El día de hoy los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) harán una primera depuración de los aspirantes a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La Convocatoria que emitieron el 5 de julio señala que de los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales para ser magistrados se elegirán a 42, previa examinación y evaluación de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

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El único criterio establecido para hacer esta primera selección es el artículo 212 citado, el cual señala como requisitos para ser magistrado de la Sala Superior:

  • Contar con credencial para votar.
  • Preferentemente tener conocimientos en material electoral.
  • No desempeñar o haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o su equivalente en un partido político.
  • No haber sido registrado como candidato a cargo de elección popular en los últimos 6 años.
  • No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en los últimos seis años.

Estos requisitos son generales, no atienen a la realidad de la justicia electoral en el país, es necesario revisarlos y reformarlos para futuros procesos de designación. Sin embargo, para este proceso que ya inició es el único parámetro que tienen los ministros para seleccionar a 42 aspirantes de los 126 inscritos, lo cual permite una amplia discrecionalidad a las ministros de la SCJN.

Por tanto, la pregunta relevante es ¿cuáles son las cualidades que deben tener los magistrados de la Sala Superior del TEPJF? ¿Qué deberán tomar en consideraciones los ministros a fin de determinar quiénes de los 126 aspirantes deben seguir en el proceso?

Es difícil determinar un perfil único e ideal de magistrado electoral, muchos son los temas que se deben considerar al respecto, en el Observatorio Electoral consideramos que son tres los requisitos iniciales que se deben privilegiar: conocimiento, experiencia e independencia.

Los temas electorales en México llevan más de 20 años siendo objeto de estudio en diversos centros universitarios, actualmente existe una importante oferta académica al respecto. Además, llevamos más de 20 años con autoridades electorales robustas a nivel federal y local. Factores que justifican la exigencia a los aspirantes de contar con conocimiento y experiencia probada en la materia electoral.

El conocimiento y experiencia es un requisito indispensable para quienes aspiren a llegar a la Sala Superior, pues como lo señala María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la próxima integración de la Sala Superior tiene una responsabilidad muy grande: consolidar la democracia. A golpe de sentencia deben exigir a los partidos políticos una mayor responsabilidad democrática. Y, por ello, es indispensable que lleguen a la Sala Superior gente responsable, con criterio y técnica jurídica, que busquen fortalecer el sistema de partidos.

Los ministros de la SCJN también deben valorar la total independencia de los aspirantes, independencia personal e independencia institucional como lo señala el juez Aharon Barak.1

Al respecto, Hugo Concha, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que quienes sean designados como magistrados deben contar con independencia ideológica o política de los candidatos a cargos de elección popular, que su trayectoria no esté asociada a ninguna fuerza política, evitando cuotas partidistas, lo cual perjudica a las instituciones electorales. En ese sentido, estima que la nueva integración de la Sala Superior debe buscar cumplir con su papel de garante de la democracia a través de sentencias claras, bien argumentadas, imparciales, coherentes y consistentes.

Procesos de designación similares, han sido fuertemente criticados porque los cargos han recaído en personas identificadas de forma clara y comprobable con algún partido político; lo cual, aunado a su poca o nula experiencia en materia electoral, ha generado autoridades que se encuentran deslegitimadas desde el inicio.

Es natural que los aspirantes tengan su propia ideología, pero ello no significa que la designación de los magistrados deba atender a una lógica de cuotas partidistas, ni mucho menos a personas cuya independencia sea razonablemente cuestionada.

Finalmente, en un contexto ideal, la designación debe recaer sobre personas de prestigio en la materia, que aporten su conocimiento y experiencia a efecto de fortalecer a la institución, y no por el contrario, que construyan su prestigio a costa de la institución.

Tal como lo señala Saúl López Noriega, profesor asociado del CIDE, al referir que los próximos magistrados electorales deben tener un prestigio propio y no construirlo a partir de su cargo, pues la siguiente generación de magistrados –al ser responsables de la última instancia de la justicia electoral- debe tener como objetivo retomar la labor de tribunal constitucional.

Por lo anterior, es una exigencia que esta primera selección de 42 aspirantes recaiga en aquellos que por su capacidad, experiencia, preparación académica y buena reputación puedan asumir las responsabilidades que implica el cargo, de manera que podamos contar con una autoridad jurisdiccional electoral fuerte, independiente y preparada en los aspectos técnicos.

Equipo del observatorio electoral de Strategia Electoral (@eleccionesymas)

* Para consultar las opiniones completas de María Marván, Saúl López Noriega y Hugo Concha sobre el tema pueden entrar al Observatorio Electoral


1 Barak, Aharon, El papel del juez en una democracia, revista CODHEM, septiembre/octubre, 2003, pp. 55 a 58.

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“No comparto las razones para rechazar la terna.” En la recta final de su comparecencia en el Senado, Javier Laynez Potisek cometió un lapsus brutus que seguramente arrancó más de una sonrisa de los legisladores. El senador Mario Delgado le había preguntado su opinión sobre el criterio de la Corte según el cual la reforma energética no podía ser objeto de consulta popular por tratarse de un asunto fiscal. Es claro, pues, que lo que Laynez quería decir es que no compartía las razones por las que se rechazó la consulta. Pero más allá de que el yerro sirvió para amenizar una de por sí larga comparecencia, lo cierto es que quizá Laynez tenga razón. Después de ver las comparecencias de Alejandro Gómez y Álvaro Castro, los otros dos integrantes de la terna, la verdad es que sería una lástima que Laynez no alcanzara la votación para ocupar un espacio en nuestro tribunal constitucional.

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Durante las más de cinco horas que duró la comparecencia los senadores ofrecieron pocas sorpresas. Algunos de ellos se enfrascaron en una disputa, un tanto estéril, sobre si Laynez había participado o no en la representación del Estado mexicano en el caso Radilla Pacheco. ¿El motivo de la discordia? Una de las últimas líneas de un documento relacionado con su –fallida– candidatura a la Corte Penal Internacional, en el cual se afirma que Laynez “participó activamente en el litigio del caso Radilla Pacheco vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” Laynez tuvo que repetir, una y otra vez, que él no había participado en dicho litigio, ni emitido una opinión alguna sobre el caso, ni asistido a ninguna reunión en donde se tratara el asunto. Vaya, hasta tuvo la puntada decir que jamás había puesto un pie en San José.

También hubo, para no variar la costumbre, preguntas que muestran que si las comparecencias suelen dejar mucho que desear es, al menos en parte, por la calidad de las preguntas. El senador Fernando Yunes, por ejemplo, le preguntó a Laynez si le parecía adecuado el porcentaje (33%) que la Constitución establece para que las minorías parlamentarias presenten acciones de inconstitucionalidad. La duda consiste, por supuesto, por qué sería sensato gastar el de por sí limitado tiempo de las comparecencias para que un senador –que sí puede participar en el proceso de reforma a la Constitución– le pregunte a un candidato a ministro sobre un tema en el que (esperemos) jamás tendrá que pronunciarse.

Tampoco hicieron falta preguntas relativamente técnicas que, no sin alguna dificultad, los legisladores formularon a Laynez. Aquí se repitió las historias de comparecencias pasadas. Primer acto: los senadores formulan una pregunta “compleja”, en la que se entremezclan conceptos como “supremacía constitucional”, “pro persona”, “test de proporcionalidad”, “control de convencionalidad” y los etcéteras de costumbre. Segundo acto: el candidato contesta con mayor o menor precisión a la pregunta. Tercer acto: el legislador intenta revirar pero fracasa en su intento, mostrando que, en repetidas ocasiones, simplemente no entiende la pregunta que formuló. El caso de Laynez no fue la excepción: por lo general dio respuesta a las preguntas, buenas y malas, e incluso tuvo la amabilidad de recordarle a diversos legisladores que sus preocupaciones habían sido contestadas unos minutos antes.

A ratos daba la impresión de que, más que una comparecencia, estábamos presenciando una clase, donde los alumnos se esforzaban en realizar preguntas sesudas a un profesor que contestaba con paciencia y amabilidad. Laynez no sólo se mostró como un candidato por demás calificado en cuestiones fiscales –algo esperable dado sus más recientes cargos–. Si de algo sirvió la comparecencia fue para mostrar que el actual magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un jurista que puede hablar con conocimiento y versatilidad sobre derechos sociales, económicos y culturales; el salario mínimo y su desindexación; la implementación del sistema penal acusatorio; el gobierno judicial y el Consejo de la Judicatura; los protocolos para juzgar en casos que involucren comunidades indígenas; el sistema federal mexicano, o la simplificación de las resoluciones judiciales.

En algunos casos parecía –para usar un símil prestado– que Laynez contaba a las preguntas como si le estuviesen preguntando “la tabla del uno.” Pero también es cierto que el ex Procurador Fiscal de la Federación de plano evitó hablar sobre casos espinosos como Ayotzinapa o el de Lydia Cacho. Sobre el primero, dijo no conocer más que lo ventilado en los medios de comunicación, lo cual le valió el reproche por parte de la senadora Dolores Padierna, a quien la pareció inaceptable que no conociera el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Sobre el asunto de Lydia Cacho, Laynez se limitó a decir que no había profundizando lo suficiente en el tema.

