obstaculosCanta Dante en su Divina Comedia que a la entrada del Infierno un letrero prologa el pesar eterno: “abandonad toda esperanza”; anuncio del peor castigo, ese que consiste en saberse sin salidas. Tras cinco años de litigio en la Junta de Conciliación y Arbitraje y casi dos de espera entre la interposición del juicio de amparo y la decisión de la Corte, Yssel Reyes (cuyos antecedentes del caso pueden leerse aquí y aquí) se ha topado con lo que todos aquellos que estemos en su caso –es decir, que nuestro patrón viole alguno de nuestros derechos humanos como el de la no discriminación, el respeto a nuestros datos personales, la integridad psicológica, el acoso laboral, etc.- podemos padecer: la imposibilidad de hacer efectivos nuestros derechos establecidos en nuestra Constitución. 

 

Luego de tres sesiones en donde no se alcanzó consenso, 3 de los 5 ministros que integran la Segunda Sala de nuestra Corte determinaron negar el amparo solicitado. En primer término, reconocieron tácitamente que un patrón como ente particular sí puede violar derechos humanos. Esto representa un avance en relación a nuestra tradición jurídica siempre reacia a considerar que ello fuera posible, pero a la vez constituye una cuestión ya zanjada por la Primera Sala en una jurisprudencia dictada durante el trámite del juicio[1]. Importantísimo primer paso, aunque insuficiente para llevarnos a la eficacia de manera aislada.

 

En segundo lugar, la opinión mayoritaria optó por una interpretación restrictiva en el punto neurálgico a discutir, estableciendo que una Junta de Conciliación y Arbitraje no es competente para conocer de aquellos casos en que un patrón lesione los derechos humanos de sus empleados. Las Juntas son los tribunales (aunque dependientes del presidente de la República y los gobernadores, según sea federal o local) con competencia para resolver los conflictos “entre el capital y el trabajo”, según lo prevé el artículo 123 constitucional. Nada se dice en ningún ordenamiento sobre si esa facultad comprende temas de derechos, así que la definición de este punto debe ser necesariamente jurisdiccional. ¿Qué implica esta decisión? Que cuando un trabajador sufre una serie de lesiones a manos de su empleador, su defensa se fragmenta en múltiples y difusas instancias. El siguiente esquema puede dar una mejor idea de la multiplicidad de los vericuetos legales existentes hoy en día: 

 

Cuadro Yssel En resumen, y sin que existan definiciones precisas o antecedentes, podrían surgir 4 o 5 procesos no judiciales (IFAI, CONAPRED, COPRED, CNDH y el derivado de la Ley General de Víctimas), 2 juicios civiles, varias denuncias penales y 2 procedimientos laborales además de los juicios de amparo derivados de todo ello.

 

¿Confuso? Imaginemos a un trabajador que desde luego no es experto en temas jurídicos (como se supone lo son algunos de nuestros exquisitos ministros) tratar de enfrentar este panorama. Primer obstáculo: conocerlo y entenderlo. Segundo: pagar abogados. ¿Los procuradores de la defensa del trabajo? Ni soñarlo: a duras penas pueden procesar todos los procedimientos laborales. Tercero: pagar peritos; en materia laboral son gratuitos pero en materia civil, por ejemplo, no lo son. Cuarto: el tiempo. Si un proceso judicial suele ser tortuoso, varios al unísono potencializan el calvario. A ese viacrucis habría que sumar un problema técnico jurídico mayúsculo: ¿y si esas instancias emiten entre ellas resoluciones contradictorias? Los hechos son o pueden estar ligados de tal manera que es muy complicado escindirlos para ubicarlos de manera precisa en la vía legal adecuada. ¿El resultado? Un “acceso” a la justicia que existe únicamente en el papel.

 

El amparo negado a Yssel aspiraba a encontrar, como uno de sus puntos de partida, el reconocimiento judicial de que las Juntas pueden conocer todo aquello que se suscite en la relación laboral que afecte los derechos de los trabajadores. Esto es ya común en países como España o Chile que cuentan con procedimientos laborales o sociales concentrados para evitar lo que en la península ibérica denominaban “peregrinaje jurisdiccional”.

 

La Corte, en respuesta, ha determinado que esto no es posible. Pero aun con la ley laboral reformada el problema está lejos de resolverse: la ley prohíbe discriminar, acosar u hostigar a los empleados; no obstante, ningún procedimiento especial provee solución a tales escenarios. Algunas multas destinadas al erario podrían ser (teóricamente) impuestas en tal sentido pero, ¿y la reparación del daño? A juzgar por el criterio de la opinión mayoritaria (no compartido por los ministros Sergio Valls y Luis María Aguilar, quienes en sus votos particulares consideraban que la Junta sí debía analizar esta clase de temas aunque sin especificar las consecuencias de ello o si podía analizarse en forma autónoma desligada de un despido), como una reparación del daño con motivo de lesiones a los derechos humanos no puede ser juzgada por las Juntas, hoy en día nos encontraríamos con una norma laboral que prohíbe al patrón discriminar (artículo 2), que le impone multas no destinadas al actor (y que por ello no benefician a la víctima) pero que le obligaría a defender sus derechos en vía civil en conjunción con otras instancias. Por un lado, las normas son poco claras e incompletas; por el otro, nuestro Corte no expande la protección sino que la divide. ¿Quién vence en este sistema?

 

A principios de este año, la publicidad de la Corte se ufanaba del premio concedido por la ONU: “se le ha concedido a luchadores de derechos humanos como Martin Luther King o Nelson Mandela”, se decía. Con decisiones como la que aquí comentamos, que respalda un sistema jurídico plagado de escollos insalvables para el afectado el acceso a la justicia, la Corte no honra del todo a sus históricos “pares” y sí en cambio arroja otra carga a los justiciables: la piedra de Sísifo que hace del camino institucional una vía extenuante y hostil. Vale subrayar que nuestra arquitectura normativa goza de unos cimientos constitucionales adecuados en materia de derechos fundamentales. El resto del edificio, sin embargo, posee una estructura débil y resquebrajada que amenaza y desprotege, arrojándonos a la intemperie. Queda ahora acudir al sistema interamericano de protección de derechos humanos. No es hora aún de abandonar la esperanza.

 

José Luis Rostro y Erick López Serrano. Abogados del quejoso.


[1] Tesis con registro 159936 de rubro: DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.

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Mediante un acuerdo general reciente (el 2/2014)[1], el pleno de la Suprema Corte decidió suspender la resolución de todos los juicios de amparo pendientes de sentencia en Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados promovidos en contra de ciertos artículos contenidos en la reforma a la Ley Federal del Trabajo vigente desde diciembre de 2012, hasta en tanto la propia Corte establezca los criterios que se deben seguir al respecto. Lo cual sucederá cuando resuelva los 53 amparos en revisión que al 23 de enero se encuentran ya en dicha sede, y donde uno de los tópicos clave a resolver dentro de todos ellos es el relativo a los salarios caídos.

