A juzgar por la tersa aprobación de la llamada reforma laboral en el Senado, será un mero trámite que en la Cámara de Diputados y luego en las legislaturas estatales aprueben las modificaciones constitucionales propuestas por el presidente Peña Nieto en esta materia. Analizo a continuación tres de los aspectos que me parecen más relevantes de este ajuste normativo que de acuerdo a la propia iniciativa se trata de “la reforma más importante en la materia desde la promulgación de la Carta Magna desde 1917”.

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Lo bueno

Sin duda alguna, el aspecto más positivo de la inminente reforma es la de, por fin, sustraer la justicia laboral del poder ejecutivo. La sujeción hasta ahora existente de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al presidente de la República o a los gobernadores ha sido una de las claves por las cuales su operación ha sido tan deficiente, pues al olvido presupuestal se suma el franco control que los poderes ejecutivos han ejercido tradicionalmente sobre dichos organismos. Al proponer que las Juntas sean sustituidas por tribunales laborales, se da el primer paso para modificar una situación en donde el control (y uso) político de los sindicatos, la protección de ciertas empresas o despachos, y la ausencia de independencia de los juzgadores laborales ha sido la norma. Es un paso necesario e indispensable que debe celebrarse, pero está lejos de ser suficiente para representar una auténtica reforma laboral.

Lo malo

a) La pobre justificación. La exposición de motivos de la iniciativa presidencial, más que un análisis robusto del problema de la justicia laboral y una justificación de la solución legislativa que se propone, es un catálogo de aspiraciones incongruentes con las soluciones normativas que se ponen sobre la mesa. El dictamen aprobado por el Senado repite las justificaciones presidenciales y añade veintiún problemas específicos elaborados en uno de los Diálogos por la Justicia Cotidiana coordinados por el CIDE, la mayoría de los cuales no pueden ser solventados con la reforma constitucional aprobada. Esto ocurre así porque la reforma está enfocada sobre todo a redistribuir competencias (se transfiere la impartición de justicia laboral del poder ejecutivo al judicial, se impone a una autoridad federal como encargada exclusiva de registrar contratos colectivos y tomas de nota sindicales en todo el país, además de crearse organismos descentralizados de conciliación a nivel federal y estatal), lo que por sí solo no es suficiente para desterrar las malas prácticas de las autoridades y los abusos de litigantes o  de organizaciones sindicales señalados en esos Diálogos.

b) La alteración de los principios del derecho del trabajo. La emancipación del derecho del trabajo respecto del derecho civil tomó décadas, y fue de a poco que el derecho laboral fue forjando instituciones y figuras jurídicas que le son propias debido a su naturaleza social. Ahora, la modificación aprobada por el Senado establece en la fracción XX apartado A del artículo 123 constitucional que las sentencias y resoluciones de los futuros tribunales laborales deberán observar “los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia”. Ni la iniciativa presidencial ni el dictamen del Senado explican los alcances de tales principios, por lo que no es claro cómo habrán de reflejarse en la ley. Actualmente, aunque su aplicación dista mucho de ser la ideal, la Ley Federal del Trabajo contiene importantes beneficios procesales para toda aquella persona que intente defender sus derechos laborales; entre los más relevantes podemos citar que la carga probatoria en relación a hechos laborales controvertidos le asiste casi siempre al patrón (artículo 784), que la interpretación de las normas debe hacerse favoreciendo a los trabajadores en caso de duda (artículo 18), que debe designarse perito a favor de cualquier empleado que no cuente con recursos para pagarlo (artículo 824) y que las determinaciones de la Junta no deben privilegiar formalismos sino apreciar los hechos en conciencia, verdad sabida y buena fe guardada (artículos 687 y 841). Todos estos beneficios procesales fueron creados ante la asimetría existente entre una entidad patronal y sus empleados, pero ahora podrían considerarse contrarios a los principios de legalidad e imparcialidad de rango constitucional. Ante la deficiente justificación de la reforma, no es posible conocer el impacto de estos principios en la ley reglamentaria, pero bien podría ser éste el caballo de Troya que permita acabar con algunas de las características esenciales del derecho laboral.

Lo feo

La conciliación “obligatoria”. La reforma ya avalada por el Senado propone añadir siete párrafos al artículo 123 constitucional (apartado A fracción XX) para crear organismos descentralizados de conciliación. ¿En verdad tiene que elevarse a nuestro más alto rango jurídico y con tanto detalle ese tema? Si ya nuestro texto constitucional es abundante, reformas como la propuesta solo abona a hacerlo más fatigoso. Apunto un par de inconvenientes sobre este aspecto:

• Pensar que por incorporar a la Constitución una posible solución, ésta va a ser efectiva es una falacia ya naturalizada en nuestro país, una suerte de pensamiento mágico. Muchos temas que son más bien propios de las leyes reglamentarias han engrosado nuestra constitución contribuyendo a su incomprensión.

• Hace ya varios años que Juntas de todo el país han hecho énfasis en la conciliación como alternativa al colosal número de conflictos laborales existentes. Por supuesto que es importante y que tendría que serlo más, pero habría que pensar primero por qué el sistema actual no funciona para luego determinar si crear más organismos descentralizados es una auténtica solución (tomemos en cuenta, por ejemplo, las muchas veces fallida repercusión de las comisiones de derechos humanos). Si, por ejemplo, los futuros conciliadores nunca estarán cerca del desahogo del juicio, no van a generar los conocimientos y la experiencia suficiente para saber qué reclamos son abusivos, qué planteamientos carecen de fortaleza, qué defensas carecen de sustento o cuáles son las mañas legales utilizadas por los abogados (es decir, no sabrán qué tuercas apretar para empujar un convenio no solo antes del juicio sino ya dentro de su desahogo), elementos que son fundamentales a la hora de hacer ver a las partes en dónde están paradas para que puedan considerar al arreglo como una mejor opción que un juicio.

A los anteriores aspectos, habría que sumar uno más terrenal. Si las Juntas a lo largo del país han padecido casi siempre de problemas presupuestales y falta de personal suficiente, no es fácil saber cómo esta dificultad dejará de existir en un contexto económico en donde los recortes al gasto gubernamental van a marcar la pauta del 2017. De esta manera, “la reforma más importante en la materia desde la promulgación de la Carta Magna desde 1917” genera hasta ahora más motivos de incertidumbre y preocupación que unas salidas eficaces a los problemas cotidianos de nuestra justicia laboral.

