Ahora que ha concluido el proceso de designación de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es posible hacer un balance del mismo. Como todos los procesos con características similares existen elementos positivos que destacar, así como cuestiones negativas que no pueden dejar de mencionarse. La experiencia que deja este proceso, permite una serie de cuestionamientos respecto de este tipo de designaciones que conviene apuntar al menos brevemente.

En primer lugar, es necesario hacer hincapie en la casi nula publicidad que recibió este proceso de designación. Dejando de lado el poco seguimiento que se dio en medios al mismo, -que aunque consideramos lamentable, no es materia de este breve análisis- tampoco los poderes encargados de desahogar el mismo realizaron un esfuerzo significativo en hacerlo del conocimiento de la opinión pública, de la manera más amplia posible. Ni en la parte del procedimiento que se realizó en sede de la Suprema Corte de Justicia ni en la correspondiente al Senado de la República se efectuó una labor de difusión sobre la designación que se estaba llevando a cabo.

Por otra parte, la transparencia del proceso fue de claroscuros. En general, los tiempos que siguieron tanto ministros de la Corte, como los Senadores no fueron del todo claros. Del mismo modo, la información respecto de las diversas etapas del proceso, los plazos de duración de cada una y los criterios bajo los cuales se determinarían los perfiles idóneos nunca fueron dados a conocer. De nueva cuenta se conocen –a medias- los procedimientos pero no las razones, la parte sustantiva del análisis, lo que nos permitiría saber si quienes llegaron son o no los indicados. En este sentido, destaca penosamente el procedimiento de designación elegido por la Suprema Corte que fue enteramente discrecional y opaco. Sin embargo, es necesario hacer notar el esfuerzo que hizo la comisión de justicia de la Cámara de Senadores publicando los perfiles de los 45 candidatos que lograron llegar a esta parte del procedimiento, así como la comunicación que mantuvieron algunos de sus integrantes con quienes estaban interesados en seguir esta designación. Aunque no es suficiente, constituyen buenos indicios que vale reconocer y tomar como ejemplo para los siguientes procesos de designación.

En segundo lugar, vale es necesario detenerse en uno de los elementos claves del formato elegido tanto por la Corte como por la comisión de justicia: las comparecencias. En general, consideramos que el formato elegido para las mismas, los tiempos designados a cada aspirante y el contenido no generaron convicción suficiente para arribar a conclusiones sobre la capacidad y experiencia de los aspirantes, además de que dejan un amplio margen de discrecionalidad. De la misma forma, tampoco sabemos cuál es su impacto en la decisión final de quienes eran los encargados de elegir a los mejores perfiles, dado que ni en el listado enviado por la Suprema Corte al Senado o el dictamen de la comisión de justicia del Senado, respectivamente, se reflejó la incidencia que éstas tuvieron –si es que lo hicieron- en el resultado final. En este sentido, si tomamos en consideración el tiempo que se tomó en realizar estos ejercicios en ambas sedes frente al impacto de los mismos, llegamos a la conclusión de que son poco útiles. Creemos que es necesario explorar otro tipo de mecanismos más eficientes que logren combinar elementos objetivos de evaluación y ejercicios que abonen en la legitimación tanto de los actores que llevan a cabo la designación como a los funcionarios que sean seleccionados a través de la misma.

Finalmente, vale la pena destacar tres cuestiones fundamentales de la última étapa del procedimiento, es decir, de la realizada en las últimas semanas por la comisión de justicia del Senado de la República. En primer lugar, es de celebrarse la rapidez con la que fue desahogado el procedimiento, tomando en consideración el número de cargos que debían ser evaluados. En segundo lugar, merece destacarse la capacidad y especialización de casi todos los ahora magistrados. Como ya habíamos señalado, desde el inicio de este procedimiento destacó la capacidad y la trayectoria de la mayoría de quienes lograron entrar a la lista de sesenta candidatos propuesta inicialmente por la Suprema Corte, más adelante, el trabajo de discriminación de la comisión de justicia reconoció a una buena parte de estos perfiles. Por último, consideramos que la inclusión de cuota de género dentro de la conformación de las Salas, privilegió injustamente a las pocas mujeres que contestaron a la convocatoria pública  y pasaron las etapas correspondientes (al Senado llegaron únicamente 8 mujeres).

En síntesis, consideramos que, si bien fue un procedimiento de designación exitoso, que logró el cometido de designar a quince funcionarios en un plazo muy breve de tiempo y que los perfiles de quienes integran estas Salas son, en su mayoría, de experiencia y especialización que puede comprobarse, aún quedan aspectos importantes que deben ser mejorados. Entendemos que este tipo de procedimientos no pueden sustraerse del todo del componente político. Sin embargo, considerando que la designación que realicen impactará directamente en la consolidación y legitimación de una institución fundamental para la democracia mexicana, el proceso de designación podría realizarse bajo parámetros más objetivos a fin de limitar el margen discrecional que por la naturaleza del mismo implica a través de procedimientos más claros y razones públicas.

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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Después de un accidentado proceso al interior de la Suprema Corte de Justicia para conformar las ternas de candidatos para elegir a 15 magistrados electorales de Salas Regionales, ahora le corresponde al Senado de la República revisar el perfil de estos abogados y escoger a los nuevos magistrados cuyas votaciones definirán en buena medida el rumbo de los conflictos post-electorales de los próximos años. En este contexto, los autores que le han dado puntual seguimiento a este importante proceso de designación (aquí, aquí y aquí), proponen ahora una serie de preguntas mínimas que los Senadores debiesen formularle a los candidatos para cumplir con su responsabilidad de escrutinio público.

Consideramos que elegir el perfil idóneo para ser magistrado electoral implica dos aspectos fundamentales:

  •  Demostrar un amplio conocimiento de la materia electoral, conocer y entender la legislación en la materia (Constitución, COFIPE, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y legislaciones locales, así como instrumentos internacionales), así como los criterios emitidos por las autoridades electorales y su evolución a lo largo de los más de 20 años de justicia electoral el México.
  • Conocer el manejo institucional del Tribunal Electoral (TEPJF), entender  los retos que enfrenta la institución, los aspectos en los que se debe fortalecer la impartición de justicia y tener un panorama claro de la finalidad primordial de la institución: generar certeza y equidad en los comicios y garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales.

Por ello, planteamos algunas preguntas que consideramos útiles para conocer la idoneidad de los aspirantes respecto de los aspectos anteriores.

1. ¿Cuál el es principal reto que enfrentan las Salas Regionales en la impartición de la justicia electoral de cara a los próximos procesos electorales (federales y locales)?

2. ¿Cuál es su opinión de los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración al impugnar las sentencias de las Salas Regionales?

3. ¿Considera que el juicio de inconformidad para impugnar los resultados de las elecciones sigue siendo vigente o propondría alguna modificación?

4. ¿Los medios de impugnación vigentes siguen teniendo utilidad práctica o deberían ser objeto de alguna reforma? ¿Qué propone?

5. ¿Cree que el actual sistema de competencias de las Salas del TEPJF es idóneo de acuerdo a las funciones y facultades de las Salas Regionales respecto de la Superior? ¿Qué le modificaría?

6. ¿De qué forma fortalecería la actuación y definitividad de las Salas Regionales a efecto de que su papel en la impartición de la justicia electoral tenga mayor peso?

7. ¿Qué propone usted para que las sentencias sean más amigables para el ciudadano?

8. ¿Cómo sugiere que se acerque la justicia electoral al ciudadano?

9. ¿De qué manera difundiría el trabajo del TEPJF a fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus funciones en la actividad jurisdiccional?

10. ¿Considera que el sistema de nulidades en materia electoral que rige actualmente puede ser modificado? ¿Qué reformas propondría?

11. ¿Cómo podrían llevarse a cabo procesos de selección de candidatos y dirigentes al interior de los partidos políticos de una manera más democrática?

12. ¿Qué puntos considera esenciales para hacer que las candidaturas independientes garanticen de manera eficaz el derecho al voto pasivo de los ciudadanos?

13. Adicionalmente a la resolución de los medios de impugnación que sean de su conocimiento, ¿cómo pueden contribuir las Salas Regionales al fortalecimiento de la democracia en la circunscripción que le corresponde?

14. ¿De qué forma las Salas Regionales pueden contribuir a legitimar a las instituciones democráticas de nuestro país?

15. Las elecciones por usos y costumbres han generado conflictos electorales en diversos municipios, ¿de qué manera deben considerarse estos factores al resolver un asunto vinculado con este tipo de elecciones?

16. La justicia electoral ha evolucionado desde el contencioso-electoral hasta el actual tribunal electoral que pertenece al Poder Judicial de la Federación ¿Cuál sería el siguiente paso para lograr una justicia electoral que contribuya al fortalecimiento de nuestra democracia

17. ¿Qué opina de la pertinencia de tener una ley de partidos en México?

18. En los últimos años hemos visto una gran judicialización de las elecciones, ¿cómo contribuye esto al fortalecimiento del sistema democrático en nuestro país?

19. Ahora el TEPJF tiene facultades para inaplicar legislación en materia electoral por ser contraria a la Constitución, ¿cuál es el papel que debe asumir un magistrado electoral con facultades constitucionales al momento de calificar una elección?

20. ¿El control de convencionalidad es aplicable dentro de la calificación de una elección?

21. ¿Cuál debe ser la posición de una Sala Regional respecto de la consolidación de la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF?

22. ¿Qué opinión le merece la resolución de la Sala Superior respecto de la no aplicación del párrafo 219 del COFIPE en materia de género?

23. ¿Considera usted que los magistrados deben aceptar audiencias de oídas? ¿De hacerlo, bajo qué parámetros deben ser realizadas?

24. ¿Cuál es su posición respecto de la aplicación de estándares internacionales y jurisprudencia de organismos internacionales en la materia electoral?

25. ¿Cómo mejoraría usted la comunicación y la interacción entre las Salas Regionales y la Sala Superior del TEPJF?