Los salarios caídos o vencidos son aquellos que un trabajador despedido tiene derecho a recibir a partir de su injustificado cese. Hasta antes de la reforma, esos salarios eran ilimitados y el patrón debía cubrirlos hasta el momento en que cumpliera la condena que le fuera impuesta en un laudo o hasta que reinstalara al empleado despedido en su puesto. Por este concepto los juicios laborales podían desembocar en condenas millonarias: los usualmente longevos procedimientos tenían un poderoso incentivo para trabajadores y sus abogados pues en caso de obtenerse una sentencia condenatoria, ésta iba habitualmente aparejada con los mismos años que se hubiese tardado el trámite en sueldos por pagar. En el contexto internacional, esta espada de Damocles que pendía sobre cualquier patrón demandado era una rareza.

salarios1La reforma puso un tope a esta prestación. Ahora, el máximo que se puede generar por ese concepto es de un año, tras lo cual sólo se podrían actualizar algunos intereses (2% sobre el importe de 15 meses de salario). El argumento toral con el que se combate este límite en los amparos interpuestos es que representaría una vulneración al principio de estabilidad en el empleo pues aun y cuando se obtuviera un laudo condenatorio que obligara al patrón a reinstalar a un trabajador, esa orden no representaría un respeto a los derechos del cesado considerando que, a pesar de lo que dice la ley, ningún juicio laboral es resuelto en menos de un año.

Es casi seguro que la Corte avale este tope pues ya lo ha hecho recientemente al abordar lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ordenamiento que regula las relaciones laborales del Estado y los Municipios con sus empleados. Hasta antes de la reforma, la propia Segunda Sala en una tesis aislada del 2009[2] había considerado que el monto máximo de seis meses por el concepto de salarios caídos previsto en la legislación morelense contravenía lo dispuesto por el artículo 123 constitucional. Sin embargo, sin haberse modificado ninguna de las normas analizadas en su anterior decisión, en mayo de 2013, la Segunda Sala cambió su criterio estableciendo ahora que ese límite “no es violatorio de derechos humanos”, y considerando ahora la misma hipótesis jurídica como “razonable y proporcional”[3].

El mismo criterio se reiteró en enero de este año, inclusive en el caso de la existencia de una condena reinstalatoria [4]. Curiosamente, el enfoque invocado para avalar la reducción de los derechos laborales de los burócratas morelenses antes reputada como inconstitucional fue precisamente el de los derechos humanos. Al parecer, para lo ministros de la Corte, hay que estar a tono con los tiempos, al menos nominalmente.

En principio la función de un juzgador no tendría que limitarse al estudio abstracto de una norma,pero ello no obsta para que esta Sala afirme: “si conforme al artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los juicios laborales deben resolverse en un término máximo de 6 meses, es razonable y proporcional que el legislador local limite el pago de los salarios vencidos a este periodo”[5].

Lo cierto, sin embargo, es que en la práctica quien alcance a desahogar su primera audiencia dentro de esos seis meses puede considerarse “afortunado”. Al parecer, la “racionalidad y proporcionalidad” que la Corte encuentra para justificar su viraje interpretativo tiene su apoyo en el hecho de que, de conformidad con la ley, el juicio debiera concluir en seis meses. Este término jamás se observa y, por el contrario, es común que los tribunales del trabajo (ya sean Juntas de Conciliación y Arbitraje o Tribunales burocráticos) operen bajo la divisa de respaldar las decisiones de toda clase de autoridades en su faceta patronal en procedimientos sumamente prolongados.

La sensatez jurídica a que alude la Corte solo existe en el papel: al momento de hacer valer los derechos laborales la racionalidad y la proporcionalidad son más bien eufemismos de un auténtico calvario procesal. Cierto: mantener unos salarios caídos ilimitados no parecía ya una medida justa. Lo que preocupa es que nunca se ponderen otros elementos de la ecuación igual o mayormente lesivos de los derechos de trabajadores y patrones por igual: el pésimo desempeño de nuestros órganos jurisdiccionales parece pesar poco a la hora de evaluar nuestra justicia laboral. El problema, como casi siempre, no es la norma sino la ineficacia de nuestras instituciones y, en este caso, como en tantos otros, ningún cambio se percibe en ese sentido.

Erick López Serrano.Abogado.


[1] Publicado en el Diario Oficial el 06 de febrero de 2014.

[2] SALARIOS CAÍDOS. LOS ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL ESTABLECER QUE SU PAGO NO EXCEDERÁ DEL IMPORTE DE 6 MESES, CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 43, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Tesis 2a.XLVIII/2009.

[3] INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO ES VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 2a. XLVIII/2009 (*)]. Tesis 2a. XLIV/2013.

[4] REINSTALACIÓN EN CASO DE CESE INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESE ESTADO. Tesis 2a. IV/2014.

[5] Conclusión de la última tesis citada.

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door2El debate de la contradicción de tesis 293/2011 en la Suprema Corte ha sido ampliamente comentado en este blog. Como se sabe, en ese asunto se concluyó que los derechos humanos de fuente internacional tienen rango constitucional pero, en caso, de que éstos se enfrenten a una restricción expresa de la Constitución, ésta debe aplicarse. Además, se determinó que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluida aquélla emanada de casos en los cuales el Estado mexicano no fuese parte, es obligatoria en el orden jurídico mexicano siempre que resulte más favorable para las personas.

Con estas premisas, en las sesiones del pasado 5 y 9 de septiembre de 2013, la Corte discutió otro tema de gran relevancia al resolver la contradicción de tesis 21/2011-PL. Aunque este asunto siguió la línea argumentativa de la contradicción previa, su problemática presentó particularidades propias de notable complejidad técnica y con un impacto inmediato en la práctica del juicio de amparo. En este caso, se discutió la repercusión de la nueva condición jurídica de los derechos humanos de fuente internacional en el ejercicio de una de las principales competencias de la Suprema Corte: el amparo directo en revisión.

En concreto, el punto a resolver en esta contradicción ―en la que fueron las dos Salas de la propia Corte los órganos jurisdiccionales en colisión― fue el siguiente: si el problema de compatibilidad entre una ley y un tratado internacional es una “cuestión de constitucionalidad” o una “cuestión de legalidad” a efecto de decidir la procedencia de un amparo directo en revisión. La primera sala sustentó la tesis de que ese problema resultaba en una cuestión de constitucionalidad y, por tanto, la revisión era procedente. Por el contrario, la segunda sala consideró que ese problema era una cuestión de mera legalidad y, por ello, no era posible admitir su revisión. Desde que emitieron sus respectivos criterios, ambas salas los venían aplicando en los asuntos de sus respectivas competencias, con lo cual las líneas jurisprudenciales que fueron desarrollándose, marcaron una riesgosa incertidumbre para las personas que decidieron proponer ante la Corte la revisión de sus correspondientes sentencias de amparo directo.

Vale la pena destacar la importancia del recurso de revisión para la defensa de los derechos de las personas. Se trata de la única competencia prescriptiva para la Suprema Corte a efecto de que analice los agravios planteados por aquellas personas que consideran que fueron afectados por la sentencia de amparo emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito. Que esa competencia sea “prescriptiva” significa que es la única vía para “obligar” a la Corte a revisar una sentencia de amparo en una segunda instancia. De esta manera, en principio, si se cumplen los requisitos señalados en la Constitución y en la ley de amparo, la Corte no puede rehusar emitir una resolución de fondo. El elemento estadístico también es revelador de la relevancia de este recurso de revisión ante la Corte. Si acudimos al informe de labores de su presidente en el último año judicial (2012), veremos que de un total de 6,002 asuntos resueltos, 1,100 correspondieron a amparos directos en revisión. Así, la suerte de este asunto se traducía en la definición de un estándar elemental a partir del cual la Corte, de ahora en adelante, debe analizar las pretensiones jurídicas que soliciten la revisión de sentencias de los Tribunales Colegiados, en materia de derechos humanos.

