En medio de quejas y críticas por los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, la semana pasada se designó a Luis Raúl González Pérez como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en lugar de Raúl Plascencia, quien buscaba la reelección. Para algunos grupos, la salida de Plascencia es interpretada como un triunfo de la sociedad civil, mientras que otros piden no “personalizar” la situación de la CNDH.

Al acercarse la fecha límite para la designación de este órgano constitucional autónomo, líderes y grupos de la sociedad civil externaron su oposición a la reelección de Plascencia. En este sentido, durante el pasado mes de septiembre, se presentó una demanda de juicio político firmada por 80 organizaciones y líderes, acto que Plascencia calificó como “guerra sucia”. En esta demanda, se le acusaba de omisión, olvido, falta de resultados y poco seguimiento a los casos relacionados con migración, desplazamiento forzado y desaparición y asesinatos ligados con el crimen organizado.

CNDHJorge Israel Hernández, especialista en derechos humanos y uno de los firmantes del desplegado de académicos y periodistas, explicó que el texto se presentó ante la posibilidad de que la Junta de Coordinación Política del Senado decidiese no llevar un proceso de designación serio y se limitase a meramente ratificar a Plascencia en su puesto. Lo cual no era descabellado, ya que el artículo 10 de la ley orgánica de la CNDH está abierto a interpretación ya que si bien habla del proceso de reelección, también abre la posibilidad de una ratificación que implicaría la ausencia de una auscultación de una baraja de candidatos –incluido el presidente de la CNDH que buscase la reelección-.

Evitar una ratificación de este tipo era muy importante para la sociedad civil y fue la razón por la que se publicaron dos desplegados y decenas de columnas de académicos y activistas. En estos desplegados se pidió al Senado que definiera con transparencia el proceso de elección del llamado ombudsman nacional, además de subrayar que Plascencia no contaba con las características necesarias para desempeñarse en dicho puesto.

La posibilidad de ratificar a Plascencia sin que otras personas participaran mantuvo detenido el proceso. Finalmente, se acordó en el Senado que las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia estarían encargadas de llevar a cabo la elección. La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, apoyó la iniciativa de que Plascencia pudiera reelegirse pero en un proceso abierto a otras candidaturas y frente a una consulta pública.

La sociedad civil presionó al Senado y la opinión pública para evitar que Plascencia continuara en el cargo. Vale subrayar que la coyuntura propia de los asesinatos de civiles en manos de militares en Tlatlaya y la desaparición forzada de los estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, propiciaron que se abriera el proceso a otras candidaturas y que se diera un tipo de “veto” desde la ciudadanía a la candidatura de Plascencia.

En ese sentido, coincide Iván García Gárate, académico la UNAM y consultor del observatorio Designaciones.org, impulsado por Artículo 19 y FUNDAR, quien señaló que para ellos lo importante es transparentar los procesos de designación de servidores públicos. Desde Designaciones.org se construyó un “perfil ideal” y se determinó que Plascencia no lo cumplía. Afirmó además que gracias a una “buena articulación” de intelectuales y miembros de la sociedad civil se logró que Plascencia no fuese reelegido. Sin embargo, no todo fue triunfo: el proceso mismo a través del cual se eligió finalmente al nuevo presidente de la CNDH, resultó en realidad bastante opaco.

Es decir, si bien la convocatoria es pública y la sociedad civil puede participar, no lo hace de manera decisiva. Las organizaciones pueden presentar preguntas para los candidatos pero estás pueden ser o no tomadas en cuenta por los senadores y no se consulta la decisión a las organizaciones, explica García Gárate. Aunado a esto, los ciudadanos no sabemos por quién vota cada senador ni cuáles son sus razones, lo que en opinión de García Gárate debiese cambiar.

Miguel Moguel, de la organización FUNDAR, coincide en la opacidad del proceso y la falta de legitimidad desde el origen, dado que al darse a conocer el nombre de Luis González, hubo quienes denunciaron que ya se había acordado al ganador previo a la votación, como lo hizo Layda Sansores, senadora del PT. Pero el punto medular, para Moguel, es no dejarse llevar por una política de “perdón y pasado” y creer, “ingenuamente”, que el cambio del presidente de la CNDH significa una mejoría pues eso sería “personalizar” la crisis por la que atraviesa la institución.

El perfil de Luis González ha dejado insatisfechos a varios sectores de la sociedad civil debido a que proviene del sector público —así como el resto de los integrantes de la terna finalista-, apunta Israel Hernández. Pues hay que recordar que antes de ocupar el cargo de abogado general de la UNAM, González trabajó por 12 años en la CNDH.

Pero esa experiencia podría no ser del todo contraproducente, asegura Miguel Moguel, ya que se puede aprovechar ese conocimiento y experiencia para reformar a la CNDH —una idea que ha surgido cada vez con más fuerza-. Lo que es innegable, sin embargo, es que “la condición del país le impondrá al nuevo presidente la dinámica de su gestión”, pues su principal reto no es fortalecer a la institución, sino responder inmediatamente a los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, dice Moguel. Fue justo este contexto lo que permitió que los representantes de la sociedad civil y los académicos, ganaran más peso en este proceso de designación.

En ese sentido, Israel Hernández señaló que si bien las organizaciones pudieron influir para que se abriera el proceso, no tienen el músculo aún para presentar una candidatura viable desde la sociedad civil.

Por otro lado, Moguel apoya la idea de que la CNDH transite hacia un gobierno colegiado que se represente por su pluralidad, como propuso el senador Roberto Gil Zuarth del PAN. Y donde idealmente participarían las organizaciones de la sociedad civil. Un gobierno colegiado permitiría un ojo más fino para analizar la complejidad de las necesidades del país y, de esta manera, se encaminaría a diluir la influencia del presidente de la República en el proceso de designación de esta institución.

Julene Iriarte y Laura Yaniz. Estudiantes de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE.

Leer completo

A partir de los hechos acontecidos en el estado de Guerrero y de la solicitud presentada por el PAN en el Senado de la República, se empezó a discutir mediática y legislativamente sobre la facultad constitucional para desaparecer a los poderes de una entidad federativa. Sin embargo, la posterior licencia otorgada al ahora exgobernador Ángel Aguirre aparentemente desvaneció la posibilidad de que dicha facultad fuese utilizada. Me parece que esto último parte de una concepción equivocada de dicho instrumento constitucional, la cual ha sido alimentada por un debate público superficial que no ha puesto el dedo en el lugar correcto. Por ello, y ante un escenario que hace latente la necesidad de desaparecer poderes en Guerrero y otros estados como Michoacán o Tamaulipas, a continuación se trata de explicar los límites y alcances de esta figura.

El artículo 76, fracción V, de la Constitución establece que es facultad del Senado “declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional…”. La sola lectura de este fragmento ha llevado a que se afirme que “el Senado no aparece ni desaparece poderes”[1] pues “no es el Senado el que desaparece los poderes de un Estado, sino que únicamente toma conocimiento de esa situación”[2]. O que los poderes del estado de Guerrero no han desaparecido ya que “tanto el poder judicial como el congreso locales se encuentran laborando”[3]. Se ha dicho, incluso, que en este caso la desaparición de poderes es una “salida absurda e inconstitucional”[4].

Las aseveraciones anteriores denotan una concepción específica de esta facultad constitucional: la desaparición de poderes es una declaración producto de una situación preexistente, específicamente de la inexistencia física de los titulares de los poderes de una entidad federativa determinada.

Sin embargo, esa concepción –y las declaraciones que la expresan– son superficiales, pues soslayan, en primer lugar, el propósito teórico de la facultad en cuestión; en segundo lugar, el uso que se la ha dado y; por último, la ley reglamentaria de la materia. Veamos.

La desaparición de poderes fue concebida, en su acepción moderna, en los debates federalistas norteamericanos de finales del siglo XVIII. Lo que buscaban era encontrar un método de intervención federal cuando existiera violencia interna en los estados de la unión. Así, Alexander Hamilton afirmó que “el correctivo natural de una mala administración, en una Constitución representativa o popular, es el cambio de hombres”[5].

