AEn el paquete de reformas constitucionales del 6 de junio de 2011 —cuyo propósito fue cumplir con la exigencia de renovar y fortalecer el juicio de amparo mexicano— trajo consigo la incorporación de la figura denominada declaratoria general de inconstitucionalidad, cuyo propósito es derogar normas generales que no sean acordes con la Constitución federal una vez satisfechos algunos requisitos, los cuales pretendo poner en tela de juicio en este texto.

Con la llegada de esta figura podemos afirmar que en nuestro sistema existen cinco formas de control de regularidad constitucional de actos y omisiones de autoridades y normas generales: i) control de convencionalidad; ii) juicio de amparo; iii) controversia constitucional; iv) acción de inconstitucionalidad y; v) declaratoria general de inconstitucionalidad.[1]

cuchillo-paloEl primero de ellos es resulta de la creación de un sistema de control difuso que corresponde de forma obligatoria y oficiosa a todos los jueces mexicanos en virtud de la famosa resolución del expediente Varios 912/2010 conocida como Caso Radilla. El segundo, de modalidad semiconcentrada, corresponde a los jueces federales y bajo algunas circunstancias podrían llegar a ser del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, con la salvedad de que su sentencia sólo surte efectos para las partes en el juicio -lo que se conoce como el principio de relatividad de las sentencias de amparo o también coloquialmente como fórmula Otero-. El resto son de competencia exclusiva de la Suprema Corte, ya que cuando en éstas se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por al menos ocho votos de los ministros en el pleno sus efectos serán generales o erga omnes.

La declaratoria general de inconstitucionalidad se parece mucho a la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, tiene sus diferencias procesales a pesar de que ambas están encaminadas a expulsar del ordenamiento jurídico una norma inconstitucional.

La acción de inconstitucionalidad mexicana, a su vez, se parece mucho a sus homólogas europeas. Es un medio de control constitucional concentrado y abstracto, es decir, el juicio que se emite sobre la norma tildada de inconstitucional no depende de un acto concreto de aplicación sino de que su irregularidad sea potencial. La facultad de echar a andar esta acción —tanto en México como en Europa continental— está delegada exclusivamente en algunas entidades públicas como los partidos políticos, la institución ombudsman, secretarías de Estado o ministerios de gobierno, organismos constitucionales autónomos, la fiscalía general, fracciones parlamentarias, etcétera.

Lo que quiero resaltar es que esta acción no está al alcance de cualquier ciudadano, aspecto que ha sido criticado por muchos en virtud de que en el derecho procesal constitucional comparado —máxime en América Latina— sí existe lo que es conocido como una acción pública de inconstitucionalidad[2]. Es decir, una herramienta con la que cualquier ciudadano puede echar a andar la maquinaria de la justicia para que su tribunal constitucional juzgue en abstracto si esa norma general es inconstitucional y, si así fuese, esa norma quedaría expulsada del orden jurídico. Lo cual significa que todos aquellos que no tienen las posibilidades económicas para acceder a la justicia, se verían beneficiados por el planteamiento de ese ciudadano y por el fallo del tribunal.

En México se han ensayado algunos parches para resolver este problema. Uno de estos es precisamente la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual se trata de un método intermedio que supone algunos precedentes en que los tribunales de la federación se pronuncien por la inconstitucionalidad de cierta norma general y conformen jurisprudencia para que entonces la Corte inicie el procedimiento. Pero esto no es todo, la Suprema Corte debe notificar al órgano emisor de la norma[3], el cual tendrá 90 días hábiles para subsanar el vicio de la norma. Si no lo hace, el asunto pasará al pleno de la Corte que tendrá que resolver por mayoría de ocho votos la expulsión definitiva de la norma del ordenamiento jurídico mexicano. Por si no fuera poco, toda la materia fiscal o aquello que tengas tintes de recaudación está exento de ser materia de este procedimiento.

Ahora bien, ¿por qué debería importarnos que para alcanzar los beneficios de la declaratoria general de invalidez tengamos que sortear un procedimiento por demás abigarrado? Es cierto, es una herramienta procesal, pero como todas está pensada para cumplir con exigencias sustantivas. La prueba está en que desde octubre de 2011 hasta julio de 2014 ha habido apenas cinco procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad: uno fue declarado sin materia porque el legislador subsanó el vicio; dos fueron desechados por haberse determinado que eran normas de naturaleza tributaria; los otros dos están a la espera de que se conforme su jurisprudencia para proceder a la segunda notificación y que los 90 días hábiles de sesiones parlamentarias empiecen a contar.

Sin embargo, una prueba del potencial que tiene la declaratoria general de inconstitucionalidad es que uno de estos procedimientos pendientes declara la inconstitucionalidad de la legislación civil de Oaxaca, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si bien es cierto que actualmente el juicio de amparo es una herramienta efectiva incluso en estados como Guanajuato —donde la voluntad del Congreso local se ve lejana para cambiar este tipo de prohibiciones— o en algunas batallas que se han ganado tratando hacer elástico el interés legítimo[4], sería mucho más efectivo y eficiente una herramienta que extendiera los efectos de estas resoluciones con los mismos o incluso mucho menores costos institucionales.

Vaya usted a saber cuántas normas inconstitucionales se aplican a diario a tantas personas que no tienen la pericia o la capacidad económica de acceder al tribunal de amparo. Si la voluntad o el diseño institucional actual no dan para la instauración de una acción pública de inconstitucionalidad, al menos debería estarse discutiendo una urgente mejora al procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad.

¿Cuántas etapas tienen que pasar para destruir la presunción de constitucionalidad de las normas del legislador? ¿No son suficientes los cinco pronunciamientos consecutivos de la Corte o el Tribunal Colegiado? Para el legislador, que se ha blindado de este control constitucional, no.

Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Mail: jlhernandezmacias@gmail.com Twitter: @JuLuisHM

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[1] Cierto es que no son estos los únicos medios de control constitucional que existen en nuestro sistema, por otra parte tendríamos también el juicio político, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio para la protección de derechos políticos del ciudadano, que al fin también son formas de hacer prevalecer los principios constitucionales.

[2] Es particularmente famoso este medio de control en Colombia —país que junto con Venezuela fue pionero en su instauración— debido a que se dice que esta acción es la principal causa de que la Corte Constitucional Colombiana haya generado en los últimos años una de las más ricas líneas jurisprudenciales en materia de derechos fundamentales en el continente. De la misma forma, al permitir que el ciudadano acceda a estos medios de control con pocos requisitos formales o procesales, se ha incrementado considerablemente el índice de acceso a la justicia en ese país.

[3] Si la inconstitucionalidad se declara en alguna Sala de la Suprema Corte por segunda vez habrá también una notificación anterior a la de conformación de la jurisprudencia.

[4] Geraldina González de la Vega escribió sobre esto aquí.

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Entre la publicación de las reformas constitucionales de 2011 y la publicación de la nueva ley de amparo, pasaron 2 años. El concepto de interés legítimo es abierto e indeterminado que requiere de la labor jurisdiccional para su delimitación y contenido. Para ello, se requiere flexibilidad con la finalidad de permitir la protección y garantía de los derechos humanos, de acuerdo con el nuevo paradigma constitucional. Así, toca al juez constitucional irlo definiendo caso por caso.

La semana pasada, el Pleno debatió una contradicción de tesis (CT 111/2013) pues se encontraron discrepancias entre la primera y segunda salas de la Corte en sus resoluciones acerca del concepto y los alcances del interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, adoptando cada una soluciones distintas y contradictorias:

…al resolver el amparo en revisión 366/2012, la Primera Sala de este Alto Tribunal definió al interés legítimo como un interés personal –ya sea individual o colectivo–, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, mismo que podría traducirse en un beneficio al quejoso en caso de que se le concediera el amparo. Así, dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo y deberá referirse a una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio –económica, profesional, de salud pública, o de cualquier índole–. Por su parte, la Segunda Sala, al resolver los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 29/2013 –en los cuales la argumentación sobre el tema es idéntica–, sostuvo que el interés legítimo lo tutelan normas que no generan derechos subjetivos sino que establecen intereses difusos. En consecuencia, para que el quejoso tenga interés legítimo deberá acreditar: (i) la presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; (ii) afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y (iii) la pertenencia del quejoso a dicha colectividad.

Es decir, mientras la primera Sala indentifica el interés legítimo con un interés amplio fundamentado en un derecho objetivo que puede ser tanto individual como colectivo, la segunda Sala lo identifica, siempre, como un interés difuso o colectivo, desterrando con ello la posibilidad de acreditar un interés no jurídico individual.

La mayoría de los ministros determinó la existencia de la contradicción, aunque algunos de éstos (Luna y Pérez fundamentalmente) aceptaron el planteamiento solo porque consideraron muy relevante la determinación de un criterio unívoco para el resto de juzgadores sobre este concepto indeterminado.

Así, al debatir el fondo, la ministra Luna[1] defendió su postura como parte de la segunda sala[2], argumentando que “…las normas que no generan derechos subjetivos, son precisamente aquellas que se refieren a los intereses difusos y que están encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos grupos que la integran, y que como ella, carecen de personalidad, es decir, regulan a un grupo de personas, no a una persona en sí determinada [...] tutelan intereses colectivos, pero no le otorgan derechos subjetivos…”

batallaDe manera que, para la segunda Sala, el interés legítimo tendría los siguientes requisitos: “que esté en una ley, que no tenga la capacidad de generar derechos subjetivos y que se refiera a la esfera jurídica del particular como individuo, es decir, no supone una afectación directa a su estatus jurídico, sino a una afectación indirecta.” Además, su criterio se sustenta en los efectos particulares del amparo, pues se aclara que el interés legítimo al ser indirecto y no un derecho subjetivo, se basa en un interés difuso. Sin embargo, el principio de relatividad de la sentencia sigue operando, por lo que no puede hablarse de una especie de acción colectiva, sino que sigue siendo, individual.