Con todo, sería injusto decir que la comparecencia no sirvió para conocer los puntos de vista de Laynez en temas por demás relevantes. Expresó cierto escepticismo con relación a la más reciente decisión de la Primera Sala relacionada con el uso recreacional de la marihuana; dijo no compartir el criterio del Pleno en materia de consultas populares; y en repetidas ocasiones tuvo la oportunidad de dar ejemplos concretos sobre su visión de la justicia constitucional.

Ciertamente no faltaron reproches por parte de legisladores. Manuel Bartlett, por ejemplo, dijo que la única razón por la que había sido propuesto era por su pertenencia al grupo del “inefable” Huberto Castillejos, actual Consejero Jurídico de la Presidencia. Por su parte, Layda Sansores dijo que, para ser imparcial, Laynez tendría que volver a nacer. Pese a todo, incluso los legisladores más críticos no dejaron de reconocer las cualidades técnicas y la competencia de Laynez como jurista.

La comparecencia de Javier Laynez nos dejó, pues, con un sabor agridulce. Por una parte, parece claro que el actual formato de las comparecencias, pese a ciertas mejoras, está lejos de garantizar una auscultación abierta de los candidatos a ministro. Por la otra, no deja de ser una buena noticia que, al fin, hayamos presenciado una comparecencia de un candidato con madera de juez constitucional. Si se valora el mérito y la trayectoria, parece que los senadores no enfrentarán una decisión particularmente difícil en los siguientes días —al menos en esta terna—.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

 

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La comparecencia de la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle empezó y terminó con una defensa. Desde que se presentó en la terna, que integra junto con las magistradas Norma Piña y Sara Patricia Olea, salieron a la luz algunos antecedentes polémicos que marcaron, definitivamente, su comparecencia: (i) el caso Sauceda Guerra, a quien se le acusaba de lavado de dinero en los Estados Unidos y cuya solicitud de arresto para extradición fue negada por la entonces juez Sánchez Valle; (ii) el del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, caso en el cual la juez consideró que no procedía la extradición; y (iii) la liberación de José Gerardo Ortaga Amaya, ex asesor del Secretario de Marina, acusado del delito de delincuencia organizada.

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La comparecencia de la magistrada Sánchez Valle, en este contexto, inició con cuestionamientos directos de la Senadora Martha Tagle respecto esos casos y concluyó con una interpelación en el mismo sentido por parte del Senador Armando Ríos Piter. La magistrada agradeció el espacio y sostuvo que era su oportunidad para exponer su versión de los hechos. En relación con el caso Sauceda Guerra, la magistrada explicó que emitió un fallo contrario a la Procuraduría General de la República (PGR), ya que ésta le presentó una persona cuyos apellidos y media filiación diferían de aquella respecto de la cual había sido solicitada una orden de arresto para fines de extradición. Por ello —justificó— su decisión fue ordenar la liberación inmediata de la persona presentada. Al respecto, sostuvo que en ese caso su papel como juzgadora federal se limitó a proteger la libertad personal de una persona distinta de Sauceda Guerra.

Como consecuencia de su decisión en el caso Sauceda Guerra, la PGR inició averiguación previa contra la entonces juez Sánchez Valle por delitos contra la administración de justicia. En su comparecencia ante el Senado, explicó que la orden de aprehensión fue negada en primera instancia y que dicha negativa fue confirmada en apelación. A pesar de reconocer la incomodidad que pasó entonces, Sánchez Valle dijo “estar en paz” y convencida de haber actuado bien e, incluso, destacó que con posterioridad a ese incidente el Consejo de la Judicatura Federal le ratificó en el cargo y, después, la ascendió a magistrada de Circuito.

La magistrada, quien mañana cumple 45 años, tuvo también la oportunidad de explicar que en el caso de la extradición de Portillo no se cumplían los requisitos señalados en el tratado de extradición respectivo –lo cual hizo saber, en su momento, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de Ortega Maya, Sánchez Valle dijo estar imposibilitada para hacer muchos comentarios ya que el caso sigue pendiente de resolución, pero sostuvo que su actuar como juez de proceso penal fue limitado por una ejecutoria de amparo a la cual tuvo que dar cumplimiento.

Como parte de la defensa que la magistrada hizo de su papel como juzgadora federal, casi al final de su intervención, destacó la necesidad de revisar la comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal. Manifestó que, en muchas ocasiones, los ciudadanos no tenemos información completa o cierta sobre las resoluciones judiciales federales y, en consecuencia, se hacen juicios incorrectos respecto los mismos.

A la largo de su comparecencia, la magistrada Sánchez Valle mostró mayor seguridad al responder preguntas relativas a la materia penal. Es más: dijo preferir la materia penal sobre la administrativa —en la cual trabaja actualmente—. En particular, explicó que el derecho del enemigo es una doctrina que justifica la imposición de penas por encima de los derechos humanos, dentro de esa doctrina identificó los casos de la punibilidad anticipada y la extinción de dominio. Por otra parte, sostuvo que, en su labor como jueza penal, había encontrado una gran dificultad para acreditar todos los elementos que integran el tipo penal de trata de personas, por lo cual hizo un llamado a revisarlo en sede legislativa.

Asimismo, en cuanto a su perspectiva acerca del alcance y protección de los derechos humanos, al igual que acerca de las limitaciones a los que éstos pueden ser sujetos, la magistrada expresó estar comprometida con su protección y maximización. Sin embargo, en cuanto al arraigo, expresó que debe ponderarse la seguridad pública y la libertad personal, manifestando que la primera tiene mayor peso. De igual forma expresó la importancia de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, erróneamente afirmó que cuando el Estado mexicano no es parte en una resolución emitida por dicha Corte, los criterios únicamente son orientadores, pero no obligatorios —criterio que ya fue superado por la Suprema Corte—.

En cuanto al tema de interrupción legal del embarazo, la magistrada manifestó que debe de existir una ponderación entre el “derecho a una vida digna del menor” y los derechos de libertad y a la salud de la madre —dejando ver su oposición al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo—.

Después de la intervención de la Senadora Angélica de la Peña, la magistrada Sánchez Valle dijo entender la responsabilidad que implica ser propuesta para sentarse en la silla de la ministra Sánchez Cordero. Además, dijo no conocer a nadie ni estar apadrinada por un grupo político y recordó sus sencillos orígenes en el Poder Judicial de la Federación.

En general, la magistrada se vio segura en sus respuestas y, con lenguaje coloquial —“el negrito en el arroz” y “a ojo de buen cubero”—, expuso su punto de vista sobre diversas problemáticas jurídicas a las cuales se enfrenta el Poder Judicial de la Federación. No obstante, el eje central de la comparecencia fue su propia defensa, lo cual opacó temas de mayor trascendencia para el orden jurídico nacional.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1

Mariana Aziz Pico. Estudiante de la licenciatura en derecho en el ITAM y colaboradora de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @marianaaziz

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Al momento de ser emitidas las ternas enviadas por el presidente de la República, el primer nombre que llamó la atención a la opinión pública fue el de Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Actual Procurador del Estado de México y cercano en especial al consejero jurídico de la presidencia de la República, Humberto Castillejos. Su nombre, en razón de su cargo y trayectoria, se encuentra ligado a casos de posibles violaciones a derechos humanos de enorme relevancia: Atenco y Tlatlaya.

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En consecuencia, esta ha sido hasta el momento la comparecencia más larga de todas, aunque, por desgracia, no por ello la más rica en contenidos, exposición de ideas y posibilidades de satisfacer su objetivo primordial: conocer el potencial de un aspirante para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte, su postura ideológica, su capacidad de argumentación jurídica y su posición en temas de vital importancia.

Para comenzar y de acuerdo con el procedimiento, el aspirante hizo lectura de su carta de intenciones. Redactada en un lenguaje técnico, razonablemente bien sustentado y, aunque cumplidora, ninguno de sus contenidos resultó particularmente atractivo. Llama la atención la mención a la existencia y lógica de la división de poderes, pero combinada con la necesidad de cooperación y armonía entre los mismos para “garantizar la unidad política del Estado”. Recuerda, con su matiz a cierta ministra de la Corte Constitucional Venezolana que, de acuerdo con Pedro Salazar, pidió “olvidar la noción burguesa de la división de poderes”.

Más adelante se refirió en específico a la reciente sentencia en materia de producción y consumo de cannabis de la Corte mexicana. Y bajita la tenaza, anotó que la sentencia podría tener vicios en materia de convencionalidad a partir de algunas interpretaciones acerca de los compromisos internacionales que tiene México en materia de combate a las drogas. Además de que en una nota al pie un tanto catastrofista, también anotó que la resolución puede tener problemas de ponderación entre derechos humanos, políticas públicas, seguridad y bien común.