Erick López Serrano. Dictaminador en una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Morelos. Twitter: @eLoseRR

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La comparecencia de la sexta terna se llevó a cabo el día de hoy por la tarde. La terna se encuentra integrada por Indalfer Infante González, Eugenio Reyes Contreras y Angel Zarazua Martínez, todos con experiencia como juzgadores.

El primero en comparecer fue Indalfer Infante, quien tiene una larga carrera judicial, ha sido juez de distrito, magistrado de circuito y consejero de la judicatura. Expuso sobre los criterios de la SCJN y de la Sala Superior respecto paridad de género horizontal y vertical. Al exponer su candidatura a la Sala Superior ofreció ser un juez electoral de tiempo completo, juzgar a partir del caso concreto y no a partir de sus ideas o criterio.

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Al responder las preguntas formuladas por los senadores expuso con bastante claridad y seguridad la diferencia entre los criterios emitidos por la SCJN y la Sala Superior sobre temas de género; sin comprometer su criterio, señaló que quienes integren próximamente la Sala Superior deben confirmar los criterios que amplían derechos de la ciudadanía, aunque estimó que el debate sobre el alcance del principio de paridad de género le corresponde al constituyente y no a los jueces. También explicó el criterio sostenido por la SCJN respecto del caso Radilla Pacheco y el impacto que tuvo en el control de constitucionalidad que ejercen los jueces. Sobre el recurso de reconsideración señaló la necesidad de revisar los criterios de procedencia emitidos hasta ahora por la Sala Superior y acotarlos. Sostuvo que en su concepto las Salas Regionales son independientes de la Superior y ésta no es su superior jerárquico.

Indalfer Infante justificó su idoneidad para ocupar el cargo en su experiencia como juzgador en diferentes materias, señalando que independiente de la materia que se trate lo relevante es el estudio que cada quien realiza de los casos y la interpretación que le da a la ley, lo cual ha realizado en los últimos 20 años.

Angel Zarazua Martinez fue el segundo en comparecer, él fue magistrado de la Sala Regional Ciudad de México, expuso de manera descriptiva sobre temas relacionados con el modelo de comunicación política, concretamente sobre la prohibición de difundir propaganda denigratoria y propaganda personalizada de servidores públicos. En ningún momento manifestó su criterio sobre los casos resueltos respecto de dichos temas y tampoco expresó la idoneidad de su candidatura o alguna propuesta en caso de asumir como magistrado electoral.

Fue cuestionado sobre las sanciones en materia de fiscalización, uno de los temas favoritos del día, también sobre libertad de expresión y nulidades de elecciones en caso de rebase de topes de gastos de campaña. Sus respuestas fueron descriptivas de la ley y del contenido de las sentencias, mostrando que conoce los criterios emitidos por la Sala Superior y la ley electoral. Sin embargo, no emitió algún criterio propio sobre los temas, ello aduciendo que no conocía los expedientes y que como juzgador debe ceñirse al expediente. Señaló que falta precisión en el sistema normativo electoral. También expresó la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos del TEPJF, así como la importancia de las tareas administrativas que tendrán quienes lleguen a la Sala Superior.

Finalmente llegó el turno de Eugenio Reyes Contreras, quien cuenta con 19 años como juzgador de distrito y magistrado de circuito. Es uno de los tres aspirantes que no ha presentado su declaración de conflicto de interés, respecto de lo cual no fue cuestionado. Justificó su idoneidad para ocupar el cargo en su experiencia y desempeño como juzgador en el Poder Judicial de la Federación.

Al responder las preguntas de los senadores, Eugenio Reyes señaló que un juez garantista debe atender a lo dispuesto en la Constitución, se manifestó a favor de que los juzgadores reciban pensión al culminar su cargo, aclarando que ello no implica recibir un haber de retiro. Poco abundó sobre temas propios de la materia, la mayoría de los temas sobre los que fue cuestionado los encaminó a cuestiones relativas al ejercicio de sus funciones como juzgador. Concluyó señalando que ha participado dos veces para ser magistrado de Sala Regional ya que busca poder servir al país, consideró que puede aportar conocimientos jurisdiccionales y experiencia a la justicia electoral.

En el balance: vimos tres comparecencias completamente distintas. La primera con un aspirante muy seguro, con criterios y convicciones definidas, si bien no tiene experiencia en la materia electoral, sí tiene nociones claras sobre temas electorales. El segundo compareciente tiene experiencia en la materia electoral y un conocimiento puntual de la misma, aunque su visión de la justicia electoral es formalista ya que sus posiciones siempre fueron apegada al texto legal, desafortunadamente optó por no comprometer sus criterios sobre temas específicos. El último compareciente centró su exposición en la experiencia que tiene como juzgador, en todo momento evito abordar los temas electorales, por lo que mostró nulo conocimiento en la materia, en las pocas preguntas que le hicieron sobre temas electorales ni siquiera demostró estar familiarizado con ellos.

Así termina el cuarto día de comparecencias, hasta ahora ha sido claro quienes tienen conocimientos en la materia y quienes apuestan por su experiencia en el terreno jurisdiccional, también quienes cuentan con talante para ser juzgadores de la máxima instancia jurisdiccional. Sólo falta la séptima terna, quien comparecerá el día de mañana y, de esta manera, podremos hacer un balance final.

Strategia electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

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La Comisión de Justicia desahogó en la mañana del día de hoy la comparecencia de la segunda terna integrada exclusivamente por mujeres —la quinta de la siete de este proceso renovación de magistrados electorales. Dos de ellas provienen del TEPJF, Berenice García Huante quien ha sido funcionara de carrera de la Sala Superior en los últimos 14 años y Janine Madeline Otálora Parra, ex magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, ex secretaria instructora de la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza y, actualmente, titular de la recién creada Defensoría de los Pueblos Indígenas. La otra compareciente, María del Pilar Parra Parra cuenta con una amplia carrera en el Poder Judicial, es Magistrada de Tribunal de Circuito.

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En una exposición clara y concreta, poco común en este proceso, Berenice García propuso impulsar la paridad de género desde adentro del TEPJF, promoviendo mujeres para que ocupen altos cargos en la estructura institucional, señaló la necesidad de hacer una revisión al Protocolo de Género elaborado recientemente y de crear una agenda para atender a grupos vulnerables, entre ellos a personas con discapacidad. Dijo que es partidaria de impulsar un tribunal abierto a través de sentencias claras y lenguaje ciudadano, así como para garantizar el acceso a la justicia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. También propuso la creación de un Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del TEPJF y resaltó los retos que enfrentará la próxima integración de la Sala Superior ante los 30 procesos electorales que se llevarán a cabo en 2018, por ello sostuvo que los próximos magistrados electorales requieren tener experiencia y conocimientos en la materia.

