Uno de los puntos medulares de cualquier democracia es que en este tipo de gobierno las decisiones se toman a través de la regla mayoría. El 50% + 1 es la regla a la cual se ajustan casi todos los procedimientos de toma de decisiones en los regímenes democráticos.

Las resoluciones judiciales, en este contexto, no son la excepción: también se deciden por mayoría de votos. Cuando un conflicto de intereses se somete a consideración de un tercero imparcial, ajeno a la controversia, los litigantes concienzudamente aceptan todas las reglas del proceso, incluyendo las reglas de decisión de los tribunales colegiados: la mayoría de los integrantes de un panel judicial habrá de dictar la resolución que dirima la controversia y subordine el interés de una de las partes al interés ajeno.

Pero, ¿qué sucede con los jueces disidentes, aquellos que votan en contra de la decisión mayoritaria que pone fin al juicio?

En ocasiones, la publicidad de la disidencia al interior de un órgano judicial puede poner en entredicho la corrección de la decisión tomada por la mayoría de los miembros de aquél. El voto disidente —particular o concurrente— puede surgir de legítimas diferencias en la interpretación jurídica o puntos de vista sobre la litis de un asunto, pero su sola existencia revela la posibilidad de que la decisión adoptada sea incorrecta –su defectibilidad.

En este sentido, por ejemplo, inconforme con la serie decisiones de la Suprema Corte que declaraban la inconstitucionalidad de diversas medidas económicas del New Deal, Franklin D. Roosevelt afirmaba que la Corte no estaba constitucionalmente obligada a invalidar diversas medidas de su política económica y, por el contrario, la mayoría de los jueces que integraban el tribunal habían votado en contra del New Deal por una cuestión de mera incompatibilidad ideológica. El discurso de Roosevelt descansaba en la opinión de la minoría de jueces que apoyaron la validez constitucional de su política económica.

Los votos disidentes imponen importantes costos a las decisiones de mayoría. No sólo incrementan la presunción de que la sentencia o resolución dictada haya sido incorrecta, sino que pueden resultar reveladores de las discapacidades e incongruencias de una sentencia aprobada por mayoría. En algunos países de Europa continental —Alemania, por ejemplo— el disenso se reserva a las deliberaciones secretas de la Corte Constitucional, a fin de evitar que las discusiones se ventilen y puedan menoscabar la legitimidad de la resolución.

Sin embargo, si lo vemos de forma distinta, el disenso judicial puede contribuir a la legitimidad de la decisión. El disenso público es una expresión de la independencia de cada juzgador, de la diversidad de sujetos y opiniones que integran un órgano aplicador del derecho, en tanto reflejo de la diversidad de personas que componen una sociedad. Además, da cuenta de la seriedad del debate, del análisis y ponderación de opciones que se suscitaron al interior del tribunal antes de la toma de una decisión mayoritaria.

disenso3La información y argumentación que un disidente aporta a la discusión judicial es valiosa desde el punto de vista epistemológico. La incorporación de este bagaje informativo y argumentativo un proceso de toma de decisiones siempre es valiosa en la medida en que aquélla resulte pertinente. Además, la expresión del desacuerdo revela la existencia de diferencias —deseables— entre los jueces que comparten la labor de impartir justicia en un órgano colegiado. Experiencias personales y antecedentes profesionales distintos, así como ideología diversa, pueden abonar a la mejor toma de decisiones judiciales. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, personas de distinta raza, origen social, orientación sexual e identidad de género, tenemos distintas formas de ver al mundo y los problemas sociales que se racionalizan a través del derecho. Cada uno de nosotros posee información distinta, la cual es importante compartir. Un par de ejemplos: la presencia de Michael Kirby, juez abiertamente homosexual, en la Suprema Corte de Australia, o de Sonia Sotomayor, mujer latina, en la Corte estadounidense, no han sido sino benéficas para los órganos que integran.

El voto particular es una figura importante para la impartición de justicia en los tribunales judiciales y, especialmente, en nuestra Suprema Corte de Justicia, órgano en el cual se deciden los litigios constitucionales de mayor envergadura y trascendencia nacional.

El disenso judicial importa; las minorías también. Lo cual exige poner mayor atención a los votos particulares y utilizarlos como herramienta de análisis de los precedentes judiciales que, por mayoría de votos, son fuentes de derecho. En nuestro país hace falta un escrutinio intenso a las sentencias de nuestros tribunales: del voto de la mayoría de los ministros, pero también de los disidentes.

Julio Manuel Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1

Leer completo

El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en el período enero-febrero 2015.

1. Derechos del debido proceso[1]

¿Afecta el derecho al debido proceso y otros derechos constitucionales, que un juez de amparo niegue a una persona información clasificada por la autoridad responsable como reservada o que requiere a las propias responsables para que sea presentada?

La Corte resolvería afirmativamente y, en ese sentido, las personas podrían interponer un recurso de queja contra la decisión del juez. Entendido en sentido contrario, se podría presentar un daño grave y trascendental, debido a que dichos documentos podrían impactar en el sentido de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo, por lo que negar el acceso al quejoso se le dejaría en estado de indefensión, no permitiéndosele acciones como la ampliación de su demanda o bien rebatir lo sentado en tales documentos. De igual forma, por lo que hace al requerimiento a las responsables, la naturaleza propia de la información, clasificada como reservada, justificaría que por un recurso de queja se analice la posibilidad de exhibir dicha información en un juicio de amparo.

2. Derecho de audiencia[2]

¿En qué momento debe darse vista al quejoso cuando el órgano colegiado advierte una causal de improcedencia diferente a la advertida por el Juzgado de Distrito? Respondería la Corte, el asunto debe quedar en lista y ahí, darle vista al quejoso, para proceder en los términos respectivos y posteriormente retomar el asunto, analizando los argumentos expuestos.

3. ¿Procede el juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal?[3]

En este caso se analizaba el tema del régimen laboral del Poder Judicial Federal, a través del la posibilidad de revisar una decisión del Consejo de la judicatura Federal, sobre un conflicto de naturaleza laboral con una de sus empleadas. El problema se planteaba en dos niveles.

Primero. La ley de amparo señala que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, por lo que se solicitaba el análisis de constitucionalidad de esta disposición.

Segundo. El análisis de constitucionalidad tenía que pasar por definir, qué lectura se debía de hacer al texto fundamental en esta materia.

derechosLa Corte aceptaría, retomando el concepto de restricción constitucional, la hipótesis de improcedencia constitucional, en ese sentido las decisiones del CJF son inatacables, cuando estén referidas al ejercicio de las facultades que le fueron conferidas –administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación- y aquellas vinculadas con los conflictos de trabajo entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, emitidas funcionando en Pleno o en Comisiones. Igualmente, abona en la interpretación a la hipótesis cuando el CFJ actúe como particular en una relación de coordinación –y no de supra-subordinación- donde igual será improcedente el juicio de amparo, por existir el procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

4. Derechos laborales y factores de producción[4]

Este asunto tiene su origen en la modificación de un contrato colectivo de trabajo –disminuyendo los derechos de los trabajadores- determinada por una Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo el argumento de que se acreditaba la necesidad de la medida, en razón de la difícil situación económica de la empresa.

Sobre ello, el Sindicato de Trabajadores solicitó que el laudo fuera declarado improcedente. La Corte declaró procedente el amparo.

El ponente en su exposición señalaría la importancia de este asunto en los siguientes términos: “El proceso de resolución que hemos seguido en este asunto responde claramente al interés de salvaguardar, primordialmente, los derechos constitucionales establecidos para los trabajadores dentro del equilibrio de los factores de la producción, pero sin desconocer que las condiciones económicas generales del país y, en particular, de una determinada industria, pueden afectar a las empresas, al grado de hacer imposible su operación y poner en riesgo lo más importante de la relación laboral que, es la fuente de trabajo.”

Ahora bien, el tema central lo pondría la Corte en definir bajo qué estándar se determinaría la necesidad de la modificación del contrato, y ello pasaba por responder lo siguientes: ¿Por qué los derechos de los trabajadores tienen que disminuirse? Y ¿por qué en esa forma determinada por la Junta de Conciliación?

Al definir la Junta la disminución de las prestaciones de los trabajadores, diría la Corte, más allá de significar que la empresa se encontraba en una situación económica apremiante –lo cual era insuficiente- debió de fundar y motivar cómo esto significaría un elemento que garantizara la subsistencia de la empresa, pero no lo hizo así.

