El próximo 19 de octubre se contempla que inicie la discusión del proyecto del AR 208/2016, presentado por el Ministro Zaldívar, en donde se ampara a una pareja que demanda el haber tenido que registrar a sus dos hijas con los apellidos en un orden diverso al que ellos deseaban.

familia

El señor Y y la señora X1 son padres de las menores A y B, quienes nacieron prematuramente y tuvieron que ser ingresadas en incubadora por tres meses. Durante este tiempo, acudieron al Registro Civil para registrarlas, solicitando que en primer lugar se anotara el apellido de la señora X y, en segundo, el del señor Y. Es decir, primero el apellido de la madre y, después, el del padre. El Registro se negó, pero debido a la situación de salud de las niñas. Los padres, entonces, decidieron registrarlas de manera tradicional; es decir, con el apellido paterno en primer lugar, seguido del materno, como el oficial del Registro lo solicitaba. Pero también interpusieron un amparo en contra de la negativa a su solicitud, al aplicar el artículo 58 del Código Civil del Distrito Federal, por considerar que ello violaba sus derechos.

El Juez de Distrito concedió el amparo pues consideró que el artículo impugnado era inconstitucional por las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto que el nombre es un atributo de la personalidad de los seres humanos que, bajo ciertos supuestos puede ser modificado, no se debe perder de vista que dicha prerrogativa pertenece a los padres durante los primeros años de vida de los menores.

La disposición impugnada contiene una categoría sospechosa, ya que existe una presunción de que se debe colocar primero el apellido paterno antes que el materno. Lo anterior podría derivar en un tratamiento desigual pues esta costumbre transmite un sentido de propiedad del hombre sobre la familia. Esto, a su vez, transmite el mensaje de que el hombre posee mayor jerarquía familiar y social que la mujer. Por lo anterior, se justifica el estudio de la norma bajo un escrutinio estricto.

La norma no pasa el test de escrutinio con respecto a su idoneidad pues consideró que se trataba de una costumbre discriminatoria que refuerza estereotipos que denigran a las mujeres.

Inconformes, el Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México interpusieron un recurso de revisión, mismo que fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia por considerar que se trataba de un asunto de importancia y trascendencia. Los agravios del Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa se reducen a negar las consideraciones de la sentencia pues consideran que la norma impugnada ni viola el derecho al nombre ni es discriminatoria.

Ahora bien, el proyecto considera que los agravios son fundados pero por razones diferentes a las esgrimidas por el Juez de Distrito. En primer lugar, vale recordar la norma impugnada:

Artículo 58.- El acta de nacimiento contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre o nombres propios y los apellidos paterno y materno que le correspondan; asimismo, en su caso, la razón de si el registrado se ha presentado vivo o muerto y la impresión digital del mismo. Si se desconoce el nombre de los padres, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciendo constar esta circunstancia en el acta. (REFORMADO, G.O. 29 DE JULIO DE 2010)

El proyecto corre el test de escrutinio estricto a la norma impugnada pues considera que se trata de una medida que diferencia por género, cuestión que se encuentra prohibida por la cláusula de no discriminación del artículo 1º constitucional. En este sentido, el test para verificar si la medida es constitucional debe ser más estricto pues el género es una categoría sospechosa.

Así, en un primer apartado, el proyecto realiza el análisis de la incidencia de la medida legislativa impugnada en el contenido prima facie del derecho al nombre con relación a la vida privada y familiar.

En esta etapa del análisis es necesario recurrir a la interpretación de las disposiciones normativas correspondientes. Por un lado, debe interpretarse la disposición legislativa impugnada con la finalidad de determinar los alcances de la prohibición u obligación que establece. Por otro lado, también debe interpretarse la disposición constitucional que aloja el derecho fundamental en cuestión, con la finalidad de fijar el alcance o contenido prima facie de éste.

Resulta relevante mencionar que el proyecto admite que si bien de una interpretación literal del precepto no se desprende una prelación entre apellido, se analizará el sentido interpretativo que los operadores jurídicos le han dado a la norma, pues es éste el que en última instancia lastima los derechos de las quejosas. Así, advierte el proyecto, resulta adecuado entender que la interpretación consolidada del artículo 58 es aquella según la cual se registra el apellido paterno primero y el materno en segundo lugar.

Este criterio resulta relevante pues permite que se revise no solamente el texto de la norma para determinar su conformidad con la Constitución, sino también el sentido que se le ha venido dando en su aplicación. O lo que el proyecto llama interpretaciones acreditadas y consolidadas de cierto texto normativo, las cuales resultarían ser las transgresoras.

Otro aspecto que me parece muy relevante es el reconocimiento (del derecho a la vida familiar, pues dice al respecto:

De esta amplia protección que merece la familia, se desprenden una serie de garantías, entre ellas, el respeto a la vida privada y familiar, la cual está expresamente entendida como derecho humano en el artículo 12.1 y 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Este derecho a la vida familiar ha sido recientemente desarrollado por la Sala, el precedente que el proyecto menciona es el ADR 3859/20142 en donde se reconoce que el derecho a la vida familiar se encuentra protegido en el artículo 16 constitucional. ¿Qué tipo de relaciones o decisiones están cubiertas por la protección a la vida privada y familiar? La respuesta que da el proyecto es que todas aquellas que se encuentren dentro del ámbito de la relaciones familiares. Tal y como ya lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte, la familia más que un concepto jurídico es un concepto sociológico (AI 2/2010), de tal forma que “la base del grupo familiar se encuentra en la procuración de cariño, ayuda, lealtad y solidaridad.” El proyecto agrega lo siguiente:

…de las relaciones familiares se deriva la obligación de los padres de proporcionar a sus hijos lo necesario para vivir, pero también el derecho a participar, u opinar sobre asuntos inherentes a su educación, conservación, asistencia, formación; y demás aspectos no patrimoniales. Dentro de este conjunto de derechos y obligaciones, se ubican diversas decisiones o actividades que encuentran protección en el derecho a la vida privada y familiar. Esto quiere decir, que ciertas decisiones sólo conciernen a la familia, por lo que el Estado no puede intervenir en ellas injustificadamente.

Y, por lo tanto, se concluye que una de las decisiones más importante para el núcleo familiar, en particular para los progenitores, consiste en determinar el nombre de sus hijos, pues además de ser un lazo para con su familia (identidad), es un momento personal y emocional, razón por la cual queda circunscrito en su esfera privada, “…la elección del nombre de los hijos genera un vínculo especial entre estos y sus padres. Así, puede decirse que los padres tienen el derecho de nombrar a sus hijos sin injerencias arbitrarias del Estado. Este derecho no sólo implica el elegir el nombre personal de sus hijos, sino establecer el orden de sus apellidos.”

Con respecto al derecho al nombre, el proyecto se apoya en el precedente del amparo directo en revisión 2424/2011, en el cual se desarrolló el contenido del derecho al nombre al considerar que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad y, por tanto, la elección de éste está regida por el principio de autonomía de la voluntad y, en consecuencia, debe ser elegido libremente por la persona misma, sus padres o tutores, según sea el momento del registro, elección que puede ser sujeta de reglamentación estatal, siempre que no se vulnere el contenido esencial del derecho.

Así, pues, se concluye que la interpretación de la norma impugnada incide prima facie en el derecho a la vida familiar y el derecho al nombre, ambos reconocidos por la Suprema Corte.

En un segundo apartado, el proyecto corre el test de escrutinio estricto para determinar si la medida establece una diferenciación justificada constitucionalmente. En este sentido, determina primero si la finalidad es constitucionalmente válida. Se concluye que la finalidad perseguida con el orden de los apellidos si bien está anclada en el principio de certeza jurídica, la historia del orden de los apellidos muestra que se trata de una costumbre que perpetúa las relaciones de poder entre hombres y mujeres dada la naturaleza patriarcal de la familia. Ello no solamente no se encuentra protegido por la Constitución, sino se encuentra prohibido.

…el privilegiar el apellido paterno persigue mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer. Tal objetivo es inaceptable desde el derecho a la igualdad de género, el cual está reconocido en el artículo 4° de la Constitución, y artículos 1 de la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer; 3 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera general, y específicamente, en el 6 de la Convención Belem do Pará… el sistema de nombres actualmente vigente reitera una tradición que tiene como fundamento una práctica discriminatoria, en la que se concebía a la mujer como un integrante de la familia del varón, pues era éste quien conservaba la propiedad y el apellido de la familia.

Así, la medida no pasa ni siquiera la primera grada del testpues se concluye que “En ese sentido, la prohibición que establece el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, perpetúa un propósito que es inconstitucional, pues busca reiterar un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar.” Y, por ello, se decide no realizar el análisis de las siguientes  gradas pues no es posible analizar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de una medida que persigue un fin contrario a la Constitución.

Lo anterior, aclara el proyecto, no contraviene el principio de seguridad jurídica, pues se respeta el deseo de los padres respecto al orden de los apellidos de sus hijos y la experiencia comparada muestra que dicha libertad no afecta la estabilidad y seguridad que debe prevalecer en las relaciones familiares, pues puede precisarse que todos los hijos tengan el mismo orden de apellidos.

En este sentido, concluye que la negativa de la autoridad responsable de negar la inscripción de las niñas con los apellidos con el orden que las quejosas solicitaron, es inconstitucional en tanto el artículo en que se fundamenta sí lo es.

En consecuencia, se ordena a las autoridades del Registro Civil a expedir nuevas actas de nacimiento a las niñas, a fin de que los apellidos aparezcan en el orden deseado por los padres. Esto es, el apellido paterno de la madre primero y el paterno del padre después y se prevé que los futuros hijos de la pareja también lleven en ese orden los apellidos, con el fin de mantener un sistema que brinde seguridad jurídica sin restringir indebidamente el derecho a la vida privada y familiar.