Ésta idea fue retomada por Mariano Otero en el proyecto de Constitución que se discutió en el Congreso General de 1842. El cual, sin embargo, no fue aprobado. Su proyecto establecía como principio fundamental el que la federación pudiera anular todo acto local atentatorio contra el sistema de gobierno, llegando incluso a anular los poderes que contravinieran dicho sistema, aun dentro de la órbita de sus funciones, si accediesen a peticiones tumultuarias e ilegales.[6]

Años después, dos sucesos –Yucatán en 1872[7] y Coahuila en 1874[8]– demostraron que el sistema jurídico mexicano no tenía soluciones para los casos en los que la intervención de la federación era necesaria para restablecer el orden constitucional en un estado. Este vacío normativo empujó al Séptimo Congreso Constituyente a buscar remedios constitucionales. La desaparición de poderes fue la respuesta que encontraron.

En el proceso de reforma constitucional, el diputado Robles Gil solicitó a la comisión dictaminadora que precisara los supuestos de desaparición de poderes en los estados, el diputado Rafael Dondé le aclaró que no podía señalar todos los casos de aplicación, pero que era en aquellos en los que se necesitara “restablecer el orden constitucional en aquel estado, cuando se haya interrumpido”[9]. Salvo por tres modificaciones, el texto que prevé la facultad en cuestión es el mismo desde su entrada en vigor en 1874.

desaparicion1Ahora bien, el primer caso de posible aplicación de la nueva facultad constitucional surgió en 1878 en Puebla. Las comisiones dictaminadoras desecharon la petición, pero argumentaron que la desaparición de poderes debe analizarse desde dos puntos de vista: 1) con relación al régimen interior de un estado. El ejecutivo local o los diputados locales pueden desaparecer por muerte, renuncia, destitución o enajenación mental de las personas que ejercen el cargo. Las Constituciones de los estados previenen el procedimiento de sustitución –actualmente a estos casos se les llama falta absoluta–. 2) Con relación a la Federación, desaparecen el ejecutivo local o los diputados locales cuando se erigen así como producto de una usurpación o cuando rompen sus títulos de legitimidad por infracciones flagrantes al pacto federal o a la Constitución del estado.[10] La distinción entre “desaparición física” y “desaparición jurídica” comenzó aquí. En 140 años de existencia, la facultad de desaparición de poderes se ha usado únicamente en 2 casos de “desapariciones físicas”. Los casos de “desapariciones jurídicas” suman más de 40. Como se puede ver, las afirmaciones actuales de que los poderes del estado de Guerrero no han desaparecido ya que “se encuentran laborando”, no tienen asidero ni en el propósito ni en la praxis de la facultad.

Después de 104 años de aplicación directa de la Constitución, en 1978 el Congreso aprobó la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República. En ella se establecieron las causales de procedencia para la desaparición de poderes[11]. Es de especial interés la fracción III del artículo 2: cuando los titulares de los poderes constitucionales “estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”.

Si además, como ya vimos, la desaparición de poderes es una herramienta de intervención federal en los casos en los que se rompa el orden jurídico en un estado, debe quedar claro que el funcionamiento físico de los poderes locales es irrelevante para el uso de la facultad. Que una secretaria del Congreso local conteste el teléfono o que el valet parking acomode los coches en la casa del gobernador, no demuestran que exista plena vigencia en el orden jurídico de un estado. Por eso la discusión ha sido superficial, y por eso la sustitución de Ángel Aguirre no desecha la posibilidad de desaparecer a los poderes de Guerrero. Y en ese mismo sentido a los de Michoacán o a los de Tamaulipas, que se encuentran en situaciones similares. Su aplicación dependerá de cómo concibamos a esta facultad constitucional: si lo seguiremos haciendo superfluamente o si atenderemos a su objetivo, a sus causales y a la ley.

David Rivera Castro. El autor cursó los estudios en derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Twitter: @david_rivera_c

______________________

[1]Ver entrevista del 17 de octubre de 2014 de la Senadora Cristina Díaz con Ezra Shabot.

[2] Ver intervención de la Senadora Cristina Díaz en la sesión del Pleno del Senado de la República del 21 de octubre de 2014.

[3] Ver la declaración del Senador Enrique Burgos del 15 de octubre de 2014.

[4] Ver columna de Jesús Silva-Herzog Márquez del 27 de octubre de 2014 en el periódico Reforma.

[5]El federalista, XXI, Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 83.

[6]Cfr. Otero, Mariano, Obras, Porrúa, 1967, pp. 185, 188 y 198.

[7]En marzo de 1872 el pueblo yucateco se levantó en armas y expulsó al gobernador y a los integrantes de la legislatura, pues éstos se querían perpetuar en el poder. Los fugitivos se refugiaron en Veracruz y solicitaron el auxilio federal. El gobierno central declaró estado de sitio el 4 de abril de 1872 y le confirió el mando político al jefe militar de Campeche, Vicente Mariscal. A fines de 1872 le tocó conocer al Congreso de la Unión el levantamiento del estado de sitio y en los debates parlamentarios se evidenció la ausencia de un texto constitucional que permitiera restaurar el orden jurídico local.

[8]La legislatura del estado promulgó una ley, la cual el ejecutivo rehusó publicar ya que en su opinión la legislatura no estaba debidamente constituida. La legislatura juzgó al gobernador y éste la desconoció, por lo que ambos poderes solicitaron la intervención federal. La legislatura huyó a Monterrey y desde esa ciudad destituyó al ejecutivo local y designó a otro interino, trasladándose a Monclova e incitando a la rebelión contra el antiguo gobernador. Los dos contendientes lucharon en una verdadera guerra civil. Frente a estos hechos, el presidente solicitó, el 4 de diciembre de 1873, que se le otorgaran amplias facultades para resolver el conflicto. Nuevamente el Congreso se dio cuenta que no tenía herramientas jurídicas para resolver cuestiones locales.

[9]Diario de los debates del 7o Congreso, 27 de octubre de 1873.

[10]Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, sesiones del 6 y 15 de mayo de 1878.

[11] ARTICULO 2o.- Se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales:

I.- Quebrantaren los principios del régimen federal.

II.- Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.

III.- Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.

IV.- Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.

V.- Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.

Leer completo

Esta semana la Suprema Corte resolverá una acción de inconstitucionalidad (38/2013) en la que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del mecanismo de aprobación de deuda pública nacional -y cuyo problemario se puede consultar aquí-.

puerquitosActualmente, el mecanismo es el siguiente. Una vez al año, en la iniciativa de Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal solicita al Congreso de la Unión, quien puede modificarlos, montos de endeudamiento –interno y externo– máximos para contraer el año siguiente. Las cantidades aprobadas entran a la “canasta” común de todos los ingresos del Estado mexicano. Posteriormente, la Cámara de Diputados –por disposición constitucional único órgano autorizado para ello– en el Presupuesto de Egresos de la Federación asigna dichos recursos a un conjunto variopinto de destinos: desde el gasto en servicios personales de la Secretaría de Salud hasta el puente que se va a construir en Metepec, Estado de México. Tres años después, la Auditoria Superior de la Federación revisa si el dinero fue gastado en lo que se dijo que se iba a gastar.

Al parecer de los promoventes de la acción de inconstitucionalidad –Senadores de los partidos de oposición– dicho mecanismo es contrario a lo que establece la Constitución. Sus razonamientos son los siguientes.  El artículo 73, fracción VIII, señala que:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

[…]

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. [...]

De la fracción anterior se extrae que la Constitución, por un lado, designa al Congreso de la Unión para aprobar los empréstitos que celebre el Ejecutivo federal y; por otro, prohíbe la contratación de deuda que no esté destinada a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Entonces, en primer lugar, si el Congreso debe aprobar lo celebrado por el Ejecutivo, parecería que primero se deben firmar los contratos de deuda para luego ser sometidos a la aprobación del Congreso –con sus diferencias, pero algo similar a lo que sucede con los tratados internacionales–, quien podría modificarlos, rechazarlos o aprobarlos. Ese fue el mecanismo utilizado desde antes de la independencia hasta mediados del siglo XX. Por lo tanto, la aprobación a la que se refiere la Constitución es ex post y no, como se hace ahora, ex ante.