Al responder las preguntas, muchas de ellas un tanto confusas, mostró tener conocimiento en la materia electoral. En cuanto a la imparcialidad en las resoluciones señaló que la mejor garantía para ser un buen juzgador son los conocimientos y el estudio de los asuntos. Sobre el tema de género consideró que más que buscar integrar los órganos a partir de cuotas, se deben integrar en virtud de las capacidades de las mujeres. Fue critica respecto de la Sala Superior, especialmente en cuanto a los criterios que amplían la procedencia del recurso de reconsideración. También expuso que la justicia electoral requiere generar vínculos con la ciudadanía y, por ello, es necesario socializar las sentencias de manera clara. Resaltó que en asuntos sobre sistemas normativos internos de las comunidades indígenas se deben desahogar pruebas periciales antropológicas. Expresó la importancia de tener claridad en los conceptos sobre violencia política y violencia de género para no confundir los temas al momento de resolver asuntos que involucren dichos conceptos. Finalmente, consideró que el control de constitucionalidad abstracto en materia electoral debe seguir haciéndolo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México no sea parte deben considerarse como una referencia para los órganos que imparten justicia.

La segunda en comparecer fue María del Pilar Parra Parra; con un lenguaje rebuscado expuso sobre la importancia de lograr una paridad de género a partir de las cuotas de género, hizo una amplia narrativa sobre los criterios que hasta ahora ha emitido la Sala Superior y la SCJN sobre el tema. También habló sobre la importancia de la labor del juzgador, la cual en su concepto consiste en desentrañar el punto central de la controversia y valorar el contexto, fijando criterios jurídicos claros y consistentes.

Al responder las preguntas de los senadores mostró escaso conocimiento sobre temas electorales, aunque un dominio de las cuestiones de la judicatura. Centro su idoneidad en la experiencia que tiene como juzgadora. Habló sobre el uso de lenguaje de género, el cual no lo considera prioritario, también expuso sobre el proceso de nombramiento de juzgadores de distrito y las magistraturas de circuito, así como la transparencia y rectitud que deben observar los juzgadores en el ejercicio de sus funciones. Las preguntas que le hicieron sobre particularidades de la materia electoral las respondió de manera genérica e imprecisa.

La tercera compareciente, Janine Madeline Otálora Parra, expuso sobre criterios de fiscalización, específicamente la proporcionalidad de la sanción en el caso de presentación extemporánea de los informes de gastos y habló sobre las cualidades que deben tener los juzgadores electorales, entre ellos capacidad de diálogo, adaptabilidad y creatividad. Consideró que la justicia electoral es un espacio de construcción y consolidación de quienes intervienen en la arena jurídica electoral y que debe privilegiarse el trabajo colectivo y coordinado. Propuso la creación del mediador electoral al interior de los partidos políticos para evitar la judicialización de los asuntos partidistas y también la implementación de un juicio en línea. Señaló la necesidad de reflexionar sobre la definitividad de las sentencias de las Salas Regionales y los supuestos de procedencia del recurso de reconsideración. Concluyó proponiendo la implementación de un vocero del TEPJF para explicar los alcances de las sentencias.

Fue cuestionada sobre temas de género y candidaturas independientes, así como de comunidades indígenas, causas de nulidad de la elección y las sanciones en materia de fiscalización, entre otros múltiples temas. Sus respuestas fueron claras y detalladas, dejando ver en muchas de ellas su criterio jurídico y su posición frente a los precedentes de la Sala Superior, así como su amplio conocimiento en la materia electoral. Destacó que es partidaria de resolver las impugnaciones a través del consenso. Explicó a detalle el caso de la presidenta municipal de Chenalhó, el cual fue planteado por la Defensoría a su cargo, para lo cual señaló que centró su planteamiento en la violencia política de género.

En el balance: insistimos nuevamente en la calidad de las preguntas, pues muchas veces es difícil entender lo que pretenden los senadores con sus cuestionamientos, además, la mayoría versan sobre los mismos temas: equidad de género y candidaturas independientes. En cuanto a las comparecientes, probablemente hoy escuchamos a las dos aspirantes que han demostrado tener mayor dominio y conocimiento de la materia electoral, al menos en las comparecencias. Berenice García y Janine Otálora hicieron propuestas concretas para mejorar la justicia electoral y hacerla más accesible, fueron criticas respecto de los criterios de la Sala Superior y mostraron tener conocimiento y experiencia suficiente en temas electorales. María del Pilar Parra hizo énfasis en su amplia experiencia en distintos cargos en el Poder Judicial, pero mostró poco dominio sobre la materia electoral.

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En esta sesión de comparecencias tuvimos la oportunidad —válgase el eufemismo— de presenciar las exposiciones de la terna integrada por Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Jorge Meza Pérez y Ricardo Ojeda Bohorquez, todos magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación.

Las comparecencias fueron breves y peor aún: carentes de sustancia. En conjunto, los magistrados comparecientes —todos con sendas carreras dentro de la judicatura en México— fueron poco elocuentes, elementales respecto de los criterios, análisis jurídicos y capacidad expositiva de la que echaron mano en esta sesión.

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El primer turno tocó a Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Su exposición fue atinada, tocó temas torales sobre el funcionamiento y la orientación que deberá tener el Tribunal Electoral, guiado bajo los criterios de “una justicia incluyente, equitativa, sensible y eficiente” que debería contribuir a “la democracia, la estabilidad social, la gobernanza y los derechos humanos”. Al respecto, señaló —a modo de crítica velada, podemos asumir— la falta de uniformidad de criterios jurídicos y certeza, al respecto, sostuvo que el juzgador “sólo debe apartarse del precedente por razones suficientes”. Asimismo, expuso que, de ser electo como magistrado, empujaría un análisis comprehensivo de precedentes, especialmente aquellos producto de recursos de consideración. También expuso que fomentaría la colaboración con otras instituciones electorales como el INE y los OPLES.

Sin embargo, al llegar al momento de las preguntas y respuestas, el magistrado se hizo agua. Ante preguntas sobre violencia de género, el procedimiento de designaciones, algunos criterios de fiscalización, representación proporcional y el papel que debe tener la consulta realizada por la SCJN al TEPJF cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral —otras preguntas, fueron confusas e intelegibles, lo que también pone en evidencia el pobrísimo conocimiento que tienen los propios Senadores para realizar la comparecencia. En todos los casos, el Magistrado contestó con variaciones de una misma línea argumentativa: el poder y la importancia del derecho constitucional, la interpretación constitucional y los criterios de derechos humanos para resolver conflictos en materia electoral. En sus respuestas no se evidenció ningún conocimiento a profundidad del derecho electoral o de las funciones específicas que realiza el TEPJF para cada uno de los temas.