Se trata de una sentencia muy relevante en materia de igualdad de género, pues como el propio proyecto lo explica, el orden de los apellidos se ancla en una cultura patriarcal que ve a la mujer como dependiente del hombre, sea su padre, sea su esposo. Por otro lado, la diversidad familiar, ya reconocida por la Corte en diversos precedentes y protegida por la Constitución, es una razón poderosa para reconocer que las familias no están constituidas siempre por un padre y una madre con sus hijos biológicos y que la libertad para determinar el orden de los apellidos atiende a la libertad de configurar la familia que tenemos todas las personas.

Otro aspecto que me parece de enorme relevancia es el reconocimiento del derecho a la vida familiar del artículo 16 constitucional, pues tradicionalmente el “derecho a la familia” ha sido desprendido siempre del artículo 4to, el cual protege la cara objetiva de éste, es decir, el artículo 4to constitucional protege el aspecto positivo del derecho a la familia que implica que el Estado deberá garantizar la protección y desarrollo de ésta a través de acciones positivas (políticas púbicas, leyes). Pero hasta apenas unos meses, la Corte, al reconocer el derecho a la vida familiar, da cabida en nuestro orden jurídico al aspecto negativo del derecho a la familia, esto es, a la obligación del Estado de abstenerse de intervenir en las relaciones de familia o en el desarrollo de la vida familiar, sin una causa justificada,  lo cual incide directamente en cuestiones como la que este proyecto aborda.

Por último, merece destacarse la cuestión respecto de la inconstitucionalidad de la norma por la interpretación consolidada que se le ha dado, esto es, aunque la norma textualmente no discrimine, la interpretación que se le ha dado sí lo hace y, por ello, es contraria a la Constitución. Al tratarse de un amparo en revisión, la norma continúa vigente hasta que no se realice la declaratoria general de inconstitucionalidad que el artículo 107 constitucional prevé. Sin embargo, resulta importante reconocer que las normas pueden ser invalidadas porque su concretización es contraría los principios fundamentales. Ahora resta esperar la votación del resto de los ministros integrantes de la Primera Sala que definirán la suerte de este proyecto de sentencia.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter:@geraldinasplace


1 las versiones públicas de las sentencias deben ocultar los datos personales de las partes, por lo general se utilizan diez asteriscos, afortunadamente en esta ocasión se utilizan otros medios para proteger los datos de las partes y permitirnos leer la sentencia

2 En dicho asunto, que versó sobre si un padre que no había perdido la patria potestad sobre su hijo tenía el derecho a participar en el proceso de adopción del menor, se determinó que éste estaba protegido por el derecho a la protección de la vida privada y familiar, y se hizo notar su naturaleza de derecho humano.

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¿Cómo se legitima una corte constitucional? ¿Cuáles son los aspectos que sirven para apuntalar la confianza de la ciudadanía en los jueces constitucionales? ¿Qué estrategias puede implementar un órgano de este tipo para mejorar la percepción que tienen de él el resto de los poderes estatales? Estas son algunas de las preguntas que giran en torno a un tema medular de la justicia constitucional: la legitimidad.

legitimo

Su relevancia reside en que la legitimidad es precisamente, en buena medida, el sustrato de un tribunal constitucional para cumplir con su tarea de interpretar de manera sistemática a la Constitución. Lo cual implica limar contradicciones normativas, armonizar regulaciones aparentemente disímiles, así como enriquecer disposiciones mediante creativas lecturas de las mismas. Y todo esto, persiguiendo siempre dos grandes objetivos: destrabar de la mejor manera los conflictos políticos, así como expandir lo más posible el perímetro de libertad de los individuos. Esto ha dado como resultado que hoy en día, en las democracias contemporáneas, los tribunales constitucionales se han erigido en el árbitro último de los conflictos institucionales y en el gran definidor de los valores de una sociedad (Rabasa, 2006).

Un detalle no menor, sin embargo, reside en que para lograr que las decisiones de estas cortes zanjen de manera efectiva tales conflictos entre poderes y determinen los alcances y límites de los valores constitucionales, es indispensable que gocen de la confianza suficiente para que, independientemente del sentido de sus sentencias, su labor en términos generales sea aceptada. ¿Cómo lograr, en caso contrario, que un árbitro de este calibre cumpla con su responsabilidad de procesar los conflictos propios de una sociedad pluralista de manera institucional, si el resto de los poderes estatales y la sociedad no confían en que sus decisiones se adopten a partir de un mínimo de neutralidad y autonomía?

Sobra mencionar que esta necesidad de legitimidad de una corte constitucional se acentúa cuando ésta considera pertinente impulsar un activismo judicial. Esto es, cuando un tribunal busca con sus sentencias no sólo resolver la litis o conflicto que en concreto las partes presentan ante éste, sino sobre todo generar cambios significativos en el resto del mundo normativo. Una corte que no esté respaldada por una sólida legitimidad, difícilmente podrá impulsar una agenda de cambios sociales a través de sus resoluciones.

Estas son algunas de las razones más relevantes de porque el ingrediente de la legitimidad es fundamental para el desempeño de un tribunal constitucional. Y, por ello, es necesario regresar a la pregunta de cómo se legitima un tribunal constitucional. ¿Cómo puede legitimarse una institución que en cada una de sus decisiones inevitablemente se gana por lo menos la antipatía de una de las partes en juicio? Cualquier respuesta que se plantee al respecto exige considerar algunas de las características clave de este tipo de instituciones, pues sólo a partir de éstas es posible entender que construir y apuntalar la legitimidad de una corte constitucional representa una diversidad de retos bastante particulares.

En primer lugar, es necesario recordar que este tipo de instituciones son poderes que –por su diseño, funciones y responsabilidades- no son la mejor expresión de una institución democrática en el sentido mayoritario del término. Por el contrario, en las democracias modernas, las cortes constitucionales son las instituciones anti-mayoritarias por antonomasia. Esto se debe a que estas instituciones no son representativas de la ciudadanía; el electorado no participa en ningún momento durante el proceso de designación de sus integrantes. Se trata de una dinámica entre elites en la que intervienen, por pensar en los ejemplos de México y los Estados Unidos, solamente el presidente y los senadores de la República. Lo cual significa que los jueces constitucionales no están conectados con la sociedad por la correa de responsabilidad por definición de una democracia: el voto (Salazar, 2006).

A esto hay que agregarle que, como ya vimos, por la responsabilidad depositada en los tribunales constitucionales, por un lado, estos tienen entre sus facultades la posibilidad de echar abajo decisiones políticas expresadas en leyes, reglamentos, etcétera, de órganos como el poder ejecutivo y legislativo, que sí son representativos de la ciudadanía y que sí están atados al veredicto del voto de la ciudadanía. Y, por el otro, tienen la obligación de garantizar los derechos fundamentales, lo cual implica asumir el reto de adoptar decisiones que en no pocas ocasiones van en contra de la opinión mayoritaria de una sociedad y, eventualmente, de ubicarse en el centro de lo que se conoce como guerras culturales. Esto es, temas como el aborto, la pena de muerte o el matrimonio homosexual que dividen a la sociedad al grado de polarizarla y donde las cortes constitucionales deben tener como guía proteger a las minorías y grupos vulnerables. Con el riesgo, claro está, de asumir una postura que van en contra del sentir mayoritario de una sociedad.

¿Cómo, entonces, unos jueces constitucionales no representativos de la sociedad, sin atadura alguna al control democrático del voto y con el poder de adoptar decisiones contrarias a los intereses del resto de los poderes estatales y de la opinión de la mayoría de la sociedad, puede legitimarse? La respuesta común asegura que la legitimidad de un tribunal constitucional reside en el hilo argumentativo de sus sentencias. Un tribunal se legitima con independencia del sentido de sus decisiones, siempre que éstas estén respaldadas por una cadena argumentativa que con razones sólidas las explique de manera clara, demostrando que no son fruto del capricho, el tráfico de influencias o el decisionismo (López Noriega, 2003).

No hay duda que los argumentos son un ingrediente clave en las sentencias de un tribunal constitucional. ¿Qué pasa, sin embargo, si las sentencias de un tribunal constitucional están redactadas de tal manera que sólo son inteligibles para el gremio de abogados? ¿Qué sucede si los medios de comunicación cubren de manera inadecuada el desempeño de una corte, propiciando que la opinión pública no entienda correctamente los argumentos de sus decisiones? ¿Qué tal si para cierta sociedad la legitimidad de un tribunal, más allá de sus decisiones y argumentos, depende de que éste adopte en su administración valores republicanos encaminados a la austeridad y a erradicar el nepotismo? ¿Cómo afectaría la legitimidad de una corte si se presenta un desfase entre la agenda de temas que ha confeccionado respecto aquellos que la población exige que se conozcan y resuelvan? ¿Cuál es el impacto en la legitimidad de un tribunal constitucional un proceso de designación de sus integrantes que evidencia que éste no es más una repartición de cuotas partidistas en el sentido más prosaico del quehacer político?