En segundo lugar, si la Constitución permite una sola finalidad para la deuda púbica –la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos–, los recursos obtenidos de la misma no deberían entrar a la “canasta” común de los demás ingresos del Estado, pues eso imposibilita conocer su destino. Los empréstitos celebrados deberían “etiquetarse” para su uso. Entre otras cuestiones, ello significaría que la deuda no podría ser utilizada para completar el faltante del presupuesto que se diera por caídas en los ingresos tributarios o en los petroleros durante algún ejercicio fiscal, tal como sucedió el año pasado.

En efecto, a finales de 2013, la Secretaría de Hacienda se dio cuenta que no iba a lograr conseguir la totalidad de los ingresos previstos para ese año, y como decidió no reducir el gasto público pues eso podría agravar la desaceleración de la economía[1], recurrió a solicitar al Congreso la aprobación de una deuda adicional interna de 70 mil millones de pesos (originalmente se habían aprobado 415 mil millones para el 2013). En una votación dividida, la mayoría parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y un sector del Partido de la Revolución Democrática, aprobó el incremento de la deuda y que su destino fuese el gasto corriente del gobierno federal.

La Suprema Corte, entonces, deberá pronunciarse, uno, sobre si la aprobación ex ante de montos límite de la deuda es constitucional y, dos, si los recursos obtenidos por los empréstitos que se celebren deben entrar a la “canasta” común de los ingresos del estado y de ahí ser direccionados libremente por la Cámara de Diputados.

La resolución que tome la Corte tendrá especial relevancia debido a que el gobierno federal ha apostado por utilizar la deuda como una fuente adicional de los ingresos del Estado –el endeudamiento neto interno aprobado para el 2015 es de 595 mil millones de pesos, esta cantidad es superior a los 570 mil millones del 2014 y a los 485 mil millones del 2013– y, al parecer, eso no va a cambiar, en su caso, sino hasta que entren plenamente las inversiones derivadas de la reforma en telecomunicaciones y, sobre todo, de la energética al final del sexenio.

David Rivera Castro. Realizó sus estudios en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Twitter: @david_rivera_c

___________________

[1] Ver la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, por medio de la cual se modificó el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Leer completo

Ahora que ha concluido el proceso de designación de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es posible hacer un balance del mismo. Como todos los procesos con características similares existen elementos positivos que destacar, así como cuestiones negativas que no pueden dejar de mencionarse. La experiencia que deja este proceso, permite una serie de cuestionamientos respecto de este tipo de designaciones que conviene apuntar al menos brevemente.

En primer lugar, es necesario hacer hincapie en la casi nula publicidad que recibió este proceso de designación. Dejando de lado el poco seguimiento que se dio en medios al mismo, -que aunque consideramos lamentable, no es materia de este breve análisis- tampoco los poderes encargados de desahogar el mismo realizaron un esfuerzo significativo en hacerlo del conocimiento de la opinión pública, de la manera más amplia posible. Ni en la parte del procedimiento que se realizó en sede de la Suprema Corte de Justicia ni en la correspondiente al Senado de la República se efectuó una labor de difusión sobre la designación que se estaba llevando a cabo.

Por otra parte, la transparencia del proceso fue de claroscuros. En general, los tiempos que siguieron tanto ministros de la Corte, como los Senadores no fueron del todo claros. Del mismo modo, la información respecto de las diversas etapas del proceso, los plazos de duración de cada una y los criterios bajo los cuales se determinarían los perfiles idóneos nunca fueron dados a conocer. De nueva cuenta se conocen –a medias- los procedimientos pero no las razones, la parte sustantiva del análisis, lo que nos permitiría saber si quienes llegaron son o no los indicados. En este sentido, destaca penosamente el procedimiento de designación elegido por la Suprema Corte que fue enteramente discrecional y opaco. Sin embargo, es necesario hacer notar el esfuerzo que hizo la comisión de justicia de la Cámara de Senadores publicando los perfiles de los 45 candidatos que lograron llegar a esta parte del procedimiento, así como la comunicación que mantuvieron algunos de sus integrantes con quienes estaban interesados en seguir esta designación. Aunque no es suficiente, constituyen buenos indicios que vale reconocer y tomar como ejemplo para los siguientes procesos de designación.

En segundo lugar, vale es necesario detenerse en uno de los elementos claves del formato elegido tanto por la Corte como por la comisión de justicia: las comparecencias. En general, consideramos que el formato elegido para las mismas, los tiempos designados a cada aspirante y el contenido no generaron convicción suficiente para arribar a conclusiones sobre la capacidad y experiencia de los aspirantes, además de que dejan un amplio margen de discrecionalidad. De la misma forma, tampoco sabemos cuál es su impacto en la decisión final de quienes eran los encargados de elegir a los mejores perfiles, dado que ni en el listado enviado por la Suprema Corte al Senado o el dictamen de la comisión de justicia del Senado, respectivamente, se reflejó la incidencia que éstas tuvieron –si es que lo hicieron- en el resultado final. En este sentido, si tomamos en consideración el tiempo que se tomó en realizar estos ejercicios en ambas sedes frente al impacto de los mismos, llegamos a la conclusión de que son poco útiles. Creemos que es necesario explorar otro tipo de mecanismos más eficientes que logren combinar elementos objetivos de evaluación y ejercicios que abonen en la legitimación tanto de los actores que llevan a cabo la designación como a los funcionarios que sean seleccionados a través de la misma.

Finalmente, vale la pena destacar tres cuestiones fundamentales de la última étapa del procedimiento, es decir, de la realizada en las últimas semanas por la comisión de justicia del Senado de la República. En primer lugar, es de celebrarse la rapidez con la que fue desahogado el procedimiento, tomando en consideración el número de cargos que debían ser evaluados. En segundo lugar, merece destacarse la capacidad y especialización de casi todos los ahora magistrados. Como ya habíamos señalado, desde el inicio de este procedimiento destacó la capacidad y la trayectoria de la mayoría de quienes lograron entrar a la lista de sesenta candidatos propuesta inicialmente por la Suprema Corte, más adelante, el trabajo de discriminación de la comisión de justicia reconoció a una buena parte de estos perfiles. Por último, consideramos que la inclusión de cuota de género dentro de la conformación de las Salas, privilegió injustamente a las pocas mujeres que contestaron a la convocatoria pública  y pasaron las etapas correspondientes (al Senado llegaron únicamente 8 mujeres).

En síntesis, consideramos que, si bien fue un procedimiento de designación exitoso, que logró el cometido de designar a quince funcionarios en un plazo muy breve de tiempo y que los perfiles de quienes integran estas Salas son, en su mayoría, de experiencia y especialización que puede comprobarse, aún quedan aspectos importantes que deben ser mejorados. Entendemos que este tipo de procedimientos no pueden sustraerse del todo del componente político. Sin embargo, considerando que la designación que realicen impactará directamente en la consolidación y legitimación de una institución fundamental para la democracia mexicana, el proceso de designación podría realizarse bajo parámetros más objetivos a fin de limitar el margen discrecional que por la naturaleza del mismo implica a través de procedimientos más claros y razones públicas.

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

Leer completo

Después de un accidentado proceso al interior de la Suprema Corte de Justicia para conformar las ternas de candidatos para elegir a 15 magistrados electorales de Salas Regionales, ahora le corresponde al Senado de la República revisar el perfil de estos abogados y escoger a los nuevos magistrados cuyas votaciones definirán en buena medida el rumbo de los conflictos post-electorales de los próximos años. En este contexto, los autores que le han dado puntual seguimiento a este importante proceso de designación (aquí, aquí y aquí), proponen ahora una serie de preguntas mínimas que los Senadores debiesen formularle a los candidatos para cumplir con su responsabilidad de escrutinio público.