5. Discapacidad y discriminación[5]

La legislación de Baja California, definía los Centros de Desarrollo Infantil como: “el establecimiento donde se brinda cuidado temporal, alimentación y que en su caso brinden educación inicial, a menores en edad lactante, maternal, preescolar y menores con discapacidad no dependientes, cualquiera que sea su denominación”. En ese sentido se debía analizar si la especificidad de “menores con discapacidad no dependientes” estaba creando una discriminación hacia otro tipo de discapacidad.

Diría la ministra ponente, no hay necesidad de la distinción, ni razonabilidad porque las desventajas resultan de mayor gravedad que las hipotéticas ventajas de aceptar la validez de la norma.

En los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, no se ha distinguido entre tipos de discapacidad, aceptar tal diferencia, sería contrario a los mismos y al principio pro persona reconocido en el sistema constitucional mexicano

Es importante indicar de que en los efectos de la declaratoria de invalidez, se le dio al Congreso de Baja California, hasta el siguiente periodo de sesiones para legislar sobre ello.

6. Sistema penitenciario[6]

El objetivo de este asunto, era tratar de definir y dar contenido, al principio de reinserción social establecido en la Constitución, originalmente el proyecto era un poco más ambicioso, pero conforme se fueron dando las votaciones, se fueron restringiendo lo temas analizados y resueltos, para quedar considerados aquí, los de manera más claramente definidos.

¿La participación de la víctima en la audiencia de beneficios ante el juez de ejecución es congruente con el principio de reinserción social?[7]

Es constitucional, pero la Corte no avaló el argumento propuesto por la ministra ponente, sobre la coherencia con el principio de reinserción social.

De igual manera se aprobaría que no hay ninguna vulneración, porque en delitos graves, a personas que han sido condenadas con una sanción, dada la gravedad de los mismos, la propia ley establezca que no tienen derecho a los beneficios de preliberación –tratamiento preliberacional y libertad preparatoria-[8].

La Corte declararía válido que: “La Autoridad Ejecutora podrá suprimir el libre acceso a un derecho o prerrogativa de los sentenciados en los Centros Penitenciarios cuando su ejercicio tenga fines ilícitos”[9]

Refrendando decisiones de este tipo tomadas en la Sala –no gozar de algún beneficio, por la comisión de determinados delitos-, declararía que la improcedencia de los beneficios de tratamiento preliberacional y libertad preparatoria, cuando se trata de delitos considerados como graves -lo cual se da de manera independiente de los tratamientos técnicos o de los estudios que se practiquen- es una medida constitucional, donde no se impide la reinserción social ya que cualquier otra medida puede ser aplicada.

¿Qué se deberá considerar para la ubicación de los sentenciados en los centros penitenciarios?

Diría la Corte, al no lograr la votación necesaria para declarar inconstitucional la última parte del artículo respectivo: “la mayor información posible sobre cada uno de ellos a través de datos documentales, entrevistas y observación directa de su comportamiento; información que complementará a los estudios técnicos”[10].

Medidas disciplinarias: ¿Cuál es su naturaleza? ¿Se requiere que sea el juez de ejecución de sanciones penales quien las imponga al sentenciado o es posible que lo haga la autoridad administrativa?[11]

El problema radicaba en definir si las medidas disciplinarias como amonestación, exclusión temporal de ciertas diversiones, suspensión de visitas familiares, aislamiento por no más de 30 días, resultaban al final de cuentas en una modificación de la pena, porque de ser así, debían ser tomadas por una autoridad judicial y no administrativa.

Se entenderían estas medidas como actos de molestia y no de privación, pues su contenido supondría una afectación en la esfera jurídica del sentenciado; sin embargo, dicha afectación en los derechos de éste sería temporal y preventiva, y tendría como finalidad conservar el orden y el respeto al interior del Centro en el que el sentenciado se encontrare ejecutando su pena.

Acorde con lo anterior, se definiría que tales medidas pueden ser impuestas por una autoridad administrativa, como el caso del Consejo Técnico propuesto por la ley en análisis; no obstante, reconoció que se debe respetar y satisfacer ciertos requisitos acordes con el objetivo de las medidas.

¿La incorporación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al Comité de Visita General previsto en la ley impugnada, supone una violación a la autonomía de esta Comisión?[12]

No, aquello no supone una limitación en su actuar, conserva su libertad y autonomía, ya que se considera las funciones encomendadas se encuentran dentro de las que constitucionalmente desempeña, de defensores de derechos humanos, en este caso en el régimen de reinserción social.

¿El requisito de cubrir el costo del dispositivo de monitoreo electrónico, que permite gozar del beneficio de reclusión domiciliaria, supone una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación de los sentenciados?

El proyecto propondría que es una acción afirmativa necesaria que impide privar a una persona de un beneficio legal y el establecimiento de obstáculos para el logro de los fines del principio de readaptación social, pero el argumento fue desestimado[13].

7. Acceso a la justicia. Acciones afirmativas. Núcleos ejidales[14]

En este asunto se analizaba el problema de los plazos para la interposición de una demanda de amparo en relación con los núcleos ejidales o comunales de población. El punto en análisis era que la ley de amparo anterior -aunque como diría uno de los ponentes, la hipótesis se trasladó a la ley vigente- no determinaba un plazo y con esto, diría el promotor del juicio de amparo en análisis, se podría estar generando un trato discriminatorio y violentaba las formalidades del procedimiento.

Se resolvería que esta decisión de la falta de plazo, se traducía en una acción afirmativa o positiva, que se había dado por el contexto histórico de vulnerabilidad de los ejidos, lo que se traducía en una medida proporcional.

Señalaría la Corte: “entraña una norma que establece un tratamiento diferenciado, en tanto prevé de manera excepcional y acotada para los núcleos de población, sujetos al régimen ejidal o comunal, que puedan promover el juicio de amparo en cualquier tiempo; y constituye una medida temporal de discriminación positiva, que fue creada al haberse reconocido todo un contexto de circunstancias generadoras de un estado de desigualdad material entre tales entes tutelados”.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

_______________________

[1] Contradicción de Tesis 157/2014. Sesionada el día 20 de enero de 2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Votación favorable, p. 40.

[2] Contradicción de Tesis 325/2014. Sesionada el día 22 de enero de 2015. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Votación económica unánime, p. 71.

[3] Amparo Directo en Revisión 1312/2014. Sesionado el día 27 de enero de 2015. Ponente. Min. José Fernando Franco González Salas. Engrose consultable aquí.  

[4] Amparo directo 4/2009. Sesionado el 28 de septiembre de 2009, 18 de febrero de 2010, 17, 19 y 23 de agosto de 2010 –todas las anteriores fue ponente el Min. Cossío Díaz-, el 29 de enero de 2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Mayoría de 8 votos por la concesión del Amparo. Consultable aquí.

[5] Acción de Inconstitucionalidad 86/2009. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Sesionada el 7 de noviembre de 2013; 3, 5, 9 y 10 de febrero de 2015. Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California –reformas 13 de noviembre de 2009-; CPEUM; Convención de los Derechos del Niño y Convención Americana de Derechos Humanos.

[6] Acción de Inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. 10, 12, 16, 17 y 19 de febrero de 2015. Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. CPEUM. Convención Americana de Derechos Humanos.

[7] Sesión de 19 de febrero de 2015, pág. 12. Unanimidad por el proyecto modificado.

[8] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 15. 7 votos en contra de la propuesta.

[9] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 23, 7 votos en contra de la propuesta.

[10] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 33. Se votarían dos propuestas que pretendían declarar inconstitucionalidad: Primera, sobre “y observación directa de su comportamiento”, 8 votos en contra de la propuesta. Segunda, “información que complementará a los estudios técnicos”, 6 votos en contra de la propuesta.

[11] Sesión del 19 de febrero de 2012, pág. 28. 8 votos a favor de la propuesta modificada.

[12] Sesión del 19 de febrero de 2015, pág. 46. 8 votos a favor de la propuesta modificada

[13] Sesión del 19 de febrero de 2015, pág. 65. 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, por lo que es desestimada y se declaró válido el artículo.

[14] Amparo directo en revisión 466/2011. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo,  Sesionado el día 21, 25 y 26 de noviembre de 2013 (Pon. Min. Margarita Luna Ramos); 23 de febrero de 2015.

