La acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR y la aparente marcha atrás dado por el actual gobierno en Quintana Roo no fueron suficientes para remontar el conocido como ‘paquete de impunidad’. Solamente se dejó insubsistente la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y la designación de los magistrados del mismo.

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El  ‘blindaje’ aprobado por el Congreso estatal a iniciativa del gobernador saliente Roberto Borge, consiste además en la aprobación e implementación de un paquete de reformas constitucional y legales, así como el nombramiento de funcionarios públicos. El común denominador de estas acciones es que dotan de una red de protección a los funcionarios salientes, a través de los siguientes mecanismos:

a) Seguridad personal, a cargo de los contribuyentes, por 15 años tanto para quienes sean exgobernadores, cónyuge e hijos, que no podrá ser menor a la que se tenga en funciones. Así como seguridad personal para altos exfuncionarios de gobierno.

b) Se elimina la calidad de ‘gravedad’ de los delitos cometidos por servidores públicos que afectan a la hacienda, el patrimonio y el servicio públicos. Por ejemplo, el delito de peculado ya no será grave. Así los servidores públicos acusados por estos delitos podrá salir libre bajo fianza.

c) En los delitos relacionados con la corrupción, se disminuyen sustancialmente las penas de prisión y pecuniarias. Por ejemplo, el  peculado se disminuye de 10 a 5 años de cárcel.

d) Se establece que los delitos por funcionarios públicos se persiguen por querella, ya no de oficio como debería ser en casos de corrupción.

e) Se disminuyen a tres años los plazos de prescripción de los delitos de funcionarios públicos por hechos de corrupción.

f) Se crea la fiscalía general del estado como órgano constitucional autónomo y se designa como tal al actual Procurador General de Justicia, por un período de nueve años. Esto significa que quien pedirá cuentas al gobierno saliente, fue designado por Roberto Borge.

g) Se nombraron con 10 meses de anticipación al titular del Órgano de Fiscalización y a su Suplente. Al igual que en el caso anterior, esto significa que quien pedirá cuentas al gobierno saliente, se da en el gobierno de Borge.

h) Se establecen porcentajes mínimos del presupuesto de egresos del estado en favor del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de organismos autónomos, con lo cual se afecta la capacidad del Ejecutivo para prever ingresos, equilibrar finanzas públicas y para cubrir las necesidades sociales en materia de educación, salud, seguridad, protección civil, entre otras. Un ejemplo: el presupuesto del Congreso local, suponiendo que fuese el mismo del 2016, para el 2017 se incrementaría en 283.6 millones de pesos, para quedar en un total de 734.5 millones, lo que significa un aumento del 62%. Además las cantidades no pueden ser menores a las de los ejercicios anteriores, en caso de ajustes presupuestales no pueden ser afectadas y si el Congreso lo decide pueden ser mayores.

Las reformas fueron iniciadas después de conocer el resultado de las elecciones y discutidas, aprobadas y publicadas el 23 y 25 de junio y vigentes desde esas fechas. La minoría parlamentaria actual no alcanza el 33% pero sí lo reúne la elegida. Sin embargo, entre la fecha de publicación y vigencia de las reformas y la toma de posesiones de la nueva legislatura y del nuevo Ejecutivo transcurren más de treinta días hábiles.

La controversia iniciada

La acción intentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es una controversia constitucional prevista en el artículo 105 de la Constitución federal, la cual fue suscrita por Carlos Joaquín González en su carácter de ‘gobernador electo’. Esta controversia constitucional se ha promovido en el plazo de los treinta días siguientes al inicio de la vigencia de las normas y actos que se combaten, el cual venció el pasado 18 de agosto.

¿Qué se pretende lograr?

El objetivo de la controversia constitucional es que la SCJN invalide tanto el ‘blindaje’ de impunidad, como el establecimiento de porcentajes mínimos del presupuesto de egresos para los poderes y órganos mencionados.

¿Por qué la controversia suscrita por el gobernador electo?

a) Es la persona legitimada para actuar ante la SCJN, quien ostenta una especial calidad que se deriva de la representación obtenida en la contienda electoral, en la que los ciudadanos de Quintana Roo optaron por una nueva propuesta.

b) Se trata de un caso inédito en nuestro país que un gobernador electo promueva una controversia constitucional. Sin embargo, él tiene el mandato y la responsabilidad —no sólo la facultad— de actuar en contra de la corrupción con base en la representatividad obtenida en las urnas. De ello, se insiste, se actualiza un interés legítimo para plantear el caso ante la SCJN.

c) En el armado del ‘blindaje’, existió una colusión entre el Congreso local y el gobernador saliente. Quien ocupa el Ejecutivo obtiene prerrogativas personales y se beneficia de la nueva legislación penal. El Congreso y su mayoría obtienen un incremento presupuestal desproporcionado y el traslado al Legislativo de las decisiones sobre finanzas públicas.

d) La legitimación procesal del gobernador electo se justifica en el hecho de que, conforme al artículo 49 de la Constitución de Quintana Roo, Carlos Joaquín González ostenta la calidad especial y diferenciada del resto de los ciudadanos, como ‘Poder Electo’ de ese estado. Dicho artículo establece lo siguiente: “El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. […]”.

e) Como se aprecia, este artículo señala con toda claridad que el Poder Ejecutivo se deposita en ciudadanos electos, calidad que satisface Carlos Joaquín González como resultado de la elección del 5 de junio de 2016.

f) Al momento en que un candidato triunfa en la contienda electoral, es indudable que se convierte en ‘Poder Ejecutivo Electo’ del estado, pues es cuando los ciudadanos empoderan a uno de ellos en específico para asumir las funciones y ejercer las correspondientes atribuciones constitucionales y legales.

g) El hecho de que exista un periodo de transición en el cual coinciden un ‘gobernador en funciones’ y un ‘gobernador electo’, no implica que a éste se le desconozca su calidad de Poder Electo. Simplemente se reconoce que es necesario un plazo prudente para que el gobernador saliente pueda hacer entrega/recepción de todos los asuntos de gobierno al gobernador entrante, sin que tal circunstancia permita desconocerle la calidad de ‘gobernador electo’ de la entidad.

h) El hecho de que el ‘gobernador electo’ no haya tomado posesión del cargo no es suficiente para que se desconozca su calidad de ‘Poder Electo’. Lo anterior es así, ya que incluso antes de que se lleve a cabo la toma de posesión y protesta, el ‘gobernador electo’ va ejerciendo cada vez mayores atribuciones inherentes a su cargo, las cuales culminan con la toma de protesta, momento en el cual asume la totalidad de sus atribuciones.

En las reformas y nombramientos hay una unidad de propósito: prerrogativas de seguridad personal, modificación estructural en el tratamiento penal por hechos de corrupción que afectan su eficacia y nombramientos que son centrales en la investigación y determinación de las responsabilidades.

Las reformas invaden las facultades del Ejecutivo y afectan el ámbito de su función constitucional. Además, contrarían las reglas y principios de la reciente reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

La controversia constitucional ejercida tiene el propósito de actuar garantizando que no haya condiciones de impunidad, en el interés de la preservación de las condiciones de gobernabilidad y del mandato otorgado en las urnas. No hacerlo sería abdicar de tal responsabilidad y dejar que se consume la afrenta a la ciudadanía.

Rosa María Cano. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato y de la maestría en derecho constitucional de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.

José Roldán Xopa. Profesor de la División de Administración Pública del CIDE. Twitter: @jrxopa

Luis M. Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

Nota: los autores participaron en la redacción de la demanda de esta controversia constitucional.

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ROL

I

El proceso de reforma democrática en México, desde principios de la década de los noventa, ha sido significativo en muchos aspectos, siendo ciertamente el creciente protagonismo de las leyes y los tribunales uno de los más importantes. Sin embargo, durante la transición de un régimen autoritario de un partido dominante a una democracia vigorosa, quizá no debe sorprendernos que la Suprema Corte de México haya tomado un rol mucho más importante. Comenzando con la reforma judicial implementada a comienzos de 1995 y pasando rápidamente a las elecciones de 2000, que llevaron al primer cambio en el poder presidencial en muchas décadas, es el escenario donde la Corte surge con un rol protagónico en la escena política mexicana.

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Académicos mexicanos y de otras naciones han llevado a cabo una importante cantidad de estudios interdisciplinarios que acompañan estas reformas e integran análisis políticos y jurídicos (por ejemplo, Rios-Figueroa 2007; Magaloni 2003, 2006; Sanchez et al. 2011; Inclán 2009). Estos textos se ubican entre los más variados e interesantes dentro del campo de los estudios de derecho comparado, y el presente libro no es la excepción. Por medio de la utilización de diferentes metodologías, los autores aquí presentes ayudan a esclarecer el rol evolutivo de la Corte en la democracia mexicana. Los capítulos ameritan ser analizados exhaustivamente no sólo por los investigadores mexicanos, sino por otros académicos que estén interesados en comprender el rol de los tribunales y la dinámica de la democratización. En esta introducción, brevemente posiciono el caso de México desde una perspectiva comparativa y, posteriormente, realizo algunos comentarios sobre los capítulos que integran este libro. Vale adelantar que en conjunto brindan un aporte significativo a la literatura de la política judicial comparada.

Comenzaré considerando lo que es una transición democrática paradigmática desde un gobierno autoritario. Dicha transición, ya sea lenta o rápida, por definición involucra la introducción de una genuina competencia política; normalmente también involucrará una reforma constitucional o su sustitución. Comprender o asumir el pasado puede implicar algún esfuerzo. Y casi con certeza, también estará acompañado por un rol creciente de la ley y los tribunales. Con relación al periodo autoritario, es probable que los tribunales jueguen un rol más prominente en la protección de los derechos en la democratización; también pueden ocupar un rol más decisivo en la resolución de disputas políticas.

