Una frase conocida entre quienes estudiamos el comportamiento de los jueces, comúnmente atribuida a Jerome Frank, dice que para explicar la resolución tomada por un juez en un caso, es determinante conocer “lo que desayunó esa mañana”. Esta exagerada frase, cercana al absurdo, en general nos sirve para concentrar en unas cuantas palabras el genio de los realistas, al quitar la máscara de un apego exclusivo al derecho en la labor judicial y mostrar que en su criterio influyen una cantidad de aspectos más allá de sus conocimientos jurídicos.

comida

Lo anterior viene al caso porque en las comparecencias de la primera semana de los candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el énfasis ha sido puesto en las capacidades “técnico-electorales” de los comparecientes. Los senadores los han abordado con una batería de preguntas técnicas sobre casos y supuestos que nos permiten conocer sus capacidades técnicas en la materia electoral. En general, la mayoría de los candidatos ha salido bien librados de este ejercicio debido a su sólida trayectoria, pero también porque en general la discusión es desbalanceada. Es decir, el entrevistado tiene mayores conocimientos técnicos que el entrevistador y eso provoca que la discusión no pueda seguir cauces de mayor profundidad en donde se perciban las deficiencias que podrían tener algunas de las respuestas.

En mayor medida los conocimientos y capacidades técnicas de los candidatos ya fueron analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reducir la lista en un inicio de poco más de 120 aspirantes a 21 candidatos. Lo que queremos ver, entonces, en el Senado no son ejercicios de erudición respecto de la materia electoral, sino una verdadera auscultación de la idoneidad de los candidatos. Parece ser que los senadores son tímidos y no se atreven a profundizar en analizar los perfiles dando muchas cosas por sentado, cuando es la única posibilidad de revisar con lupa a los candidatos, sin olvidar que es su obligación constitucional realizarlo.

En días pasados, un grupo de académicos comprometidos con la tarea de observar el proceso de designación desde nuestra posición de ciudadanos hicimos un llamado mediante una carta dirigida a la Comisión de Justicia del Senado de la República para lograr una integración del TEPJF con diversidad de perfiles y cuidar que no existan conflicto de intereses de los candidatos en cuatro temas principales: cercanía con los partidos políticos, con los medios de comunicación, con asociaciones religiosas y con poderes económicos. El Senado dio un buen paso, en este sentido, al solicitar una declaración voluntaria de posible conflicto de intereses, la cual aún no han presentado cinco de los candidatos. Pero el ejercicio debe ir más allá.  Los senadores realizarán un mal ejercicio de escrutinio si continúan poniendo todo el énfasis en las capacidades “técnico-electorales” y, sobre todo, estarán desperdiciando la única oportunidad que tienen (tenemos) de conocer las filias y fobias de los candidatos, sus pertenencias, preferencias políticas, religiosas, etc. En breve, hace falta preguntarle a los candidatos: ¿Qué desayunaron hoy?

Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del IIJ-UNAM. Twitter @abadsuarez

Leer completo

Dentro de la maratónica sesión de comparecencias del jueves pasado, en la tarde fue el turno de los aspirantes de la tercera terna, integrada por Marco Antonio Zavala Arredondo, Rodolfo Terrazas Salgado y Felipe de la Mata Pizaña, todos ellos con un perfil de amplia experiencia como juzgadores en materia electoral.

balance

Los tres aspirantes de esta terna han sido magistrados electorales. Marco Zavala fungió como magistrado regional en Monterrey de 2013 a 2016, Rodolfo Terrazas fue magistrado en el Tribunal Electoral del Distrito Federal de 1999 a 2007 y Felipe de la Mata actualmente es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –su cargo concluye en 2020. Los tres aspirantes han sido Secretarios de Estudio y Cuenta en la Sala Superior; Felipe de la Mata y Marco Zavala también fueron Secretarios Generales de Acuerdos, entre otros cargos ocupados en el TEPJF. Rodolfo Terrazas fue Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, actualmente es visitador del TEPJF.

Felipe de la Mata cuenta con dos doctorados en Derecho, uno por la Universidad Panamericana y otro por la Universidad de Castilla la Mancha; Marco Zavala y Rodolfo Terrazas son licenciados en Derecho por la UNAM. Los tres aspirantes cuentan con múltiples publicaciones sobre temas electorales.

Los tres aspirantes presentaron su declaración de conflicto de interés, Rodolfo Terrazas es el único de los aspirantes que además presentó de manera completa su 3de3 y solicitó se hiciera pública.

Por el gran bagaje electoral que tienen los aspirantes de esta terna, la misma generaba muchas expectativas, pues como lo demuestran sus trayectorias los tres cuentan con una extensa experiencia en la justicia electoral, conocen a fondo al TEPJF; en particular, a su Sala Superior. De ahí que esperábamos escuchar posturas claras y definidas sobre el papel de la justicia electoral en los últimos años y los retos que enfrentará a futuro.

En el desarrollo de la comparecencia, Marco Zavala habló sobre la necesidad de contar con un TEPJF que genere certeza, señaló como uno de los retos de la justicia electoral el mejorar las sentencias para que sean estas las protagonistas y no los jueces. Habló sobre la transparencia que debe haber en las audiencias de alegatos y el proceso para emitir una sentencia. Se comprometió a concluir su cargo como magistrado de Sala Superior sin aspirar antes de que termine éste.

Zavala fue cuestionado al menos en tres ocasiones sobre temas de género, respecto de los cuales si bien no definió una postura clara, sí señaló que es un tema con el que se tiene que tener cuidado. Mostró tener un amplio conocimiento de la materia, dejó ver que conoce a profundidad el procedimiento especial sancionador y tiene un amplio dominio de los criterios emitidos por la Salas Regionales y la Sala Superior; sin embargo, fue poco critico respecto de la actuación que ha tenido el máximo órgano jurisdiccional del país en los últimos diez años.

La comparecencia de Rodolfo Terrazas se distinguió del resto, ha sido el único aspirante que habló de aspectos administrativos del TEPJF, manifestó la necesidad de reestructurar su presupuesto, lamentablemente poco abundo sobre el tema. También propuso la necesidad de una redefinición de competencias de las Salas Regionales. En la mayoría de los temas sobre los cuales se le cuestionó dejó ver un criterio propio y definido, especialmente cuando señaló que en su concepto las elecciones no se debían anular en caso de que el candidato ganador rebasara el tope de gastos de campaña.