Leer completo

En días pasados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició la discusión del expediente varios 1396/2011, que versa sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de las mujeres indígenas Me’phaa de Guerrero: Valentina Rosendo Cantú y Otra vs. México e Inés Fernández Ortega y Otros vs. México[1].

Como es sabido, en distintos eventos acontecidos durante el año 2002, ambas mujeres fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo la tortura sexual, al ser agredidas por elementos del Ejército mexicano. Tras una larga búsqueda de justicia, que incluyó enfrentar la impunidad generada por el fuero militar e incluso poner en riesgo su vida, Inés y Valentina llevaron su demanda hasta la Corte IDH, tribunal que en 2010 emitió sentencias condenatorias contra el Estado mexicano.

Después de la emisión de las sentencias, en el 2011, Inés y Valentina solicitaron a la Suprema Corte que iniciara un expediente varios, como lo había hecho en el Caso Radilla[2], para determinar qué obligaciones tenía el Poder Judicial respecto estas resoluciones internacionales. En su solicitud, argumentaron que la apertura de dicho expediente serviría para reiterar los criterios establecidos en el expediente varios 912/2010, pero además señalaron que permitiría a la Corte realizar desarrollos interpretativos vinculados con lo ordenado por la Corte IDH en sus sentencias, en temas como la tortura sexual, el valor del dicho de las víctimas de delitos sexuales, la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad, la participación del Poder Judicial en los actos de reconocimiento ordenados, entre otros tópicos.

Luego de casi cuatro años de espera y a cinco de que la Corte IDH emitiera sus fallos, el martes 21 de abril el Pleno de la Corte comenzó a discutir el asunto[3].

ines-valentinaEl inicio de la discusión generó preocupación entre los defensores de los derechos humanos, pues la discusión evidenció que la Corte no vive un buen momento. Lo cual se evidenció en tres momentos clave: al determinar el Pleno que debía realizarse un innecesario ejercicio de correspondencia normativa entre los derechos de la Constitución y los de la Convención Americana de Derechos Humanos, reiterando la lamentable posición mayoritaria sobre la superioridad jerárquica de los primeros por encima de los segundos; al evitar el Pleno analizar la compatibilidad entre la reciente reforma en materia de fuero militar y el estándar fijado por la Corte IDH en sus sentencias, perdiendo así la oportunidad de maximizar los efectos de su fallo; y, finalmente, al expresarse una y otra vez en el Pleno posiciones que van en contra de lo que en su momento ya estableció la mayoría en el expediente varios 912/2010, lanzando un mensaje de incertidumbre jurisprudencial.

El 27 de abril la discusión prosiguió con el análisis de las obligaciones que imponen las sentencias en materia de género, etnicidad, tortura sexual y combate a la impunidad. Ese día, se determinó aplazar la discusión para permitir la modificación del proyecto de sentencia.

La decisión de aplazar la discusión implica reconocer que el proyecto sometido a discusión puede ser mejorado. Esto había sido advertido por las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como por sus representantes, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que éste, en los términos presentados, no contribuyese realmente a desarrollar y difundir estándares sobre tortura sexual y juzgamiento con perspectiva de género y etnicidad.

Precisamente, esta preocupación fue compartida durante el debate por los ministros Cossío, Silva, Ortiz-Mena, Zaldívar y Sánchez Cordero. Por ejemplo, Cossío señaló que “el aspecto más novedoso y relevante de los mencionados, es el relativo a incorporar una perspectiva de género y de etnicidad en los juzgamientos, aspectos en los que el proyecto –me parece– debía de contener un desarrollo más amplio[4]”. Agregó además que: “uno de los elementos esenciales que se tiene que garantizar para incorporar una perspectiva de género al juzgamiento de casos de violencia sexual, es precisamente la manera de valorar las pruebas, incluidos los testimonios de las víctimas”.

En igual sentido, la ministra Sánchez Cordero señaló que el cumplimiento de las sentencias debería llevar a establecer, entre otros aspectos, quepara la determinación y configuración de la tortura […] cuando se encuentren involucrados agentes del Estado encargados de ejercer funciones de seguridad pública o incluso de las Fuerzas Armadas en auxilio de dicha función, los juzgadores ante los cuales se consignen esas averiguaciones correspondientes deberán aplicar un estándar de verificación bajo parámetros constitucionales y convencionales a efecto de no dejar ningún resquicio de impunidad […] Añadió que a la luz de las sentencias de la Corte IDH: “el estándar probatorio debe ser considerado distinto cuando exista esta víctima de violencia sexual”.

Por consideraciones como estas, el ministro Zaldívar llegó a concluir que: “el proyecto se queda corto para cumplir los señalamientos de estas dos sentencias [internacionales]”. En respuesta, el ministro ponente Pérez Dayán propuso incorporar al proyecto de sentencia criterios que aludieran a los temas mencionados en las críticas de algunos de sus colegas. Al culminar la sesión, fue acordado que el ministro ponente modificará el proyecto antes de que se discuta nuevamente. Con las reservas que genera lo expresado en el Pleno, aún es posible señalar que este paréntesis abre una posibilidad para que la resolución de este asunto sea un avance en el desarrollo de estándares sobre acceso a la justicia para las mujeres.

Por ejemplo, respecto de la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad, el nuevo proyecto podría considerar lo que se desprende de las sentencias de la Corte IDH respecto pautas de actuación muy concretas para los juzgadores que dirimen casos de tortura sexual, en aspectos tan específicos como la valoración de la prueba. Estas obligaciones, vale decir, no se agotan con “medidas administrativas” ni con la programación de cursos para funcionarios judiciales, ni tampoco con la reseña de las tesis ya existentes, sino que por el contrario suponen deberes sustantivos que tendrían que ser incorporados en la actuación de los órganos jurisdiccionales del país, así como implican priorizar la atracción de casos donde se diriman estos temas. Así lo tendría que señalar el proyecto modificado.

Por ello, es de suma importancia la resolución del expediente varios 1396/2011. Porque si se modifica este proyecto para maximizar sus alcances, como en su momento lo hizo la mayoría que resolvió el expediente varios 912/2010; porque si se analizan integralmente las sentencias, más allá de rastrear obligaciones únicamente en los resolutivos; porque si el cumplimiento de las resoluciones interamericanas se entiende en el marco del diálogo jurisprudencial y no sólo en el de la impartición de capacitaciones; entonces, la discusión que viene sin duda aún puede contribuir a lo que Valentina Rosendo demandó al asistir a la sesión de la Corte: que la puerta de la justicia se abra más para las mujeres indígenas. Eso es lo que está en juego ahora que será modificado este proyecto de sentencia.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

_______________________

[1] Cfr. Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215 y Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216. Ambas sentencias están disponibles aquí.

[2] Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación “Caso Rosendo Radilla Pacheco” Varios 912/2010. Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible aquí.

[3] Ver, Tlachinollan. Comunicado. Inicia la SCJN discusión sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina RosendoDisponible aquí. Ver también sobre la discusión del proyecto: “Organismos de la sociedad civil exhortan a la SCJN fijar criterios sobre género, etnicidad y tortura sexual al resolver el expediente iniciado por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo” aquí; y Aplazamiento de la discusión sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, abre la posibilidad de que la SCJN desarrolle criterios sobre tortura sexual y acceso a la justicia con perspectiva de género y etnicidad” aquí.

[4] La versión estenográfica de la sesión del pasado 27 de abril del 2015 de la SCJN, de donde se recopilan todas las subsecuentes citas de los ministros está disponible aquí.

Leer completo

Todos nuestros derechos fundamentales se encuentran acotados, limitados. No es difícil entender el porqué: su ejercicio irrestricto bien puede afectar a terceros o impedir el goce de beneficios mayores a la colectividad. Así, nuestra Constitución reconoce la libertad de expresión, pero admite que en caso de que afecte la vida privada de terceros puede perder su protección legal (artículo 6); el derecho a la propiedad es amplio, pero puede ceder ante las necesidades de la mayoría mediante una debida expropiación (artículo 27).