Por su parte, las preguntas de los Senadores, en su mayoría se refirieron al  trabajo del aspirante como Procurador del Estado de México, especialmente en temas como derechos humanos, fuero militar y violencia de género. En general, las preguntas fueron, como suelen ser, más políticas que jurídicas pero ayudaron a evidenciar tres características fundamentales del candidato que fueron los signos transversales de la comparecencia:

1) Su comparecencia giró en torno a una explicación, en distintos momentos y matices, acerca de la solución de los casos controvertidos a lo largo de su trayectoria y actual cargo: Tlatlaya, Atenco y los diversos feminicidios ocurridos en el Estado de México.  Por eso, como señaló la Senadora Martha Tagle, más que una comparecencia podemos decir que lo que vimos fue una mezcla entre un informe de labores y… una clase de derecho procesal penal con perspectiva de género.

2) Sánchez Gómez tiene un problema serio de comprensión. En la primer ronda de preguntas, sobre diversos temas y realizadas por las Senadoras Tagle, de la Peña y Ortega, no fue capaz de contestar, sin necesidad de una explicación posterior ninguna de las inteorrgantes que se le hicieron.

3) El aspirante estuvo en todo momento más ocupado en justificar su trabajo actual y en convencer a los Senadores de la no existencia de ningún posible conflicto de interés devenido de sus relaciones y trabajos anteriores, que en analizar y responder las preguntas que se le realizaron. Una de sus frases más repetidas a lo largo de la comparecencia fue “todo mi trabajo lo he realizado en estricto apego a la legalidad”. Inclusive,  más adelante, hizo la ya conocida exposición sobre por qué los posibles conflictos de interés no son tales “tomando en cuenta la legislación en materia de responsabilidad de los servidores públicos”.

En el plano jurídico los problemas son un tanto más graves. Aunque la primer ronda de preguntas de los Senadores estuvo enfocada en temas políticos, las preguntas realizadas por la sociedad civil, ya sea en el formato de foro abierto o en el aquellas que fueron retomadas por algunos Senadores como Layda Sansores y Alejandro Encinas -y que habían sido elaboradas por expertos constitucionalistas-, se enfocaron más en tratar de conocer las capacidades como jurista de Sánchez Gómez.

En un balance general, y por demás generoso, podemos decir que Sánchez Gómez tiene “apenas algunos conocimientos básicos de derecho constitucional”.  Es evidente que sus años como Procurador y analista en temas de justicia penal le han dado amplios conocimientos, especialmente procedimentales, en la materia. Pero en derecho constitucional le falta mucho por aprender. Su respuesta a la mayoría de las preguntas, sin importar si éstas se encontraran referidas al (falso) dilema entre la salvaguarda de los derechos de las víctimas y de los presuntos culpables, la regulación del cannabis en México o medidas de reparación del daño, para Sánchez Gómez todo puede resolverse a partir de la ponderación entre derechos. Ponderación, que, a su juicio, debe tener en cuenta también “el orden público y la preservación del bienestar social”.

En segundo término, Sánchez Gómez evidenció que conoce poco de la labor que realizará en caso de ser ministro. A lo largo de la comparecencia, en especial frente a ciertas preguntas “de rescate” del tipo “que aportaría usted a la Suprema Corte en caso de llegar a ser ministro”, el Procurador Sánchez se limitó a señalar que iba a hacer lo que la Constitución le obliga a hacer “realizar su labor con profesionalismo, independencia, apego a la legalidad… etc., etc.”. Incluso, cuando se le preguntó directamente por el trabajo de uno de sus posibles futuros colegas, el ministro José Ramón Cossío, no dudó en contestar –con mucha honestidad, eso sí- “que no conocía el trabajo al que se le hacía referencia”.

Y eso nos lleva al último punto problemático de la comparecencia de Sánchez Gómez: su constante remisión a “lo que dice la ley” como solución a las preguntas que se plantearon en distintos temas. Pareciera ser, de acuerdo con la visión de Sánchez Gómez, que la corrupción en el poder judicial, las ejecuciones extrajudiciales, los feminicidios, las prebendas excesivas que obtienen los funcionares judiciales y las deficiencias en los procesos institucionales, tienen su raíz y su solución en los textos jurídicos. Estrechez de miras que, si bien es preocupante en la clase política, resulta imperdonable en un aspirante a tener un trabajo que estriba, precisamente, en interpretar “lo que dice la ley”.

En síntesis, la comparecencia de Sánchez Gómez nos deja dos lecciones: por un lado, que a pesar de todas las fallas como Procurador de Justicia, es mejor fiscal que aspirante a ministro y; por el otro, que no tiene ni la trayectoria, ni el conocimiento, ni la independencia del poder ejecutivo —sin importar al grupo político al que este pertenezca— para llenar los zapatos del ministro Silva Meza.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Twitter: @pauletta_sofia

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El día de hoy, dentro del calendario de comparecencias de los candidatos a ministros de la Suprema Corte, tocó el turno de la magistrada federal Norma Piña. Las reglas de este ejercicio ante la Comisión de Justicia del Senado de la República fueron las mismas que el día de ayer.

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Así, la magistrada Piña aprovechó sus veinte minutos de exposición para explicar, en buena medida, las características del modelo de justicia constitucional de nuestro país. Al respecto, mencionó que se trata de un modelo concentrado en los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación que, si bien ha sufrido algunos cambios en los últimos años, su esencia es concentrarse en tres diferentes órganos: jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte. Esto significa, subrayó la magistrada Piña, que los jueces de distrito y los magistrados de circuito realizan tareas propias de un juez constitucional e, inclusive, en ocasiones, estos últimos son órganos terminales. Es decir, en ellos concluyen ciertos asuntos. La estrategia de Piña, al plantear esta exposición, no fue mala: su objetivo era subrayar que ella, en su calidad de magistrada de circuito, ya lleva años realizando las tareas propias de una jueza constitucional. No obstante, hubiese sido más persuasiva si su exposición la hubiese limpiado de tantos formalismos y, en vez de ello, ofreciese aspectos cualitativos de lo que ha sido su trabajo justo como jueza constitucional.

Después iniciaron las rondas de preguntas. A diferencia de la actuación de ayer de la magistrada Orea, Piña fue segura en sus respuestas. En casi ninguna ocasión titubeo ni mostró desconocimiento de qué es lo que le estaban preguntando. Sin embargo, esto sirvió para evidenciar la pobre preparación de prácticamente cada uno de los Senadores que participaron en la comparecencia. Salvo un puñado de Senadores, que claramente sí tienen una idea de lo que está en juego en esta designación y de los flancos a partir de los cuales se debe escudriñar a los candidatos, el resto no supo qué hacer con una candidata que en ningún momento tuvo un momento particular de lucidez pero sí ofreció respuestas ágilmente evasivas y terminantes.

Así, los Senadores lanzaron preguntas que ante las magras respuestas de la magistrada Piña, y justo por no entender del todo tales preguntas, dejaron ir la oportunidad de lanzar contrarréplicas que pusieran en aprietos a la candidata. Por ejemplo: se le preguntó su opinión sobre el informe del Comité en contra de la tortura de la ONU, que recién señaló que la tortura en el país es una práctica generalizada para obtener confesiones de los detenidos. La respuesta de la magistrada Piña fue que ella no podía descalificar ese reporte de la ONU y que se estaban tomando medidas para acabar con la tortura. ¿Alguna contrarréplica respecto los criterios de la Suprema Corte en materia de tortura? ¿Cómo se deberían alinear los incentivos institucionales para realmente atar la actuación de la policía? ¿En qué consiste la tarea del juez de control en el nuevo sistema penal? Los Senadores no fueron capaces de formularle ninguna de éstas u otras preguntas a la candidata en un tema de enorme relevancia. Sobre todo porque no hay que olvidar que Piña está en la terna de candidatas para sustituir a Sánchez Cordero y, en su caso, integrarse a la Primera Sala de la Corte (la cual ve precisamente los casos sobre tortura).

También se le preguntó cuáles debiesen ser, en su opinión, los límites jurídicos al concepto de seguridad nacional como candado para reservar cierta información pública. La respuesta de la magistrada Piña fue: “Los límites jurídicos son las violaciones graves a las garantías.” Ante uno de los temas más peliagudos de la discusión constitucional alrededor del mundo, esta fue la respuesta que ofreció la candidata. Peor aún: fue la que aceptó sin reparar la Comisión de Justicia. Un ejemplo más: se le preguntó su opinión respecto que el Estado autorice, y defina un procedimiento, para la eutanasia activa. Piña, lacónicamente, dijo: No hay valores absolutos. Estamos ante un conflicto entre el valor de la vida y el de la dignidad de las personas. La educación ayuda a resolver este tipo de problemas.

Pero también hubo preguntas enteramente erróneas por parte de los Senadores. ¿Un mecanismo de control del poder legislativo hacia el poder judicial vulneraría la autonomía de éste?  ¿Cree que la Suprema Corte se ha excedido en algunas decisiones como intérprete de la Constitución?  ¿Cuál es la diferencia entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad? Preguntas vagas, ancladas en lugares comunes y con un blanco de ataque equivocado.