Estas son apenas algunas de las cuestiones que giran en torno a la legitimidad de las cortes constitucionales y que rebasan por mucho la premisa de que el fundamento de ésta se encuentra en sus argumentos. En otras palabras: la idea de que la legitimidad de un tribunal constitucional reside en su hilo argumentativo es correcta pero demasiado chata: deja un significativo número de interrogantes sin contestar. La construcción de la legitimidad de este tipo de instituciones en sociedades tan complejas como las actuales, exige estudiar un interesante abanico de temas relacionados con la transparencia, el proceso de designación de los jueces constitucionales, su agenda de asuntos a resolver, el procedimiento de decisión, el papel de la sociedad civil frente al desempeño de una corte constitucional e, inclusive, aspectos simbólicos relacionados con la vestimenta de los jueces y el diseño arquitectónico de los edificios sede de los tribunales constitucionales. Ahí, en este conjunto de aspectos y, sobre todo, en la manera en que se trencen entre sí, se encuentra el sustrato de la legitimidad de la justicia constitucional.

En efecto: otro aspecto que frecuentemente se olvida al momento de abordar la cuestión de cómo se legitiman estos tribunales, es que ésta es una tarea enteramente estratégica –inclusive al grado de que en ocasiones los jueces constitucionales llegan a utilizar la legitimidad como carta frente a sus colegas al momento de persuadir o presionar para que voten en un determinado sentido un caso (Farganis, 2009; Dworkin, 2012).

No existe una fórmula o ruta inequívoca para que una corte se legitime frente a la sociedad y el resto de los poderes de un Estado. Existen ingredientes o aspectos que hay que considerar, justo como los que acabamos de señalar líneas arribas y que a continuación desarrollaremos con mayor detalle; sin embargo, la manera como estos sean aplicados o aprovechados depende de la habilidad de cada tribunal para entender su circunstancia. Y, a partir de ésta, hilvanar una serie de políticas judiciales encaminadas a fortalecer su legitimidad.

¿Cómo lograr, entonces, que el mensaje clave de cada sentencia importante se inserte en la opinión pública de manera adecuada? ¿Qué temas deben integrar una agenda que responda a las demandas de la sociedad? Son, entre otras, preguntas clave cuyo tino de sus respuestas depende del olfato que tenga cada tribunal para detectar los márgenes de acción que su contexto social, político e histórico le ofrece y exprimirlos al máximo en su beneficio. Es, por ello, que el tema de la legitimidad traza con nitidez el carácter político de los tribunales constitucionales: el éxito que tengan en este rubro depende de las decisiones que de manera reflexiva adopten al respecto.

Las siguientes líneas, en este sentido, lo que buscan es plantear una serie de aspectos que, por lo menos, hay que considerar al momento de asumir el reto de legitimar a un tribunal constitucional. La lista no es exhaustiva, pero sí analiza algunos de los elementos más relevantes. Sobre todo, la idea es aprovecharlos para realizar una primera evaluación del desempeño de la Suprema Corte de Justicia mexicana en esta importantísima tarea: construir su legitimidad. Es decir, en última instancia, el objetivo es presentar algunos de los puntos clave de la discusión sobre el tema y relacionarlos con la circunstancia por la que atraviesa la corte constitucional de México.

Aquí el resto del texto: “La Suprema Corte mexicana y la construcción de su legitimidad” en Revista Juez. Cuadernos de investigación, No. 4, 2016, Tirant lo Blanch, pp. 51-88.

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

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En esta sesión de comparecencias tuvimos la oportunidad —válgase el eufemismo— de presenciar las exposiciones de la terna integrada por Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Jorge Meza Pérez y Ricardo Ojeda Bohorquez, todos magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación.

Las comparecencias fueron breves y peor aún: carentes de sustancia. En conjunto, los magistrados comparecientes —todos con sendas carreras dentro de la judicatura en México— fueron poco elocuentes, elementales respecto de los criterios, análisis jurídicos y capacidad expositiva de la que echaron mano en esta sesión.

comparecencia

El primer turno tocó a Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Su exposición fue atinada, tocó temas torales sobre el funcionamiento y la orientación que deberá tener el Tribunal Electoral, guiado bajo los criterios de “una justicia incluyente, equitativa, sensible y eficiente” que debería contribuir a “la democracia, la estabilidad social, la gobernanza y los derechos humanos”. Al respecto, señaló —a modo de crítica velada, podemos asumir— la falta de uniformidad de criterios jurídicos y certeza, al respecto, sostuvo que el juzgador “sólo debe apartarse del precedente por razones suficientes”. Asimismo, expuso que, de ser electo como magistrado, empujaría un análisis comprehensivo de precedentes, especialmente aquellos producto de recursos de consideración. También expuso que fomentaría la colaboración con otras instituciones electorales como el INE y los OPLES.

Sin embargo, al llegar al momento de las preguntas y respuestas, el magistrado se hizo agua. Ante preguntas sobre violencia de género, el procedimiento de designaciones, algunos criterios de fiscalización, representación proporcional y el papel que debe tener la consulta realizada por la SCJN al TEPJF cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral —otras preguntas, fueron confusas e intelegibles, lo que también pone en evidencia el pobrísimo conocimiento que tienen los propios Senadores para realizar la comparecencia. En todos los casos, el Magistrado contestó con variaciones de una misma línea argumentativa: el poder y la importancia del derecho constitucional, la interpretación constitucional y los criterios de derechos humanos para resolver conflictos en materia electoral. En sus respuestas no se evidenció ningún conocimiento a profundidad del derecho electoral o de las funciones específicas que realiza el TEPJF para cada uno de los temas.

En segundo lugar, compareció el magistrado Jorge Meza Pérez. En su ponencia se refirió a cómo debe conducirse un magistrado “con independencia, objetividad, imparcialidad” y señaló tener la fortaleza emocional e intelectual para desempeñarse como magistrado electoral. Dentro de sus propuestas, destaca la formación de una “defensoría electoral pública” —que valdría preguntarse a quién atendería si, en su mayoría, los casos que llegan ante el Tribunal Electoral tienen como actores a los partidos políticos, entidades que reciben una cantidad sustantiva de dinero público para su funcionamiento— de generar sinergias positivas entre los miembros del colegiado, así como hacer una revisión de los criterios de selectividad con los que actúa el Tribunal. De nuevo, la necesidad de certeza jurídica en la materia se puso sobre la mesa. Aunque sin ahondar a profundidad en ningún tema específicamente electoral, su ponencia resultó inteligente y propositiva.

Pero, de nueva cuenta, en la ronda de preguntas, Meza se evidenció por su incapacidad —o falta de voluntad— para generar, al vuelo, argumentos jurídicos con solidez técnica y teórica. Por ejemplo, al ser interrogado sobre el voto de los mexicanos en el extranjero y los retos que conllevaba la operación del mismo, el magistrado se limitó a reiterar que se trataba de un reto mayúsculo, que había que tener cuidado con su implementación y a hacer referencia a datos generales respecto del tema. Lo mismo sucedió cuando se le preguntó respecto del modelo de comunicación política, de la revisión del criterio de conservación de actos válidamente celebrados en materia de nulidades de elección, elementos para redistritación o perspectiva de género, en todos los casos las respuestas del magistrado fueron titubeantes, poco claras y, lo más importante, con poca técnica jurisdiccional y un pobre conocimiento de la materia electoral. Por último, resulta relevante mencionar que al ser interrogado expresamente sobre su declaración 3 de 3, Meza respondó que “estaría dispuesto a hacerla”; sin embargo, no estableció ningún compromiso para hacerlo de forma inmediata, como la sociedad ha solicita.

Por último, tocó el turno a Ricardo Ojeda Bohórquez quien centró su ponencia en hacer una extensa lectura de su currículum y basó su idoneidad para ocupar el cargo de magistrado electoral en su experiencia jurisdiccional y su desempeño como juez con una “conducta imparcial, honesta y profesional”. Su exposición, más retórica que sustantiva, versó —como otras comparecientes— en los criterios de paridad establecidos por el Tribunal Electoral. Por tercera vez en la tarde, las preguntas y respuestas evidenciaron que el magistrado Bohórquez conoce muy poco de derecho electoral, al dar respuesta a cuestionamientos sobre los criterios de paridad, nulidad de una elección o retos futuros del TEPJF, se limitó a contestar que “los criterios eran atinados”, “se requieren análisis profundos sobre el tema” o “que era necesario atender a lo establecido en la Constitución”. Incluso, en dos de las preguntas, prefirió desviarse hacia la anécdota de sus propias resoluciones —no a la construcción jurisdiccional o al análisis jurídico, cosa que hubiera sido deseable— y a un recuento histórico del caudillismo mexicano. Como parte de sus respuestas desestimó la labor jurisdiccional electoral al considerar que no era un verdadero ejercicio de juzgador —lo que nos hace preguntarnos, por qué entonces busca ser integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En síntesis, los comparecientes cuentan con una muy amplia experiencia como juzgadores, por lo que no se puede dudar de su capacidad argumentantiva o para elaborar una sentencia, pero lamentablemente no cuentan, ni tampoco demostraron, conocimientos o experiencia en la materia electoral. El nivel de desempeño de esta cuarta terna sólo nos sirve para recordarles a los Senadores que tienen la valiosa posibilidad de rechazar, por falta de idoneidad, ternas completas. Y, sin duda, en este caso, valdría la pena ponerlo a consideración, pues como se ha señalado 2018 y los 30 procesos electorales de ese año están a la vuelta de la esquina, por lo que la Sala Superior no se puede darse el lujo de contar con integrantes sin ningún conocimiento solido en derecho electoral.