Por otro lado, que nuestros derechos fundamentales estén limitados no quiere decir que pueda renunciarse a ellos. Si alguna persona aceptara en su contrato una cláusula mediante la cual se obliga a no trabajar en el mismo ramo en que se desempeña su empresa al menos dos años después de concluido el vínculo laboral, dicha cláusula sería nula pues atenta contra la libertad de profesión reconocida en el artículo 5º constitucional. En estos casos, el motivo también es claro: hay valores que nuestro arreglo nacional considera superiores y cuya vigencia no puede quedar al arbitrio de las partes. Los derechos irrenunciables lo son porque constituyen la protección mínima que un Estado considera debe asegurar para salvaguardar el interés común.

Algunos de estos derechos irrenunciables dentro de nuestra Constitución corresponden (o correspondían) a cualquier trabajador. Aun cuando en su contrato renunciara a “las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra”, dicho pacto sería nulo y no obligaría a los contrayentes (artículo 123 apartado A fracción XXVII inciso g); igualmente nulas serían “todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores” (inciso h).

Nuestra Corte había hecho eco de esta norma a lo largo de los años en distintas jurisprudencias[1]. En ellas se admitía que no sólo el convenio o contrato entre los particulares podía resultar nulo de contener renuncias de derechos laborales consagrados como lo refiere la Constitución, sino que esa nulidad podía extenderse a los convenios celebrados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, el pasado 10 de abril fue publicada una contradicción de tesis[2] en donde la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia no simplemente da la espalda a todos esos criterios previos sino a la Constitución misma al considerar que, con respecto a los convenios celebrados ante las Juntas:

Los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de nulidad de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento.

adios1Técnicamente, el principal error de esta postura es equiparar un convenio celebrado ante la Junta a una determinación o ‘pronunciamiento’ efectuado por la Junta. Los convenios laborales celebrados ante dicha autoridad pueden ser fuera o dentro de juicio. Los artículos 33[3]y 987[4] de la Ley Federal del Trabajo aluden al primer caso, mientras el articulo 876 (III) lo hace al segundo, estableciendo que dicho convenio produce ‘todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo’. En esta segunda hipótesis el convenio se da dentro del contexto de un litigio en que generalmente ambas partes se encuentran asesoradas; aun así, si el convenio se equipara a un laudo podría entonces ser impugnado como pueden serlo todos los laudos. Por cuanto hace a la primera hipótesis, el convenio fuera de juicio suele ocurrir cuando patrón y empleado (éste sin asesoría legal alguna) acuden directamente a formalizar su decisión de concluir el vínculo laboral, momento en el cual las Juntas no actúan propiamente como Tribunal sino como autoridad administrativa o registradora y si bien es cierto la ley sujeta el convenio a la aprobación de la Junta a fin de verificar que “no se afecten derechos de los trabajadores”, dicha verificación no ocurre en la práctica, por lo que de darse la afectación se recurría a demandar la nulidad total o parcial del convenio. En cualquiera de ambos casos, la interpretación de la Corte es ajena a los principios de progresividad y pro persona establecidos por el artículo 1º constitucional.

Igual de preocupante que el ‘yerro’ técnico es que la interpretación refleja el hondo divorcio existente entre nuestros juzgadores del trabajo y la realidad laboral del país. La decisión asume implícitamente un piso parejo en donde los contratantes (patrón y trabajador) están en igualdad de condiciones, que la paridad es un hecho y que por ello un convenio formalizado es inatacable. Amén de su inobservancia de la norma constitucional, la Corte parece ignorar que no solo vivimos en medio de una desigualdad rampante, sino que de acuerdo al INEGI al menos una cuarta parte de nuestra economía es informal o que el outsourcing va en aumento y que un 16% de las personas contratadas lo está bajo ese régimen. Por otro lado, el extendido fenómeno de obligar a los trabajadores a firmar su renuncia o alguna otra hoja en blanco como condición para ingresar a laborar es una práctica tan común que hasta la Cámara de Diputados ha aprobado ya modificar la Ley Federal del Trabajo tratando de combatir esta malsana costumbre. Sumemos a este entorno que la tan mencionada ‘paz laboral’ no es sino un socorrido eufemismo para designar la existencia de sindicatos de protección que lejos de representar los intereses de los agremiados velan por los intereses patronales (como lo subraya Human Rights Watch en su reporte 2014) y empezaremos a tener una imagen más clara -y sombría- de nuestro panorama laboral.

Suele reclamarse al derecho su continuo rezago frente a lo que pretende regular. En este caso el reclamo parece infundado pues tanto el día a día que millones de trabajadores enfrentan como nuestra justicia laboral marchan al unísono: en los dos ámbitos impera la simulación.

Erick López Serrano. Abogado, estudiante de la maestría en Derecho y Tecnología en la Universidad de Tilburg, Holanda. Twitter: @eLoseRR

____________________

[1]Las que expresamente hoy abandona la Corte:  2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 y 2a./J. 1/2010, estas dos últimas con los rubros: “CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CAUSAS DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBEN DECLARARSE EN EL JUICIO LABORAL O EN EL DE AMPARO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE.” y “TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL OPERARIO PUEDE SOLICITAR LA NULIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO POR CONCEPTO DE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN, SI CONSIDERA QUE EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS”.

[2]94/2014: CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).

[3]‘Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores’.

[4]‘Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta Ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de aquélla. Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, cuando no afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de laudo ejecutoriado’.

Leer completo

El pasado martes 14 de abril, bajo una confusa discusión, con seis votos a favor y cinco en contra, la Suprema Corte estableció la constitucionalidad de la figura del arraigo en casos de delitos graves. Lo anterior, con base en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 11 transitorio del decreto de reforma constitucional en materia penal de junio de 2008.

Los seis votos a favor corrieron a cargo del recién llegado Eduardo Medina Mora, junto con Margarita Luna, Fernando Franco, Jorge Pardo, Alberto Pérez y Ortiz Mena, quienes durante la discusión consideraron innecesario ejercer un control de convencionalidad sobre la figura en tanto ésta se encuentra contemplada en la propia Constitución, lo cual a su entender es una restricción a dicho análisis.

Los cinco votos en contra fueron de Juan Silva Meza, José Ramón Cossío[1], Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar ejercieron un control de convencionalidad respecto de la privación de la libertad para investigar, la cual conforme a los estándares internacionales, específicamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, resulta arbitraria y violatoria de un cúmulo de derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la propia Constitución mexicana.

Son varios enfoques desde los cuales se puede analizar dicha decisión. En esta ocasión, quisiera analizar algunos de los costos de decidir a favor de la constitucionalidad del arraigo y del equívoco mensaje que la Corte envía respecto de las obligaciones internacionales de respeto y garantía del Estado mexicano en medio de la crisis de derechos e impunidad que impera en el país.

arraigoEl primer costo implica permitir que ante la incapacidad e ineptitud de las autoridades en materia de investigación y sanción, figuras claramente violatorias de derechos humanos sean elevadas a rango constitucional, lo cual como señaló el ministro Zaldívar, constituye un fraude a la Carta Magna. Resulta preocupante que ministros utilicen la supremacía de la Constitución para permitir que una figura jurídica vulnere el debido proceso legal, la libertad personal, el derecho a la circulación y que derive patrones generalizados como actos de tortura durante la detención.[2] En ese sentido, es importante aclarar que el hecho de que una figura o disposición violatoria de derechos humanos se encuentre en la Constitución no exime a los Estados de responsabilidad internacional por incumplir con sus obligaciones.[3]

Otro costo de declarar constitucional el arraigo es que dicha decisión judicial se une a distintas acciones y omisiones de los otros poderes de gobierno en materia de derechos humanos, como el rechazo de la Secretaría de Relaciones Exteriores al informe redactado por Juan Méndez, Relator de Naciones Unidas, que reconoce el patrón generalizado de tortura en el país o la evasión por parte del Ejecutivo y el Legislativo respecto de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa hace 6 meses,  los cientos de fosas encontradas en Guerrero, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya a manos del ejército, la masacre de Apatzingán de la cual son responsables policías federales, entre otros episodios de vulneraciones.