El proyecto debatido se fundamentó en el entendimiento de la primera Sala, la que no restringe el concepto al interés difuso o colectivo, sino que prevé la posibilidad de que se finque en un interés particular. Así, el proyecto explica lo siguiente: “…la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular. Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible.”

Lo anterior, con base en la redacción expresa de la fracción I del artículo 107 constitucional[3] que expresamente establece que el interés legítimo podrá ser “individual o colectivo” y a que

…la existencia de intereses difusos y colectivos por una parte, y del interés legítimo por otra, responde a dos supuestos distintos: en el primer caso, el interés se refiere al número de personas que tienen el mismo, mientras que el segundo término se refiere al nivel de intromisión o afectación en la esfera jurídica del gobernado… [De tal forma que] … no resulta jurídicamente factible equiparar el interés legítimo con el diverso colectivo o difuso, pues tal circunstancia no resultaría armónica con la naturaleza del juicio de amparo ni con el principio pro persona, ya que ello significaría restringir de forma excesiva el acceso al mismo, al impedir que ciertas personas que posean un interés individual y diferenciable pero que no derive de la titularidad de un derecho subjetivo, puedan acceder al juicio de amparo…

El proyecto propone delinear el interés legítimo conforme a las siguientes notas (aunque se hace énfasis en que no se pretende ofrecer un concepto acabado ni cerrado de interés legítimo):

a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso.

b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante.

c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos.

d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.

e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad.

f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio.

g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial.

h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible.

i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica.

j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas.

La votación del proyecto defendido por el ministro Zaldívar, quedó con ocho votos a favor y uno en contra de la ministra Luna (los ministros Pardo y Gutérrez, estuvieron ausentes).

Aunque la diferencia entre los criterios podría parecer menor, no lo es, pues el concepto de interés legítimo es el “boleto de entrada” al juicio de amparo, de manera que una interpretación amplia, como la que construyó la primera Sala –criterio que prevaleció en esta contradicción- permite mayor acceso para solicitar la protección y garantía de los derechos humanos. Equiparar de forma estricta el interés legítimo con el interés difuso como lo propone la ministra Luna, cierra la puerta a casos en donde la categoría no cumpla con dicho requisito, ello sería contrario al principio pro persona, pues negaría prima facie la posibilidad de solicitar un amparo en esos casos límite que ni el legislador ni el juez pueden prever.

El planteamiento realizado por el ministro Cossío[4], apoyado por el ministro Franco, resulta de especial relevancia y es, desde mi punto de vista, algo sobre lo que la academia, y los propios jueces, deberán avanzar: la delimitación de lo que se entiende por derecho para la definición del tipo de interés. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho que fundamenta el interés jurídico y el derecho que fundamenta al legítimo? ¿Y cuáles son las notas distintivas de ambos intereses? ¿Es desafortunada la diferencia que hace el Poder Revisor en la fracción I del 107?

Geraldina Gónzalez de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de postgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace

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[1] Vale la pena leer su intervención en las páginas 7 a 27 de la versión taquigráfica: La ministra realizó una exposición amplia e interesante sobre su postura respecto del interés en el juicio de amparo, así como del principio de relatividad de las sentencias, habrá que estar antentos a su voto particular.
[2] Tanto el ministro Pérez, como el ministro Aguilar si bien sostuvieron el criterio de la segunda Sala, aclararon que no se trataba de un concepto acabado y acogieron el proyecto por considerar que lo amplía en beneficio de las personas. Los ministros Valls y Franco no compartían el criterio mayoritario de la segunda Sala, por lo que estuvieron de acuerdo con el proyecto. El ministro Franco fue quién denunció la contradicción.
[3] Texto de la fracción I del artículo 107 constitucional: “El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.”

[4] Vale la pena leer la intervención del ministro Cossío y habrá que estar atentos a su voto concurrente anunciado (página 46 en adelante de la versión taquigráfica).

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos fundamentales en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en abril de 2014.

1. Independencia Judicial y Autonomía Municipal

En el Municipio de San Pedro Garza García estableció un sistema de justicia municipal administrativa, con el que Nuevo León pretendía cumplir con una obligación constitucional devenida de 1999. Básicamente la reforma indicaba que los municipios de esa entidad federativa tenían la facultad de crear organismos para la solución de controversias entre los particulares y la administración pública municipal, en el entendido de que, en caso de que decidan no crearlos, el competente para conocer de estos asuntos, debía ser el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. En ese sentido, se solicitaba el análisis del diseño de justicia implementado y la potencial violación: del principio de independencia, propia de un tribunal, y la autonomía municipal. Dentro de los aspectos analizados, se encontraron los siguientes.
1) Falta de certeza en el proceso de designación de los magistrados, porque ni se establecen los principios de publicidad y transparencia exigidos a través de la participación ciudadana y vecinal, ni se prevé la existencia de una convocatoria pública o de un concurso de aptitudes para el proceso de selección y nombramiento. Sobre esto, la Corte resolvería que sí existe esta certeza, pues se diseñó un proceso complejo de designación de magistrados, en donde intervienen el Presidente Municipal, se exige la aprobación de dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado. A su vez, se establecen otras garantías de independencia judicial, tales como: la garantía de no reducción del salario de los magistrados; las incompatibilidades del cargo; un período para el ejercicio del cargo, que excede el del Ayuntamiento.
2) La ley coloca a los magistrados como inferiores jerárquicos dependientes del Ayuntamiento, pues éste tiene libre decisión en cuanto a la creación y determinación del órgano, su composición e integración, la determinación de su estructura jurídico-administrativa, su presupuesto y el otorgamiento de licencias a los magistrados. A esto, la Corte decidiría que son cuestiones inherentes al hecho de que se trata de órganos insertos en la estructura municipal, en donde la ley provee los lineamientos bajo los cuales esas facultades deben ejercerse y se establecen suficientes mecanismos para que los órganos tengan garantizada su independencia.
3) La creación de los tribunales administrativos municipales como órganos descentralizados de la administración municipal, se presumiría contraria a la independencia judicial. Se estableció, por un lado, que existe libertad de configuración o diseño, al igual que, se entiende que la descentralización no atenta contra la independencia judicial, porque evita la dependencia jerárquica. Además se debe entender que las reglas propias de la descentralización, serán aplicables siempre que no atenten con la especialidad del órgano jurisdiccional creado y con su independencia.
4) La remuneración de los magistrados se encuentra sujeta a la discreción del Presidente Municipal y del Ayuntamiento, quienes la deciden anualmente. Esta facultad debe entenderse como debidamente acotada, en tanto que los magistrados recibirán un emolumento que no excederá las dos terceras partes de lo que percibe el Presidente Municipal, pero no podrá ser disminuido durante su encargo.
5) La legislación impugnada no garantiza la permanencia ni estabilidad en el cargo de magistrado, especialmente se delineaban dos motivos: primero, una de las causas de terminación del cargo de magistrado, residía en el nombramiento de otra persona en su lugar; segundo, el Ayuntamiento podía decidir cuándo crear y desaparecer el tribunal. El establecimiento de la designación de otro magistrado como causa de terminación de nombramiento, sin que exista una causa objetiva en la ley, más allá del acto simple de designación en sustitución, efectivamente atenta contra el principio de autonomía, pues deja esta decisión sin referencia objetiva, en manos del Ayuntamiento y del Congreso. A su vez, la decisión de creación y desaparición, puede en términos prácticos concebirse como una causa de remoción de los magistrados sin causa justificada, consecuentemente atentatoria a la independencia, pero si se entiende que la facultad es fundada y motivada, lo cual podría ser viable (por razones de presupuesto, falta de asuntos, el hecho de que no sea costeable, etc.) entonces sí tiene una justificación no lesiva de la independencia judicial.
6) La intervención del Congreso en la designación de los magistrados, atentaría contra la autonomía municipal, el Congreso debe ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes. Esto se podría entender como una garantía adicional y acorde con el principio de libertad de configuración de las entidades federativas.
7) No se establece a la autoridad que determine las causas de responsabilidad de los magistrados, lo cual de una lectura al sistema jurídico-constitucional del Estado de Nuevo León, se podría afirmar con la ministra Luna Ramos: “también considero que desde un punto de vista de interpretación legal, si quienes tienen la facultad de nombrar lo que son, a propuesta del Presidente Municipal, el Congreso del Estado, en mi opinión, el Congreso del Estado también puede asumir con mayoría de razón ser el encargado de tramitar y resolver estos procedimientos de responsabilidades”. Se reconoce en consecuencia la laguna y la Corte da un plazo al Congreso para legislar sobre ello –dentro del próximo periodo ordinario-.

* Controversia Constitucional 79/2013. Discutida el día 1 de abril de 2014. Ponente ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Se analizaban diversos aspectos de la Ley de justicia alternativa para el Estado y municipios de Nuevo León. El artículo 17 y 115 de la CPEUM. Mayoría de 10 votos. Antecedente en la Controversia Constitucional 61/2010, resuelta el 14 de junio de 2012.