La Corte, entonces, con base en lo decidido en la contradicción de tesis 293/2011, resolvió que un problema de compatibilidad entre un tratado internacional y una ley es una “cuestión de constitucionalidad” si está en juego determinar el alcance de un derecho humano. Esta decisión precisó de una acotación: si ese problema de fuentes no involucra la aplicación de un derecho humano, entonces debe considerarse que el problema permanece en la condición de “cuestión de legalidad”, terreno en el cual las sentencias de los Tribunales Colegiados son definitivas e inatacables.

El artículo 103 constitucional, modificado con la reforma del 6 de junio de 2011, expresamente estableció que el amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen “los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por (la) Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte” (fracción I). Sin embargo, en cuanto al recurso de revisión, el artículo 107 sigue expresando que la materia del recurso “se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras” (fracción IX).

La Corte interpretó que ahí donde el artículo 107 señala que en la revisión deben tratarse cuestiones “propiamente constitucionales”, debe leerse en el sentido de que abarca las “cuestiones propiamente convencionales de derechos humanos”. Es decir, ahora este precepto debe leerse en el sentido de que procede la revisión contra sentencias de amparo que resuelvan sobre la convencionalidad de normas generales, o establezcan la interpretación directa del precepto de un tratado de derechos humanos, u omitan hacerlo, habiéndose planteado en la demanda. A ello debe añadirse que la cuestión planteada debe revestir un criterio de importancia y trascendencia (por ejemplo, si no existe jurisprudencia de la Corte aplicable al tema de que se trata). Así, se formaliza la interpretación del Pleno en el sentido de que para la Corte no es indiferente lo resuelto por los Tribunales Colegiados respecto a la interpretación de derechos humanos de fuente internacional en un juicio de amparo directo. Algo no menor para impulsar la agenda de derechos fundamentales en el país.

>Alfonso Herrera García. Profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Es coordinador de la obra, junto con Eduardo Ferrer: Diálogo jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales, Tirant Lo Blanch, Valencia (en prensa). Twitter: @jAlfonsoHerrera

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voladoEl pasado miércoles 12 de junio, tras una discusión privada, los integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia votaron, 3 a 2, por desechar el proyecto del ministro Luis María Aguilar en relación al amparo promovido por Yssel Reyes.

Esto quiere decir, a diferencia de lo que se ha reportado en algunos medios, que el caso de Yssel Reyes sigue sin ser resuelto. Los ministros acordaron turnar una vez más la elaboración del proyecto de sentencia ahora al ministro Fernando Franco.

Hasta el 18 de junio, la Corte no ha liberado una versión estenográfica de la discusión ni ha emitido un comunicado oficial al respecto.

El nuevo proyecto no tiene fecha límite para su presentación, por lo que podrían pasar desde semanas hasta meses para que el caso vuelva a ser discutido en la Segunda Sala. De no aprobarse la segunda versión, la Segunda Sala podría pedir a un ministro de la Primera que formulara un tercer proyecto, o el caso podría ser llevado al Pleno.

Yssel Reyes demandó al banco HSBC ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por su despido en 2007. Según Reyes, HSBC lo despidió por ser VIH positivo e incurrir en gastos médicos excesivos.

Aquí pueden leer la primera y segunda parte de la entrevista que hizo El Juego de la Suprema Corte a Reyes y sus abogados.

Esteban Illades.  Periodista y escritor. Tránsfuga del Derecho. Twitter: @Esteban_is

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En alguna obra[1], Nietzsche juega con la palabra idiosincrasia para dirigir uno de sus infinitos ataques, esta vez a los filósofos: no solo a sus “peculiaridades” (sentido estricto del término), sino de plano a algunas de sus idioteces (sentido a que alude el alemán por su parentesco fonético) como su falta de sentido histórico y su desprecio por la noción de devenir o cambio, a lo que se refiere como “egipticismo”. La adoración del monolito, de la gran piedra; la unción del Tratado, la fijación de la Idea: aspiraciones o ilusiones compartidas por un gremio desafecto a los problemas terrenales y que en cambio vive en el reino de lo abstracto.

piramidesAlgo similar podríamos decir de no pocas de nuestras leyes o de su práctica. Su divorcio con la realidad no es inusual. Empero, eso no importaba: si la realidad se empeñaba en rebasar nuestro marco jurídico, lejos de dotar a éste de flexibilidad se apretaba la camisa de fuerza para que el disfraz de legalidad cubriera un cuerpo social disparejo y lleno de llagas. Con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y del juicio de amparo de 2011 y el revigorizado protagonismo de los instrumentos internacionales en nuestro sistema jurídico, muchos nostálgicos de la pirámide kelseniana, del orden que manaba de la cima constitucional hacia los áridos terrenos del día a día han puesto el grito en el cielo: ¿Cómo es posible que el pueblo esté perdiendo su soberanía? ¿Porqué las decisiones tomadas en organismos internacionales han de pesar más que las de nuestros representantes? ¿Cómo una Corte interncinal va a decirle qué hacer a nuestra Suprema Corte?

El caso de Yssel Reyes -cuya explicación de este asunto se puede leer aquí y aquí- no solo es importante para él ni para la posibilidad de que por fin se dote a los trabajadores de herramientas judiciales eficaces (o, al menos, más de lo que son las que ahora existen) que les permitan defender sus derechos en caso de ser violentados por su empleador asegurando con ello un auténtico acceso a la justicia, sino también porque representa un ejemplo de las fuerzas en colisión que han de modelar la manera en que entendemos nuestras instituciones. De un lado, los “tratadistas[2]” o soberanistas de cepa que admiten tan solo como fuente del Derecho al Constituyente (expresión de la “voz del pueblo”) a la que ha de someterse todo el sistema y por el otro los “ensayistas”, aquellos que anteponen a la supuesta perfección conceptual del sistema una flexibilidad que atienda sobre todo a las mejores formas de solventar los conflictos de las personas.

Nuestra tradición jurídica consideró siempre a las garantías individuales como derechos del gobernado oponibles a la autoridad, máxima fuente de abusos. Esas garantías eran “otorgadas” por la Constitución, una “gracia” a los ciudadanos. El arribo de los derechos humanos a nuestro texto constitucional (que ya no los “otorga” sino que los “reconoce”) representa un viraje en su concepción. Son ahora el eje de nuestro sistema y por ello todos estamos obligados a observarlos. La Corte debe dilucidar si los particulares (en el caso de Yssel, su patrón) pueden violar derechos humanos[3], algo que es novedoso si lo comparamos con nuestras concepciones del siglo XIX, pero que ya no lo es si nos miramos en el espejo internacional.

España[4] y Chile[5] previenen ya en sus ordenamientos laborales acciones de tutela de los trabajadores para hacer frente a las posibles lesiones a sus derechos fundamentales ocasionados por el patrón. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido como objetivo mundial el de respetar, promover y aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo[6]. Finalmente, tras una opinión consultiva (18/03) solicitada por nuestro propio país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con motivo de la disminución de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos frente a sus empleadores, la CIDH sostuvo que “el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares (empleador-trabajador). El Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales”. La incorporación misma del concepto de trabajo decente a nuestra ley laboral sigue la línea marcada por la OIT.

Todos estos ejemplos dan cuenta de una misma tendencia: incrementar la red de protección a los trabajadores reconociendo simplemente una situación de hecho, es decir, que los empleadores pueden discriminarlos, hostigarlos, utilizar ilícitamente sus datos personales o afectar su derecho al honor y la privacidad y que ello debe ser sancionado jurídicamente de forma independiente a los derechos laborales tradicionales. Los alcances de estas sanciones, los posibles abusos de los empleados o las dificultades procesales de estas figuras son todos temas no fáciles de zanjar. Lo que parece ya inadmisible es que se afirme que un empleador no puede cometer esa clase de conductas porque de acuerdo a nuestro sistema los derechos humanos únicamente son vulnerados por las autoridades del Estado.