Y es que pareciera entonces, que la decisión por de seis ministros del Pleno de la  Suprema Corte, se une a esta incongruencia estatal, al ignorar las decenas de pronunciamientos por parte de organismos de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los organismos autónomos de protección nacionales como la CNDH y la CDHDF[4], los cuales han reiterado en distintos escenarios como la figura del arraigo es arbitraria, violatoria del principio de presunción de inocencia y que incumple los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para privar de la libertad a una persona. Además de demostrar con cifras y quejas que la figura es inefectiva y evidentemente violatoria de derechos humanos.[5]

El último costo que quisiera evidenciar es cómo la decisión envía un mensaje confuso al resto del Poder Judicial. Si bien la construcción del control de convencionalidad resulta de un diálogo constante entre los operadores de justicia y no de una sola decisión, el desconocimiento de estándares internacionales que la propia Corte ha declarado vinculantes, confunde al resto de jueces respecto a la implementación del artículo primero constitucional y la consolidación de jurisprudencia protectora de derechos humanos.

Finalmente, es relevante reflexionar sobre los propios organismos de protección de derechos humanos a nivel universal y regional. Los cuales si bien son parte de este diálogo jurisprudencial, debieran ser más cuidadosos respecto a los halagos y reconocimientos que en el ámbito político hacen sobre la actuación de la Suprema Corte en materia de control de convencionalidad, ya que corren el riesgo de caer en el doble discurso en el cual se encuentra inmerso el Estado mexicano.

Adriana Muro. Abogada de la Universidad Iberoamericana, con maestría en derechos humanos y democratización de la Universidad del Externado de Colombia. Socia de Elementa, Consultoría en Derechos.

___________________

[1] Vale la pena leer la posición del ministro José Ramón Cossío en cuanto a la inconstitucionalidad del arraigo.

[2] El Amicus presentado por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ante la SCJN detalla con base en estándares internacionales y cifras las violaciones a derechos humanos de las cuales han sido víctimas las personas que han sido sujetas a arraigo en el país.

[3] Específicamente en cuanto al deber de adoptar disposiciones de derecho interno conforme al artículo 2 de la CADH, el cual establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Véase Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73.

[4] Ambas Comisiones se pronunciaron sobre la decisión de la SCJN.  

[5] A modo de ejemplo véase: Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU: Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su visita a México (2002) E/CN.4/2003/8/Add.3. Comité contra la Tortura de la ONU: Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura (2007). CAT/C/MEX/CO/4.Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes: Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas. CAT/OP/MEX/R.1.; Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU: Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Quinto Examen Periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el 22 de marzo de 2010; Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, en su declaración de prensa al concluir su misión oficial a México entre el 1 y el 15 de octubre de 2010. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a México entre el 26 y el 30 de setiembre de 2011; Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Decimoséptima reunión, Ginebra, octubre 22 a noviembre 1 de 2013, Informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 25 de octubre de 2013.

 

Leer completo

justicia.lentaEl artículo 17 de la Constitución contempla el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, el cual debe ser acatado de forma pronta, completa, imparcial y gratuita. Asimismo, el cumplimiento de las sentencias de amparo que otorgan una protección constitucional a los particulares se considera una cuestión de orden público que debe ser acreditado ante el órgano jurisdiccional respectivo a partir de los elementos que obren en el expediente y de los aportados por las autoridades responsables encargadas del cumplimiento. Por su parte, los incidentes de inejecución de sentencia tienen como materia analizar y determinar el incumplimiento de una ejecutoria de amparo y la rebeldía con que actuaron las autoridades responsables en éste, con el fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución, respecto de la separación de sus puestos y su consignación.

Cuando una ejecutoria causa estado o se haya recibido el testimonio de la dictada en revisión, los órganos jurisdiccionales competentes (ya sean Juzgados de Distrito o Tribunales Unitario de Circuito si se trata de amparo indirecto, o Tribunales Colegiados de Circuito, si es de amparo directo), deberán notificarla sin demora a las autoridades responsables y a sus respectivos superiores jerárquicos inmediatos, a las cuales se les requerirá el cumplimiento dentro del plazo de tres días.[i] Ante el incumplimiento de éstas en el plazo fijado, los órganos jurisdiccionales encargados del trámite impondrán las multas procedentes y, si el Tribunal Colegiado de Circuito considera que persiste el incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia con proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables y, en su caso, de sus superiores jerárquicos.[ii]

Cuando la Suprema Corte recibe los expedientes, debe dictar, a la brevedad posible, la resolución que corresponda y, en caso de que considere que el retraso en el cumplimiento es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo señalado para hacerlo, tomará en cuenta el proyecto de destitución del Tribunal Colegiado de Circuito, procederá a separar de su cargo a los titulares de las autoridades responsables y de sus superiores jerárquicos, y a consignarlos ante el Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, así como a los titulares que, habiendo ocupado el cargo de las autoridades responsables con anterioridad, hayan incumplido la ejecutoria.[iii]

Sin embargo, existen diversos motivos por los cuales la Suprema Corte puede interrumpir el procedimiento de ejecución o devolver el asunto al órgano jurisdiccional de origen para que las autoridades responsables y sus respectivos superiores jerárquicos sean requeridos nuevamente para el cumplimiento de las sentencias de amparo, entre los que destacan:

a) Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria.[iv]

b) Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, podrá dar un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el cual podrá ampliarse a solicitud de la misma.[v]

c) Cuando exista un principio de ejecución, esto es, se demuestren los preparativos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo pero que no constituyen propiamente un cumplimiento.[vi]

d) Cuando cambien los titulares de las autoridades responsables y de sus respectivos superiores jerárquicos para que, una vez que hayan asumido su función o encargo, se les requiera el cumplimiento de la sentencia.[vii]

e) Cuando exista una autoridad sustituta para el cumplimiento, lo que implica que la autoridad que intervino en el juicio de amparo ya no tiene responsabilidad alguna y la nueva autoridad que no fue parte con el carácter de responsable y a quien compete dar cumplimiento, tampoco puede considerarse responsable del incumplimiento, por lo que se le debe requerir.[viii]

Ahora bien, de conformidad con el Informe estadístico tabulado 2014 del Consejo de la Judicatura Federal que comprende del 16 de noviembre de 2013 al 14 de noviembre de 2014, los Tribunales Colegiados de Circuito ingresaron 3,554 incidentes de inejecución y resolvieron 3,927 (debido a la existencia inicial), de la siguiente manera:

  • En 1,332 (33.9%) se declararon sin materia.
  • En 1,069 (27.2%) se ordenó reponer el procedimiento y devolver al órgano de origen.
  • En 686 (17.4%) se determinaron fundados.
  • En 363 (9.2%) se resolvieron infundados.
  • En 248 (6.3%) se desecharon.
  • En 157 (3.9%) se declararon incompetentes o improcedentes
  • En 70 (1.7%) se remitieron con dictamen a la Suprema Corte con base en el punto XVI del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • En 2 (0.05%) procedió el cumplimiento sustituto.

Asimismo, de acuerdo con el Informe anual de labores 2014 rendido por el ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2014, la Corte ingresó 753 incidentes de inejecución de sentencia y resolvió 1,062 (debido a la existencia inicial), de la siguiente forma:

  • En 955 (89.9%) se declararon sin materia.[ix]
  • En 65 (6.1%) se ordenaron devolver al órgano jurisdiccional de origen.
  • En 20 (1.9%) se declararon infundados.
  • En 12 (1.1%) causaron baja por el punto noveno del Acuerdo General 12/2009, esto es, en los casos excepcionales en los que se devuelve el expediente al Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito para que subsane alguna omisión en el procedimiento.
  • En 4 (0.4%) se ordenaron reponer del procedimiento.
  • En 3 (0.3%) se declararon fundados.
  • En 2 (0.2%) se determinaron improcedentes.
  • En 1 (0.1%) se declararon cumplidas las sentencias de amparo.

El procedimiento de cumplimiento de las sentencias de amparo, primero ante los Tribunales Colegiados de Circuito y después ante la Suprema Corte, es ineficiente pues no satisface el derecho humano de acceso a la justicia al no cumplirse de manera pronta, completa e imparcial porque los particulares primero deben aguardar a obtener la resolución del juicio de amparo y, cuando ésta les resulta favorable, tienen que esperar al trámite de ejecución de sentencia. El cual, en la mayoría de las ocasiones, es dilatado por aspectos procesales que no atañen al carácter de interés público que tienen las sentencias de amparo, como son: precisiones de forma de los efectos del cumplimiento, la justificación del retraso del cumplimiento, la existencia de un principio de ejecución, el cambio de la titularidad de las autoridades responsables y de sus superiores jerárquicos o la existencia de autoridades sustitutas del cumplimiento.