2. Derechos Laborales-Libertad de configuración

ministos votación abril 2014¿Cuál es el marco constitucional de las relaciones laborales de los trabajadores de la Comisiones Estatales de Derechos Humanos? Una ley emitida por el Congreso del Estado de Hidalgo, determinó que era el apartado A del 123 de la Constitución. El apartado A comúnmente se entiende aplicable a la relación capital-trabajo o sea al ámbito de las empresas particulares, mientras que el B regula la remuneración y responsabilidades de los servidores públicos dentro de los poderes del Estado, esto quiere decir la burocracia. En ese entendido, los trabajadores de los poderes públicos en los Estados se rigen por una ley emitida en los Congresos estatales, pero teniendo como referencia el apartado B. Una pregunta clave, en este sentido, fue: ¿debía suceder lo mismo en el caso de una Comisión estatal de derechos humanos?
Para responder, la Corte recurriría a la categoría de “Autónoma” de la CEDH, determinada desde la Constitución mexicana, esto es, no se encuentra inmersa en los poderes locales, por lo que no tendría que abordar el tema de la misma. La Corte definiría que la ley estatal era adecuada, las entidades federativas tendrían libertad de configuración y margen de apreciación para “la experimentación democrática”. En resumen, los estados pueden decidir, para este caso, cualquiera de los dos apartados del 123 constitucional (A o B) y determinar la legislación aplicable.

* Acción de Inconstitucionalidad 1/2012. Ponente ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Artículos 116-VI, 124, 123 de la CPEUM. Discutida el jueves 3 de abril de 2014. Siete votos.

3. Derechos Humanos a las Personas Morales

En este asunto, a partir de un problema de tipo fiscal, personas morales estaban solicitando que se les reconocieran derechos humanos. En ese sentido, se trataba de responder a la pregunta ¿las personas morales pueden gozar de estos derechos? La Corte resolvería que sí, a partir de determinados supuestos. Primero, el orden jurídico mexicano reconoce la existencia de personas morales, que tienen personalidad jurídica y son sujetos de derechos y obligaciones.
En un análisis del 1º constitucional, al afirmarse que todos los mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados, se incluye a las personas morales. Igualmente, se reconoce que les es aplicable el principio pro persona. Un punto fundamental, se reconocen los derechos humanos para las personas morales, pero con el presupuesto de que éstos sean los consecuentes a su naturaleza y fines.

* Contradicción de tesis 360/2013. Ponencia ministra Margarita Luna Ramos. Discutida el día 21 de abril de 2014. Relacionada con la contradicción de tesis 56/2011. Unanimidad de 11 votos.

4. Principio de Progresividad de los Derechos Humanos

Debía determinarse cuál era la norma aplicable para fijar el plazo de promoción de un juicio de amparo directo, en el que se impugna una sentencia definitiva privativa de libertad personal, dictada en anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, esto es, antes del 3 de abril de 2013. En este sentido, las normas jurídicas potencialmente aplicables eran: las relativas a la Ley de Amparo derogada –que no requería un plazo-, o las de la nueva Ley -en específico el plazo de ocho años previsto en la fracción II del artículo 17-. Se determinaría que la norma aplicable es la nueva. Ahora bien, decidido esto, se tenía que analizar si la interposición de un plazo, cuando en la ley anterior no exigía alguno, no resultaba lesivo de derechos humanos, y era conforme con el principio de progresividad de los mismos.
Para determinar esto último, se propuso la realización de un “test de proporcionalidad”, para definir el fin constitucionalmente válido, la necesidad y proporcionalidad de la medida. Lo primero que debía considerarse, es la existencia de una interdependencia entre el derecho de acceso a la justicia, los derechos a la reparación del daño, el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas. En el test debía considerarse esta interdependencia.
Primer punto, uno de los fines principales del plazo, es el de brindar seguridad jurídica a las víctimas del delito. En especial, el derecho a la reparación del daño. De acuerdo con la ley anterior, la falta de término era lesiva, al existir una indefinición sobre el disfrute de los derechos derivados de la reparación, al igual que afectaba prerrogativas a la verdad y la justicia. En ese sentido, la limitación del plazo tiene una finalidad constitucionalmente legítima. Por otro lado, la restricción del plazo es razonable, permite preparar la defensa y dejar un equilibrio entre el derecho de los sentenciados y los de la víctima.
La proporcionalidad de la medida se determina atendiendo a la existencia del plazo razonable de 8 años, un plazo mayor a los que permiten controvertir otro tipo de sentencias y actos. Sobre la progresividad se afirmó, que es importante contar con un plazo, lo cual es compatible con el derecho de acceso a la justicia. La previsión del plazo de ocho años no implica una medida legislativa regresiva, no es un obstáculo desproporcionado, porque permite contar con un tiempo adecuado para ejercitar este derecho y tutelar la libertad deambulatoria.

* Contradicción de Tesis 366/2013. Ponente ministra Olga Sánchez Cordero. Discutida los días 28 y 29 de abril de 2014. 8 votos. Se analizaban artículos transitorios de la Nueva Ley de Amparo y el 17 de CPEUM.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto.

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Todavía ahora me ha tocado escuchar algunas veces cómo jueces de edad se lamentaban por la abolición de esta bárbara costumbre. Nadie en esa época, dudaba de la necesidad de la tortura; ni los jueces, ni los acusados.”

Alexandr S. Pushkin

Antecedentes

Israel Arzate fue detenido arbitrariamente por elementos del Ejército el 3 de febrero de 2010 (3 días después de la masacre de Villas de Salvárcar), fue incomunicado y torturado por más de 30 horas en instalaciones militares. Oficialmente se afirmó que fue detenido en “flagrancia” el día 4 al conducir un vehículo robado y que espontáneamente “confesó” su participación en los hechos de Villas de Salvárcar.

Se le formularon dos imputaciones: posesión de vehículo robado y homicidio de 15 personas y lesiones y tentativa de homicidio a otras 10 más. Las respectivas vinculaciones a proceso fueron materia de amparo indirecto y su resolución definitiva fue asumida por la Primera Sala de la SCJN.

Organizaciones como Article 19, Fundar, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizaron pronunciamientos sobre este proceso. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité contra la Tortura, ambos del sistema de Naciones Unidas, emitieron resoluciones sobre el caso.

Su caso fue defendido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes. El 6 de noviembre de 2013 Israel Arzate recuperó su libertad tras casi 4 años de detención.

Las tesis

Israel-Arzate-PostalAsí, el pasado 12 de mayo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia publicó el engrose de la resolución del amparo en revisión 703/2012, relativo al caso de Israel Arzate Meléndez y el día 23 las tesis aisladas que derivaron del proceso fallado en noviembre de 2013. En el marco de la discusión, advertíamos en otra entrada sobre el carácter emblemático del caso y la posibilidad que para la Corte representaba su resolución y el impacto estructural que podría tener en el sistema de justicia y en la lucha contra el fenómeno sistemático de la tortura.

La Primera Sala generó ocho tesis aisladas que se agrupan en tres rubros: a) tortura; b) derecho a la libertad personal, detención y puesta a disposición inmediata y obligaciones judiciales al realizar el control de detención, y; c) estudio de pruebas superveniente cuando versen sobre violaciones a derechos humanos.

Tortura

La Corte refrenda la prohibición absoluta de la tortura. Establece que la tortura tiene una doble dimensión: como violación de derechos humanos y como delito y que tales actos actualizan una categoría especial y, de tal gravedad, que impone la obligación de las autoridades de llevar a cabo un análisis y una protección de la máxima intensidad bajo los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Con relación a las obligaciones de garantía y protección, establece que toda autoridad que tenga conocimiento por parte de una persona que denuncie haber sido víctima de tortura o cuando tenga conocimiento de indicios o datos que la presuman, deberá de oficio y de forma inmediata, dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación de manera independiente e imparcial.

La Suprema Corte establece que las autoridades tienen la obligación de intervenir de forma expedita cuando existan denuncias de tortura y el deber de garantizar una investigación adecuada en un plazo razonable y determinar la responsabilidad a través de un proceso penal.

Añade que debe considerarse como denuncia todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad. Consecuentemente, la obligación de protección recae en todas las autoridades y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar un caso en el que se alegue que una declaración incriminatoria fue realizada bajo tortura.

Cuando la denuncia de tortura se dé en el marco de una investigación o de un proceso penal, las autoridades deben iniciar una investigación diligente y conforme a los más altos estándares de protección de derechos humanos. El hecho de que no se hayan practicado de forma inmediata exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura, no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva, la que debe practicarse con independencia del tiempo transcurrido desde la comisión de los actos denunciados.

Finalmente, la Corte refrenda la regla general de exclusión de prueba ilícita y de manera específica en aquellos casos en que los datos de investigación o medios de prueba hayan sido obtenidos mediante actos de tortura.

Libertad personal

La Corte reitera que la libertad personal se reconoce y protege como un derecho humano de primer orden, con tutela convencional y constitucional. De ahí la legítima expectativa de las personas de no verse afectadas sino por causas justificadas y bajo supuestos de excepcionalidad reconocidos y limitados de forma taxativa por la Constitución y los tratados internacionales.

Cuando las autoridades aduzcan una detención en flagrancia deben acreditar fehacientemente la existencia de elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal. Si la detención no se da bajo el respeto del sistema constitucional y convencional, cumpliendo los requisitos y garantías establecidos a favor de la persona asegurada, será considerada como arbitraria. La consecuencia es su invalidación y la de los datos de investigación o pruebas obtenidos de forma directa e inmediata con la detención.
Si una autoridad realiza una detención bajo el supuesto de flagrancia debe remitir de forma inmediata a la persona ante la autoridad competente sin retraso injustificado o irracional. Asimismo, la persona debe ser informada en el momento de la detención de las razones y justificación de la misma y de los cargos formulados en su contra.