La expansión de los derechos y la democracia constituyen un hecho natural. La democracia, desde nuestra perspectiva, requiere los límites de un orden constitucional seguro para ser efectiva. Estos límites incluyen la definición de las reglas del juego, así como la provisión de que ciertas zonas del juego —incorporadas en los derechos constitucionales— no puedan ser tocadas por el proceso político. Actualmente, la democratización involucra la articulación de los derechos junto con una maquinaria que los proteja.

En muchos países, la creación de un tribunal constitucional orientado a servir como principal institución de revisión constitucional ha sido una tendencia de gran relevancia. Dicho tribunal tendrá la última palabra en lo concerniente a la interpretación de la Constitución, y, naturalmente, pasará a estar profundamente involucrado en la vida política en aquellos países que lo hayan establecido. Sin embargo, también existen otras clases de instituciones constituidas para mejorar la protección de los derechos; entre ellas, las comisiones de derechos humanos, los defensores del pueblo u ombudsmen y las salas especiales en la justicia ordinaria.

Además de la protección de los derechos, el fenómeno general de la judicialización ha significado que otros tribunales estén jugando roles cada vez más centrales en la resolución de disputas políticas. Los conflictos políticos que en el pasado podían resolverse dentro de los confines de un único partido político, ahora salen a la luz y adquieren una forma jurídica. Esto, naturalmente, significa que los tribunales confrontan varias de las interrogantes relacionadas con la transición política que involucran asuntos distributivos, la justicia administrativa y la resolución de disputas electorales. Parece que muchas de las nuevas democracias se encuentran en la posición de Estados Unidos, que fue bien señalada por Alexis de Tocqueville a principios del siglo XIX: son pocos los conflictos políticos o sociales que no encuentran su camino a los tribunales.

Los tribunales han reaccionado ante estas nuevas demandas con una interesante gama de respuestas. Una manera de pensar esto es en términos de la función judicial (Kapiszewski et al. 2013). Los roles están limitados por la estructura institucional, pero los tribunales también tienen cierto poder para articular su propia posición en el orden democrático, en virtud de los casos que eligen para decidir, su punto de vista de su propia jurisdicción como expansiva o limitada, y las decisiones de fondo que toman. En algunos países, los tribunales han jugado un papel importante en el proceso de reforma en sí. Otros tribunales han sido más pasivos, esperando que hubiera un profundo proceso de consolidación antes de ejercer más autoridad. Y un pequeño número de tribunales han desempeñado un papel importante en la defensa de las prerrogativas del antiguo régimen, defendiendo el pasado contra el futuro.

En resumen, la democratización generalmente se acompaña de una expansión en el alcance y el nivel del Poder Judicial. Pero esa afirmación general oculta una gran diversidad de variantes, que nos conmina a examinar la dinámica en contextos particulares. Al examinar el papel de cualquier alto tribunal en particular, debemos tomar en cuenta el entorno institucional, la socialización, las actitudes de los jueces y las respuestas de otras partes involucradas del sistema político hacia el Poder Judicial. Por ejemplo, en Chile, como Lisa Hilbink (2007) ha demostrado, los jueces se mostraban muy renuentes a ampliar su papel a partir de una larga tradición de apoliticismo. Por el contrario, en Sudáfrica, tanto la tradición de autonomía judicial como la necesidad de un mecanismo de compromiso efectivo llevaron a la clase política a estar dispuesta a darle al tribunal constitucional un lugar destacado en la transición democrática (Meierhenrich 2008). Los actores políticos no sólo le delegan poderes a los tribunales, sino que también reaccionan ante ellos, y el aumento de la fragmentación política puede darle a los tribunales más margen de maniobra. En este sentido, la democracia, por definición, ofrece un margen más amplio para que los tribunales determinen sus roles.

El tiempo es otra dimensión importante de este análisis, ya que la literatura comparada nos ha ayudado a entender que los roles pueden cambiar con el tiempo. Hay algunos indicios de que con la consolidación democrática los tribunales chilenos están cambiando sus ideas sobre su propio rol (Couso et al., 2011). Por el contrario, el Tribunal Constitucional de Hungría jugó un papel importante en los primeros años de la transformación constitucional, pero desde entonces ha pasado a ser menos dinámico, ya que otras instituciones políticas han buscado activamente restringirlo. Teniendo en cuenta las dimensiones del rol que desempeñan, el entorno institucional y político y el tiempo, podremos entender por qué los tribunales actúan de la manera que lo hacen en cualquier momento y lugar.

II

En cuanto a México, está claro que, como en cualquier transición democrática, el legado del pasado y las peculiares dinámicas de la transición han sido especialmente importantes en la conformación del presente. Durante el período autoritario, los jueces y magistrados, al igual que otros altos funcionarios del país, estaban integrados en un sistema dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como es típico de los sistemas de partidos dominantes, los tribunales no eran particularmente importantes en la gobernanza, aunque eran formalmente autónomos en el régimen autoritario. En este sentido, si bien la Suprema Corte de México estaba dotada formalmente con el poder de revisión constitucional, solamente decidió 55 controversias constitucionales entre 1917 y 1994, como Castagnola y López Noriega señalan en el capítulo tres de este libro. Los tribunales confiaron en una especie de formalismo del derecho civil para mantenerse dentro de una zona delimitada.

La década de 1980 vio un periodo de reformas que llevaron gradualmente a la democratización (Magaloni 2006; Rios-Figueroa 2007). Al igual que en muchas otras situaciones democratizadoras, la reforma política estuvo acompañada del fortalecimiento judicial. Sin embargo, el carácter gradual de la transición política de México significó que no todas las reformas institucionales en el sistema judicial ocurrieran a la vez, sino de forma episódica. A diferencia de la mayoría de otras nuevas democracias en América Latina, no se creó ningún tribunal constitucional especial ni hubo ninguna designación especial en la Suprema Corte. En cambio, el Poder Judicial ha visto cómo su poder se ha ido ampliando paulatinamente. Una reforma judicial importante en 1995 amplió la jurisdicción constitucional y presentó un consejo de la judicatura para aislar los nombramientos judiciales y la administración del proceso político; también modificó la estructura de la propia Suprema Corte. Nuevas reformas en 1999 y 2011, junto con varias decisiones importantes por parte de la misma Suprema Corte, ayudaron a desarrollar el marco institucional. Las reformas de 2011, reforzadas en 2013, eliminaron la limitación de larga data en el juicio de amparo para que sólo tuviera efecto jurídico para las partes del caso (el llamado efecto inter partes). Esto había planteado un límite importante en la formulación de políticas de los tribunales mexicanos, pero ahora el Poder Judicial tiene muchas de las herramientas básicas necesarias para desempeñar el papel paradigmático descrito anteriormente. Asimismo, la posibilidad de utilizar directamente los tratados internacionales le da al Poder Judicial un nuevo y significativo arsenal.

Naturalmente, el comportamiento judicial ha cambiado con la democratización, y los capítulos que conforman este libro nos ayudan a entender tales cambios. El capítulo desarrollado por Andrea Pozas Loyo y Julio Ríos Figueroa muestra cómo la transición ha afectado una área muy importante, pero poco estudiada. Como parte de un proyecto de investigación comparativo más amplio, estos académicos trazan la evolución de las relaciones de competencia entre los tribunales militares y civiles, demostrando así cómo el periodo reciente ha sido testigo de una restricción significativa por parte de la Corte del fuero militar. Esto proporciona un ejemplo de lo que podríamos describir como un movimiento democratizador paradigmático por parte de los tribunales. El capítulo utiliza esta área del derecho para desarrollar la idea de la función judicial más allá de la precedente literatura comparada y, por ello, hace un aporte teórico útil.

Aun así, a pesar de las grandes expansiones en su papel y su poder, hay una sensación general entre los otros autores de este libro de que la capacidad de la Suprema Corte de México está por debajo del rol que se le pide, y refleja los dolores propios del proceso de maduración que se podrían observar en un tribunal más joven. Parece que no se han aprovechado muchas oportunidades y, de hecho, pareciera que la Corte es incapaz de satisfacer las mayores demandas que acompañan a la democratización. Por lo tanto, vale la pena prestar atención a estos análisis.

El capítulo de Francisca Pou Giménez es una poderosa denuncia de ciertas deficiencias institucionales. En su lúcido análisis, primero demuestra que la democratización condujo a la expansión de los papeles de la Corte y las tareas demandadas a la misma. Además de servir como tribunal supremo de apelación en un amplio sistema judicial federal, la Suprema Corte desempeña un papel importante en la administración de justicia. Esto significa que tiene muy poco tiempo para cualquiera de sus tareas. En este sentido, señala que la decisión de retener un único tribunal supremo en lugar de establecer un tribunal constitucional conforme el modelo kelseniano resultó ser crucial. La Corte debe preocuparse por su propia jurisprudencia constitucional, por la gestión de un sistema judicial complejo, y por pronunciarse sobre los recursos interpuestos en todo el país. Todo esto hace que la lista de casos sea un poco difícil de manejar. En la transición a la democracia, la Suprema Corte de México ha estado acumulando tareas sin descartar ninguna.

Como si esto fuera poco, en su análisis Pou describe muchas características del funcionamiento de la Corte que parecen premodernas. Los continuos privilegios entre los litigantes de reuniones informales ex parte con los ministros, así como la práctica de anunciar públicamente sus decisiones mucho antes de que éstas hayan sido formuladas por escrito, son dos ejemplos centrales que serán de gran interés para los comparativistas por ser tan inusuales y contrarios al sistema paradigmático de derecho. Sin embargo, los problemas no son simplemente formales. Pou se centra en lo que ella denomina la “confusión de la decisión” que resulta en la falta de claridad respecto de lo que en realidad el tribunal ha decidido.