Strategia electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

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Como muchas democracias, México ha experimentado una creciente judicialización en varias arenas. Es el caso de la materia electoral, en donde además los jueces electorales -sobre todo los de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)- han acumulado un amplísimo poder. Esto, más las críticas que en diversos espacios -incluido el de los senadores- han cuestionado una actuación inconsistente e impropia de los integrantes de esta Sala Superior, convierte el proceso de designación de los magistrados de dicho órgano en asunto de enorme interés público.

comparecencia

El procedimiento de examinación de los candidatos ante la Comisión de Justicia del Senado inició el pasado 20 de septiembre. Aunque el Senado debería darle la mayor publicidad posible, no ha sido así. Las comparecencias de los aspirantes no se están transmitiendo en el canal televisivo del Canal del Congreso, sólo se pueden ver por Internet, como si se tratará de una sesión o reunión ordinaria de alguna comisión.

En este contexto, durante cerca de seis horas los aspirantes que integran la primera terna comparecieron antes los miembros de la Comisión de Justicia. Hay que decir que esta primera terna está integrada por un litigante, un magistrado (es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León) y un asesor de la presidencia del TEPJF (de 2015 a la fecha).

El primer compareciente fue el litigante José Luis Vargas Valdez (44 años), siguió el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz (59 años) y, por último, el asesor Daniel Cabeza de Vaca Hernández (60 años).

Pese a que dos de los tres ocuparon cargos relevantes en las administraciones de los presidentes panistas no fueron cuestionados sobre sus relaciones o posibles conflictos de interés con el Partido Acción Nacional o con cualquier otro partido político o actor político relevante. Hay que recordar que José Luis Vargas fue Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaria de Gobernación, pasando por un cargo en el CISEN y, posteriormente, fue nombrado por Felipe Calderón como titular de la Fiscalía de Delitos Electorales (FEPADE). Daniel Cabeza de Vaca pasó de Director Jurídico a Subsecretario de Asuntos Jurídicos, también fue Consejero Jurídico de la Presidencia de la República (en dos ocasiones), Procurador General de la República, incluso llego a ser Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

A José Luis Vargas tampoco se le cuestionó sobre los motivos que llevaron al entonces presidente de la República a destituirlo de la FEPADE. En este contexto, es relevante un dato: José Luis Vargas no presentó su declaración de conflicto de intereses y a la pregunta de la Senadora que lo hizo notar, su respuesta fue que no había tenido tiempo. Este aspirante es el único de los tres que no presentó dicha declaración y que además no mencionó su estado civil.

Los tres tienen algún tipo de estudios de doctorado, el currículo de José Luis Vargas indica que es candidato a doctor desde 2001, Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que tiene grado de doctor (2014) y Daniel Cabeza de Vaca es estudiante de doctorado desde 2013. Aunque no consideramos que sea un dato relevante para determinar al mejor para el cargo en disputa, sí es un dato que está a la vista en sus currículums y que da cuenta de estudios no concluidos y estudios que sí están concluidos.

Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que cuenta con experiencia y trayectoria como juzgador. Ingresó al TEPJF en 1995 y su trayectoria en asuntos jurisdiccionales comenzó en 1996 cuando fue magistrado Regional del Tribunal Electoral. Ni José Luis Vargas ni Daniel Cabeza de Vaca tienen experiencia como juzgadores. Vargas refiere que fue Secretario Instructor en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís en los meses o el año que va de 2006 a 2007 (sin precisar los meses). Cabeza de Vaca refiere que de 1978 a 1981 fue auxiliar de defensor de oficio del poder judicial, y que de 2009 a 2014 ocupó el cargo de Consejero en el Consejo de la Judicatura y un lugar en la Comisión de Administración del TEPJF, y que desde 2015 (no precisa mes) a la fecha es asesor de la presidencia del TEPJF. En síntesis, no cuenta con experiencia jurisdiccional, pues aun y cuando ha formado parte de la nómina del Poder Judicial Federal, todos los cargos que ha ocupado han sido en áreas administrativas y no jurisdiccionales.

Esta falta de experiencia como juzgadores tampoco ameritó una evaluación y reflexiones de los Senadores, ni preguntas para indagar cómo suplirían, de ser nombrados, esa ausencia. Tampoco fueron examinados sobre lo que de acuerdo con su formación e ideas consideran que deben privilegiar los jueces tanto de legalidad como constitucionales en su desempeño, así como sobre cuáles son, en su opinión, preferibles y por qué.

En cuanto a su experiencia en la práctica electoral, José Luis Vargas fue asesor de Juan Molinar Horcasitas en el IFE (1996 a 2000), asesor de Rodrigo Morales Manzanares del Instituto Electoral del DF de 1999 a 2000  y de Luis Carlos Ugalde en el IFE de 2005 a 2006 (en ningún caso precisa qué meses). Por su parte, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue magistrado electoral de Sala Regional del TEPJF de los años 1996 a 2004. Mientras que Daniel Cabeza de Vaca es asesor del Presidente del TEPJF desde el año 2015, aunque no precisa si en temas electorales o administrativos (área en la que cuenta con experiencia por haber sido miembro de la Comisión de Administración), salvo por este último cargo no cuenta con experiencia electoral previa.

La actitud de los comparecientes evidenció su cercanía o no con los criterios rectores de la practica judicial electoral, mientras que José Luis Vargas fue muy crítico de la actuación de la Sala Superior, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue poco crítico y Daniel Cabeza de Vaca nada crítico. Sobra mencionar que ser crítico requiere conocer el funcionamiento de aquello sujeto a observación o escrutinio.

La actitud de los Senadores tampoco tuvo ayudó a indagar sobre las fortalezas y debilidades de los candidatos como posibles juzgadores constitucionales electorales. En el mejor momento del escrutinio, a Vargas se le cuestionó sobre casos que ha resuelto la Sala Superior del TEPJF, mientras que a Cabeza de Vaca se le preguntó su opinión de temas generales (tales como género, candidaturas independientes, entre otros), pero lo cierto es que no se le cuestionó de casos o decisiones que han sido tomadas y que merecen revisarse o fijar una postura al respecto. Ojalá en la siguientes comparecencias tengan un mejor desempeñado tanto los candidatos a magistrados como los Senadores.

Strategia Electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

 

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Ciudad de México a 19 de septiembre de 2016

H. Comisión de Justicia del Senado de la República

P R E S E N T E

Quienes suscribimos esta misiva somos académicos, profesores universitarios, especializados en cuestiones jurídicas e interesados —como estudiosos y ciudadanos— en la inminente renovación de la Sala Superior del TEPJF. En esa calidad nos permitimos pronunciarnos porque el Senado de la República designe a los nuevos magistrados y magistradas observando las siguientes directrices:

• El Senado debe procurar una composición de la Sala Superior del TEPJF con perfiles y experiencias equilibradas. Esto supone elegir personas que tengan experiencia jurisdiccional especializada en la materia, personas con carrera judicial y personas con experiencia en el ejercicio de la profesión jurídica de manera complementaria. Esto es posible si se toma en cuenta el perfil diverso de las personas que integran las siete ternas confeccionadas por la SCJN.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior del TEPJF sean independientes de los partidos políticos.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior del TEPJF sean independientes de los otros sujetos obligados. En particular de los medios masivos de comunicación.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior tengan un compromiso con el principio constitucional de la laicidad. El Tribunal es el órgano constitucional garante de este principio fundamental para nuestro Estado democrático y, por lo mismo, los magistrados y magistradas deben comprometerse con el mismo. Sabemos que existen otros aspectos relevantes para la debida conformación de un tribunal constitucional pero pensamos que, de cubrirse al menos estas cuestiones, México contará con el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral que necesita en este momento de su historia.

Alberto Abad Suárez. Investigador del IIJ-UNAM

Hugo Concha Cantú. Investigador del IIJ-UNAM.

Sergio López Ayllón. Director General del CIDE.

Saúl López Noriega. Profesor asociado del CIDE.

Pedro Salazar Ugarte. Director e investigador del IIJ-UNAM.

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El pasado 12 de noviembre del año 2014, la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) publicó a través del comunicado 202/2014 una sentencia que tuvo poco resonancia mediática pero que es de gran relevancia.

De acuerdo con este comunicado, la Primera Sala de nuestra SCJN adoptó por mayoría de cuatro votos la propuesta del ministro Arturo Zaldívar, para resolver un asunto sobre discriminación por razón de edad en el contexto de convocatorias de trabajo (vacantes laborales). Este asunto se originó cuando una empresa dedicada al ámbito restaurantero publicó dos vacantes laborales en donde la primera de ellas, refería a un puesto de recepcionista y se establecía como requisitos tener una edad entre los 18 a 25 años, ser de sexo femenino, contar con una excelente presentación, además de tener una estatura aproximada de 1.60 metros y talla 30. La segunda vacante, hacía referencia a ocupar un puesto de organizador de eventos y señalaba como requisitos contar con una edad de 18 a 35 años, además de ser un joven alegre y con buena presentación.

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Al parecer dichas vacantes laborales parecían inofensivas o, al menos, no distintas a muchas otras más que se difunden a diario. Sin embargo, varias personas interesadas en ocupar estas posiciones, y que no contaban con algunas de las características físicas y de edad anteriormente mencionadas, decidieron demandar por daño moral a la empresa que publicó dichas ofertas de trabajo ya que consideraron que las convocatorias laborales resultaban discriminatorias al establecer un rango de edad para solicitar dichos empleos.

Respecto a lo aquí comentado es importante que nos detengamos a analizar los dos primeros párrafos de la figura de daño moral contemplada en el artículo 1916 del Código Civil federal el cual establece lo siguiente:

Artículo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código. (Énfasis añadido).