Finalmente, las autoridades ministeriales y judiciales tienen la obligación de realizar un control estricto y riguroso de las condiciones de la detención y ordenar la libertad inmediata de la persona si la detención fue ilegal o arbitraria. La obligación de protección se refuerza cuando existen indicios o denuncia expresa de violación a derechos humanos. Consecuentemente, las autoridades deben allegarse de todos los elementos y datos necesarios para salvaguardar la defensa adecuada de quien está sujeto a su tutela.

Control jurisdiccional y violaciones a derechos humanos

La Corte estableció que el hecho de que el juez natural no haya tenido acceso a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del nuevo procedimiento penal, no es impedimento para que los órganos jurisdiccionales de amparo admitan y valoren medios de prueba supervenientes que no obren en la carpeta de investigación, pero que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación, atendiendo a la tutela judicial efectiva y al principio de excepcionalidad que adquieren mayor preponderancia cuando se trata de violaciones graves como la tortura.

Conclusión

Los criterios del caso Israel Arzate constituyen un avance significativo en la lucha por la erradicación de la tortura en nuestro país y pueden ayudar a consolidar el nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio, adversarial y oral, puesto a prueba en este caso. En un país donde la tortura es una realidad lacerante, una “endemia” como afirmó recientemente el relator de la ONU sobre tortura; la labor de los órganos jurisdiccionales debe transitar hacia un modelo de protección efectiva de los derechos humanos. La debida implementación de estos criterios representa un signo de esperanza para personas que son víctimas de este condenable acto, muchas de ellas aún en el anonimato.

Simón Hernández León. Defensor de derechos humanos. Integrante del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Twitter: @simonhdezleon

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Llamémosle “agenda” al conjunto de políticas publicas que los gobernantes desean poner en marcha para llevar a cabo sus intereses, ambiciones y programas de gobierno. Durante la mayor parte del siglo XX, esta agenda fue controlada en buena medida por el Poder Ejecutivo, durante los sexenios panistas el legislativo ganó terreno en la lucha por el control de ésta y, ahora, recientemente, como consecuencia de la crisis de inseguridad, la sociedad civil también ha logrado influir en la definición de la agenda, aunque de manera esporádica e informal.

popeyeEsta reflexión surge a partir de la Ley federal de consulta popular, que apenas hace unos días fue promulgada y publicada por el presidente Peña Nieto. En ella se prevé la posibilidad de que el poder Ejecutivo, Legislativo o la ciudadanía sometan a votación general la aprobación o negación de una propuesta de política pública considerada de trascendencia nacional. Es decir, esta ley formaliza la participación de la sociedad en la toma de decisiones sobre políticas públicas y, por ende, abre espacio, aunque sea pequeño, para que la sociedad controle parte de la mencionada agenda.

Sin embargo, para que se concrete una consulta popular, la ley requiere verificar una serie de aspectos relacionados con su legitimidad y legalidad. Legitimidad porque la consulta popular, cuando sea propuesta por los ciudadanos, requiere que éstos representen por lo menos el 2% de la lista nominal de electores, o sea 1,537,022 ciudadanos. Legalidad porque será la Suprema Corte quien decida si la consulta en cuestión es constitucional. En otras palabras, si la Corte decide que la propuesta de consulta es contraria a la Constitución, el proceso concluye y la propuesta terminará en algún archivero del Congreso.

La verificación de legitimidad sólo es necesaria cuando la propuesta sea solicitada por los ciudadanos, pero la de legalidad aplica en todos los casos. Dicho de otra forma, la Corte siempre tendrá la última palabra sobre el destino de una propuesta de consulta popular. El tema no es menor, ya que esto implica un jugador adicional en los vaivenes para definir la agenda. El nivel de control por parte del Suprema Corte dependerá de la interpretación que los ministros le otorguen a la palabra constitucional. Es decir, ¿qué significa que una consulta popular sea constitucional? He ahí el meollo del asunto.

Constitucional es aquello que va de acuerdo a la Constitución. A primera vista parece sencillo pero la realidad es que la interpretación que puede atribuírsele al término constitucional abre la puerta a un amplio abanico de posibilidades. Sin meternos a tecnicismos legaloides basta con decir que la Corte tiene facultades para interpretar la Constitución utilizando métodos argumentativos que, cuando están bien construidos, pueden llegar a justificar casi cualquier postura. Por ejemplo, el filósofo del derecho, H.L.A. Hart nos dice que la ley tiene una “textura abierta” y, por ello, es susceptible de interpretaciones muy diversas. De ahí que no sea raro que los ministros sostengan opiniones distintas y en ocasiones contrarias sobre un mismo asunto.

No queda más que iniciar el debate, tanto en la academia como en la plaza pública, sobre el rol de la Suprema Corte en la consulta popular. ¿Será la Corte un obstáculo o un facilitador? ¿Cuál es el test constitucional de la consulta popular que utilizarán los ministros? ¿Qué implicaciones tendrá el hecho de incluir al poder judicial en el juego del control de la agenda? Al final, estas preguntas y otras más, giran alrededor de un tema que exige un cuidadoso escrutinio: los alcances de una nueva facultad de la Suprema Corte que aumenta su ya de por sí sustancioso poder en la vida institucional de nuestro país.

Artemio Bernardo Salinas Cantú. Abogado por el Tec de Monterrey; estudiante de maestría en derecho por Loyola University Chicago.

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derechos humanos1[1]El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos fundamentales en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho fundamental es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte abre continua con esta nueva sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en febrero de 2014.  

1. Derechos Políticos. Casos de suspensión

Estar cumpliendo una pena privativa de la libertad es causa de la suspensión de los derechos políticos. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona logra el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena? O sea, si logra terminar la pena fuera de la cárcel, ¿ello llevaría igualmente a la cancelación de la suspensión de los derechos políticos?

El hecho de que exista este beneficio de purgar la pena fuera de la cárcel, no cambia la situación jurídica del condenado, indicó la Corte en este caso, pues esta persona sigue sujeta a la autoridad y con obligaciones específicas, constantemente vigilado, por el tiempo que quede de la pena.

En ese sentido, independientemente del grado de limitación de su libertad –ya fuere en la cárcel o fuera de ella- al estar cumpliendo una pena, la suspensión de los derechos políticos continúa vigente.  

NOTA: En este asunto se analizaba si debía modificarse la jurisprudencia P./J. 86/2010. Se interpretaron los artículos 38 constitucional y 91 del Código Penal para el DF. Solicitud de Modificación de Jurisprudencia 7/2013. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Sesionado los días 30 de enero y 4 de febrero. Seis votos a favor, sesión del 4 de febrero, p. 22 (esta numeración hace referencia a las versiones taquigráficas de las sesiones, consultables en la web de la Suprema Corte).

2. Derechos del Debido Proceso  

En este asunto se trataba de definir si en el procedimiento de extinción de dominio diseñado en el Distrito Federal, se estaban afectando los derechos del debido proceso a los terceros, víctimas u ofendidos –TVO-.

Debido a que este procedimiento tiene características especiales, se tenía que resolver una cuestión previa, para luego entrar al análisis del problema concreto.

Cuestión previa. Recordemos que la extinción de dominio es en pocas palabras: “la aplicación a favor del Estado de bienes cuyo dominio se declare extinto en una sentencia”.

Dicho lo anterior, el primer tema a resolver era si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tenía competencia para legislar sobre esta materia.

La Corte resolvió que al contemplarse en la Constitución, delitos que son competencia del Distrito Federal –el caso específico del robo de autos-, la figura de extinción de dominio, vinculada a estos delitos, también es de su competencia, aunque subrayaría que esta decisión estaba determinada en un criterio “genérico”, pues siempre debía ser decidida conforme se fueran analizando los casos en lo particular.[1]

Una vez definido lo anterior, entonces ya se podía entrar en materia, ¿había violación de los derechos del debido proceso? Se reclamaban en específico tres instantes.

  1. El emplazamiento o llamamiento a juicio. El problema radicaba que el diseño permitía que esta notificación pudiera hacerse por medio de la publicación en Gacetas Oficiales y un diario de circulación nacional y no personalmente, cuando los TVO no estuvieren identificados, lo que podría leerse como una afectación a su derecho de audiencia. Se decidió que esto no era así, porque la norma contemplaba este caso de “notificación no personal” solo en el caso de TVO no identificables y lo hacía para evitar un retraso en el procedimiento, pero, en el caso en que estos fueran conocidos, entonces debían ser, de manera obligatoria, notificados personalmente.[2] Los dos argumentos siguientes serían consecuentes a este, o sea, relacionados con la participación de los TVO en el juicio.
  2. Ofrecimiento de pruebas. Se argumentó que la falta de participación en el juicio al que se sometían los TVO, permitía igualmente que no pudieren ofrecer pruebas y en conclusión, no tuvieren la posibilidad de defenderse. Como se puede concluir de la decisión anterior, los TVO sí eran notificados y sí se les permitía defenderse. [3] Esto llevaba a la última decisión.
  3. Defensa adecuada. Se señaló que la falta de participación en el juicio de los TVO, llevaba a una defensa deficiente, en razón de que no se les ofrecería un defensor de oficio, lo que no ocurría porque se consideraban parte del procedimiento y con los mismos derechos de los demás, o sea, en caso de ser necesario igualmente contarían con un defensor de oficio.[4]

NOTA: Seis votos a favor, sesión del 4 de febrero, p. 22 (esta numeración hace referencia a las versiones taquigráficas de las sesiones, consultables en la web de la Suprema Corte).