En algunos contextos, por supuesto, la ambigüedad puede ser estratégica y ventajosa. Por ejemplo, Cass Sunstein (1995) ha celebrado los méritos de las decisiones judiciales que están “teorizadas de manera incompleta”, ya que pueden permitir una evolución en la ley. Pero parece que la Corte de México ha tomado esto más allá para resultar en lo que podríamos denominar como las decisiones “formuladas de manera incompleta”, donde los académicos y demás comentaristas analizan los pronunciamientos públicos de los jueces individuales (a partir de la versiones estenográficas) en lugar de la sentencia final escrita que sólo aparece meses después. Si bien las decisiones formuladas de manera incompleta tienen la misma virtud política de permitir a los diferentes actores leer cosas diferentes en la decisión del tribunal, tienen el vicio de no producir ninguna jurisprudencia real, como lo demuestra el relato de Pou sobre las decisiones de la Corte con referencia al aborto entre 2008 y 2011.

Estas insuficiencias institucionales tienen consecuencias en lo que respecta a la capacidad de la Suprema Corte de desarrollar una reputación entre la comunidad jurídica. La reputación es un recurso central para el ejercicio del Poder Judicial, y los tribunales pueden tomar algunas decisiones sobre a qué audiencias quieren enfocarse (Garoupa y Ginsburg 2011). Los factores institucionales también importan. Los poderes judiciales ordinarios en las jurisdicciones civiles tienden a centrarse en la reputación colectiva del tribunal, dejando a los jueces en el anonimato. Por el contrario, las judicaturas del common law y los tribunales constitucionales generalmente hacen hincapié en la reputación individual. Al pasar a un sistema de opiniones anunciadas individualmente, la Suprema Corte mexicana parece estar cambiando su mecanismo para producir una buena reputación y así poder obtener una mayor confianza por parte de la opinión pública. Sin embargo, este cambio no está completo. Y existe una tensión entre la nueva capacidad de la Corte de “mostrarse en público” (Staton 2010) y su función básica de gestionar un sistema jurídico coherente que tenga una buena reputación a los ojos de los profesionales del derecho. A la larga, las debilidades institucionales podrían limitar el impacto de la Corte. La argumentación implica que la popularidad pública no será suficiente si la Corte no tiene una sólida reputación entre los actores fundamentales del sistema legal.

Andrea Castagnola y Saúl López Noriega tienen dos estudios cuidadosos en este volumen que analizan las decisiones de los ministros en más de mil casos entre 2000 y 2011. En su primer capítulo, lidian con la cuestión de si la Suprema Corte de México es un mediador eficaz entre los poderes, y dan una respuesta negativa a la misma. En su segundo capítulo, examinan el comportamiento judicial en los casos de derechos humanos, tanto en los juicios de amparo como en las denominadas “acciones de inconstitucionalidad”. Como en la mejor obra empírica, descubren algunos hechos sorprendentes sobre el modelo de la toma de decisiones judiciales, que sorprenderá incluso a los observadores avezados de la Suprema Corte. Por ejemplo, muestran que en los últimos años los ministros nombrados por el PRI se muestran más propensos que los ministros nombrados por el PAN, a respaldar juicios de amparo. Sin embargo, en líneas generales hallan que el supremo tribunal es bastante conservador y no particularmente contramayoritario. Nuevamente, esto parece compatible con la visión de una Corte que todavía está tratando de encontrar su papel, una tarea permanente que todavía está incompleta.

Las reformas constitucionales de 2011 se centraron en gran medida en los derechos humanos, reformulando muchas de las garantías fundamentales ya establecidas en la Constitución. Esto sugiere que existe una demanda social para que la Corte sea conocida como un organismo de derechos humanos, en lugar de ser un organismo centrado en la gestión del federalismo. Es demasiado pronto para concluir al respecto, pues como cualquier cambio de esa índole todavía está en proceso. El estudio de Pedro Salazar Ugarte sobre el litigio estratégico expone una explicación teórica sobre el papel de los litigios de derechos. A su juicio, los litigios de derechos van al fondo de la misión de los tribunales en una democracia constitucional, especialmente en una época de internacionalización de los derechos. Incluye varios estudios de casos de litigio fascinantes, pero en general piensa que la Suprema Corte de México podría hacer más. Una vez más, uno queda preguntándose si la continua acumulación de tareas y funciones, con todas las expectativas que éstas conllevan, simplemente ha limitado demasiado a la Corte.

III

El Poder Judicial está supeditado a hacer predicciones específicas sobre los rumbos que la Corte podría tomar en particular o el momento en que podría ocurrir cualquier cambio. Una de las mejores características de los capítulos de este libro es que cada uno toma una perspectiva dinámica, y el panorama general es el de una Corte en transición. Mucho ha cambiado en los últimos veinte años, y hay algunas señales de que el máximo tribunal podría seguir aumentando su papel, como podría esperarse de la experiencia de otros tribunales en democratización.

En la actualidad, una forma de ilustrar las cuestiones en juego en México es mediante el contraste de dos visiones alternativas para lo que la Corte podría verse, digamos, en 2030. Una visión es la de las reformas de los derechos humanos de 2011 llegando a su plenitud y la Corte emergiendo como un jugador principal en la protección de los ciudadanos de las diversas amenazas a sus derechos tanto de los sectores públicos como privados. Desde este punto de vista, un amplio conjunto de estructuras de apoyo, entre ellos abogados, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, trabajarán en conjunto con el tribunal supremo para formar una especie de ecología de los derechos. Tanto la Corte como los actores sociales tendrán un papel de fortalecimiento mutuo. Así, la sociedad mexicana se manifestará como una sociedad más justa.

Sin embargo, hay otra visión menos transformadora. Se trata de la de una Corte que no opta por aprovechar la oportunidad proporcionada por las nuevas herramientas jurídicas y jurisdiccionales. Presionado por el peso de toda su carga de trabajo acumulada, el máximo tribunal buscará un término medio. De acuerdo con este punto de vista, la Corte mantendría su enfoque como un órgano de apelación en los asuntos jurídicos ordinarios, tal vez enfocándose especialmente en temas relacionados con el federalismo constitucional. La vida política del país puede permanecer tal cual lo está hoy, aunque con algunos nuevos desafíos.

¿Qué visión prevalecerá? ¿Cuál será el papel de la Corte en una o dos décadas? La esperanza de que la primera visión prevalezca está implícita en algunas de las críticas de este libro, pero uno tiene la sensación general de que el motor no ha detenido aún su marcha. Es evidente que el desarrollo de la dirección maximalista orientada a los derechos requerirá una mayor atención a los desafíos de las cargas de trabajo y la capacidad identificadas anteriormente. También puede requerir un mayor cambio generacional entre los ministros, para que individuos con diferentes expectativas de roles ocupen su lugar. Y requerirá de una comunidad académica que continúe desafiando a los tribunales con estudios rigurosos sobre su rendimiento, sirviendo como un monitor en nombre de la sociedad. Este libro representa un buen ejemplo de este tipo de trabajo.

Tom Ginsburg. Es profesor Leo Spitz de Derecho Internacional en la Universidad de Chicago, donde también tiene un cargo en el Departamento de Ciencia Política.

Aquí el resto de libro: Castagnola, Andrea y López Noriega, Saúl (edit.). 2016. El rol de la Suprema Corte en la consolidación democrática en México. México: IIJ-UNAM-Tirant lo Blanch. En los próximos meses se publicará en inglés bajo el sello editorial Routledge: Judicial politics in Mexico: The Supreme Court and the Transition to Democracy.

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Referencias

Couso, Javier, et al. (edit.) (2011), Cultures of legality: judicialization and political activism in Latin America, New York, Cambridge University Press. Garoupa

Nuno y Tom Ginsburg (2011), “Reputation, information and the organization of the judiciary”, 4:2 Journal of Comparative Law.

Hilbink, Lisa (2007), Judges beyond politics in democracy and dictatorship: lessons from Chile, New York, Cambridge University Press, 2007.

Inclan, Silvia (2009), Judicial reform in Mexico: political insurance or the search for political legitimacy?, Political Research Quarterly, December 2009, vol. 62.

Kapiszewski, Diana, et al., (eds) (2013), Consequential Courts, New York, Cambridge University Press.

Magaloni, Beatriz (2003), “Authoritarianism, democracy and the Supreme Court: horizontal exchange and the rule of law in Mexico”, en Mainwaring Scott and Welna Christopher, (eds), Democratic accountability in Latin America, New York, Oxford University Press.

Magaloni, Beatriz (2006), Voting for autocracy: hegemonic party survival and its demise in Mexico. New York, Cambridge University Press.

Meierhenrich, Jens (2008), The legacies of law: long-run consequences of legal development in South Africa, 1652–2000, New York, Cambridge University Press.

Ríos, Julio (2007), “The Emergence of an Effective Judiciary in Mexico, 1994-2002”. Latin American Politics & Society, vol. 49, num. 1.

Sánchez, Arianna, et al., 2011, “Legalist vs. interpretivist: the Supreme Court and the democratic transition in Mexico”, en Helmke Gretchen and RíosFigueroa Julio, (eds), Courts in Latin America. New York, Cambridge University Press.

Staton, Jeffrey (2010), Judicial Power and Strategic Communication in Mexico, New York, Cambridge University Press.

Sunstein, Cass (1995), “Incompletely Theorized Agreements”, Harvard Law Review, 108 (7).

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El segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició, como cada año, el primer día hábil de agosto. Después de la pausa vacacional de julio, los ministros retomaron actividades en el Pleno el día el lunes 1º, misma que concluirán el 15 de diciembre de 2016. Ello quiere decir que durante las próximas 20 semanas, la Corte se abocará a resolver unos 25001 asuntos. No exagero. Si cada miércoles cada Sala revisa alrededor de 60 asuntos (a veces más, por ejemplo, para este 10 de agosto están listados 89 asuntos) y cada sesión de Pleno (que son tres veces a la semana) se resuelve en promedio un asunto, tenemos que cada semana la SCJN resuelve aproximadamente 123 asuntos.