Algo que es necesario destacar es que, desde la comparecencia del día de ayer, los Senadores básicamente han centrado sus preguntas en temas de derechos. Pero no han lanzado ninguna interrogante respecto ese otro gran filón de casos que resuelve la Corte día a día: la organización del poder. Es decir, el proceso de escrutinio ha dejar escapar temas de enorme relevancia como el federalismo, la división de poderes y la estructura de nuestro texto constitucional. ¿Cuál es la naturaleza de los artículos transitorios de nuestra Constitución? ¿Cómo ordenar esa madeja normativa que es nuestro federalismo cooperativo? ¿De qué manera darle una lectura sistemática a las diferentes concepciones de autonomía orgánica otorgada a diversos poderes en el texto constitucional? Es posible que los Senadores se estén limitando a los temas de derechos debido a que son más taquilleros. Pero inclusive profundizar en el tema de derechos exige involucrarse, por ejemplo, en los problemas de nuestro federalismo que dificultan que ciertos derechos ya instrumentalizados en política pública no aterricen de manera adecuada en los diferentes ordenes de gobierno.

Pero lo que más llama la atención es que la magistrada Piña ante este calibre de preguntas no las aprovechara para lucirse. En alguna de las rondas, por ejemplo, se le preguntó cuál era su filosofía judicial. Se trata de una interrogante que le abrió una enorme oportunidad para brillar. Ofrecer una muestra de su cultura constitucional, su conocimiento de sentencias de nuestra Corte pero también de otros países, así como algunos de los retos de la narrativa constitucional en el país y el mundo. Por el contrario, su respuesta fue: “No aplicar de manera formal el derecho, sino conforme a los valores y principios de la Constitución.”

Es cierto: hubo algunas buenas esgrimas por parte de ciertos Senadores. Insistieron en el tema de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación; la tesis de jurisprudencia de la Corte que sostiene la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; así como, en su desempeño como magistrada de circuito. Pero no fue suficiente. La magistrada Piña esquivó los cuestionamientos con respuestas breves, evasivas y formalistas. ¿En verdad el Senado va a permitir que una candidata a la Suprema Corte pueda librar este escrutinio con tal tipo de respuestas?

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega

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El día de hoy, inició la serie de comparecencias de los candidatos a ministros de la Suprema Corte ante la Comisión de Justicia del Senado –en su caso, dos de estos seis candidatos sustituirán a los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero, quienes justo el día de hoy concluyeron su cargo.

Respecto las reglas que definieron el rumbo de esta comparecencia, vale destacar algunos puntos no menores: este ejercicio de escrutinio fue transmitido por el Canal del Congreso; se integró por tres rondas de preguntas formuladas por Senadores de los diversos partidos políticos e, inclusive, de miembros de la sociedad civil que previamente enviaron sus cuestionamientos a la Comisión de Justicia; hubo posibilidad de que, después de plantear su pregunta, el Senador en cuestión pudiese lanzar una contrarréplica si no quedaba satisfecho con la respuesta de la candidata y; por último, no se estableció un límite de tiempo ni para la participación de los Senadores ni para las respuestas de la candidata.

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Así, bajo este conjunto de reglas, la comparecencia inició con una intervención de 20 minutos de la magistrada Orea, quien integra la terna para sustituir a Sánchez Cordero. Sobra mencionar que esta exposición era una oportunidad valiosísima para explicar a los integrantes de la Comisión de Justicia, y a la opinión pública, su visión de lo que debe ser la justicia constitucional y sus habilidades para coadyuvar a la consolidación de ésta. Lo que ofreció, por el contrario, la magistrada Orea fue un ramillete de lugares comunes. Un recorrido por divagaciones respecto conceptos como democracia, Estado de derecho, seguridad pública y su relación con la Suprema Corte; asimismo, al plantear los que a su juicio son los retos de nuestra corte constitucional simplemente se limitó a enumerar las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, sistema penal, juicio de amparo; por último, la magistrada Orea ofreció un breve recuento de la evolución del derecho en el mundo occidental y la etapa en la que se encuentra la Corte mexicana: el Estado constitucional y democrático de derecho.

Una vez que concluyó esta exposición por parte de la candidata, comenzaron las rondas de preguntas. E inició, a su vez, un espectáculo francamente bochornoso. La magistrada Orea demostró en más de una ocasión que desconoce enteramente lo que significa la justicia constitucional y el sinfín de temas que giran alrededor de ésta. No se trata de que personalmente no hayan gustado sus respuestas. No. Más bien, se trata de una ignorancia constitucional que sólo sirvió para evidenciar la irresponsabilidad mayúscula del presidente Peña Nieto al incluirla en la terna de candidatas a ministra de la Suprema Corte.

Aquí algunos ejemplos: Desde el inicio se le preguntó si el INAI debía tener o no la facultad de determinar si cierta investigación en materia penal era una violación grave de derechos humanos y, por tanto, proceder a calificar tal investigación como información pública. Después de la insistencia de dos Senadoras para que contestara esta interrogante, y demostrar su claro desconocimiento en el tema, afirmó que el INAI sí debía tener esta facultad pero sin ninguna argumentación al respecto. Otro miembro del Senado le lanzó esta interrogante: ¿cómo impulsar una relación armónica entre el juicio de amparo y el nuevo sistema penal? Se limitó a afirmar que en efecto era necesario construir una relación armónica entre ambos instrumentos normativos y, para ello, probablemente habría que reformar algunos aspectos de la Ley de amparo. Sobre el caso de Campeche y matrimonio entre personas de mismo sexo, resuelto por la Suprema Corte, se le preguntó su opinión del voto del ministro disidente en tal sentencia. No conocía el caso, ni mucho menos tal voto, de ahí que sólo se pronunció a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y señaló que éste no afectaba el interés superior del niño, pero una vez más no ofreció una exposición de los eslabones argumentativos que sostuviesen su postura al respecto. También se le preguntó su posición sobre la contradicción de tesis 293/2011 y otros casos similares; en concreto, sobre la jerarquía entre normas internacionales y constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un caso de enorme relevancia para cualquiera que aspire a ser ministro de la Suprema Corte. No obstante, la magistrada Orea no lo conocía. Fue necesario que la Senadora que le formuló esta pregunta le diera más de una pista para que Orea al final pudiese ofrecer una respuesta vacua y sin un mínimo de coherencia. El mismo tipo de respuesta que ofreció, ante la interrogante de qué opinaba del arraigo y del principio pro persona.

Ante estas respuestas, los Senadores parecían unos expertos en justicia constitucional. Pero en realidad no fue así: sin preguntas particularmente sofisticadas –inclusive varias de ellas francamente mediocres-, la magistrada Orea se desmoronó. Nerviosa, desarticulada, acabó su comparecencia clavando su mirada en el pódium buscando respuestas en un torbellino de tarjetas. No las encontró. Y, por ello, lo único que se puede esperar, después de esta primera comparecencia, es que haya sido el episodio más penoso de este proceso de designación y lo que venga sea mucho mejor.

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega

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Primero los hechos: al Senado de la República ha comenzado el proceso de comparecencia de los aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia. Distinguidos juristas, políticos y opinólogos del país se han manifestado en contra de una Corte con “cuotas y cuates”. Su temor es que los nuevos ministros sean votados en fast track, designados arbitrariamente por el presidente  Peña y a través de acuerdos políticos. Su petición es la selección de ministros imparciales que no sean repartidos como botín por los partidos. Esto garantizaría, según ellos, la independencia en las votaciones de los ministros y, por tanto, la autonomía de la Corte.

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Resulta interesante la petición sobre la selección de perfiles imparciales para garantizar que la Suprema Corte sea un órgano despolitizado e independiente respecto a los otros poderes. Dos preguntas resultan pertinentes: ¿Cómo se pueden nombrar jueces justos? ¿Qué hace que un juez pueda actuar de forma independiente?

Más allá del perfil individual de un aspirante a ministro, la respuesta a estas dos preguntas se encuentra en las instituciones y su interacción. Para ello, debemos partir de un enfoque estratégico que tome a los jueces como limitados por otros actores institucionales, especialmente los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto nos permite observar que la clave recae en las instituciones formales que permiten la correcta separación de poderes al mismo tiempo que la existencia de un gobierno fragmentado.

Autonomía de las Cortes

Empecemos por evitar obviar nuestro argumento. La conducta de los jueces se configura a partir de dos elementos. El primero son sus preferencias políticas e ideológicas, mismas que moldean la forma en la que un juez argumentará cierto caso. Este elemento hace especial énfasis en la dimensión conservadora o liberal que pueda tener el juez (Posner 2008, 19-25).