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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Como cierta marca de vodka que presume haber sido destilado un montón de veces; después de tres procesos de depuración, la Suprema Corte ha enviado al Senado las quince ternas –tres por cada una de las Salas Regionales- de candidatos a integrar las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Concluyendo de esta manera la primera parte de la participación –llena de asegunes y, como ya señalamos en anteriores posts aquí y aquí, de una enorme discrecionalidad- de la Corte en este proceso.

Así, el día de hoy, la Corte envió las quince ternas que pueden ser consultadas en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora corresponde al Senado y de forma específica a su Comisión de Justicia, procesar esta última etapa que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 198, inciso d), así como el artículo quinto transitorio del decreto publicado el 1 de julio de 2008, ambos de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, da al Senado un plazo de 15 días a partir de la recepción de las ternas para analizar y discutir –esperemos que de forma pública- la idoneidad de los candidatos propuestos por la Corte y someterlas a votación del Pleno, en la que los candidatos deberán lograr el voto de las dos terceras partes.

De no ser así, la Suprema Corte tiene un plazo de tres días para enviar una nueva propuesta por cada una de las ternas rechazadas, que deberá desahogarse a más tardar cinco días después de haber sido recibida. En este caso, las ternas de esta eventual segunda vuelta se conformarán con los candidatos que ya participaron en el proceso (queda a discreción de la Corte si se tomará en cuenta la lista de 60 candidatos o la de 45), sin importar si éstos ya fueron rechazados dentro de otra terna.

Aunque el procedimiento establecido por la ley es más o menos similar al que se sigue para la designación de ministros de la Corte y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral –con los mismos vacíos legales y espacios de discrecionalidad en cuanto al establecimiento de los métodos de evaluación, por desgracia- este proceso en particular presenta características específicas que vale la pena mencionar.

En primer lugar, es la primera vez que tanto la Corte como el Senado tienen que desahogar en un solo proceso la designación de tantos funcionarios públicos, ya que en 2008 únicamente se eligieron a tres magistrados de Sala Regional faltantes y, en otros casos, como en el reciente procedimiento para la selección de ministros, únicamente se llenaron dos vacantes. Esto implica que, en el actual proceso de designación de magistrados electorales de Salas Regionales se ha tenido que seleccionar un número considerablemente mayor de aspirantes para poder conformar 15 ternas que deberán ser presentadas ante el Senado. Esto se debe a que de acuerdo con los establecido en la reforma constitucional electoral de 2007, donde se definió las Salas Regionales fuesen permanentes se determinó que sería en 2013 donde se renovarían en su totalidad las mismas, para iniciar el escalonamiento en sus posteriores renovaciones.

La renovación escalonada nos lleva al siguiente punto interesante a considerar: la determinación de la duración del cargo de cada magistrado. Para poder realizar un cambio cada tres años como lo establece la ley, es necesario que en esta ocasión que se renuevan por completo todas las Salas, de forma excepcional, un magistrado de cada Sala dure en su encargo únicamente tres años, otro seis y sólo uno de ellos complete el periodo los nueve años que señala la ley como ordinario. En este tema, corresponderá al Senado tomar esta decisión que, en nuestra opinión, debería dejarse a un sorteo, ya que los demás mecanismos que podrían explorarse tienen posibilidades de contaminar el proceso con decisiones arbitrarias o impositivas.

Por último, queda el análisis –que desconocemos si hicieron los ministros al momento de integrar las ternas- acerca de la idoneidad de cada candidato para cumplir sus funciones dentro de una Sala en específico.  Aunque sus facultades son las mismas y comparten los rasgos generales de la problemática a la que van a enfrentarse, la determinación de cada circunscripción, es decir las entidades federativas dentro de las cuales tiene jurisdicción cada una de las Salas Regionales, le marca a cada una pauta específica a seguir, determinada por las leyes electorales locales cuya aplicación tendrán que observar.

En este sentido, hemos identificado algunos temas que representan una problemática específica de cada Sala que no estaría de más que se tomaran en consideración al momento de votar la conformación de estas Salas. Recordemos que, aunque la Suprema Corte ya señaló la posible integración de cada Sala, el Senado aún tiene la posibilidad de rechazar la misma y esperar a la eventual selección de un candidato con mejores habilidades para entender la particularidad de dichos problemas.  Aquí un breve descripción de las Salas:

Sala Guadalajara -primera circunscripción- se encuentran los estados de Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, Chihuahua, Durango y Sonora. De 1997 a la fecha la Sala ha resuelto 33,982 asuntos, principalmente juicios ciudadanos y de revisión constitucional electoral. Actualmente tiene una jurisprudencia vigente derivada de un criterio sostenido por la presente integración.

Sala Monterrey -segunda circunscripción- su jurisdicción es sobre Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas. En el periodo de 1997 a la fecha la Sala Monterrey ha resuelto un total de 5,973 medios de impugnación, en su mayoría juicios ciudadanos. Actualmente tiene una jurisprudencia vigente derivada de un criterio sostenido por la presente integración. En Zacatecas ya existe regulación sobre candidaturas independientes.

Sala Xalapa -tercera circunscripción- ejerce jurisdicción en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, entidades, la mayoría de ellas, en las que se realizan elecciones bajo el sistema de usos y costumbres. En la Sala Xalapa se han resuelto 8,603 asuntos de 1997 a la fecha, en su gran mayoría juicios ciudadanos. No cuenta con jurisprudencia. En algunas de las entidades en las que la Sala tiene jurisdicción ya se han regulado las candidaturas independientes –Quintana Roo y Yucatán-.

Sala Distrito Federal -cuarta circunscripción- le corresponde conocer respecto de asuntos del Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Esta Sala ha dictado sentencia en 15,478 medios de impugnación de 1997 al día de hoy, de los cuales los juicios ciudadanos constituyen el mayor número. Actualmente tiene una jurisprudencia vigente derivada de un criterio sostenido por la presente integración.

Sala Toluca -quinta circunscripción- en donde se encuentran los estados de Colima, Hidalgo, México y Michoacán. En la Sala Toluca se han resuelto 5,614 medios de impugnación a la fechan.

Lo anterior, revela ciertas características que deberían considerarse respecto del perfil de los magistrados que deben integrar cada Sala Regional, pues acorde a las peculiaridades de la legislación de las entidades federativas que integran cada circunscripción es que se presentan diferentes retos.

En general, estimamos que un reto para todas las Salas Regionales sería la generación de criterios relevantes que se puedan traducir en jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues al ser sus sentencias de carácter definitivo[1], y contar con facultades de control constitucional, ello contribuiría a una justicia electoral con parámetros más claros. Ahora bien, como se advierte de lo señalado, la carga de trabajo en las Salas varía, en su mayoría conocen de juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, sin embargo, los temas pueden no ser similares, pues en algunos casos versarán sobre candidaturas independientes y en otros usos y costumbres, a ello habría que adicionarle el contexto político que se vive al interior de cada entidad federativa.

Como puede verse, este proceso de designación ha sido complejo. La conformación de órganos judiciales claves para el buen funcionamiento del sistema electoral mexicano, cada uno con características particulares que exigen un análisis cuidadoso de los perfiles presentados en la Corte y el Senado, no es una operación menor. Al respecto, el trabajo de la Suprema Corte ha sido mediocre. Por lo menos en términos de transparencia y justificación de su selección, pues a la fecha la ciudadanía no puede conocer los perfiles de los candidatos seleccionados ni las razones que tuvieron los ministros para hacer sus elecciones en cada una de las eliminatorias. Sería óptimo que ahora el Senado marque una nueva pauta y el mecanismo por medio del cual se discuta las ternas propuestas, así como las votaciones respecto estás sean públicas. No hay que olvidar que en estos procesos de designación está en juego el fortalecimiento institucional y la construcción de legitimidad que tanto necesitan los órganos electorales.

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia


[1] Salvo aquellas que son impugnables ante la Sala Superior a través del recurso de reconsideración, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

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El lunes 7 de enero se realizó la primera etapa del proceso de designación de los 15 magistrados que integrarán las Salas Regionales del TEPJF, la cual consistió en depurar la lista inicial de 174 aspirantes que respondieron a la convocatoria para enviar a la Comisión de Justicia del Senado las ternas correspondientes, de manera que se redujera a una cifra entre 50 y 90 aspirantes.

A partir de un procedimiento complicado que, aunque se había explicado previamente en las reglas emitidas por la Suprema Corte de Justicia, resultó confuso y difícil de seguir, los ministros pasaron uno a uno a registrar su voto. Posteriormente, estos votos se computaron y aquellos que obtuvieron un mínimo de 8 votos conformaron una nueva lista de 60 integrantes que el día 14 de enero deberán comparecer ante el Pleno de la Suprema Corte.

No puede soslayarse que esta etapa se desarrolló con un amplio margen de discrecionalidad por parte de los ministros, quienes emitieron sus votos sin una motivación que justificara el sentido del mismo. A diferencia del proceso de designación de 2008, en donde la depuración de la lista inicial de aspirantes se sustentó en un examen teórico y uno práctico de conocimientos electorales; en esta ocasión los elementos de valoración de los que se valieron los ministros no son claros. Hasta el momento desconocemos las razones que tuvo cada uno de los ellos para seleccionar a sus candidatos. Tampoco sabemos cuál fue la lógica que los llevó a establecer el número de 90 candidatos, que a la postre resultó demasiado alto.

Más allá de las deficiencias ya señaladas, y a partir de la nueva lista de 60 candidatos, en estos momentos los ministros tienen en sus manos la delicada tarea de analizar de nuevo los perfiles  y la comparecencia de cada uno de los candidatos que lograron pasar este “hit eliminatorio” para seleccionar a quienes sean los más idóneos para ocupar estos cargos. Consideramos que la designación de un cargo de esta envergadura, dadas las funciones que tiene y la especificidad de la materia electoral debe ir más allá

Además de los elementos considerados en el acuerdo de la SCJN, también es fundamental tener en cuenta cuáles serán los temas con los que deberán lidiar quienes sean seleccionados. Los futuros magistrados tendrán que calificar diversos procesos electorales y hasta tres elecciones federales. Por ello es necesario considerar no sólo a los mejores candidatos, sino a quienes tengan mayores capacidades y cualidades para hacer frente a los retos inmediatos y de mediano plazo. Tan sólo en 2013 se llevarán a cabo 14 procesos electorales locales, por lo que serán las Salas Regionales las que calificarán dichas elecciones en las que, además de los asuntos jurisdiccionales ordinarios, es probable que tengan que enfrentarse a la definición de temas delicados o algunos en los cuales pudieran existir imprecisiones u omisiones legislativas.