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Entre esos 2500 asuntos existen varios de enorme interés y si bien todos los amparos para poder ser revisados en el fondo por la Corte deben cumplir con las características de importancia y trascendencia,2 lo cierto es que existen ciertos temas más “taquilleros” que otros. Veamos qué asuntos merecerán marcación personal:

Por obvias razones, en el primer lugar de esta lista se encuentran las acciones de inconstitucionalidad 56/2016, 57/2016 y 58/2016 promovidas por la Procuradora General de la República, relacionadas con la impugnación de diversas legislaciones emitidas por los Congresos de los estados de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, en materia de combate a la corrupción. Ello porque durante el receso, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República presentó una solicitud para que la Corte resuelva de forma prioritaria dichas acciones. Dicha resolución fue atendida por los ministros en su sesión privada del 1º de agosto.

Otros asuntos relevantes y que ya están listados para discutirse los próximos días son los siguientes: el control de diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México las que se impugnaron en las acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014. La acción de inconstitucionalidad 84/2015 sobre la Ley de Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del D.F. Así como, el amparo directo en revisión 1537/2014 que se trata de un amparo en materia fiscal pero que revisa algunos temas de interés como la equidad tributaria, el derecho a la alimentación y la publicación de proyectos. A propósito del tema de publicación de proyectos, la Suprema Corte publicó su acuerdo general 7/2016 en el Diario Oficial de la Federación en donde establece los lineamientos para hacer públicos los proyectos en que aborde el estudio de constitucionalidad o convencionalidad de una norma general en términos del artículo 73 de la Ley de Amparo. Ello son excelentes noticias para el seguimiento de los criterios de la Corte.

Otros asuntos importantes que serán revisados probablemente este segundo periodo de 2016 son3:

  • Acción de inconstitucionalidad 29/2016 sobre normas civiles de matrimonio del estado de Puebla.
  • Acción de inconstitucionalidad 28/2016 (27/2016 y 25/2016) sobre la Ley de Fuerza Pública del Estado de México.
  • Acción de inconstitucionalidad 16/2016 sobre gestación subrogada en el estado de Tabasco.
  • Acción de inconstitucionalidad 11/2016 sobre alienación parental en Oaxaca.
  • Acción de inconstitucionalidad 89/2015 sobre la Ley de espectro autista que quedó pendiente del periodo pasado pues faltó la consulta.
  • Acción de inconstitucionalidad 19/2014 sobre alienación parental en la Ciudad de México (se listó el año pasado pero se retiró –probablemente porque se trataba de un proyecto planteado por la Ministra Sánchez Cordero)
  • Acción de inconstitucionalidad 36/2013 sobre la Ley de Libre Convivencia de Jalisco.

En las Salas, el trabajo es mucho más complicado de monitorear pues, como apunté arriba, en cada sesión se listan alrededor de 60 asuntos. Con los nuevos criterios para la procedencia de los amparos directos en revisión (ADR) del Acuerdo General 9/2015, en realidad todos los asuntos en que se entre al estudio de fondo serán relevantes pues la Corte ha elevado el estándar para ello.4

Afortunadamente, con el acuerdo general 7/2016, arriba mencionado, podremos revisar las listas y acceder a los proyectos de los asuntos relevantes para la integración de normas constitucionales. Entonces habrá que estar pendientes de las listas para Sala que se publican unos 15 días antes de las sesiones para poder conocer los criterios que serán revisados cada miércoles en la primera y en la segunda salas.

No obstante, de los asuntos en Sala que tengo en mente para este segundo tramo del 2016 están:

  • El amparo en revisión 1388/2016 de aborto que fue returnado el pasado 29 de junio y que podría verse antes de acabar el año.
  • Asimismo, quedó en lista el amparo en revisión 1369/2015 (Yecenia) sobre tortura, mismo que quedó en lista antes de la pausa de julio.
  • El amparo en revisión 54/2016 en contra de la reforma educativa.
  • Hay pendiente una reasunción muy importante sobre técnicas de reproducción asistida, relevante pues hasta ahora la Corte no ha tenido oportunidad de fijar criterios en este tema.
  • El asunto de feminicidio de Karla Pontigo también está pendiente.
  • También sé que hay un recurso de reclamación relevante en contra de la reasunción de competencia 125/2015 sobre aborto en el estado de Veracruz.

En la sesión de clausura del primer periodo de sesiones, el ministro presidente de la Corte mencionó también las siguientes acciones de inconstitucionalidades como asuntos no menores: las acciones 50/2016, 51/2016, 52/2016, 53/2016 y 54/2016, en las que se impugna el Código Electoral del Estado de México; la acción de inconstitucionalidad 124/2016 sobre la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., primer párrafo, de la Constitución en materia del derecho de réplica; la acción de inconstitucionalidad 10/2014 relativa a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se alega violación a los derechos humanos, a la libertad personal, debido proceso, presunción de inocencia y certeza jurídica; y la acción en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales en el tema de geolocalización.

No ubiqué ningún asunto relevante que en específico trate sobre interpretación constitucional y/o definición de los alcances del llamado nuevo paradigma (bloque de constitucionalidad, principio pro persona, control de constitucionalidad difuso, control ex officio, interpretación conforme, jerarquía de tratados, aplicabilidad e interpretación de la jurisprudencia) pero habrá que estar pendientes de su aplicación en otros asuntos. Lo cierto, no obstante, es promete ser un semestre particularmente interesante. Ya veremos.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter:@geraldinasplace


1 Un comparativo: para el periodo octubre 2016, la Corte de Estados Unidos tiene listados 30 asuntos (ver SCOTUSblog.com). Cada año la Corte Suprema de los Estados Unidos recibe alrededor de 7000 y 8000 apelaciones y solamente revisa unos 80. En el informe presentado por el Ministro Presidente Luis María Aguilar se presentaron las cifras de nuestra Corte: “Al 30 de noviembre de 2014, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durante el año estadístico 2015 ingresaron a la Corte 15 mil 974 asuntos, los que sumados a los pendientes de resolver anteriores se conformó una carga de trabajo de 19 mil 58 asuntos. En este periodo estadístico, entre los asuntos resueltos por el Pleno, las Salas, las determinaciones de los Ministros instructores y los autos de trámite emitidos por la Presidencia, se resolvieron 15 mil 353 de esos asuntos, lo que significa que resolvió prácticamente el 95% del número de asuntos recibidos.”

Ahora, también es importante señalar que en México la Corte está obligada a resolver todos los asuntos que son presentados a su consideración. La Corte de Estados Unidos, por contrario, no. Esa Corte utiliza una facultad discrecional (writ of certiorari) para conceder o no la revisión a los casos que se someten a su consideración.

2 Son distintas las concepciones para una atracción o reasunción de competencia que para la procedencia de un amparo directo en revisión; sin embargo se engloban en una sola idea para simplificar por no ser el tema de esta nota.

3 Esta lista se elaboró con la lista de asuntos del Pleno, así como con la lista de acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolver. Ambas son consultables en la página de la Corte.

4 El recurso de revisión contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción IX, constitucional, y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, si se reúnen los supuestos siguientes:

a) Si en ellas se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo, y

b) Si el problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

Se entenderá que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del inciso a) del Punto inmediato anterior, se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

También se considerará que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

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El martes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto firmó un paquete de iniciativas para reformar la Constitución y el código civil federal, a fin de reconocer el derecho de todas las personas a contraer matrimonio, sin importar el sexo de los contrayentes, y facilitar los trámites de concordancia sexo-genérica a nivel registral.

El mensaje es importante y valiente: el Poder Ejecutivo en México es aliado de las personas LGBTTIQ y está dispuesto a proteger sus derechos y libertades. Me alegra, aunque me también me preocupa el riesgo de estar ante una mera simulación.

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La iniciativa de reforma constitucional del Presidente supone incorporar al artículo 4 constitucional la siguiente frase: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.

Esto es, la iniciativa pretende, por un lado, constitucionalizar el derecho a contraer matrimonio y, por otro, prohibir la discriminación en relación a la propia institución matrimonial. Dicho en otras palabras, la iniciativa de reforma no pretende nada. Al menos, nada nuevo.

Desde agosto de 2010, la Suprema Corte de Justicia, en un ejercicio de mera interpretación constitucional, se ha pronunciado reiteradamente sobre el derecho a contraer matrimonio y la prohibición de excluir del mismo a las parejas del mismo sexo. Ello a partir del derecho de igualdad, recogido en el artículo 1 constitucional que desde junio de 2011 dispone: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana…”.

Esto no significa que la iniciativa del Presidente suponga crear un nuevo derecho constitucional, sino que pretende explicitar lo que ya estaba previsto en otras porciones normativas del mismo orden. Si en retórica es “tautología” la repetición innecesaria de un pensamiento usando palabras similares, aquí podemos decir que estamos ante una “tautología constitucional”.

Tengo muchas dudas sobre la necesidad de explicitar todo en la Constitución, de seguir abigarrándola. Además, me preocupa que haya quien piense que, para ser democrática, una decisión judicial debe “constitucionalizarse”. Creo que ello deriva de la mala comprensión de lo que es una Constitución y del papel que juega la interpretación en el orden jurídico. Creo también que entender así el orden constitucional menoscaba el papel de los intérpretes de la norma.

El presidente Peña, además, propuso reformar el código civil federal para permitir a las parejas del mismo sexo casarse. La reforma me parece deseable y sin duda será de enorme utilidad para las parejas gay… que pretendan casarse en un consulado. Es decir, ¿qué pasan con aquellos que pretendan contraer matrimonio en los estados de la República? Esa es otra historia.

Diré lo obvio: el presidente no tiene facultades para iniciar leyes o reformas a nivel local. Las iniciativas presentadas no tendrán impacto alguno sobre los órdenes locales, no motivarán reformas a los códigos civiles y familiares de los estados ni “harán realidad los matrimonios igualitarios a nivel nacional” —como afirmaban las notas periodísticas de ayer—.

Incluso, la reforma al artículo 4 constitucional no cambiará nada para las miles de parejas gay que quieren contraer matrimonio en la mayoría de los estados de la República. Bienaventurados quienes viven en la Ciudad de México, Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua y, recientemente, Michoacán. Desafortunados quienes viven en los otros 26 estados y que, al querer contraer matrimonio, tienen y tendrán que promover un juicio de amparo en contra de las normas que les restringen el acceso al mismo. Lo diré una vez más: de aprobarse las iniciativas del presidente, la necesidad de promover un juicio de amparo no cambiará.