3. Libertad Personal

¿Tienen o no facultades los Congresos locales para legislar sobre arraigo? La legislación del estado de Aguascalientes permitía que una persona fuera arraigada por la comisión de un delito que no era de delincuencia organizada.

Lo primero que hay que aclarar es que en el tema de arraigo en México, existe un régimen de transición proveniente de la famosa reforma constitucional de 2008. ¿Qué implica este régimen?

Primero, previo a la reforma, el arraigo procedía por más delitos que sólo el de delincuencia organizada, lo que se eliminó. De acuerdo con esta reforma, se generó una relación existencial exclusiva entre delincuencia organizada-arraigo.

Segundo, lo anterior conllevó a una facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar sobre delincuencia organizada y por tanto igualmente sobre el tema de arraigo.

Tercero, sin embargo, la forma de 2008, aún está implementándose, o sea hay régimen transitorio –en específico, para este caso, el determinado en el artículo décimo transitorio de dicha reforma- que modifica temporalmente el alcance del arraigo señalado en el párrafo anterior, hasta la entrada en vigor del sistema penal acusatorio federal, posibilitando la emisión de órdenes de arraigo en casos distintos a los de la delincuencia organizada, en especial en los delitos determinados como graves.

Justamente este régimen de transición, en donde se pueden dar arraigos “por otros delitos graves”, podría haber hecho pensar a la legislatura de Aguascalientes que igualmente podía legislar sobre ellos, y fue lo que hizo, realizando la reforma a su legislación penal que llevaría al presente juicio.

En ese sentido la Corte resolvería dos cosas.

Primero, la facultad de legislar sobre el arraigo. La lectura de la Constitución hacía ver que esta facultad sólo era del Congreso de la Unión, en dos vertientes: a) La facultad de legislar en materia de delincuencia organizada, el único presupuesto para la procedencia del arraigo y, en consecuencia, b) igualmente para legislar sobre esto último.

Segundo, el régimen transitorio. Este al que hemos hecho referencia, aunque aún permitía la existencia de arraigos por otros delitos que no fueren de delincuencia organizada, no otorgaba a los Congresos locales la facultad de legislar, es algo que señalaría la ministra Sánchez Cordero: “un artículo transitorio aun siendo de reforma constitucional, no tiene el alcance de modificar el ámbito competencial de la federación para emitir esa orden de arraigo”.

En ese sentido, las legislaturas estatales no tienen la facultad de legislar y, por tanto, las reformas locales eran violatorias de derechos de libertad personal.[5]

El 27 de febrero se conoció la acción de inconstitucionalidad 22/2013, sobre la legislación penal del estado de Hidalgo, la hipótesis era igual, por lo que la Corte votaría en el mismo sentido.

Hubo otra votación, sobre los efectos de la decisión[6]. Esta consistió en determinar la declaratoria de inconstitucionalidad en términos generales, lo cual lleva a analizar en cada caso, el valor de las pruebas que se hubieren obtenido durante un arraigo en concreto.

NOTA: Se analizaba la reforma al artículo 291 de la Legislación Penal de Aguascalientes, al estimar que es violatorio del artículo 16  y 73 de la Constitución. Acción de inconstitucionalidad 29/2012. Ponente Ministro Alberto Pérez Dayán. Sesionada los días 20, 24, 25 de febrero.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto.


[1] Siete votos a favor, sesión del 11 de febrero, p. 36.

[2] Unanimidad de nueve votos, sesión del 18 de febrero, p. 14.

[3] Unanimidad de nueve votos, sesión del 18 de febrero, p. 18

[4] Unanimidad de nueve votos, sesión del 18 de febrero, p. 19.

[5] Mayoría de ocho votos, sesión del 24 de febrero,  p. 37.

[6] Mayoría de siete votos, sesión del 25 de febrero, p. 9.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos fundamentales en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho fundamental es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte abre una nueva sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinió a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en enero de 2014.

1. Derecho a la Vida Privada, Legalidad y Seguridad Jurídica

derechos-fundamentalesTratándose de las averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada, de delitos contra la salud, secuestro, extorción o amenazas, el Procurador General de la República, o los servidores públicos determinados por éste, podrían solicitar directamente a las empresas de telecomunicaciones, por oficio simple, la localización geográfica en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil. Lo anterior se consideraba, injustificadamente, una facultad discrecional e ilimitada a la PGR. La violación a derechos humanos, se consideraba en base a tres elementos:

1. No se solicitaba la intervención de la autoridad judicial para la autorización, supervisión y revocación de la solicitud.

2. No se precisaba a los sujetos destinatarios de la medida.

3. No existía un límite temporal.

La Corte resolvería que esta facultad de la PGR no violaba derechos humanos, por lo siguiente.

En primer lugar, la medida se refiere específicamente, a la localización de los aparatos que están asociados a una línea telefónica determinada, que no implica de ninguna manera la intervención de comunicaciones ni de domicilios, lo que no necesita de la autorización de un juez.

Segundo, se exigen ciertas formalidades para que se realicen las peticiones: a) por escrito, o bien por medios electrónicos; b) determinación de quiénes son las autoridades que tendrán esta facultad; c) indicar cuáles son las sanciones que pueden tener estas mismas autoridades, si incurren en algún exceso.

Ahora bien, la Corte da lineamientos: a) siempre tendrá que haber una motivación en el momento en que se emita la orden; b) se deberá razonar la excepcionalidad del caso dado, el tipo de delitos que se investigan, cuál es la averiguación previa en la que se provee la medida y las condiciones fácticas que revelen la eventualidad de daño a las personas o de ocultación de los datos para esclarecer los hechos de la investigación, de todo esto deberá dejarse constancia en el expediente correspondiente a la averiguación previa respectiva.

Se analizaba el Código Federal de Procedimientos Penales y Ley Federal de Telecomunicaciones. Sesionado los días: 9, 13, 14 y 16.

2. Seguridad jurídica y deliberación parlamentaria

En el procedimiento de creación de leyes en un Estado, el ejercicio práctico del poder implica que el Congreso puede aprobar una propuesta y el Gobernador -como jefe del Ejecutivo- por única vez, puede presentar una inconformidad con ella –tanto con toda la propuesta, como con parte de ella- lo que comúnmente se llama poder de veto.

Ahora bien, en caso de que el Ejecutivo decida hacer observaciones, estas se regresan al Congreso para que se valoren, se acepten o se desechen, después de lo cual se mandarán nuevamente al Ejecutivo para su publicación.

Entendido esto, lo que pasó en este asunto, es que efectivamente el gobernador del Estado ejerció su poder de veto en relación con una parte específica de la ley en análisis, la cual debía ser valorada nuevamente por el Congreso, pero la regla dice que esta valoración debe centrarse exclusivamente en las observaciones del gobernador, sin incluir propuestas nuevas.

Las observaciones se referían al artículo 28, y cuando fueron conocidas por el Congreso, la Comisión respetiva, éste incluyó el artículo 19: “en el ánimo de perfeccionar la normatividad”.

En sí mismo, la inclusión de una materia nueva no podía hacerse y era suficiente para considerar esta nueva modificación inválida. Pero a lo anterior, se adicionaron otras circunstancias que hacían más grave la actuación inconstitucional del Congreso: no existió constancia efectiva de que hubiere una propuesta concreta entregada a los diputados para su conocimiento; en el acta del día, el resumen de la discusión tampoco hizo referencia a esta nueva propuesta; nunca se leyó en la sesión, pues se dispensó su lectura.

En resumen diría la Corte: “se trata de violación que afecta la calidad democrática de la decisión final”.

Se analizaba la modificación de la ley del Notariado del Estado de Jalisco, sesionado los días 16 y 20.

3. Independencia judicial

Establecer que los jueces de primera instancia y menores del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, serían considerados como trabajadores de confianza, violentaba la autonomía e independencia del Poder Judicial de ese Estado y, en consecuencia, el principio de división de poderes. A esta conclusión llegó la Corte en base a tres argumentos:

Primero. La estabilidad en el cargo como principio de independencia y autonomía de los poderes judiciales, sólo debe garantizarse a favor de los titulares de los órganos jurisdiccionales, esto es, tanto de los magistrados, como de los jueces, por ser ellos a quienes se les exige que ejerzan la función jurisdiccional sin subordinación de ninguna voluntad humana.

Segundo. Las disposiciones de la Constitución de Morelos, relativas al establecimiento de un período inicial del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia y la posibilidad de ratificación a la conclusión del mismo, también son aplicables a los jueces de primera instancia y menores , aun cuando no se prevé así expresamente.

Tercero. La ley en estudio, al establecer que se considerarán trabajadores de confianza, a los jueces de primera instancia y menores, resulta contrario al fin que persigue el principio judicial de estabilidad en el cargo, consistente en otorgar seguridad al juzgador, de que no será removido durante el período de su designación de manera arbitraria, pues los trabajadores de confianza no tienen derecho a conservar el cargo y por tanto, pueden ser removidos en cualquier tiempo aun cuando no hayan incurrido en una causa de responsabilidad o en un mal desempeño de la función jurisdiccional, simplemente por pérdida de la confianza.

Se analizaba la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos. Sesionado los días 20 y 21.

4. Principio de presunción de inocencia

¿Qué protege el principio de presunción de inocencia? Este caso provenía de dos conflictos relativos a este principio: 1. La fuente de su reconocimiento normativo en México. 2. Una diferencia de criterios –entre las Salas de la Corte- en cuanto al alcance de su protección.