Como novedad, las Salas Regionales deberán lidiar con el tema de candidaturas independientes, ya que en varias entidades en las que se desarrollan procesos electorales este año, como Zacatecas y Quintana Roo, ya están reconocidas, mientras en otras se encuentran en vía de serlo; tampoco faltarán aspirantes que busquen obtener el reconocimiento de la nueva modificación constitucional por la vía jurisdiccional. De igual manera, estos magistrados serán responsables de resolver las controversias surgidas de los procesos internos de selección donde las cuotas de género, la protección de la igualdad dentro de los partidos políticos y la elección de las dirigencias de los mismos, aún son fuente de conflicto.

Este panorama evidencia la necesidad de seleccionar perfiles que no sólo cuenten con una trayectoria en el ramo electoral, sino que además tengan experiencia previa en materia de justicia electoral que les permita conocer los criterios que actualmente se aplican en la materia, así como, interpretar la normatividad electoral de congruente con el sistema electoral y con la evolución que éste ha tenido, en aquellos casos novedosos que se les presenten.

En este contexto, hemos identificado algunos perfiles interesantes a los que vale la pena dar seguimiento especial. De manera general destacamos 3 grupos de aspirantes: en el primero se encuentran quienes cuentan con amplia experiencia electoral y jurisdiccional por pertenecer o haber pertenecido al TEPJF como secretarios de estudio y cuenta y/o en algún otro cargo directivo; el segundo, es conformado por quienes cuentan con experiencia jurisdiccional por pertenecer en algún momento a órganos jurisdiccionales federales o locales, ya sea en la SCJN, dentro de un Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito o en algún órgano jurisdiccional a nivel local, pero que no necesariamente cuentan con especialización en materia electoral y, finalmente, un tercer grupo de aspirantes que cuentan con experiencia electoral a nivel local por formar parte o haber integrado algún órgano electoral tanto administrativo como jurisdiccional en alguna entidad federativa.

El primer grupo, que representa más del 50% de la lista, se encuentra conformado por un amplio conjunto de secretarios de estudio y cuenta del TEPJF (22 en total). Algunos de ellos han laborado en el Tribunal Electoral desde la anterior integración de Magistrados hasta la fecha. Entre ellos vale la pena analizar detenidamente el trabajo de Hugo Domínguez, Carlos Ferrer, Carlos Vargas, Javier Ortiz, Eugenio Partida, Mauricio del Toro, Enrique Aguirre, Sergio Dávila, Gerardo Suarez, Julio Cruz, Andrés Vázquez, Antonio Rico, Juan Manuel Sánchez, Ignacio López, Omar Espinosa y Enrique Martell.

También se encuentran en la lista 3 secretarios instructores del TEPJF – Juan Carlos Silva Adaya, Adín de León y Janine Otalora – provenientes de las ponencias de los magistrados González Oropeza, Luna Ramos y Nava Gomar; 4 candidatos que actualmente ocupan cargos directivos dentro del Tribunal: Arturo Guerrero (coordinador de jurisprudencia), Gabriel Mendoza (subsecretario de la secretaría general de acuerdos), Marco Zavala, (secretario general de acuerdos, es decir, encargado de verificar todas las actuaciones del TEPJF) y Yairsinio García (coordinador jurídico); así como; 3 secretarios de estudio y cuenta de las Salas Regionales de Guadalajara y Toluca: Rodrigo Moreno y Ricardo Preciado de la primera y Octavio Ramos de la segunda.

Dentro del segundo grupo encontramos perfiles muy diversos. Así, tenemos a 3 magistrados de circuito: Rodolfo Castro (ex secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral), Ramón Cedeño y Eugenio Reyes; a María Amparo Hernández, actual secretaria de estudio y cuenta en la SCJN;  Rodolfo Murga, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz; a Eduardo Hernández (con experiencia electoral) y Óscar Torres, ambos jueces de distrito; Alejandro Santoyo (secretario de estudio y cuenta de un tribunal de circuito) y a Marco Antonio Díaz de León, magistrado del Tribunal Agrario.

Por último, son 12 los candidatos que integran o han integrado órganos electorales locales. Como magistrados: Armando Maitret (D.F.), Aidé Macedo (D.F.), Jaime del Río (Michoacán), Héctor Romero (Estado de México, aunque también fungió como representante del PRD ante el IFE), Hertino Avilés (Morelos), Javier Garza y Garza (Nuevo León), Regina Jiménez (Baja California), José de Jesús Reynoso (Jalisco), Concepción Martínez (Hidalgo), Elena Treviño (Coahuila), Fabián Hernández (Hidalgo), Antonio Oropeza (Puebla).  Y 2 los que forman o han formado parte de algún instituto electoral local: Claudia Beatriz Zavala (D.F.) y José Antonio Aguilar (Estado de México). También ubicamos dentro de este grupo a Aralí Soto, que actualmente desempeña un cargo administrativo en el Tribunal Electoral de Baja California.

Sólo uno de los 60 candidatos que componen esta lista no entra dentro de ninguna de las categorías propuestas: Reyes Rodríguez quien actualmente labora como coordinador de asesores del Senador Roberto Gil (Presidente de la Comisión de Justicia) y que, si bien tiene experiencia laboral dentro del Instituto Federal Electoral, no tiene trayectoria dentro de ningún órgano jurisdiccional.

Como ya señalamos aunque la experiencia en materia no sólo electoral sino también jurisdiccional es un elemento básico a nuestro parecer, es importante que la lista se integre de forma plural, incluyendo a candidatos de cada uno de los tres tipos. La experiencia y conocimiento que pueden aportar en caso de ser electos es diferente y complementaria.

Aunque la trayectoria de estos perfiles evidentemente no determina de manera tajante el desempeño de los candidatos en caso de ser seleccionados, sería óptimo que los ministros de la SCJN tomaran en consideración los principales aciertos y defectos que presenta cada candidato frente a los asuntos más importantes que deberán resolver. También sería deseable que en esta ocasión la conformación de las ternas estuviera acompañada de la publicidad de algunas de las razones que los llevaron a realizar dicha elección. Recordemos que dentro de este procedimiento de designación son los ministros los actores más indicados para identificar los problemas específicos que presenta la materia y a quienes podrían ser los candidatos más idóneos para resolverlos.

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @AESUPD

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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En estos momentos está en marcha un nuevo proceso de designaciones públicas que merece ser observado: la selección de los magistrados que conformarán las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca).

Las Salas Regionales resuelven de manera definitiva asuntos vinculados con elecciones de senadores, diputados federales y locales y ayuntamientos; cuentan con facultades para declarar la nulidad de este tipo de elecciones o para inaplicar leyes o preceptos en materia electoral por considerarlas contrarias a la constitución, entre otras.

Cada Sala tiene jurisdicción dentro de la circunscripción plurinominal que le corresponde. Las Salas Regionales se conforman por tres magistrados cada una. A partir de la reforma de 2007 pasaron de ser temporales (sólo funcionaban durante procesos electorales federales) a permanentes. Los magistrados de las Salas Regionales duraran en su cargo nueve años. Para este proceso la renovación de las Salas Regionales será total, es decir, en marzo de 2013 termina el encargo de los quince magistrados que actualmente ocupan una posición en las cinco Salas Regionales, sin embargo, a partir de las designaciones que se realicen derivado del proceso que actualmente se lleva a cabo, comenzará un escalonamiento. Esto es, se elegirán a quince magistrados para que ocupen el cargo por periodos diferentes – tres, seis y nueve años – con el propósito de que en el futuro la renovación no sea total.

Las salas regionales tienen una relevancia no menor. La innegable judicialización de los procesos electorales, consecuencia lógica de los mecanismos establecidos en las normas en la materia para dotar de mayor certeza y legitimidad a los comicios, así como una ampliación en la garantía secundaria de los derechos políticos, hacen necesaria la consolidación de un entramado judicial especializado y eficaz que les de cauce. De la misma forma, las particularidades de la legislación electoral de cada entidad, hacen que el establecimiento de Salas abocadas sólo a resolver los asuntos de un grupo reducido de entidades aledañas sea más que pertinente. El papel que juegan las Salas Regionales como árbitro último en los comicios electorales de su circunscripción se evidencia en casos como el de Morelia, donde la Sala Regional de Toluca, resolvió s través de un controvertido análisis la anulación de la elección de alcalde para el ayuntamiento de Morelia, en ese sentido, la Sala Regional Xalapa ha declarado la nulidad de diversas elecciones en el Estado de Oaxaca las cuales se han llevado a cabo conforme a los usos y costumbres del municipio.

Por estas razones, el proceso de designación de los magistrados de estas salas, además de ocupar un espacio importante en la agenda pública, deberá –o al menos  debería- tener como objetivo que aquellos que resulten seleccionados tengan la experiencia, capacidad, trayectoria y especialización necesaria para el desempeño de sus labores.

Siguiendo lo dispuesto en los artículos 99 de la Constitución federal y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el proceso de designación de estos funcionarios se lleva a cabo, a grandes rasgos, de la siguiente manera: en primera instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite un acuerdo donde se establecen los criterios de selección y la metodología por medio de la cual se seleccionará a los candidatos que conformaran las ternas que se enviarán al Senado de la República, indicando la Sala para la que se propone la terna. Ahí, en un segundo momento, los senadores tendrán quince días para votar las propuestas presentadas por la Corte, se requiere de dos terceras partes de los miembros presentes. En caso de que ninguno de los candidatos de la terna obtuviera la mayoría calificada, se devolverá a la Suprema Corte para que presente una nueva terna.

