En mi intervención anterior y en la respuesta que se le dio, comentábamos la importancia de estar atentos a la resolución de la Suprema Corte de la contradicción de tesis 299/2013, relativa a si los jueces de todos los órdenes jerárquicos del país pueden inaplicar la jurisprudencia de la Corte vía control difuso ex officio. El resultado de la discusión no fue muy diferente a como se hubiere podido predecir, el tribunal en pleno de la Corte respondió negativamente a la pregunta planteada por siete votos a favor y dos en contra[1]. En este segundo texto expondré los argumentos más importantes del resto de los ministros y explicaré por qué sigo convencido en que la postura de la minoría era la más conveniente.

Cometí un error en mi intervención anterior. Creí que si dejaba de lado las consideraciones de casos concretos en que la jurisprudencia de la Corte había sido inaplicada, podría exponer de manera más clara mis puntos. Advertí este error cuando valoré los argumentos que se han esgrimido en contra de la opinión minoritaria, particularmente aquellos que subrayan el valor de la seguridad jurídica en el aparato judicial mexicano, el carácter de órgano de cierre de interpretaciones de la Corte y los que predicen un caos en la inaplicación de los criterios que terminarían por pagar los justiciable. Enfatizo particularmente este último argumento y lo explico en concreto a través del amparo directo en revisión 2126/2012.

En aquel asunto de la Segunda Sala, el cual citó en más de una ocasión la ministra Luna Ramos (ponente de ese asunto), el tribunal colegiado inaplicó la jurisprudencia de la Corte que prohibía al juzgador utilizar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo para calcular la indemnización del policía sujeto a un despido injustificado, pues ha quedado sentado que por la naturaleza de sus funciones éstos no son susceptibles de reinstalación. El colegiado consideró que esta interpretación violaba los artículos 1 y 2 del Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, pues la Ley Federal del Trabajo hubiera sido más benéfica para el policía despedido injustificadamente. Como dije, esta sentencia fue revocada por la Segunda Sala, atendiendo únicamente a que no era posible inaplicar el criterio de la Corte y no porque el criterio protegiera menos o más al justiciable.

Los ministros de la minoría —Silva Meza y Cossío— me parece que están por un ejercicio de ponderación conveniente para cada caso concreto en que los juzgadores se encuentren con este tipo de disyuntivas. Bien han mencionado que esta no resultaría en una ola de inaplicaciones desenfrenadas, pues la inaplicación propuesta presupone un ejercicio de argumentación por parte del juzgador. Ahora bien, si la seguridad jurídica parece un argumento de peso para quienes no están de acuerdo, el ministro Cossío acertó en mencionar que el propio diseño piramidal del poder judicial y la revisión de las decisiones de los jueces inferiores puede llevar a que los superiores[2] revoquen esas resoluciones cuando su ejercicio argumentativo no los lleve al convencimiento, mas no —como la mayoría estableció— revocar con base en el argumento de dar sentido unificador al sistema.

controlLa discusión en este momento no me parece que sea la negación o afirmación de la Suprema Corte como tribunal constitucional. El punto toral de la polémica es que hay casos que están resolviendo los jueces mexicanos cuyas particularidades no alcanzan a ser cubiertas por la respuesta abstracta que una tesis jurisprudencial ofrece, y no ignoro las diferencias entre inaplicación e inaplicabilidad, pues me estoy refiriendo a cuestiones tan concretas como las ventiladas en el amparo 2126/2012: (1) la Corte se plantea un cuestionamiento derivado de casos concretos, (2) la resuelve emitiendo un criterio y una tesis que contiene un criterio abstracto y, (3) posteriormente, surge un caso en el que los tribunales inferiores advierten la irregularidad del criterio. La jurisprudencia obligatoria no puede ser perfecta, pero inclusive me parece que no pretende serlo. Y es justamente por ello que su inaplicación no tiene la pretensión de diluir el sistema de control y mucho menos el Estado de derecho, sino que esto abonaría a impregnar de más razones las discusiones a las que los juzgadores se enfrentan. Lo contrario llevaría a aceptar la afirmación del ministro Pérez Dayán, cuando asegura que la existencia de la jurisprudencia ya supone que la norma y el problema ha sido estudiado en su totalidad.

De igual forma, se ha dicho que la posibilidad de que la jurisprudencia sea irregular es latente, pero que para ello no es necesario llegar a los extremos del control difuso sobre ésta, sino que en esos casos los legitimados por la ley de amparo pueden echar a andar los medios para la sustitución de jurisprudencia. Sin embargo, el hecho de que haya medios legales para la sustitución de la jurisprudencia considerada inconstitucional o inconvencional no resuelve el problema, también el legislador o el poder revisor de la Constitución podría variar sus criterios reformando las normas jurídicas que emiten. El ministro Cossío acertó en este argumento, porque la afirmación de esta idea lleva a la conclusión de que hay una preocupación desmesurada por preservar un sistema que ya de suyo no parece tener una identidad bien definida. O, lo que es parecido, sacrificar la correcta e integral resolución de casos concretos bajo el argumento de preservar la unidad. Sin mencionar que esta prohibición no contribuye a la formación de un tipo de juez que me parece es el que exige el estado constitucional, un juez que pueda ser creativo cuando las circunstancias lo ameriten.

Ahora bien, las distinciones introducidas por el ministro Zaldívar sirven para esclarecer la pregunta, pero no dan luz para reforzar la respuesta de la polémica. Es cierto que inaplicación e inaplicabilidad no son lo mismo, que la jurisprudencia de legalidad, constitucionalidad y sobre constitucionalidad/convencionalidad de normas no son lo mismo, y que disposición y norma son diferentes. Esto, repito, aclara la pregunta y los supuestos en que el juez puede decantarse por no contravenir la jurisprudencia de la Corte, pero nuestra discusión se sitúa en los casos en que la jurisprudencia sí es aplicable y la interpretación jurisprudencial de la disposición no proteja al justiciable o, bien, la norma generada vía jurisprudencial tampoco lo haga. En todo caso, las diferenciaciones entre disposición y norma, como base para afirmar que las primeras admiten control difuso —por pertenecer a la categoría de normas formales del 133— y no así las segundas —por pertenecer al supuesto del 94 constitucional (normas generales emitidas vía jurisprudencia)— implica omitir que la jurisprudencia es a final de cuentas un sistema de creación de normas generales subsumibles por los jueces en casos concretos, al igual que las disposiciones del 133. El resultado es el mismo, pero se le pretende dar trato desigual.

Me parece de particular atención y curiosidad que muchos de los argumentos que ahora se esgrimen para oponerse a la polémica que nos ocupa, son sumamente parecidos a los que se han ofrecido para criticar el propio sistema de control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. En alguna medida, todos invocan la seguridad jurídica como valor superior. Bajo esta tónica se pretende desviar las razones sustantivas por las formales.

La alarma que me parece intentamos accionar quienes compartimos esta postura, es aquella que dice: la Corte está revocando sentencias de colegiados y no lo está haciendo porque la argumentación de éstos sea menos convincente, sino debido a que la jurisprudencia de la Corte debe ser obligatoria porque lo dice la ley de amparo y los ministros, esto en aras de preservar un orden y de priorizar el argumento de seguridad jurídica.

Si el quejoso en el amparo 2126/2012 quisiera seguridad jurídica no hubiera acudido al juicio de amparo, el asunto lo tenía perdido por el solo hecho de saber que existía jurisprudencia de la Corte que no le favorecía. Su causa no tenía razón de existir a menos que, como argumentan, alguno de los legitimados denunciara la sustitución de jurisprudencia.

El principio pro persona y la seguridad jurídica no son valores absolutos, como atinadamente se nos ha respondido, es por ello que no estamos en condiciones de ponderar alguno de éstos en definitiva. El carácter de tribunal constitucional de la Corte no debe diluirse fatalmente ante la posibilidad de que los jueces inferiores inapliquen su jurisprudencia si en algún momento la Corte puede revisar esa inaplicación y resolver en definitiva, en ese asunto, sobre la confirmación o revocación.

Nadie se autoconcibe como formalista, pero la apelación abusiva a la seguridad jurídica me parece que sí es un tono distinguible en esta discusión. Pareciera que los valores formales fueran, en algún momento, distinguibles nítidamente de los sustantivos. No podríamos negar ni la existencia[3] ni la importancia que la Constitución otorga a la seguridad jurídica, por supuesto que es un valor deseable, de lo que no estoy cierto es que los justiciables quieran estar seguros de que no hay —en las interpretaciones de la Corte— un futuro al menos cuestionable para su causa.

No me pasa por alto el hecho de que la Corte no confía en los tribunales colegiados, ello no es materia exclusiva de esta polémica, no obstante la alcanza a teñir. Me parece que hay una diferencia muy grande entre entender que la Suprema Corte es el vértice de la pirámide judicial con que se trate de construir una Corte redentora, cuya palabra sea incontrovertible. ¿Quién custodiará a los custodios? Me parece que bien los jueces pueden contribuir a la propia labor de auscultación de la Suprema Corte. Esto podría abonar a la idea de sacar de a poco el llamado monopolio de la interpretación constitucional y el discurso jurídico de los tribunales y llevarlo también al foro y, por supuesto, a sus propios destinatarios.