Felipe de la Mata centró gran parte de su comparecencia en los valores éticos que deben tener los juzgadores para garantizar la imparcialidad en su función. Señaló que la justicia electoral debe ser efectiva, transparente y cercana a la gente, también sostuvo que se debe conceder un valor fundamental a los precedentes.

De la Mata se pronunció sobre una plena suplencia de la queja en todas las impugnaciones, también sostuvo que el TEPJF debe emitir opiniones consultivas que sean vinculantes y señaló que se debe considerar la creación de un juicio electoral indígena.

A pesar de que los senadores le preguntaron sobre su postura respecto de los constantes cambios de criterios de la Sala Superior en diversos casos, sus respuestas fueron genéricas pues en ningún momento sostuvo alguna posición concreta o crítica hacia la integración actual.

En el balance, los tres comparecientes mostraron conocer la justicia electoral; no obstante, vitaron criticar a la actual integración de la Sala Superior y sus resoluciones. A pesar de que por los cargos que han tenido deberían conocer a fondo el TEPJF, poco expusieron respecto al camino institucional que buscarían para el órgano electoral en caso de llegar a ser magistrados electorales.

Strategia electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

Leer completo

El jueves pasado la Comisión de Justicia del Senado de la República desahogó el segundo día de comparecencias de los aspirantes a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por la mañana comparecieron las integrantes de la segunda terna, una de las dos conformadas exclusivamente por mujeres.

comparecencia-2

En primer lugar habría que destacar el formato de las comparecencias: una exposición inicial de los aspirantes en el que justifican su idoneidad para ocupar el cargo, el contenido de los ensayos presentados y el papel que piensan desempeñar en caso de llegar a ocupar la magistratura. Posteriormente, se realizan siete rondas de preguntas, entre las que se incluyen las elaboradas por la sociedad civil. La duración de cada comparecencia oscila entre 1:30 y 2 horas, tiempo suficiente para hacer un escrutinio minucioso sobre el conocimiento que cada aspirante tienen en materia electoral, su criterio jurídico y su visión general sobre la justicia electoral y el sistema electoral mexicano.

Desafortunadamente, en las comparecencias hasta ahora realizadas no se ha aprovechado el formato para conocer el criterio jurídico de los aspirantes, ni su visión sobre la justicia electoral, ello en buena medida se debe a la baja calidad de las preguntas que realizan los senadores, mismas que se centran en temas que no son propios de las funciones y atribuciones que desempeña quienes ocupan una magistratura en la Sala Superior. Por ejemplo, en numerosas ocasiones les han cuestionado sobre delitos electorales, otras veces los temas han sido sumamente repetitivos, equidad de género y candidaturas independientes han ocupado la mayor parte de la discusión e, inclusive, se han aprovechado las preguntas para exponer situaciones personales ocurridas en campaña y en las que la justicia electoral no falló de manera favorable.

Los comparecientes tampoco han contribuido al escrutinio necesario para conocer cada perfil, ya que en algunos casos las respuestas son vagas y genéricas, aunado a que la crítica al desempeño de la actual integración de la Sala Superior ha sido mínima, ello a pesar de que los senadores han enfatizado sobre los constantes cambios de criterios.

En ese sentido, nos gustaría que se presentaran preguntas más puntuales que permitan conocer el criterio jurídico de quienes aspiran a integrar la Sala Superior, e inclusive conocer su visión sobre el balance de la justicia electoral en los últimos 10 años, los retos que tienen hacia los próximos nueve (que será cuando se renueve totalmente la integración que ahora se designe), además de identificar las fortalezas y debilidades de las dos integraciones anteriores.

En cuanto a la terna integrada por Claudia Mavel Curiel, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Soto Fregoso, podemos destacar que todas cuentan con una amplia experiencia en órganos jurisdiccionales, incluyendo los electorales. Claudia Mavel tiene estudios de doctorado, desde 1992 ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, siendo designada en 2009 como Jueza de Distrito y, en 2013, Magistrada de Circuito. Silvia Gabriela Ortiz, es licenciada en Derecho, nunca ha sido jueza, pero ha ocupado diferentes cargos en el TEPJF, entre ellos Secretaria General de Acuerdos, actualmente es Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mónica Soto tiene una maestría y 22 años de experiencia en la materia electoral, de 1994 a 2007 trabajó en el IFE y desde ese año ha sido juzgadora electoral a nivel local y en la Sala Regional Guadalajara.

En la comparecencia, Claudia Mavel Curiel dejó ver que estudió de manera muy minuciosa las sentencias que le sirvieron de base para elaborar sus ensayos, pues habló clara y ampliamente sobre candidaturas independientes y los tweets difundidos durante la veda electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México, pero también se percibió que a pesar de haber sido Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior en la integración que concluyó en 2006, desconoce los criterios de la actual integración, ya que cuando se le preguntó sobre casos relevantes y polémicos resueltos en últimas fechas, no pudo hacer referencia a ninguno en concreto, respondiendo de manera genérica y vaga.

Silvia Gabriela Ortiz Rascón fue cuestionada sobre temas de género, representación proporcional, elecciones bajo sistemas normativos internos, diseño de distritos electorales y designación de integrantes de los organismos públicos locales. En la mayoría de sus respuestas demostró que tenía un amplio dominio y conocimiento sobre los temas, explicó detalladamente los procesos para la asignación por el principio de representación proporcional, el proceso de diseño de los distritos electorales, así como las responsabilidades de los consejeros electorales locales. Lamentablemente poco pudimos conocer sobre su criterio jurídico, ya que sus respuestas se limitaron a ser descriptivas del contenido de la ley y poco profundas en cuanto a su posición sobre el tema cuestionado. El único momento en que Silvia Gabriela Ortiz fue crítica respecto de los criterios de la Sala Superior fue cuando señalaba que alguno de ellos se contraponían con los de la SCJN –lo cual, en sentido estricto, es también una mera descripción.