En relación con el primero, se debía aclarar la fuente de la presunción de inocencia, esto es, si tenía una fuente constitucional, en algún tratado internacional o era un principio que podía ser extraído del sistema constitucional mexicano. Al final, se determinó que era un principio, que tenía igualmente sustento en tratados internacionales, en específico se referirían a la Convención Americana de Derechos Humanos.

En relación con el segundo, el problema radicaba en que tradicionalmente el principio de presunción de inocencia tiene una aplicación al derecho penal, y en este caso, se debía determinar si podía ser aplicado igualmente, al derecho administrativo.

La Corte definiría que el principio puede operar en este derecho igualmente, pero teniendo en cuenta determinadas especificaciones, en concreto, cuando se tratare de que el gobernado se encuentra frente a un poder sancionador del Estado, y frente a un juicio. La Corte definiría que en esto, ambos derechos, el penal y administrativo, tendrían en común la aplicación de la capacidad punitiva del Estado, así el principio de presunción de inocencia funcionaría como una barrera de defensa del gobernado ante la autoridad.

Jurisprudencias contradictorias entre la 1ª y 2ª Salas de la Suprema Corte. Sesionado los días 21, 23 y 27.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” CONACY-SEP, del cual el presente estudio es un producto.

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derechos-mujeresLa promoción de los derechos humanos de las mujeres -el acceso al derecho a una vida libre de violencia y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres de áreas rural, urbana e indígena- es un trabajo que por 13 años el Centro Las Libres ha desarrollado en Guanajuato y en otros estados del país. Periodo en el que hemos construido diversas estrategias con las mismas mujeres de estas comunidades para encontrar alternativas de solución que ayuden a que estos derechos se vuelvan parte de su vida cotidiana.

Una primera experiencia desarrollada entre 2000 y 2006, fue documentar los casos de niñas y mujeres victimas de violencia sexual y crear una red de prestadores de servicios privados de las áreas de psicología, abogacía y médica para lograr que a estas niñas y mujeres las atendieran de forma gratuita, con calidad y de manera integral. Ello trajo consigo una masa crítica de mujeres víctimas y, al mismo tiempo, el involucramento de un sector de la sociedad para desarrollar un mecanismo de exigencia ciudadana y contar sus historias de forma ética a través de los medios de comunicación. Esto con un objetivo central: exigirle al gobierno estatal de Guanajuato que les garantice a las mujeres servicios de aborto seguro y legal en los casos de violación y un cambio en el imaginario social al solidarizarse con las victimas de violación y entender la necesidad de la interrupción legal del embarazo.

Una segunda experiencia ha sido construir una red amplia para que las mujeres victimas de violencia de género, a través de talleres y pláticas, conozcan sus derechos y aprendan a reconocer la violencia. Esto, junto con atención especializada, integral y gratuita que el Centro Las Libres les proporciona, han hecho que ellas logren salir de ese círculo de la violencia y, a su vez, dan el paso para ser las mejores acompañantes de otras mujeres que viven violencia sea apoyándolas a denunciar, siendo testigos, ayudándolas económicamente, etcétera.

Hoy esta experiencia de mujeres acompañando a otras mujeres para el acceso a la justicia ha permitido impulsar la creación de una clínica jurídica de derechos humanos de las mujeres cuyo objetivo es que tanto alumnas de Derecho, como mujeres comunes e instituciones del Estado impulsen el acceso a la justicia vía la garantía de una defensa adecuada, especializada y con perspectiva de género para que las instancias de procuración y administración de justicia se obliguen a garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia.

Una tercera experiencia tiene que ver con la eliminación del estigma social alrededor del tema del aborto, así como la construcción del derecho a decidir sobre el propio cuerpo desde la vida cotidiana de las mujeres. La creación de redes de acompañamiento para el acceso a un aborto seguro es una de las experiencias exitosas que han logrado conjuntar el avance científico, el acceso a la información médica, la perspectiva ética y laica del ejercicio libre de la maternidad para ir despenalizando socialmente el aborto. La reproducción de estas redes de acompañamiento asegura que cada mujer que viva la experiencia sea una opción de vida y un testimonio vivo de lo que las mujeres son: personas con derechos, capaces de tomar decisiones éticas como cualquier otro ser humano.

La criminalización y los casos de mujeres encarceladas por delitos relacionados con el aborto dan cuenta de que la sociedad y el Estado tienen un retraso social y jurídico en materia de derechos humanos de las mujeres. Si hoy hay personas que siguen considerando que las mujeres que inclusive tienen abortos espontáneos deben estar en la cárcel o que exista aún la violencia contra las mujeres como mecanismo de control y abuso de poder, nos dice cuan poco civilizada es la sociedad mexicana.  

En esta línea, en el año 2008, conocimos la historia de nueve mujeres criminalizadas por homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación en las cárceles de Guanajuato. Sus sentencias llegaban hasta 35 años en prisión, en buena medida por el hecho de ser mujeres, pobres, de área rural marginada, sin acceso a educación y servicios de salud de calidad y haber sido madres adolescentes. Otro rasgo común a estos casos es que los policías ministeriales, agentes del ministerio público, defensores de oficio, jueces y magistrados que dijeron que ellas eran culpables bien a bien nunca supieron si ellas querían o no ser madres, si ellas algún día les paso la idea de abortar o no, si ellas sufrieron por la pérdida del supuesto hijo, lo que todos sintieron fue una profunda afectación por el honor masculino.

En efecto, otra característica de la mayoría de estos casos es que ellas habían tenido una relación sexual fuera del matrimonio y tal como dijo la presidenta del tribunal de justicia: eso en esa zona de Guanajuato es muy penado. Después de 10 años de estar en prisión, de vivir el abandono de sus familias y creer que su vida en la cárcel era la única opción, el 7 de septiembre del 2010 fueron liberadas gracias a una reforma legislativa que disminuyo la penalidad para éstos casos. Lo único que el gobierno les concedió fue un reconocimiento a las penas excesivas, y eso porque la presión social y mediática alcanzó una dimensión inimaginable en un tema que normalmente se tiende a callar, silenciar, para conservar una sola visión. Una que considera que todas las mujeres son felices siendo madres porque se cree que ese sigue siendo el mandato social más importante para ellas, sin importar cual sea su deseo.

Por lo anterior conocimos los casos de Virginia, una indígena tlapaneca, y el de Adriana, una indígena Mepha. Ambas del estado de Guerrero, cuyos casos tenían las mismas características que los de Guanajuato. Pero con dos agravantes más: ser indígenas y no hablar español en el momento de su juicio. Virginia está fuera de la cárcel desde el 2011 y Adriana desde el 22 de enero de este año, gracias a que la Suprema Corte le concedió un amparo liso y llano después de que estuvo en la cárcel 7 años, 9 meses y 3 días. La Corte reconoció la falta de un traductor, un debido proceso y una defensa adecuada, poniendo en el centro del debate nacional que ser mujer, ser indígena y ser pobre siguen siendo factores para una triple discriminación. A menos que como mujer tengas la suerte de que dos elementos se conjunten en pro de tu defensa: una organización de defensa de los derechos humanos de las mujeres y una clínica jurídica de interés público. En efecto, Centro Las Libres y la Clínica del CIDE han logrado conjuntar lo mejor de sí para construir el acceso a la justicia a las mujeres con escasos recursos de vida, económicos y sociales sólo por haber nacido en el lado de la marginación. Una tarea no sencilla, en un país como México.

Verónica Cruz. Directora del Centro las libres de información en salud sexual región centro A.C.

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participacion-ciudadana

¿Podrá revertirse la reforma energética mediante la consulta popular que impulsa la izquierda? De entrada, la posibilidad se antoja difícil, pues la iniciativa tendrá que pasar por diversas aduanas, en las que jugará un número también variado de actores. Falta que el congreso apruebe (o no) la ley reglamentaria; que el INE (o el IFE, pues la reforma política sigue aún su curso en las legislaturas locales) determine si se reunió con el número de apoyos necesarios para la convocatoria; que la SCJN se pronuncie sobre la constitucionalidad de la consulta; que eventualmente participe un número suficiente de ciudadanos para que el resultado sea vinculatorio; que la mayoría se pronuncie contra la reforma energética; e incluso que el TEPJF resuelva las impugnaciones que se presenten durante la organización, desarrollo, cómputo y resultados de la consulta. El camino, como puede verse, es largo y creo que no ganamos mucho con ejercicios adivinatorios.

Sin embargo, más allá del éxito de esta consulta en específico, en nuestra discusión pública ha permeado la pregunta sobre si, en general, este instrumento de participación ciudadana es apto para revertir reformas constitucionales. Esta pregunta, me parece, es más relevante, pues dice mucho sobre cómo entendemos la democracia y el derecho de los ciudadanos para intervenir en los asuntos públicos. En las siguientes líneas argumentaré que, si nos tomamos el texto de la Constitución en serio y si entendemos la participación en las consultas populares como lo que es –un derecho humano de rango constitucional–, entonces no debería preocuparnos por el hecho de que las reformas constitucionales sean objeto de consultas populares. Asimismo, intentaré hacerme cargo de algunas de las principales objeciones que se han hecho a la posición que defiendo.