De esta manera, el daño moral se entiende como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración de aspectos físicos, o bien en la consideración de que de sí misma tienen los demás. Afectaciones que, sin duda, dejaron fuera del proceso de selección a un grupo de personas que, al no contar con las características físicas y de edad solicitadas, se sintieron discriminadas y vulneradas en sus derechos por la empresa que publicó las vacantes laborales ya referidas. De ahí que, a partir de esta definición de daño moral, demandaron esta discriminación con el propósito de que la empresa reparara el daño realizado mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado un daño material, tanto por responsabilidad contractual como extracontractual tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo citado.

En diversas instancias jurídicas se resolvió que en ningún momento se había ocasionado un daño moral por tales convocatorias. Pero la respuesta de la SCJN fue distinta: la Primera Sala determinó que estas vacantes laborales eran inconstitucionales ya que el derecho a la no discriminación debe ser respetado tanto por las autoridades así como por los particulares y, por ello, a pesar de la libertad que goza el empleador de contratar, éste último debe de abstenerse de discriminar al seleccionar al personal, distribuir el tiempo de trabajo e instaurar normas de conducta y disciplina en el lugar de trabajo.

La Primera Sala apuntó, además, que no es posible generalizar que debido a cierta edad las personas gocen de ciertas habilidades físicas y mentales, al tratarse de un factor altamente individualizado. Por tanto, la edad avanzada no supone necesariamente una menor productividad laboral, pues ello corresponde a un estereotipo social ya que en muchos casos, contar con mayor edad resulta en un alto nivel de productividad, precisión y constancia. De ahí que las habilidades y aptitudes no se pueden generalizar a partir de un rango de edad, sino que tales aspectos dependerán de pruebas individuales y no a partir de prejuicios.

Los ministros de la Primera Sala concluyeron, entonces, que los rangos de edad establecidos en las convocatorias laborales no estaban debidamente justificados, pues en ellos no existían razones suficientes para considerar que solamente las personas que gozaban de la edad exigida, pudiesen desempeñar los cargos de recepcionista en un restaurante y de organizador de eventos. Con lo cual se estableció que la inconstitucionalidad de estas convocatorias de vacantes laborales y se señaló que los actos discriminatorios eventualmente pueden dar lugar a que las empresas que realicen este tipo de prácticas paguen algún tipo de indemnización a las personas que hayan promovido alguna acción legal en contra.

Por último, vale señalar que el pasado 19 de octubre del año 2015 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en materia de igualdad laboral y no discriminación. La cual establece los requisitos para que los centros de trabajo –sean públicos, privados o sociales- integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación. Un punto relevante de esta Norma es que invita a todas las empresas del país a obtener el llamado certificado de Igualdad Laboral y no discriminación que, en su caso, les permite obtener ciertos beneficios –como obtener puntos adicionales en el caso de licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes. Ojalá este tipo de decisiones ayudan a fortalecer uno de los escenarios donde menos se respeta el derecho a la no discriminación: el mundo laboral.

Sergio Daniel López Fernández. Estudiante de la maestría en derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México.

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En un país donde el uso de la tortura y los malos tratos son generalizados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juega un papel decididamente crucial en prevenir su práctica. En palabras del Relator Juan Méndez, los jueces deben “excluir de oficio cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura”1; lo cual fue reafirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en su informe sobre México.2

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Por ello, en el presente artículo expresaremos nuestra preocupación porque la práctica judicial mexicana no ha cumplido cabalmente su obligación de prevenir3 adecuadamente la tortura y, en específico, la SCJN ha rehuido a su papel de órgano que la da coherencia al orden jurídico mexicano omitiendo utilizar los mecanismos exclusivos de control que la Constitución mexicana le ha reservado.

El alegato de tortura como cuestión de importancia y trascendencia

Una de las facultades reservadas legal y constitucionalmente con exclusividad a la SCJN, es la de resolver los recursos de revisión en materia de amparo directo (ADR). De conformidad con los requisitos que la Constitución, la Ley de Amparo y el Acuerdo General 9/2015 del mencionado tribunal constitucional establecen, procede el recurso de revisión cuando se requiera i) pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de una norma; ii) interpretar un precepto constitucional o los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, y iii) la omisión de realizar lo anterior si fue planteado en la demanda. Adicionalmente, el problema de constitucionalidad debe implicar la fijación de un criterio de importancia y trascendencia lo cual se cumple siempre que la eventual sentencia dé lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional. Así, por ejemplo, la SCJN ha declarado procedente ADR cuando:

1. No existía jurisprudencia firme que resolviera el punto, el cual se refería a si la autoincriminación es una condición necesaria para acreditar la tortura;4

2. el tribunal colegiado omitió pronunciarse sobre un alegato de tortura del quejoso en declaración preparatoria;5

3. consideró necesario determinar el contenido y alcance del deber constitucional de investigar la posible comisión de actos de tortura en un proceso penal6

4. el quejoso formuló conceptos de violación relativos al derecho fundamental a la proscripción de la tortura7

Recogiendo lo anterior, a pesar de que la SCJN ya ha resuelto diversos casos sobre los efectos de la tortura en un proceso penal aún subsiste la necesidad de fijar criterios al respecto en virtud de que no existe jurisprudencia sobre varios aspectos relevantes de la tortura; en especial, sobre la obligación judicial y ministerial de excluir cualquier prueba obtenida bajo tortura.8 Aspecto, vale mencionar, en el que la SCJN ha tenido una postura inconsistente sobre el uso de la tortura y, por lo mismo, tiene un llamado urgente a reafirmarse como un tribunal constitucional que aborda su deber de prevenir efectivamente la tortura desde la labor de interpretación constitucional y convencional.

Una Corte con criterios relevantes más protectores, no publicados.

El temor de tener una SCJN titubeante frente a la prevención y erradicación de la tortura, es alto. Sin embargo, existe otra ausencia importante: hay criterios relevantes que reúnen ya los requisitos para considerarse jurisprudencia, pero que desafortunadamente la Corte ha sido omisa en generar y publicar tales tesis jurisprudenciales conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo. Nos referiremos a dos que permitirían zanjar las dudas sobre la postura reiterada y no “aislada” de la Corte en el tema de tortura, a pesar de los motes regresivos que aparecen de vez en vez.

Previamente, conviene hacer una mención de los requisitos para conformar jurisprudencia por reiteración de criterios de las salas de la SCJN: de acuerdo con el artículo 223 de la Ley de Amparo, es necesario que el mismo criterio se sustente en cinco sentencias de manera ininterrumpida, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuatro votos.

El primer criterio que debería ser considerado jurisprudencia conforme a esa disposición tiene que ver con la necesidad de investigar los actos de tortura a fin de aplicar las reglas de exclusión de prueba ilícita. Esta omisión constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a la defensa del quejoso, lo que amerita su reposición. Así lo sostuvo la SCJN por lo menos en cinco amparos directos en revisión, luego de las primeras consideraciones expresadas en el amparo en revisión 703/2012 (el caso de Israel Arzate Meléndez, que a pesar de no constituir jurisprudencia a consideración de no pocos sería el hito que marcará camino). Todos ellos alcanzaron  una votación idónea para conformar jurisprudencia.9

El segundo, que fue abordado en este mismo espacio y donde criticamos la tesis aislada que compromete la efectividad del amparo frente a las alegaciones de tortura, tiene que ver precisamente con la tesis 1a. CCCLXXXIII/2014 (10a.), de rubro: TORTURA. LA AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO NO ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA ACREDITARLA.

La ejecutoria del amparo directo en revisión 1275/2014 cita los efectos aprobados por la Primera Sala en al menos otros cuatro asuntos de la misma naturaleza. En ellos, se ordena reponer para investigar las alegaciones de tortura y determinar si su comprobación repercute en la validez de otras pruebas de cargo distintas a la autoincriminación.

Resulta pues irónico que se publiquen criterios relevantes, que no constituyen jurisprudencia de observancia obligatoria, en algunos casos escandalosos por la regresión que implican en cuanto al estándar de protección y; por el contrario, la SCJN haya sido omisa hasta el día de hoy en elaborar tesis jurisprudenciales que reflejan los criterios judiciales que deben considerarse como tal independientemente de su publicación.

Esto desde luego dificulta la defensa adecuada para las víctimas de tortura, pues esos criterios relevantes no están a la mano para revertir la situación de abandono en la que muchas se encuentran. El propio artículo 224 de la Ley de Amparo señala que para invocar las tesis de jurisprudencia o precedentes se expresarán los datos de publicación; o de no haber sido publicadas, “bastará” que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes.

Esta omisión de la SCJN para establecer criterios obligatorios y publicarlos a fin de que sean accesibles y efectivos,10 se dibuja en una ausencia onerosa para los sobrevivientes de la tortura, uno de los actos más atroces cometido desde el poder público.

La SCJN regresa al camino contra la tortura

La resolución del ADR 4695/2015, del pasado 31 de agosto por la Primera Sala de la SCJN, abona a la discusión pero sobretodo proporciona luz respecto dos aspectos relevantes. Por un lado, la procedencia de los amparos directos en revisión bajo el segundo requisito de importancia y trascendencia al ser los efectos de la tortura un tema inacabado que requiere precisiones importantes y, por el otro, sobre los alcances de la tortura dentro del proceso penal como a) violación de derechos humanos y como b) delito. Sobre el punto a), la Sala recoge los criterios de sus propias decisiones y señala entre diversos aspectos lo siguiente:

1. Ante la denuncia o existencia de indicios de tortura, la autoridad judicial además de dar vista al Ministerio Público para la investigación del delito, deberá realizar un análisis del caso para determinar si existen elementos que permitan concluir que existió tortura.