Acaso por primera vez en nuestro país, ciertas normas se han adelantado a los practicantes del Derecho, quienes no terminan de explotar del todo las novedosas posibilidades: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, las acciones colectivas incorporadas al artículo 17 constitucional, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, el sistema acusatorio penal, los juicios en línea en materia fiscal, etc. Los “tratadistas” del Derecho se rehúsan a aceptar que las concepciones monolíticas sirven ya muy poco para enfrentar los problemas actuales, casi todos atravesados por múltiples fenómenos y aristas y que solo pueden abarcarse desde un punto de vista multidisciplinario. El egipticismo mexicano en el Derecho resulta ya obsoleto, anacrónico: la eterna Esfinge sirve bien como monumento, pero no como lugar para habitar este mundo.

José Luis Rostro y Erick López Serrano: abogados del quejoso.


[1] El crepúsculo de los dioses, editorial Alianza.

[2] Con el término aludo, por oposición a los “ensayistas”, no  a los instrumentos internacionales jurídicos sino a aquellas obras que antaño aspiraban a abarcar y agotar un tema en libros inmensos que se concebían inmutables. El mismo sentido posee en el primer párrafo.

[3] La nueva Ley de Amparo (artículo 5) equipara a ciertos particulares con la Autoridad Responsable siempre y cuando ejerzan “funciones [que] estén determinadas por una norma general” como podrían llegar a ser los Notarios o los concesionarios de un servicio público. Resta por ver cómo se aterriza esta previsión, pero ese requisito excluye un sinfín de posibilidades.

[4]  Artículo 177 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

[5] Artículo 485 del Código de Trabajo.

[6]Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa adoptada en Ginebra, 2008 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—cabinet/documents/genericdocument/wcms_099768.pdf

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VIHÉsta es la segunda parte de una entrevista realizada a Yssel Reyes, un hombre de 39 años que fue despedido de HSBC en 2007. Reyes argumenta que la compañía lo echó después de 14 años por los gastos médicos que generaba su condición de VIH positivo. El caso del ex-trabajador bancario fue atraído por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se espera que sea resuelto la siguiente semana. Para ver la primera parte, dar click aquí.

Desprotegido

Minutos después de ser “despedido”, Reyes hizo una llamada y recibió otra. Él marcó el número de su abogado, José Luis Rostro, para informarle lo que había ocurrido. Con cirugía en puerta al día siguiente, no sabía qué hacer. Rostro lo tranquilizó.

La otra llamada no tardó mucho en entrar. La asistente del doctor que lo iba a operar se comunicó con él esa misma tarde para informarle que la cirugía había sido cancelada. Según Reyes, ella le dijo que HSBC lo había dado de baja del seguro médico, y lo refería, irónicamente, al área de Recursos Humanos del banco para resolver cualquier conflicto.

Hasta la fecha, Reyes no se ha sometido a la operación y dice que todavía siente mucho dolor.

El licenciado Rostro sabía que se enfrentaban a varios problemas. Ni la Constitución ni las leyes en la materia regulaban del todo el caso de Reyes. “No había ninguna reforma en cuanto a los medios electrónicos, es hasta 2011 que se introduce”, dice. (La información del expediente médico de Reyes, las listas en las que aparecían su nombre y muchos datos más que se encuentran en el expediente del juicio estaban en formato electrónico; estas pruebas no fueron valoradas en el laudo.)

Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos todavía era un proyecto cuando ocurrió el despido. Organismos como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 14, que fue ante la que Reyes y sus abogados llevaron la demanda, se declaraban incompetentes en materia de derechos humanos. Lo suyo era estrictamente laboral, y referían a otros organismos para conocer el fondo.

Pero ahora, en 2013, los cambios a la Constitución obligan a la Junta a entrar en el tema.[1]

Había un tercer concepto que todavía no estaba plasmado en ley, y que conformaba una parte fundamental de la demanda de Reyes. Él acusaba a HSBC de violar sus derechos fundamentales por la forma en que fue despedido. En 2007, el orden jurídico mexicano no establecía que los particulares pudieran ser acusados de violar derechos humanos. Con la reforma constitucional, eso también cambió.

A su vez, Reyes buscaba compensación por el daño moral que le causó la revelación de sus datos privados: su estado de salud y preferencia sexual, entre otras cosas. Esto ya está contemplado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, promulgada en 2010. (Es decir, nada de lo que alegaban en ese entonces estaba regulado en la ley mexicana, pero ahora sí.)

Ni a Reyes ni a su abogado los sorprendió el revés que les dio la Junta al declararse incompetente para conocer del tema. Según el licenciado Rostro, la Junta “ignoró olímpicamente” varias de las pruebas de la demanda, incluido el testimonio del doctor Manuel Feregrino Goyos, el especialista en medicina crítica y VIH que trató a Reyes mientras trabajaba para HSBC.

(El doctor Feregrino declinó ser entrevistado para este artículo por estar involucrado en procesos legales por resolverse con HSBC).

Feregrino, según el licenciado Rostro, escribió una carta a la compañía aseguradora subcontratada por HSBC para decirle que había violado leyes mexicanas –incluyendo una Norma Oficial Mexicana (NOM) que prohibe liberar información de expedientes clínicos a personas que no tengan título de medicina– por revelar el estado de salud de Reyes. Según el médico, revelar los datos del expediente clínico de Reyes llevaría a una demanda, cosa que sucedió. “Como si fuera brujo”, dice Rostro.

Feregrino le escribió una constancia a Reyes en la que certificaba que HSBC le había pedido que dejara de tratarlo como paciente porque el seguro ya no lo cubría, y el doctor lo tuvo que referir al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán para continuar el tratamiento.

Al contar la experiencia con Feregrino, a Reyes se le corta la voz. “Es como mandarte a la tumba esto. Me expide un documento en el que manifiesta que el banco le pide que ya no me dé atención porque ya estoy dado de baja. Me canaliza a asistencia pública para seguir atendiéndome. Lo cual a la fecha sigo haciendo porque ese derecho yo lo perdí”, reclama.

El proceso ante la Junta fue largo y cansado para Reyes, su abogado y su padre. Los testigos que pretendía llevar para que declararan sobre el hostigamiento y la discriminación en el corporativo nunca aparecieron. Ninguno. “O los compraron o los amenazaron”, concuerdan los tres. Reyes perdió peso y se enfermó.

Al mismo tiempo, a manera de amenaza, según el licenciado Rostro, HSBC le abrió dos averiguaciones previas consecutivas a Reyes y a él. Una a nivel federal, y otra a nivel local. Las averiguaciones, en conjunto, duraron casi dos años. A Rostro lo denunciaron por enriquecimiento ilícito, porque supuestamente había pedido una indemnización excesiva. “Ahora si tú lo ves, está contemplado en la nueva legislación [pedir ese tipo de compensación]. Me adelanté a mi tiempo”, dice mientras suelta una ligera sonrisa.

A Reyes lo denunciaron por fraude procesal y falsedad de declaraciones. Según sus jefes, Reyes había utilizado la lista que le habían dado con los nombres de los posibles despidos para obtener un beneficio propio.

Ninguna denuncia llegó a nada. Tanto a nivel local como federal los ministerios públicos determinaron no ejercer acción penal en su contra. Los casos están archivados.