En segundo lugar, compareció el magistrado Jorge Meza Pérez. En su ponencia se refirió a cómo debe conducirse un magistrado “con independencia, objetividad, imparcialidad” y señaló tener la fortaleza emocional e intelectual para desempeñarse como magistrado electoral. Dentro de sus propuestas, destaca la formación de una “defensoría electoral pública” —que valdría preguntarse a quién atendería si, en su mayoría, los casos que llegan ante el Tribunal Electoral tienen como actores a los partidos políticos, entidades que reciben una cantidad sustantiva de dinero público para su funcionamiento— de generar sinergias positivas entre los miembros del colegiado, así como hacer una revisión de los criterios de selectividad con los que actúa el Tribunal. De nuevo, la necesidad de certeza jurídica en la materia se puso sobre la mesa. Aunque sin ahondar a profundidad en ningún tema específicamente electoral, su ponencia resultó inteligente y propositiva.

Pero, de nueva cuenta, en la ronda de preguntas, Meza se evidenció por su incapacidad —o falta de voluntad— para generar, al vuelo, argumentos jurídicos con solidez técnica y teórica. Por ejemplo, al ser interrogado sobre el voto de los mexicanos en el extranjero y los retos que conllevaba la operación del mismo, el magistrado se limitó a reiterar que se trataba de un reto mayúsculo, que había que tener cuidado con su implementación y a hacer referencia a datos generales respecto del tema. Lo mismo sucedió cuando se le preguntó respecto del modelo de comunicación política, de la revisión del criterio de conservación de actos válidamente celebrados en materia de nulidades de elección, elementos para redistritación o perspectiva de género, en todos los casos las respuestas del magistrado fueron titubeantes, poco claras y, lo más importante, con poca técnica jurisdiccional y un pobre conocimiento de la materia electoral. Por último, resulta relevante mencionar que al ser interrogado expresamente sobre su declaración 3 de 3, Meza respondó que “estaría dispuesto a hacerla”; sin embargo, no estableció ningún compromiso para hacerlo de forma inmediata, como la sociedad ha solicita.

Por último, tocó el turno a Ricardo Ojeda Bohórquez quien centró su ponencia en hacer una extensa lectura de su currículum y basó su idoneidad para ocupar el cargo de magistrado electoral en su experiencia jurisdiccional y su desempeño como juez con una “conducta imparcial, honesta y profesional”. Su exposición, más retórica que sustantiva, versó —como otras comparecientes— en los criterios de paridad establecidos por el Tribunal Electoral. Por tercera vez en la tarde, las preguntas y respuestas evidenciaron que el magistrado Bohórquez conoce muy poco de derecho electoral, al dar respuesta a cuestionamientos sobre los criterios de paridad, nulidad de una elección o retos futuros del TEPJF, se limitó a contestar que “los criterios eran atinados”, “se requieren análisis profundos sobre el tema” o “que era necesario atender a lo establecido en la Constitución”. Incluso, en dos de las preguntas, prefirió desviarse hacia la anécdota de sus propias resoluciones —no a la construcción jurisdiccional o al análisis jurídico, cosa que hubiera sido deseable— y a un recuento histórico del caudillismo mexicano. Como parte de sus respuestas desestimó la labor jurisdiccional electoral al considerar que no era un verdadero ejercicio de juzgador —lo que nos hace preguntarnos, por qué entonces busca ser integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En síntesis, los comparecientes cuentan con una muy amplia experiencia como juzgadores, por lo que no se puede dudar de su capacidad argumentantiva o para elaborar una sentencia, pero lamentablemente no cuentan, ni tampoco demostraron, conocimientos o experiencia en la materia electoral. El nivel de desempeño de esta cuarta terna sólo nos sirve para recordarles a los Senadores que tienen la valiosa posibilidad de rechazar, por falta de idoneidad, ternas completas. Y, sin duda, en este caso, valdría la pena ponerlo a consideración, pues como se ha señalado 2018 y los 30 procesos electorales de ese año están a la vuelta de la esquina, por lo que la Sala Superior no se puede darse el lujo de contar con integrantes sin ningún conocimiento solido en derecho electoral.

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Una frase conocida entre quienes estudiamos el comportamiento de los jueces, comúnmente atribuida a Jerome Frank, dice que para explicar la resolución tomada por un juez en un caso, es determinante conocer “lo que desayunó esa mañana”. Esta exagerada frase, cercana al absurdo, en general nos sirve para concentrar en unas cuantas palabras el genio de los realistas, al quitar la máscara de un apego exclusivo al derecho en la labor judicial y mostrar que en su criterio influyen una cantidad de aspectos más allá de sus conocimientos jurídicos.

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Lo anterior viene al caso porque en las comparecencias de la primera semana de los candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el énfasis ha sido puesto en las capacidades “técnico-electorales” de los comparecientes. Los senadores los han abordado con una batería de preguntas técnicas sobre casos y supuestos que nos permiten conocer sus capacidades técnicas en la materia electoral. En general, la mayoría de los candidatos ha salido bien librados de este ejercicio debido a su sólida trayectoria, pero también porque en general la discusión es desbalanceada. Es decir, el entrevistado tiene mayores conocimientos técnicos que el entrevistador y eso provoca que la discusión no pueda seguir cauces de mayor profundidad en donde se perciban las deficiencias que podrían tener algunas de las respuestas.

En mayor medida los conocimientos y capacidades técnicas de los candidatos ya fueron analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reducir la lista en un inicio de poco más de 120 aspirantes a 21 candidatos. Lo que queremos ver, entonces, en el Senado no son ejercicios de erudición respecto de la materia electoral, sino una verdadera auscultación de la idoneidad de los candidatos. Parece ser que los senadores son tímidos y no se atreven a profundizar en analizar los perfiles dando muchas cosas por sentado, cuando es la única posibilidad de revisar con lupa a los candidatos, sin olvidar que es su obligación constitucional realizarlo.