Consideramos que elegir el perfil idóneo para ser magistrado electoral implica dos aspectos fundamentales:

  •  Demostrar un amplio conocimiento de la materia electoral, conocer y entender la legislación en la materia (Constitución, COFIPE, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y legislaciones locales, así como instrumentos internacionales), así como los criterios emitidos por las autoridades electorales y su evolución a lo largo de los más de 20 años de justicia electoral el México.
  • Conocer el manejo institucional del Tribunal Electoral (TEPJF), entender  los retos que enfrenta la institución, los aspectos en los que se debe fortalecer la impartición de justicia y tener un panorama claro de la finalidad primordial de la institución: generar certeza y equidad en los comicios y garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales.

Por ello, planteamos algunas preguntas que consideramos útiles para conocer la idoneidad de los aspirantes respecto de los aspectos anteriores.

1. ¿Cuál el es principal reto que enfrentan las Salas Regionales en la impartición de la justicia electoral de cara a los próximos procesos electorales (federales y locales)?

2. ¿Cuál es su opinión de los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración al impugnar las sentencias de las Salas Regionales?

3. ¿Considera que el juicio de inconformidad para impugnar los resultados de las elecciones sigue siendo vigente o propondría alguna modificación?

4. ¿Los medios de impugnación vigentes siguen teniendo utilidad práctica o deberían ser objeto de alguna reforma? ¿Qué propone?

5. ¿Cree que el actual sistema de competencias de las Salas del TEPJF es idóneo de acuerdo a las funciones y facultades de las Salas Regionales respecto de la Superior? ¿Qué le modificaría?

6. ¿De qué forma fortalecería la actuación y definitividad de las Salas Regionales a efecto de que su papel en la impartición de la justicia electoral tenga mayor peso?

7. ¿Qué propone usted para que las sentencias sean más amigables para el ciudadano?

8. ¿Cómo sugiere que se acerque la justicia electoral al ciudadano?

9. ¿De qué manera difundiría el trabajo del TEPJF a fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus funciones en la actividad jurisdiccional?

10. ¿Considera que el sistema de nulidades en materia electoral que rige actualmente puede ser modificado? ¿Qué reformas propondría?

11. ¿Cómo podrían llevarse a cabo procesos de selección de candidatos y dirigentes al interior de los partidos políticos de una manera más democrática?

12. ¿Qué puntos considera esenciales para hacer que las candidaturas independientes garanticen de manera eficaz el derecho al voto pasivo de los ciudadanos?

13. Adicionalmente a la resolución de los medios de impugnación que sean de su conocimiento, ¿cómo pueden contribuir las Salas Regionales al fortalecimiento de la democracia en la circunscripción que le corresponde?

14. ¿De qué forma las Salas Regionales pueden contribuir a legitimar a las instituciones democráticas de nuestro país?

15. Las elecciones por usos y costumbres han generado conflictos electorales en diversos municipios, ¿de qué manera deben considerarse estos factores al resolver un asunto vinculado con este tipo de elecciones?

16. La justicia electoral ha evolucionado desde el contencioso-electoral hasta el actual tribunal electoral que pertenece al Poder Judicial de la Federación ¿Cuál sería el siguiente paso para lograr una justicia electoral que contribuya al fortalecimiento de nuestra democracia

17. ¿Qué opina de la pertinencia de tener una ley de partidos en México?

18. En los últimos años hemos visto una gran judicialización de las elecciones, ¿cómo contribuye esto al fortalecimiento del sistema democrático en nuestro país?

19. Ahora el TEPJF tiene facultades para inaplicar legislación en materia electoral por ser contraria a la Constitución, ¿cuál es el papel que debe asumir un magistrado electoral con facultades constitucionales al momento de calificar una elección?

20. ¿El control de convencionalidad es aplicable dentro de la calificación de una elección?

21. ¿Cuál debe ser la posición de una Sala Regional respecto de la consolidación de la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF?

22. ¿Qué opinión le merece la resolución de la Sala Superior respecto de la no aplicación del párrafo 219 del COFIPE en materia de género?

23. ¿Considera usted que los magistrados deben aceptar audiencias de oídas? ¿De hacerlo, bajo qué parámetros deben ser realizadas?

24. ¿Cuál es su posición respecto de la aplicación de estándares internacionales y jurisprudencia de organismos internacionales en la materia electoral?

25. ¿Cómo mejoraría usted la comunicación y la interacción entre las Salas Regionales y la Sala Superior del TEPJF?

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

Leer completo

Como cierta marca de vodka que presume haber sido destilado un montón de veces; después de tres procesos de depuración, la Suprema Corte ha enviado al Senado las quince ternas –tres por cada una de las Salas Regionales- de candidatos a integrar las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Concluyendo de esta manera la primera parte de la participación –llena de asegunes y, como ya señalamos en anteriores posts aquí y aquí, de una enorme discrecionalidad- de la Corte en este proceso.

Así, el día de hoy, la Corte envió las quince ternas que pueden ser consultadas en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora corresponde al Senado y de forma específica a su Comisión de Justicia, procesar esta última etapa que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 198, inciso d), así como el artículo quinto transitorio del decreto publicado el 1 de julio de 2008, ambos de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, da al Senado un plazo de 15 días a partir de la recepción de las ternas para analizar y discutir –esperemos que de forma pública- la idoneidad de los candidatos propuestos por la Corte y someterlas a votación del Pleno, en la que los candidatos deberán lograr el voto de las dos terceras partes.

De no ser así, la Suprema Corte tiene un plazo de tres días para enviar una nueva propuesta por cada una de las ternas rechazadas, que deberá desahogarse a más tardar cinco días después de haber sido recibida. En este caso, las ternas de esta eventual segunda vuelta se conformarán con los candidatos que ya participaron en el proceso (queda a discreción de la Corte si se tomará en cuenta la lista de 60 candidatos o la de 45), sin importar si éstos ya fueron rechazados dentro de otra terna.

Aunque el procedimiento establecido por la ley es más o menos similar al que se sigue para la designación de ministros de la Corte y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral –con los mismos vacíos legales y espacios de discrecionalidad en cuanto al establecimiento de los métodos de evaluación, por desgracia- este proceso en particular presenta características específicas que vale la pena mencionar.

En primer lugar, es la primera vez que tanto la Corte como el Senado tienen que desahogar en un solo proceso la designación de tantos funcionarios públicos, ya que en 2008 únicamente se eligieron a tres magistrados de Sala Regional faltantes y, en otros casos, como en el reciente procedimiento para la selección de ministros, únicamente se llenaron dos vacantes. Esto implica que, en el actual proceso de designación de magistrados electorales de Salas Regionales se ha tenido que seleccionar un número considerablemente mayor de aspirantes para poder conformar 15 ternas que deberán ser presentadas ante el Senado. Esto se debe a que de acuerdo con los establecido en la reforma constitucional electoral de 2007, donde se definió las Salas Regionales fuesen permanentes se determinó que sería en 2013 donde se renovarían en su totalidad las mismas, para iniciar el escalonamiento en sus posteriores renovaciones.

La renovación escalonada nos lleva al siguiente punto interesante a considerar: la determinación de la duración del cargo de cada magistrado. Para poder realizar un cambio cada tres años como lo establece la ley, es necesario que en esta ocasión que se renuevan por completo todas las Salas, de forma excepcional, un magistrado de cada Sala dure en su encargo únicamente tres años, otro seis y sólo uno de ellos complete el periodo los nueve años que señala la ley como ordinario. En este tema, corresponderá al Senado tomar esta decisión que, en nuestra opinión, debería dejarse a un sorteo, ya que los demás mecanismos que podrían explorarse tienen posibilidades de contaminar el proceso con decisiones arbitrarias o impositivas.

Por último, queda el análisis –que desconocemos si hicieron los ministros al momento de integrar las ternas- acerca de la idoneidad de cada candidato para cumplir sus funciones dentro de una Sala en específico.  Aunque sus facultades son las mismas y comparten los rasgos generales de la problemática a la que van a enfrentarse, la determinación de cada circunscripción, es decir las entidades federativas dentro de las cuales tiene jurisdicción cada una de las Salas Regionales, le marca a cada una pauta específica a seguir, determinada por las leyes electorales locales cuya aplicación tendrán que observar.