Estas circunstancias dan lugar a que los Magistrados y Ministros ordenen que los incidentes de inejecución sean declarados sin materia, devueltos al órgano jurisdiccional de origen, resueltos como infundados, dados de baja, repuestos en el procedimiento o determinados como improcedentes. Resulta preocupante que en los Tribunales Colegiados de Circuito, de 3,927 incidentes resueltos, solamente 756 fueron declarados fundados y remitidos a la Suprema Corte y que en ésta, de 1,062 asuntos resueltos, solamente en 3 se haya declarado que eran fundados y en únicamente 1 la sentencia de amparo había sido cumplida.[x]

En la práctica, la Corte actúa de forma condescendiente con las autoridades responsables al darles más tiempo del necesario para que realicen el cumplimiento, pues llega el caso en que, una vez que el proyecto de consignación se encuentra listo para sesionarse, se comunican de forma directa con las autoridades para que cumplan con la sentencia antes de que sea resuelto en la sesión respectiva. Con ello, las responsables esperan hasta el último momento para acatar la ejecutoria, lo que viola el derecho humano de acceso a la justicia. Incluso, con el fin de cumplir formalidades estadísticas de corte de fin de año, determinan desechar los incidentes de inejecución y reponer los procedimientos por cuestiones innecesarias.

El trámite de los incidentes de inejecución de sentencia ante los órganos jurisdiccionales debe ser estricto, expedito, completo e imparcial sin temor a la imposición de multas y sanciones a las autoridades. Esto para que los particulares no queden en estado de indefensión respecto del ejercicio de sus derechos cuando hayan obtenido una resolución a su favor, sin permitir dilaciones ni interrupciones irrelevantes que permitan un margen de discrecionalidad por parte de las responsables y sus respectivos superiores jerárquicos en el cumplimiento de las sentencias de amparo.

César Villanueva Esquivel. Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho UNAM.

__________________________

[i] Artículo 192 de la Ley de Amparo.

[ii] Artículo 193 de la Ley de Amparo.

[iii] Artículo 198 de la Ley de Amparo.

[iv] Idem.

[v] Idem.

[vi] Tesis de jurisprudencia P./J. 87/2010, “INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS ‘PRINCIPIO DE EJECUCIÓN’ Y ‘CUMPLIMIENTO PARCIAL’, PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, septiembre de 2010, p. 6.

[vii] Tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2007, “INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, marzo de 2007, p. 80.

Tesis aislada 1a. LXXXII/2007, “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE EL CAMBIO DE TITULAR DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE O DE QUIEN EJERZA FUNCIONES DE DIRECCIÓN SOBRE ÉSTA, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUZGADO DE ORIGEN A FIN DE QUE ASUMIDO SU ENCARGO SE LES SOLICITE EL CUMPLIMIENTO RESPECTIVO, PARA QUE A SU VEZ LO REQUIERAN A SUS INFERIORES O SUBALTERNOS VINCULADOS A ESE ACATAMIENTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, marzo de 2007, p. 261.

[viii] Tesis 2a./J. 24/98, “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO EXISTA AUTORIDAD SUSTITUTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE, EN RELACIÓN CON ELLA, REQUERIRLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO, DE LO CONTRARIO, PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. VII, abril de 1998, p. 210.

[ix] Entre las causas para declarar sin materia los incidentes de inejecución de sentencia, destacan: la acreditación del cumplimiento del núcleo esencial de la sentencia de amparo (sin que se pronuncie sobre el cumplimiento total); la advertencia de que alguna autoridad vinculada con el cumplimiento no fue requerida en el acuerdo donde se declaró que el fallo protector no había quedado cumplido (esto sucede, en ocasiones, por cambios en las competencias de las autoridades previstas en los reglamentos administrativos); la falta de notificación de las autoridades responsables de todos los efectos que deben cumplir en el requerimiento respectivo aun cuando éstos se pueden desprender de la ejecutoria de amparo; la realización de actos que entrañan un principio de ejecución; y la omisión de requerir al superior jerárquico correcto de la autoridad responsable.

[x] Del Informe Anual de labores 2014 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal no se desprenden las razones por las cuáles los incidentes de inejecución resueltos fueron declarados “sin materia”.

Leer completo

victoriaLa designación del ministro Eduardo Medina Mora nos deja una lección clara: con las actuales reglas del juego, el presidente de la República siempre –o casi siempre– gana en el nombramiento de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. El pasado proceso nos confirmó, por una parte, que el Senado tiene pocos incentivos para rechazar la primera terna de candidatos, pues siempre existe la amenaza de que el Presidente envié una segunda terna con perfiles aún más afines y, más importante aún, que realice una designación directa en caso de que ésta sea también rechazada. Por otra parte, la designación del nuevo ministro también nos muestra que, por desgracia, la construcción de un contexto de exigencia en la opinión pública no es condición suficiente para garantizar el procedimiento de designación que nos merecemos.

En las siguientes líneas reflexiono sobre la forma en que reglas, actores y preferencias se conjugaron en la designación del ahora ministro Medina Mora. Me interesa argumentar, principalmente, dos aspectos. Primero, un presidente generalmente podrá designar al candidato de su preferencia siempre y cuando (a) cuente con al menos de un tercio de votos en el Senado y (b) esté dispuesto a asumir los costos derivados de un nombramiento polémico ante la opinión pública. Segundo, en las futuras designaciones muy probablemente seguirán prevaleciendo los perfiles cercanos al titular del Ejecutivo a menos de que modifiquemos las reglas que regulan el nombramiento de ministros.

El procedimiento vigente: una cancha dispareja.

Una lectura apresurada del artículo 96 de la Constitución podría dejar la impresión de que el Senado tiene la última palabra en la designación de ministros: el presidente propone una terna de candidatos y los legisladores designan mediante una mayoría calificada. Sucede, sin embargo, que dicho artículo constitucional en realidad sólo le da a los senadores algunas oportunidades de tener la última palabra. Frente a una primera terna, en el Senado pueden ocurrir tres cosas: (1) que transcurran 30 días sin que el Senado se pronuncie, (2) que dentro de esos 30 días los legisladores voten las propuestas del presidente, pero ninguno de los candidatos obtenga el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, o (3) que dentro de ese plazo un candidato sí obtenga la mayoría calificada. Sólo en este tercer escenario el Senado efectivamente tiene la última palabra, pues en el primero el presidente designa directamente al candidato de su preferencia, mientras que en el segundo se requiere que el titular del Ejecutivo presente una nueva terna.

Aunque en esta segunda terna se presentan las mismas tres alternativas, las consecuencias son distintas. El Senado sólo puede nombrar al candidato de su preferencia si dos terceras partes de los miembros presentes votan por un candidato. En los otros dos escenarios –es decir, si no se produce la votación en el plazo de 30 días o si habiendo votación ninguno de los candidatos obtiene la mayoría calificada– el presidente de la República nombra directamente al nuevo integrante de la Corte.

En pocas palabras, con las reglas del juego vigentes, es el presidente –y no el Senado– quien tiene un papel protagónico en la designación de ministros. El titular del Ejecutivo no sólo selecciona a todos los posibles candidatos, sino que también puede nombrar directamente al candidato a su preferencia en múltiples escenarios. El Senado, en cambio, tiene poco tiempo para consensar una mayoría calificada y sólo se puede dar el “lujo” de rechazar una de las ternas. Ante la demora o falta de consensos, el presidente nombra.

El juego entre poderes: al presidente le basta con un tercio del Senado

La designación de Medina Mora parece confirmar que, cuando el partido del presidente cuenta con al menos un tercio los votos en el Senado, lo más conveniente para el titular del Ejecutivo es enviar “ternas de uno”. De esta forma se minimizan riesgos y se garantiza el nombramiento de un candidato afín. Veamos. Si en la primera terna el presidente incluye a su candidato preferido –junto con otros dos “de relleno”– y su partido lo apoya, entonces los senadores bajo ninguna hipótesis podrá evitar su designación: (1) si tardan más de 30 días en votar las propuestas, el titular del Ejecutivo nombra al candidato de su preferencia; (2) si votan con el partido del presidente y se alcanza la mayoría calificada, se designa al candidato del Ejecutivo; y (3) si no votan con el partido del presidente y no se alcanzan las dos terceras partes, la terna se rechaza. En dos de tres, el presidente gana.