Reyes, su padre y su abogado, a pesar de enfrentarse a un equipo jurídico “que venía con todo”, según Rostro, decidieron continuar la lucha. Junto con el abogado Erick López, presentaron un amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito. Los abogados también solicitaban una facultad de atracción: querían que el caso llegara a la Suprema Corte por la magnitud del tema. Según el licenciado Rostro, la Corte todavía no conoce un caso así en materia laboral, y su resolución podría cambiar cómo se interpreta esta rama del Derecho en México.

En una votación de 4 a 1, la Segunda Sala acordó atraerlo.

Mientras se resolvían los procesos jurídicos, Reyes no tenía empleo. Se encontraba boletinado por el banco, dice. “En uno [un trabajo] estuve a punto de entrar. Ya estaba hasta dentro de una capacitación y todo y me dijeron que ya se había cancelado el proyecto. Se me hizo muy extraño”, comenta. Mientras tanto subsistía con ayuda de su padre, Marco Antonio Reyes, ahora pensionado. “En ese momento [cuando lo despiden] me tuve que deshacer de todo lo que tenía. No hay ningún dinero que alcance para esto”, dice cabizbajo.

Reyes siguió su lucha por otros medios. Fue ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Levantó denuncias y quejas en los tres organismos. Hasta presentó su caso frente a organizaciones extranjeras, y lideró, en 2008, la clausura simbólica de las oficinas de HSBC, con apoyo de un diputado perredista, David Sánchez Camacho, de la LX legislatura.

Ante la pregunta de cómo ha lidiado con la situación de su hijo, la voz de Reyes padre, de 71 años, se entrecorta y las lágrimas se le escurren por los ojos.

“Tocamos fondo, pero abajo de fondo todavía”, dice. “Estás en un estado de limbo, totalmente. Pero muy consciente de no bajar la guardia ni mostrarle a él la impotencia que yo tenía, por qué, porque se la iba a transmitir, y lejos de ayudarle a superar todo esto, nos íbamos a hundir los dos. Hasta la fecha ha sido muy difícil”, concluye.

En el peor de los momentos, Reyes no tenía dinero ni para viajar en transporte público. “Me tenía que meter por debajo del torniquete de metro porque no tenía ni para el pinche boleto”, relata. “He pasado hasta hambre”.

No fue sino hasta tiempos más recientes que consiguió trabajo de vendedor de seguros, pero se sigue tratando en el servicio médico público.

Reyes hijo, Reyes padre y sus abogados contemplan todos los escenarios posibles en la resolución de la Corte. Una de las consecuencias puede ser que se ordene que lo reinstalen en el puesto que ocupó hasta 2007, algo que no consideraría ni por un segundo. “No quiero regresar a ese lugar”, dice de manera firme.

También existe la posibilidad de que se le otorgue el amparo para efectos, lo que implica que un tribunal o la propia Junta repongan parte del procedimiento, tomando en cuenta las pruebas que no fueron valoradas en un inicio.

Pero también contemplan otro revés, porque saben que se enfrentan a una trasnacional y ellos sólo son tres personas. Aún así, se dicen preparados para lo que venga. Incluso  consideran acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para librar una nueva batalla.

Después de seis años, Reyes lo tiene claro: “Yo he aguantado tanto tiempo, y pues lo que sea, que sea. Yo no me pienso dejar. Así me muera, tengo que seguir”.

 

Esteban Illades. Periodista y escritor. Tránsfuga del Derecho. Twitter: @Esteban_is


[1] El artículo primero, párrafo tercero, en su redacción actual, dice a la letra: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”

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hsbc2Ésta es la primera parte de una entrevista realizada a Yssel Reyes, un hombre de 39 años que fue despedido de HSBC en 2007. Reyes argumenta que la compañía lo echó después de 14 años por los gastos médicos que generaba su condición de VIH positivo. El caso del ex-trabajador bancario fue atraído por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y se espera que sea resuelto la siguiente semana.

Yssel Reyes se bajó del taxi y subió a su oficina en el piso de Recursos Humanos en el edificio de HSBC en Reforma. Se sentó a trabajar frente a la computadora, como todos los días.

De repente, uno de sus compañeros, de otra área del corporativo, se le acercó y le hizo una pregunta abrupta y seca: “Oye, ¿que tú tienes SIDA?”. Era 2007.

Diez años antes, cuando Reyes trabajaba para el banco, que entonces se llamaba Bital, fue diagnosticado como VIH positivo. Llevaba cuatro años trabajando ahí, primero en una sucursal bancaria como cajero y después como asesor en las oficinas centrales.

Ésta era la primera vez que alguien, en 14 años de vida laboral, le había preguntado algo así.

Hasta ese entonces, Reyes había mantenido su sexualidad y su condición en privado. Pero de la noche a la mañana, en la oficina todos sabían que era VIH positivo. “Hasta mis compañeros de cuando trabajaba en la sucursal”, dice en entrevista.

La información, contenida exclusivamente en su expediente médico –confidencial por ley–, era del dominio público en HSBC. Alguien la había filtrado.

A partir de ahí, su día a día en el trabajo se llenó de lo que él describe como “hostigamiento”. “Algunos ya no me saludaban. Yo entraba al baño, y los veía. Estaban en plena miada y se salían”, recuerda.

Lo mismo ocurrió con sus jefes. De manejar la rotación y asignación de personal, parte de sus responsabilidades en el trabajo, fue convertido en capturista, función para la que el banco subcontrataba a otras compañías.

Sus cheques tenían un nuevo concepto en la descripción. Decían “empleado incapacitado”. Reyes seguía yendo de forma regular al trabajo, pero la compañía lo tenía bajo una clasificación que, según él, se utilizaba para “enfermos terminales”.

En septiembre de ese año, bajo un clima de presión extrema –Reyes sostiene que se llegó a enfermar por las circunstancias–, la compañía le dio la puntilla. “Tienes que subir al área de jurídico porque te quieren ver. Tienes que ver una situación laboral”, le dijo una compañera.

Sus jefes lo estaban esperando en una sala de juntas. “Ya es insostenible mantener la relación laboral contigo y por tanto vamos a prescindir de tus servicios”, recuerda Reyes que le dijeron. De inmediato le pidieron que firmara una renuncia, y que “después” podría negociar su liquidación. Se negó.

“¿Así nomás?”, les preguntó. La respuesta lo dejó frío: “Si quieres salir bien de aquí es así, si no tú lo vas a lamentar más que nosotros”.

Reyes narra que lo tuvieron encerrado casi cinco horas, hasta que terminaron por echarlo del edificio. “Los harté”, dice.

Oficialmente no había pasado nada: ni él había renunciado ni la compañía lo había liquidado. Pero su foto ya estaba en la entrada, con un mensaje de que no lo dejaran ingresar al edificio. Y su seguro médico –fundamental para el tratamiento que llevaba– había sido cancelado al instante.

(HSBC, a través de Lyssette Bravo, Directora de Asuntos Públicos, prometió responder a una solicitud de información para la elaboración de esta nota sobre la terminación de la relación laboral con Reyes. La respuesta será publicada en este espacio cuando sea dada a conocer).

De mal en peor

Reyes, de pelo negro corto con un poco de gomina, barba de un par de días, y quien gusta hablar con las manos, estudió la licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad del Valle de México. Comenzó a trabajar en Bital como cajero mientras terminaba la carrera y se mantuvo con la compañía después de concluir sus estudios. “Fue una oportunidad que tuve para irme desarrollando”, dice. Subió la escalera corporativa hasta convertirse en asesor del área de Recursos Humanos.

Para Reyes, la situación en el banco cambió con la compra de Bital por parte de HSBC en noviembre de 2002. “Empezaron a llegar nuevos directivos, una nueva administración. Llegaron con otra mentalidad, pero una mentalidad bastante hostigante en cuanto a cuestión laboral. Que si no hacías esto te corro, si no haces aquello también”.