Aunado a la anterior, los jueces actúan en un ambiente de instituciones que moldean sus decisiones. Unas de ellas son las reglas formales establecidas en las leyes y el texto constitucional; otras son los actores relevantes que rodean y limitan sus decisiones. Esto resalta que las instituciones no funcionan en el vacío, sino que se ubican en un contexto político, social e ideológico determinado (Ríos-Figueroa y Helmke 2010, 29-30; Ríos-Figueroa 2010, 51).

Desde este punto de vista, para el correcto funcionamiento de las Cortes es necesario un grado importante de alejamiento entre los jueces y las presiones políticas ejercidas desde los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto es para garantizar que los jueces puedan ser árbitro entre distintas ramas del Estado, tanto en conflictos entre sí mismas (control horizontal) como con los derechos de ciudadanos (control vertical). Para que esto pueda ocurrir, existe un consenso generalizado respecto a las instituciones que tienen impacto en la independencia de los jueces. En especial, se enfatizan tres: el proceso de nombramiento, el período de duración en el cargo y los mecanismos remoción (Ríos-Figueroa y Helmke 2010, 3-6; Ríos-Figueroa 2010, 49-51).

Autonomía de iure en México: las disposiciones constitucionales

Tras la reforma de 1994, podemos decir que México cumple con los requisitos jurídicos formales para garantizar de iure la independencia de su Corte. Para empezar el nombramiento se realiza por dos órganos distintos de gobierno: el presidente es el que propone una terna mientras el Senado es el que aprueba la nominación,1 por una mayoría calificada, en un período que no puede exceder los 30 días.2 En segundo lugar, la duración del cargo es 15 años, evitando y superando el período de quien los designa.3 Un tercer punto es que el número de jueces está especificado en la Constitución a una cantidad fija de once. Por último, la remoción de un ministro sólo puede realizarse mediante juicio político en el que participan ambas cámaras del Congreso de la Unión (Astudillo 2010). Esto hace que ocupemos una excelente posición en lo que respecta a independencia judicial de iure al compararnos con el resto de los países de América Latina. En especial, nos encontramos apenas por detrás de Guatemala y empatados con Argentina y Brasil, con la misma puntuación, en un segundo lugar (Ríos-Figueroa 2010, 61).

También hay que considerar que nuestra Suprema Corte, al ser el órgano constitucional más alto del Poder Judicial, es también la cima de la carrera judicial y existe una presión para que los jueces de carrera más exitosos ocupen esos lugares.4 Sin embargo, un puesto de tal importancia exige un perfil que permita hacer “comparaciones abstractas entre textos, y con capacidad de deliberar sobre normas y explicar decisiones” (Ferejohn y Pasquino 2003, 251-2), en lugar de reproducir decisiones basadas en precedentes, como los elementos surgidos de la carrera judicial tienden a hacer (Epstein et al 2009). Esto parece sugerir que otro perfil como el académico o el político pueden realizar esta tarea con mayor naturalidad. (Ríos-Figueroa 2010, 62-3).

Más allá de la naturalidad con la que pueden desempeñar esta función, los políticos y académicos ofrecen otra ventaja frente a los miembros de carrera del sistema judicial: la predictibilidad de su conducta. Por un lado, el académico de lo legal refleja a través de sus investigaciones y publicaciones su ideología respecto a temas de la agenda política a los que podría enfrentarse en la Corte. Por el otro, la experiencia del político en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo nos permite hacer conjeturas respecto a su posible comportamiento con base en su anterior desempeño. La evidencia sostiene estos argumentos y los propone como las mejores fuentes de información para predecir el actuar de un nuevo juez (Szmer y Songer 2005).

Por último, vale subrayar lo cerrado del procedimiento de nombramiento de jueces en la Corte Suprema, ya que la decisión es discrecional y concentrada en el Ejecutivo y el Legislativo. Esto nos hace esperar la selección de jueces más tradicionales o conservadores (Ríos-Figueroa 2010, 64). A pesar de esto, la sociedad civil organizada ha encontrado en estrategias como peticiones electrónicas y foros académicos una forma de incidir en el proceso de nombramiento y revertir (teóricamente) el inminente nombramiento de jueces conservadores.

Fragmentación de poder para tener jueces justos y cortes independientes: dos modelos

Pero para tener una Corte autónoma no solamente son necesarios los requisitos formales, sino que se requiere también que la fragmentación política impida que el presidente logre mover a la Corte a un terreno de complicidad y posible manipulación. Para ello, propongo analizar dos modelos espaciales que nos permiten ver con facilidad como el poder compartido obliga al presidente a negociar en el nombramiento de jueces y a dejarlos como un amplio margen de maniobra para sus decisiones autónomas.

El primer modelo viene de Moraski y Shipan (1999) que encuentra una extensión importante en el trabajo de Krehbiel (2007). En él, se asume que las ternas enviadas por el presidente son determinadas por los puntos ideales de tres actores distribuidos en un espacio unidimensional de preferencia de políticas. Los puntos P, S y SC representan los puntos preferidos por el presidente, el votante mediano en Senado5 y la mediana de la Suprema Corte respectivamente. El nuevo ministro está señalado con el punto M.

Los supuestos del modelo son sencillos: ante un asiento vacante en la Corte, el presidente adopta un comportamiento estratégico con el fin que su nominación influya en acercar las preferencias de la Corte a la suyas.6 Sin embargo, como el Senado también participa con la capacidad de aceptar o rechazar a sus candidatos, el presidente debe tomar sus preferencias en cuenta para garantizar que alguno de sus nominados sea ratificado. Es decir, que el presidente nominará a un candidato que le ofrezca acercarse más a su punto ideal que también vaya a ser aprobado por la Corte.7

De acuerdo a Moraski y Shipan (1999) son tres los “regímenes” posibles dadas las relaciones entre P, S y SC (ver imagen abajo). En el primer régimen, el Presidente no tiene restricción alguna para mandar una terna que se encuentre cercana a su punto ideal. En el segundo, dada la distancia cercana entre S y SC, el presidente necesita enviar una terna que se encuentre entre sus preferencias y las del Senado, y en las que el senador mediano esté indiferente con respecto al status quo actual de la Corte. El último caso es el más extremo, pues dada la extrema polarización entre los puntos ideales del presidente y el Senado, el único resultado posible será nombrar a un nuevo ministro que se ubique exactamente en la mediana de la Corte.

Este último escenario es el que especialmente nos interesa. Cuando existe una fragmentación del gobierno, expresado por la diametral diferencia en la distribución de preferencias entre el Senado y el presidente, este último nunca podrá colocar en la Suprema Corte un “cuate”8 con sus mismas preferencias ni tampoco habrá “cuota” que negociar entre el Senado y el Presidente, pues se regresa al punto de reversión que es la mediana de la Corte anterior. Ideológicamente, esto quiere decir que la Suprema Corte se encontraría exactamente igual que antes de la vacante.

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El segundo modelo que proponemos proviene de los trabajos desarrollados por Ferejohn y Weingast (1992) y Chávez, Ferejohn y Weingast (2010), mismos que Helmke y Ríos-Figueroa (2010) llaman “modelo estándar del juego de separación de poderes”. En este se desarrollan las condiciones institucionales para garantizar la autonomía en el funcionamiento de la Suprema Corte. La premisa es que cuando las ramas ejecutiva y legislativa se unen en contra de las Cortes, como puede ocurrir especialmente en gobiernos unificados, estas ven mermada su independencia ante la amenaza de remoción. Visto de otra manera: el gobierno dividido facilita la autonomía judicial (Chávez, Ferejohn y Weingast 2010, 875).9

El juego que nos interesa observar es idéntico al tercer régimen del modelo anterior. P, SC y C representan los puntos ideales del presidente, el Congreso y la Suprema Corte, respectivamente. En este, tanto el presidente como el Congreso se encuentran diametralmente opuestos en el espectro de preferencias políticas. A este arreglo, o uno similar, nos podemos referir como el resultado del juego de separación de poderes bajo fragmentación.

Para la Suprema Corte, que es el jugador que interesa en este juego, es fácil decidir cualquier caso que atienda en su punto ideal ya que se necesitan tanto el presidente como el Congreso para poder reprimirlo, situación que nunca ocurrirá en un gobierno dividido. Es decir, los jueces pueden votar de acuerdo a sus sinceras preferencias.10 El resultado es el mismo que prometimos al principio: “el gobierno dividido tiende a apoyar a la independencia judicial, mientras que el gobierno unificado la debilita” (Ríos-Figueroa y Helmke 2010, 24-5; Chávez, Ferejohn y Weingast 2010, 875-77; Sánchez, Magar y Magaloni 2010).

Una breve conclusión

Como este ensayo ha esbozado, el México de hoy cuenta con todas las características formales de separación de poderes para que ocurran nombramientos autónomos y para que el Poder Judicial sea lo suficientemente independiente. Sin embargo, se carece del elemento material o de facto para que el texto constitucional se traduzca en realidad: la fragmentación política.