Peor aún, si la primera terna se rechaza, las cosas se complican aún más para la oposición. En la segunda terna, el presidente puede volver a incluir al candidato de su preferencia y sustituir a uno o dos de los candidatos de relleno. Si el Presidente cuenta con el apoyo de su partido, entonces, la oposición siempre pierde. El candidato del titular del Ejecutivo termina siendo designado en todos los casos: (1) si el Senado tarda más de 30 días, se da una designación directa, (2) si suficientes senadores de oposición votan con el partido del presidente, el candidato del Ejecutivo es designado y (3) si la oposición no apoya la candidatura y no se alcanzan las dos terceras partes, también se llega a la designación directa por parte del presidente. Dicho en pocas palabras, en la segunda terna, el presidente gana tres de tres.

Creo que la designación de Medina Mora corrobora lo anterior. Desde un inicio, fue claro que el presidente Peña Nieto envió una “terna de uno”. En el papel, el contraste entre los candidatos era evidente: Medina Mora, un funcionario que había mantenido cargos de primera línea durante tres administraciones, se enfrentaba a dos candidatos con una larga pero poco conocida carrera judicial: Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco. Más aún, la distancia entre los candidatos quedó patente en sus comparecencias ante el Senado y, sobre todo, la tarde en que Medina Mora se volvió ministro de la SCJN. Por una parte, Fuentes Barrera mostró una vocación por adoptar el discurso de los nuevos tiempos, pero tuvo pocas intervenciones memorables y dejó la impresión de ser un juzgador relativamente ortodoxo. Por la otra, el caso de Hernández Orozco seguramente será recordado como un ejemplo de las actuaciones que los candidatos deben evitar en un proceso de designación.[1] Frente al pobre desempeño de sus contrincantes, las intervenciones de Medina Mora fueron, por mucho, las mejores.

Asimismo, creo que las votaciones en el Senado siguieron la estrategia que he delineado arriba. Desde el principio quedó claro que el PRI apoyaría la propuesta del presidente. En declaraciones públicas, el senador Omar Fayad fue claro al señalar que el PRI es “un partido que apoya a su Presidente” y que los senadores priistas no tienen “una sana distancia” con el titular del Ejecutivo. Era claro, pues, que el presidente contaba con el apoyo de su partido.

Por otra parte, creo que la mayoría de los senadores del PAN apoyaron la designación por dos razones. Sin duda, algunos senadores habrán votado por Medina Mora por su cercanía o posiciones ideológicas. Pienso, por ejemplo, en el senador Daniel Ávila Ruiz, quien el día de la designación de Medina Mora señaló que la votación era un tema de “principios y valores”, especialmente del “respeto a la vida”. Sin embargo, considero que también pesaron –y mucho– los incentivos perversos que genera el sistema de designaciones. Así lo dio a entender el senador Roberto Gil Zuarth, quien con puntualidad señaló las deficiencias de un procedimiento en el que “la falta de tiempo y acuerdos siempre favorecen al Ejecutivo”.

Los senadores del PAN sabían que, ante el eventual rechazo de la primera propuesta, el presidente podía incluir de nueva cuenta a Medina Mora en la segunda terna. O, peor aún, en la nueva terna Peña Nieto podía enviar a un candidato todavía más afín a su persona pero más lejano a las preferencias ideológicas del PAN. Un día antes de la elección del nuevo ministro, Ciro Gómez Leyva vaticinaba, con su habitual retórica, apuntó:

“otro triunfo de la eficacia política, con un PAN que no está muy animado con la idea de una segunda terna que dejaría al Presidente cerca de la eventualidad de nombrar directamente a uno de los suyos. Porque entre Medina Mora o un priísta tipo Alfredo Castillo, prefieren a alguien que, a fin de cuentas, les cae bien.”

Para debiese seguir: transparencia, costo político y, sobre todo, un nuevo procedimiento.

Es cierto que, de cara a futuras designaciones, hay mucho que hacer tanto en el Senado como en la sociedad civil. Si bien la Comisión de Justicia estableció algunas condiciones de transparencia y apertura, las intervenciones de los candidatos mostraron que un día no es suficiente para desahogar las comparecencias de tres candidatos; que el formato de preguntas y respuestas hace imposible un verdadero examen del perfil de los integrantes de la terna; así como que las preguntas de los senadores no siempre fueron adecuadas. En futuros procesos, los senadores bien podrían aprobar un procedimiento más abierto y más transparente: con comparecencias que se extiendan por varios días; con un formato que permita diversas réplicas entre senadores y candidatos; y quizá con la intervención no sólo de legisladores, sino también de especialistas.

Y, sin duda, en futuros procesos de designación se podría intentar repetir –y superar– la extraordinaria participación de la sociedad civil. Creo que no es exagerado decir que, pese a todo pronóstico, en un par de semanas fue posible construir un auténtico contexto de exigencia. Innumerables figuras públicas dieron seguimiento y analizaron la propuesta presidencial; la prensa dio una cobertura permanente a las distintas etapas del proceso; y las más variadas organizaciones sociales participaron tanto en el debate público y la protesta, como en los espacios formales que abrió el Senado. Las más de 50,000 firmas de la petición iniciada por los académicos Catalina Pérez Correa, Alejando Madrazo y Jorge Javier Romero fue el ejemplo más notable de una sociedad civil que, por primera vez, dio la importancia que amerita el proceso de designación de jueces constitucionales.

Pero mucho me temo que no bastará con mejorar las reglas de las comparecencias en el Senado o con fomentar la participación activa desde la sociedad civil. La designación del ministro Medina Mora es una muestra de los alcances, pero también de los límites del activismo. Las reglas actuales generan un desequilibrio tan pronunciado e imponen tiempos tan limitados que resulta casi imposible que la sociedad civil altere los incentivos del presidente y el Senado. Hemos visto, pues, lo complicado que es elevar el costo político a los poderes que intervienen en la designación.

Por eso creo que un cambio de reglas es casi indispensable. Y si bien podríamos discutir largo y tendido sobre el procedimiento ideal para nombrar a nuestros jueces constitucionales, aquí hago una propuesta modesta: pasemos del sistema de ternas a la nominación de candidatos únicos y, sobre todo, eliminemos por completo las hipótesis que permiten la designación directa por parte del Presidente.[2] Se trata, en síntesis, de contar con un procedimiento que al menos nos dé la posibilidad de darnos el tribunal constitucional que nos merecemos.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

_____________________

[1] En la comparecencia ante el Senado, Hernández Orozco resbaló en más de una ocasión, sosteniendo posturas contradictorias en temas como el aborto y el control jurisdiccional de las reformas constitucionales. Días después, realizó declaraciones a El Universal para denunciar que el Presidente Peña Nieto veía a la SCJN como un “refugio de cuates”, sólo para retractarse a una cuantas horas después en una entrevista radiofónica concedida a Carmen Aristegui. Finalmente, el día en que el Senado votó la designación de Medina Mora, Hernández Orozco estuvo, según la puntual crónica de Juan I. Zavala, “al borde de las lágrimas durante su largo relato autobiográfico contado en tercera persona, que oscil[ó] entre el sentimentalismo, la cursilería y la pretensión de elocuencia.”

[2] En concreto, bastaría con que el artículo 96 constitucional estableciera algo como lo siguiente: “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República enviará al Senado la propuesta de un candidato que cumpla con todos los requisitos constitucionales y legales. Previa comparecencia de la persona propuesta, el Senado podrá realizar la designación mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. En caso de que la persona propuesta no alcance dicha votación, el Presiente propondrá a otro candidato.”

Leer completo

Recientemente ha sido publicado el engrose de la contradicción de tesis 299/2013 (CT-299) resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Vale recordar que el tema central de esta contradicción era valorar la posibilidad de que los jueces inferiores no aplicaran, en un caso concreto, la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, en términos de la Ley de Amparo, por considerarla inconstitucional o inconvencional.

Hay que tener presente también que entorno a las sesiones públicas ordinarias del Pleno del mes de octubre del año pasado, en el que se decidió la CT-299, en este espacio, El Juego de la Suprema Corte, se presentó un debate iniciado por Juan Luis Hernández Macías (aquí), el cual fue atendido por Geraldina González de la Vega (aquí y aquí) y por mí (aquí). En ese peloteo, González de la Vega defendió la solución adoptada por la mayoría de ministros: la jurisprudencia obligatoria de la Corte no puede ser inaplicada por los jueces inferiores. En esta oportunidad, con sentencia en mano, pretendo mencionar las razones por las que reafirmo mi postura de admitir la posibilidad de inaplicación.