Reyes se mantuvo con la compañía a pesar de la situación, en parte porque necesitaba tratamiento médico especializado por su enfermedad, cubierto por seguro médico y fuera de su alcance en caso de estar desempleado.

Cuando fue diagnosticado se trataba por fuera, pero los altos costos lo obligaron a acudir al seguro médico de la empresa. Ahí empezó el problema. No mucho después, Reyes apareció en una lista de “gastos médicos catastróficos”.

“Uno de mis compañeros que estaba en Recursos Humanos me dijo ‘oye, me acaba de llegar un listado de todas las gentes que han generado gastos médicos muy altos y tú estás aquí… Aguas porque a toda esta gente la van a ir sacando’”, recuerda. En la lista también había personas con diabetes, padecimientos cardiacos y cáncer, según Reyes.

Después de eso, él acudía al trabajo cada vez más presionado. Los rumores de que iba a ser despedido cobraban fuerza. Y luego pasó algo peor.

Un día, camino al trabajo, el taxi que llevaba a Reyes por Periférico fue embestido en una carambola. “Quedé yo prensado en el carro y con los golpes de todos los carros que venían atrás”, dice. Se fracturó la columna y el doctor le dijo que tal vez no volvería a caminar. Tuvo que ser operado. Su rehabilitación fue dolorosa y complicada.

No ayudó que recibiera llamadas constantes del trabajo: “Una de las coordinadoras del área de servicio médico me hablaba para ver cómo iba y [me preguntaba] por qué tardaba tanto [en recuperarme]… No me fracturé un dedo de la mano, me fracturé la columna [le respondió]… Me hablaban todo el tiempo, que qué pasaba”.

Con la presión añadida de las llamadas, Reyes aceleró la recuperación. A pesar de tener incapacidad por más de medio año, a los dos meses ya estaba de vuelta en la oficina. Y ya caminaba otra vez. Pero con mucho dolor.

En el trabajo, Reyes continuaba como capturista. Un día, una de sus jefas se le acercó con una lista para que la transcribiera. En ella estaban los nombres de la lista anterior, la de los “gastos catastróficos”. Ella le dijo lo siguiente, comenta: “Vamos a hacer un proyecto para toda la gente que tiene enfermedades crónicas; se les va a tener que ir dando de baja paulatinamente pero les vamos a tener que dar otro argumento”. El nombre de Reyes estaba ahí.

“¿Tal cual?”, se le pregunta a Reyes en la entrevista. “Tal cual”, responde. La mujer no se había dado cuenta de lo que había hecho. Reyes imprimió la lista por precaución y todavía la tiene guardada. Se la mostró a sus abogados después.

Algo que Reyes no calculó en su esfuerzo por volver fue que se podía exceder. Tuvo que regresar al doctor y recibió malas noticias. Tenía que operarse una vez más: se había lastimado el tobillo, la tibia y el peroné por el esfuerzo. Esta vez, el tiempo estimado de incapacidad era de una semana. Todos los gastos estaban cubiertos por el seguro, como su incapacidad anterior, pues el choque era considerado un accidente de trabajo.[1]

Sin embargo, ésa fue la gota que derramó el vaso. Un día antes de la cirugía, ya que Reyes había dejado todos sus papeles en orden y sus jefes habían aprobado su ausencia, recibió el recado de ir al jurídico.

Ahí, rodeado por el personal directivo, Reyes recibió la noticia de que ya no era parte de HSBC. “Hazle como quieras”, le dijeron y le arrancaron el gafete. Ni pudo sacar sus pertenencias personales. Hasta la fecha siguen guardadas en el corporativo, seis años después. El motivo que le dieron fue que había estado incapacitado demasiado tiempo y que “no podían confiar en él”, recuerda. “Con eso de que no sabemos qué te vaya a pasar, con eso de que te enfermas, pues yo no sé si pueda contar contigo”, le había dicho su jefe directo.

Así, sin más, Reyes se había quedado sin trabajo, sin seguro y con un futuro negro.

Esteban Illades. Periodista y escritor. Tránsfuga del Derecho. Twitter: @Esteban_is  


[1] Según el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, se considera como accidente de trabajo el sufrido por el trabajador al trasladarse del domicilio al lugar del trabajo. Ver: http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/123/480.htm (fecha de consulta, 24 de mayo de 2013).

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En el imaginario colectivo ha permeado, más o menos, la idea de que ninguna mujer debería ser discriminada en sus labores por el hecho de estar embarazada. También suele reconocerse que nadie debería ser discriminado por alguna discapacidad, preferencia sexual,o enfermedad. Que el color de la piel o el origen étnico no debiese importar para acceder a un empleo, permanecer o ascender dentro de la empresa. El artículo 1º constitucional recoge desde hace varios años esta prohibición. ¿Qué pasa, sin embargo, si efectivamente un trabajador es discriminado dentro de su fuente de empleo? ¿Y si sus datos personales son mal utilizados por el patrón? ¿Qué ocurre, en general, con los derechos de los trabajadores dentro de una empresa privada?

El pasado mes de agosto, la Segunda Sala de la Suprema Corte atrajo el amparo directo 69/2012. Lo hizo al considerar que los temas que en este juicio se ventilan, son de interés y trascendencia no solo para el demandante, sino para nuestro sistema jurídico. De acuerdo con la SCJN, los temas de relevancia son los siguientes: “Determinar si a los particulares se les puede atribuir violación de derechos humanos hacia los trabajadores, si las Juntas de Conciliación y Arbitraje pueden pronunciarse respecto a violaciones y si el trabajador tiene derecho a recibir indeminización por esa situación.”

En el caso concreto, Yssel Reyes Delgado era un trabajador bancario portador del VIH, sus datos personales contenidos en el expediente clínico fueron transmitidos de la proveedora de servicios médicos al banco. Esta información, que sólo deben conocer el empleado y su médico, fue diseminada dentro de la fuente de trabajo, lo que ocasionó que aquél fuera objeto de conductas discriminatorias por parte de sus superiores, sufriendo en última instancia un despido injustificado. Nuestra actual Ley Federal del Trabajo prevé sanciones determinadas para el patrón que cese sin motivo alguno a un trabajador. En cambio, nada especifica, ni establece alguna vía, en caso de que un empleado sea discriminado por su patrón, se violente su privacidad en relación con sus datos personales (o, en general, se haga mal uso de ellos) o se le prive del derecho de acceso a la salud que en el caso del hoy quejoso era una auténtica situación de vida o muerte. Un trabajador que padezca este tipo de lesiones en sus derechos humanos no cuenta hoy en día con ninguna vía judicial para conseguir que esos derechos se respeten y, en su caso, le sea reparado el daño en la medida de lo posible.

Desde el siglo XIX, la concepción jurídica predominante en nuestro país es que únicamente las autoridades podían afectar los derechos. El Estado monopolizaba el poder ante el cual se erigían los derechos como única forma de contención de los individuos. Poco a poco, sin embargo, ha quedado claro que los particulares son capaces de ejercer un poder igual o incluso de manera más efectiva que el estatal. La economía mundial no es conducida por los representantes populares, sino por directivos y ejecutivos privados. Este desplazamiento ha despojado al Estado de su condición de soberano, limitándolo muchas veces a fungir como árbitro de las contiendas entre particulares. Esta nueva dinámica posee múltiples consecuencias, entre ellas, no poder seguir considerando que meramente los agentes del Estado violentan derechos. No es ya la autoridad estatal la única que puede incumplir la Constitución al agraviar a una persona.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte se ha referido a la actuación de personas no representantes de órganos del Estado, que afectan derechos, como un “ilícito constitucional”: una transgresión directa de un particular a nuestra ley suprema en perjuicio de alguien que, como él, tampoco es una autoridad. La horizontalidad de esta relación sustituye o -mejor- complementa así a la verticalidad propia de la visión jurídica tradicional.