En algún momento también fui un entusiasta de la labor interpretativa de los tribunales, hasta que la evidencia fáctica me llevó a comprobar lo contrario. Decir que la Suprema Corte detenta el monopolio de la interpretación es una cosa y otra muy diferente es que ello sea deseable. Pienso que ese discurso va en la línea de desprestigiar la judicatura inferior, y junto con ello la idea incompleta de que debemos invertir todos nuestros esfuerzos en moldear una Corte ejemplar, cuando lo que tendríamos por igual que hacer es reforzar las bases de esa pirámide. La razón práctica y la visión principalista del Derecho, desde mi perspectiva, se vieron mermadas en esta resolución.

Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Twitter: @JuLuisHM

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[1] El ministro Valls se encuentra gozando de licencia para atender problemas de salud y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena estuvo ausente.

[2] El ministro Pérez Dayán propuso que la contradicción de tesis en cuestión expandiera sus efectos para los tribunales colegiados y plenos de circuito, es decir, que los inferiores no puedan inaplicar los criterios obligatorios de sus superiores. La propuesta no fue incluida porque la contradicción, en palabras del ministro Pardo, estaba delimitada a la jurisprudencia de la Corte, e incluir esas consideraciones podrían dar lugar a nuevos y probablemente enredosos debates.

[3] El ministro Cossío afirmó que la seguridad jurídica es un valor metaconstitucional; contrario a esto se ha dicho que este valor deriva de la interpretación de los artículos 14 y 16 constitucionales.

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Esta semana la Suprema Corte discutió una contradicción de tesis (299/2013) que se centró en una cuestión no menor: ¿si la jurisprudencia de la Corte puede ser objeto de control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio, a cargo de los jueces nacionales, cuando se detecte que resulta violatoria de algún derecho de la Constitución o de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte? Con siete votos, la mayoría de los ministros determinaron que la respuesta a esta interrogante debía ser negativa –sólo votaron en contra los ministros Cossío y Silva.

Ahora bien, partir de la publicación de un texto en El Juego de la Suprema Corte acerca de esta discusión, se ha desatado un interesante debate en redes sociales en donde algunos apelan a la prevalencia del principio pro persona sobre el principio de seguridad jurídica y otros apelamos a que ello contribuiría a la diluir del carácter de tribunal constitucional de la Suprema Corte si sus criterios interpretativos fueran inaplicables por jueces inferiores.

Boxeo-DibujoSe critica que la mayoría de los ministros vean al poder judicial de forma vertical y se arguyen que detrás de esta postura existe un inadmisible tufo de infalibilidad. La primera cuestión es obvia. El poder judicial necesariamente se acomoda de forma vertical, donde los criterios de los jueces jerárquicamente superiores se convierten en obligatorios para los jueces jerárquicamente inferiores, no por infalibilidad, sino por coherencia y unidad del sistema. ¿De qué servirían, de otra manera, los recursos y medios de impugnación si los jueces inferiores van a hacer lo que quieran? ¿Para qué se fija, por medio de la jurisprudencia, qué criterio interpretativo de las normas debe prevalecer?

En este sentido, sobra mencionar que la Corte no es infalible, pero en realidad la cuestión tiene que ver menos con un dogma de fe y más con el sistema de control de la constitucionalidad que hemos ido perfeccionando desde la reforma constitucional de 1994. Si el objetivo ha sido crear un tribunal constitucional; una jurisdicción ocupada únicamente de revisar las cuestiones de constitucionalidad y preservar la unidad y la coherencia del sistema, ¿cómo podemos aceptar que sus criterios sean inaplicados por jueces inferiores? En cualquier sistema con control de constitucionalidad concentrado, los criterios del tribunal constitucional son obligatorios[1]; mientras que en sistemas de control difuso, como el norteamericano, existe la institución del stare decisis, según la cual los criterios de la Corte Suprema son obligatorios[2].

México es un sistema mixto: concentrado y, al mismo tiempo, difuso. Gracias al caso Radilla se activó el control difuso de constitucionalidad al interpretar el artículo 133 de manera acorde a la reforma constitucional de derechos humanos. Sin embargo, el artículo 133 habla de normas formalmente emitidas por el Poder Legislativo (leyes y tratados) y no de normas formalmente emitidas por el Poder Judicial (como la jurisprudencia). En este sentido, el monopolio de la interpretación de la Constitución reside en la Suprema Corte, la cual es el órgano facultado por la propia Ley Fundamental para determinar cuál será el sentido de la Constitución.

Y aquí vienen tres distinciones muy relevantes que introdujo el ministro Zaldívar a la discusión del martes (taquigráfica): a) la distinción entre disposición y norma[3], b) la diferencia entre jurisprudencia de legalidad, jurisprudencia constitucional y jurisprudencia sobre constitucionalidad de normas y c) la diferencia entre inaplicar o desaplicar y no aplicabilidad.

Estas distinciones aportan claridad al debate, pues la primera distinción alude a la diferencia formal entre las normas a las que se refiere el artículo 133, que permiten el control difuso y las del artículo 94 que no lo admiten. La segunda, habla concretamente de la jurisdicción constitucional y se relaciona con la tercera en cuanto a que los jueces –como en el caso colombiano- pueden determinar razonadamente la no aplicabilidad de una jurisprudencia de legalidad cuando el caso que resuelven tiene diferencias relevantes con el caso por el que se sostuvo la tesis o cuando un juez considere que un criterio de la Corte Interamericana es más protector y, por ello, deberá preferirlo sobre el criterio jurisprudencial nacional, aquí tampoco inaplica la jurisprudencia sino que no la aplica porque hay otra más adecuada. (Esta distinción fue rechazada por el ministro ponente por considerar que podría generar confusión. La consulta se limitaba a cuestiones sobre derechos humanos, es decir, a jurisprudencia constitucional).

El punto clave de la inaplicación de normas es que exige un análisis de constitucionalidad/convencionalidad y esta facultad está vedada para todos los jueces inferiores respecto de la jurisprudencia que emita la Suprema Corte. No así respecto de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, pues ello está exigido en el artículo 133 constitucional y se realiza hoy a través de esa actividad que hoy llamamos control difuso ex officio.

La verticalidad de los precedentes jurisdiccionales no es una cuestión autoritaria, tiene que ver con la naturaleza de un sistema en el que el órgano de cierre es una Corte que tiene, dentro del poder judicial, la última palabra en cuestiones de constitucionalidad. Nuestro sistema es ciertamente mixto, pero el monopolio de la declaración de invalidez de las normas pertenece a la Corte y sus interpretaciones preceden sobre las de los jueces inferiores.

Así, la jurisprudencia, como criterio con que se decidió un caso particular, construye una regla conforme a la cual los órganos jurisdiccionales, todos, deberán resolver. Ello está directamente relacionado con los principios que sostienen el Estado de Derecho: seguridad jurídica, certeza y previsibilidad sobre las decisiones de los jueces en casos iguales.

Los principios de coherencia y unidad del sistema se garantizan a través de los recursos y medios que tienen las personas para reclamar decisiones con las que no están de acuerdo y que, eventualmente, si presenta una cuestión que es competencia de la Corte, serán dirimidos por ésta. En el mismo sentido, si los jueces consideran que existen criterios contradictorios, contrarios a la Constitución o a los derechos fundamentales, existen vías para que la Corte lo resuelva: solicitud de atracción, de modificación de jurisprudencia o la denuncia de contradicción de tesis.

En suma, no creo que la decisión de esta semana haya sido regresiva; al contrario, va acomodando las piezas de este nuevo sistema de control de constitucionalidad en México, entre las cuales, está naturalmente la seguridad jurídica.

Geraldina Gónzalez de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace 

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[1] Ha circulado una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana (C- 836/01) pero me parece que la Constitución de Colombia no establece la obligatoriedad de los criterios de la Corte y la cuestión que decide en esta sentencia es si los jueces inferiores pueden apartarse de criterios que emite como tribunal de casación. Es decir, la cuestión es si los jueces pueden apartarse de las decisiones de la Corte Constitucional en su función uniformadora de la jurisprudencia, que realiza por la vía del recurso extraordinario de casación. La sentencia, me parece habla sobre la posibilidad de que los jueces se aparten del precedente cuando adviertan que el caso que deben resolver es diferente que el caso resuelto anteriormente.

[2] La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene “la última palabra” sobre la interpretación de la Constitución y en este sentido, su interpretación es obligatoria para los tribunales.

[3] La disposición se refiere a la cláusula textual que contiene la norma; la norma es el significado de ese texto.

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Menudo dilema el que tendrá que resolver en breve la Suprema Corte de Justicia. No es un tema menor pretender definir un asunto donde, por un lado, hay que dilucidar si un policía incurrió en omisión de actuar a pesar de tener el deber de impedir un posible delito; o bien, determinar que el delito está excluido porque los procesados actuaron en cumplimiento de un deber derivado de la obediencia jerárquica a su superiores.