Fue la única aspirante a la que se le cuestionó sobre el desempeño de sus cargos anteriores, concretamente sobre su salida como Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior en 2007, cuya respuesta fue que se debió al cambio de la presidencia, pues ella fue designada por el Magistrado Flavio Galván Rivera y en ese año la presidencia la asumió la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa; no obstante, enfatizó que su conducta y desempeño siempre ha sido intachable.

Finalmente, Mónica Aralí Soto comenzó su comparecencia destacando sus logros como Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, los cuales dejó ver como propios y no institucionales, señaló que instituyó las audiencias virtuales. Los senadores le hicieron diversas preguntas sobre temas de género, las cuales le permitieron explayarse ya que es uno de las banderas que ha adoptado como magistrada.

Llamó la atención que Mónica Soto señaló estar en desacuerdo con que los jueces modifiquen la legislación “a punta de sentencias”; sin embargo, cuando se le cuestionó sobre los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración y crear de facto una segunda instancia electoral, manifestó estar de acuerdo con que a partir de jurisprudencias se establecieran nuevos supuestos de procedencia del llamado REC.

En el balance, las comparecientes mostraron conocer la materia electoral, aunque fueron demasiado cuidadosas en sus exposiciones a efecto de no comprometer su criterio, evitaron en la medida de lo posible la critica hacia la Sala Superior y poco dejaron ver sobre su visión de la justicia electoral a futuro.

Strategia electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

Leer completo

Como muchas democracias, México ha experimentado una creciente judicialización en varias arenas. Es el caso de la materia electoral, en donde además los jueces electorales -sobre todo los de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)- han acumulado un amplísimo poder. Esto, más las críticas que en diversos espacios -incluido el de los senadores- han cuestionado una actuación inconsistente e impropia de los integrantes de esta Sala Superior, convierte el proceso de designación de los magistrados de dicho órgano en asunto de enorme interés público.

comparecencia

El procedimiento de examinación de los candidatos ante la Comisión de Justicia del Senado inició el pasado 20 de septiembre. Aunque el Senado debería darle la mayor publicidad posible, no ha sido así. Las comparecencias de los aspirantes no se están transmitiendo en el canal televisivo del Canal del Congreso, sólo se pueden ver por Internet, como si se tratará de una sesión o reunión ordinaria de alguna comisión.

En este contexto, durante cerca de seis horas los aspirantes que integran la primera terna comparecieron antes los miembros de la Comisión de Justicia. Hay que decir que esta primera terna está integrada por un litigante, un magistrado (es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León) y un asesor de la presidencia del TEPJF (de 2015 a la fecha).

El primer compareciente fue el litigante José Luis Vargas Valdez (44 años), siguió el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz (59 años) y, por último, el asesor Daniel Cabeza de Vaca Hernández (60 años).

Pese a que dos de los tres ocuparon cargos relevantes en las administraciones de los presidentes panistas no fueron cuestionados sobre sus relaciones o posibles conflictos de interés con el Partido Acción Nacional o con cualquier otro partido político o actor político relevante. Hay que recordar que José Luis Vargas fue Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaria de Gobernación, pasando por un cargo en el CISEN y, posteriormente, fue nombrado por Felipe Calderón como titular de la Fiscalía de Delitos Electorales (FEPADE). Daniel Cabeza de Vaca pasó de Director Jurídico a Subsecretario de Asuntos Jurídicos, también fue Consejero Jurídico de la Presidencia de la República (en dos ocasiones), Procurador General de la República, incluso llego a ser Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

A José Luis Vargas tampoco se le cuestionó sobre los motivos que llevaron al entonces presidente de la República a destituirlo de la FEPADE. En este contexto, es relevante un dato: José Luis Vargas no presentó su declaración de conflicto de intereses y a la pregunta de la Senadora que lo hizo notar, su respuesta fue que no había tenido tiempo. Este aspirante es el único de los tres que no presentó dicha declaración y que además no mencionó su estado civil.

Los tres tienen algún tipo de estudios de doctorado, el currículo de José Luis Vargas indica que es candidato a doctor desde 2001, Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que tiene grado de doctor (2014) y Daniel Cabeza de Vaca es estudiante de doctorado desde 2013. Aunque no consideramos que sea un dato relevante para determinar al mejor para el cargo en disputa, sí es un dato que está a la vista en sus currículums y que da cuenta de estudios no concluidos y estudios que sí están concluidos.

Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que cuenta con experiencia y trayectoria como juzgador. Ingresó al TEPJF en 1995 y su trayectoria en asuntos jurisdiccionales comenzó en 1996 cuando fue magistrado Regional del Tribunal Electoral. Ni José Luis Vargas ni Daniel Cabeza de Vaca tienen experiencia como juzgadores. Vargas refiere que fue Secretario Instructor en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís en los meses o el año que va de 2006 a 2007 (sin precisar los meses). Cabeza de Vaca refiere que de 1978 a 1981 fue auxiliar de defensor de oficio del poder judicial, y que de 2009 a 2014 ocupó el cargo de Consejero en el Consejo de la Judicatura y un lugar en la Comisión de Administración del TEPJF, y que desde 2015 (no precisa mes) a la fecha es asesor de la presidencia del TEPJF. En síntesis, no cuenta con experiencia jurisdiccional, pues aun y cuando ha formado parte de la nómina del Poder Judicial Federal, todos los cargos que ha ocupado han sido en áreas administrativas y no jurisdiccionales.

Esta falta de experiencia como juzgadores tampoco ameritó una evaluación y reflexiones de los Senadores, ni preguntas para indagar cómo suplirían, de ser nombrados, esa ausencia. Tampoco fueron examinados sobre lo que de acuerdo con su formación e ideas consideran que deben privilegiar los jueces tanto de legalidad como constitucionales en su desempeño, así como sobre cuáles son, en su opinión, preferibles y por qué.

En cuanto a su experiencia en la práctica electoral, José Luis Vargas fue asesor de Juan Molinar Horcasitas en el IFE (1996 a 2000), asesor de Rodrigo Morales Manzanares del Instituto Electoral del DF de 1999 a 2000  y de Luis Carlos Ugalde en el IFE de 2005 a 2006 (en ningún caso precisa qué meses). Por su parte, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue magistrado electoral de Sala Regional del TEPJF de los años 1996 a 2004. Mientras que Daniel Cabeza de Vaca es asesor del Presidente del TEPJF desde el año 2015, aunque no precisa si en temas electorales o administrativos (área en la que cuenta con experiencia por haber sido miembro de la Comisión de Administración), salvo por este último cargo no cuenta con experiencia electoral previa.