Seamos críticos antes de aplaudir las buenas intenciones de un gobierno. Contribuyamos técnica e inteligentemente. La lucha por la igualdad y el respeto a las minorías sexuales lo exige.

Julio Manuel Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la Ponencia del Ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1

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La llegada del pluralismo político a la sociedad mexicana arrojó, entre otras, una consecuencia de enorme relevancia: buena parte de los conflictos sociales se empezaron a procesar por la vía institucional. A falta de un presidente de la República que fungiese como centro de gravedad indiscutible en el sistema político, que estableciese orden y certeza, fue inevitable que las fuerzas políticas buscaran asirse al piso común propio de una sociedad democrática: la ley.

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Esto no significa, claro está, que nuestro país haya construido ya un Estado de Derecho pleno y sólido. Las asignaturas pendientes no son pocas e implican acertijos de enorme complejidad. Lo que nos interesa subrayar es que este cambio –gradual y parcial- en la manera de resolver los conflictos y, con ello, la inevitable necesidad de reflexionar y ajustar el diseño de las instituciones encargadas de procesar tales conflictos, ha propiciado que los medios, en su rutina informativa, incluyan cada vez más eventos relacionados con la ley y su aplicación.

Hoy, al abrir un periódico, escuchar la radio, ver la televisión o navegar por  Internet, no podemos dejar de contemplar una nueva serie de protagonistas de la agenda pública, que difícilmente tenían tal relevancia en el pasado: procesos de reformas legislativas y constitucionales de variopintas materias, decisiones de órganos reguladores, juicios en contra de tales decisiones; resoluciones judiciales sobre un amplio abanico de temas, sentencias de tribunales internacionales que condenan al Estado mexicano, conflictos entre poderes zanjados mediante recursos constitucionales, políticas públicas impulsadas por órganos constitucionales autónomos y un largo etcétera.

Nuestra incipiente democracia ha encontrado en la madeja de reglas jurídicas del país un buen registro de su incierto y sinuoso avance hacia su consolidación. No sólo porque buena parte de los conflictos característicos de nuestro escenario pluralista se procesan a través de los cauces jurídicos, sino también porque el diseño de varias figuras jurídicas se ha convertido en objeto de reflexión y debate: de la manera como se ajusten instituciones, como el juicio de amparo, las acciones colectivas, el sistema penal, el control constitucional difuso y varias más, depende en buena medida la viabilidad de nuestra democracia.

Hay que agregar además que, de manera paulatina, y con mucho camino por recorrer, los derechos también se han convertido en un tema recurrente en la discusión pública. El diálogo de la sociedad civil, al impulsar sus múltiples intereses, con el Estado empieza a tener como punto de partida los alcances y límites de los derechos. Actualmente, no es extraño que destaquen en la agenda pública preguntas como las siguientes: ¿La libertad de expresión protege a aquellos que se pitorrean de los símbolos patrios? ¿Es constitucional despenalizar el aborto durante las primeras doce semanas de gestación? ¿Se protege el derecho a la igualdad al abrir la figura del matrimonio y adopción a los homosexuales? ¿Es posible que una reforma constitucional vulnere una libertad? ¿Cuáles son los derechos en juego al regular redes sociales como Twitter y Facebook? Se trata de interrogantes que, ubicando los derechos en el centro del debate, marcan el inicio de una nueva narrativa de la relación entre el Estado y diversos sectores de la sociedad civil.

Ante un escenario como éste, entonces, donde los vaivenes políticos, sociales y económicos tienen siempre un pie en el mundo de las leyes y las tuberías del ordenamiento jurídico son destacados personajes de las discusiones del país, se vuelve indispensable una cobertura periodística oportuna, precisa e inteligente de ese ingrediente legal presente en nuestra vida pública. A esta exigencia busca responder el presente libro.

Conscientes de que el desarrollo del periodismo judicial en nuestros medios informativos es prácticamente nulo, consideramos que urge un material que le facilite a los periodistas las herramientas para que aprendan a traducir la abigarrada jerga legal a un lenguaje claro y sencillo; adquieran la habilidad de explicar complejos procesos jurídicos sin descuidar u olvidar aspectos técnicos clave y, sobre todo, entrenen su olfato para detectar qué aspectos jurisdiccionales son los que tienen mayor impacto social.

La relevancia de impulsar la especialización jurídica en los medios informativos reside en la posibilidad de construir una narrativa más compleja, capaz de explicar de mejor manera el proceso de consolidación democrática de nuestro país. La realidad de una sociedad no se reduce, por supuesto, a sus códigos, sentencias y reglamentos, pero sí son un aspecto que permite introducir matices en ella y, en ese sentido, enriquecerla.

Pero, además, desarrollar el periodismo judicial permite que los medios cuenten con un arma más contundente para cumplir con una de sus funciones básicas: el escrutinio del poder público. No hay que olvidar que uno de los peligros a los que está expuesta la transparencia en las sociedades modernas es el secreto técnico. Esa información que poseen los burócratas especializados y que pueden ocultar a través de la manipulación de las formas legales y de un lenguaje seudocientífico marcado por licenciadismos. Esto lo explicó con lucidez el escritor Maurice Joy, en su obra clásica Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu: sin tener que violar, por ejemplo, el principio de que la administración financiera es, en muchos sentidos, una cuestión de prensa, sin nublar la publicidad como esencia misma del presupuesto de la administración pública, el poderoso en un sistema democrático puede, por medio de un hábil uso del lenguaje, maquillar cifras, alterar información, ocultar datos. (Joly, 1974:188). De ahí que el periodismo judicial sea una herramienta idónea para evitar que los medios se traguen el anzuelo del poder público: ocultar información mediante tecnicismos legales.

Es necesario aclarar, sin embargo, que este libro no busca satisfacer los caprichos y frivolidades del lenguaje de los abogados; su disgusto porque la prensa no utilice puntualmente su jerga legal. La otra cara de la moneda de la falta de un periodismo judicial en nuestros medios informativos es justamente el lenguaje barroco, anacrónico y petulante del gremio de abogados. Basta con leer una sentencia, un texto legislativo o un reglamento para encontrarnos con una prosa impenetrable, plagada de arcaísmos y con serias fallas de las reglas básicas de gramática y sintaxis. Nada más alejado de nuestro propósito preservar este lenguaje. Por el contrario, la idea de este libro es impulsar una nueva prosa legal acorde con las exigencias democráticas. Una que prescinda de formalismos ociosos y favorezca la comprensión de las reglas que definen nuestra convivencia.

Pero, más allá del lenguaje judicial y de la necesaria habilidad periodística para traducirlo, estamos convencidos de que detrás de la madeja legal existe un filón de la realidad que los medios deben hurgar. Esto fue lo que George Steiner, al estudiar la obra del gigante de la literatura Fiódor Dostoieveski, detectó: el escritor ruso acostumbraba acercarse y consultar expedientes judiciales como una de sus fuentes literarias, pues, a su parecer, ahí se encontraban reflejadas en no pocas ocasiones las contradicciones, ambigüedades y dramas más extremos de la condición humana. Y ésta debe ser una lección medular para nuestro periodismo: entre los expedientes y procesos judiciales se encapsulan aspectos de la condición humana y de la disputa por el poder que es necesario recoger para construir un colorido mosaico de nuestra vida social. (Steiner, 2002).

Vale mencionar, por último, que este libro se ubica dentro de un esfuerzo mucho mayor que desde diferentes flancos se está impulsando para elevar el nivel de los contenidos de nuestros medios de comunicación. Ante unos medios que destacan por su falta de periodismo de investigación y especialización, que arrastran vicios como una cobertura reducida a declaraciones y que gozan de la impunidad al manejar cierta información que afecta derechos de personas, es claro que es necesaria una reflexión sobre el papel de los medios en un contexto democrático. Ejercicio de reflexión y redefinición de las prácticas periodísticas que debe incluir a periodistas y reporteros, pero también a editores, jefes de información, conductores, académicos y a las audiencias. Sólo de esta manera podremos acercarnos a ese gran reto que tiene nuestra opinión pública, y al cual en la medida de sus posibilidades este libro se suma: elevar el nivel de discusión de nuestra vida pública.

Aquí el resto del libro.

José Carreño Carlón. Director general del Fondo de Cultura Económica. Twitter: @josecarreno

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega


Joly, Maurice. 1974. Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, trad. Matilde HorneBarcelona: Muchnik.

Steiner, George. 2002. Tolstói o Dostoievski, trad, Agustí Bartra. Madrid: Siruela.

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error2A propósito de la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad del arraigo para delitos graves en el ámbito federal, diversas organizaciones y especialistas se han pronunciado en contra del fallo, e incluso a favor de la desaparición de la figura del arraigo del sistema jurídico, por considerarla contraria a los derechos humanos.

De la decisión de la Corte pueden realizarse diversos análisis; uno de ellos, que ya se ha realizado [i], es respecto a la obligación que tenía la Corte de realizar un control de convencionalidad y realizar un análisis del arraigo bajo estándares internacionales de derechos humanos, cosa que no sucedió.

Otra cuestión interesante para analizar, es el argumento expuesto por el ministro Cossío[ii] respecto a que la Corte debe replantearse la función de los artículos transitorios de una reforma constitucional y preguntarse si éstos puede hacer extensiva una restricción a los derechos humanos (en este caso, la restricción a la libertad personal, establecida en el artículo 16 constitucional).

En este texto, sin embargo, quisiera explicar las razones por las cuales, a mi parecer, la Suprema Corte se equivocó al decidir en la forma en que lo hizo sobre el arraigo y por qué no es una excepción en la que se pueda restringir válidamente un derecho humano (en este caso, la libertad personal).[iii]

Vayamos por partes. Primero, es importante recordar dos cosas: (1) la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 constitucionalizó la figura del arraigo; es decir, introdujo la figura explícitamente en el artículo 16 de la Constitución para que fuera aplicada en casos de delincuencia organizada (en determinadas circunstancias)[iv]; y (2), el artículo undécimo transitorio de la misma reforma prevé que en tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves.

