tanta falta en nuestro país: Monitor Judicial. Gracias a su esfuerzo ahora contamos con mayor información de cómo votan los ministros, pero sobre todo quiénes son los actores con los que dialogan y quiénes son los que están definiendo la doctrina constitucional en sede judicial. En efecto, en contextos en los que los tribunales pueden invalidar leyes bajo un parámetro muy amplio y a través de diversas vías procesales, la justicia constitucional se convierte en un foro privilegiado para el diálogo constitucional. De ahí la trascendencia, en mi opinión, de los datos que nos aportan Castagnola y López Noriega, cuyo primer estudio recién fue publicado en la versión impresa de la revista Nexos.

Veamos. Según las primeras conclusiones del trabajo el 68% de quienes acuden al amparo son asociaciones comerciales y económicas, mientras que sólo un 5% son mujeres. Por lo que toca a las acciones de inconstitucionalidad, 63% y 19% las promueve la PGR y los partidos políticos, respectivamente, mientras que la Comisión Nacional de Derecho Humanos prácticamente está inactiva. La PGR triunfa en el 90% de las acciones y los partidos políticos en un 27%. Por su parte, tratándose de las controversias constitucionales, los municipios promovieron más del 65%, teniendo éxito sólo en un 16%. El partido que más promovió controversias fue el PAN (28%), seguido por el PRD (26%) y el PRI (19%); mientras que el partido en contra del cual se promovieron más controversias fue también el PAN (30%), seguido por el PRI (13%) y, en tercer lugar, el PRD (0.81%). Hasta aquí los datos.

Aun cuando en el propio estudio que nos presentan Castagnola y López Noriega se señala que son apenas las primeras conclusiones, me gustaría manifestarles algunas de las inquietudes o comentarios que me surgen de la lectura de su trabajo. En mi opinión, algunas de las cuestiones que sería interesante que los autores precisaran son las siguientes: 1) Cuántos amparos ganan por un lado las empresas y cuántos los particulares por el otro. Además, tratándose de las empresas, creo que sería de interés saber cuáles son los grupos empresariales que más éxito tienen. 2) Cuántos de los amparos de las asociaciones comerciales y económicas y cuántos de los amparos de individuos y, en particular, de mujeres (por ser un grupo vulnerable en nuestro país) fueron atraídos por los ministros y quiénes fueron los o las que lo hicieron. 3) Creo que podría precisarse cuáles son los porcentajes de efectividad de cada partido en las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, de ese 27% que ganan los partidos qué porcentaje le corresponde al PAN, al PRI, al PRD, etc. 4) Lo mismo puede decirse de las controversias constitucionales, es decir, cuál es el porcentaje que cada fuerza política (por la extracción de los integrantes del cabildo municipal) obtuvo en ese 16% de efectividad. 5) Sería conveniente que los resultados de los puntos 3 y 4 fueran puestos en perspectiva en relación con el activismo de cada partido, por ejemplo, suponiendo que ese 27% refleja 10 acciones de inconstitucionalidad y 3 fuera del PAN y 7 del PRI, eso no bastaría para saber el nivel de éxito de cada partido, sino que habría que saber cuántas acciones del total fueron interpuestas por el PRI y el PAN. 6. Sería interesante saber quiénes son los actores que promueven y cuál es su nivel de éxito en el 35% restante de las controversias constitucionales interpuestas, etc.

Por otro lado, creo que un análisis tan loable del trabajo de la Corte como el que llevan a cabo Castagnola y López Noriega nos debe servir para analizar críticamente quiénes son los actores con los que debaten los ministros y quiénes son los que están definiendo nuestra doctrina constitucional en sede judicial. Por lo que respecta a lo primero, podemos saber que la Corte es una arena en la que principalmente deliberan los poderes políticos y los empresarios. Por lo que toca a lo segundo, por ahora sabemos, por ejemplo, que la PGR tiene un 90% de efectividad en las acciones que promueve, es decir, que los ministros de la Corte han hecho de la visión constitucional de la administración calderonista una opinión de alto impacto.

Finalmente, por dejar aquí estas primeras reflexiones, los datos que nos aportan también nos pueden servir para repensar a quién es queremos darle voz en los debates judicial y cómo reformar nuestras instituciones para el logro de ese objetivo. Así, a mi primera vista pareciera ser que atrás de nuestro diseño institucional sigue existiendo una desconfianza del involucramiento de la ciudadanía en la discusión de las cuestiones públicas, tal y como sucedió en los orígenes del constitucionalismo norteamericano (Gargarella, 1995).