La actitud de los comparecientes evidenció su cercanía o no con los criterios rectores de la practica judicial electoral, mientras que José Luis Vargas fue muy crítico de la actuación de la Sala Superior, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue poco crítico y Daniel Cabeza de Vaca nada crítico. Sobra mencionar que ser crítico requiere conocer el funcionamiento de aquello sujeto a observación o escrutinio.

La actitud de los Senadores tampoco tuvo ayudó a indagar sobre las fortalezas y debilidades de los candidatos como posibles juzgadores constitucionales electorales. En el mejor momento del escrutinio, a Vargas se le cuestionó sobre casos que ha resuelto la Sala Superior del TEPJF, mientras que a Cabeza de Vaca se le preguntó su opinión de temas generales (tales como género, candidaturas independientes, entre otros), pero lo cierto es que no se le cuestionó de casos o decisiones que han sido tomadas y que merecen revisarse o fijar una postura al respecto. Ojalá en la siguientes comparecencias tengan un mejor desempeñado tanto los candidatos a magistrados como los Senadores.

Strategia Electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

 

Leer completo

Ciudad de México a 19 de septiembre de 2016

H. Comisión de Justicia del Senado de la República

P R E S E N T E

Quienes suscribimos esta misiva somos académicos, profesores universitarios, especializados en cuestiones jurídicas e interesados —como estudiosos y ciudadanos— en la inminente renovación de la Sala Superior del TEPJF. En esa calidad nos permitimos pronunciarnos porque el Senado de la República designe a los nuevos magistrados y magistradas observando las siguientes directrices:

• El Senado debe procurar una composición de la Sala Superior del TEPJF con perfiles y experiencias equilibradas. Esto supone elegir personas que tengan experiencia jurisdiccional especializada en la materia, personas con carrera judicial y personas con experiencia en el ejercicio de la profesión jurídica de manera complementaria. Esto es posible si se toma en cuenta el perfil diverso de las personas que integran las siete ternas confeccionadas por la SCJN.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior del TEPJF sean independientes de los partidos políticos.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior del TEPJF sean independientes de los otros sujetos obligados. En particular de los medios masivos de comunicación.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior tengan un compromiso con el principio constitucional de la laicidad. El Tribunal es el órgano constitucional garante de este principio fundamental para nuestro Estado democrático y, por lo mismo, los magistrados y magistradas deben comprometerse con el mismo. Sabemos que existen otros aspectos relevantes para la debida conformación de un tribunal constitucional pero pensamos que, de cubrirse al menos estas cuestiones, México contará con el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral que necesita en este momento de su historia.

Alberto Abad Suárez. Investigador del IIJ-UNAM

Hugo Concha Cantú. Investigador del IIJ-UNAM.

Sergio López Ayllón. Director General del CIDE.

Saúl López Noriega. Profesor asociado del CIDE.

Pedro Salazar Ugarte. Director e investigador del IIJ-UNAM.

Leer completo

Uno de los pendientes más relevantes del Senado de la República es, sin duda, el nombramiento de la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta será la última ocasión en la cual se renueve en su totalidad este órgano jurisdiccional, ya que la duración en el encargo de los nuevos magistrados será diferenciada en tres, seis y nueve años, con la finalidad de que en el futuro la renovación se haga de manera escalonada. Esto significa que la nueva integración servirá básicamente para el proceso electoral de 2018, ya que en 2019 se renovará una parcialidad de la Sala Superior. Así, los senadores deben tener presente que lo que están eligiendo es un Tribunal Electoral para el 2018. Y nada más.

tribunasl

Una nueva integración total del Tribunal Electoral presenta varios retos importantes para los nuevos magistrados. El principal será que, sin liderazgos preestablecidos, esta nueva generación de jueces electorales tiene pocos referentes para acelerar su curva de aprendizaje respecto su flamante labor. Es decir, con una renovación completa de su integración, el Tribunal Electoral empezará desde cero con menos de un año de que inicie el proceso electoral de 2018.

Ahora bien, la primera parte del proceso de designación, correspondió a la Suprema Corte de Justicia al definir en siete ternas a los veintiún candidatos escogidos de una lista original de 142 provenientes de los Tribunales Colegiados de Circuito, de las Salas Regionales del TEPJF y de tribunales locales y órganos electorales. Si hacemos el esfuerzo por clasificar el perfil de los candidatos, encontramos que son dos los que se destacan: el de “juez de alto nivel” y el de “experto electoral”. Como nota negativa en la conformación de las ternas, vale señalar la ausencia de candidatos con perfil académico, sobre todo si se considera que en integraciones pasadas se contó con abogados como Manuel González Oropeza y José de Jesús Orozco Henríquez, investigadores de tiempo completo en la UNAM.

Analicemos estos perfiles a los que nos referimos. Respecto de los candidatos con el sello de “juez de alto nivel”, una de las ternas se integró exclusivamente con magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, con lo cual se asegura que al menos uno de los nuevos integrantes cumplirá con dicha cualidad. Otros magistrados se encuentren distribuidos en otras ternas, lo que en su momento podría permitir que otros jueces de alto nivel lleguen a ocupar el cargo de magistrado electoral. Considero que es sumamente importante que se elija más de un magistrado que provenga de Tribunales Colegiados de Circuito para contar con quienes sepan mediar entre actores poderosos, con un profundo conocimiento de la argumentación jurídica y, sobre todo, con una rigurosa formación técnica y ética que les permita poner a la justicia y al derecho por encima del contexto político en que se desarrolle la elección.

Los magistrados que provengan del perfil de “juez de alto nivel” tendrán la carga de aportar la certeza y legalidad en el proceso, enfrentándose al problema de no ser técnicos expertos en materia electoral. Quienes resulten seleccionados con este perfil deben tener una trayectoria honorable y de indiscutible imparcialidad, pues ésta es la racionalidad que ha llevado a nuestro sistema político a judicializar las elecciones. Por lo anterior, el escrutinio del Senado respecto de sus trayectorias debe ser profundo, para asegurar que ninguno de los que finalmente resulten elegidos tenga el más mínimo viso de parcialidad hacia algún partido o grupo político, de lo contrario se perderían las ventajas de llamar a estos jueces de alto nivel a responsabilidades diversas a las que forman el centro de su carrera.