En esta ocasión, el 3 de diciembre de 2012 la Suprema Corte de Justicia hizo público un acuerdo donde se establecían los requisitos para los aspirantes, así como la metodología del proceso que se llevaría a cabo; los candidatos presentaron en un plazo de cinco días después de la publicación de dicho acuerdo, además de su documentación básica, un ensayo acerca de una sentencia en específico a partir del cual rendirán su comparecencia ante los ministros por un espacio de veinte minutos[1]. Del resultado de este proceso, se seleccionarán a los candidatos que conformarán las ternas que serán enviadas al Senado.

El miércoles 19 de diciembre de 2012 se hizo pública la lista de los candidatos que respondieron a la convocatoria realizada por el Tribunal Electoral y que en estos días deberán continuar con el procedimiento de selección arriba señalado. La lista se compone de 174 candidatos, de los cuáles sólo 27 son mujeres (es decir el 15%) y dentro de la que podemos identificar que, en su mayoría, quienes aspirarán a ocupar alguna de estas vacantes tiene ya una trayectoria no sólo en materia electoral, sino dentro de los órganos jurisdiccionales electorales.  De estos 174 aspirantes que se inscribieron para participar en el proceso de selección, y que cumplen con los requisitos legales para ser magistrados electorales, el Pleno de la Suprema Corte hará una primera depuración a fin de elegir entre 50 y 90 aspirantes, de manera que dicha lista pueda conformar las quince ternas que enviará a la Cámara de Senadores

Dentro de los perfiles que se observan en la primera lista publicada por la Suprema Corta, en primer lugar saltan, por tener ya un cierto reconocimiento en el ramo y relevancia pública, aquellos candidatos que se han desempeñado como magistrados electorales locales o consejeros estatales. Otro grupo, es aquel conformado por quienes fueron o actualmente se desempeñan como secretarios de estudio y cuenta del Tribunal Electoral, de todos los niveles; federal, regional y local, cuyos nombres pueden resultar desconocidos. Por otra parte, también encontramos candidatos que provienen de la estructura central del Tribunal Electoral, cuyo perfil es interesante por la experiencia con que cuentan en la materia.

Estos tres grupos engloban perfiles que, de manera genérica y en un análisis superficial –para este tipo de designaciones la valoración caso por caso es de vital importancia-, podrían constituir elementos positivos para conformar las Salas Regionales; los primeros debido a su previa experiencia en labores similares a la que desempeñarían como magistrados regionales; los segundos porque los secretarios de estudio y cuenta son quienes construyen la base de la argumentación que sustenta las resoluciones de estos órganos y los terceros porque han trabajado de cerca en la elaboración del entramado jurisdiccional y administrativo de la institución. En todos los casos, estos candidatos se encuentran familiarizados con la dinámica laboral y –sería lo esperado- al corriente del desarrollo de criterios de interpretación jurisdiccional del Tribunal.

Aunque no está exenta de perfiles que sólo pueden considerarse como impresentables, en general podemos señalar que la mayor parte de los candidatos cumple satisfactoriamente con los requisitos establecidos en la convocatoria. De hecho, la composición de esta lista evidencia la paulatina consolidación de la especialización electoral jurisdiccional en el país. Corresponde ahora a los ministros y sus equipos evaluar cuidadosamente cada perfil, más allá de los requisitos solicitados para la participación en el proceso, consideramos que se debe priorizar la idoneidad de cada candidato, su trayectoria y su capacidad, tanto los aspectos positivos como los notoriamente negativos de algunos candidatos, al momento de conformar las ternas que presentarán al Senado.

Asimismo, en aras de abonar en la transparencia y en la construcción de legitimidad tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Electoral, esperamos que este proceso, que hasta ahora no ha gozado de la relevancia y publicidad que una designación de esta envergadura merece, se lleve a cabo de forma pública y clara y que, de ser posible, esté acompañada de una fundamentación de las razones detrás de esta decisión. De los resultados de este proceso de selección dependerá en buena medida la consolidación o deconstrucción del sistema jurisdiccional electoral, la elaboración de criterios realmente garantistas que amplíen la protección de los derechos políticos de los ciudadanos y la legitimidad de una parte fundamental del sistema electoral mexicano. Vale la pena analizarlos con cuidado y seguirlos de cerca.

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @AESUPD

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia


[1] A diferencia del proceso de designación realizado en 2009, en esta ocasión se eliminó el requisito de presentación de un examen oral y escrito por parte de los aspirantes.

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En días pasados el Senado de la República designó a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los resultados de la votación evidencian que la decisión fue tomada a partir de un acuerdo entre las fuerzas políticas con mayor peso al interior de la Cámara Alta. Lamentablemente, a pesar del balance que el propio Senado realizó respecto de este proceso, tanto su actuación, -en especial a través de la Comisión de Justicia-, como los términos en los que se realizó la decisión final de los Ministros, son criticables y únicamente exponen a senadores cortos de miras en cuanto a la importancia que revisten estos procesos políticos de designación e irresponsables respecto de la obligación que tienen ellos dentro de los mismos.

La Suprema Corte es el máximo tribunal del país, cabeza del Poder Judicial de la Federación y guardián de la Constitución. Las decisiones de los Ministros deben garantizar los derechos humanos y limitar los actos de autoridad para que se realicen conforme a los preceptos constitucionales. De ahí la importancia de su designación. Sin embargo, para el Senado más que un proceso político trascendental para el Estado mexicano que debería estar acompañado de deliberación pública y análisis minucioso, la designación de los Ministros de la SCJN es un mero trámite que puede desahogarse en siete días, sujeto a la lógica y los tiempos de la transición presidencial.

Designaciones públicas considera que el Senado no tuvo interés en llevar a cabo un proceso público de discusión serio que diera lugar a decisiones políticas fundamentadas y expuestas públicamente. Al contrario, parecería existir la voluntad de hacer un proceso expedito y discrecional en el que no se cumplieron las normas aprobadas por la misma Cámara de Senadores: no se ordenó la distribución de los expedientes de los integrantes de las ternas entre los senadores para su estudio a pesar de estar establecidos en el artículo PRIMERO del Acuerdo de la Mesa Directiva; las sesiones de exposición en el Pleno no fueron transmitidas por televisión en el Canal del Congreso a pesar lo establecido en el artículo SEGUNDO del mismo; durante las comparecencias la Comisión de Justicia sesionó apenas con el quórum necesario de senadores; no hubo uniformidad en tiempo ni en número de preguntas hechas a los candidatos y candidatas; no hubo discusión entre los grupos parlamentarios en el Pleno al momento de votarse, entre otras. Por ello, no es exagerado concluir que el Senado, más que conducir un proceso político de fondo,  tramitó la designación de ministros.

Desde su primer comunicado, Designaciones Públicas  hizo énfasis en la ausencia absoluta de una una fundamentación de las propuestas, así como del más mínimo pronunciamiento respecto a la Corte que a juicio del Senado requiere el país. Sin esta premisa, cualquier proceso, cualquier iniciativa o modificación al procedimiento establecido, es –como ya se evidenció- estéril ya que al no existir una definición respecto del tipo de Corte que se busca, tampoco existía un perfil ideal de Ministro contra el cual contrastar a los candidatos para encontrar al más idóneo. Este punto cobra especial relevancia cuando analizamos el perfil de los candidatos que resultaron electos: Alberto Gelacio Pérez Dayán, rechazado en dos ocasiones anteriores, la última hace apenas una semana (sin explicarse públicamente por qué) y ahora designado casi por unanimidad (104 de 112 votos posibles, sin que tampoco existiese un razonamiento público al respecto). Por otro lado, el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, cuyo perfil de experto y alto funcionario en materia fiscal no necesariamente es compatible con la justicia constitucional, quien también fue electo casi por unanimidad (103 votos) sin explicarse públicamente las razones que sustenten los votos. El procedimiento de selección de estos perfiles, que no tomó en cuenta cuestiones de la mayor relevancia como la interpretación jurisdiccional o de metodología jurídica de los candidatos, confirma que la decisión del Senado se tomó con base en criterios ajenos a las capacidades profesionales que requerirán al integrarse a la Suprema Corte.

La decisión de quién debe ser ministro debe estar sustentada en razones técnicas y políticas, las cuales en lugar de excluirse del debate público, deben someterse al escrutinio ciudadano obligando a los actores políticos a hacerse responsables de sus decisiones. En el presente caso, la opacidad y el silencio del Ejecutivo federal así como de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado no nos permiten saber cuáles fueron las razones que motivaron la integración de las ternas ni la votación que hubo en el Pleno, ello en buena medida porque el proceso no estableció mecanismos indicados para decidir en dichos términos.

Las decisiones de esta índole siempre tienen un componente de racionalidad política, sin embargo, los Senadores tienen la obligación de motivar ésta y exponer públicamente las razones que las sustentan como parte de la rendición de cuentas inherente a la función que desempeñan. Las razones políticas pueden basarse en acuerdos entre partidos pero éstos deben tener un fundamento de interés general.

Procesos de designación deficientes y cortos de miras dañan a las instituciones y pueden generar una crisis de legitimidad como la que actualmente atraviesan otros órganos que componen a nuestro estado democrático constitucional. Los representantes políticos encargados de la designación los funcionarios titulares de estos órganos son responsables de las decisiones que tomen. En esta ocasión, los senadores han pretendido no hacerse responsables de ello, ocultando su razonamiento, sin rendir cuentas  rendir cuentas a la sociedad,  perjudicando con ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Designaciones Públicas lamenta la forma en que fueron designados los dos nuevos ministros; consideramos que el Senado ha asestado un golpe duro a la institucionalidad democrática, a la justicia constitucional y a la sociedad mexicana a la que ha tratado de engañar por medio de un proceso de aparente transparencia y poca rendición de cuentas.

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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El día de ayer el Pleno del Senado de la República rechazó las ternas propuestas por el Presidente Calderón el 10 de Octubre para sustituir a los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano.