En este sentido, hemos identificado algunos temas que representan una problemática específica de cada Sala que no estaría de más que se tomaran en consideración al momento de votar la conformación de estas Salas. Recordemos que, aunque la Suprema Corte ya señaló la posible integración de cada Sala, el Senado aún tiene la posibilidad de rechazar la misma y esperar a la eventual selección de un candidato con mejores habilidades para entender la particularidad de dichos problemas.  Aquí un breve descripción de las Salas:

Sala Guadalajara -primera circunscripción- se encuentran los estados de Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, Chihuahua, Durango y Sonora. De 1997 a la fecha la Sala ha resuelto 33,982 asuntos, principalmente juicios ciudadanos y de revisión constitucional electoral. Actualmente tiene una jurisprudencia vigente derivada de un criterio sostenido por la presente integración.

Sala Monterrey -segunda circunscripción- su jurisdicción es sobre Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas. En el periodo de 1997 a la fecha la Sala Monterrey ha resuelto un total de 5,973 medios de impugnación, en su mayoría juicios ciudadanos. Actualmente tiene una jurisprudencia vigente derivada de un criterio sostenido por la presente integración. En Zacatecas ya existe regulación sobre candidaturas independientes.

Sala Xalapa -tercera circunscripción- ejerce jurisdicción en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, entidades, la mayoría de ellas, en las que se realizan elecciones bajo el sistema de usos y costumbres. En la Sala Xalapa se han resuelto 8,603 asuntos de 1997 a la fecha, en su gran mayoría juicios ciudadanos. No cuenta con jurisprudencia. En algunas de las entidades en las que la Sala tiene jurisdicción ya se han regulado las candidaturas independientes –Quintana Roo y Yucatán-.

Sala Distrito Federal -cuarta circunscripción- le corresponde conocer respecto de asuntos del Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Esta Sala ha dictado sentencia en 15,478 medios de impugnación de 1997 al día de hoy, de los cuales los juicios ciudadanos constituyen el mayor número. Actualmente tiene una jurisprudencia vigente derivada de un criterio sostenido por la presente integración.

Sala Toluca -quinta circunscripción- en donde se encuentran los estados de Colima, Hidalgo, México y Michoacán. En la Sala Toluca se han resuelto 5,614 medios de impugnación a la fechan.

Lo anterior, revela ciertas características que deberían considerarse respecto del perfil de los magistrados que deben integrar cada Sala Regional, pues acorde a las peculiaridades de la legislación de las entidades federativas que integran cada circunscripción es que se presentan diferentes retos.

En general, estimamos que un reto para todas las Salas Regionales sería la generación de criterios relevantes que se puedan traducir en jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues al ser sus sentencias de carácter definitivo[1], y contar con facultades de control constitucional, ello contribuiría a una justicia electoral con parámetros más claros. Ahora bien, como se advierte de lo señalado, la carga de trabajo en las Salas varía, en su mayoría conocen de juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, sin embargo, los temas pueden no ser similares, pues en algunos casos versarán sobre candidaturas independientes y en otros usos y costumbres, a ello habría que adicionarle el contexto político que se vive al interior de cada entidad federativa.

Como puede verse, este proceso de designación ha sido complejo. La conformación de órganos judiciales claves para el buen funcionamiento del sistema electoral mexicano, cada uno con características particulares que exigen un análisis cuidadoso de los perfiles presentados en la Corte y el Senado, no es una operación menor. Al respecto, el trabajo de la Suprema Corte ha sido mediocre. Por lo menos en términos de transparencia y justificación de su selección, pues a la fecha la ciudadanía no puede conocer los perfiles de los candidatos seleccionados ni las razones que tuvieron los ministros para hacer sus elecciones en cada una de las eliminatorias. Sería óptimo que ahora el Senado marque una nueva pauta y el mecanismo por medio del cual se discuta las ternas propuestas, así como las votaciones respecto estás sean públicas. No hay que olvidar que en estos procesos de designación está en juego el fortalecimiento institucional y la construcción de legitimidad que tanto necesitan los órganos electorales.

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia


[1] Salvo aquellas que son impugnables ante la Sala Superior a través del recurso de reconsideración, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Leer completo

El lunes 7 de enero se realizó la primera etapa del proceso de designación de los 15 magistrados que integrarán las Salas Regionales del TEPJF, la cual consistió en depurar la lista inicial de 174 aspirantes que respondieron a la convocatoria para enviar a la Comisión de Justicia del Senado las ternas correspondientes, de manera que se redujera a una cifra entre 50 y 90 aspirantes.

A partir de un procedimiento complicado que, aunque se había explicado previamente en las reglas emitidas por la Suprema Corte de Justicia, resultó confuso y difícil de seguir, los ministros pasaron uno a uno a registrar su voto. Posteriormente, estos votos se computaron y aquellos que obtuvieron un mínimo de 8 votos conformaron una nueva lista de 60 integrantes que el día 14 de enero deberán comparecer ante el Pleno de la Suprema Corte.

No puede soslayarse que esta etapa se desarrolló con un amplio margen de discrecionalidad por parte de los ministros, quienes emitieron sus votos sin una motivación que justificara el sentido del mismo. A diferencia del proceso de designación de 2008, en donde la depuración de la lista inicial de aspirantes se sustentó en un examen teórico y uno práctico de conocimientos electorales; en esta ocasión los elementos de valoración de los que se valieron los ministros no son claros. Hasta el momento desconocemos las razones que tuvo cada uno de los ellos para seleccionar a sus candidatos. Tampoco sabemos cuál fue la lógica que los llevó a establecer el número de 90 candidatos, que a la postre resultó demasiado alto.

Más allá de las deficiencias ya señaladas, y a partir de la nueva lista de 60 candidatos, en estos momentos los ministros tienen en sus manos la delicada tarea de analizar de nuevo los perfiles  y la comparecencia de cada uno de los candidatos que lograron pasar este “hit eliminatorio” para seleccionar a quienes sean los más idóneos para ocupar estos cargos. Consideramos que la designación de un cargo de esta envergadura, dadas las funciones que tiene y la especificidad de la materia electoral debe ir más allá

Además de los elementos considerados en el acuerdo de la SCJN, también es fundamental tener en cuenta cuáles serán los temas con los que deberán lidiar quienes sean seleccionados. Los futuros magistrados tendrán que calificar diversos procesos electorales y hasta tres elecciones federales. Por ello es necesario considerar no sólo a los mejores candidatos, sino a quienes tengan mayores capacidades y cualidades para hacer frente a los retos inmediatos y de mediano plazo. Tan sólo en 2013 se llevarán a cabo 14 procesos electorales locales, por lo que serán las Salas Regionales las que calificarán dichas elecciones en las que, además de los asuntos jurisdiccionales ordinarios, es probable que tengan que enfrentarse a la definición de temas delicados o algunos en los cuales pudieran existir imprecisiones u omisiones legislativas.

Como novedad, las Salas Regionales deberán lidiar con el tema de candidaturas independientes, ya que en varias entidades en las que se desarrollan procesos electorales este año, como Zacatecas y Quintana Roo, ya están reconocidas, mientras en otras se encuentran en vía de serlo; tampoco faltarán aspirantes que busquen obtener el reconocimiento de la nueva modificación constitucional por la vía jurisdiccional. De igual manera, estos magistrados serán responsables de resolver las controversias surgidas de los procesos internos de selección donde las cuotas de género, la protección de la igualdad dentro de los partidos políticos y la elección de las dirigencias de los mismos, aún son fuente de conflicto.

Este panorama evidencia la necesidad de seleccionar perfiles que no sólo cuenten con una trayectoria en el ramo electoral, sino que además tengan experiencia previa en materia de justicia electoral que les permita conocer los criterios que actualmente se aplican en la materia, así como, interpretar la normatividad electoral de congruente con el sistema electoral y con la evolución que éste ha tenido, en aquellos casos novedosos que se les presenten.