El otro perfil que predomina en las ternas es el de “experto en materia electoral”. Para elegir a los candidatos que integran las ternas, la Suprema Corte realizó un proceso de purificación, en la cual se evitó que consejeros electorales del INE en funciones, el titular de la FEPADE y otras personas con responsabilidades polémicas previas accedieran a la fase final. Los candidatos que integran las ternas finales son aquellos que pasaron los varios filtros y vetos de los ministros a cierto tipo de perfil de figuras públicas. A pesar de los filtros de la Corte, estos candidatos, a diferencia de aquellos de carrera judicial, tienen mayor cercanía a los partidos políticos por la propia naturaleza de su trabajo, por lo que será un reto grande encontrar en las ternas a los mejores técnicos electorales alejados de los intereses de los partidos políticos, aunque el resultado más probable es que al final tengan lazos con grupos y partidos políticos. No obstante, estos “expertos en materia electoral” tendrán la responsabilidad de ayudar a sus compañeros con perfil de “juez de alto nivel” en los temas técnicos y racionalidades de la materia electoral de las cuales los otros se verán carentes en un inicio.

Además de los dos perfiles mencionados, existe una terna con candidatos que no responde necesariamente a ninguno de ellos y que se encuentra conformada por Carlos Emilio Arenas Bátiz (presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León), Daniel Cabeza de Vaca (ex consejero jurídico, ex procurador general de la República y ex consejero de la Judicatura Federal) y José Luis Vargas Valdez (ex titular de la FEPADE). De esta terna ninguno cuenta con un perfil electoral sólido, ni con un perfil judicial de alto nivel. Los tres tienen un currículum más cercano al derecho penal y recientemente han desempeñado funciones más administrativas que jurisdiccionales. Esta terna seguramente funcionará como un espacio de negociación para los acuerdos dentro del Senado y deberá tenerse cuidado con el hecho de que por lo menos uno de estos candidatos esta abiertamente relacionado con un partido político.

El reto es muy grande y el tiempo es sumamente corto para que el TEPJF esté listo para una elección complicada como la que se visualiza en el año 2018. Renovar en su totalidad al tribunal a un año del inicio del periodo electoral no suena a una decisión adecuada pero así está establecido en la ley. Debemos elegir a los mejores jueces de alto nivel de las ternas para que enseñen a los demás la función judicial y debemos elegir a los mejores técnicos en materia electoral para que enseñen la técnica electoral. Debe haber equilibrio entre estos perfiles y no puede haber más criterio que este para la selección. El proceso deberá estar exento del reparto de cuotas partidistas y de grupos políticos. El contexto actual en el que no hay claros punteros en los pronósticos electorales para las elecciones de 2018 puede ayudar a que estos principios prevalezcan si las fracciones parlamentarias en el Senado tienen la altura para hacerlo. En caso contrario, es muy probable que este Tribunal Electoral no consiga su estabilidad institucional en el mediano plazo, con costos que esto implicaría para nuestro sinuoso proceso de consolidación democrática.

Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del IIJ-UNAM. Twitter @abadsuarez

Leer completo

Imaginemos un juego de fútbol sin porterías, o una carrera de coches sin meta. Supuestos, a todas luces, extraños, un tanto absurdos, por desmerecer el sentido y la esencia de tales fenómenos. En el primer caso, al momento en que los futbolistas se enfrenten entre sí, sin tener noción alguna de los criterios para triunfar o perder en la contienda, estos quedarán al absoluto arbitrio de sus voluntades para valorar sus actuaciones. En la segunda hipótesis, cuando los vehículos en disputa no pueden distinguir el final del trayecto, la competencia deja de ser competencia por su carácter imperecedero. Al carecer de una línea de llegada, quienes manejan los coches están en posibilidad de utilizar cualquier tipo de habilidades con el fin de concluir su actividad.

senado

Utilizamos este par de ejemplos, a manera de metáforas, para enfatizar la función medular que ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el actual panorama jurídico-político en México. Si bien en el juego electoral participan distintas autoridades —la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral, las autoridades electorales locales—, el TEPJF es mucho más que un mero árbitro que vigila la aplicación de reglas del juego, mucho más que un órgano que fija parámetros para encauzar el buen desarrollo de determinados procesos.

En un país en el que la desconfianza es constante y la certidumbre excepción, el TEPJF no solo se encarga de poner punto final a los comicios que determinan el rumbo político de México cada mandato. Por la complejidad de nuestro sistema normativo, el TEPJF tiene la delicada labor de dotar de sentido a un sistema electoral que ahora es federal, local y concurrente. Debe, pues, armonizar y ensamblar las diferentes piezas del andamiaje institucional, para reflejar y proteger las decisiones populares, para garantizar los derechos político-electorales de los involucrados pero, también, para contribuir a la consolidación democrática de nuestra cultura jurídica.

En días pasados, la SCJN envió al Senado de la República siete ternas para integrar el órgano que está encargado de resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de prácticamente todas las elecciones federales y locales de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, a la Sala Superior del TEPJF.

De 21 personas propuestas, durante las próximas semanas, solo siete serán designados para ocupar el cargo de magistrados electorales. La gran responsabilidad que recae sobre este encargo radica, más allá de fungir como piezas claves en la institucionalización democrática del país, en brindar certeza y confianza a la ciudadanía. Por eso debe garantizarse que las decisiones que emitan los futuros integrantes de Sala Superior no tengan más parámetro que lo dispuesto en la Constitución y la ley. Por eso es indispensable que los designados no respondan a actores, públicos o privados, que buscan tener una influencia indebida en las elecciones.

Para bien y para mal, al día de hoy el resultado final de una elección no solo depende de las urnas. Pensemos, simplemente, en la posibilidad de anular elecciones, o bien, de decretar un cambio de ganador mediante la anulación de casillas. La importancia de la independencia judicial es directamente proporcional al poder de los jueces, y quizá lo es más en la arena electoral, en ese ámbito donde la política suele diluirse con el derecho.