A pesar de la aprobación de los dictámenes emitidos por la Comisión de Justicia respecto de cada una de las ternas, donde únicamente se anotó que los candidatos que las integraban cumplían con los requisitos constitucionales para su elegibilidad (asunto que sabíamos desde antes de las comparecencias ante la Comisión), ninguno de los candidatos que componen las ternas obtuvo el voto de la mayoría calificada del Senado (2/3 partes) requerida para ser electo.

En el plano especulativo se dice que en el último minuto no se alcanzó el acuerdo entre el PRI y el PAN para el apoyo conjunto a los candidatos favoritos del presidente Calderón y el presidente electo Peña Nieto: Pérez Dayán y Baráibar y, sin este consenso, se optó por rechazar ambas ternas.

Más allá de las razones conocidas o sospechadas, lo cierto es que todavía no hay humo blanco en el proceso de designación, así, ahora que las primeras ternas han sido rechazadas ¿qué sigue?

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución, si la terna propuesta por el presidente de la República es rechazada o bien si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría calificada requerida para ser electo, el presidente tiene la obligación de volver a proponer ante el Senado otra terna, que en teoría debería seguir el mismo procedimiento de la anterior. Si alguna o ambas ternas fueran rechazadas de nueva cuenta, entonces el presidente tendría vía libre para nombrar, dentro de los candidatos propuestos, a el o los ministros faltantes.

Es importante mencionar que en esta etapa del procedimiento existen lagunas que merecen ser enfatizadas: en primer lugar, la Constitución no señala ningún plazo para que el presidente haga la presentación de la siguiente terna; en segundo, tampoco señala ninguna obligación para el Senado de mantener o modificar los lineamientos por medio de los cuales se desahogó la evaluación de la primera terna.

En este contexto, se abren de nueva cuenta interrogantes y ventanas de oportunidad. En principio, dado que no existe ningún periodo definido para presentar la siguiente terna y que estamos a unos días del fin del sexenio, existe de nueva cuenta la posibilidad de que estas segundas ternas sea propuesta ya no por Felipe Calderón sino por Enrique Peña Nieto. En este caso, aunque los ministros terminan sus funciones el 30 de noviembre, quedarían libres las vacantes hasta que el nuevo presidente diera continuidad al proceso.

Otro escenario posible sería que Felipe Calderón presentara las segundas ternas en los días que le quedan de mandato y que, dependiendo de los plazos que estableciera el Senado para desahogar la parte del procedimiento que le corresponde, la votación se lleve a cabo aún dentro del sexenio de Calderón (recordemos que en este caso el procedimiento tardó desde la recepción de las ternas en el Senado hasta su votación los treinta días establecidos como plazo máximo en la Constitución) de realizarse este proceso antes del 30 de noviembre, si el Senado llegara a rechazar de nueva cuenta alguna o las dos ternas, el presidente saliente todavía tendría una precipitada posibilidad para dejar a uno o a ambos ministros. Por el contrario, si las comparecencias ante la Comisión de Justicia y la votación en el Pleno no terminaran sino hasta diciembre y alguna o las dos fueran rechazadas, sería Enrique Peña Nieto quien podría nombrar libremente a el o los ministros faltantes.

Más allá de los escenarios posibles respecto de quién sería el que presentara la siguiente propuesta para la designación o cuándo debería de hacerlo, la situación en la que nos encontramos ahora podría constituir una oportunidad valiosa para tomarse en serio un análisis fundamental que ha estado ausente de este proceso y que debe, o al menos  debería, definir a los candidatos que integrarán a las siguientes ternas o que determine en su caso al ministro que podría ser designado libremente por el presidente: ¿qué tipo de Suprema Corte de Justicia queremos?

A lo largo de este mes, académicos, organizaciones civiles e incluso varios de los Senadores han hecho públicos sus diagnósticos respecto del importante momento de transición que está viviendo la Suprema Corte de Justicia a partir de las reformas penal, de amparo y de derechos humanos principalmente, así como del papel que les gustaría que la Corte jugara en este momento político e institucional. A partir del mismo, muchos han delineado ya el perfil ideal que deberían tener los siguientes candidatos a ministros. Estos ejercicios y los objetivos que tienen en el horizonte, constituyen un material nuevo y valioso que debería ser tomado en cuenta para conformar las siguientes ternas, y ser el eje orientador que guíe a los Senadores en las comparecencias y las votaciones.

En este sentido, correspondería al Senado de la República, especialmente a la Comisión de Justicia, hacer un ejercicio de evaluación que permita en un primer momento definir el tipo de Corte que buscamos consolidar y, derivado de este examen, establecer con claridad indicadores que permitan elegir, de entre los candidatos presentados, a quien mejor satisfaga los requisitos de este perfil específico y no sólo quedarse, como lo hicieron hasta este momento, en la verificación de los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución.

La importancia de la designación de los ministros de la Suprema Corte, no sobra enfatizarlo cuántas veces sea necesario, merece una reflexión que no se encuentre sujeta a presiones ni de tiempo ni a conveniencias estrictamente políticas, se trata de una decisión que tendrá un impacto directo en la consolidación del Estado de Derecho y la configuración del Estado mexicano. Sería un error muy grave dejarse llevar por las prisas y desestimar los esfuerzos que se han realizado desde varios frentes para dotar a este debate de elementos objetivos y serios. Esperemos que, frente a esta nueva oportunidad, el Presidente y los Legisladores demuestren haber aprendido la lección de estas primeras etapas y se tomen estas designaciones en serio.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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La segunda terna se presentó la tarde del lunes 29 de octubre ante la Comisión de Justicia, de los candidatos que la integran saldrá –si no se rechaza- al ministro que sustituirá al ministro Ortiz Mayagoitia, actual miembro de la primera Sala de la Suprema Corte, encargada de resolver los asuntos en materia penal y civil. Los candidatos se presentaron en el siguiente orden:

Manuel Baráibar Constantino

Presentó ante la Comisión como sentencias relevantes de la Suprema Corte el expediente varios 912/2010 o “caso Radilla” por considerarlo un parteaguas en la concepción de la justicia constitucional, el amparo en revisión 168/2011 sobre el derecho de acceso a la información sobre averiguaciones previas y la contradicción de tesis 229/2011 relacionada con la legitimación de las víctimas u ofendidos para promover un amparo directo en caso de que la sentencia absuelva al acusado.

De la comparecencia de Baráibar poco puede extraerse para conocer su criterio constitucional ya que en general las preguntas daban para respuestas más profundas y detalladas, pero el candidato no dio respuesta a muchas de ellas o en otras ocasiones contestó con evasivas.

La presentación comenzó de forma ríspida pues la ronda de preguntas abrió con el “caso Raúl Salinas” donde el senador Monreal preguntó sobre su opinión de los jueces de consigna y su defensa ante una acusación por cohecho y la senadora Padierna preguntó sobre su relación con Carlos Salinas de Gortari. Baráibar inició a la defensiva e insistió que él no se fija en los nombres sino en los hechos que le son consignados y la ley aplicable y que sería difícil discutir el caso si nadie de los presentes conoció el expediente. Más adelante, el senador Camacho se refirió al caso de Onésimo Cepeda y le realizó tres preguntas puntuales, Baráibar se limitó a responder que él no fue ponente y que resolvió conforme a Derecho y que no valdría la pena discutir un caso del que no se conoce el expediente.

Al menos cinco senadores le realizaron interesantes preguntas[1] sobre criterios interpretativos y sobre su comprensión de la reforma de derechos humanos y la relación de la Constitución con los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y la jerarquía normativa. En ninguna respondió de manera satisfactoria, pues se limitó a responder que él está “plenamente convencido de la supremacía constitucional”, que el artículo 1° y la decisión Radilla “ya fijaron los parámetros para el control de convencionalidad” y se refirió a la jerarquía de normas en donde los tratados y leyes generales se encuentran por debajo de la Constitución, pero por encima de las demás normas del orden jurídico. En otros casos, de plano no respondió y habló sobre otras cuestiones. En una ocasión realizó una pregunta retórica que preocupa: al referirse al nuevo artículo 1° en donde se establece que todas las autoridades están vinculadas a los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, cuestionó si  ¿todos los jueces realizan dentro del ámbito de sus facultades [siempre un] examen de constitucionalidad?

Dos veces se le realizó una importante pregunta sobre su criterio para determinar la asignación de competencias entre entidades y la federación, en ambos casos evadió la respuesta, dijo que “la Constitución da para resolver cualquier conflicto.”

Sobre transparencia, rendición de cuentas, acercamiento de la Corte a la ciudadanía y legitimación de sus decisiones tampoco respondió nada: “la Corte tiene un Canal Judicial a través del cual la ciudadanía puede enterarse” o las resoluciones se legitiman en la medida en que se apeguen a la Constitución y a las leyes. Sobre la transparencia comentó que esto se logra subiendo las sentencias a internet y para lograr una mayor confianza en la Corte sugirió clases de educación cívica a los niños.

Sobre las novedades de la reforma de amparo y su ley de desarrollo comentó que era relevante la modificación del principio de relatividad, no dijo por qué y que le parecía que la Corte es quien debe resolver las contradicciones de tesis. Asimismo explicó que deberían eliminarse los amparos para efectos y que en uno se analicen todas las violaciones.

Ante la pregunta que el senador Fayad realizó a todos los candidatos, sobre cómo resolver si con apego a la ley o a la justicia, el magistrado Baráibar respondió “debo preferir la Constitución y la ley en todo momento.”

Se le preguntó sobre arraigo y no contestó. Sobre la reforma laboral y respondió que no podía referirse a ella pues se está apenas discutiendo en las cámaras. Sobre su voto particular en el amparo directo 2498/2006 sobre trabajo a favor de la comunidad como sustituto de la pena de prisión, a lo que respondió que considera el trabajo como una alternativa a la pena de prisión para descongestionar las prisiones y para lograr la readaptación social.