Ahora, ¿cuál fue el sentido de la decisión de la Corte? El proyecto de la sentencia parte de que el arraigo debe entenderse como una excepción constitucional explícita a la regla general de libertad personal y que el constituyente permanente, en el artículo décimo primero transitorio del decreto de la reforma, introdujo una habilitación legislativa para regular el arraigo penal a nivel federal para delitos graves; por lo tanto, concluye que el artículo 133 Bis del CFPP respeta el régimen constitucional y es compatible con el cuerpo legal de los derechos humanos, pues fue emitido conforme a dicha habilitación legislativa, a pesar de ser una restricción expresa al derecho a la libertad personal [v].

Seis de once ministros votaron a favor de la constitucionalidad del artículo[vi], por considerar que el arraigo representa una limitación o una restricción a la libertad personal establecida en la propia Constitución, motivo por el que no lo consideran violatorio de los derechos humanos ni de las convenciones internacionales.

En contraste, los ministros que se pronunciaron en contra de la constitucionalidad del artículo 133 Bis del CFPP consideran que la figura del arraigo no cumple con los requisitos exigidos convencionalmente para imponer un límite válido al derecho a la libertad personal, además de ser violatoria de otros, como el derecho a la presunción de inocencia, la integridad física (por riesgo de tortura), etcétera.

¿Por qué se equivocó la Corte al avalar la figura del arraigo como una excepción válida al derecho a la libertad personal?

Más allá de que el arraigo se encuentre constitucionalizado, esta decisión pudo ser el primer precedente en el que la Corte fijara su postura en contra de una figura que es injustificadamente restrictiva de derechos humanos, ineficaz para los fines para los que supuestamente fue constituida y que crea escenarios ad hoc para la transgresión de otros derechos.

Una figura incompatible con los derechos humanos

La libertad personal, la presunción de inocencia e incluso la integridad física por riesgo de tortura, son derechos vulnerados con la implementación del arraigo, pues es una medida que priva de la libertad a una persona fuera de proceso, sin que haya siquiera sido acusada formalmente.

Es importante distinguir tres cuestiones respecto a la vulneración de derechos humanos, y son las razones por las cuales considero que el arraigo no debería existir en nuestro sistema jurídico.

a) Existe una restricción directa a la libertad personal. La misma Suprema Corte había declarado inconstitucional el arraigo[vii], previamente a su incorporación en la Constitución, al considerarlo un acto violatorio de las garantías de legalidad, de seguridad jurídica y, primordialmente, de la libertad personal.

b) Una restricción (como excepción) a derechos sólo puede ser válida si se cumplen ciertos requisitos. Para restringir válidamente un derecho humano, deben cumplirse determinados requisitos, como son: idoneidad, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, excepcionalidad, etc. Sin embargo, el arraigo no es una medida que sea necesaria, proporcional ni razonable para la restricción del derecho a la libertad personal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la regla general es la libertad, y la limitación o restricción de ésta es siempre la excepción. Entonces, el Estado no puede detener para posteriormente investigar; por el contrario, sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando haya alcanzado el suficiente conocimiento de los hechos para poder llevarla a juicio.[viii]

c) Existen violaciones indirectas a otros derechos. Como ya se dijo, el arraigo no sólo implica el sacrificio del derecho a la libertad personal, sino que ha favorecido a la vulneración de otros derechos, como la integridad personal[ix].

El arraigo amplía las posibilidades de que una persona sea torturada, debido a la discrecionalidad y escaso control jurisdiccional en su ejecución. De acuerdo con información obtenida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la CNDH indicó que entre el 18 de junio de 2008 y abril de 2014, se han ventilado 112 quejas por violaciones de derechos humanos relacionadas con el arraigo, de las cuales el 38 por ciento fue por detención arbitraria y el 41 por ciento por tratos crueles, inhumanos o degradantes. Del total de los casos, el 26 por ciento presentó ambas violaciones. Los tratos crueles mencionados en las quejas van desde golpes y lesiones, hasta fracturas y aplicación de descargas eléctricas en genitales u otras partes del cuerpo. Asimismo, hubo largos plazos de incomunicación que entorpecieron el desarrollo de una defensa adecuada.

Arraigo: abuso e ineficacia

El arraigo ha sido una medida de la que se ha abusado y que ha sido aplicada de manera indiscriminada, discrecional, arbitraria y, como ya se vio, en agravio de los derechos humanos. Esto responde a una tendencia de detener para investigar, en lugar de investigar para detener[x]. El arraigo, como varios expertos han señalado, se ha convertido en una medida que cumple con la necesidad de suplir las deficiencias de las instituciones responsables de la investigación de los delitos.

Este recurso también se ha caracterizado por ser poco efectivo para combatir a la delincuencia.[xi] Los números no mienten: de acuerdo con el Informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal”, elaborado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y de la CMDPDH, la PGR informó que 9,761 personas habían sido arraigadas de 2008 a junio de 2014. De ellas, el 72.7 por ciento fue consignado; sin embargo, entre 2008 y 2011, de un total de 8,595 personas arraigadas en el ámbito federal, únicamente el 3.2 por ciento obtuvo una sentencia condenatoria, lo cual indica que este método es ineficaz como una herramienta que facilite la investigación.

Por ello, la Corte se equivocó al decidir en el sentido en que lo hizo respecto al arraigo (independientemente de que sólo sea aplicable en tanto el sistema acusatorio esté vigente a nivel nacional) pues definió su postura respecto a una figura que injustificadamente restringe y viola derechos humanos.

Karen Silva Mora. Abogada por la UNAM. Asistente de investigación en el CIDE y coordinadora de Desarrollo Institucional del Programa de Política de Drogas del CIDE. Twitter: @karensvm

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[i] Ver también el análisis que realiza Adriana Muro en El Juego de la Suprema Corte: La Suprema Corte y los costos de su decisión sobre el arraigo.

[ii] Puede consultarse la posición del Ministro José Ramón Cossío en el Amparo Directo en Revisión 1250/2012 sobre el arraigo aquí.

[iii] Esto a propósito de debates que he tenido con algunos colegas que consideran que el arraigo no debería desaparecer, sino ser regulado y estrictamente vigilado por los jueces; ello porque consideran que es una herramienta que si deja de utilizarse arbitrariamente, como se ha hecho hasta ahora, puede ser útil para proteger personas, bienes jurídicos, pruebas así como para evitar que un indiciado se sustraiga de la acción de la justicia, además de permitir a las autoridades perfeccionar la investigación. Ellos consideran que los malos resultados que ha tenido el arraigo (incluida la vulneración de otros derechos como la integridad personal) , son consecuencia de una mala regulación y que es un problema de los operadores y no de la figura en sí misma.

[iv] Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

[v] Véase: contenido de las Versiones Taquigráficas de las sesiones públicas ordinarias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebradas los días 9, 13 y 14 de abril de 2015.

[vi] Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron a favor. En contra: Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Luis María Aguilar Morales.

[vii] Véase: Tesis Aislada, 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Pág. 2756. I.9o.P.69 P.; y Tesis Aislada, 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; Pág. 1170. P. XXII/2006.

[viii] CIDH. Caso Norín Catriman y otros, en Informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal” elaborado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y de la CMDPDH.

[ix] Véase: Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal. El uso del arraigo a nivel federal, en el estado de Nuevo León y el Distrito Federal: Análisis de constitucionalidad, legislación y práctica, México, enero 2015.

[x] Véase: Conclusiones Preliminares Visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez Abril 21–Mayo 2 2014

[xi] Ver De la Rosa, Carlos, “Arraigo, un fracaso insostenible”, en Animal Político, abril de 2015.

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La resolución mediante la cual la Suprema Corte concedió amparo a diez policías tras concluir que al momento del operativo en el antro News Divine, en junio de 2008, donde murieron doce personas, dichos policías no se encontraban en el lugar y por ello no son responsables, parece una salida razonable por cuanto hace a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Pero deja aún sin respuesta las interrogantes principales sobre la tragedia.

En primera instancia, como lo que pretenden los padres de las víctimas –y la sociedad civil en su conjunto- no es que se encarcele necesariamente a esos diez procesados, sino que se esclarezcan los acontecimientos y se llegue al conocimiento de la verdad; la sentencia de la Corte obliga a mirar hacia otro lado para esperar -y exigir- la justicia que parece tardará algo en llegar.

news.divineEn efecto, si se atiende al hecho de que durante el operativo mencionado se cometieron diversos delitos y se constató que en el inmueble objeto del mismo, se cometían otros diversos por particulares y algunas autoridades del ámbito local y delegacional y, a partir de las pruebas aportadas, la Corte ya señaló que los responsables no son los policías señalados. ¿Quién o quiénes fueron entonces los culpables y a quién le corresponde investigarlo? ¿O es que con saber que esos diez servidores públicos no fueron los responsables, deberían acallarse todas las conciencias?

Para quien ha perdido un hijo en la tragedia del News Divine, la resolución de la Suprema Corte es apenas un eslabón más en la lucha por saber qué ocurrió realmente y obtener justicia. Ahora se sabe quiénes no fueron jurídicamente responsables por la masacre. Bien. Concedido. Lo siguiente entonces será determinar quiénes sí fueron responsables y deben, por ello, asumir las consecuencias de sus actos y decisiones.

Un primer aspecto para reflexionar pasa por advertir que posiblemente, con la legislación vigente y la interpretación que se ha dado a la misma doctrinal y judicialmente en materia de atención a víctimas, responsabilidad patrimonial del Estado y de derechos humanos, ahora los propios policías podrían (y quizás deberían) presionar a las autoridades competentes para que se les resarza el daño que se les ocasionó, y se determine jurídicamente quién o quiénes –y en qué medida- son responsables penalmente por los hechos sucedidos. Siete años de desgaste en reuniones con abogados desde el penal, sufriendo el señalamiento de la condena social y mediática, y acudiendo a audiencias y citatorios en tribunales para acreditar la inocencia no pueden y no deben pasar en vano. También de la honra y perjuicios psicológicos, sociales y laborales sufridos por esos servidores públicos debe responderse. En estos supuestos, un “lo sentimos mucho” sirve de muy poco.