La designación de los magistrados electorales es importante, además, por la forma en que ha funcionado la justicia electoral durante los últimos años. A lo largo de su actual integración, la Sala Superior ha dictado una serie de sentencias que no sólo resultan cuestionables en términos técnicos, sino que además han tenido el efecto de poner en jaque el funcionamiento de algunas piezas del sistema electoral. Así ha quedado documentado en diversos trabajos académicos, entre los que se encuentran Democracia sin garantes: las autoridades electorales vs. la reforma electoral (2009) y La (in)justicia electoral a examen (2016).

En general, parece que la Sala Superior no ha construido una línea jurisprudencial coherente y acorde con su papel de máxima autoridad en materia electoral. Si bien se puede celebrar el sentido de muchas determinaciones del TEPJF —pensemos, para no ir más lejos, en los asuntos relacionados con la paridad de género— lo cierto es que incluso en algunas de estas sentencias se advierte una falta de claridad y calidad argumentativa. Hace falta, pues, construir una justicia electoral más consistente y cercana la ciudadanía; una justicia electoral que brinde certeza y confianza.

Por eso creemos que el Senado tiene en sus manos la oportunidad de abrir una nueva etapa para la justicia electoral. Por la manera en que fueron conformadas las ternas, parecería que la Suprema Corte apostó por garantizar cierto grado de diversidad. Tendremos, pues, magistradas y magistrados electorales con trayectorias profesionales diversas. Falta, sin embargo, lo más importante: garantizar que a la Sala Superior lleguen perfiles sólidos en lo técnico, independientes en lo político y, sobre todo, con madera de jueces constitucionales.

No es poco lo que está en juego. Las elecciones de 2018 están a la vuelta de la esquina y, como muchos han apuntado, muy probablemente sean las más complejas de la historia de la democracia mexicana. Por eso resulta indispensable que, en este contexto, la Sala Superior aporte a la certeza de las elecciones mediante el dictado de sentencias claras, consistentes y socialmente útiles. A nadie le conviene que las elecciones de 2018 se asemejen a un partido sin portería, a una carrera sin meta.

Juan Jesús Garza Onofre. Abogado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Actualmente realiza estudios doctorales por la Universidad Carlos III de Madrid. Twitter: @garza_onofre.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

Leer completo

El día de hoy los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) harán una primera depuración de los aspirantes a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La Convocatoria que emitieron el 5 de julio señala que de los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales para ser magistrados se elegirán a 42, previa examinación y evaluación de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

vacia

El único criterio establecido para hacer esta primera selección es el artículo 212 citado, el cual señala como requisitos para ser magistrado de la Sala Superior:

  • Contar con credencial para votar.
  • Preferentemente tener conocimientos en material electoral.
  • No desempeñar o haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o su equivalente en un partido político.
  • No haber sido registrado como candidato a cargo de elección popular en los últimos 6 años.
  • No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en los últimos seis años.

Estos requisitos son generales, no atienen a la realidad de la justicia electoral en el país, es necesario revisarlos y reformarlos para futuros procesos de designación. Sin embargo, para este proceso que ya inició es el único parámetro que tienen los ministros para seleccionar a 42 aspirantes de los 126 inscritos, lo cual permite una amplia discrecionalidad a las ministros de la SCJN.

Por tanto, la pregunta relevante es ¿cuáles son las cualidades que deben tener los magistrados de la Sala Superior del TEPJF? ¿Qué deberán tomar en consideraciones los ministros a fin de determinar quiénes de los 126 aspirantes deben seguir en el proceso?

Es difícil determinar un perfil único e ideal de magistrado electoral, muchos son los temas que se deben considerar al respecto, en el Observatorio Electoral consideramos que son tres los requisitos iniciales que se deben privilegiar: conocimiento, experiencia e independencia.

Los temas electorales en México llevan más de 20 años siendo objeto de estudio en diversos centros universitarios, actualmente existe una importante oferta académica al respecto. Además, llevamos más de 20 años con autoridades electorales robustas a nivel federal y local. Factores que justifican la exigencia a los aspirantes de contar con conocimiento y experiencia probada en la materia electoral.

El conocimiento y experiencia es un requisito indispensable para quienes aspiren a llegar a la Sala Superior, pues como lo señala María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la próxima integración de la Sala Superior tiene una responsabilidad muy grande: consolidar la democracia. A golpe de sentencia deben exigir a los partidos políticos una mayor responsabilidad democrática. Y, por ello, es indispensable que lleguen a la Sala Superior gente responsable, con criterio y técnica jurídica, que busquen fortalecer el sistema de partidos.

Los ministros de la SCJN también deben valorar la total independencia de los aspirantes, independencia personal e independencia institucional como lo señala el juez Aharon Barak.1

Al respecto, Hugo Concha, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que quienes sean designados como magistrados deben contar con independencia ideológica o política de los candidatos a cargos de elección popular, que su trayectoria no esté asociada a ninguna fuerza política, evitando cuotas partidistas, lo cual perjudica a las instituciones electorales. En ese sentido, estima que la nueva integración de la Sala Superior debe buscar cumplir con su papel de garante de la democracia a través de sentencias claras, bien argumentadas, imparciales, coherentes y consistentes.

Procesos de designación similares, han sido fuertemente criticados porque los cargos han recaído en personas identificadas de forma clara y comprobable con algún partido político; lo cual, aunado a su poca o nula experiencia en materia electoral, ha generado autoridades que se encuentran deslegitimadas desde el inicio.

Es natural que los aspirantes tengan su propia ideología, pero ello no significa que la designación de los magistrados deba atender a una lógica de cuotas partidistas, ni mucho menos a personas cuya independencia sea razonablemente cuestionada.

Finalmente, en un contexto ideal, la designación debe recaer sobre personas de prestigio en la materia, que aporten su conocimiento y experiencia a efecto de fortalecer a la institución, y no por el contrario, que construyan su prestigio a costa de la institución.

Tal como lo señala Saúl López Noriega, profesor asociado del CIDE, al referir que los próximos magistrados electorales deben tener un prestigio propio y no construirlo a partir de su cargo, pues la siguiente generación de magistrados –al ser responsables de la última instancia de la justicia electoral- debe tener como objetivo retomar la labor de tribunal constitucional.