2. Si éstos existen, la autoridad deberá analizar los impactos de la violación en la generación, introducción o desahogo de pruebas. Es decir, al actualizarse la violación, resulta innecesario reponer el procedimiento, lo consecuente es que la autoridad judicial realice directamente la exclusión de aquellas pruebas que sean ilícitas por la relación que posean con los actos de tortura.

3. De lo contrario, ante la insuficiencia de indicios que permitan a la autoridad judicial determinar la existencia de tortura, deberá realizarse la investigación en el proceso penal que permita obtener una respuesta, lo cual obliga a reponer el procedimiento para el mencionado efecto.

4. Finalmente, la etapa hasta la cual se debe reponer el procedimiento cuando proceda, será hasta la diligencia inmediata anterior al cierre de instrucción.

El proyecto fue aprobado por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra de la ministra Piña Hernández. La resolución no es un asunto menor, pues además de recoger criterios importantes en materia de tortura, realiza precisiones relevantes dirigidas a las autoridades jurisdiccionales. Por ejemplo, en cuanto a la exclusión directa de prueba ilícitas, éstas tienen la obligación de allegarse de todos aquellos indicios contenidos en los expedientes, lo que incluye dictámenes, certificados médicos, recomendaciones provenientes de comisiones de derechos humanos o testimoniales, solo por mencionar algunos con la finalidad de acreditar la tortura.

Respecto la existencia de reposición de procedimiento, la ejecutoria no determina ningún supuesto que se circunscriba a la necesidad de cumplir un requisito como el de la autoincriminación, lo cual resulta acertadamente contrario a la tesis 1ª. CCV/2016 (10a.) y representa un avance hacia la fijación de estándares y criterios que sean acordes con el marco jurídico que actualmente rige al Estado mexicano y que guía la procuración e impartición de justicia en el país. Pero, sobre todo, atiende a las circunstancias prácticas de los procesos penales donde se involucra la alegación y existencia de tortura, ante la realidad que actualmente representa esta grave violación de derechos humanos en México.

A manera de conclusión

A seis años de que el Estado mexicano fue condenado por la CoIDH en el caso Campesinos Ecologistas, es apremiante la necesidad de cumplir cabalmente su jurisprudencia más allá de invitarla a sesionar en nuestro país como ha hecho en días recientes. Las víctimas de tortura requieren una postura coherente de la SCJN frente a su práctica generalizada y ésta debe verse reflejado tanto en el discurso como en la labor cotidiana de nuestro tribunal constitucional.

Equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh). Twitter: @CentroProdh


1 Informe del Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E.  Méndez, 29 de diciembre de 2014. Disponible en: http://bit.ly/2bBb4Ui consultado el 11 de septiembre de 2016.

2 CIDH. Informe Situación de los Derechos Humanos en México. 31 de diciembre de 2015. Recomendación 17, página 233. Disponible en: http://bit.ly/1r0g0nD consultado el 11 de septiembre de 2016.

3 El presente artículo no pretende abarcar todas las cuestiones relevantes en materia de prevención de tortura que el Poder Judicial debe atender sino que principalmente aborda lo relativo a la regla de excluir cualquier prueba obtenida bajo tortura. Por ello, otros temas como la atribución de carga probatoria cuando se denuncia la tortura, asegurar que la denuncia de tortura es suficiente para investigarla dentro del proceso penal, cómo superar la afirmación de que únicamente con un dictamen oficial en materia de psicología y medicina se puede tener por acreditada la tortura, estudiar lo relativo al momento procesal oportuno para denunciarla sin restringir los derechos de la víctima de tortura así como los temas relativos al uso de la tortura, todo lo anterior tomando en cuenta la implementación del sistema penal acusatorio.

4 SCJN. Amparo directo en revisión 1275/2014. Resuelto en sesión del 3 de septiembre de 2014 bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Secretario Roberto Lara Chagoyán, párrafo 17.

5 SCJN. Amparo directo en revisión 4695/2015. Resuelto en sesión del 31 de agosto de 2016 bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario Julio César Ramírez Carreón, página 10.

6 SCJN. Amparo directo en revisión 90/2014. Resuelto en sesión del 2 de abril de 2014 bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria Nínive Ileana Penagos Robles, página 26.

7 SCJN. Amparo directo en revisión 4580/2013. Resuelto en sesión del 11 de junio de 2014 bajo la ponencia del Ministerio Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario José Díaz de León Cruz, página 28.

8 Véase nota al pie número 3.

9 1. Amparo en Revisión 631/2013, sesión del 18 de marzo de 2015, ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; aprobado por mayoría de cuatro votos; disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; 2. Amparo Directo en Revisión 4530/2014, sesión del 30 de septiembre de 2015, ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; aprobado por mayoría de cuatro votos; disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; 3. Amparo Directo en Revisión 1088/2015, sesión del 7 de octubre 2015, ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero; aprobado por mayoría de cuatro votos; disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; 4. Amparo Directo en Revisión 3669/2014, sesión del 11 de noviembre de 2015, ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; aprobado por mayoría de cuatro votos; disidente: José Ramón Cossío Díaz, y 5. Amparo Directo en Revisión 3306/2014, sesión del 25 de noviembre de 2015, ponente: José Ramón Cossío Díaz; aprobado por unanimidad de cinco votos.

10 A criterio de algunos Tribunales, “sólo puede exigirse de los tribunales su aplicación a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta” Ver: http://bit.ly/2cPL4Vs

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Siempre es difícil vaticinar un resultado. Los oficios del profeta no encuentran tierra fértil en el campo de las ciencias sociales. El derecho es acaso la muestra más palmaria de esto. Aunque hay literatura abundante sobre el tema de la predictibilidad de las decisiones en el campo de lo jurídico (el realismo estadounidense, por ejemplo); como bien ha dicho Duncan Kennedy, lo cierto es que la mayoría de las veces resulta ocioso discutir el proceso y el resultado de una decisión jurisdiccional porque en ambos se entremezclan tanto elementos subjetivos, objetivos e intersubjetivos de los jueces, que muchas veces ni ellos saben bien a bien por qué se decantan por una solución o por otra.1

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Aun así, la impresión general suele ser la contraria: el derecho es, en una de sus facetas, un sistema del que se guarda cierta visión del conjunto que se presume compartida —por lo menos en lo esencial. De ahí, de esa visión, y dependiendo del caso concreto, entran en juego ciertos principios comunes a la mayoría de los operadores jurídicos que servirán de premisas que sustenten el salto lógico a una o dos conclusiones. El punto de esta posición es que el problema jurídico de cierta manera dicta las normas y principios que van a entrar en juego, y como tanto el problema fáctico como el entramado normativo son conocidos por los que participan en la resolución del problema, entonces, no debería existir mucha discrepancia en la solución jurídica que uno u otro operador jurídico dé al mismo.   ¿Cuál de las dos visiones está en lo correcto? Como es común en estas lides, cada una tiene su grano de verdad. Lo que sí es que la visión de la predictibilidad, en los hechos, es una rara avis en el mundo de los jurídico: los que estamos al tanto de la actividad de las cortes constitucionales casi siempre nos mostramos sorprendidos de sus resoluciones porque toman senderos invisibles para el resto de los mortales.

Por eso me llamó la atención la última resolución de la Corte sobre las acciones de inconstitucionalidad que promovió la PGR en contra de los gobiernos de Veracruz y Chihuahua.2 En este mismo espacio hace algunas semanas yo la hice de oráculo a partir de lo dicho por diversas autoridades y notas de prensa que se habían publicado y, al parecer, mi vaticinio no estuvo tan lejos de lo que pasó, salvo en un punto que quiero resaltar. Veamos.

Como mencioné, el quid del asunto era que las legislaturas se habían adelantado a legislar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y, por ello, habían violentado un mandato constitucional presente en el régimen transitorio de la reforma constitucional del 2015. De éste se desprendía una norma de contención constitucional que limitaba a las legislaturas para legislar en materia de anticorrupción, en tanto el Congreso de la Unión no emitiera las leyes generales en la materia. La Corte sí hizo suyo el argumento en ese sentido que plateó la PGR en las respectivas acciones. Todos los ministros estuvieron de acuerdo que el problema se dio cuando las legislaturas respectivas se adelantaron a legislar en la materia sin haber esperado la emisión de las leyes generales3 a partir de las cuales —y de acuerdo al quinto y sexto transitorios de la reforma del 27 de mayo del 2015— entrarían en vigor las normas constitucionales sustantivas de la reforma y, con ello, se dotaría de sentido a todo el SNA. Por esto, se invalidaron las normas impugnadas.