El control del Senado por parte del PRI-PVEM deja un margen considerable de negociación por la veintena de votos faltantes para la ratificación de un ministro. No podemos sino esperar que, como en el pasado nombramiento, vuelvan a votar juntos el grupo PRI-PVEM-PAN para ratificar a los dos nuevos ministros de la Suprema Corte. El resultado esperado es exactamente el mismo: jueces cercanos al punto ideal del presidente (y su partido) en una coalición conservadora para mover la mediana de la Corte. El juego institucional arroja este resultado, no podemos pedirle peras al olmo.

Julio S. Solís Arce. Estudiante de ciencia política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). El autor agradece las recomendaciones y lecturas de Eric Magar, Alejandro Díaz-Domínguez, Gabriela Rodríguez y Saúl López Noriega para la elaboración de este trabajo.


Referencias

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1 En Estados Unidos ocurre igual, pero parece ser que existe una mayor vigilancia y control por parte de los senadores estadunidenses debido a la responsabilidad con su distrito y su interés por reelegirse (Cameron, Cover y Segal 1990); la influencia que tiene el electorado en su votación (Overby et al 1992); la impresión de que los nombramiento son responsabilidad compartida del Ejecutivo y el Senado (Bell 2002, 592-3) y un largo etcétera.

2 Si comparamos de nuevo con Estados Unidos, observamos que ahí no existe límite de tiempo para la discusión y aprobación de los ministros nominados (eg. Shipan y Shannon 2003).

3 Tal vez podríamos considerar como el escenario ideal que su puesto fuera vitalicio como en Estados Unidos, aunque no existe un consenso universal sobre este punto (Calabresi y Lindgren 2005).

4 La Constitución reconoce esto, pues se establece que los nuevos ministros deben ser preferentemente aquellos con experiencia y probidad en la impartición de justicia.

5 Está más allá de este trabajo hablar sobre la formación de las preferencias de los senadores en el proceso de toma de decisión de la Corte. Por ejemplo, Cameron, Cover y Segal (1990) aseguran que los principales motivos para votar a favor de un nominado es su buena preparación y la cercanía ideológica del candidato a los constituents en el distrito del senador. Por otro lado, Caldeira y Wright (1998), por ejemplo, argumentan que el cabildeo realizado por los grupos de interés juegan un papel fundamental en esta formación de preferencias.

6 Tanto Krehbiel (2007) como Moraski y Shipan (1999) reconocen que el efecto que un nuevo ministro tiene en mover la mediana de la Corte suele ser mínimo. En ambos trabajos sabemos que la intención del presidente se sostiene y tiene un efecto diferente de acuerdo a su ubicación relativa a los otros jugadores.

7 Lamentablemente en este caso, como en la mayoría de modelos espaciales sobre nominaciones de la Suprema Corte en Estados Unidos, el juego es de un solo período (single-period game). Como sabemos, para el caso mexicano esto no es cierto: el presidente debe mandar una terna más so pena de saltarse al Senado y elegir, de manera unilateral, quien ocupará el nuevo asiento de la Corte.

8 Basta anotar brevemente que a pesar de que el modelo asume que el presidente evalúa con precisión la posición ideológica de sus nominados, esto no quiere decir que puedan existir errores sistemáticos de cálculo que hagan que el nuevo ministro se aleje, más temprano que tarde, del punto ideal del presidente. Dado lo anterior, elegir a un “cuate” puede ser una alternativa segura para minimizar la posibilidad de este error (Szmer y Songer 2006).

9 Como se expuso con anterioridad, la remoción de los ministros de la Corte solamente involucra al Congreso de la Unión. Podemos suponer, sin hacer mayor conjetura, que el argumento de gobierno unificado contra gobierno dividido implicaría una participación relevante del presidente para enjuiciar a los jueces incómodos para él y su gobierno.

10 Para Sánchez, Magaloni y Magar (2010) los jueces expresan sus preferencias individuales en un espectro de dos dimensiones: ideología política y doctrina legal.

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Es difícil no hacer, en principio, un balance positivo de las ternas enviadas por el presidente Peña para sustituir a los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero. Hasta hace algunas semanas, parecía que la Suprema Corte entraría a un inevitable proceso de partidización. La versión sobre la existencia de un pacto entre el PRI y el PAN para repartirse los dos nombramientos resultaba plausible no sólo por las continuas denuncias públicas de ello –realizadas, incluso, en la tribuna misma del Senado– sino también porque desde septiembre del año pasado uno de los supuestos beneficiarios del pacto –el senador Raúl Cervantes Andrade– había solicitado una licencia para separarse de su cargo. Lo cual fue interpretado como una maniobra para cumplir con los requisitos constitucionales para ser designado como ministro de la Corte.1

victoria

Hoy, por fortuna, estamos en un escenario bastante lejano. Quizá por primera vez en la historia de la democracia mexicana fue posible construir, desde la sociedad civil, un contexto de exigencia que, por un lado, puso a la designación de ministros en el centro del debate público y, por el otro, logró que el presidente de la República diera marcha atrás a una decisión que parecía tomada desde hace ya varios meses. Que se haya presentado una terna conformada exclusivamente por mujeres y que en ninguna de ellas se haya incluido a militantes partidistas es un triunfo de la política democrática. En esa medida, no queda sino congratularse.

Sucede, sin embargo, que estamos frente a una victoria que es sólo relativa. Se evitó la partidización de la Corte y un retroceso en materia de género, pero las ternas presentadas por el Ejecutivo están lejos de representar un avance significativo en materia de designaciones. En las siguientes líneas ofrezco una breve reflexión sobre lo que, desde mi punto de vista, son los principales logros y pendientes del proceso de designación que está en curso.

La profecía que no fue: Raúl Cervantes y la partidización de la Corte

La eventual designación de Raúl Cervantes como ministro de la Corte era preocupante al menos por dos razones. Primero, se corría el riesgo de nombrar ya no a un personaje con una relativa cercanía o afinidad ideológica, sino a un militante que había ocupado cargos partidistas de primera línea. En el momento en el que solicitó licencia, Cervantes acababa de terminar su periodo como presidente del Senado, le restaban cuatro años como senador y antes había ocupado diversos cargos legislativos (fue diputado federal dos veces) y en el propio PRI. Más allá de sus méritos como constitucionalista, la militancia priista de Cervantes levantaba serias dudas sobre la independencia e imparcialidad con la que podría ejercer su cargo.

La eventual designación preocupaba, además, porque parecía algo casi inevitable. Si Cervantes estaba dispuesto a dejar su escaño –justo después de haber ocupado la posición más importante en el Senado– era porque, se asumía, existía una alta probabilidad de que fuera designado. El apoyo de su partido se daba por descontado y parecía que una buena parte de los panistas también lo haría. Así se lo hizo saber al propio Cervantes, el entonces senador panista y hoy Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez: “Yo desde ahorita te digo, sin que tu partido nos lo pida, tienes mi voto a favor y ojalá seas un ministro de la Corte a favor de este país”.2

Por eso es aún más notable el papel que jugó la sociedad civil durante los últimos meses. A diferencia de lo sucedido con la designación del ministro Medina Mora, en esta designación fue posible crear un contexto de exigencia antes de que la terna fuera presentada. Jueces, académicos, periodistas y ciudadanos posicionaron el tema en la agenda y mostraron los riesgos asociados con la partidización de la Corte. La decisión de Cervantes de reincorporarse a las labores del Senado fue un triunfo de la política democrática. Frente al coro de críticas, el Ejecutivo federal se mostró –al menos en este tema– responsivo ante una ciudadanía decidida a incidir en lo público. Celebrar la no captura de la Corte quizá sea un tanto paradójico, pero no deja de ser una nota positiva dadas las expectativas generadas por los últimos nombramientos.

¿Dos es mejor que una? Las mujeres en la Corte

Un segundo aspecto a destacar es que la terna para sustituir a la ministra Sánchez Cordero esté conformada exclusivamente por mujeres. Que el presidente Peña haya incluido en ella a dos magistradas federales (Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle) y una local (Sara Patricia Orea Ochoa) prácticamente garantiza que al menos una mujer sea designada como ministra. Asimismo, la decisión de incluir a tres juzgadoras de carrera envía —al menos en principio— un mensaje positivo en un contexto donde la partidización de la Corte era una posibilidad real.

No obstante lo anterior, la eventual confirmación de alguna de las magistrada propuestas constituiría, en el mejor de los casos, en un no retroceso en materia de género. En la actualidad, la Corte sólo cuenta con dos ministras (esto es, el 18% del total) y, dadas las propuestas presidenciales, a lo más se puede aspirar es a mantener el status quo. Dicho de otro modo: todo parece indicar que el actual proceso de designación no mejorará la (escasa) presencia de mujeres en nuestro tribunal constitucional.

Más aún, en estos momentos es difícil saber si las magistradas propuestas por Peña Nieto han mostrado un compromiso con la agenda de género. No debe olvidarse que la ministra Sánchez Cordero fue –sobre todo durante los últimos años– una integrante del bloque “progresista” o “liberal” de la Corte, tanto en el Pleno como en la Primera Sala. Sería, pues, una lástima que su lugar fuera ocupado por una ministra —o un ministro— cuya trayectoria no reflejara un claro compromiso con los derechos humanos, en general, y la igualdad de género, en particular. Resulta fundamental, por ende, que el Senado realice un análisis exhaustivo a los perfiles de las candidatas.