Por lo anterior, es una exigencia que esta primera selección de 42 aspirantes recaiga en aquellos que por su capacidad, experiencia, preparación académica y buena reputación puedan asumir las responsabilidades que implica el cargo, de manera que podamos contar con una autoridad jurisdiccional electoral fuerte, independiente y preparada en los aspectos técnicos.

Equipo del observatorio electoral de Strategia Electoral (@eleccionesymas)

* Para consultar las opiniones completas de María Marván, Saúl López Noriega y Hugo Concha sobre el tema pueden entrar al Observatorio Electoral


1 Barak, Aharon, El papel del juez en una democracia, revista CODHEM, septiembre/octubre, 2003, pp. 55 a 58.

Leer completo

“No comparto las razones para rechazar la terna.” En la recta final de su comparecencia en el Senado, Javier Laynez Potisek cometió un lapsus brutus que seguramente arrancó más de una sonrisa de los legisladores. El senador Mario Delgado le había preguntado su opinión sobre el criterio de la Corte según el cual la reforma energética no podía ser objeto de consulta popular por tratarse de un asunto fiscal. Es claro, pues, que lo que Laynez quería decir es que no compartía las razones por las que se rechazó la consulta. Pero más allá de que el yerro sirvió para amenizar una de por sí larga comparecencia, lo cierto es que quizá Laynez tenga razón. Después de ver las comparecencias de Alejandro Gómez y Álvaro Castro, los otros dos integrantes de la terna, la verdad es que sería una lástima que Laynez no alcanzara la votación para ocupar un espacio en nuestro tribunal constitucional.

jlp

Durante las más de cinco horas que duró la comparecencia los senadores ofrecieron pocas sorpresas. Algunos de ellos se enfrascaron en una disputa, un tanto estéril, sobre si Laynez había participado o no en la representación del Estado mexicano en el caso Radilla Pacheco. ¿El motivo de la discordia? Una de las últimas líneas de un documento relacionado con su –fallida– candidatura a la Corte Penal Internacional, en el cual se afirma que Laynez “participó activamente en el litigio del caso Radilla Pacheco vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” Laynez tuvo que repetir, una y otra vez, que él no había participado en dicho litigio, ni emitido una opinión alguna sobre el caso, ni asistido a ninguna reunión en donde se tratara el asunto. Vaya, hasta tuvo la puntada decir que jamás había puesto un pie en San José.

También hubo, para no variar la costumbre, preguntas que muestran que si las comparecencias suelen dejar mucho que desear es, al menos en parte, por la calidad de las preguntas. El senador Fernando Yunes, por ejemplo, le preguntó a Laynez si le parecía adecuado el porcentaje (33%) que la Constitución establece para que las minorías parlamentarias presenten acciones de inconstitucionalidad. La duda consiste, por supuesto, por qué sería sensato gastar el de por sí limitado tiempo de las comparecencias para que un senador –que sí puede participar en el proceso de reforma a la Constitución– le pregunte a un candidato a ministro sobre un tema en el que (esperemos) jamás tendrá que pronunciarse.

Tampoco hicieron falta preguntas relativamente técnicas que, no sin alguna dificultad, los legisladores formularon a Laynez. Aquí se repitió las historias de comparecencias pasadas. Primer acto: los senadores formulan una pregunta “compleja”, en la que se entremezclan conceptos como “supremacía constitucional”, “pro persona”, “test de proporcionalidad”, “control de convencionalidad” y los etcéteras de costumbre. Segundo acto: el candidato contesta con mayor o menor precisión a la pregunta. Tercer acto: el legislador intenta revirar pero fracasa en su intento, mostrando que, en repetidas ocasiones, simplemente no entiende la pregunta que formuló. El caso de Laynez no fue la excepción: por lo general dio respuesta a las preguntas, buenas y malas, e incluso tuvo la amabilidad de recordarle a diversos legisladores que sus preocupaciones habían sido contestadas unos minutos antes.

A ratos daba la impresión de que, más que una comparecencia, estábamos presenciando una clase, donde los alumnos se esforzaban en realizar preguntas sesudas a un profesor que contestaba con paciencia y amabilidad. Laynez no sólo se mostró como un candidato por demás calificado en cuestiones fiscales –algo esperable dado sus más recientes cargos–. Si de algo sirvió la comparecencia fue para mostrar que el actual magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un jurista que puede hablar con conocimiento y versatilidad sobre derechos sociales, económicos y culturales; el salario mínimo y su desindexación; la implementación del sistema penal acusatorio; el gobierno judicial y el Consejo de la Judicatura; los protocolos para juzgar en casos que involucren comunidades indígenas; el sistema federal mexicano, o la simplificación de las resoluciones judiciales.

En algunos casos parecía –para usar un símil prestado– que Laynez contaba a las preguntas como si le estuviesen preguntando “la tabla del uno.” Pero también es cierto que el ex Procurador Fiscal de la Federación de plano evitó hablar sobre casos espinosos como Ayotzinapa o el de Lydia Cacho. Sobre el primero, dijo no conocer más que lo ventilado en los medios de comunicación, lo cual le valió el reproche por parte de la senadora Dolores Padierna, a quien la pareció inaceptable que no conociera el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Sobre el asunto de Lydia Cacho, Laynez se limitó a decir que no había profundizando lo suficiente en el tema.

Con todo, sería injusto decir que la comparecencia no sirvió para conocer los puntos de vista de Laynez en temas por demás relevantes. Expresó cierto escepticismo con relación a la más reciente decisión de la Primera Sala relacionada con el uso recreacional de la marihuana; dijo no compartir el criterio del Pleno en materia de consultas populares; y en repetidas ocasiones tuvo la oportunidad de dar ejemplos concretos sobre su visión de la justicia constitucional.

Ciertamente no faltaron reproches por parte de legisladores. Manuel Bartlett, por ejemplo, dijo que la única razón por la que había sido propuesto era por su pertenencia al grupo del “inefable” Huberto Castillejos, actual Consejero Jurídico de la Presidencia. Por su parte, Layda Sansores dijo que, para ser imparcial, Laynez tendría que volver a nacer. Pese a todo, incluso los legisladores más críticos no dejaron de reconocer las cualidades técnicas y la competencia de Laynez como jurista.