En este contexto, hemos identificado algunos perfiles interesantes a los que vale la pena dar seguimiento especial. De manera general destacamos 3 grupos de aspirantes: en el primero se encuentran quienes cuentan con amplia experiencia electoral y jurisdiccional por pertenecer o haber pertenecido al TEPJF como secretarios de estudio y cuenta y/o en algún otro cargo directivo; el segundo, es conformado por quienes cuentan con experiencia jurisdiccional por pertenecer en algún momento a órganos jurisdiccionales federales o locales, ya sea en la SCJN, dentro de un Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito o en algún órgano jurisdiccional a nivel local, pero que no necesariamente cuentan con especialización en materia electoral y, finalmente, un tercer grupo de aspirantes que cuentan con experiencia electoral a nivel local por formar parte o haber integrado algún órgano electoral tanto administrativo como jurisdiccional en alguna entidad federativa.

El primer grupo, que representa más del 50% de la lista, se encuentra conformado por un amplio conjunto de secretarios de estudio y cuenta del TEPJF (22 en total). Algunos de ellos han laborado en el Tribunal Electoral desde la anterior integración de Magistrados hasta la fecha. Entre ellos vale la pena analizar detenidamente el trabajo de Hugo Domínguez, Carlos Ferrer, Carlos Vargas, Javier Ortiz, Eugenio Partida, Mauricio del Toro, Enrique Aguirre, Sergio Dávila, Gerardo Suarez, Julio Cruz, Andrés Vázquez, Antonio Rico, Juan Manuel Sánchez, Ignacio López, Omar Espinosa y Enrique Martell.

También se encuentran en la lista 3 secretarios instructores del TEPJF – Juan Carlos Silva Adaya, Adín de León y Janine Otalora – provenientes de las ponencias de los magistrados González Oropeza, Luna Ramos y Nava Gomar; 4 candidatos que actualmente ocupan cargos directivos dentro del Tribunal: Arturo Guerrero (coordinador de jurisprudencia), Gabriel Mendoza (subsecretario de la secretaría general de acuerdos), Marco Zavala, (secretario general de acuerdos, es decir, encargado de verificar todas las actuaciones del TEPJF) y Yairsinio García (coordinador jurídico); así como; 3 secretarios de estudio y cuenta de las Salas Regionales de Guadalajara y Toluca: Rodrigo Moreno y Ricardo Preciado de la primera y Octavio Ramos de la segunda.

Dentro del segundo grupo encontramos perfiles muy diversos. Así, tenemos a 3 magistrados de circuito: Rodolfo Castro (ex secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral), Ramón Cedeño y Eugenio Reyes; a María Amparo Hernández, actual secretaria de estudio y cuenta en la SCJN;  Rodolfo Murga, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz; a Eduardo Hernández (con experiencia electoral) y Óscar Torres, ambos jueces de distrito; Alejandro Santoyo (secretario de estudio y cuenta de un tribunal de circuito) y a Marco Antonio Díaz de León, magistrado del Tribunal Agrario.

Por último, son 12 los candidatos que integran o han integrado órganos electorales locales. Como magistrados: Armando Maitret (D.F.), Aidé Macedo (D.F.), Jaime del Río (Michoacán), Héctor Romero (Estado de México, aunque también fungió como representante del PRD ante el IFE), Hertino Avilés (Morelos), Javier Garza y Garza (Nuevo León), Regina Jiménez (Baja California), José de Jesús Reynoso (Jalisco), Concepción Martínez (Hidalgo), Elena Treviño (Coahuila), Fabián Hernández (Hidalgo), Antonio Oropeza (Puebla).  Y 2 los que forman o han formado parte de algún instituto electoral local: Claudia Beatriz Zavala (D.F.) y José Antonio Aguilar (Estado de México). También ubicamos dentro de este grupo a Aralí Soto, que actualmente desempeña un cargo administrativo en el Tribunal Electoral de Baja California.

Sólo uno de los 60 candidatos que componen esta lista no entra dentro de ninguna de las categorías propuestas: Reyes Rodríguez quien actualmente labora como coordinador de asesores del Senador Roberto Gil (Presidente de la Comisión de Justicia) y que, si bien tiene experiencia laboral dentro del Instituto Federal Electoral, no tiene trayectoria dentro de ningún órgano jurisdiccional.

Como ya señalamos aunque la experiencia en materia no sólo electoral sino también jurisdiccional es un elemento básico a nuestro parecer, es importante que la lista se integre de forma plural, incluyendo a candidatos de cada uno de los tres tipos. La experiencia y conocimiento que pueden aportar en caso de ser electos es diferente y complementaria.

Aunque la trayectoria de estos perfiles evidentemente no determina de manera tajante el desempeño de los candidatos en caso de ser seleccionados, sería óptimo que los ministros de la SCJN tomaran en consideración los principales aciertos y defectos que presenta cada candidato frente a los asuntos más importantes que deberán resolver. También sería deseable que en esta ocasión la conformación de las ternas estuviera acompañada de la publicidad de algunas de las razones que los llevaron a realizar dicha elección. Recordemos que dentro de este procedimiento de designación son los ministros los actores más indicados para identificar los problemas específicos que presenta la materia y a quienes podrían ser los candidatos más idóneos para resolverlos.

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @AESUPD

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

Leer completo

En estos momentos está en marcha un nuevo proceso de designaciones públicas que merece ser observado: la selección de los magistrados que conformarán las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca).

Las Salas Regionales resuelven de manera definitiva asuntos vinculados con elecciones de senadores, diputados federales y locales y ayuntamientos; cuentan con facultades para declarar la nulidad de este tipo de elecciones o para inaplicar leyes o preceptos en materia electoral por considerarlas contrarias a la constitución, entre otras.

Cada Sala tiene jurisdicción dentro de la circunscripción plurinominal que le corresponde. Las Salas Regionales se conforman por tres magistrados cada una. A partir de la reforma de 2007 pasaron de ser temporales (sólo funcionaban durante procesos electorales federales) a permanentes. Los magistrados de las Salas Regionales duraran en su cargo nueve años. Para este proceso la renovación de las Salas Regionales será total, es decir, en marzo de 2013 termina el encargo de los quince magistrados que actualmente ocupan una posición en las cinco Salas Regionales, sin embargo, a partir de las designaciones que se realicen derivado del proceso que actualmente se lleva a cabo, comenzará un escalonamiento. Esto es, se elegirán a quince magistrados para que ocupen el cargo por periodos diferentes – tres, seis y nueve años – con el propósito de que en el futuro la renovación no sea total.

Las salas regionales tienen una relevancia no menor. La innegable judicialización de los procesos electorales, consecuencia lógica de los mecanismos establecidos en las normas en la materia para dotar de mayor certeza y legitimidad a los comicios, así como una ampliación en la garantía secundaria de los derechos políticos, hacen necesaria la consolidación de un entramado judicial especializado y eficaz que les de cauce. De la misma forma, las particularidades de la legislación electoral de cada entidad, hacen que el establecimiento de Salas abocadas sólo a resolver los asuntos de un grupo reducido de entidades aledañas sea más que pertinente. El papel que juegan las Salas Regionales como árbitro último en los comicios electorales de su circunscripción se evidencia en casos como el de Morelia, donde la Sala Regional de Toluca, resolvió s través de un controvertido análisis la anulación de la elección de alcalde para el ayuntamiento de Morelia, en ese sentido, la Sala Regional Xalapa ha declarado la nulidad de diversas elecciones en el Estado de Oaxaca las cuales se han llevado a cabo conforme a los usos y costumbres del municipio.

Por estas razones, el proceso de designación de los magistrados de estas salas, además de ocupar un espacio importante en la agenda pública, deberá –o al menos  debería- tener como objetivo que aquellos que resulten seleccionados tengan la experiencia, capacidad, trayectoria y especialización necesaria para el desempeño de sus labores.