Emma Meza Fonseca

Para la magistrada las decisiones más relevantes de la Corte fueron la acción de inconstitucionalidad 2/2010 sobre matrimonio de personas del mismo sexo en el D.F. por su gran impacto social y la posibilidad de cambio de los conceptos constitucionales, la acción de inconstitucionalidad 155/2007 en la que el Pleno inaplicó una norma constitucional por considerarla más restrictiva que la contenida en un tratado, debido a su gran impacto jurídico pues se elige por primera vez una norma internacional por encima de una constitucional como parámetro para el análisis de la constitucionalidad de una norma ordinaria y el expediente varios 912/2010 conocido como “caso Radilla” pues concretiza tanto obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana como de la reforma constitucional de 2011.

La comparecencia de la magistrada Meza abrió con el tema de género, explicó la importancia de juzgar con perspectiva de género y sobre todo con sensibilidad a la realidad que viven las mujeres. Resaltó la importancia de la definición de criterios por parte de la Corte para dar viabilidad a las normas que pretenden lograr la equidad de género. Dijo estar de acuerdo con las cuotas, pues son acciones afirmativas indispensables para generar equidad. Destacó la labor del Poder Judicial de la Federación en la capacitación y sensibilización en materia de género.

Sobre la interrupción legal del embarazo, Meza dijo que legalizarlo se trataba de una facultad de las legislaturas de acuerdo con la realidad social.

En su comparecencia dejó en claro su postura garantista, reiteró su posición acerca de la existencia de un bloque de constitucionalidad, pues aunque no lo mencionó de manera textual, explicó que el artículo 1° establece un todo normativo comprendiendo a la Constitución y los tratados internacionales para la protección y garantía de los derechos humanos. Se refirió en varias ocasiones a la jerarquía normativa en atención al artículo 1° y al 133, y dejó en claro que tanto la Constitución como los tratados internacionales pueden servir como parámetros de validez, se refirió a la acción de inconstitucionalidad 155/2007 para aclarar esto.

Explicó que presentó ante la Comisión su sentencia en el amparo directo 370/2011 pues fue la primera vez que realizaba un control de convencionalidad y desaplicaba una norma por considerarla violatoria de derechos, en este caso se trataba del artículo 76bis de la Ley de Amparo que negaba la suplencia de la queja a las víctimas. Meza consideró que esta norma violaba el principio de igualdad con respecto al inculpado contenido tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales.

Adelantó que consideraría analizar el arraigo frente a normas internacionales de derechos humanos para determinar su convencionalidad y en su caso, inaplicarla. Sobre la tortura explicó que cualquier confesión así arrancada es inválida y se refirió a la inversión de la carga de la prueba a manos de la autoridad, mencionó algunos criterios definidos por la Corte Interamericana. Sobre la exhibición de detenidos en televisión consideró que cualquier confesión sin presencia de un defensor es inválida, además dijo, esto ata a los jueces pues la opinión pública juzga y si se decreta libertad por falta de pruebas, “el juez es el corrupto”.

Dijo estar totalmente de acuerdo con las recientes resoluciones en materia de jurisdicción militar pues se realizó la interpretación correcta del artículo 13, tomando en consideración la sentencia Radilla. Así mismo se refirió a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 57 del Código Militar y destacó la relevancia de que se respeten tanto los derechos del inculpado como los de las víctimas y que éstas, además de tener derecho a la reparación del daño, tienen derecho a la justicia y a la verdad y ésta última sólo se obtiene en la medida en que la víctima puede ejercer sus derechos ante la justicia civil, lo que no sucede ante la jurisdicción militar.

Dijo estar a favor de la decisión sobre matrimonio entre personas del mismo sexo con todos sus efectos, primero porque la definición del matrimonio es una facultad legislativa y segundo porque la familia es un concepto social que evoluciona.

Habló sobre la ponderación y la búsqueda de armonización y equilibrio entre los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados y la seguridad pública y se refirió a las excepciones que la Constitución establece para realizar estas tareas, especialmente en materia de delincuencia organizada. También se refirió al equilibrio entre los derechos a manifestar las ideas mediante marchas y plantones las molestias que esto ocasiona, aunque no fue muy clara sobre cómo podría regularse esta situación.

Tampoco fue clara con respecto a su opinión sobre el proceso de nombramiento de ministros ni sobre el carácter político de los ministros y la Corte. Y no respondió sobre los efectos sociológicos de las sentencias de la Corte. Fue muy escueta con respecto a la reforma constitucional sobre delitos contra periodistas pues dijo que era importante que la federación atrajera pues al parecer algunas policías y autoridades de los estados han sido cooptadas por la delincuencia organizada.

Manifestó su acuerdo con la existencia de un Código Penal tipo, así como también de uno de Procedimientos Penales, en especial, dijo, sería relevante tener códigos modelo para la implementación del sistema oral y acusatorio.

Explicó estar de acuerdo con el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal y las políticas actuales.

Ante la pregunta del senador Fayad, sobre qué hacer ante la disyuntiva de resolver conforme a la ley o la justicia, respondió “sin duda conforme a la justicia para dar a cada quien lo que le corresponde”.

Rosa María Temblador Vidrio

Envió a la Comisión de Justicia por considerar los más relevantes los siguientes asuntos resueltos por la Suprema Corte: la acción de inconstitucionalidad 2/2010 sobre matrimonio entre personas del mismo sexo por su trascendencia social y porque se aprobó la transformación de la configuración tradicional del concepto familia; el amparo en revisión  2021/2009 conocido como “amparo de los intelectuales” en el que se debatió si era posible por medio de este recurso revisar la constitucionalidad material de una reforma constitucional, asunto que considera de enorme trascendencia para la vida jurídica; y por último, el expediente Varios 912/2011 o caso Radilla, debido a que implementa un nuevo paradigma de interpretación constitucional y sus mecanismos de control.

En su comparecencia, la magistrada Temblador respondió de manera clara a algunas preguntas, pero a otras respondió cuestiones distintas a las preguntadas, no era claro si dichas respuestas tenían como propósito evadir la pregunta o se debían a otra circunstancia. Así, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre su opinión de que a la Corte se le diera la facultad de iniciativa de ley en materia de justicia, respondió que la Corte no tiene esta facultad y que no puede legislar, o sobre los alcances de la reforma de derechos humanos y los retos del Poder Judicial, respondió que la facultad de investigación ya no la tiene la Corte sino la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Igual sucedió con la pregunta sobre la ponderación entre el derecho al debido proceso y el derecho de la víctima a la justicia, dijo que habría que hacer un examen concienzudo en igualdad de circunstancias y ante la pregunta sobre cómo haría valer el derecho al debido proceso, dijo que este derecho lo contempla la Constitución y los tratados y que como ministra ella se aseguraría de que se respete. De nuevo, la misma situación con la pregunta sobre si existe una doctrina para definir “trascendencia e interés” en el ejercicio de la facultad de atracción de la Corte, Temblador respondió que la Corte tiene mucha carga de trabajo.

Ante la pregunta del senador Fayad, sobre el dilema entre ley y justicia, Temblador respondió que para hacer justicia se aplica el Derecho y sin éste no hay justicia, pero que si al Derecho le faltara algo para hacer justicia, aplicaría ésta sin duda.

La magistrada considera que habría que irle quitando facultades de control de legalidad a la Corte para hacerla un verdadero Tribunal Constitucional y ve de manera positiva los plenos de circuito pues los magistrados de cada entidad están enterados de su problemática.

Se le preguntó la razón por la que presentó como relevante el llamado “amparo de los intelectuales” y explicó que está de acuerdo con la resolución de que no procede el amparo contra reformas a la Constitución pues ésta es el eje del sistema jurídico, así como tampoco en contra de su procedimiento debido al principio de relatividad de las sentencias de amparo. Más adelante explicó que aún con la reforma constitucional de derechos humanos, no procedería un amparo contra reformas constitucionales debido a que no se reformaron los artículos 103 y 107 y el artículo 1° “no da para ello”.

Sobre el control de convencionalidad dijo que no puede trastocar los principios consagrados en la Constitución y ante la pregunta sobre el arraigo respondió que es una medida, que dadas las condiciones del país, es adecuada.

Se le cuestionó su opinión sobre el derecho a la vida, a lo que respondió que coincide con la Convención Americana en cuanto a que ésta debe protegerse desde la concepción. Más adelante se le preguntó si de acuerdo con ello, considera que debían tipificarse lesiones al feto, a lo que respondió que si se habla de actos con dolo para lastimar la vida del feto, esto ya está sancionado por la ley. Pero que definitivamente para sancionar en específico habría que hacer encuestas, estudios y análisis.

Dijo estar de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias en materia tributaria pues los efectos generales serían problemático para el Estado por el sistema para la recaudación y el gasto. Podría hacerse una impugnación que tuviera efectos generales a través de una acción de inconstitucionalidad y por parte de los ciudadanos, una vez que se desarrollen las acciones colectivas.

Ante la pregunta concreta del senador Monreal sobre el outsourcing que se planea incluir en la reforma laboral, la magistrada Temblador respondió que procedería el amparo si se agotan las instancias ordinarias, pero que no puede pronunciarse en específico pues se sigue discutiendo esta reforma.

El senador Fayad le preguntó cómo es el procedimiento de selección ante el Ejecutivo, a lo que ella respondió que solamente fue citada y se le hicieron varios cuestionamientos y se le solicitaron documentos que acreditaran que cumplía con los requisitos del artículo 95. Pero que se enteró por la prensa de que había sido incluida en la terna. Por último habló de la queja como recurso para intimidar a los juzgadores y de la circunstancia de agresión en que se encuentra el Poder Judicial.

Conclusiones

Hubo algunas preguntas interesantes por parte de los senadores, en especial destacaría las del presidente de la Comisión, Roberto Gil Zuarth. Las preguntas de la senadora Arely Gómez complementaron la entrega de documentos al cuestionar a cada candidato las razones por las que presentó alguna resolución, desafortunadamente no había réplica y no podía darse seguimiento a las respuestas. El senador Fayad preguntó lo mismo a los seis candidatos, un ejercicio interesante seria contrastar las respuestas de los seis acerca de su preferencia para resolver entre la ley y la justicia y sobre la necesidad de un Tribunal Constitucional.