Los legisladores han sido inconsecuentes al dejar de generar un marco normativo claro y sencillo que dote a los trabajadores cuyos derechos constitucionales han sido violentados por el patrón, de herramientas jurídicas prácticas que les permitan defender y hacer realidad sus demandas. Por ejemplo, en que además de un proceso laboral tradicional tenga el trabajador que acudir a instancias administrativas –como la CONAPRED que ni obliga ni sanciona, o el IFAI que aunque puede sancionar por sumas millonarias a un particular, es incapaz de emitir condena alguna para resarcir el agravio sufrido por un trabajador en relación a sus datos personales, o iniciar un juicio civil en aras de una reparación del daño- hace que una problemática de origen laboral se tenga que juzgar en dos instancias (con la carga extra de los costos de representación para el trabajador) se convierte en un modo distinto de impedir el acceso a la justicia. Son escenarios que no niegan en efecto tajantemente el acceso a la justicia, pero cuya complejidad es tal que de manera sencilla puede inhibir a cualquier posible demandante.

La Segunda Sala de la SCJN tiene pues la oportunidad histórica de incorporar a nuestro sistema jurídico una posibilidad judicial de defender los derechos fundamentales de los trabajadores atropellados por sus empleadores, de abrir la puerta para que esos derechos no sean meramente frases perdidas en una maraña normativa sin resultados tangibles. Reconocer sin trabas ni tecnicismos que los patrones (empresas privadas) sí pueden violar los derechos sus empleados, que el juzgador laboral (en este caso una Junta de Conciliación y Arbitraje) puede y debe conocer de esos conflictos en una sola instancia y que debe reparar el daño, significaría un paso indispensable para hacer efectivo el acceso a la justicia. Pues no hay que olvidar, desgraciadamente, que el caso de Yssel Reyes Delgado está lejos de ser el único.

 

José Luis Rostro y Erick López Serrano: abogados del quejoso.

Nota: el nombre del quejoso se hace público en este documento previa autorización de éste.

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Por virtud del contexto político electoral, la exposición de motivos de la Ley de Ingresos para el 2012[1] revela un análisis de la evolución recaudatoria desde 2006, destacando el incremento constante en los ingresos tributarios. Esto, entre otros factores, como resultado de la inmovilización y transferencia de fondos en cuentas bancarias para el cobro de adeudos fiscales. Una medida que ha generado, según cifras publicadas por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, la inmovilización de más de 16,000 cuentas bancarias para asegurar el pago de créditos fiscales, recuperándose poco más de  2,621 millones de pesos. Sin embargo, detrás de dicha efectividad recaudatoria, existe un severo impacto jurídico y económico para los contribuyentes al obstaculizarse e incluso impedirse el funcionamiento ordinario de su actividad económica.

Al respecto la Segunda Sala de la Corte aprobó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2011 (10ª época), aún pendiente de publicación, derivada de la contradicción de tesis 358/2011, donde definió la interpretación legal de la inmovilización y transferencia de fondos derivada de créditos fiscales firmes (artículos 156-Bis y 156-Ter, del Código Fiscal de la Federación). Al respecto se estableció que, según lo establecido por el legislador, este procedimiento sumarísimo y alterno de cobro se rige exclusivamente por sus propias reglas y no así por las del procedimiento administrativo de ejecución en lo general. Por consiguiente, conforme a tales preceptos, es innecesario requerir de pago y trabar embargo antes de inmovilizar cuentas.

Ante este primer acercamiento jurisprudencial, por una parte, debe delimitarse el alcance de la tesis de jurisprudencia para llegar a una adecuada interpretación legal; y por otra parte, es posible proponer un vicio de inconstitucionalidad de los artículos que regulan la inmovilización derivada de créditos fiscales firmes. Cuestiones que, en su caso, podrían generar dos eventuales escenarios por plantearse ante el Poder Judicial de la Federación: uno de legalidad y otro de constitucionalidad.

Escenario de legalidad:

Para definir el alcance de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2011 (10ª época), es fundamental distinguir que el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación se refiere a dos procedimientos diferentes: la inmovilización derivada de créditos fiscales firmes y la inmovilización que procede como consecuencia de embargo. En la contradicción de tesis resuelta por la Corte se resolvió lo relativo a la inmovilización derivada de créditos fiscales firmes. En consecuencia la tesis aplica, única y exclusivamente, a esta inmovilización mas no así a la que proceda como consecuencia del embargo.

La distinción que hace el legislador entre ambos procedimientos de inmovilización encuentra lógica y sustento en el empleo e introducción del concepto “crédito firme”, cuyo origen corresponde al ámbito judicial y no administrativo. Invariablemente esta noción se relaciona con un proceso que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse en aras de seguridad jurídica. Por ello, al introducirse el término crédito fiscal firme, debe entenderse que el crédito, además de ser exigible, necesariamente ha sido sometido a un proceso judicial que ha concluido en todas sus instancias, reconociéndose su validez.

A diferencia de la inmovilización que deriva de un crédito firme, la inmovilización que procede como consecuencia de embargo tiene como fin garantizar el interés fiscal, por lo que se sobreentiende que aún no existe un crédito firme pues el proceso judicial no ha concluido. Por consiguiente, al no existir un crédito firme y ser la inmovilización consecuencia de un embargo, es lógico concluir que antes de inmovilizar debe trabarse embargo de cuentas, cumpliendo con las reglas del procedimiento administrativo de ejecución en general. Cuestión que, como se definió en la tesis 2a./J. 20/2011 (10ª época), no aplica para el caso de la inmovilización que deriva de créditos fiscales firmes.

En este sentido, al existir dos tipos diferentes de inmovilizaciones, no es válido aceptar que la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2011 (10ª época) se aplique en ambos. Por ello es posible anticipar un posible escenario de legalidad ante el Poder Judicial de la Federación, que aclare esta situación y defina si es necesario o no que se cumpla con las reglas del procedimiento administrativo de ejecución en lo general cuando se trata de la inmovilización que proceda como consecuencia de embargo.

Escenario de inconstitucionalidad:

Es importante insistir en que la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2011 (10ª época), derivada de una contradicción, resolvió un estudio de legalidad y no de constitucionalidad. De ahí que, además del tema de legalidad, es factible otro escenario donde se estudie si los artículos que regulan la inmovilización y transferencia violan o no el derecho fundamental de seguridad jurídica, en relación con la garantía de audiencia.

El artículo 14 Constitucional establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Un derecho que se tiene no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, al existir la obligación de que se consignen en las leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les de oportunidad de defenderse.

Los artículos que prevén la inmovilización derivada de créditos firmes y transferencia de recursos señalan que, si el interés fiscal no se encuentra garantizado, cuando el crédito fiscal quede firme la autoridad fiscal podrá proceder a la inmovilización de cuentas y la trasferencia de recursos. Ello sin que previamente sea necesario requerir de pago, embargar e incluso notificar al contribuyente.