¿Triunfo sin retroceso? Un balance general

En general, considero que las ternas enviadas por el Ejecutivo federal son una nota positiva sólo en la medida en que con ellas se evitó un escenario francamente desolador. La Corte hubiera sufrido un daño —tal vez irreversible— si se hubiera impuesto la lógica de las cuotas (partidistas) y los cuates (del presidente). No obstante, sería difícil afirmar que lo anterior constituye un avance hacia la consolidación de nuestra Suprema Corte. La inclusión de un jurista de la talla de Javier Laynez Potisek es, sin duda, algo para celebrar. Pero más allá de eso, parece que el actual proceso de designación de ministros no será muy diferente a los realizados durante los últimos años. De nueva cuenta, el presidente de la República hizo pocos esfuerzos por justificar sus propuestas, el Senado contará con poco tiempo para analizarlas y pocos incentivos tendrán para cuestionar el perfil de los candidatos, pues nada garantiza que, ante un eventual rechazo, en las nuevas ternas no se incluya a perfiles cercanos al presidente. Se trata, pues, de una victoria relativa, parcial e inacabada.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes


1 Específicamente, la fracción VI del artículo 95 constitucional, la cual señala que “[p]ara ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita [...] [n]o haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento”.

2 Agradezco a Daniel Sibaja por recordarme tan célebre frase.

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Debates recientes respecto a la futura composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) giran principalmente en torno a los criterios y procedimientos para nombrar las ternas de candidatos a sustituir los Ministros Sánchez Cordero y Silva Meza. En este mismo blog, han circulado opiniones que enfatizan la importancia de mantener la autonomía de la SCJN de cara a los poderes del Ejecutivo y Legislativo federal, asegurar su independencia frente a intereses políticos y partidistas, y fortalecer la diversidad de la composición de las Salas. Si bien compartimos estos y otros criterios, es igual de relevante ampliar la discusión para incluir a los debates el contenido mismo de los perfiles de los candidatos. Los perfiles deben priorizar compromisos con mecanismos garantistas de derechos, incluyendo ampliar el alcance interpretativo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, reducir las brechas de desigualdad de exigibilidad a los derechos de los sectores más marginados de la sociedad y coadyuvar en la resolución de la conflictividad social.

En este contexto, el viernes pasado, el Ejecutivo federal envió las dos ternas al Senado; es el Poder Legislativo que ahora  tiene en sus manos la responsabilidad de elegir a los dos ministros. Hasta ahora es escasa la información que circula para que la ciudadanía pueda conocer de cerca las trayectorias de cada candidato. Ante esta falta de información, las comparecencias adquieren una relevancia mayor ya que su función permite, en primera instancia, a los Senadores evaluar los candidatos, según los criterios establecidos, y en segunda instancia, a la ciudadanía conocer las posiciones frente a casos que nos pueden llegar a afectar de manera directa. En ese sentido, es de suma relevancia que los Senadores hagan preguntas específicas para conocer cómo interpretarían casos de violaciones graves a los derechos humanos, que tengan impactos importantes para los derechos de sectores específicos de la población o donde entran en conflicto distintos derechos.

jueces

Así, no hay que perder de vista la transcendencia de nombrar a uno o, en este caso, dos ministros de la SCJN. Ante un escenario en que la percepción ciudadana hacia el Poder Judicial es de una credibilidad mínima, los nombramientos pueden fortalecer o debilitar la legitimidad desde el origen para este máximo órgano. Ante el contexto de violencia y precariedad que vive un porcentaje significativo de los ciudadanos, la resolución de conflictos sociales puede abonar a la protección de los derechos o seguir ampliando la distancia abismal entre el agravio y la justicia. Ante estas disyuntivas, el Senado de la República debe definir perfiles idóneos basados en trayectorias y conocimientos empíricos comprometidos con la interpretación de marcos normativos que fortalecen la protección de los derechos de los sectores en mayores condiciones de desventaja, junto con la exigibilidad de sus derechos específicos, en los términos dispuestos en la Constitución y los tratados internacionales.

En comparación a años atrás, existe ya un camino andado. La Corte tiene en sus manos las posibilidades interpretativas que se abren a la luz de las reformas constitucionales de 2011. Incluye, por ejemplo, el principio de interpretación conforme y el principio pro-persona. El primero establece la interpretación de normas de acuerdo a nuestra constitución política junto con tratados internacionales; el segundo, la mayor protección a la persona. A su vez, cabe reconocer el papel que los dos ministros salientes han jugado en la Primera Sala en materia de derechos humanos y en hacer un uso reiterado de la facultad de atracción de juicios de amparo. Sobre esta base la futura composición de la Suprema Corte tendría que seguir construyendo.

En el contexto de crisis de derechos humanos, la SCJN debe asumir con seriedad su papel de última línea de defensa para quienes no han sido escuchados efectivamente por los otros poderes. En ese sentido, la aproximación a casos que impactan los derechos de pueblos indígenas es un termómetro que permite registrar las formas en que los candidatos cumplen con un perfil garantista de derechos. La SCJN se encuentra en una etapa incipiente de interpretar estos casos, ya que hubo un lapso notable entre las reformas constitucionales de derechos y cultura indígena en 2001 y la llegada a la máxima instancia del poder judicial de casos de derechos indígenas, como fue el caso del pueblo purépecha de Cherán que se presentó en la SCJN en 2014 y el caso de la Tribu Yaqui en 2013 en la Primera Sala.

Actualmente se encuentran en la SCJN otros casos que reflejan la complejidad de asuntos que están llegan en todo el Poder Judicial. En la Primera Sala, el caso de un amparo directo presentado por la comunidad rarámuri de Huetosachi que reclama la propiedad de un predio en la Sierra Tarahumara. En el pleno, el caso del ejido indígena Ch´ol de Tila de Chiapas, un incidente de inejecución cuya sentencia puede establecer precedentes sobre derechos indígenas a la tierra y territorio. Y en la Segunda Sala, se acaba de resolver un amparo en revisión que presentaron autoridades tradicionales mayas y organizaciones de apicultores de Campeche y Yucatán contra el permiso de siembra comercial de soya por la empresa transnacional Monsanto.

Este año el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el INAH organizaron el foro internacional, Identidad, Territorio y Jurisdicción: La función del peritaje antropológico para la exigibilidad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, evento en que participaron magistrados y abogados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia Colombiana y del Poder Judicial en México, junto con defensores de derechos humanos y peritos. Los ponentes colocaron las principales lecciones aprendidas de distintos tribunales respecto a casos de pueblos indígenas. A su vez enfatizaron la importancia del uso de la herramienta del peritaje para fortalecer interpretaciones desde una perspectiva garantista de derechos, no sólo para casos de pueblos indígenas, sino para otros sectores de la población. El contenido del foro ofrece un panorama de avances y desafíos para la SCJN.

Los expertos ofrecieron un análisis comparativo de la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacando los avances notables en términos jurisprudenciales e interpretaciones creativas de la primera, particularmente sobre temas complicados como es la jurisdicción especial indígena y la reindianización de comunidades. Se detalló que, a pesar de que la Corte Interamericana suele enfocarse más en el núcleo duro de derechos, casos como los de Xákmok Kásek de Paraguay y Sarayaku de Ecuador establecen precedentes importantes para reclamar territorio indígena y de dotar de contenido el derecho a la vida digna. El rol de un tribunal debe ser la corrección de brechas de desigualdad respecto de grupos estructural e históricamente discriminados. Sin embargo, como bien señalaron los magistrados invitados, el vacío de información empírica y técnica los obliga a hacerse llegar de distintas fuentes de información especializada, como es el peritaje, para la mejor interpretación de los casos. Aunque en México dicha herramienta se ha utilizado principalmente para casos de pueblos indígenas, y dentro de este universo, casos de derecho penal, los ponentes insistieron en ampliar el uso del peritaje para otros tipos de casos de derecho indígena, incluyendo de tierra y territorio, y a otros sectores de la población, como son las mujeres.

El contenido del foro nos recuerda que la futura composición de la Corte tendrá en sus manos la posibilidad de elaborar criterios jurisprudenciales para fortalecer el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas. La reforma constitucional de 2011 fue sólo el comienzo para establecer los derechos humanos como pilar central de estructuración del estado mexicano. Corresponde a la SCJN, en gran medida, continuar con la cimentación de ese pilar y traducirlo a casos y vivencias concretas, a través de sus interpretaciones. El uso de la herramienta del peritaje puede abonar a fortalecer dichas interpretaciones. En un contexto donde la brecha entre la letra de la ley y el ejercicio de los derechos es tan abismal, esto es fundamental. De ese tamaño es el reto que tienen enfrente los ministros. De ese tamaño la responsabilidad del Senado de la República de definir los perfiles que mejor responden a los desafíos que el país enfrenta.