Casi podría decirse que se está en presencia de un tema clásico del derecho penal. En una mano, se tiene la posibilidad de fincar responsabilidad penal a una persona por no haber hecho lo conducente para evitar que se cometiera un delito. En la otra, se encuentra la ponderación que ha de corresponder al cumplimiento de la obligación de obediencia propia de los agentes encargados de la seguridad pública. ¿Qué elementos podrían considerarse para dirimir esa controversia? Van algunas ideas.

Atendiendo a algunas tesis del Poder Judicial de la Federación, parece que la Suprema Corte debe fincar responsabilidad penal a los procesados porque en el caso concreto, los agentes del orden i) no estaban constreñidos a repeler agresión alguna; y ii) porque tratándose de la colisión entre dos deberes (el de evitar la comisión de un delito y, en el otro extremo, el cumplimiento de la instrucción de un superior jerárquico), el asunto se debería resolver a favor del deber más categórico y más digno de protección, que es el de la vida. Hasta aquí, pareciera que no hay mayor problema.

nd2Ahora bien, siguiendo otras tesis, parece que deberá exonerarse a los miembros de la policía que están indiciados porque i) estaban cumpliendo un deber, es decir, de no acatar la orden recibida, se les impondría una sanción por desobedecer la orden girada por su superior; ii) hasta donde se sabe, no hay pruebas de que los agentes hayan agredido o ejercido violencia física sobre las personas (a menos que se sostenga que impedir la salida del lugar en que se encontraban los jóvenes constituye per sé un acto de agresión, lo que no parece convincente), iii) porque no hay elementos que permitan concluir que lo que provocó la tragedia fue solamente la actuación de los agentes, sino el concurso de su actuación aunado a la negligencia o corrupción de quienes permitieron que el News Divine operara incumpliendo la normativa en materia de protección civil (ventilación y salidas de emergencia inexistentes o insuficientes). Finalmente, ninguno de los ahí presentes podía prever que el cumplimiento de las órdenes recibidas por los agentes, sumado al comportamiento de la muchedumbre ahí reunida, instigada por los propietarios y funcionarios del lugar, derivaría en muertes por asfixia.

A la distancia, es claro que la tragedia fue el resultado del concurso de diversas irregularidades y complicidades. De nueva cuenta, la cadena se está rompiendo por el eslabón más delgado. Nada habría pasado si el lugar hubiera operado ajustándose a la capacidad permitida (no sería extraño ni sorprendente que las investigaciones arrojaran que para estar abierto hubo colusión de los propietarios con las autoridades delegacionales y del Gobierno del Distrito Federal); o si se le hubiera clausurado al detectar que se permitía el acceso a menores, que se comercializaba droga, o que estaba funcionando sin ajustarse a las normas en materia de protección civil.

Pretender que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que participaron en el operativo aplicado al News Divine se plantearan, in situ y sin tiempo para reflexionar, la disyuntiva de desacatar la instrucción de sus superiores en razón de que los jóvenes que acudieron al antro referido corrían el peligro de morir aplastados es, a no dudarlo –y que nadie se llame a engaño o escándalo-, esperar peras de la prudencia y capacidad, del árbol de la ignorancia y la necesidad. Condenar a esos elementos de la policía del Distrito Federal no resolverá el problema, no eliminará la impunidad, ni impedirá que algo semejante vuelva a ocurrir en el futuro.

Los ciudadanos esperamos que se aplique la ley no solamente en quienes cumplen instrucciones. También deseamos ver que la legislación se aplica en quienes giran instrucciones desde la comodidad de su escritorio burocrático conociendo las cualidades y limitaciones de sus subordinados jerárquicos que, en el colmo de su situación, no tienen capacidad para contar con los servicios de abogados calificados que defiendan debidamente su causa y logren, con ello, la aplicación de una sanción razonable y proporcionada al papel que desempeñaron en la tragedia que nos ocupa.

Una postura que pocas veces se asume y, cuando se asume, generalmente se asume mal en el ejercicio y la aplicación del derecho, consiste en aceptar el reto de determinar el tono de los grises, prefiriendo normalmente plantarse cómodamente en posturas ramplonas donde la solución defendida es totalmente blanca o totalmente negra. La puerta que se abrió con el ejercicio de la facultad de atracción de este caso en la Primera Sala de la Suprema Corte, a iniciativa del ministro Cossío, constituye una estupenda ocasión para que el máximo tribunal del país rehúya de la zona de confort en que podría haberse ubicado y se pronuncie, desde la cúspide del sistema constitucional, por una solución que pueda no ser políticamente correcta pero sí atinada conforme los valores constitucionales en juego.

Sobra mencionar que lo que esta controversia plantea, hacia el futuro, repercutirá no sólo en los cuerpos de seguridad pública, sino en la visión que se tenga en el país de los grandes problemas del derecho. Más allá de la aplicación estricta de la ley, principio sobre el que está construido todo el entramado del derecho penal, se está ante un problema de filosofía del derecho: el relativo a los mecanismos a través de los cuales debe resolverse la colisión entre dos deberes reconocidos por el propio ordenamiento jurídico.

Antonio Musi Veyna. Abogado. Ex Consejero Jurídico del CISEN. Ex Director General Jurídico, de Derechos Humanos y Transparencia del INM. Twitter: @amusiv

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Afirma con tino Manuel Atienza[1], que el formalismo no es el único mal que acecha en estos tiempos a quienes interpretan y aplican el Derecho, pero sí es quizás la característica más distintiva —y además nociva— de la cultura jurídica latina.

Ayer, 13 de octubre, la Suprema Corte comenzó a discutir en el Pleno la contradicción de tesis 299/2013, bajo la ponencia del ministro Pardo Rebolledo. La disyuntiva es si los jueces mexicanos, de cualesquiera órdenes jerárquicos, pueden inaplicar la jurisprudencia del Pleno o las Salas de la Suprema Corte por considerarla inconstitucional o inconvencional en los términos en que el expediente Varios 912/2010 “Caso Radilla”, los obliga.

Dado que la polémica suscitada entre ambos Tribunales Colegiados deriva en un cuestionamiento abstracto, omitiré el análisis de las razones que cada juzgado esgrimió para efectos de agilidad en la exposición, y me abocaré —consciente de las limitaciones en las que incurro— a los argumentos que el ministro ponente y el ministro Cossío expresaron en la sesión pública del día de ayer.

jurisprudenciaEl ponente afirma que no es deseable que los jueces de cualquier orden jerárquico sometan a un test de regularidad ex officio a la jurisprudencia de la Corte, ya que ello desvirtuaría el carácter unificador de la jurisprudencia. Lo cual devendría en un caos e inseguridad que terminarían por sufrir los justiciables, al encontrarse ante la incertidumbre que —dicen— la jurisprudencia unificada evita. Finalmente, el ministro Pardo afirma que si algún tribunal advierte la irregularidad de la jurisprudencia de la Corte, no debe inaplicarla, sino hacer uso de los medios que la propia Ley de Amparo prevé para la sustitución y abandono de criterios jurisprudenciales. En conclusión, cualquier inconformidad que controvierta la jurisprudencia de la Corte, debe resultar inoperante, pues su aplicación es inexcusablemente obligatoria.

Así, el ministro Cossío se pronunció en contra del proyecto por estimar que la jurisprudencia de la Corte si bien goza de una presunción de constitucionalidad —al igual que las normas jurídicas emitidas por el legislador democrático—, esta presunción es derrotable en el caso concreto. De ahí que el criterio unificador pueda ser falible e inacabado ante la imposibilidad de que éste abarque todos los supuestos de hecho. Igualmente argumenta que negar la facultad de los jueces para inaplicar estos criterios sería continuar con la construcción de un sistema formalista y vertical de aplicación sistémica de normas, ello sin detenerse a pensar si éstas benefician o perjudican al justiciable.

Los argumentos del ministro Cossío me parecen suficientemente razonables, excepto por la última aclaración que hace. Y donde afirma que el caos e inseguridad a la que alude el ministro ponente no es un tema de preocupación, pues finalmente el sistema permite que la abrumadora mayoría de estas decisiones acaben en manos de los juzgadores de amparo y, en algún momento, el sistema piramidal los lleve a las salas y al pleno de la Corte.

Ahora bien, esta disyuntiva ya ha sido ventilada anteriormente en la primera y segunda sala. Si el lector es asiduo auscultador de la actividad de la Corte, ya podrá adelantar que se trata de criterios discordantes. Tengo noticia de al menos dos: el de la primera sala bajo la ponencia del ministro Cossío, el cual citó ayer en su intervención y donde traza las razones que expuse en líneas anteriores, es decir, está a favor de la inaplicación difusa de la jurisprudencia. Por supuesto, dicha inaplicación no está exenta de la argumentación que para ello se requiere, ni de los parámetros que las tesis del Caso Radilla exigen paso a paso.[2] Valga decir, que este proyecto fue desechado en la sala por votación de cuatro contra uno.