Roberto Niembro. Investigador honorario de la ELD y actualmente investigador visitante del Max Planck Institute para Derecho Público Comparado en Heidelberg, Alemania.

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Mesa de Debate. Comunicación y transparencia del Poder Judicial de la Federación.
Participantes: Carlos Avilés (CJF), Hugo Concha (IIJ-UNAM), Saúl López Noriega (ITAM) y Enrique Rodríguez (SCJN).
Grabada el pasado jueves 27 de octubre de 2011, en el Auditorio Fix-Zamudio del IIJ-UNAM.

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Mesa de Debate. Libertad de expresión y reforma electoral del 2007 (Sentencias Amparo de los Intelectuales I y II).
Participantes: Hugo Concha (IIJ-UNAM), Fernando Franco (SCJN), Jesús Silva-Herzog Márquez (ITAM) y Saúl López Noriega (ITAM).
Grabada el pasado jueves 13 de octubre de 2011, en el Auditorio Raúl Bailléres del ITAM.

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Mesa de Debate. Sentencia sobre áreas naturales protegidas – Caso Tulum
Participantes: Hugo Concha (IIJ-UNAM), Juan Pedro Machado (Ligitante), Saúl López Noriega (ITAM) y Etienne Luquet (SCJN).
Grabada el pasado jueves 22 de septiembre de 2011, en el Auditorio Raúl Bailléres del ITAM.

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Mesa de Debate. Los retos judiciales frente al nuevo sistema de justicia penal

Participantes: Hugo Concha (IIJ-UNAM), Saúl López Noriega (ITAM), Miguel Sarre (ITAM) y Sergio Valls (SCJN).

Grabada el pasado jueves 8 de septiembre de 2011, en el Auditorio Héctor Fix Zamudio del IIJ-UNAM.

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Mesa de Debate. Sentencia matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo.

Participantes: Lol Kin Castañaeda (activista social), Hugo Concha (IIJ-UNAM), Laura García Velasco (SCJN), Saúl López Noriega (ITAM) y Estefanía Vela (CIDE).

Grabada el pasado jueves 25 de agosto de 2011, en el Auditorio Héctor Fix Zamudio del IIJ-UNAM.

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Mesa de Debate. El nuevo juicio de amparo y los derechos humanos

Participantes: Hugo Concha (IIJ-UNAM), Sergio García Ramírez (IIJ-UNAM), Saúl López Noriega (ITAM) y Arturo Zaldívar (SCJN).

Grabada el pasado jueves 11 de agosto de 2011, en el Auditorio Raúl Bailléres del ITAM.

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¿Es o no constitucional el matrimonio entre parejas del mismo sexo? ¿Lo es despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación? Temas muy polémicos, pero como éstos, existen muchos más que se han “congelado” por falta de conocimiento de periodistas y editores para detonar la información.

Saúl López Noriega, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y Doctor en Filosofía Política y Derecho Constitucional con la nota Magna Cum Laude, por la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Diplomado en Periodismo Jurídico en el ITAM, explicó a Personae, que los medios nacionales carecen de un periodismo judicial, de un periodismo jurídico aceptable.

• El tema es nuevo porque: “el Poder Judicial hasta hace muy poco era irrelevante en la dinámica de la política”.

• ¿Qué tan reciente?: “Empieza a tomar relevancia en 1995, cuando se le agregan facultades al Poder Judicial, a la Suprema Corte. En los últimos años han habido casos muy mediáticos, importantes, que pusieron en evidencia la inminente necesidad de especializar el periodismo jurídico, en concreto, el judicial”.

• ¿Cómo conjugar dos mundos con objetivos similares pero con visión distinta? Un abogado puede considerar un caso jurídico muy “interesantísimo”, en tanto que un periodista puede decir de él: ‘¡Eso no vende! Mi editor me lo va a batear’.

• Explica que el reto del periodismo jurídico es crear un puente entre dos mundos, dos lenguajes, dos intereses. “El periodismo judicial tiene una función, hasta cierto punto, pedagógica, y esa es, explicar a los lectores que esto es importante, incluyendo al presidente de la República, al Congreso de la Unión y, por supuesto, al Poder Judicial”.

Aquí el resto de la entrevista.

El Juego de la Suprema Corte

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