Mariana Mora. Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y del CIESAS.

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Finalmente, el presidente Peña Nieto envió al Senado de la República las dos ternas para sustituir los ministros de la Suprema Corte de Justicia que están a días de concluir su encargo: Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes son los dos últimos integrantes del máximo tribunal de la generación que resultó de la reforma de 1995. Con su salida, la Corte cumple un ciclo de su historia y se consolida como tribunal constitucional.

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Desde su transformación hace 20 años, la Suprema Corte ha jugado un papel positivo para la construcción del Estado de derecho del que México ha adolecido a lo largo de su historia. Sus fallos, si bien frecuentemente controvertidos, han mostrado una independencia respecto al Ejecutivo federal antes desconocida. Esa autonomía —que la ha llevado ya en varias ocasiones a sentencias contrarias a la opinión presidencial en temas cruciales como el aborto, el matrimonio igualitario o, recientemente, la mariguana— han contribuido a una gradual legitimación del Poder Judicial, aunque todavía estemos lejos de contar con una judicatura reconocida por la sociedad como un poder autónomo e imparcial, al que se puede recurrir con facilidad para dirimir controversias y obtener justicia.

La consolidación del sistema judicial es una condición indispensable para que México deje atrás el orden social de acceso limitado que ha caracterizado a su Estado desde su etapa formativa y dé el paso definitivo hacia un orden social de acceso abierto, con mejores condiciones para lograr un crecimiento sostenido y atemperar su secular desigualdad. Si bien ese proceso no se agota en la independencia de la Suprema Corte —pues debe abarcar a todos los tribunales y juzgados, tanto del fuero común como del orden federal— entre más sea socialmente reconocida ésta como un tribunal profesional, técnicamente capacitado, sin sujeción a intereses particulares y honrado, más fácil será recuperar la confianza general en el papel de los jueces.

De ahí la importancia del proceso de nombramiento de los ministros. El papel de la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial de la Federación y como tribunal de constitucionalidad le da al nombramiento de sus integrantes una relevancia que no tuvo en el pasado, cuando la dominancia de la presidencia de la República hacía que la integración del máximo tribunal fuera uno más de los atributos del ejecutivo omnímodo. Hoy, en cambio, cada posición en la Corte tiene un valor enorme, de ahí que la primera intención de los políticos sea colonizarla con representantes de sus intereses particulares y que, a pesar del papel primordial que tiene el presidente de la República en la selección de los candidatos, cada designación sea resultado de un complejo proceso de negociación e intercambios políticos.

La novedad en las designaciones por venir radica en que la deliberación sobre las candidaturas se ha vuelto pública, con lo que se ha elevado sustancialmente el nivel de exigencia sobre los candidatos y el escrutinio de sus perfiles se ha vuelto minucioso. El proceso que llevó al nombramiento de Eduardo Medina Mora provocó que grupos relevantes de la sociedad civil se involucraran y opinaran, y que esos mismos sectores estuvieran alertas para restringir la arbitrariedad política en un proceso que de origen está marcado por el carácter político de las instancias de nominación y decisión.

La preselección de los candidatos se hace en una caja negra —presidente de la República y su consejero jurídico— que, sin embargo, tuvo que considerar la resistencia de diversas corrientes de opinión que se manifestaron en contra de una designación con claro sesgo partidista o de complicidad. Así, el candidato que se perfilaba como el ungido de Los Pinos fue apeado de la posible candidatura y tuvo que volver al Senado del que se había separado con licencia como subterfugio para ser elegido como ministro de la Corte. .

Las ternas finalmente presentadas por el presidente de la República se cuidaron de tener un sesgo partidista tan conspicuo; sin embargo, al menos en un caso, el de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, sí se incurrió en la designación de un válido integrante del propio grupo de relaciones de reciprocidad. Los méritos profesionales del Procurador General de Justicia del estado de México para estar en la terna de varones presentada por el ejecutivo son, al menos, dudosos y su inclusión responde más a la lealtad política esperable de él que a su trayectoria como jurista o funcionario público.

Sin duda, la protección irrestricta de los derechos humanos es una de las obligaciones centrales de un ministro de la Suprema Corte, por lo que el escrutinio público se debe enfocar en revisar con detalle el compromiso de los candidatos con este ámbito tan relevante y tan sensible en las circunstancias actuales del país. La trayectoria de Alejandro Jaime Gómez muestra una seria mancha al respecto, pues ya era Procurador cuando ocurrieron los acontecimientos de Tlatlaya. La actuación de la Procuraduría de Justicia del estado de México fue objeto de esta recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual —después de narrar actuaciones que pueden ser consideradas al menos como negligencia, por la tardanza en la llegada a la escena, pues no hay que olvidar que los agentes ministeriales tardaron más de seis horas en personarse en el lugar de los hechos— considera en el párrafo 353 del documento que “la actuación del personal ministerial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que estuvo presente el día de los hechos en la bodega, también transgredió los derechos humanos de las víctimas indirectas del caso, al no tomar medidas adecuadas para preservar el lugar de los hechos”. El responsable de la actuación de los agentes ministeriales es, en última instancia el Procurador.

Pero éste no sólo fue negligente respecto a la actuación de sus agentes, sino que incurrió en un presunto delito de encubrimiento cuando declaró, al hacerse públicas las presuntas ejecuciones extrajudiciales, que “no hay evidencias para suponer que las 22 personas que perdieron la vida por disparos de miembros del Ejército Mexicano, registrados el 30 de junio en el poblado Cuadrilla Nueva del municipio de Tlatlaya, hayan sido ejecutadas o fusiladas como algún medio de comunicación lo refirió” y se explayó en defensa de la versión del enfrentamiento como única causa de las muertes en el lugar, lo que ha sido ya desmentido con pruebas que han llevado a procesar a varios militares.

La actuación del funcionario tampoco ha sido demasiado diligente para enfrentar la crisis de feminicidios que enfrenta su estado. ¿Es de esperarse que un funcionario con ese desempeño pueda cumplir con el principio de integridad establecido en los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, que establecen que un juez deberá asegurarse de que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable?

Otro de los integrantes de la terna, Álvaro Castro Estrada, no parece un candidato idóneo para defender el principio de laicidad del Estado establecido en el artículo 24 constitucional, pues ostenta en su currículum que “en 2007 recibió la Condecoración del Orden Ecuestre de San Gregorio Magno en el Grado de Conmmendatore otorgada por el Papa Benedicto XVI”.

Así, el candidato que mayores méritos muestra por su formación académica, su trayectoria como funcionario es Javier Laynez Potisek, ex Procurador Fiscal de la Federación y actual magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La primera terna, formada exclusivamente por mujeres, es menos controversial. En ella se incluyó a tres integrantes de carrera judicial: dos magistradas de circuito y una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con antecedentes en el Poder Judicial Federal. Con todo, hay detalles en la trayectoria publicada de Verónica Judith Sánchez Valle que deben ser objeto de un análisis muy cuidadoso por parte del Senado, ya que fue acusada por la Procuraduría General de la República de supuestos delitos contra la administración de justicia y ha recibido sanciones disciplinarias por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Esto si bien no la inhabilita para ocupar el cargo, pues fue exonerada del delito, si opaca su trayectoria y ponen en duda que cumpla con el principio de corrección del documento de Bangalore, el cual establece que un juez evitará la incorrección y la apariencia de incorrección en todas sus actividades. Las trayectorias de las otras dos candidatas, Sara Patricia Orea Ochoa y Norma Lucía Piña Hernández, parecen a primera vista adecuadas para ocupar el cargo.

Debe ser ahora el Senado el que valore a profundidad los méritos y defectos de cada uno de los postulados, en un proceso donde debe imperar el principio de máxima publicidad y que debe incluir una auscultación pública donde se escuchen las voces de la sociedad sobre las candidaturas. Ya que el proceso de nombramiento de ministros establecido en la Constitución no cumple plenamente con los Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter transparente y basada en méritos, recomendados por la Due Process of Law Foundation. Bien haría, en este sentido, el Senado de la República en retomar los elementos más relevantes de éstos para incluirlos en su proceso de análisis de las ternas.

La legitimidad plena de los nombramientos va a depender, en buena medida, del trabajo y la responsabilidad de los senadores. Es de esperarse que al menos se les exija a cada uno de los aspirantes la presentación bajo protesta de una declaración de conflicto de intereses, pues tal como lo plantean tanto los Principios de Bangalore como los Lineamientos de la Due Process of Law Foudation, una de las garantías del comportamiento independiente de un juez radica en su autonomía frente a los grupos de presión y los intereses económicos y políticos. En ello se juega México la posibilidad de construir un auténtico orden legal democrático plenamente aceptado por la sociedad.

Jorge Javier Romero.  Profesor-investigador de la UAM Xochimilco. Twitter: @Giorgioromero 

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