En días pasados, un grupo de académicos comprometidos con la tarea de observar el proceso de designación desde nuestra posición de ciudadanos hicimos un llamado mediante una carta dirigida a la Comisión de Justicia del Senado de la República para lograr una integración del TEPJF con diversidad de perfiles y cuidar que no existan conflicto de intereses de los candidatos en cuatro temas principales: cercanía con los partidos políticos, con los medios de comunicación, con asociaciones religiosas y con poderes económicos. El Senado dio un buen paso, en este sentido, al solicitar una declaración voluntaria de posible conflicto de intereses, la cual aún no han presentado cinco de los candidatos. Pero el ejercicio debe ir más allá.  Los senadores realizarán un mal ejercicio de escrutinio si continúan poniendo todo el énfasis en las capacidades “técnico-electorales” y, sobre todo, estarán desperdiciando la única oportunidad que tienen (tenemos) de conocer las filias y fobias de los candidatos, sus pertenencias, preferencias políticas, religiosas, etc. En breve, hace falta preguntarle a los candidatos: ¿Qué desayunaron hoy?

Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del IIJ-UNAM. Twitter @abadsuarez

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Dentro de la maratónica sesión de comparecencias del jueves pasado, en la tarde fue el turno de los aspirantes de la tercera terna, integrada por Marco Antonio Zavala Arredondo, Rodolfo Terrazas Salgado y Felipe de la Mata Pizaña, todos ellos con un perfil de amplia experiencia como juzgadores en materia electoral.

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Los tres aspirantes de esta terna han sido magistrados electorales. Marco Zavala fungió como magistrado regional en Monterrey de 2013 a 2016, Rodolfo Terrazas fue magistrado en el Tribunal Electoral del Distrito Federal de 1999 a 2007 y Felipe de la Mata actualmente es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –su cargo concluye en 2020. Los tres aspirantes han sido Secretarios de Estudio y Cuenta en la Sala Superior; Felipe de la Mata y Marco Zavala también fueron Secretarios Generales de Acuerdos, entre otros cargos ocupados en el TEPJF. Rodolfo Terrazas fue Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, actualmente es visitador del TEPJF.

Felipe de la Mata cuenta con dos doctorados en Derecho, uno por la Universidad Panamericana y otro por la Universidad de Castilla la Mancha; Marco Zavala y Rodolfo Terrazas son licenciados en Derecho por la UNAM. Los tres aspirantes cuentan con múltiples publicaciones sobre temas electorales.

Los tres aspirantes presentaron su declaración de conflicto de interés, Rodolfo Terrazas es el único de los aspirantes que además presentó de manera completa su 3de3 y solicitó se hiciera pública.

Por el gran bagaje electoral que tienen los aspirantes de esta terna, la misma generaba muchas expectativas, pues como lo demuestran sus trayectorias los tres cuentan con una extensa experiencia en la justicia electoral, conocen a fondo al TEPJF; en particular, a su Sala Superior. De ahí que esperábamos escuchar posturas claras y definidas sobre el papel de la justicia electoral en los últimos años y los retos que enfrentará a futuro.

En el desarrollo de la comparecencia, Marco Zavala habló sobre la necesidad de contar con un TEPJF que genere certeza, señaló como uno de los retos de la justicia electoral el mejorar las sentencias para que sean estas las protagonistas y no los jueces. Habló sobre la transparencia que debe haber en las audiencias de alegatos y el proceso para emitir una sentencia. Se comprometió a concluir su cargo como magistrado de Sala Superior sin aspirar antes de que termine éste.

Zavala fue cuestionado al menos en tres ocasiones sobre temas de género, respecto de los cuales si bien no definió una postura clara, sí señaló que es un tema con el que se tiene que tener cuidado. Mostró tener un amplio conocimiento de la materia, dejó ver que conoce a profundidad el procedimiento especial sancionador y tiene un amplio dominio de los criterios emitidos por la Salas Regionales y la Sala Superior; sin embargo, fue poco critico respecto de la actuación que ha tenido el máximo órgano jurisdiccional del país en los últimos diez años.

La comparecencia de Rodolfo Terrazas se distinguió del resto, ha sido el único aspirante que habló de aspectos administrativos del TEPJF, manifestó la necesidad de reestructurar su presupuesto, lamentablemente poco abundo sobre el tema. También propuso la necesidad de una redefinición de competencias de las Salas Regionales. En la mayoría de los temas sobre los cuales se le cuestionó dejó ver un criterio propio y definido, especialmente cuando señaló que en su concepto las elecciones no se debían anular en caso de que el candidato ganador rebasara el tope de gastos de campaña.

Felipe de la Mata centró gran parte de su comparecencia en los valores éticos que deben tener los juzgadores para garantizar la imparcialidad en su función. Señaló que la justicia electoral debe ser efectiva, transparente y cercana a la gente, también sostuvo que se debe conceder un valor fundamental a los precedentes.

De la Mata se pronunció sobre una plena suplencia de la queja en todas las impugnaciones, también sostuvo que el TEPJF debe emitir opiniones consultivas que sean vinculantes y señaló que se debe considerar la creación de un juicio electoral indígena.

A pesar de que los senadores le preguntaron sobre su postura respecto de los constantes cambios de criterios de la Sala Superior en diversos casos, sus respuestas fueron genéricas pues en ningún momento sostuvo alguna posición concreta o crítica hacia la integración actual.

En el balance, los tres comparecientes mostraron conocer la justicia electoral; no obstante, vitaron criticar a la actual integración de la Sala Superior y sus resoluciones. A pesar de que por los cargos que han tenido deberían conocer a fondo el TEPJF, poco expusieron respecto al camino institucional que buscarían para el órgano electoral en caso de llegar a ser magistrados electorales.

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El jueves pasado la Comisión de Justicia del Senado de la República desahogó el segundo día de comparecencias de los aspirantes a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por la mañana comparecieron las integrantes de la segunda terna, una de las dos conformadas exclusivamente por mujeres.

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En primer lugar habría que destacar el formato de las comparecencias: una exposición inicial de los aspirantes en el que justifican su idoneidad para ocupar el cargo, el contenido de los ensayos presentados y el papel que piensan desempeñar en caso de llegar a ocupar la magistratura. Posteriormente, se realizan siete rondas de preguntas, entre las que se incluyen las elaboradas por la sociedad civil. La duración de cada comparecencia oscila entre 1:30 y 2 horas, tiempo suficiente para hacer un escrutinio minucioso sobre el conocimiento que cada aspirante tienen en materia electoral, su criterio jurídico y su visión general sobre la justicia electoral y el sistema electoral mexicano.