En otro sentido, la resolución de la Corte también debería conducirnos a colegir que si lo que se pretende es construir paulatinamente un Estado de Derecho, deberían conocerse las razones –y las pruebas- que condujeron en su momento a la exoneración del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega; y debería asimismo informarse qué fue del proceso seguido contra el servidor público directamente responsable de orquestar el operativo en el News Divine, que era el jefe de la Región Norte de la Secretaría de Seguridad Pública y responsable del Programa Unipol en la Delegación Gustavo A. Madero cuando ocurrieron los hechos, Guillermo Zayas.

Ningún ciudadano maduro estaría hoy por juicios sumarios ni por linchamientos en los medios; pero sabiendo que de toda la baraja de posibles responsables, hay diez nombres menos, lo deseable es conocer hacia dónde apuntan las pruebas y los elementos existentes. Se insiste en que de la muerte de doce mexicanos alguien tuvo que ser el responsable, y el compromiso con la justicia no estará satisfecho sino hasta determinar quiénes y en qué medida deben responder por lo sucedido.

En segundo lugar, ahora que estamos en pleno proceso electoral, vale señalar que para decidir el sentido del voto, al electorado le interesa conocer no solamente las propuestas y plataformas difundidas por los partidos y cómo están funcionando actualmente las instituciones encargadas de la impartición de justicia, sino también conocer cómo funcionan las entidades ordenadas a la procuración de justicia.

¿Qué se sabe del proceso judicial y administrativo que debería haberse iniciado contra el encargado de protección civil en la demarcación, responsable de verificar que las entradas, salidas de emergencia, ventilación y mecanismos contra incendios y demás especificaciones en la materia en el antro referido, cumplieran con la normativa aplicable? ¿Se sabe algo al respecto? De no cubrir este flanco con razonable seriedad, se seguirá enviando el mensaje perverso de que en este país sólo se tapa el pozo una vez que el niño se ha ahogado.

¿Y de las investigaciones que deberían haberse abierto sobre las autoridades delegacionales correspondientes que, habiendo clausurado ya en tres ocasiones previas el News Divine, y de que había reabierto sus puertas hacía apenas cuatro meses, toleraron indebidamente que aquella tarde ingresaran 600 personas a un establecimiento cuyo cupo máximo ronda apenas el centenar? ¿Se sancionó a alguien? ¿Se presentó alguna denuncia acaso? ¿Se inició aunque sea algún procedimiento administrativo? ¿Y qué procedimientos se iniciaron contra las autoridades encargadas de verificar que no se vendan bebidas alcohólicas a menores de edad en los establecimientos del Distrito Federal, situación que quedó patente la tarde del operativo?

De la misma manera, la sociedad también merece conocer con absoluta transparencia, a siete años de los acontecimientos, el estatus de los procedimientos seguidos contra los propietarios, directivos, gestores, gerentes y demás particulares cuyas labores muy probablemente comprendieron su participación en cohechos, concusiones, sobornos y demás ilícitos dirigidos a corromper a las autoridades locales y delegacionales, habida cuenta de que los servidores públicos no delinquen en solitario y porque sí. Precisan necesariamente de la participación de empresarios que desde su posición económica prefieren acelerar la atención de sus preocupaciones y facilitar su avance corrompiendo.

De las principales lecciones que pueden extraerse de experiencias como la del Lobohombo, la de la Guardería ABC o la del News Divine, es que la actuación de las autoridades no puede constreñirse a atender lo inmediato, lo urgente, lo apremiante. Mientras no se destinen recursos y esfuerzos para generar una cultura de la prevención, y mientras la colusión entre servidores públicos y particulares sigan siendo el pan nuestro de cada día, tragedias como la que nos ocupa seguirán ocurriendo cada cierto tiempo.

En conclusión, aunque la resolución de la Suprema Corte representa un primer paso importante para dilucidar qué sucedió la tarde de la tragedia, y para sentar un precedente dirigido a deslindar las responsabilidades cuyo concurso se tradujo en la pérdida de doce vidas humanas, en la lucha por la consecución de justicia, todavía falta lo más elemental. Ya sabemos quién no fue responsable. Falta determinar quién sí fue.

Antonio Musi VeynaAbogado. Ex Consejero Jurídico del CISEN. Ex Director General Jurídico, de Derechos Humanos y Transparencia del INM. Twitter: @amusiv

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abacoEl los próximos días, la Suprema Corte iniciará el análisis de la acción de inconstitucionalidad 41/2013 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala. El meollo de este asunto es que en el Código Penal del estado de Tlaxcala se señalaba que el aborto no sería punible si: 1) el embarazo había sido producto de una inseminación artificial no consentida y 2) si producto presentaba malformaciones las cuales, aun llevando el embarazo a término, no ofrecerían posibilidad alguna de sobrevivencia. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2013, el Congreso de Tlaxcala tuvo a bien eliminar dichas excluyentes de punibilidad. Es decir, bajo el entendimiento de ese Congreso, si una mujer es inseminada en contra de su consentimiento y aborta, debe ser enjuiciada como criminal. Asimismo, si una mujer se encuentra en estado de gravidez con un producto con malformaciones genéticas que, a juicio médico, no tiene posibilidades de sobrevivir, pues también debe enjuiciarse a la mujer.

Pues bien, para fortuna de las tlaxcaltecas y enojo de sus legisladores, la Comisión de Derechos Humanos de dicho estado presentó una acción de inconstitucionalidad con el objeto de denunciar dicha reforma legislativa. En breve, a juicio de esta Comisión, esa reforma atenta contra los derechos de las mujeres y va en contra del principio de progresividad de los derechos humanos.

Así, en los próximos días, los ministros de la Suprema Corte decidirán el futuro de los derechos de las mujeres tlaxcaltecas en este rubro menor. Por ello, va la pena recorrer lo señalado por la Corte y por cada uno de sus integrantes en este peliagudo tema que pone en juego el corazón mismo de la autonomía de las mujeres. Veamos.

En 2008, la Suprema Corte avaló una reforma del Distrito Federal que preveía la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta antes de la semana doce de embarazo (acción de inconstitucionalidad 146/2007). En aquella ocasión fueron 8 ministros quienes abanderaron dicha causa, contra tres ministros que votaron en contra.

En 2011, la Corte revisó la constitucionalidad de la Constitución de Baja California Sur (acción de inconstitucionalidad 11/2009), cuando al Congreso de dicha entidad se le ocurrió proteger la vida en su texto constitucional desde la concepción, con el claro objetivo de reforzar la postura antiaborto en dicha entidad y en respuesta al fallo de 2008 de la Corte. En la decisión de 2011, la Corte necesitaba 8 votos en contra de dicha reforma constitucional para señalar que proteger la vida desde la concepción era contrario a la Constitución federal. Sin embargo, sólo 7 ministros señalaron que era inválido, otros 4 se inclinaron por su validez. En consecuencia, y debido a las reglas procesales de la figura acción de inconstitucionalidad, al sólo alcanzarse la votación de 7 y no de 8 ministros en contra de dicha reforma constitucional, la norma constitucional que protege la vida desde la concepción en Baja California quedó válida y vigente.

Ahora bien, en 2015 el asunto vuelve a tocar las puertas de la Suprema Corte. Pero, ¿qué dirá la Corte? ¿Quiénes la integran ahora? ¿Cómo votaran los nuevos ministros?

La posición ideológica de los ministros respecto al aborto en 2008

En 2008, la decisión de la Suprema Corte respecto la acción de inconstitucionalidad 146/2007, se configuró de la siguiente manera:

Ministro Posición en relación al aborto
José Ramón Cossío A favor
Margarita Luna A favor (sólo por cuestiones procedimentales)
José Fernando Franco A favor
Genaro David Góngora A favor
De Jesús Gudiño Pelayo A favor
Valls Hernández A favor
Sánchez Cordero A favor
Juan Silva Meza A favor
Guillermo Ortiz Mayagoitia En contra
Aguirre Anguiano En contra
Mariano Azuela Güitrón En contra

La posición ideológica de la Corte en 2011

En 2011, la Corte se pronunció respecto a la inclusión del derecho a la vida desde la concepción en la Constitución de Baja California (acción de inconstitucionalidad 11/2009). Para dicho año la conformación de la Corte había cambiado: el ministro Gudiño había fallecido, siendo sustituido por el ministro Pardo (de visión más conservadora); el ministro Azuela había concluido su cargo y sustituido por el ministro Aguilar (de visión más liberal); de igual manera el ministro Góngora fue sustituido por el Ministro Zaldívar (ambos liberales). En suma, la Corte parecía tener un balance. Sin embargo, en la votación de la acción de inconstitucionalidad de 2011 no se reflejó dicho balance. Pues, al final se reconoció la validez de las reformas constitucionales que protegían el derecho a la vida desde la concepción, obstaculizando en varios sentidos cualquier legislación que buscase crear espacios de libertad para interrumpir el embarazo.