Primero lo primero: participar en las consultas populares es un derecho. De acuerdo con la fracción VIII del artículo 35 constitucional, los ciudadanos tienen derecho a “[v]otar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”. No es un asunto menor que esta participación se haya configurado como un derecho diferente de los de votar y ser votado para cargos de elección popular. Significa, por una parte, que la propia Constitución reconoce que estamos frente a una vía complementaria –pero de igual rango– a los tradicionales mecanismos de representación política. Más importante aún, significa que votar en las consultas populares es un derecho que debe ser promovido, respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades; y que debe ser interpretado de la manera que resulte más favorable para las personas. Por ende, los límites a la participación en las consultas populares sólo serán válidos cuando se busquen proteger otros derechos humanos, o bien, algún otro principio con rango constitucional.

En ese sentido, hay que ser enfáticos: el artículo 35 sí permite que el texto de la Constitución sea modificado mediante consultas populares. Este artículo explícitamente señala que no pueden ser objeto de consulta “la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución”, así como “los principios consagrados en el artículo 40 de la misma”. Es decir, si existen ciertas partes de la Constitución que no pueden ser afectadas por una consulta popular, entonces hay otras que necesariamente sí pueden serlo. Por tanto, sí es factible realizar consultas sobre temas constitucionales –y no sólo legales–, siempre y cuando no se refirieran a los dos casos mencionados (limitación de derechos humanos o modificación al carácter representativo, democrático, laico y federal de la República) o al resto de materias que expresamente están vedadas: lo electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y lo referente a las fuerzas armadas.

Por otra parte, me parece que una interpretación sistemática de la Constitución permite superar las objeciones que se han hecho a la procedencia de las consultas populares en temas constitucionales. Se ha dicho, por ejemplo, que el resultado de una consulta popular no podría ser vinculante para las legislaturas locales, las cuales intervienen en el proceso de reforma de la Constitución.[1] Sin embargo, el artículo 35 constitucional señala que, cuando participen al menos el 40% de los ciudadanos, el resultado será vinculante “para las autoridades competentes”. Y las legislaturas locales son, por supuesto, autoridades competentes en el caso de las reformas constitucionales.

Se ha argumentado, también, que la consulta es improcedente pues la única vía para modificar la Constitución es la prevista en el artículo 135 –esto es, con la votación de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como una mayoría de las legislaturas locales–.[2] No obstante, la Constitución no dice –ni en éste ni en ningún otro artículo– que ésta sea la única vía para generar cambios en el texto constitucional. La lectura limitativa del artículo 135 no cabe, además, porque el artículo 1° constitucional obliga a realizar una interpretación que maximice el derecho a participar en las consultas, y porque el propio artículo 35 sí permite que, con excepción de las materias que se han apuntado párrafos arriba, las disposiciones constitucionales sean objeto de consulta popular.

Por último, también se ha dicho que se corre el riesgo de que, con las consultas populares, el texto de la Constitución quede en manos de unos cuantos ciudadanos.[3] Para sustentar esta posición, se suele acudir a una escenario límite: ¿qué pasaría si en una consulta popular sólo participa el 40% de los ciudadanos incluidos en la Lista Nominal de Electores (LNE) y la propuesta para revertir una reforma constitucional es aprobada por poco más de la mitad de los participantes? ¿No se correría el “riesgo” de que el 20% de los ciudadanos bloqueara un cambio constitucional? Aunque la preocupación es pertinente, creo que los temores se disipan si ponemos estos números en perspectiva.

Veamos, ¿qué otros actores pueden frenar una reforma constitucional? En la Cámara de Diputados, los 213 diputados del PRI (electos por el 20.0% de los ciudadanos inscritos en LNE de 2012) o los 215 de una alianza entre PAN y PRD (electos por el 27.7%) pueden bloquear cualquier reforma constitucional.[4] En el Senado la situación es todavía más marcada, pues los 54 senadores del PRI (electos por el 19.6% de la LNE) o los 45 de una alianza entre PAN y PVEM (electos por el 20.1%) también pueden frenar cualquier iniciativa de reforma constitucional. ¿En verdad sería alarmante que más de 16 millones de ciudadanos,[5] en una consulta abierta a la participación directa de todo el electorado, también pudieran revertir una reforma constitucional?

En una conferencia reciente,[6] el ministro Cossío señalaba que la inclusión de derechos sociales prestacionales era uno de los últimos ejercicios de una clase política que buscaba legitimarse mediante una fórmula conocida: poner muchos derechos en la Constitución y luego darles el carácter de exigibles. Uno de los problemas con esto, seguía el ministro, era que muy probablemente los legisladores no estaban conscientes de las implicaciones redistributivas que dichos derechos generaban, pero que finalmente los jueces estaban obligados a hacerlos efectivos, aún a pesar de los previsibles costos políticos. Creo que algo similar puede decirse sobre las consultas populares. Es muy entendible que los representantes que votaron a favor de la inclusión de esta figura como un derecho humano no hayan tenido presentes todas las implicaciones del texto que se incluyó en el artículo 35 constitucional, como también se comprende que algunos prefieran que la ciudadanía no participe directamente en la definición de las políticas públicas más trascendentales. Me parece, sin embargo, que frente a esto no queda sino recordar que, si nos tomamos en serio el modelo de la democracia constitucional, entonces no podremos reprochar que la ciudadanía ejerza sus derechos mediante los canales y con los límites que establece la misma Constitución. Ojalá así se entienda en la sede judicial.

Javier Martín Reyes (@jmartinreyes). Estudió derecho en la UNAM y ciencia política en el CIDE. Es servidor público y miembro de Participando por México. Como de costumbre, todo lo aquí expresado sólo refleja la opinión del autor.


[1] Luis Carlos Ugalde ha repetido el argumento tanto en este artículo, como en este otro.

[2] Pedro Salazar Ugarte, por ejemplo, ha enfatizado el punto tanto en un artículo como en una posterior entrevista.

[3] Véase el mencionado artículo de Pedro Salazar, así como este otro de María Amparo Casar.

[4] Tomo como base para mis cálculos tanto los resultados finales del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 2011-2012 del IFE, como las páginas institucionales del Senado y de la Cámara de Diputados.

[5] De acuerdo con el IFE, al 13 de diciembre de 2013 había 82,220,817 ciudadanos en la LNE. Por ende, se necesitarían al menos 16,444,164 votos para ganar una consulta en la que se diera la participación mínima para que el resultado fuese vinculatorio (es decir, el 40%).

[6] Véase, especialmente, la última media hora de la conferencia.

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reparaciones

En México mucho se habla de la reforma constitucional en materia de derechos humanos pues implica un conjunto de retos importantes en la manera de acercarse tanto a los derechos como a los deberes del Estado para con las personas. Si bien cabe acotar que la reforma de 2011 al artículo 1º es resultado de un largo proceso de reconocimiento de los derechos humanos en la esfera nacional, que empezó casi 20 años antes con el otorgamiento de rango constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hay quienes señalan que el artículo 1º conforma todo un cambio de paradigma constitucional que ha obligado a los jueces, abogados y funcionarios a buscar nuevas tendencias, como el neo-constitucionalismo y a percatarse de las exigencias referidas a los derechos humanos en la esfera internacional. Ejemplos de ello son la especial atención que se ha dado a la incorporación de derechos humanos no establecidos en la Constitución al sistema normativo mexicano o las recientes sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que tuvieron lugar en la capital del país.

En este escenario, el tema de las reparaciones por violaciones de derechos humanos ha generado preocupación en observadores internacionales y nacionales. El interés surge de la necesidad de acatar las recientes resoluciones emitidas por la CorteIDH en contra del Estado mexicano. Una vez definida su responsabilidad, debe acatar y en su caso ejecutar el fallo de la Corte.

Ahora bien, el tema de reparaciones abarca mucho más que el mero cumplimiento de resoluciones internacionales pues el origen de estas reparaciones no es exclusivo del ámbito internacional, sino un deber del Estado en todos sus ámbitos de acción. Más aún, el tema de ejecución de sentencias a nivel local no hace más que referirnos de forma natural al funcionamiento de las reparaciones en el Estado mexicano. Surge así entonces la pregunta de qué tipo de reparaciones se contemplan en el ámbito nacional por violaciones de derechos humanos.

Al respecto, conviene apuntar que, si bien es cierto que el tema de reparaciones a nivel nacional resulta un tópico recurrente y de sumo analizado en el derecho privado, también lo es, que en el ámbito del derecho público ha sido poco explorado y mucho menos utilizado. Juicios por incumplimientos contractuales no son concebibles sin nociones de reparación o compensación de la parte afectada. Es así que los conceptos de responsabilidad contractual u objetiva se encuentran definidos, interpretados y utilizados en un sin número de resoluciones de la materia civil contractual. Sin embargo, el tema de reparaciones en el ámbito del derecho público no es del todo claro y necesita de un análisis que permita su desarrollo tanto a nivel doctrinal como a nivel práctico. Esto resulta una necesidad imperante, pues la reparación en derecho público supone la reparación al individuo por ilicitudes o irregularidades del actuar del Estado. ¿Qué sucede en el caso de incumplimiento del Estado de sus obligaciones para con los ciudadanos? ¿Cómo se pueden obtener estas reparaciones?

A través del presente artículo pretendemos explorar estas preguntas enunciando las vías que tradicionalmente se han utilizado en el derecho mexicano para obtener reparaciones y analizando los alcances de la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 113 constitucional, como la forma para atender casos de violaciones de derechos humanos a nivel nacional.