Siguiendo lo dispuesto en los artículos 99 de la Constitución federal y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el proceso de designación de estos funcionarios se lleva a cabo, a grandes rasgos, de la siguiente manera: en primera instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite un acuerdo donde se establecen los criterios de selección y la metodología por medio de la cual se seleccionará a los candidatos que conformaran las ternas que se enviarán al Senado de la República, indicando la Sala para la que se propone la terna. Ahí, en un segundo momento, los senadores tendrán quince días para votar las propuestas presentadas por la Corte, se requiere de dos terceras partes de los miembros presentes. En caso de que ninguno de los candidatos de la terna obtuviera la mayoría calificada, se devolverá a la Suprema Corte para que presente una nueva terna.

En esta ocasión, el 3 de diciembre de 2012 la Suprema Corte de Justicia hizo público un acuerdo donde se establecían los requisitos para los aspirantes, así como la metodología del proceso que se llevaría a cabo; los candidatos presentaron en un plazo de cinco días después de la publicación de dicho acuerdo, además de su documentación básica, un ensayo acerca de una sentencia en específico a partir del cual rendirán su comparecencia ante los ministros por un espacio de veinte minutos[1]. Del resultado de este proceso, se seleccionarán a los candidatos que conformarán las ternas que serán enviadas al Senado.

El miércoles 19 de diciembre de 2012 se hizo pública la lista de los candidatos que respondieron a la convocatoria realizada por el Tribunal Electoral y que en estos días deberán continuar con el procedimiento de selección arriba señalado. La lista se compone de 174 candidatos, de los cuáles sólo 27 son mujeres (es decir el 15%) y dentro de la que podemos identificar que, en su mayoría, quienes aspirarán a ocupar alguna de estas vacantes tiene ya una trayectoria no sólo en materia electoral, sino dentro de los órganos jurisdiccionales electorales.  De estos 174 aspirantes que se inscribieron para participar en el proceso de selección, y que cumplen con los requisitos legales para ser magistrados electorales, el Pleno de la Suprema Corte hará una primera depuración a fin de elegir entre 50 y 90 aspirantes, de manera que dicha lista pueda conformar las quince ternas que enviará a la Cámara de Senadores

Dentro de los perfiles que se observan en la primera lista publicada por la Suprema Corta, en primer lugar saltan, por tener ya un cierto reconocimiento en el ramo y relevancia pública, aquellos candidatos que se han desempeñado como magistrados electorales locales o consejeros estatales. Otro grupo, es aquel conformado por quienes fueron o actualmente se desempeñan como secretarios de estudio y cuenta del Tribunal Electoral, de todos los niveles; federal, regional y local, cuyos nombres pueden resultar desconocidos. Por otra parte, también encontramos candidatos que provienen de la estructura central del Tribunal Electoral, cuyo perfil es interesante por la experiencia con que cuentan en la materia.

Estos tres grupos engloban perfiles que, de manera genérica y en un análisis superficial –para este tipo de designaciones la valoración caso por caso es de vital importancia-, podrían constituir elementos positivos para conformar las Salas Regionales; los primeros debido a su previa experiencia en labores similares a la que desempeñarían como magistrados regionales; los segundos porque los secretarios de estudio y cuenta son quienes construyen la base de la argumentación que sustenta las resoluciones de estos órganos y los terceros porque han trabajado de cerca en la elaboración del entramado jurisdiccional y administrativo de la institución. En todos los casos, estos candidatos se encuentran familiarizados con la dinámica laboral y –sería lo esperado- al corriente del desarrollo de criterios de interpretación jurisdiccional del Tribunal.

Aunque no está exenta de perfiles que sólo pueden considerarse como impresentables, en general podemos señalar que la mayor parte de los candidatos cumple satisfactoriamente con los requisitos establecidos en la convocatoria. De hecho, la composición de esta lista evidencia la paulatina consolidación de la especialización electoral jurisdiccional en el país. Corresponde ahora a los ministros y sus equipos evaluar cuidadosamente cada perfil, más allá de los requisitos solicitados para la participación en el proceso, consideramos que se debe priorizar la idoneidad de cada candidato, su trayectoria y su capacidad, tanto los aspectos positivos como los notoriamente negativos de algunos candidatos, al momento de conformar las ternas que presentarán al Senado.

Asimismo, en aras de abonar en la transparencia y en la construcción de legitimidad tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Electoral, esperamos que este proceso, que hasta ahora no ha gozado de la relevancia y publicidad que una designación de esta envergadura merece, se lleve a cabo de forma pública y clara y que, de ser posible, esté acompañada de una fundamentación de las razones detrás de esta decisión. De los resultados de este proceso de selección dependerá en buena medida la consolidación o deconstrucción del sistema jurisdiccional electoral, la elaboración de criterios realmente garantistas que amplíen la protección de los derechos políticos de los ciudadanos y la legitimidad de una parte fundamental del sistema electoral mexicano. Vale la pena analizarlos con cuidado y seguirlos de cerca.

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @AESUPD

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia


[1] A diferencia del proceso de designación realizado en 2009, en esta ocasión se eliminó el requisito de presentación de un examen oral y escrito por parte de los aspirantes.

Leer completo

En días pasados el Senado de la República designó a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los resultados de la votación evidencian que la decisión fue tomada a partir de un acuerdo entre las fuerzas políticas con mayor peso al interior de la Cámara Alta. Lamentablemente, a pesar del balance que el propio Senado realizó respecto de este proceso, tanto su actuación, -en especial a través de la Comisión de Justicia-, como los términos en los que se realizó la decisión final de los Ministros, son criticables y únicamente exponen a senadores cortos de miras en cuanto a la importancia que revisten estos procesos políticos de designación e irresponsables respecto de la obligación que tienen ellos dentro de los mismos.

La Suprema Corte es el máximo tribunal del país, cabeza del Poder Judicial de la Federación y guardián de la Constitución. Las decisiones de los Ministros deben garantizar los derechos humanos y limitar los actos de autoridad para que se realicen conforme a los preceptos constitucionales. De ahí la importancia de su designación. Sin embargo, para el Senado más que un proceso político trascendental para el Estado mexicano que debería estar acompañado de deliberación pública y análisis minucioso, la designación de los Ministros de la SCJN es un mero trámite que puede desahogarse en siete días, sujeto a la lógica y los tiempos de la transición presidencial.

Designaciones públicas considera que el Senado no tuvo interés en llevar a cabo un proceso público de discusión serio que diera lugar a decisiones políticas fundamentadas y expuestas públicamente. Al contrario, parecería existir la voluntad de hacer un proceso expedito y discrecional en el que no se cumplieron las normas aprobadas por la misma Cámara de Senadores: no se ordenó la distribución de los expedientes de los integrantes de las ternas entre los senadores para su estudio a pesar de estar establecidos en el artículo PRIMERO del Acuerdo de la Mesa Directiva; las sesiones de exposición en el Pleno no fueron transmitidas por televisión en el Canal del Congreso a pesar lo establecido en el artículo SEGUNDO del mismo; durante las comparecencias la Comisión de Justicia sesionó apenas con el quórum necesario de senadores; no hubo uniformidad en tiempo ni en número de preguntas hechas a los candidatos y candidatas; no hubo discusión entre los grupos parlamentarios en el Pleno al momento de votarse, entre otras. Por ello, no es exagerado concluir que el Senado, más que conducir un proceso político de fondo,  tramitó la designación de ministros.

Desde su primer comunicado, Designaciones Públicas  hizo énfasis en la ausencia absoluta de una una fundamentación de las propuestas, así como del más mínimo pronunciamiento respecto a la Corte que a juicio del Senado requiere el país. Sin esta premisa, cualquier proceso, cualquier iniciativa o modificación al procedimiento establecido, es –como ya se evidenció- estéril ya que al no existir una definición respecto del tipo de Corte que se busca, tampoco existía un perfil ideal de Ministro contra el cual contrastar a los candidatos para encontrar al más idóneo. Este punto cobra especial relevancia cuando analizamos el perfil de los candidatos que resultaron electos: Alberto Gelacio Pérez Dayán, rechazado en dos ocasiones anteriores, la última hace apenas una semana (sin explicarse públicamente por qué) y ahora designado casi por unanimidad (104 de 112 votos posibles, sin que tampoco existiese un razonamiento público al respecto). Por otro lado, el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, cuyo perfil de experto y alto funcionario en materia fiscal no necesariamente es compatible con la justicia constitucional, quien también fue electo casi por unanimidad (103 votos) sin explicarse públicamente las razones que sustenten los votos. El procedimiento de selección de estos perfiles, que no tomó en cuenta cuestiones de la mayor relevancia como la interpretación jurisdiccional o de metodología jurídica de los candidatos, confirma que la decisión del Senado se tomó con base en criterios ajenos a las capacidades profesionales que requerirán al integrarse a la Suprema Corte.