El segundo, por parte de la segunda sala, bajo la ponencia de la ministra Luna Ramos fue el amparo directo en revisión 2126/2012. En esa resolución se dijo que no existe norma alguna que faculte a un juez inferior a poner en tela de juicio la jurisprudencia de la Corte, entre sus líneas puede deducirse que dicha inaplicación supone una falta de respeto a la palabra de la Suprema Corte. Igualmente se afirma que de ser irregular debe acudirse a los parámetros legales de sustitución de jurisprudencia, lo cual tampoco parece muy conveniente, pues persistiría el carácter vertical de la polémica. Y enviaría la Corte un mensaje no menor: si hay dudas sobre mis criterios, yo misma resolveré sobre ello. Por si no fuese suficiente, lo que más resalta de aquella sentencia es que el último resolutivo da vista al Consejo de la Judicatura para la investigación de una probable responsabilidad disciplinaria.

Muchas instituciones decimonónicas son las que todavía venimos arrastrando en el diseño judicial mexicano, y los remiendos que se les ha hecho terminan por mezclar ideas que me parece son incompatibles. Cuando en México no existía la independencia judicial, la jurisprudencia servía muy bien para un propósito: limitar la creatividad y discreción de los jueces. El ideal constitucional que hoy se propone, con facultades de control difuso en todos los jueces aplicando las disposiciones del artículo primero constitucional, ya no parece concordar con esos fines.

El argumento toral del proyecto no parece resistir un análisis riguroso. Pareciera que la palabra de la Corte fuera un espacio blindado e incontrovertible, para el ponente y quienes hoy lo secunden, el argumento de autoridad y de seguridad jurídica son valores absolutos, característica que —según Atienza— es esencial para identificar a un formalista. Además resulta curioso que la Corte promueva un discurso bajo el cual se puede inaplicar las consideraciones del legislador democrático, pero no las un grupo de once jueces. O todavía más, considerar que la jurisprudencia es diferente a una norma y, por lo tanto, no le aplican los supuestos del control de convencionalidad.

La Corte Suprema de Estados Unidos suele lidiar con este tipo de problemas haciendo uso de lo que ellos llaman percolation, que consiste en dejar que los jueces de todas las jerarquías digan todo lo que tengan que decir sobre un tema. En esta actividad participa también el foro con los planteamientos que lleva a los propios tribunales y también la academia con sus puntos de vista respectivos. Una vez ventiladas y maduradas todas las razones y argumentos, entonces, la Corte Suprema emitirá su resolución. No obstante, quizás sea el diseño tan vertical lo que en México no nos permite tener estos experimentos. Ni hablar del abuso del foro por la suplencia de la queja o la indiferencia de buena parte de la academia.

Es cierto que el Derecho no sólo se conforma por razones sustantivas sino también por las formales, esto es lo que lo distingue de otros instrumentos de control social como la moral. El Derecho es también un fenómeno de autoridad, empero, la alusión a la autoridad es —como cualquier otro— un principio derrotable, que puede ceder ante otros que en el caso concreto resulte más conveniente priorizar. Así, formalista no es aquel que aplica las normas, sino quien lo hace sin detenerse a analizar las razones que a éstas subyacen.

Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Mail: jlhernandezmacias@gmail.com

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[1] Atienza, M., “Cómo desenmascarar a un formalista”, Isonomía, núm. 34, abril de 2011, pp. 199-201.

[2] Véase: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Décima Época, tomo 1, diciembre de 2011, P. LXIX/2011, p. 552, cuyo rubro reza: PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

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En la sesión de este miércoles 1 de octubre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará la discusión del proyecto de resolución del amparo en revisión 378/2014 y deberá determinar si la omisión en la ejecución del proyecto de construcción del Pabellón 13 es violatorio del derecho a la salud y a la vida de los pacientes con VIH/SIDA que son atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Los antecedentes del caso se remontan a 2012, cuando Adrián, Rogelio y Leonardo, con la asesoría jurídica de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, interpusieron una demanda de amparo en contra de distintas autoridades por la omisión de construir una clínica especializada para la atención de pacientes con VIH/SIDA, el Pabellón 13. La necesidad de contar con un nuevo hospital no surgió del imaginario de los pacientes, sino que desde 2007 las propias autoridades sanitarias identificaron que las necesidades de las personas que viven con VIH/SIDA, y que son atendidas en el Pabellón 4, no podía verse satisfechas con una simple remodelación.

Tras erogar 7 millones 500 mil pesos para la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra, el INER tramitó los permisos y otra serie de requerimientos para llevar a cabo la construcción del Pabellón 13 (certificado de necesidad, permiso sanitario de construcción, certificado de factibilidad, certificado de necesidad de equipo médico, registro en cartera). A pesar de todos estos trámites administrativos —y de las expectativas de los usuarios— a principios de 2012, los pacientes se enteraron de manera no oficial que el proyecto había sido suspendido.

A pesar de que las propias autoridades habían reconocido la necesidad de contar con un nuevo Pabellón, o en otras palabras, habían admitido que un nivel más alto de salud era posible, el amparo fue negado en primera instancia y fue así como inició un largo recorrido jurídico que finalmente concluirá en la próxima sesión de la Segunda Sala, quien decidió atraer[1] el caso por tratarse de un asunto que ayudaría a definir el contenido y alcance del derecho al nivel más alto de salud, en específico de un sector tan vulnerable como lo es el de las personas que viven con VIH/SIDA.

Hoy, el proyecto de resolución elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán (ver Amparo en Revisión 378/2014) representa un avance en las implicaciones del derecho al más alto nivel de salud. A diferencia de lo decidido en primera instancia, el proyecto reconoce que la garantía de este derecho no se agota con la dotación de medicamentos gratuitos o la atención médica —lo que nunca fue planteado por los quejosos—; tampoco sería suficiente que el Estado alegue superficialmente la falta de disponibilidad presupuestaria, sino que implica el deber de las autoridades por demostrar plenamente que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición a fin de lograr la plena efectividad del derecho a la salud. Así, el proyecto de sentencia reconoce implícitamente que todos los trámites que fueron realizados no pueden ser ignorados cuando de ellos dependen la protección y garantía de los derechos humanos.

El proyecto de sentencia también resulta importante porque reconoce la situación de vulnerabilidad de las personas con VIH/SIDA y recuerda que el Estado mexicano, de acuerdo al marco internacional de derechos humanos, está obligado a ejecutar todas las medidas necesarias para lograr servicios de salud publica de calidad que disuadan cualquiera amenaza al derecho a la vida y la integridad física de las personas con VIH/SIDA sometidas a tratamiento de salud.

vihA pesar de avanzar en estos sentidos, el proyecto de resolución no resulta tan claro al momento de abordar los efectos del amparo. El proyecto ordena que las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar, hasta el máximo de los recursos, el derecho humano al nivel más alto posible a la salud de los quejosos, dentro de un plazo razonablemente breve, en el entendido de que dichas medidas deberán ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones contempladas en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Así, las autoridades, tomando en consideración el presupuesto con el que cuentan, deberán considerar qué medida resulta las más adecuada  para poder brindar el servicio y tratamiento médico apropiado y de calidad para los pacientes con VIH/SIDA, en aras de evitar que se encuentren indebidamente expuestos a contagio de enfermedades oportunistas. Para ello, el proyecto le brinda a las autoridades la posibilidad de remodelar el pabellón 4 —en donde actualmente son atendidos los pacientes—o construir un nuevo Pabellón, en el entendido de que en  el procedimiento de ejecutoria de la sentencia de amparo, las alusiones a la limitación de recursos por parte de las responsables tendrán que encontrarse plenamente acreditadas por los medios conducentes.

Los efectos del amparo que se proponen dan pie a escenarios diversos. Por un lado, de concederse el amparo, las autoridades deberán realizar todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que disponen para satisfacer el derecho a la salud, pero a su vez, cuando intenten demostrar la insuficiencia de recursos, esto deberá ser acreditado plenamente ante el juez encargado del seguimiento de la sentencia. En ambos supuestos será fundamental que el juzgador asuma un papel proactivo, bajo un estándar alto de prueba sobre el cumplimiento por parte de las autoridades a fin de que se logre la protección adecuada de los quejosos y no les obligue –en la vía de los hechos– a continuar luchando jurídica y políticamente por mejores condiciones de vida. Sin duda, lo que suceda en uno u otro caso demostrará el grado de compromiso de las autoridades con el principio de progresividad  de los derechos humanos.

Iván Benumea Gómez. Investigador del área de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

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[1] Solicitud de ejercicio de facultad de atracción 217/2014, bajo la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales. Disponible aquí.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en agosto de 2014.

1. Acceso a la información pública y protección de datos personales1

Se analizaba el hecho de que para tener acceso a la situación patrimonial de un servidor público, se necesite de su autorización previa y específica.