Reparaciones en el sistema jurídico mexicano

De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” Respecto qué debe entenderse por reparación, la Constitución no establece ninguna definición. Sin embargo, toda vez que los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de nuestro sistema jurídico, y que de acuerdo con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando la CorteIDH decida que se violaron derechos o libertades previstos en la Convención, se restituirá al lesionado en el goce de sus derechos o libertades conculcadas incluyendo restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Una interpretación en pro de la persona debería suponer la adopción de esta definición en nuestro sistema jurídico.[1] Al respecto resulta conveniente mencionar que la Ley General de Víctimas acoge esta definición y establece en su artículo 1º que “La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.”

Una vez señalado lo anterior procedemos al análisis de las vías para impugnar violaciones de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. Actualmente, existen básicamente cuatro vías: el proceso penal, el juicio de amparo, el procedimiento ante comisiones de derechos humanos y la responsabilidad patrimonial del Estado. A continuación expondremos brevemente cada una de estas vías centrando nuestra atención en la responsabilidad patrimonial del Estado.

 

Jurisdicción penal

De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución a través de procesos penales las víctimas del delito son sujetas a la reparación del daño. De acuerdo con el artículo 1º de la Ley General de Víctimas la reparación del daño supondrá restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Sin embargo, los procesos penales no siempre versan sobre violaciones de derechos humanos y el acusado no es un ente administrativo sino un individuo que pudo o no estar actuando en su carácter de servidor público.

Juicio de amparo

En términos del artículo 103 constitucional, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. Dentro de los posibles juicios federales el juicio de amparo ha sido el mecanismo con el cual cuenta el individuo para hacer valer una violación de este tipo. Ahora bien, en cuanto a las reparaciones, en el caso de concederse el amparo, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la resolución debería restituir al quejoso en el goce de sus derechos. Sin embargo, hasta ahora la interpretación que se ha dado a qué debe entenderse por restitución en el goce de los derechos del quejoso, no ha supuesto de forma alguna la reparación.

En su mayoría las resoluciones de amparo suponen poner fin a la violación del derecho sin condenar a la autoridad responsable al pago de ningún tipo de compensación, por ejemplo. La justificación ha sido que el juicio de amparo versa únicamente sobre el restablecimiento de derechos y hasta ahora no se ha utilizado como vía para reparar daños y perjuicios. No obstante, desde nuestro punto de vista la restitución debería en todo momento suponer la reparación del daño generado por la violación. Esta afirmación no sólo deriva de una concepción completa de restitución, sino de la interpretación de las reparaciones en materia de derechos humanos a la luz del artículo 1º constitucional, tercer párrafo en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dejamos apuntada solamente la idea pues rebasa los alcances de este artículo.

Comisiones de derechos humanos

A través de procedimientos ante las comisiones de derechos humanos también es posible requerir y que sea ordenada la reparación. Sin embargo, estas recomendaciones no son vinculatorias y la práctica sugiere que estas comisiones no han profundizado en el establecimiento del daño y mucho menos en la definición de las reparaciones en los casos de violación de derechos humanos. Las resoluciones hasta el momento emitidas se limitan a ordenar reparar de forma genérica. Ahora bien, en caso de ordenarse la reparación, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley General de Víctimas esta debería suponer restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Queda la interrogante entonces de qué sucede en aquellos casos en los que el ente estatal no acepta la recomendación.

 

Jurisdicción administrativa a través de la responsabilidad patrimonial del Estado

Nos queda entonces por explorar la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado establecida en el artículo 113 de la Constitución. Esta vía se refiere a juicios y procedimientos en contra de entes estatales a través de los cuales un particular se inconforma por la violación por parte del Estado de alguno de sus deberes. Cuando el incumplimiento de una obligación por parte del Estado, en especial si se refiere a derechos humanos, el ciudadano afectado puede acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado, para el reclamo de los daños causados por esta violación entendida como el no acatamiento de una de sus obligaciones. A este respecto apuntamos que esta responsabilidad patrimonial del Estado queda acotada a los actos materialmente administrativos, de manera que se exceptúan tanto la actividad legislativa como la jurisdiccional.

El procedimiento supone probar que el Estado incumplió alguna de sus obligaciones y que este incumplimiento generó un daño. La Suprema Corte a través de su resolución AI 4/2004 ha señalado que los elementos que se han de considerar a fin de determinar que existe un acto administrativo irregular, que ocasione la responsabilidad patrimonial del Estado son: la imputabilidad material del acto o hecho al Estado en el ejercicio de sus funciones; la acreditación del cumplimiento irregular de los deberes y obligaciones impuestos legalmente; la existencia de un daño cierto; y el nexo causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado al particular.

Asimismo, la SCJN ha señalado que el artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución establece un derecho sustantivo de rango constitucional en favor de los particulares de recibir una indemnización cuando la actividad administrativa irregular del Estado le ha causado un daño. Tal derecho tiene como objetivo restaurar la integridad del patrimonio afectado mediante una compensación económica, así como asegurar a través de la legislación y en las vías ordinarias correspondientes un vehículo procesal para obtener su cumplimiento.[2]

Así, la SCJN ha utilizado la interpretación de la responsabilidad patrimonial para lograr reparaciones en protección de derechos humanos tales como el derecho a la salud, así lo demuestra la jurisprudencia cuyo rubro es: responsabilidad patrimonial del Estado. La actuación negligente del personal médico que labora en las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE) queda comprendida en el concepto de “actividad administrativa irregular” a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113 constitucional.[3] En este precedente, la Corte apunta que cuando en la prestación de un servicio público se causa un daño a los bienes y derechos de los particulares por haber actuado de manera irregular incluyendo la deficiente prestación de un servicio público, se configura, por un lado, la responsabilidad del Estado de resarcir el daño y, por otro, se genera el derecho de los afectados a que éste les sea reparado.

En cuanto al tipo de responsabilidad resulta interesante observar que se trata de una responsabilidad del Estado y no individual. Es así que la Corte ha determinado en la resolución de la AI 4-2004 que: “[...] el artículo 113 constitucional, en su segundo párrafo, establece la responsabilidad del Estado únicamente respecto de los daños que cause a los particulares con motivo de su actividad administrativa irregular, es decir, aquella que por acción u omisión incumpla con las obligaciones legales establecidas o por el funcionamiento defectuoso de un servicio; en este supuesto, el particular podrá demandar la indemnización directamente del Estado (responsabilidad directa sin necesidad de ir en primer término en contra del funcionario a quien pudiera imputarse el daño), pues lo que determina la obligación es la realización del hecho dañoso imputable al Estado (responsabilidad objetiva) y no la motivación subjetiva del agente de la administración.”

Ahora bien, resulta interesante apuntar que la responsabilidad patrimonial del Estado opera tanto como complementaria como por vía independiente. De tal manera que la responsabilidad patrimonial puede ser considerada como la vía de ejecución de reparación de violaciones de derechos humanos o como vía directa para la determinación de estas reparaciones, pues su objeto no es solamente la ejecución, sino la verificación de la existencia de un daño generado por el actuar irregular del Estado. Así lo ha señalado también la Corte en la tesis jurisprudencial: responsabilidad patrimonial del Estado. El artículo 18 de la Ley Federal Relativa no restringe el derecho a la tutela jurisdiccional.[4]

A modo de ejemplo llamamos la atención hacia la reciente resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través de la cual ordenó a la Procuraduría General de la República reparar los daños causados a las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, quienes estuvieron en prisión por más de tres años acusadas de secuestrar a agentes federales en Querétaro.[5] Esta resolución no solamente marca un nuevo rumbo para el monitoreo de la actividad del Estado sino incorpora la visión de reparación implícita en nuestra Constitución.

Luego, si bien el tema de la reparación del daño por violaciones a derechos humanos pudiera estimarse que no se explicitó en el ordenamiento jurídico mexicano, consideramos que la responsabilidad patrimonial consagrada en el artículo 113 constitucional, su ley correspondiente, la interpretación que ha dado de sus alcances la Suprema Corte, así como la reciente resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforman una importante herramienta para avanzar en este aspecto. De forma tal que es posible considerar, por un lado, la existencia de un derecho sustantivo a la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición y; por el otro, a los procedimientos de responsabilidad patrimonial como los mecanismos que prevé nuestra Constitución para atender la obligación establecida en el artículo 1° respecto de reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Cabe aclarar que si bien es cierto que la reparación obtenida a través de la responsabilidad patrimonial del Estado no supone todos y cada uno de los elementos de la reparación, también lo es que de funcionar debidamente se podría lograr también la disuasión del actuar irregular del Estado ya que la reparación cumple con dos funciones: la de reparar en todos los aspectos posibles a la persona afectada por la violación y la de disuadir al Estado haciendo más costoso su actuar irregular.

 

Ana Elena Fierro Ferráez. Profesora del CIDE.

Adriana García García. Candidata a doctor por la Universidad de Chicago.


[1] Caso Cantoral Benavides vs Peru. Reparaciones y costos. Resolucion del 3 de diciembre de 2001. Series C. No. 88, paras. 79 a 81.

[2] [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 592 Responsabilidad patrimonial del estado. El artículo 113, segundo párrafo, de la constitución política de los estados unidos mexicanos establece un derecho sustantivo en favor de los particulares.

[3] [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 899 Responsabilidad patrimonial del estado. La actuación negligente del personal médico que labora en las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE) queda comprendida en el concepto de “actividad administrativa irregular” a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113 constitucional.

[4] [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 989 Responsabilidad patrimonial del Estado. El artículo 18 de la Ley Federal Relativa no restringe el derecho a la tutela jurisdiccional (legislación vigente a partir del 13 de junio de 2009).

[5] Ver noticia completa en: http://www.proceso.com.mx/?p=358387

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