La comparecencia de Javier Laynez nos dejó, pues, con un sabor agridulce. Por una parte, parece claro que el actual formato de las comparecencias, pese a ciertas mejoras, está lejos de garantizar una auscultación abierta de los candidatos a ministro. Por la otra, no deja de ser una buena noticia que, al fin, hayamos presenciado una comparecencia de un candidato con madera de juez constitucional. Si se valora el mérito y la trayectoria, parece que los senadores no enfrentarán una decisión particularmente difícil en los siguientes días —al menos en esta terna—.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

 

Leer completo

La comparecencia de la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle empezó y terminó con una defensa. Desde que se presentó en la terna, que integra junto con las magistradas Norma Piña y Sara Patricia Olea, salieron a la luz algunos antecedentes polémicos que marcaron, definitivamente, su comparecencia: (i) el caso Sauceda Guerra, a quien se le acusaba de lavado de dinero en los Estados Unidos y cuya solicitud de arresto para extradición fue negada por la entonces juez Sánchez Valle; (ii) el del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, caso en el cual la juez consideró que no procedía la extradición; y (iii) la liberación de José Gerardo Ortaga Amaya, ex asesor del Secretario de Marina, acusado del delito de delincuencia organizada.

veronica-sanchez-valle

La comparecencia de la magistrada Sánchez Valle, en este contexto, inició con cuestionamientos directos de la Senadora Martha Tagle respecto esos casos y concluyó con una interpelación en el mismo sentido por parte del Senador Armando Ríos Piter. La magistrada agradeció el espacio y sostuvo que era su oportunidad para exponer su versión de los hechos. En relación con el caso Sauceda Guerra, la magistrada explicó que emitió un fallo contrario a la Procuraduría General de la República (PGR), ya que ésta le presentó una persona cuyos apellidos y media filiación diferían de aquella respecto de la cual había sido solicitada una orden de arresto para fines de extradición. Por ello —justificó— su decisión fue ordenar la liberación inmediata de la persona presentada. Al respecto, sostuvo que en ese caso su papel como juzgadora federal se limitó a proteger la libertad personal de una persona distinta de Sauceda Guerra.

Como consecuencia de su decisión en el caso Sauceda Guerra, la PGR inició averiguación previa contra la entonces juez Sánchez Valle por delitos contra la administración de justicia. En su comparecencia ante el Senado, explicó que la orden de aprehensión fue negada en primera instancia y que dicha negativa fue confirmada en apelación. A pesar de reconocer la incomodidad que pasó entonces, Sánchez Valle dijo “estar en paz” y convencida de haber actuado bien e, incluso, destacó que con posterioridad a ese incidente el Consejo de la Judicatura Federal le ratificó en el cargo y, después, la ascendió a magistrada de Circuito.

La magistrada, quien mañana cumple 45 años, tuvo también la oportunidad de explicar que en el caso de la extradición de Portillo no se cumplían los requisitos señalados en el tratado de extradición respectivo –lo cual hizo saber, en su momento, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de Ortega Maya, Sánchez Valle dijo estar imposibilitada para hacer muchos comentarios ya que el caso sigue pendiente de resolución, pero sostuvo que su actuar como juez de proceso penal fue limitado por una ejecutoria de amparo a la cual tuvo que dar cumplimiento.

Como parte de la defensa que la magistrada hizo de su papel como juzgadora federal, casi al final de su intervención, destacó la necesidad de revisar la comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal. Manifestó que, en muchas ocasiones, los ciudadanos no tenemos información completa o cierta sobre las resoluciones judiciales federales y, en consecuencia, se hacen juicios incorrectos respecto los mismos.

A la largo de su comparecencia, la magistrada Sánchez Valle mostró mayor seguridad al responder preguntas relativas a la materia penal. Es más: dijo preferir la materia penal sobre la administrativa —en la cual trabaja actualmente—. En particular, explicó que el derecho del enemigo es una doctrina que justifica la imposición de penas por encima de los derechos humanos, dentro de esa doctrina identificó los casos de la punibilidad anticipada y la extinción de dominio. Por otra parte, sostuvo que, en su labor como jueza penal, había encontrado una gran dificultad para acreditar todos los elementos que integran el tipo penal de trata de personas, por lo cual hizo un llamado a revisarlo en sede legislativa.

Asimismo, en cuanto a su perspectiva acerca del alcance y protección de los derechos humanos, al igual que acerca de las limitaciones a los que éstos pueden ser sujetos, la magistrada expresó estar comprometida con su protección y maximización. Sin embargo, en cuanto al arraigo, expresó que debe ponderarse la seguridad pública y la libertad personal, manifestando que la primera tiene mayor peso. De igual forma expresó la importancia de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, erróneamente afirmó que cuando el Estado mexicano no es parte en una resolución emitida por dicha Corte, los criterios únicamente son orientadores, pero no obligatorios —criterio que ya fue superado por la Suprema Corte—.

En cuanto al tema de interrupción legal del embarazo, la magistrada manifestó que debe de existir una ponderación entre el “derecho a una vida digna del menor” y los derechos de libertad y a la salud de la madre —dejando ver su oposición al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo—.

Después de la intervención de la Senadora Angélica de la Peña, la magistrada Sánchez Valle dijo entender la responsabilidad que implica ser propuesta para sentarse en la silla de la ministra Sánchez Cordero. Además, dijo no conocer a nadie ni estar apadrinada por un grupo político y recordó sus sencillos orígenes en el Poder Judicial de la Federación.

En general, la magistrada se vio segura en sus respuestas y, con lenguaje coloquial —“el negrito en el arroz” y “a ojo de buen cubero”—, expuso su punto de vista sobre diversas problemáticas jurídicas a las cuales se enfrenta el Poder Judicial de la Federación. No obstante, el eje central de la comparecencia fue su propia defensa, lo cual opacó temas de mayor trascendencia para el orden jurídico nacional.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1

Mariana Aziz Pico. Estudiante de la licenciatura en derecho en el ITAM y colaboradora de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @marianaaziz

Leer completo