Para entender mejor el contexto del asunto –que provenía de una petición de Fundar, sobre la solicitud de acceder a las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de los 500 diputados al Congreso de la Unión-, debemos recordar la interrogante que el entonces ponente, ministro José Ramón Cossío en la sesión del 17 de junio, planteaba en los siguientes términos: “¿El párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es inconstitucional al establecer una limitante al derecho de acceso a la información contenida en el artículo 6o de la Constitución al sujetar la publicitación de toda información relativa a la situación patrimonial del propio servidor a su autorización previa y específica?”2

En ese sentido, el problema radicaba en la ponderación de dos derechos trascendentes para la vida democrática, por un lado, la protección de datos personales y, por el otro, el acceso a la información pública.3

La Corte decidiría que debido a que podemos encontrar información de carácter confidencial en la declaración patrimonial de los servidores públicos, para acceder a estos datos, se necesita de su autorización, lo que significaba validar el texto legal.

2. Libertad de configuración legislativa, equidad, proporcionalidad, competitividad, fundamentación y motivación4

En este asunto se analizaban los cambios al sistema tributario, básicamente tres temas: primero, la eliminación de la tasa del 11% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en zonas fronterizas; segundo, la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes –REPECO-; tercero, el aumento de la tasa del ISR para personas físicas y el tope de deducciones.

Lo primero que se define, es un marco general bajo el cual se tomarán las diversas decisiones que contiene este caso.

Un punto trascendente es que la Corte reconoce la libertad de configuración para el legislador en el diseño de la política fiscal del país (lo cual debe tenerse en cuenta para el estudio de la proporcionalidad de las medidas adoptadas), dentro de los límites establecidos en el 31 fracción IV de la Constitución, el cual reconoce los principios de generalidad, que se traducen en que todos los mexicanos estamos obligados a participar en los gastos públicos, contribuyendo de manera equitativa, proporcional y con una fecha cierta de pago. Esto de alguna manera da paso a que la Corte, contenga en una medida importante, su capacidad de analizar las razones que llevaron al legislador a adoptar un cambio en la política fiscal.

Sobre lo anterior, diversos ministros se pronunciarán -sin que forme convicción mayoritaria- que la Corte sí debería estar en condiciones para examinar las conveniencias o no, del diseño del sistema fiscal, sin que el concepto de libertad de configuración coarte esta posibilidad. Esta tensión estará presente en los diversos temas analizados.

Será importante, al decir de la Corte, determinar –a efecto del estudio de la equidad- si existen categorías que impliquen diferenciaciones, pero que en tanto se trate de una situación objetiva, razonable y justificada, que eviten circunstancias caprichosas o arbitrarias y estén avaladas constitucionalmente, será aceptable.

a) Homologación del IVA en zonas fronterizas.
Lo primero que analizó la Corte, es la eliminación de la tasa menor en la zona fronteriza, relativa al IVA, lo que llevó a la existencia de una sola tasa en el país. Se argumentaba que esta homologación de tasas impositivas, implicaba un trato diferenciado e inequitativo.

La Corte determinaría que la homologación del IVA, en las diversas zonas de país, no significa un trato diferenciado.

En las diferentes hipótesis que se pueden analizar para medir el trato diferenciado, el caso concreto representaba aquélla del trato igual a sujetos iguales en circunstancias iguales y así, no podría entenderse la inequidad.

Para reforzar el argumento manifestaría, que si la política fiscal previa había justificado la tasa porcentual menor en zonas fronterizas –creando con esto una diferenciación-, esto se debía más bien a motivos extra fiscales, política fiscal –como diversas condiciones de consumo, al estar frente a la competencia con otros mercados- que no podía medirse bajo los parámetros de equidad.5 Sin embargo, se discutiría si el legislador debía ofrecer razones reforzadas para tomar este tipo de medidas, que podrían afectar la equidad, aunque el proyecto no se decantó por ello.

Sobre el mismo tema, se solicitaba considerar que afectaba la competitividad. Se argumentaba que debía establecerse un trato diferencial para impulsar la competitividad, esto por mandato de la Constitución. A esto respondió la Corte que si bien los impuestos o medidas fiscales pueden servir como instrumento para impulsar la competitividad, a través de incentivar ciertas conductas, su establecimiento no garantiza el nivel al que aspira la Constitución. En ese sentido el legislador tiene libertad de configuración para establecer una política económica, en la que se encuentre inmersa la política tributaria, además de todos los sectores estratégicos, como políticas monetarias, cambiarias, crediticias, etc.

Así, los poderes Ejecutivo y Legislativo federal en ejercicio de sus atribuciones y como parte de una política tributaria, consideraron, en su momento, necesaria la homologación del IVA en todo el país, al estimar que ello favorecería una mayor recaudación y un mayor crecimiento. Eso no implicaba la inobservancia del principio de competitividad u obstaculizar el desarrollo nacional.6

votaciones_x_ministro_agosto_2014-1Igualmente, se afirmaba que la eliminación de la tasa diferenciada del IVA en zonas fronterizas, no había sido debidamente fundada y motivada, a lo que la Corte contestó que no es necesario una motivación reforzada, al igual que la autoridad legislativa tenía competencia y una materia de regulación –condiciones para legislar-, por lo que estaba dentro de sus capacidades tomar esa medida. Debía recordarse que se trataba de la aplicación del principio de proporcionalidad tributaria, por lo que no era posible hacer un análisis sobre la falta de proporcionalidad desde una perspectiva de derechos humanos y pasaba lo mismo con el principio constitucional de honradez, porque la situación era sobre recaudación de carácter impositivo y no la utilización y administración de recursos públicos.
Igualmente se argumentaba que afectaba la propiedad, la Corte arguyó que no es así, porque se trataba sólo de la aplicación de una tasa general en todo la República.7

b) Eliminación del REPECO.
Este régimen se establecía para personas físicas que no llegaban a tributar una cantidad mayor a dos millones de pesos, estableciéndose como una opción de pago para el ISR.

Con las reformas analizadas, se había creado el régimen de incorporación fiscal, para personas con actividades empresariales y que no requieren título profesional, los cuales pueden tributar en este régimen de manera optativa, con la misma cantidad de dos millones de pesos en el tope. Existían dos argumentos tendientes a comprobar inequidad: primero, la desaparición se traducía en la eliminación de un beneficio y, segundo, de una manera inadecuada, se les estaba comparando con los contribuyentes informales.

La Corte sentenciaría que al establecerse, en este nuevo régimen, los mismos principios del anterior REPECO, no se estaba generando una categoría diferente y no daba paso a trato inequitativo.

Al igual que bajo la libertad de configuración del legislador, no se podía considerar inadecuada la opción de que, además de los anteriores REPECOS, se les diera posibilidad a los comerciantes informales de adherirse a este régimen de incorporación.8

Sobre este mismo régimen, se argumentó que el cambio afectaba la competitividad. Pero la Corte exteriorizaría, que no es solamente la cuestión impositiva definitoria sobre la competitividad o no de determinados sujetos fiscales.9

c) ISR y tope de deducciones a las personas físicas. 
Primeramente y refiriéndose solamente al ISR, se afirmaba la falta de equidad y proporcionalidad con el aumento de las tasas. El supuesto en análisis era, que se tomaban “los mismos montos de ingresos y se establecen tres renglones más de tasas que van a una tasa superior, tomando en consideración el mismo monto de ingresos”.10 La Corte resolvió que no daba lugar al trato inequitativo, principalmente por la libertad de configuración del legislador para decidir este  incremento, siempre que no sean desproporcionales y el tratamiento no implique desigualdad ante personas iguales.
Sobre la proporcionalidad, que conllevaría que “los saltos”11 no lo son en relación con la capacidad contributiva, la Corte resolvió que no es así, ninguna tasa está fuera de los rangos que se establecen en cuanto esta capacidad.12

En seguida se decía, que la disposición carecía de fundamentación y motivación, tanto el aumento de las tasas en las personas físicas, como del tope de las deducciones posibles dentro de este régimen de ISR.

La Corte determinó que las razones se encuentran, de alguna manera externadas, en las discusiones en el Congreso de la Unión, además de que no es necesario establecer estas razones: “basta con que exista competencia por parte del Congreso de la Unión, en este caso, y que haya la necesidad de regular determinada situación para que satisfaga el requisito”, aunque en el presente, subraya, sí se dieron las razones de los topes y del aumento de las tasas.

Sin embargo, en adición, el Legislativo tiene un amplio campo de configuración, para definir el modelo tributario de las políticas públicas, lo cual goza de una presunción de constitucionalidad.13

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com


1 Amparo en Revisión 599/2012. Ponencia Min. José Fernando Franco González Salas, sesionado los días 17, 18 y 20 de junio de 2013 –en estas sesiones fue ponente en Min. José Ramón Cossío Díaz- y 12 de agosto de 2014. Se analizaba el art. 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el acto de aplicación negativa. Al igual los artículos 6, 16, 133 y 134 de la CPEUM. Aprobado por siete votos.