La decisión de quién debe ser ministro debe estar sustentada en razones técnicas y políticas, las cuales en lugar de excluirse del debate público, deben someterse al escrutinio ciudadano obligando a los actores políticos a hacerse responsables de sus decisiones. En el presente caso, la opacidad y el silencio del Ejecutivo federal así como de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado no nos permiten saber cuáles fueron las razones que motivaron la integración de las ternas ni la votación que hubo en el Pleno, ello en buena medida porque el proceso no estableció mecanismos indicados para decidir en dichos términos.

Las decisiones de esta índole siempre tienen un componente de racionalidad política, sin embargo, los Senadores tienen la obligación de motivar ésta y exponer públicamente las razones que las sustentan como parte de la rendición de cuentas inherente a la función que desempeñan. Las razones políticas pueden basarse en acuerdos entre partidos pero éstos deben tener un fundamento de interés general.

Procesos de designación deficientes y cortos de miras dañan a las instituciones y pueden generar una crisis de legitimidad como la que actualmente atraviesan otros órganos que componen a nuestro estado democrático constitucional. Los representantes políticos encargados de la designación los funcionarios titulares de estos órganos son responsables de las decisiones que tomen. En esta ocasión, los senadores han pretendido no hacerse responsables de ello, ocultando su razonamiento, sin rendir cuentas  rendir cuentas a la sociedad,  perjudicando con ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Designaciones Públicas lamenta la forma en que fueron designados los dos nuevos ministros; consideramos que el Senado ha asestado un golpe duro a la institucionalidad democrática, a la justicia constitucional y a la sociedad mexicana a la que ha tratado de engañar por medio de un proceso de aparente transparencia y poca rendición de cuentas.

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

Leer completo

El día de ayer el Pleno del Senado de la República rechazó las ternas propuestas por el Presidente Calderón el 10 de Octubre para sustituir a los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano.

A pesar de la aprobación de los dictámenes emitidos por la Comisión de Justicia respecto de cada una de las ternas, donde únicamente se anotó que los candidatos que las integraban cumplían con los requisitos constitucionales para su elegibilidad (asunto que sabíamos desde antes de las comparecencias ante la Comisión), ninguno de los candidatos que componen las ternas obtuvo el voto de la mayoría calificada del Senado (2/3 partes) requerida para ser electo.

En el plano especulativo se dice que en el último minuto no se alcanzó el acuerdo entre el PRI y el PAN para el apoyo conjunto a los candidatos favoritos del presidente Calderón y el presidente electo Peña Nieto: Pérez Dayán y Baráibar y, sin este consenso, se optó por rechazar ambas ternas.

Más allá de las razones conocidas o sospechadas, lo cierto es que todavía no hay humo blanco en el proceso de designación, así, ahora que las primeras ternas han sido rechazadas ¿qué sigue?

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución, si la terna propuesta por el presidente de la República es rechazada o bien si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría calificada requerida para ser electo, el presidente tiene la obligación de volver a proponer ante el Senado otra terna, que en teoría debería seguir el mismo procedimiento de la anterior. Si alguna o ambas ternas fueran rechazadas de nueva cuenta, entonces el presidente tendría vía libre para nombrar, dentro de los candidatos propuestos, a el o los ministros faltantes.

Es importante mencionar que en esta etapa del procedimiento existen lagunas que merecen ser enfatizadas: en primer lugar, la Constitución no señala ningún plazo para que el presidente haga la presentación de la siguiente terna; en segundo, tampoco señala ninguna obligación para el Senado de mantener o modificar los lineamientos por medio de los cuales se desahogó la evaluación de la primera terna.

En este contexto, se abren de nueva cuenta interrogantes y ventanas de oportunidad. En principio, dado que no existe ningún periodo definido para presentar la siguiente terna y que estamos a unos días del fin del sexenio, existe de nueva cuenta la posibilidad de que estas segundas ternas sea propuesta ya no por Felipe Calderón sino por Enrique Peña Nieto. En este caso, aunque los ministros terminan sus funciones el 30 de noviembre, quedarían libres las vacantes hasta que el nuevo presidente diera continuidad al proceso.

Otro escenario posible sería que Felipe Calderón presentara las segundas ternas en los días que le quedan de mandato y que, dependiendo de los plazos que estableciera el Senado para desahogar la parte del procedimiento que le corresponde, la votación se lleve a cabo aún dentro del sexenio de Calderón (recordemos que en este caso el procedimiento tardó desde la recepción de las ternas en el Senado hasta su votación los treinta días establecidos como plazo máximo en la Constitución) de realizarse este proceso antes del 30 de noviembre, si el Senado llegara a rechazar de nueva cuenta alguna o las dos ternas, el presidente saliente todavía tendría una precipitada posibilidad para dejar a uno o a ambos ministros. Por el contrario, si las comparecencias ante la Comisión de Justicia y la votación en el Pleno no terminaran sino hasta diciembre y alguna o las dos fueran rechazadas, sería Enrique Peña Nieto quien podría nombrar libremente a el o los ministros faltantes.

Más allá de los escenarios posibles respecto de quién sería el que presentara la siguiente propuesta para la designación o cuándo debería de hacerlo, la situación en la que nos encontramos ahora podría constituir una oportunidad valiosa para tomarse en serio un análisis fundamental que ha estado ausente de este proceso y que debe, o al menos  debería, definir a los candidatos que integrarán a las siguientes ternas o que determine en su caso al ministro que podría ser designado libremente por el presidente: ¿qué tipo de Suprema Corte de Justicia queremos?

A lo largo de este mes, académicos, organizaciones civiles e incluso varios de los Senadores han hecho públicos sus diagnósticos respecto del importante momento de transición que está viviendo la Suprema Corte de Justicia a partir de las reformas penal, de amparo y de derechos humanos principalmente, así como del papel que les gustaría que la Corte jugara en este momento político e institucional. A partir del mismo, muchos han delineado ya el perfil ideal que deberían tener los siguientes candidatos a ministros. Estos ejercicios y los objetivos que tienen en el horizonte, constituyen un material nuevo y valioso que debería ser tomado en cuenta para conformar las siguientes ternas, y ser el eje orientador que guíe a los Senadores en las comparecencias y las votaciones.

En este sentido, correspondería al Senado de la República, especialmente a la Comisión de Justicia, hacer un ejercicio de evaluación que permita en un primer momento definir el tipo de Corte que buscamos consolidar y, derivado de este examen, establecer con claridad indicadores que permitan elegir, de entre los candidatos presentados, a quien mejor satisfaga los requisitos de este perfil específico y no sólo quedarse, como lo hicieron hasta este momento, en la verificación de los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución.

La importancia de la designación de los ministros de la Suprema Corte, no sobra enfatizarlo cuántas veces sea necesario, merece una reflexión que no se encuentre sujeta a presiones ni de tiempo ni a conveniencias estrictamente políticas, se trata de una decisión que tendrá un impacto directo en la consolidación del Estado de Derecho y la configuración del Estado mexicano. Sería un error muy grave dejarse llevar por las prisas y desestimar los esfuerzos que se han realizado desde varios frentes para dotar a este debate de elementos objetivos y serios. Esperemos que, frente a esta nueva oportunidad, el Presidente y los Legisladores demuestren haber aprendido la lección de estas primeras etapas y se tomen estas designaciones en serio.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

Leer completo