Desafortunadamente, en las comparecencias hasta ahora realizadas no se ha aprovechado el formato para conocer el criterio jurídico de los aspirantes, ni su visión sobre la justicia electoral, ello en buena medida se debe a la baja calidad de las preguntas que realizan los senadores, mismas que se centran en temas que no son propios de las funciones y atribuciones que desempeña quienes ocupan una magistratura en la Sala Superior. Por ejemplo, en numerosas ocasiones les han cuestionado sobre delitos electorales, otras veces los temas han sido sumamente repetitivos, equidad de género y candidaturas independientes han ocupado la mayor parte de la discusión e, inclusive, se han aprovechado las preguntas para exponer situaciones personales ocurridas en campaña y en las que la justicia electoral no falló de manera favorable.

Los comparecientes tampoco han contribuido al escrutinio necesario para conocer cada perfil, ya que en algunos casos las respuestas son vagas y genéricas, aunado a que la crítica al desempeño de la actual integración de la Sala Superior ha sido mínima, ello a pesar de que los senadores han enfatizado sobre los constantes cambios de criterios.

En ese sentido, nos gustaría que se presentaran preguntas más puntuales que permitan conocer el criterio jurídico de quienes aspiran a integrar la Sala Superior, e inclusive conocer su visión sobre el balance de la justicia electoral en los últimos 10 años, los retos que tienen hacia los próximos nueve (que será cuando se renueve totalmente la integración que ahora se designe), además de identificar las fortalezas y debilidades de las dos integraciones anteriores.

En cuanto a la terna integrada por Claudia Mavel Curiel, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Soto Fregoso, podemos destacar que todas cuentan con una amplia experiencia en órganos jurisdiccionales, incluyendo los electorales. Claudia Mavel tiene estudios de doctorado, desde 1992 ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, siendo designada en 2009 como Jueza de Distrito y, en 2013, Magistrada de Circuito. Silvia Gabriela Ortiz, es licenciada en Derecho, nunca ha sido jueza, pero ha ocupado diferentes cargos en el TEPJF, entre ellos Secretaria General de Acuerdos, actualmente es Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mónica Soto tiene una maestría y 22 años de experiencia en la materia electoral, de 1994 a 2007 trabajó en el IFE y desde ese año ha sido juzgadora electoral a nivel local y en la Sala Regional Guadalajara.

En la comparecencia, Claudia Mavel Curiel dejó ver que estudió de manera muy minuciosa las sentencias que le sirvieron de base para elaborar sus ensayos, pues habló clara y ampliamente sobre candidaturas independientes y los tweets difundidos durante la veda electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México, pero también se percibió que a pesar de haber sido Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior en la integración que concluyó en 2006, desconoce los criterios de la actual integración, ya que cuando se le preguntó sobre casos relevantes y polémicos resueltos en últimas fechas, no pudo hacer referencia a ninguno en concreto, respondiendo de manera genérica y vaga.

Silvia Gabriela Ortiz Rascón fue cuestionada sobre temas de género, representación proporcional, elecciones bajo sistemas normativos internos, diseño de distritos electorales y designación de integrantes de los organismos públicos locales. En la mayoría de sus respuestas demostró que tenía un amplio dominio y conocimiento sobre los temas, explicó detalladamente los procesos para la asignación por el principio de representación proporcional, el proceso de diseño de los distritos electorales, así como las responsabilidades de los consejeros electorales locales. Lamentablemente poco pudimos conocer sobre su criterio jurídico, ya que sus respuestas se limitaron a ser descriptivas del contenido de la ley y poco profundas en cuanto a su posición sobre el tema cuestionado. El único momento en que Silvia Gabriela Ortiz fue crítica respecto de los criterios de la Sala Superior fue cuando señalaba que alguno de ellos se contraponían con los de la SCJN –lo cual, en sentido estricto, es también una mera descripción.

Fue la única aspirante a la que se le cuestionó sobre el desempeño de sus cargos anteriores, concretamente sobre su salida como Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior en 2007, cuya respuesta fue que se debió al cambio de la presidencia, pues ella fue designada por el Magistrado Flavio Galván Rivera y en ese año la presidencia la asumió la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa; no obstante, enfatizó que su conducta y desempeño siempre ha sido intachable.

Finalmente, Mónica Aralí Soto comenzó su comparecencia destacando sus logros como Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, los cuales dejó ver como propios y no institucionales, señaló que instituyó las audiencias virtuales. Los senadores le hicieron diversas preguntas sobre temas de género, las cuales le permitieron explayarse ya que es uno de las banderas que ha adoptado como magistrada.

Llamó la atención que Mónica Soto señaló estar en desacuerdo con que los jueces modifiquen la legislación “a punta de sentencias”; sin embargo, cuando se le cuestionó sobre los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración y crear de facto una segunda instancia electoral, manifestó estar de acuerdo con que a partir de jurisprudencias se establecieran nuevos supuestos de procedencia del llamado REC.

En el balance, las comparecientes mostraron conocer la materia electoral, aunque fueron demasiado cuidadosas en sus exposiciones a efecto de no comprometer su criterio, evitaron en la medida de lo posible la critica hacia la Sala Superior y poco dejaron ver sobre su visión de la justicia electoral a futuro.

Strategia electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

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Como muchas democracias, México ha experimentado una creciente judicialización en varias arenas. Es el caso de la materia electoral, en donde además los jueces electorales -sobre todo los de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)- han acumulado un amplísimo poder. Esto, más las críticas que en diversos espacios -incluido el de los senadores- han cuestionado una actuación inconsistente e impropia de los integrantes de esta Sala Superior, convierte el proceso de designación de los magistrados de dicho órgano en asunto de enorme interés público.

comparecencia

El procedimiento de examinación de los candidatos ante la Comisión de Justicia del Senado inició el pasado 20 de septiembre. Aunque el Senado debería darle la mayor publicidad posible, no ha sido así. Las comparecencias de los aspirantes no se están transmitiendo en el canal televisivo del Canal del Congreso, sólo se pueden ver por Internet, como si se tratará de una sesión o reunión ordinaria de alguna comisión.

En este contexto, durante cerca de seis horas los aspirantes que integran la primera terna comparecieron antes los miembros de la Comisión de Justicia. Hay que decir que esta primera terna está integrada por un litigante, un magistrado (es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León) y un asesor de la presidencia del TEPJF (de 2015 a la fecha).

El primer compareciente fue el litigante José Luis Vargas Valdez (44 años), siguió el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz (59 años) y, por último, el asesor Daniel Cabeza de Vaca Hernández (60 años).