2 Sesión del 17 de junio de 2013, p. 10.

3 Ver en este mismo Blog: Gabriela Aguirre, “Opacidad y declaraciones patrimoniales: los sinsentidos de la Suprema Corte” Igualmente, Gabriela Aguirre y Guillermo Ávila, “La utilidad pública de la información patrimonial de los servidores públicos”.

4 Acción de inconstitucionalidad 40/2013 y acumulada. ponencia del Min. Sergio Valls Hernández. Sesionada 14, 18, 19, 21, 25 y 26 de agosto. Se analizaban diversas reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto sobre la Renta (96, 151 y 152), Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Al igual que los artículos 16, 31-IV CPEUM.

5 9 votos, sesión del 21 de agosto, p. 29.

6 8 votos, sesión del 21 de agosto, p. 41

7 9 votos, sesión del 21 de agosto, p. 47.

8 Unanimidad de 10 votos, sesión del 25 de agosto, p. 11.

9 Unanimidad de 10 votos, sesión del 25 de agosto, p. 21.

10 Sesión del 25 de agosto, 22.

11 Ibídem.

12 Unanimidad de 10 votos, sesión del 25 de agosto, p. 24.

13 7 votos, sesión del 26 de agosto, p. 22.

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Después de varias sesiones (cuyas versiones taquigráficas pueden – y vale la pena- consultarse- aquí) la Suprema Corte de Justicia resolvió, en 3 conjuntos de acumuladas, las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos a un buen número de artículos contenidos en las Leyes Generales en materia electoral; en concreto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, por último, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En términos generales, tal como ya se señalaba en un post anterior, la Suprema Corte se encontraba –se encuentra, ya que aún tiene pendiente la resolución de acciones impuestas a constituciones y leyes electorales locales- ante un reto mayúsculo, aunque no inédito: resolver más de 60 acciones de inconstitucionalidad antes del inicio del proceso electoral federal 2015, cuyo arranque, de acuerdo con la propia reforma política, será la primera semana de octubre. En este contexto, y a reserva de lo que se refleje en las sentencias finales, vale destacar la labor de sistematización y análisis que, de forma expedita, realizaron las ponencias proyectistas para la resolución de estos casos, que, no es baladí mencionar, versaban sobre una materia de la que la Suprema Corte de Justicia no es comúnmente juez.

En contrapartida, no puede dejar de señalarse la calidad argumentativa de los accionantes. Tal como se señaló en alguna de las cuatro sesiones de esta primer etapa de desahogos, las acciones de inconstitucionalidad presentadas tenían falencias argumentativas: carecían de sustento o los preceptos cuya constitucionalidad se ponía en entredicho no estaban contrastados con disposiciones constitucionales, por ejemplo. Por esta razón, no sorprende que, al menos en tres ocasiones, el Pleno hiciera uso de la suplencia de la queja con el fin de sentar precedentes de interpretación y dar mayor claridad a la línea argumentativa de cada una de sus decisiones.

ELECCIONESEn este conjunto de sesiones y acciones, la Suprema Corte resolvió más de 60 conceptos diferentes de inconstitucionalidad. Desde asuntos de forma, como presuntas violaciones al procedimiento legislativo por omisiones en la convocatoria al periodo extraordinario o la supuesta inconsistencia entre los periodos de armonización normativa de las entidades federativas; hasta la determinación de los conceptos “votación total emitida” y “votación nacional emitida”, la constitucionalidad de la regulación de las candidaturas independientes o bien, temas que inciden directamente en la conformación del Congreso, como la determinación del conteo de votos para la asignación de escaños por vía plurinominal para partidos políticos que formen coaliciones. Para hacerlo, en un ejercicio que podría considerarse un laboratorio de argumentación jurídica, la Corte realizó todo tipo de interpretaciones: lisa y llana, interpretación conforme e incluso echó mano del criterio de interpretación del llamado bloque de constitucionalidad, respecto de la prelación que deberán tener las disposiciones constitucionales frente a tratados internacionales cuando existan contradicciones entre ambos cuerpos normativos .

En general, la Suprema Corte ratificó –por unanimidad casi en la totalidad de las votaciones- la constitucionalidad de la mayoría de los artículos y fracciones impugnados. Dentro de este grupo, es decir, de aquellos preceptos que se mantendrán vigentes y fueron declarados constitucionales destacan:

  1. Ratificación del umbral del 3% de la votación total emitida para que un partido político mantenga su registro a nivel nacional toda vez que se consideró que la Ley únicamente transcribe una disposición que ya se encuentra contenida en la propia Constitución. (artículo 15 párrafos 1 y 2, LGIPE).
  2. Derecho de los medios de comunicación nacionales y locales para organizar abiertamente debates con la participación de dos o más candidatos, en función de que, a partir de la interpretación conforme, se asumió que la obligación de invitar a todos los candidatos estaba inferida y por tanto no se violaba el principio de equidad en la contienda, pero que la asistencia de todos no era condición necesaria para celebración de los mismos. Asimismo, la participación de los candidatos en estos debates no podrá considerarse como propaganda encubierta o contratación ilegal salvo que medien pruebas en contrario (art. 218 párrafo 6, inciso b, LGIPE).
  3. En materia de candidaturas independientes, los partidos políticos habían contestado la constitucionalidad de una buena parte del régimen establecido aduciendo que estas reglas, especialmente las referidas a las prerrogativas y obligaciones, atentaban contra el principio de equidad en la contienda por ser, o bien muy rígidas –más que las correlativas a los partidos políticos- o muy laxas. En este contexto, la Corte ratificó la constitucionalidad de todas las disposiciones en la materia: reglas de registro para los candidatos, acceso a radio y televisión y financiamiento de los candidatos independientes. (artículos, 384, 385, 386, entre otros, LGIPE)
  4. Relativo a las reglas mínimas de organización que deberán observar los partidos, la Corte ratificó que las prevenciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos relativas a los mecanismos de resolución de controversias, la existencia de una estructura mínima de organización interna y la aprobación de coaliciones, fusiones y alianzas por medio del órgano nacional de dirección no constituían una violación a la autonomía de la vida interna de los partidos políticos y, eran, por tanto, constitucionales.
  5. Dentro de este conjunto, cabe destacar la decisión de validar la existencia de sanciones fijas, de cancelación de registros por actos anticipados de campaña o por uso indebido de radio y televisión porque, aunque una parte de los ministros se pronunció en contra de estas sanciones, contenidas en el artículo 372 párrafos 1 y 2 de la LGIPE, decidieron declarar su constitucionalidad en atención a que ante la inminencia del arranque del Proceso Electoral Federal y la imposibilidad de modificar por vía legislativa el precepto, no podían quedarse estos conceptos violatorios sin ninguna sanción establecida.

Ahora, aunque fueron pocos los puntos que la Corte consideró fundados y, por tanto, fueron declarados inconstitucionales, algunas de las resoluciones son de alta relevancia. En primer lugar, el punto que se llevó una mayor tajada del debate es el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 87, párrafo tercero de la LGIPE que señalaba que cuando un candidato estuviera postulado por medio de una coalición y el elector tachara en la boleta electoral más de partido político, los votos sí le serían computados al candidato pero no a los partidos políticos. En este punto, la Corte dirimió dos temas específicos: en primer lugar –y en previsión a la resolución de las acciones de inconstitucionalidad para leyes locales- resolvió que el Congreso de la Unión sí tenía competencia para legislar de forma específica y crear una base general sobre la materia, gracias a lo establecido en el artículo 73 constitucional y en los términos del artículo segundo transitorio. En segundo lugar, consideró que este sistema de conteo de votos atentaba contra la lógica del sistema electoral, de representación proporcional, mermaba las prerrogativas de los partidos políticos pequeños favoreciendo a las grandes fuerzas políticas en términos de asignación de representación proporcional, financiamiento y acceso a otras prerrogativas y, en últimos términos, distorsionaba la voluntad del elector al eliminar su voto indirecto.

Aunado a esto, también en previsiones relativas a la asignación de diputados por representación proporcional, se optó por la invalidación de la fórmula de asignación de diputados locales de representación proporcional en los Congresos locales, al considerar que esta disposición invadía la esfera competencial de las entidades federativas.

Además, la Corte también invalidó por completo algunas partes del artículo 44 y del 320 de la LGIPE, relativos al método estadístico aleatorio de recuento de votos para la elección de Senadores al considerar que este método no permitía dar certeza al resultado. También estableció que no es constitucional limitar la sanción de la entrega de dádivas para obtener el voto a aquellas que “contengan” propaganda electoral, sino que ésta sanción deberá aplicar a estas entregas, lleven o no visible dicha promoción y la invalidez de la incorporación de los gastos de estructura partidista y estructuras electorales en el rubro presupuestal de actividades ordinarias de los partidos políticos por considerar que efectivamente éstos gastos deberían encontrarse en la partida presupuestal extraordinaria.