En lo que no estuvieron de acuerdo los ministros fue en cómo denominar el problema, punto nada menor, ya que en el derecho las palabras importan y mucho. Así, el ministro Cossío, ponente en el caso de la acción de Veracruz, dijo que se había violentado la “mecánica transicional” plasmada en la reforma constitucional. Es decir, se contravenía la Constitución porque las normas ordenaban a las legislaturas abstenerse de legislar en la materia; sin embargo, esto no afectaba su competencia. Según la argumentación de Cossío, la competencia residual de las legislaturas locales permanecía intocada: eran competentes para legislar, pero estaban sujetas a un régimen constitucional transitorio que les impedía hacerlo en virtud de la ya mencionada mecánica transicional. Aquí conviene detenernos un poco. La competencia es la atribución de un operador para poder regular determinadas materias o emitir normas de cierta naturaleza con exclusión de los demás entidades u organismos. Cossío señaló que de esa mecánica transicional se desprende una regla de acción que mandataba a la legislatura abstenerse de hacer algo por un tiempo determinado —en este caso, legislar— , y no una regla de competencia, ya que no hubo un cambio normativo en la esfera competencial de las legislaturas. Es decir, en ningún momento se dice que la competencia para regular el SNA será exclusiva de la federación, o algo por el estilo. Al contrario, al ser la materia de anticorrupción una de tipo concurrente, es claro que sí tienen competencia los estados. La cuestión era que debían esperar a que el Congreso construyera las bases de coordinación y concurrencia del sistema para después anclar su normativa en el aquél primer molde. Hacerlo al revés era imposible pues no conocían los parámetros materiales a los cuales debían ajustarse.4

Esta posición, sin embargo, no fue compartida por la mayoría de los ministros. Y es que, al alimón de la discusión de la acción de Veracruz, se discutió la acción promovida en contra de la legislación de Chihuahua cuya ponencia estuvo a cargo del ministro Laynez. Aquí simple y llanamente, este ministro planteó que el régimen transitorio sujetaba la competencia de las legislaturas para legislar en la materia a una condición suspensiva —es decir, al hecho futuro de realización contingente, que era precisamente la emisión de las leyes generales por parte del Congreso. Pero bajo la óptica de Laynez y de este bloque de ministros esta condición suspensiva sí absorbía las facultades respectivas de la órbita competencial —de forma temporal— de la legislatura local. Consecuentemente, cuando se emite la legislación estatal los órganos que participaron en el proceso eran, en efecto, incompetentes para legislar. Aquí el régimen de transitoriedad no fue nunca una regla de acción sino una regla facultativa o competencial.

En mi opinión, Cossío tiene razón. Por eso yo llamé a la “norma de contención constitucional” a aquella que se desprendía del régimen de transitoriedad, esto es, una norma cuyo efecto era prohibir o contener que las legislatura desplegaran su poder normativo, más nunca trastocar su esfera competencial. Cossío está en lo correcto cuando dice que no es un norma que quite o absorba competencia, sino que simplemente prohíbe hacer algo durante un momento determinado a fin de que el sistema se construya adecuadamente. Ahora bien, en mi colaboración anterior dije a la letra que:

…si la legislación secundaria no ha entrado en vigor al momento que la Corte conozca del caso entonces la norma de contención seguiría en pie y, por lo tanto, la violación sería patente. Los estados no pueden legislar en esta materia, se declararía inconstitucional y si hay una mayoría de ocho votos en la Corte, se expulsarían todas las normas impugnadas de ordenamiento jurídico. Ahora bien, si todo el SNA está en vigor cuando la Corte conozca entonces las cosas cambian. El análisis se torna material y podría ser que la Corte declare que los sistemas locales van de acuerdo con los principios y directrices de la Constitución y las leyes generales y, por lo tanto, son constitucionales.

Yo pensé que si las leyes generales ya estaban en vigor cuando la Corte conociera del asunto entonces se debía entrar a un control material de las mismas. Pero no fue así y creo que con razón. Por lo menos en el debate en el Pleno —habrá que revisar el engrose cuando se publique— los ministros trataron el punto muy someramente. Se dijo que el simple hecho de que la legislación había sido emitida durante la “veda” legislativa la dotaba de una especie vicio de inconstitucionalidad de origen que permanece aún y después de emitida las leyes generales. Es decir, el hecho de que éstas se emitieran no dan pie a que se pueda revisar si la legislación local va en sintonía con lo emitido a nivel federal. El ministro Zaldívar lo puso en términos sencillos: no puede hablarse de una “constitucionalidad sobrevenida”.5 Aunque la aseveración puede discutirse, creo que técnicamente fue lo correcto. En la acción de inconstitucionalidad, aunque hay suplencia de la queja, el objeto de la discusión lo formula la parte que cuestiona la constitucionalidad, en este caso, la PGR. Además, el vicio de inconstitucionalidad  fue tan grave  —desatender un mandato constitucional— que aunque parece formal era, en realidad, material. Esto abona a mi argumento de que el ministro Cossío está en lo correcto: no es una mera cuestión de competencia, sino una violación material a la Constitución, a la prohibición que se desprendía de la mecánica transicional, a la regla de acción que se desprende del mismo. Así que tendré que matizar lo que dije en mi colaboración anterior: en principio, y en atención a la técnica de la acción de inconstitucionalidad, no se podía realizar un control material de la legislación local contrastándola con la federal.

Ahora bien, como dije al principio, las cortes constitucionales suelen ser impredecibles. Ya lo hemos visto,  por ejemplo, cuando el ministro Medina Mora en el caso de mariguana medicinal analizó la legitimación activa de una de las partes en un momento procesal totalmente inoportuno para hacerlo. Lo que quiero decir es que la Corte, bajo una interpretación —si se quiere, técnicamente criticable— pudo haber entrado al control material de la legislación local. Y hubiera sido interesante por una sola cuestión: habría ya un pronunciamiento de la Corte sobre el SNA que, como dije en mi anterior colaboración, es algo complejísimo que no hemos dimensionado. Hay muchas cuestiones que tendrá delimitar la Corte respecto del SNA y a lo mejor esta era una oportunidad para empezar a trazar sus contornos. Tarde o temprano lo tendrá que hacer.

Martin Vivanco Lira. Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Maestro en teoría política por la London School of Economics and Political Science. Doctorando en Derecho por la Universidad de Chile. Twitter: @MartinVivanco


1 Ver “La educación legal como preparación para la jerarquía”: http://bit.ly/2cTGQuO

2 La de Quintana Roo se encuentra todavía pendiente de resolución.

3 La Ley General del Sistema Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas

4 El Ministro Cossío lo explica claramente: “Porque lo que se está buscando con las reformas constitucionales —tan importantes que se llevaron a cabo— es contar con un sistema nacional y no puedo saber cómo debo construir mi sistema local, si no tengo un sistema nacional, porque es un sistema de adecuación material, no es un sistema de adecuación temporal, si fuera temporal, pues sería otra la discusión; imaginaba esto como cualquier tipo de sistema, pensemos en sistemas eléctricos, hidráulicos, computacionales; si un sistema se tiene que adecuar a otro, primero, tiene que existir el sistema que sirve de parámetro de adecuación, porque eso no es un sistema, puede tener distintos ámbitos de conexión, pero si lo que se está buscando es que haya una materialidad completa, se tiene que generar así. Me parece que con esa metáfora se comprende la razón del proyecto.” Versión taquigráfica de la sesión del Pleno del lunes 5 de septiembre.

5 Página 33 de la versión taquigráfica.

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Uno de los pendientes más relevantes del Senado de la República es, sin duda, el nombramiento de la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta será la última ocasión en la cual se renueve en su totalidad este órgano jurisdiccional, ya que la duración en el encargo de los nuevos magistrados será diferenciada en tres, seis y nueve años, con la finalidad de que en el futuro la renovación se haga de manera escalonada. Esto significa que la nueva integración servirá básicamente para el proceso electoral de 2018, ya que en 2019 se renovará una parcialidad de la Sala Superior. Así, los senadores deben tener presente que lo que están eligiendo es un Tribunal Electoral para el 2018. Y nada más.

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Una nueva integración total del Tribunal Electoral presenta varios retos importantes para los nuevos magistrados. El principal será que, sin liderazgos preestablecidos, esta nueva generación de jueces electorales tiene pocos referentes para acelerar su curva de aprendizaje respecto su flamante labor. Es decir, con una renovación completa de su integración, el Tribunal Electoral empezará desde cero con menos de un año de que inicie el proceso electoral de 2018.

Ahora bien, la primera parte del proceso de designación, correspondió a la Suprema Corte de Justicia al definir en siete ternas a los veintiún candidatos escogidos de una lista original de 142 provenientes de los Tribunales Colegiados de Circuito, de las Salas Regionales del TEPJF y de tribunales locales y órganos electorales. Si hacemos el esfuerzo por clasificar el perfil de los candidatos, encontramos que son dos los que se destacan: el de “juez de alto nivel” y el de “experto electoral”. Como nota negativa en la conformación de las ternas, vale señalar la ausencia de candidatos con perfil académico, sobre todo si se considera que en integraciones pasadas se contó con abogados como Manuel González Oropeza y José de Jesús Orozco Henríquez, investigadores de tiempo completo en la UNAM.

Analicemos estos perfiles a los que nos referimos. Respecto de los candidatos con el sello de “juez de alto nivel”, una de las ternas se integró exclusivamente con magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, con lo cual se asegura que al menos uno de los nuevos integrantes cumplirá con dicha cualidad. Otros magistrados se encuentren distribuidos en otras ternas, lo que en su momento podría permitir que otros jueces de alto nivel lleguen a ocupar el cargo de magistrado electoral. Considero que es sumamente importante que se elija más de un magistrado que provenga de Tribunales Colegiados de Circuito para contar con quienes sepan mediar entre actores poderosos, con un profundo conocimiento de la argumentación jurídica y, sobre todo, con una rigurosa formación técnica y ética que les permita poner a la justicia y al derecho por encima del contexto político en que se desarrolle la elección.

Los magistrados que provengan del perfil de “juez de alto nivel” tendrán la carga de aportar la certeza y legalidad en el proceso, enfrentándose al problema de no ser técnicos expertos en materia electoral. Quienes resulten seleccionados con este perfil deben tener una trayectoria honorable y de indiscutible imparcialidad, pues ésta es la racionalidad que ha llevado a nuestro sistema político a judicializar las elecciones. Por lo anterior, el escrutinio del Senado respecto de sus trayectorias debe ser profundo, para asegurar que ninguno de los que finalmente resulten elegidos tenga el más mínimo viso de parcialidad hacia algún partido o grupo político, de lo contrario se perderían las ventajas de llamar a estos jueces de alto nivel a responsabilidades diversas a las que forman el centro de su carrera.