Pese a que dos de los tres ocuparon cargos relevantes en las administraciones de los presidentes panistas no fueron cuestionados sobre sus relaciones o posibles conflictos de interés con el Partido Acción Nacional o con cualquier otro partido político o actor político relevante. Hay que recordar que José Luis Vargas fue Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaria de Gobernación, pasando por un cargo en el CISEN y, posteriormente, fue nombrado por Felipe Calderón como titular de la Fiscalía de Delitos Electorales (FEPADE). Daniel Cabeza de Vaca pasó de Director Jurídico a Subsecretario de Asuntos Jurídicos, también fue Consejero Jurídico de la Presidencia de la República (en dos ocasiones), Procurador General de la República, incluso llego a ser Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

A José Luis Vargas tampoco se le cuestionó sobre los motivos que llevaron al entonces presidente de la República a destituirlo de la FEPADE. En este contexto, es relevante un dato: José Luis Vargas no presentó su declaración de conflicto de intereses y a la pregunta de la Senadora que lo hizo notar, su respuesta fue que no había tenido tiempo. Este aspirante es el único de los tres que no presentó dicha declaración y que además no mencionó su estado civil.

Los tres tienen algún tipo de estudios de doctorado, el currículo de José Luis Vargas indica que es candidato a doctor desde 2001, Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que tiene grado de doctor (2014) y Daniel Cabeza de Vaca es estudiante de doctorado desde 2013. Aunque no consideramos que sea un dato relevante para determinar al mejor para el cargo en disputa, sí es un dato que está a la vista en sus currículums y que da cuenta de estudios no concluidos y estudios que sí están concluidos.

Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que cuenta con experiencia y trayectoria como juzgador. Ingresó al TEPJF en 1995 y su trayectoria en asuntos jurisdiccionales comenzó en 1996 cuando fue magistrado Regional del Tribunal Electoral. Ni José Luis Vargas ni Daniel Cabeza de Vaca tienen experiencia como juzgadores. Vargas refiere que fue Secretario Instructor en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís en los meses o el año que va de 2006 a 2007 (sin precisar los meses). Cabeza de Vaca refiere que de 1978 a 1981 fue auxiliar de defensor de oficio del poder judicial, y que de 2009 a 2014 ocupó el cargo de Consejero en el Consejo de la Judicatura y un lugar en la Comisión de Administración del TEPJF, y que desde 2015 (no precisa mes) a la fecha es asesor de la presidencia del TEPJF. En síntesis, no cuenta con experiencia jurisdiccional, pues aun y cuando ha formado parte de la nómina del Poder Judicial Federal, todos los cargos que ha ocupado han sido en áreas administrativas y no jurisdiccionales.

Esta falta de experiencia como juzgadores tampoco ameritó una evaluación y reflexiones de los Senadores, ni preguntas para indagar cómo suplirían, de ser nombrados, esa ausencia. Tampoco fueron examinados sobre lo que de acuerdo con su formación e ideas consideran que deben privilegiar los jueces tanto de legalidad como constitucionales en su desempeño, así como sobre cuáles son, en su opinión, preferibles y por qué.

En cuanto a su experiencia en la práctica electoral, José Luis Vargas fue asesor de Juan Molinar Horcasitas en el IFE (1996 a 2000), asesor de Rodrigo Morales Manzanares del Instituto Electoral del DF de 1999 a 2000  y de Luis Carlos Ugalde en el IFE de 2005 a 2006 (en ningún caso precisa qué meses). Por su parte, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue magistrado electoral de Sala Regional del TEPJF de los años 1996 a 2004. Mientras que Daniel Cabeza de Vaca es asesor del Presidente del TEPJF desde el año 2015, aunque no precisa si en temas electorales o administrativos (área en la que cuenta con experiencia por haber sido miembro de la Comisión de Administración), salvo por este último cargo no cuenta con experiencia electoral previa.

La actitud de los comparecientes evidenció su cercanía o no con los criterios rectores de la practica judicial electoral, mientras que José Luis Vargas fue muy crítico de la actuación de la Sala Superior, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue poco crítico y Daniel Cabeza de Vaca nada crítico. Sobra mencionar que ser crítico requiere conocer el funcionamiento de aquello sujeto a observación o escrutinio.

La actitud de los Senadores tampoco tuvo ayudó a indagar sobre las fortalezas y debilidades de los candidatos como posibles juzgadores constitucionales electorales. En el mejor momento del escrutinio, a Vargas se le cuestionó sobre casos que ha resuelto la Sala Superior del TEPJF, mientras que a Cabeza de Vaca se le preguntó su opinión de temas generales (tales como género, candidaturas independientes, entre otros), pero lo cierto es que no se le cuestionó de casos o decisiones que han sido tomadas y que merecen revisarse o fijar una postura al respecto. Ojalá en la siguientes comparecencias tengan un mejor desempeñado tanto los candidatos a magistrados como los Senadores.

Strategia Electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

 

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Ciudad de México a 19 de septiembre de 2016

H. Comisión de Justicia del Senado de la República

P R E S E N T E

Quienes suscribimos esta misiva somos académicos, profesores universitarios, especializados en cuestiones jurídicas e interesados —como estudiosos y ciudadanos— en la inminente renovación de la Sala Superior del TEPJF. En esa calidad nos permitimos pronunciarnos porque el Senado de la República designe a los nuevos magistrados y magistradas observando las siguientes directrices:

• El Senado debe procurar una composición de la Sala Superior del TEPJF con perfiles y experiencias equilibradas. Esto supone elegir personas que tengan experiencia jurisdiccional especializada en la materia, personas con carrera judicial y personas con experiencia en el ejercicio de la profesión jurídica de manera complementaria. Esto es posible si se toma en cuenta el perfil diverso de las personas que integran las siete ternas confeccionadas por la SCJN.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior del TEPJF sean independientes de los partidos políticos.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior del TEPJF sean independientes de los otros sujetos obligados. En particular de los medios masivos de comunicación.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior tengan un compromiso con el principio constitucional de la laicidad. El Tribunal es el órgano constitucional garante de este principio fundamental para nuestro Estado democrático y, por lo mismo, los magistrados y magistradas deben comprometerse con el mismo. Sabemos que existen otros aspectos relevantes para la debida conformación de un tribunal constitucional pero pensamos que, de cubrirse al menos estas cuestiones, México contará con el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral que necesita en este momento de su historia.

Alberto Abad Suárez. Investigador del IIJ-UNAM

Hugo Concha Cantú. Investigador del IIJ-UNAM.

Sergio López Ayllón. Director General del CIDE.