Después de este ejercicio, queda la duda sobre si los senadores harán algo con las respuestas dadas por cada candidato, si las preguntas tenían un objetivo específico o eran tan sólo ocurrencias del momento. Si se analizarán las respuestas y se presentarán conclusiones en el dictamen que emita la Comisión de Justicia. Si no es así, ¿para qué compareció ante la Comisión durante más de 1 hora cada candidato? A partir de lo conversado con cada candidato y de los documentos que tiene la Comisión, se deben sacar conclusiones sobre quiénes serían los mejores para ocupar un asiento en la Suprema Corte, que fundamenten un voto, que recomienden al Pleno un candidato. Que expliquen si realmente uno o dos de estos seis candidatos cumple con las cualidades que se requieren para ser ministro de la Corte.

De otra manera, las más de 8 horas de comparecencia y más de 400 páginas de versiones estenográficas serían un ejercicio vacío para apaciguar a la sociedad,  una mera actuación de los partidos políticos frente a la opinión pública para cubrir una decisión previamente negociada entre el PRI y el PAN. ¿Será –otra vez- así? Esperemos que no.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Por ejemplo: ¿cómo garantizar la aplicación del principio pro homine? ¿qué sucede cuando una sentencia de primera instancia contradice una contradicción de tesis? ¿cómo garantizar la vigencia de la reforma de derechos humanos? ¿se ha ejercido ya por jueces ordinarios el control de convencionalidad, cómo se resolvió y bajo qué criterios? ¿qué sucede si hay una contradicción entre una norma constitucional y un tratado? ¿qué pasa con las normas de derechos humanos que forman parte de tratados internacionales que no son propiamente de esta materia? ¿qué criterios utilizaría para distinguir la materia de los tratados para efecto del control de convencionalidad? Entre otras.

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El próximo 9 de noviembre se vence el plazo para que el Senado elija a los dos próximos ministros para la Corte mexicana, afortunadamente en esta ocasión el procedimiento ha sido más transparente que en otras ocasiones y contamos con más información para evaluar la idoneidad de los candidatos. Desafortunadamente, las comparecencias aún dejaron mucho que desear, se realizaron como una prueba para buscar respuestas “correctas” y no como diálogo para desentrañar los criterios constitucionales de los candidatos. Así, cada senador realizó preguntas aisladas sin posibilidad de réplica, lo que dejó muchas cuestiones al aire. Algunos aprovecharon para hacer posicionamientos políticos (como el senador Monreal) y otros  plantearon preguntas que obligaban al candidato a prejuzgar[1].  Algunos senadores plantearon preguntas que nada tenían que ver con la labor del juzgador y otros de plano, creyeron que estaban en un concurso de Miss Universo.

Es de llamar la atención cómo fue disminuyendo la calidad de las preguntas entre el primer candidato y la última candidata. Algunas de las preguntas del magistrado Monroy fueron muy interesantes, profundas y obligaban a mostrar sus criterios, sin embargo las preguntas hechas al magistrado Pérez fueron muy malas, algunas incomprensibles y a la magistrada Zambrana me parece que se le pudo haber “aprovechado” más.

Aquí se presenta un ejercicio para descubrir los criterios de cada candidato, de la terna para sustituir al ministro Aguirre Anguiano, a partir de su selección de sentencias relevantes de la Corte y de su comparecencia ante la Comisión de Justicia. El orden es el mismo que en las comparecencias.

Pablo Vicente Monroy Gómez

Presentó como sentencias relevantes de la Corte el amparo en revisión 1155/2008 en donde se origina la jurisprudencia sobre los criterios para el análisis de una vulneración al principio de igualdad; la acción de inconstitucionalidad 29/2008 donde se establece el carácter teleológico de las contribuciones fiscales como criterio de justicia fiscal; y el expediente varios 912/2010, conocido como “caso Radilla”, donde la Corte fija criterios para la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad y la limitación a la jurisdicción militar.

Ante la Comisión de Justicia, Monroy planteó que percibe a la Corte como un árbitro sujeto a reglas y límites y dejó claro que favorece una Corte autolimitada frente a una activista, que respete las decisiones democráticas y los ámbitos de decisión que la propia Constitución les demarca. Destacó la auto-restricción para invadir esferas que corresponden exclusivamente al legislativo, como lo serían cuestiones políticas, donde remarcó que los jueces no pueden extraer de las normas jurídicas juicios de orden social o político o cuando se refirió a materias especializadas (materia fiscal o interconexiones, por ejemplo). También, describió como muy relevante la labor de la Corte en la unificación de criterios, más ahora con la entrada del control difuso de constitucionalidad y la posibilidad de que se inapliquen normas por ser contrarias a los derechos humanos.

En cuanto a cuestiones formales de justicia constitucional, el magistrado Monroy planteó la necesidad de una política judicial para determinar las reglas o directrices de actuación e intervención, en específico se refirió a la falta de doctrina para el ejercicio de la facultad de atracción de la Corte. En el mismo sentido, planteó cambios en materia de amparo, en especial sobre la suspensión del acto reclamado, para evitar el abuso de este juicio y lograr disminuir el número de asuntos y el consecuente rezago.

Dejó claro que sería un ministro conciliador, insistió en que sería positivo el acercamiento entre el Poder Judicial y el Legislativo para por un lado, dialogar sobre la experiencia en la aplicación de leyes relacionadas con la jurisdicción, con el ánimo de perfeccionarlas y lograr que la justicia sea verdaderamente pronta y expedita; y por otro, para, en caso de análisis de la constitucionalidad de una norma, el juez pueda conocer el propósito de ésta. Ambos puntos resultan importantes, el segundo para evitar la extralimitación de la facultad interpretativa del juez constitucional al aplicar el principio de interpretación conforme.

En su comparecencia, Monroy dejó claro que la justicia social es para él una guía para resolver, así en las respuestas a las preguntas sobre su tesis sobre la positiva ficta para el acceso a la justicia de beneficiarios del ISSSTE, sobre el efecto o impacto de las sentencias cuando pueda darse un conflicto de intereses colectivos, las razones por las que considera que quienes no poseen un mínimo vital no deben contribuir fiscalmente, cuando dijo resolver conforme a la “equidad” (equity) o la respuesta que dio al Senador Lozano sobre la necesaria ponderación y respeto a los derechos laborales de los trabajadores del SME.

En cuanto a la reforma de derechos humanos, sus respuestas dejaron mucho que desear, a pesar de haber presentado como relevante la decisión Radilla y haber planteado en su presentación la importancia de un cambio cultural y la necesidad de un diálogo entre Cortes, aparentemente no tiene claro el alcance de las normas internacionales de derechos humanos. Por un lado, ante la pregunta sobre si es posible un amparo por omisión a un derecho contenido en un tratado, respondió que no porque esto no está contemplado en los tratados; siendo que cualquier derecho de protección requiere de actos positivos por parte del Estado, de manera que incurre en una violación por omisión si no protege el derecho garantizado. Por otro lado, ante la pregunta sobre la vinculatoriedad de criterios de la Corte Interamericana, Monroy dijo estar de acuerdo con la resolución Radilla en cuanto a que estos deben ser tan sólo orientadores cuando México no sea parte, pues no tuvo oportunidad para defenderse; sin embargo, los criterios no se refieren a las resoluciones y medidas que la Corte impone al Estado, sino a la interpretación y la determinación del alcance de las normas de la Convención.

Fueron interesantes sus criterios con respecto a la extinción de dominio, la clasificó como medida confiscatoria, a pesar de que el artículo 22 constitucional, donde está contenida, dice claramente que no se considerará como tal. Y con respecto al debido proceso legal, en donde explicó la afectación de las pruebas obtenidas ilegalmente dentro del proceso penal.

Alberto Gelacio Pérez Dayán

Presentó el amparo en revisión 220/2008 acerca del sistema de pensiones ISSSTE, la controversia constitucional 38/2012 reciente decisión de la Corte acerca de los límites al fuero militar y el expediente varios 912/2010 conocido como “caso Radilla”, debido a sus efectos con respecto a la ponderación sobre las resoluciones de cortes internacionales.

La comparecencia del magistrado fue bastante calamitosa. Preocupa que un candidato a la Corte no sepa argumentar y explicar sus respuestas.

Hay poco que rescatar. Hubo malas preguntas, algunas poco claras y en general las respuestas fueron vacías, escuetas y de plano no respondían la pregunta. Inquieta que ante una pregunta sobre “materias concurrentes jurisdiccionales” que se refería a los ámbitos penal y fiscal, el magistrado no haya hablado sobre la fracción II del 104 constitucional que permite la concurrencia solamente en casos donde únicamente se afecten intereses particulares; o que hable de que se “otorgan” facultades a las entidades federativas o que instancias jurisdiccionales federales “revisen” el trabajo de las jurisdicciones locales.

Sobre el tema de derechos humanos y control de convencionalidad, resulta alarmante que el magistrado opine que la aplicación del principio pro personae contradiga al principio de legalidad o que la jurisprudencia no sea norma y por tanto no puede hablarse de inaplicación, pues “es posible hacer reflexionar al órgano que la creó para que la modifique” –podría hacerse lo mismo con una ley-. Pérez Dayán presentó como relevante el expediente varios 912/2010 y dijo en su comparecencia estar con el criterio de la minoría sobre la vinculatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana, pues México se obligó a ello, pero considera que el principio de supremacía constitucional derrota cualquier posibilidad de que una norma de la Constitución fuera considerada como inconvencional. Bajo esta premisa, preocupa que considere que el arraigo y otras figuras controvertidas de la reforma penal puedan ser legítimas, “si se usan como un medio y no como un fin”.

Ante una pregunta concreta sobre el tema de la expropiación del predio El Encino y la tensión entre intereses particulares e intereses colectivos, el magistrado Pérez respondió que “cualquier interés particular, por importante que sea, se subordina al interés general…” aplicado como regla general, implicaría un lamentable criterio en materia de derechos de las minorías.