Todos estos cambios, algunos de mayor calado que otros, tendrán como repercusión que las reglas del juego del Proceso Electoral Federal 2015, y los procesos electorales concurrentes de las entidades federativas -muchas de los cuáles también verán afectada su normatividad al términos de la resolución de estas acciones de inconstitucionalidad- actúen con áreas grises; es decir, artículos y párrafos que fueron declarados inválidos pero que no tendrán sustituto normativo.

En este contexto, para algunos casos, como el de las coaliciones, la propia Corte señaló en su resolución el camino que deberán tomar las autoridades para subsanar estos vacíos, mientras que en otros, corresponderá al INE y, en caso de ser necesario, al TEPJF, llenar por la vía de la reglamentación secundaria y interpretación, las lagunas existentes. Por ahora, nos toca conformarnos con que, con todo y todo, la resolución de estas acciones abona en fortalecer la indispensable certeza jurídica que debe enmarcar al proceso electoral que está por comenzar. Ya veremos.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, especialista en derecho electoral. Twitter: @pauletta_sofia

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En el debate parlamentario y mediático, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha esgrimido principalmente dos argumentos en contra de la constitucionalidad de la consulta popular promovida por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, de ser correctos, ambos razonamientos también harían inconstitucional la consulta popular propuesta por el PRI.

La consulta propuesta por el PRD busca derogar las reformas a la Constitución que modificaron el marco normativo en materia energética del país. La pregunta que plantean es la siguiente: “¿Está de acuerdo en que se mantenga el decreto de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo y energía eléctrica publicado el 20 de diciembre de 2013?”.

La Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular establecen una serie de requisitos que deben ser cumplidos para que las consultas que se propongan sean válidas y, por lo tanto, puedan efectuarse en la jornada federal electoral.

El PRI ha señalado que la consulta del PRD no cumple con dos de estos requisitos. El primero se sustenta en que el artículo constitucional que prevé la consulta popular señala que ésta no podrá tener por objeto, entre otros, los “ingresos y gastos del Estado”. Aducen que la reforma energética es, principalmente, un asunto que tiene que ver con los ingresos del Estado y, en consecuencia, no puede ser materia de consulta.

5B3Este argumento tiene sostén en lo siguiente. Cuando en 2013 se reformó el artículo 27 constitucional en el párrafo séptimo se expresó directamente que “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria.”.

Es decir, las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos tienen como objetivo otorgar ingresos al Estado. Ahora, el argumento continúa, los ingresos federales se prevén anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que cualquier consulta popular que tenga por efecto realizar alguna modificación a esta ley es inconstitucional.

El segundo argumento del PRI versa sobre un requisito constitucional implícito. La Constitución sólo prevé un mecanismo de reforma constitucional, y es un mecanismo expreso: el que establece el artículo 135. Por lo tanto, cualquier otro método que reforme a la Carta Magna es inconstitucional. La pretensión de la consulta del PRD caería en este supuesto.

En esta colaboración no voy a demostrar por qué me parece que ambos argumentos son derrotables. Como dije al principio, mi objetivo es mostrar que, en caso de que sean correctos, los dos afectarían necesariamente a la consulta popular propuesta por el PRI.

La pregunta que el PRI plantea es la siguiente: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”.

Es decir, de manera directa cae en el segundo argumento, la improcedencia implícita: no es posible reformar la Constitución vía consulta popular. Pero también cae en la improcedencia explícita: se refiere a “ingresos y gastos del Estado”.

Como ya dije, el argumento de que la reforma energética es materia de los ingresos de la nación implica que las modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación no son objeto de consulta popular. Pero esto significaría que en el caso de los “gastos del Estado” lo que no es posible modificar es el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Para ser consecuente con su campaña de consulta popular, la cual se sustenta en que la eliminación de los legisladores plurinominales tiene asidero en el ahorro que se produciría en el gasto público, la propuesta del PRI implica, necesariamente, una reforma al Presupuesto de Egresos. Por lo tanto, de ser válida la improcedencia explícita en contra del PRD, también lo sería en contra del PRI.

En conclusión, los dos argumentos en contra de la consulta para derogar la reforma energética también son aplicables a la consulta para eliminar a los diputados plurinominales. Así, el PRI tiene dos argumentos en su discurso, pero también una paradoja.

David Rivera Castro. Cuenta con sus estudios en Derecho en el ITAM. Twitter: @david_rivera_c

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En días pasados el Partido Revolucionario Institucional manifestó su intención de impulsar una consulta popular a efecto de someter a la consideración ciudadana la reducción del Congreso de la Unión. Concretamente, disminuir el número de legisladores electos por el principio de representación proporcional. En el caso de los Diputados quitar la mitad –pasar de 200 a 100 diputados- y en el caso de los Senadores eliminar por completo a los 32 que se eligen bajo este sistema.

voladoLa ley define a la Consulta Popular como un mecanismo de participación ciudadana, a través del cual se ejerce el derecho a votar a fin de opinar respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional (artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular). La pregunta debe ser calificada en cuanto a su legalidad por la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional Electoral tiene su cargo la organización para recabarla.

La Consulta Popular puede ser solicitada por el Presidente de la República, el 33% de los integrantes del Congreso de la Unión, o el 2% de los ciudadanos que integren la lista nominal[i], (artículo 35 constitucional). Actualmente ese 2% equivale a 1,605,120 ciudadanos.

La Constitución también señala los temas que no pueden ser objeto de consulta: restricciones a los derechos humanos reconocidos por la Constitución; las definiciones relativas a la forma de gobierno establecidas en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, y la organización y operación de las fuerzas armadas.

Sobre el contenido de la Consulta Popular planteada por el PRI algunos han planteado la interrogante de si ¿el tema es materia electoral? Será la Suprema Corte quien en su momento, y en caso de que el partido consiga el apoyo ciudadano suficiente, conteste esta interrogante. No obstante, analíticamente es útil revisar los argumentos que sostienen que preguntar sobre la disminución de legisladores plurinominales es materia electoral y, por tanto, no pude ser materia de Consulta Popular, frente a los argumentos que sostienen que no, que forma parte del ámbito de asuntos parlamentarios y, por ello, es legal plantearla.

Sobre las razones de la representación proporcional conviene hacer una breve revisión. El principio de representación proporcional cuenta con tres características que según Luigi Ferrajoli lo hacen más idóneo que ninguno otro para asegurar la representación política:[ii] (i) garantiza la igualdad de los ciudadanos en los derechos políticos de voto, así como que se produzcan instituciones representativas de todo electorado; (ii) es el único capaz de utilizar todos los votos válidos a fin de garantizar la igualdad electoral de los ciudadanos, la cual, equivale a la igualdad política, y (iii) refleja y reproduce de mejor manera el pluralismo de las opiniones políticas, la heterogeneidad de los intereses y los conflictos de clases que atraviesa el electorado, es decir, la complejidad de la sociedad.

En México, con un solo voto se eligen a más de un candidato, mediante dos sistemas distintos, mayoría relativa y representación proporcional. Esto resulta complejo y pudiera ser confuso para muchos ciudadanos, por lo que trataré de explicar brevemente cómo funciona.

En el caso de los Diputados, la Cámara se integra por 500 legisladores, de los cuales 300 se eligen bajo el principio de mayoría relativa, mediante el voto ciudadano directo. El país se divide en 300 distritos electorales, de manera que en cada distrito, los electores eligen a un candidato que los represente ante el órgano legislativo en forma directa.

Los 200 diputados restantes se designan mediante el principio de representación proporcional, para ello, el país se encuentra dividido en 5 circunscripciones plurinominales, de manera que por cada circunscripción existe una lista de cada partido político o coalición integrada por 40 candidatos que serán electos por este medio. Al momento en que el elector emite su voto por un candidato de mayoría relativa, su voto también computa para efectos de la elección de representación proporcional en la circunscripción que integre. Se busca que los partidos políticos que no obtuvieron mayoría de votos, pero que tienen una votación que es superior al 3% de la votación emitida cuenten con diputados de representación proporcional, de manera que la votación que obtuvieron tenga presencia en el órgano legislativo.

La fórmula para asignar a los Diputados de representación proporcional está prevista en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A partir de ello, la autoridad electoral asigna las diputaciones que correspondan a cada partido conforme a los candidatos que integran la lista presentada por cada partido político o coalición en la circunscripción que corresponda.

Por su parte, la Cámara de Senadores se integra por 128 legisladores, 64 son electos bajo el principio de mayoría relativa en una proporción de dos Senadores por cada entidad federativa, 32 son electos bajo el criterio de primera minoría y los 32 restantes bajo el principio de representación proporcional. En este caso, los partidos políticos presentan una sola lista de candidatos a Senadores por el principio de representación proporcional para todo el país y será mediante la aplicación de la fórmula de distribución de senadurías que se asignará a cada partido político las que corresponda.

Entendiendo cómo funciona la representación proporcional, habría que delimitar hasta dónde es materia electoral y hasta donde parlamentaria.