Saúl López Noriega. Profesor asociado del CIDE.

Pedro Salazar Ugarte. Director e investigador del IIJ-UNAM.

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Uno de los pendientes más relevantes del Senado de la República es, sin duda, el nombramiento de la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta será la última ocasión en la cual se renueve en su totalidad este órgano jurisdiccional, ya que la duración en el encargo de los nuevos magistrados será diferenciada en tres, seis y nueve años, con la finalidad de que en el futuro la renovación se haga de manera escalonada. Esto significa que la nueva integración servirá básicamente para el proceso electoral de 2018, ya que en 2019 se renovará una parcialidad de la Sala Superior. Así, los senadores deben tener presente que lo que están eligiendo es un Tribunal Electoral para el 2018. Y nada más.

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Una nueva integración total del Tribunal Electoral presenta varios retos importantes para los nuevos magistrados. El principal será que, sin liderazgos preestablecidos, esta nueva generación de jueces electorales tiene pocos referentes para acelerar su curva de aprendizaje respecto su flamante labor. Es decir, con una renovación completa de su integración, el Tribunal Electoral empezará desde cero con menos de un año de que inicie el proceso electoral de 2018.

Ahora bien, la primera parte del proceso de designación, correspondió a la Suprema Corte de Justicia al definir en siete ternas a los veintiún candidatos escogidos de una lista original de 142 provenientes de los Tribunales Colegiados de Circuito, de las Salas Regionales del TEPJF y de tribunales locales y órganos electorales. Si hacemos el esfuerzo por clasificar el perfil de los candidatos, encontramos que son dos los que se destacan: el de “juez de alto nivel” y el de “experto electoral”. Como nota negativa en la conformación de las ternas, vale señalar la ausencia de candidatos con perfil académico, sobre todo si se considera que en integraciones pasadas se contó con abogados como Manuel González Oropeza y José de Jesús Orozco Henríquez, investigadores de tiempo completo en la UNAM.

Analicemos estos perfiles a los que nos referimos. Respecto de los candidatos con el sello de “juez de alto nivel”, una de las ternas se integró exclusivamente con magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, con lo cual se asegura que al menos uno de los nuevos integrantes cumplirá con dicha cualidad. Otros magistrados se encuentren distribuidos en otras ternas, lo que en su momento podría permitir que otros jueces de alto nivel lleguen a ocupar el cargo de magistrado electoral. Considero que es sumamente importante que se elija más de un magistrado que provenga de Tribunales Colegiados de Circuito para contar con quienes sepan mediar entre actores poderosos, con un profundo conocimiento de la argumentación jurídica y, sobre todo, con una rigurosa formación técnica y ética que les permita poner a la justicia y al derecho por encima del contexto político en que se desarrolle la elección.

Los magistrados que provengan del perfil de “juez de alto nivel” tendrán la carga de aportar la certeza y legalidad en el proceso, enfrentándose al problema de no ser técnicos expertos en materia electoral. Quienes resulten seleccionados con este perfil deben tener una trayectoria honorable y de indiscutible imparcialidad, pues ésta es la racionalidad que ha llevado a nuestro sistema político a judicializar las elecciones. Por lo anterior, el escrutinio del Senado respecto de sus trayectorias debe ser profundo, para asegurar que ninguno de los que finalmente resulten elegidos tenga el más mínimo viso de parcialidad hacia algún partido o grupo político, de lo contrario se perderían las ventajas de llamar a estos jueces de alto nivel a responsabilidades diversas a las que forman el centro de su carrera.

El otro perfil que predomina en las ternas es el de “experto en materia electoral”. Para elegir a los candidatos que integran las ternas, la Suprema Corte realizó un proceso de purificación, en la cual se evitó que consejeros electorales del INE en funciones, el titular de la FEPADE y otras personas con responsabilidades polémicas previas accedieran a la fase final. Los candidatos que integran las ternas finales son aquellos que pasaron los varios filtros y vetos de los ministros a cierto tipo de perfil de figuras públicas. A pesar de los filtros de la Corte, estos candidatos, a diferencia de aquellos de carrera judicial, tienen mayor cercanía a los partidos políticos por la propia naturaleza de su trabajo, por lo que será un reto grande encontrar en las ternas a los mejores técnicos electorales alejados de los intereses de los partidos políticos, aunque el resultado más probable es que al final tengan lazos con grupos y partidos políticos. No obstante, estos “expertos en materia electoral” tendrán la responsabilidad de ayudar a sus compañeros con perfil de “juez de alto nivel” en los temas técnicos y racionalidades de la materia electoral de las cuales los otros se verán carentes en un inicio.

Además de los dos perfiles mencionados, existe una terna con candidatos que no responde necesariamente a ninguno de ellos y que se encuentra conformada por Carlos Emilio Arenas Bátiz (presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León), Daniel Cabeza de Vaca (ex consejero jurídico, ex procurador general de la República y ex consejero de la Judicatura Federal) y José Luis Vargas Valdez (ex titular de la FEPADE). De esta terna ninguno cuenta con un perfil electoral sólido, ni con un perfil judicial de alto nivel. Los tres tienen un currículum más cercano al derecho penal y recientemente han desempeñado funciones más administrativas que jurisdiccionales. Esta terna seguramente funcionará como un espacio de negociación para los acuerdos dentro del Senado y deberá tenerse cuidado con el hecho de que por lo menos uno de estos candidatos esta abiertamente relacionado con un partido político.

El reto es muy grande y el tiempo es sumamente corto para que el TEPJF esté listo para una elección complicada como la que se visualiza en el año 2018. Renovar en su totalidad al tribunal a un año del inicio del periodo electoral no suena a una decisión adecuada pero así está establecido en la ley. Debemos elegir a los mejores jueces de alto nivel de las ternas para que enseñen a los demás la función judicial y debemos elegir a los mejores técnicos en materia electoral para que enseñen la técnica electoral. Debe haber equilibrio entre estos perfiles y no puede haber más criterio que este para la selección. El proceso deberá estar exento del reparto de cuotas partidistas y de grupos políticos. El contexto actual en el que no hay claros punteros en los pronósticos electorales para las elecciones de 2018 puede ayudar a que estos principios prevalezcan si las fracciones parlamentarias en el Senado tienen la altura para hacerlo. En caso contrario, es muy probable que este Tribunal Electoral no consiga su estabilidad institucional en el mediano plazo, con costos que esto implicaría para nuestro sinuoso proceso de consolidación democrática.

Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del IIJ-UNAM. Twitter @abadsuarez

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