En dicha resolución, el voto decisivo lo tuvo la ministra Luna. Pues, su cambio de criterio, que en principio fue a favor del aborto por cuestiones procedimentales y, posteriormente, fue ideológicamente más conservador al defender la validez de la protección de la vida desde la concepción, fue la clave para decidir esta última acción de inconstitucionalidad. No descarto, por supuesto, la importancia de los votos de los demás ministros, sólo señalo que quien pareció moverse ideológicamente de un plano liberal procedimental a uno conservador fue Luna Ramos. Pues, en comparación con 2008, en 2011 la Corte mantenía el mismo balance: el ministro Gudiño (liberal) fue sustituido por un ministro conservador (Pardo), y el ministro Azuela (conservador) por uno liberal (Aguilar) y el ministro Zaldívar entró a sustituir al ministro Góngora, ambos con una aproximación liberal de la Constitución. Es decir, aunque parecía existir un equilibrio que permitía replicar el resultado de 2008, el viraje de la ministra Luna fue decisivo. Aquí un cuadro con la decisión de la acción de inconstitucionalidad 11/2009:

Ministros Posición respecto al aborto
José Ramón Cossío A favor
Margarita Luna En contra
José Fernando Franco A favor
Arturo Zaldívar (que sustituyó a Góngora) A favor
Jorge Mario Pardo (que sustituyó a Gudiño) En contra
Valls Hernández A favor
Sánchez Cordero A favor
Juan Silva Meza A favor
Guillermo Ortiz Mayagoitia En contra
Aguirre Anguiano En contra
Luis María Aguilar (que sustituyó a Azuela) A favor

Como se observa, los ministros Cossío, Franco, Valls, Cordero y Meza mantuvieron la misma posición a favor de la protección de las mujeres, mientras que los ministros Anguiano y Mayagoitia no se movieron de su posición conservadora. Los nuevos ministros Zaldívar y Luis María Aguilar se pronunciaron en un sentido liberal a favor de declarar la invalidez de la protección de la vida desde la concepción establecida en la Constitución de Baja California y el ministro Pardo voto de manera más conservadora en el sentido de señalar la validez de la citada reforma. La ministra Luna fue quien cambió el sentido de su votación.

La posición ideológica de la Cortea actual

La Suprema Corte de Justicia, no obstante, ha vuelto a cambiar su integración: los ministros Anguiano, Mayagoitia y Valls han sido sustituidos por los ministros Ortiz-Mena, Pérez Dayán y Medina Mora. Si bien, los ministros Anguiano y Mayagoitia se caracterizaron por ser conservadores, no podemos asegurar que sus sucesores necesariamente lo vayan a ser. En cuanto al sucesor de Valls, el ahora ministro Medina Mora, los criterios pronunciados por éste como Procurador General de la República no apuntan a que vaya asumir una posición liberal en este caso que se resolverá en los siguientes días. Por ello, se puede estimar que la votación de la Suprema Corte, al resolver esta acción de inconstitucionalidad de Tlaxcala, sea la siguiente:

Ministros

Posición respecto del aborto
José Ramón Cossío A favor
Margarita Luna En contra
José Fernando Franco A favor
Arturo Zaldívar A favor
Jorge Mario Pardo En contra
Medina Mora (que sustituyó a Valls) En contra
Sánchez Cordero A favor
Juan Silva Meza A favor
Pérez Dayán (que sustituyó a Mayagoitia) ¿?
Ortiz Mena (que sustituyó a Anguiano) A favor.
Luis María Aguilar A favor

De mantener sus posiciones ideológicas en el mismo sentido, se espera que los ministros Cossío, Franco, Zaldívar, Cordero, Meza y Aguilar voten a favor de la despenalización del aborto por malformaciones genéticas e inseminación artificial no consentida y, por tanto, en contra de la modificación legislativa del Código Penal de Tlaxcala. Asimismo, se espera que tanto la ministra Luna como el ministro Medina Mora voten a favor de la penalización en los casos de aborto citados. Del ministro Ortiz Mena, dado sus pronunciamientos progresistas desde su nombramiento sería posible apuntar que se pronunciará en contra de la reforma de Tlaxcala y a favor de una interpretación protectora de los derechos de las mujeres.

Ahora bien, si es cierto este escenario arriba descrito, habrá que poner especial atención al ministro Pérez Dayán en tanto que pareciera no haber fijado una posición ideológica clara frente al tema, ya sea liberal o conservadora. Pues el futuro de los derechos de las mujeres de Tlaxcala pareciese que depende de este voto clave.

Luis Enrique Rosas. Licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

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arraigoEl pasado 14 de abril de 2015, el pleno de la Suprema Corte decidió por 6 votos a favor y 5 en contra la constitucionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales  que establece el arraigo en caso de delitos graves hasta por 40 días. La figura del arraigo ha sido ampliamente debatida en foros nacionales e internacionales por ser violatoria de derechos humanos, tales como la libertad personal, el debido proceso y por ser un caldo de cultivo para la tortura y otros tratados crueles inhumanos y degradantes. Yo me pregunto: ¿Dónde quedaron las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos? ¿Dónde está el control de convencionalidad y el principio pro persona? ¿Acaso estamos frente a un límite constitucional?

El derecho de los tratados establece claramente que no se puede alegar derecho interno como razón para no cumplir con una obligación internacional, por su parte, el Proyecto sobre Responsabilidad Internacional de los Estados derivada del Hecho Ilícito, claramente señala que las autoridades judiciales de un Estado comprometen la responsabilidad internacional del mismo. Desde mi perspectiva, con dicha resolución, la Corte está comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado al considerar constitucional al arraigo cuando éste claramente viola una serie de derechos consagrados en diversos tratados sobre derechos humanos de los cuales México es parte, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El hecho de que 6 ministros de la Suprema Corte consideren que el arraigo es constitucional,  no implica que el mismo no vulnere derechos humanos internacionalmente reconocidos.  Si esto es así, existe la posibilidad de que en un caso individual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realice un control de convencionalidad del arraigo. Si esto sucede me parece que la Corte Interamericana resolvería declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de diversos derechos humanos consagrados en los tratados interamericanos, ordenando su derogación y la inaplicación de los criterios judiciales contrarios. Yo me pregunto, después de la reforma en materia de derechos humanos y los criterios jurisprudenciales derivados de la misma: ¿No le corresponde a la Suprema Corte la protección de los derechos humanos de fuente nacional e internacional? ¿O en caso de delitos graves o delincuencia organizada algunos derechos desaparecen? ¿O tenemos que esperar una decisión de la Corte Interamericana sobre el tema?

Gabriela Rodríguez. Profesora de Tiempo Completo Departamento de Derecho ITAM.

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Esta semana la Suprema Corte resolverá una acción de inconstitucionalidad (38/2013) en la que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del mecanismo de aprobación de deuda pública nacional -y cuyo problemario se puede consultar aquí-.

puerquitosActualmente, el mecanismo es el siguiente. Una vez al año, en la iniciativa de Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal solicita al Congreso de la Unión, quien puede modificarlos, montos de endeudamiento –interno y externo– máximos para contraer el año siguiente. Las cantidades aprobadas entran a la “canasta” común de todos los ingresos del Estado mexicano. Posteriormente, la Cámara de Diputados –por disposición constitucional único órgano autorizado para ello– en el Presupuesto de Egresos de la Federación asigna dichos recursos a un conjunto variopinto de destinos: desde el gasto en servicios personales de la Secretaría de Salud hasta el puente que se va a construir en Metepec, Estado de México. Tres años después, la Auditoria Superior de la Federación revisa si el dinero fue gastado en lo que se dijo que se iba a gastar.

Al parecer de los promoventes de la acción de inconstitucionalidad –Senadores de los partidos de oposición– dicho mecanismo es contrario a lo que establece la Constitución. Sus razonamientos son los siguientes.  El artículo 73, fracción VIII, señala que:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

[…]

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. [...]

De la fracción anterior se extrae que la Constitución, por un lado, designa al Congreso de la Unión para aprobar los empréstitos que celebre el Ejecutivo federal y; por otro, prohíbe la contratación de deuda que no esté destinada a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Entonces, en primer lugar, si el Congreso debe aprobar lo celebrado por el Ejecutivo, parecería que primero se deben firmar los contratos de deuda para luego ser sometidos a la aprobación del Congreso –con sus diferencias, pero algo similar a lo que sucede con los tratados internacionales–, quien podría modificarlos, rechazarlos o aprobarlos. Ese fue el mecanismo utilizado desde antes de la independencia hasta mediados del siglo XX. Por lo tanto, la aprobación a la que se refiere la Constitución es ex post y no, como se hace ahora, ex ante.

En segundo lugar, si la Constitución permite una sola finalidad para la deuda púbica –la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos–, los recursos obtenidos de la misma no deberían entrar a la “canasta” común de los demás ingresos del Estado, pues eso imposibilita conocer su destino. Los empréstitos celebrados deberían “etiquetarse” para su uso. Entre otras cuestiones, ello significaría que la deuda no podría ser utilizada para completar el faltante del presupuesto que se diera por caídas en los ingresos tributarios o en los petroleros durante algún ejercicio fiscal, tal como sucedió el año pasado.

En efecto, a finales de 2013, la Secretaría de Hacienda se dio cuenta que no iba a lograr conseguir la totalidad de los ingresos previstos para ese año, y como decidió no reducir el gasto público pues eso podría agravar la desaceleración de la economía[1], recurrió a solicitar al Congreso la aprobación de una deuda adicional interna de 70 mil millones de pesos (originalmente se habían aprobado 415 mil millones para el 2013). En una votación dividida, la mayoría parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y un sector del Partido de la Revolución Democrática, aprobó el incremento de la deuda y que su destino fuese el gasto corriente del gobierno federal.

La Suprema Corte, entonces, deberá pronunciarse, uno, sobre si la aprobación ex ante de montos límite de la deuda es constitucional y, dos, si los recursos obtenidos por los empréstitos que se celebren deben entrar a la “canasta” común de los ingresos del estado y de ahí ser direccionados libremente por la Cámara de Diputados.

La resolución que tome la Corte tendrá especial relevancia debido a que el gobierno federal ha apostado por utilizar la deuda como una fuente adicional de los ingresos del Estado –el endeudamiento neto interno aprobado para el 2015 es de 595 mil millones de pesos, esta cantidad es superior a los 570 mil millones del 2014 y a los 485 mil millones del 2013– y, al parecer, eso no va a cambiar, en su caso, sino hasta que entren plenamente las inversiones derivadas de la reforma en telecomunicaciones y, sobre todo, de la energética al final del sexenio.

David Rivera Castro. Realizó sus estudios en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Twitter: @david_rivera_c

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[1] Ver la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, por medio de la cual se modificó el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

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