El derecho electoral se ocupa de lo relacionado con la elección de los integrantes del Congreso de la Unión a través de ambos principios, esto es, el proceso de selección de candidatos, el registro de los mismos, la integración de las fórmulas de candidatos, la integración de las listas de representación proporcional que conforma cada uno de los partidos políticos o coaliciones, las precampañas y campañas que realizan los aspirantes y candidatos a cada uno de los cargos de elección popular, los resultados de la elección, la declaración de validez de la elección, la entrega de las constancias de mayoría, la aplicación de la fórmula de representación proporcional e incluso el acceso al ejercicio del cargo.

Por su parte, el campo del derecho parlamentario versa sobre la composición e integración del Congreso, esto es, el número de legisladores que integran el órgano legislativo, la forma de organización interna, como es la conformación de grupos parlamentarios, y desde luego, el ejercicio de las atribuciones y facultades inherentes al cargo como legislador.

De acuerdo con el aviso de intención para realizar una Consulta Popular presentado por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (consultable aquí), la pregunta que busca formular este partido es: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”

De este cuestionamiento es necesario distinguir dos ámbitos: uno que involucra la composición del Congreso de la Unión, es decir, el número de integrantes que integran cada una de las Cámaras y otro que implica el método de elección de los legisladores que integran el órgano parlamentario.

Por ello, existen opiniones -informadas y no- que consideran que el tema de la Consulta Popular es electoral o bien parlamentario. Me parece que bordea en los límites entre ambas materias. Lo relevante consistirá en determinar si involucra aspectos que tienen que ver con la elección de Diputados y Senadores bajo el principio de representación proporcional o si únicamente involucra la composición e integración del Congreso de la Unión al reducir el número de legisladores, con independencia del método de selección.

Dicho en otras palabras, si el objeto de la consulta es únicamente reducir el número de Diputados y Senadores que conforman el Congreso de la Unión o si la misma trasciende a los aspectos vinculados al mecanismo de elección de los mismos y con ello a la materia electoral.

Me parece que la línea entre estos dos temas es muy fina, pues si bien la composición del Congreso desde el punto de vista del número de integrantes que debe tener es un debate ajeno a la materia electoral, lo cierto es que los efectos de una determinación así pueden tener impacto en el ámbito electoral. Esto se debe a que de manera indirecta repercuten en el proceso de elección ya que al tener un Congreso más pequeño, la distribución de fuerzas políticas necesariamente será distinta. Lo cual  se acentúa si consideramos que algunos partidos políticos únicamente cuentan con legisladores electos bajo el principio de representación proporcional, lo cual podría incidir en el sentido del voto que emitan los ciudadanos, lo que involucra la materia electoral.

Arturo Espinosa Silis. Abogado, especialista en temas electorales y maestro en cerecho. Twitter: @aesupd

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[i] El listado nominal de electores se integra por 80,256,024 ciudadanos.

[ii] FERRAJOLI, LUIGI, Principia Iuris, teoría de la democracia, Trota, Madrid, 2011, p. 179.

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derechos2El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos fundamentales en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en junio de 2014.

1. Acceso a la justicia. Consejo de la Judicatura 1
¿Quién puede revisar los Acuerdos Generales –AG- que dicta el Consejo de la Judicatura Federal? Este asunto analizaba la posibilidad de que la revisión de estos AG los hiciera además de la Suprema Corte, los Tribunales Federales y los Juzgados de Distrito.

Empezó concretamente por AG en donde se estableció la posibilidad de que las promociones, recursos y notificaciones se pudieran hacer a través de firma electrónica, debido al número elevado de casos de amparo –como en los asuntos del IETU o de la Ley del ISSSTE-. Cuando llegaron los recursos de amparo a un Tribunal Colegiado, éste resolvió que los AG eran inconstitucionales y, por tanto, desechó el recurso, mientras que los demás Tribunales Colegiados los admitieron. Los Colegiados entendían que podían pronunciarse sobre la constitucionales de los AG, tal como sucedió.

En ese sentido, como la propia Corte afirmó, la contradicción de tesis se presenta: “De acuerdo con lo anterior, el punto de contradicción a resolver consiste en determinar si es válida la interposición del recurso de revisión vía electrónica, esto es, por medio de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), en términos de los acuerdos generales 21/2007 y 43/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal”.

Pero, por otro lado, se resolvió un problema más de fondo, de acuerdo con el marco normativo constitucional y legal, es la Suprema Corte, a través del procedimiento planteado en la ley y con la aprobación de cuando menos 8 votos, quien puede derogar los AG, y no lo puede hacer algún otro tribunal más.

2. Acceso a la Justicia. Interés legítimo 2
¿Qué es el interés legítimo como presupuesto para promover amparo? Las Salas de la Corte habían definido en sentido diverso cómo debía entenderse este concepto, qué tipos de intereses debía proteger, en especial sobre la base del sujeto afectado. La Primera Sala aceptaba la protección de intereses individuales y colectivos. La Segunda se inclinaba sólo a la dimensión difusa o colectiva.

La decisión de la Corte involucraría intereses individuales y colectivos. Ahora bien, ¿cómo se identifica este interés legítimo? Dice la Corte, tiene que haber una vinculación con una norma jurídica, bastando que establezca un derecho objetivo. Y se apura a explicar, es un concepto jurídico indeterminado, un concepto abierto que debe ir cambiando y adecuándose a cada caso concreto.

Para mejor entenderlo, se exponen sus características distintivas, éstas engloban lo que debe ser, subrayándose que deben observarse en conjunto:

a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso;

b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico;

c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, lo que implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos;

d) La concesión del amparo es un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso se llegara a dictar;

e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciar bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad;

f) El quejoso tiene un interés propio distinto de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito del interés propio;

g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial;

h) Si bien en una situación jurídica concreta, pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta ni tampoco indetectable;

i) El interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas.

3. Autonomía Municipal 3
El asunto analizaba las implicaciones del gasto de recursos obtenidos por la vía de deuda para los municipios y el grado de intervención sobre la autorización y manejo de los mismos por parte de las legislaturas locales, desde la posibilidad de emitir una ley, hasta la introducción de requisitos para la autorización de la deuda. Se discutirían dos grandes temas, que generaron cada uno su votación particular.

1. Libertad Hacendaria. ¿Cuáles son las limitaciones de la legislatura local para contratar deuda pública? Se retoma lo resuelto en la controversia constitucional 44/2009. Los municipios no tienen autorizado manejar, aplicar y priorizar libremente los recursos obtenidos por la vía de endeudamiento, por lo que no se puede considerar que el poder legislativo local se convierta en órgano de decisión en el manejo de la hacienda, ya que la Constitución federal lo faculta para que a través de leyes, establezca las bases, conceptos y montos, aplicables a la deuda pública.

Lo anterior implica que la propia legislatura puede establecer distintas modalidades y formalidades para la aprobación de la deuda pública, pues la Constitución federal no establece limitantes en este sentido, pudiendo la legislatura local determinar el número de votos requeridos, los montos prohibidos para contratación o los casos en que se justifique acudir a obtener estos recursos.

De igual manera, no existe una contradicción entre la Constitución local y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en especial a la definición de deuda pública, porque tienen finalidades distintas, en ésta última se persigue la unificación de criterios que rigen la contabilidad gubernamental y la presentación homogénea de informes financieros entre los distintos niveles de gobierno.

2. Autoridades intermedias. Es válido que se establezca una obligación a los municipios de informar trimestralmente sobre el ejercicio y destino de los recursos provenientes de deuda, pues además de que el legislativo local puede determinar las modalidades o mecanismos, bajo los cuales debe rendirse esta información, es una obligación determinada en la Constitución federal.

No hay falta de claridad de los conceptos de contratación de obligaciones financieras y de deuda. No es necesario definir qué debe entenderse por deudas de corto, mediano y largo plazo, pues dependerá del tipo de instrumento por el que se contrate la deuda pública.

El hecho de que los proyectos de inversión pública productiva se utilicen en zonas de mayor marginación del estado y municipio, con base en la categorización de marginación emitida por el Consejo Nacional de Población, no viola la autonomía municipal, máxime que la actividad de ese organismo no se dirige a establecer de forma exclusiva los casos en que procede el endeudamiento, sino a establecer criterios demográficos generales, para ubicar la población que requiere de mayor protección del Estado. En este sentido, el legislativo fija un condicionamiento esencial de procedencia –cubriendo el marco de la CPEUM y con libertad de configuración a partir de ello- que debe observarse por los municipios, pero no crea una autoridad intermedia.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto.


1 Contradicción de tesis467/2012. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Sesionada los días 29 de mayo y 2 de junio. Mayoría de 7 votos. Se analizaron los alcances del artículo 100 de la CPEUM y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

2 Contradicción de tesis 111/2013. Ponente, Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el 3 y5 de junio. Mayoría de ocho votos. Se analizaba entre otras cosas, la Ley de Amparo y el Principio pro persona del artículo 1º de la CPEUM.

3 Controversia Constitucional 57/2013. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Sesionada el día 9 de junio. Se analizaba la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro y los artículos 115 y 117 de la CPEUM. Primera votación, mayoría de ocho votos. Segunda votación, unanimidad de 9 votos.

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