Ante la pregunta sobre su opinión sobre la reforma que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parte de éstos, omitió dar una respuesta y se limitó a reconocer que se trata de una facultad del legislador, lo mismo respecto del aborto.

Sobre la reforma de amparo y el interés legítimo explicó que será necesario definir sus alcances para detectar qué casos son de verdadero interés legítimo, pues “no todos los intereses son legítimos”. Se le preguntó con qué criterio resolvería –ante la falta de una ley de desarrollo- con respecto a la nueva facultad de revisar las consultas populares del artículo 35 fracción VIII, Pérez respondió que la norma no deja clara la vinculatoriedad de las resoluciones de la Corte.

Ante la pregunta sobre el control jurisdiccional de términos económicos, Pérez Dayán habló sobre Adam Smith y la sencillez del pago como principio tributario.

Andrea Zambrana Castañeda

La magistrada Zambrana presentó como sentencias relevantes la acción de inconstitucionalidad 26/2006 sobre la llamada Ley Televisa y la reivindicación del espectro radioeléctrico, donde ella participó como secretaria proyectista bajo la ponencia del ministro Aguirre; el expediente varios 912/2010 conocido como “caso Radilla” que considera como la brújula para el control de convencionalidad; y el amparo directo en revisión 2424/2012 sobre modificación del nombre como un elemento esencial de la identidad de la persona.

Su comparecencia fue menos profunda que la del magistrado Monroy pues varias de las preguntas de los senadores fueron muy malas. Así por ejemplo, se le preguntó a qué ministro de los últimos 20 años admira o a qué político vivo admira. Cuestiones totalmente irrelevantes para el escrutinio de una posible juez constitucional. Otras preguntas que se le hicieron a la magistrada, en realidad correspondía responderlas a los legisladores y no a los jueces, así por ejemplo ¿qué medidas impulsaría como ministra para evitar la impunidad y la filtración del crimen organizado? O sobre el trabajo infantil.

Al igual que el magistrado Monroy, Zambrana evadió la respuesta concreta a la pregunta sobre su opinión sobre el aborto[2] y se limitó a decir que se trata de la protección de dos bienes tutelados: la vida y los derechos de la mujer.

También hubo otras preguntas que poco sirven para desentrañar su criterio constitucional, así por ejemplo se le preguntó su opinión sobre la necesidad de la independencia del Ministerio Público del Ejecutivo o sobre si las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben desaparecer.

Resultó interesante su postura sobre la falta de criterios y lineamientos en el Poder Judicial para concretizar las reformas constitucionales, los parámetros para dar contenido a los derechos humanos y para el acercamiento en el control de convencionalidad. También, es optimista su postura sobre el activismo judicial para impulsar cambios en la garantía y respeto de los derechos pues a su juicio “si el activismo busca dotar de contenido y significado a los derechos, así como ampliarlos interpretativamente, ello no es sólo válido, sino también valioso,” sin embargo, alertó sobre el riesgo inminente de que el juez sobrepase sus límites y actúe como legislador, pues “no se pueden decir cosas que la Constitución no dice”. Esta última afirmación es interesante, hubiera sido deseable que se le diera seguimiento para conocer su postura interpretativa.

Para Zambrana el alcance y límite de la Corte está determinado en las competencias que le fija la Constitución y la ley, así como en su relación con los otros poderes frente a los cuales funge como árbitro. La Corte, dijo, debe resolver con vista al proyecto de país que se quiere y que está plasmado en la Constitución y no deben ser coyunturales ni “del momento”.

La magistrada respondió preguntas sobre el arraigo, los testigos protegidos y la extinción de dominio, en los tres casos coincidió en que se trata de figuras novedosas que deben ser delimitadas y conciliadas con los derechos humanos. Sobre el arraigo en especial dijo que plantea un problema de política legislativa pues contradice tratados que lo declaran contrario a los derechos humanos pues “en términos jurisprudenciales es un secuestro entre comillas”. Sobre la extinción de dominio se refirió al problema de la presunción de inocencia y de la absolución en el proceso penal.

En un ámbito más técnico se refirió a una resolución suya sobre suplencia de la queja en un caso de pensión de viudez y orfandad, donde, dijo, se debía resolver conforme a la justicia y no solamente aplicar la formalidad de la ley. Se debe logar un equilibrio entre la justicia formal y la material, explicó. En otro aspecto que hace vislumbrar a una jueza no formalista, Zambrana respondió que la inoperancia de los agravios en el amparo directo son a veces abusados y que deben ser atendidos, si no existe jurisprudencia y su delimitación responde a los criterios de importancia y trascendencia, pues el quejoso tiene derecho a que se satisfaga su planteamiento.

Por último, se pronunció por la constitucionalidad de los tributos que no tienen función recaudatoria pues son herramientas del Estado para incentivar o desincentivar la economía.

De esta terna saldrá, si no es rechazada, el próximo ministro que ocupará un sitio en la segunda Sala, encargada de revisar los asuntos laborales, administrativos y fiscales y que relevará al ministro Aguirre, quien ocupa el sitio más conservador en el Pleno.

La facultad de los artículos 95 y 96 para elegir de entre las ternas enviadas por el Ejecutivo a los ministros de la Corte es una facultad discrecional, pero ello no implica que no deba estar motivada. Discrecionalidad no equivale a arbitrariedad. Por ello, resulta no sólo deseable, sino indispensable, que los Grupos Parlamentarios emitan un dictamen evaluando a cada candidato y que el dictamen de la Comisión haga lo propio.  El Senado tiene la obligación de justificar la elección de un candidato de cada terna –o su rechazo-.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Así las planteadas sobre la “guerra contra el narcotráfico”, la extinción de dominio, el arraigo, la inconvencionalidad por omisión, la vinculatoriedad de criterios de la Corte Interamericana, la reforma laboral, el conflicto con Luz y Fuerza y el SME. Algunas de ellas cuestiones pendientes de resolverse en la Corte, otras que no han “llegado” pero que podrían ser sometidas a su consideración y otras que ya fueron resueltas pero no a la luz de la reforma de derechos humanos por medio de la cual, podría analizarse nuevamente si procede el análisis de la convencionalidad de una norma constitucional. Inclusive la senadora Padierna preguntó de forma directa al magistrado Pérez Dayán “¿Cómo va a resolver el asunto del SME?”

[2] La magistrada fue quien realizó, como secretaria de estudio y cuenta, el proyecto de sentencia discutido en el Pleno de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 sobre interrupción legal del embarazo. En éste, el ministro Aguirre planteaba la inconstitucionalidad de la legalización realizada por la Asamblea del D.F. El proyecto no obtuvo la mayoría y fue desechado.

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El día de hoy 29 de octubre de 2012, se llevarán a cabo en el Senado de la República las comparecencias de las ternas propuestas para ocupar el cargo de Ministro de la SCJN. En un comunicado previo criticamos la ausencia de una discusión de fondo al interior del Senado sobre el perfil idóneo de Ministro que la SCJN requiere y que el proceso determinado para las comparecencias no fue el indicado para dichos objetivos ya que no se tendrían los elementos suficientes para una decisión razonada.

El día hoy reiteramos esta posición ya que las comparecencias de Ministros de la SCJN carecerán de elementos de fondo que permitan una verdadera evaluación y de las propuestas por la falta de tiempo para el estudio de la información solicitada y recibida para proceso. De acuerdo con el oficio de la SCJN y el Consejo de la Judicatura, el envío de información se realizó el viernes 26 de octubre de 2012, en consecuencia, los miembros de la Comisión de Justicia del Senado tuvieron solamente los dos días (en fin de semana) para analizar dicha información. Consideramos que ese tiempo, aunque cumple con el Acuerdo de la Comisión, es insuficiente para analizar información judicial compleja, planear preguntas y determinar los aspectos generales a evaluar en las comparecencias.

A partir de esta información es que los miembros de la Comisión de Justicia plantearán preguntas y escucharán respuestas de las personas que integran las ternas sin la posibilidad de deliberar sobre estas respuestas. Es un formato que asemeja más que una comparecencia, un examen en las que no hay respuestas correctas ni espacio para la reflexión.

Por otro lado, Designaciones Públicas considera que entre el proceso de comparecencias y la votación en el Pleno de la Cámara de Senadores está desvinculado. Después de las comparecencias del día de hoy, la Comisión de Justicia deberá de elaborar un “dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad” de las personas de las ternas y lo enviará con los expedientes respectivos. La desvinculación de las comparecencias con la sesión de votación en Pleno se da ya que se dispone la elaboración de un “dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad” que en términos literales atendería a solamente determinar si cumple con los requisitos formales establecidos para ello. El dictamen en principio no contempla una valoración por parte de la Comisión de Justicia o una opinión a partir de las comparecencias.

Esto quiere decir que aunque para las comparecencias se determinó buscar información de fondo respecto a la actividad y criterios jurisprudenciales, no se define cómo es que la Comisión transmitirá a los demás miembros del Senado una opinión derivada del análisis de las sentencias y de exposiciones y respuestas en las comparecencias. Creemos que con esto se desvincula la relación entre un espacio y el otro.

En este sentido sería importante que dicho dictamen no solo determine el cumplimiento de los requisitos sino que se incluyan las conclusiones de cada uno de los grupos parlamentarios que por medio de sus representantes en la Comisión de Justicia podrán elaborar un documento conclusivo al respecto. Con independencia de que el voto de las senadoras y senadores es libre y secreto en este caso, consideramos fundamental como ejercicio democrático que los grupos parlamentarios la presentación de conclusiones sobre cada una de las ternas a partir de las comparecencias.

Por estas razones el proceso de comparecencias el día de hoy será insuficiente para profundizar en una decisión trascendental para la vida del país como lo es la designación de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para revertir ello es urgente en primera instancia que los grupos parlamentarios presenten sus conclusiones razonadas de este proceso de comparecencias y que para las designaciones futuras se establezcan un proceso diferente que dé lugar a una discusión de fondo en las designaciones para ministros de la SCJN.

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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