De esta manera los artículos que prevén este medio alternativo y sumarísimo de cobro permiten una privación de propiedad sin otorgar oportunidad de defensa, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento. Esto porque sin existir un requerimiento de pago,  embargo o notificación previa, el contribuyente será sujeto a una inmovilización e inmediatamente a una transferencia de recursos al fisco federal. Bajo estas circunstancias, por ejemplo, no se permite al contribuyente optar por un pago voluntario; ni señalar bienes a embargar que no sean cuentas bancarias; ni excusarse de pago en caso de que se exija el pago de un crédito extinto; ni muchos menos se reconoce el derecho de prelación que tienen otros créditos, como los laborales, sobre los fiscales. Situaciones que sin duda deberán ser materia de estudio constitucional por la Corte.

Es cuestión de tiempo para que alguno de los escenarios planteados se presente ante la Corte y así sea posible conocer con certeza el impacto jurídico de la inmovilización de cuentas como medida de cobro de adeudos fiscales. Sin embargo, por su innegable impacto económico, este procedimiento de recaudación ya fue calificado el diez de enero de dos mil doce como un problema sistémico[2] por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Situación que expresa la inconformidad social a este método de cobro. Así, con independencia de lo que la Corte llegare a resolver, es necesario revalorar la conveniencia práctica de conjugar el respeto a los derechos fundamentales con una sana política fiscal, pues la presencia recaudatoria no debe lograrse a costa del derecho fundamental de seguridad jurídica y del entorpecimiento de las actividades económicas de los contribuyentes.

Ramón de la Torre Medina. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Twitter: @rdelatorrem


[1] Análisis de evolución recaudatoria (2006-2012) en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos 2012, consultable en:

http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Ingresos_ley/2012/iniciativa_lif_2012.pdf

[2] Acuerdo de Calificación (PRODECON) consultable en:

http://prodecon.gob.mx/Documentos/Banner%20Principal/2012/ACUERDO_DE_CALIFICACION_v2.pdf

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La Segunda Sala de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 318/2009 en sesión de 18 de agosto de 2010, decidió desechar los siguientes criterios jurisprudenciales:

AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO ES LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CUANDO APERCIBE DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL “AVISO-RECIBO” DE LUZ CONTIENE UN APERCIBIMIENTO IMPLÍCITO, QUE VÁLIDAMENTE PUEDE CONSIDERARSE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, MAS NO SUSTITUYE AL “AVISO PREVIO” QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Estos criterios establecían que cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaba el apercibimiento o el corte del suministro de energía eléctrica al consumidor, lo hacía de forma unilateral con base en las potestades públicas, administrativas e irrenunciables que le otorgaba la Ley del Servicio Público de Energía y su reglamento por lo que dichos actos debían ser considerados como actos de autoridad al actualizarse la relación de supra a subordinación y no como de particulares en un mismo plano contractual aun cuando el vínculo que los unía surgía de un contrato de adhesión, toda vez que no había consentimiento por parte del consumidor al realizarle el corte de energía eléctrica ni tampoco una solución por el incumplimiento de la obligación ante los órganos judiciales.

En congruencia con la anterior decisión, la Suprema Corte aprobó las tesis de jurisprudencia con los siguientes rubros

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.[i]

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.[ii]

De cuyos contenidos y ejecutoria se desprende que no pueden ser considerados como actos de autoridad la determinación y el cobro del suministro de energía eléctrica por parte de la CFE pues estos actos jurídicos surgen de un acuerdo de voluntades entre la propia CFE y el usuario. Es decir, parten de una relación de coordinación entre la actividad que realiza el organismo descentralizado (CFE) y el interés del usuario del servicio, en la cual el primero está obligado a proporcionar el servicio de suministro de energía eléctrica al segundo, mismo que está obligado a pagar, recíprocamente, una cantidad de dinero como contraprestación por la energía consumida en determinado periodo de facturación. Por lo tanto, en caso de que el usuario del servicio no cumpla con el contrato celebrado con la CFE, ésta tiene el derecho legítimo de retención, esto es, de realizar el corte de suministro de energía eléctrica al usuario del servicio.

Sin embargo, la jurisprudencia no refiere si puede ser considerado como acto de autoridad el corte de suministro de energía eléctrica que realice la CFE al usuario del servicio cuando éste se encuentre al corriente de sus pagos. Esta situación resulta relevante, dado que ante el posible fracaso de una conciliación del problema ante la propia Comisión, la parte afectada deberá decidir entre promover un juicio ordinario civil o un juicio de amparo.

En este sentido, pueden existir dos posibles interpretaciones. Por un lado, el punto de vista de que no es un acto de autoridad si se considera que la relación que tiene la CFE con el usuario es un acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, mismo que forma parte del ámbito del derecho privado, por lo que, en caso de incumplimiento, la parte afectada deberá acudir a la justicia ordinaria para que resuelva sobre el mismo, ya sea para solicitar la rescisión o el cumplimiento forzoso del contrato celebrado. Por lo tanto, el referido acto debe reclamarse mediante un juicio ordinario civil.

Por otro lado, la afirmación de que sí es un acto de autoridad si se toma en cuenta que al ser la CFE un organismo descentralizado que forma parte del sector paraestatal de la Administración Pública Federal, sus actos deben están respaldados por la Constitución, las leyes federales, los estatutos y los reglamentos, instrumentos que determinan sus funciones y facultades. Sin embargo, en la Ley del Servicio de Energía Eléctrica dentro las causales de suspensión de suministro de energía eléctrica[iii] no se encuentra alguna relacionada con el corte del suministro de energía eléctrica al usuario del servicio aun cuando éste se encuentre al corriente de los pagos de su consumo, por lo que la suspensión debe ser considerada como un acto de molestia en términos del artículo 16 constitucional, mismo que debe realizarse por escrito debiendo estar fundado y motivado. Esto en congruencia con los artículos 1 y 11 de la Ley de Amparo que disponen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos fundamentales (considerada la autoridad responsable como aquella que ejecuta el acto reclamado) por lo que resulta procedente el juicio de amparo.

El cambio de criterio que implican las jurisprudencias referidas al cambiar la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a una persona moral que proporciona el servicio de suministro de energía eléctrica mediante un acuerdo de voluntades con el consumidor, parte de una concepción que privilegia la libertad tanto del gobierno como de los individuos para llevar a cabo los acuerdos que les resulten convenientes para sus intereses, lo que transforma la sustancia clásica que se tenía de sus relaciones. No obstante, resulta cuestionable que al ser la CFE la única empresa que puede proporcionar el servicio de energía eléctrica en nuestro país se pueda hacer referencia a un acuerdo de voluntades, ya que es el organismo descentralizado el que determina de forma unilateral las condiciones de la prestación, por lo que los usuarios que no estén de acuerdo con el servicio que éste les proporciona no pueden tener otra opción para contratar un servicio de suministro de energía eléctrica de otra empresa.

Así, será la propia dinámica de las situaciones fácticas de los casos que se les presentan a los juzgadores y sus correspondientes resoluciones las que determinen el rumbo del criterio definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

César Villanueva Esquivel. Estudiante de la Facultad de Derecho UNAM. Twitter: @cevillanue


[i] COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión conduce a esta Sala a abandonar el criterio de que la Comisión Federal de Electricidad es autoridad para efectos del juicio de amparo tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, toda vez que: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros), sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos (por ejemplo, el embargo de bienes), para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. En ese sentido, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

[ii] COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De una nueva reflexión, esta Segunda Sala concluye que el corte o suspensión del fluido de energía eléctrica contratado, por falta de pago oportuno, no puede ser considerado, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Esto, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad.

[iii] “Artículo 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos:

I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación;

II. Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el  funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida;

III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias; y

IV. Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo.

V. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; y

VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador

En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previo.”

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