El otro perfil que predomina en las ternas es el de “experto en materia electoral”. Para elegir a los candidatos que integran las ternas, la Suprema Corte realizó un proceso de purificación, en la cual se evitó que consejeros electorales del INE en funciones, el titular de la FEPADE y otras personas con responsabilidades polémicas previas accedieran a la fase final. Los candidatos que integran las ternas finales son aquellos que pasaron los varios filtros y vetos de los ministros a cierto tipo de perfil de figuras públicas. A pesar de los filtros de la Corte, estos candidatos, a diferencia de aquellos de carrera judicial, tienen mayor cercanía a los partidos políticos por la propia naturaleza de su trabajo, por lo que será un reto grande encontrar en las ternas a los mejores técnicos electorales alejados de los intereses de los partidos políticos, aunque el resultado más probable es que al final tengan lazos con grupos y partidos políticos. No obstante, estos “expertos en materia electoral” tendrán la responsabilidad de ayudar a sus compañeros con perfil de “juez de alto nivel” en los temas técnicos y racionalidades de la materia electoral de las cuales los otros se verán carentes en un inicio.

Además de los dos perfiles mencionados, existe una terna con candidatos que no responde necesariamente a ninguno de ellos y que se encuentra conformada por Carlos Emilio Arenas Bátiz (presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León), Daniel Cabeza de Vaca (ex consejero jurídico, ex procurador general de la República y ex consejero de la Judicatura Federal) y José Luis Vargas Valdez (ex titular de la FEPADE). De esta terna ninguno cuenta con un perfil electoral sólido, ni con un perfil judicial de alto nivel. Los tres tienen un currículum más cercano al derecho penal y recientemente han desempeñado funciones más administrativas que jurisdiccionales. Esta terna seguramente funcionará como un espacio de negociación para los acuerdos dentro del Senado y deberá tenerse cuidado con el hecho de que por lo menos uno de estos candidatos esta abiertamente relacionado con un partido político.

El reto es muy grande y el tiempo es sumamente corto para que el TEPJF esté listo para una elección complicada como la que se visualiza en el año 2018. Renovar en su totalidad al tribunal a un año del inicio del periodo electoral no suena a una decisión adecuada pero así está establecido en la ley. Debemos elegir a los mejores jueces de alto nivel de las ternas para que enseñen a los demás la función judicial y debemos elegir a los mejores técnicos en materia electoral para que enseñen la técnica electoral. Debe haber equilibrio entre estos perfiles y no puede haber más criterio que este para la selección. El proceso deberá estar exento del reparto de cuotas partidistas y de grupos políticos. El contexto actual en el que no hay claros punteros en los pronósticos electorales para las elecciones de 2018 puede ayudar a que estos principios prevalezcan si las fracciones parlamentarias en el Senado tienen la altura para hacerlo. En caso contrario, es muy probable que este Tribunal Electoral no consiga su estabilidad institucional en el mediano plazo, con costos que esto implicaría para nuestro sinuoso proceso de consolidación democrática.

Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del IIJ-UNAM. Twitter @abadsuarez

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Para casi el 54% de los ciudadanos en México es muy complicado erradicar la corrupción de la política.1 falencia de nuestra democracia que se verifica de muchas formas: dispendio injustificable de recursos públicos, opacidad en el manejo de los mismos, funcionarios que suelen autorizarse mayores percepciones que el mismo presidente de la República, solicitud de dádivas económicas para apoyar, aprobar o autorizar determinados proyectos u obra pública, incremento desbordado de deuda pública destinada a variados fines, tráfico de influencias y un largo etcétera.

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Así, y a pesar de que nuestras obligaciones internacionales2 nos vinculan a tomar medidas para la debida gestión de los asuntos y bienes públicos, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el establecimiento de prácticas encaminadas a prevenir la corrupción, tuvieron que pasar diez años para que el 27 de mayo de 2015 se publicara la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

En este contexto, el día lunes, la Corte debatió dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de diversas reformas constitucionales y legales de los estados de Chihuahua3 y Veracruz.4 Ambas reformas se enmarcan en lo que algunos miembros de la sociedad, los medios y el foro entendieron como “blindajes” de las polémicas gestiones de los gobernadores (salientes) pues la ciudadanía en esos estados optó por un candidato de oposición en las pasadas elecciones locales.

El problema clave de estos asuntos estribó en decidir si las entidades federativas podían o no “adelantarse” a legislar sobre el tema de anticorrupción y desconocer las previsiones básicas de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Cabe recordar que la reforma constitucional dotó al Congreso de la Unión de la facultad para: 1) expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del SNA y 2) expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Esta reforma a la Constitución, en este sentido, estableció también un conjunto de artículos “transitorios” para la entrada en vigor -o punto de arranque- de dichos ajustes constitucionales, en lo particular los artículos quinto, sexto y séptimo transitorios. Mismos que establecían, por ejemplo, que los artículos 79, 108, 109, 113, 114, 116, fracción V y 122, BASE QUINTA de la Constitución entrarían en vigor en la misma fecha en que lo hicieran las leyes generales del SNA y de responsabilidades administrativas (RA); de igual manera, establecieron el deber de todas las entidades de la República para conformar los sistemas anticorrupción locales de las entidades federativas (SLA) de acuerdo con las leyes generales.

De esta manera, cuando la PGR decidió combatir las reformas de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, todavía no se habían publicado las leyes generales del SNA y de RA, sino que ello sucedió hasta el 18 de julio de 2016. Por lo tanto, fue hasta el 19 de julio de 2016 cuando comenzó la vigencia de los artículos constitucionales referidos y la competencia temporal de las entidades federativas para legislar y emitir sus leyes de manera armónica con el Sistema Nacional.

Con estos elementos, el Pleno de la Corte estudió los proyectos de los ministros Cossío Díaz (caso Chihuahua) y Laynez Potisek (caso Veracruz) en la que arribaron a conclusiones idénticas: la invalidez de los decretos de las reformas, aunque se utilizaron razones distintas.

En el caso Chihuahua se dijo que el argumento de la PGR sobre la competencia era “infundado” desde el punto de vista formal, pero en atención a la “mecánica transicional” y de la perspectiva material, resultaba contrario a la pretensión del legislador constitucional que los estados ejercieran su competencia antes de la entrada en vigor de las leyes generales. Es decir, si bien las legislaturas locales tienen un plazo de adecuación posterior a la entrada en vigor del sistema, era contrario a la idea misma de sistema que los diputados locales no conocieran las bases que les sirvieran de parámetro de actuación.

En el caso de Veracruz, el proyecto de Laynez sostuvo que era “fundada” la pretensión de la PGR, pues la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción condicionó a los congresos locales a ejercer su competencia legislativa en esta materia, hasta que el Congreso de la Unión fijara en las correspondientes leyes generales tanto las bases de la rectoría y distribución de competencias, como las bases para la coordinación en el establecimiento de un sistema nacional.

Si bien estas razones guardaron puntos de coincidencia, una mayoría de 6 ministros se decantó por la visión del ministro Laynez Potisek,5 pues su proyecto sostuvo que si el legislador local había argumentado que el ejercicio de la competencia se llevó a cabo ex ante, con el propósito de adecuar su marco normativo en alcance a la reforma constitucional, pero había desconocido los parámetros de los artículos transitorios que en ella se contienen, consecuentemente se presentó un vicio de inconstitucionalidad atemporal por condición transitoria respecto de los contenidos que se encuentren relacionados con la Ley General de la materia. Por ello, la emisión de la legislación respecto de los sistemas locales anticorrupción (SLA) debió haberse realizado de manera ex post a la emisión de la ley general, a efectos de lograr una efectiva coordinación y armonía en el SNA para evitar un efecto de inadecuada regulación normativa, entre todos los órdenes de gobierno del Estado mexicano.

En el caso de Veracruz, se hizo énfasis en que existía una “veda temporal” o condición suspensiva para el ejercicio de la facultad concurrente en los términos de los artículos 73 y 113, fracción II último párrafo, de la Constitución y, en consecuencia, las reformas legales de Veracruz, que habían sido emitidas de manera previa a la Ley General del SNA, violentaban las bases de coordinación y articulación.

Vale subrayar que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se trata de un gran esfuerzo del Estado mexicano para la construcción de una auténtica instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Para lograr la finalidad efectiva del combate a la corrupción es necesario que todos los órdenes de gobierno cuenten con los parámetros de coordinación. De ahí que una “salida en falso” motivó la inconstitucionalidad en los casos de Chihuahua y Veracruz, ahora hay que esperar cómo se construirán los SLA en el resto de las entidades federativas a futuro.

Nota al calce: estos asuntos fueron un primer acercamiento de la Corte a los temas anticorrupción pero no serán los últimos, ya la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas ha sido objeto de impugnación y queda pendiente de resolución el caso de Quintana Roo bajo la ponencia de la ministra Piña Hernández.

Miguel Angel Antemate Mendoza. Defensor de Derechos Humanos por la UNAM.


1 Corporación Latinobarómetro, Informe 2016, Santiago de Chile. Página 65.

2 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Diciembre de 2005; su artículo 5° dispone que Artículo 5 que cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. Asimismo se procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.

3 El Decreto 1364/2016 II P.O., publicado en el periódico oficial de la entidad de once de junio de dos mil dieciséis.

4 Decretos 880, 881, 882, 883, 887 y 892 publicados todos el Periódico Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

5 Votos de los Ministros Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek (Ponente) y Presidente Aguilar Morales.

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