Primero, a partir de lectura de la sentencia ésta resulta insatisfactoria. Se podría esperar una argumentación desarrollada y suficiente que diera razones sustanciales para sostener la imposibilidad de inaplicación de la jurisprudencia obligatoria. En cambio, el sustento ofrecido por la Corte gira en torno a un argumento circular que señala únicamente dos motivos, y que se reducen a lo siguiente: no es posible inaplicar porque 1) la jurisprudencia es obligatoria, de acuerdo a la Ley de Amparo y 2) ello es así porque de otra forma no habría seguridad jurídica ni certeza sobre qué decisión esperar de un juez inferior.

Segundo, no solamente se trata de insuficiencia de razones, sino del tipo de razones ofrecidas: la primera es un argumento legalista (que suena algo así como: “porque la ley lo dice”), mientras que la segunda se disfraza de un derecho fundamental (el de la seguridad jurídica) pero que se utiliza para vaciar de contenido el mandato constitucional sustancial, dirigido al juzgador que le ordena aplicar la norma (el significado de la disposición normativa) que más favorezca a las personas y a sus derechos.

Es decir, utilizando básicamente la Ley de Amparo, y con el objetivo de no hacer nugatorio un sistema constitucional de jurisprudencia obligatoria, la Corte hace nugatorio, en este contexto, el principio pro persona. Con ello, sin embargo, contradice lo resuelto por ella misma anteriormente en la contradicción de tesis 293/2011 (CT-293), donde admitió la posibilidad de inaplicar criterios jurídicos nacionales, siendo una razón fundamental para ello este principio. En palabras de la Corte: «En todo caso, lo importante será que la inaplicación de un criterio jurisprudencial, nacional o interamericano, se justifique a la aplicación de otro que resulte más favorecedor a la persona”. [i] [cursivas del original].

En sí, las razones de la Suprema Corte tienen un tufo autoritario, basadas no en el qué de la decisión sino en el quién. No en la sustancia de la razón, sino en la forma en que es presentada –de manera obligatoria-. La Corte es consciente (al menos eso parece) de que hay criterios jurisprudenciales por ella sostenidos que podrían no ajustarse a los derechos constitucionalizados, pero, de nuevo, se preocupa más por el quién hará algo al respecto: que sean los jueces quienes pregunten a la Corte para que sea ella misma quien decida.

Podría decirse –como se ha dicho- que esto último es algo propio de la configuración de nuestro sistema de control constitucional, el cual se ha fundado en la fuerza obligatoria de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte para todos los demás juzgadores, de quienes se espera una observancia irrestricta, y que todo ello en su conjunto se traduce en una pretensión de unidad y coherencia del sistema constitucional en su conjunto.

Sin embargo, recurrir a un argumento de la “naturaleza de un sistema” es insuficiente cuando nos encontramos frente a un escenario en el que no sólo el sistema de control, sino el ordenamiento constitucional en su totalidad, ha modificado su base de legitimidad: ya no se encuentra ésta en razones autoritativas, que atienden a la forma de producción de los mandatos jurídicos, sino que ahora se ha trasladado a la esfera de la sustancia. Esto es, a que tales mandatos (como lo son las jurisprudencias) sean conformes y coherentes con los derechos fundamentales protegidos por el orden constitucional.

razonIgualmente, el argumento de la certeza y seguridad jurídicas deviene insuficiente y contradictorio cuando se acepta el ejercicio del control de legitimidad de las leyes. ¿Cuál es la certeza que tendremos en la práctica jurídica si los jueces pueden inaplicar los criterios de la Corte? Esta pregunta puede fácilmente modificarse por otra: ¿cuál es la certeza que tendremos si los jueces pueden inaplicar las normas del legislador? Para responder a la primera tendremos que responder a la segunda. O, ¿será acaso que, simplemente, desconfiamos de nuestros jueces ordinarios? No dudo que muchos tengamos razones para hacerlo, pero si eso es motivo suficiente para que no puedan inaplicar la jurisprudencia, entonces, tampoco debemos confiarles la facultad[ii] de inaplicar las leyes. De nuevo, la única forma de ser congruentes con esta línea argumentativa es si se niega a los jueces el control de constitucionalidad de las normas.

Es más, admitir el control judicial de las leyes en un sistema de derecho positivo, como el nuestro, conduce a la posibilidad regulada de un control de las interpretaciones que se hacen de esas leyes. Esto nace de distinguir netamente que el derecho positivo es tanto el signo como el significado, tanto el «derecho vigente» (positivo, objetivo o empíricamente existente) como el «derecho viviente» (interpretado, argumentado o aplicado)[iii]. Esta distinción ha sido incluso advertida por la Corte en la CT-293, donde explicó que una cosa es la «disposición normativa» y otra es la «norma», la primera «el texto de un determinado ordenamiento», mientras que la segunda es el «significado que se le atribuye a ese texto»[iv].

En consonancia con lo anterior, en realidad son los significados más que los signos los que pueden contrariar los derechos constitucionales. De hecho, esa es la idea que inspira a una herramienta constitucional como lo es la interpretación conforme: a través de ella, lo que se busca es compatibilizar los significados (la norma) de una disposición, sin tener que cambiar los signos (el enunciado normativo). Por ello, la razón fundamental del control judicial está en regular las normas derivadas de las interpretaciones que se hacen de las disposiciones o enunciados normativos. Así, más que sobre las disposiciones legislativas, el control de constitucionalidad se ejerce sobre los significados a ellas atribuidas, es decir, sobre sus interpretaciones.

Finalmente, la contrapropuesta: tomarse en serio el principio pro persona y la sustancia del Estado constitucional de derecho, que son los derechos fundamentales, abre las posibilidades al diálogo jurisprudencial y a la pluralidad de argumentos y perspectivas. ¿Cómo evitar que eso no se convierta en arbitrariedad? A través de garantías y de reglas, cuya configuración tendría que explorarse detenidamente.

Sin embargo, se puede comenzar por lo siguiente: la primera de las garantías tendría que ser la exigencia al juzgador de argumentar de manera razonable y suficiente su decisión de inaplicar un criterio jurisprudencial por considerarlo contrario a los principios constitucionales o a los derechos convencionales. La segunda de ellas, como expone el ministro José Ramón Cossío en su voto particular de la CT-299, tendría que ser una vía de revisión de la decisión de inaplicación, en la que se valoraran los razonamientos de la misma hechos por los jueces inferiores.

Es de esta manera, que la discusión se abre, puesto que tanto los jueces supremos como los ordinarios tienen voz y aportan argumentaciones distintas, siempre en aras de una mejor protección de los derechos de las personas. Sólo de esta manera el debate no está terminado desde el principio, porque así no solamente se trata de quién tiene la última palabra, sino de cuál es la solución que asegura de mejor manera la finalidad del Estado: la tutela de los derechos fundamentales.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

_____________________

[i] Resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de septiembre de 2014. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Pág. 59.

[ii] Aunque más que facultad, los jueces ordinarios tienen la obligación de verificar la conformidad de las normas que están llamados a aplicar con los principios constitucionales. Véase el expediente varios 912/2010 resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de julio de 2011. Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministro encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. §§31-ss.

[iii] Véase: Ferrajoli, L. (2014). La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político. Trad. P. Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta. Págs. 126-128.

[iv] CT-293/2011, supra nota 1; pág. 57.

Leer completo

Contar la historia de Alfonso Martín del Campo Dodd no sólo implica hablar de 23 años que le fueron robados a un hombre por el sistema de procuración de justicia de nuestro país. Su historia y su proceso, desde que tuvo contacto con las autoridades mexicanas, nos proporciona un testimonio paradigmático sobre los riesgos que corren los ciudadanos diariamente, al entrar en contacto con las instituciones encargadas de investigar los delitos en México. En este sentido, el doloroso caso Martín del Campo -quien publicó para este blog el testimonio de su caso- permite visibilizar lo que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Ernesto Méndez, denominó hace unas semanas -al presentar su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza- como una práctica generalizada, que se usa como castigo y como medio de investigación por las autoridades mexicanas.[1]

La persistencia sistematizada de la tortura como herramienta para resolver y dar carpetazo a las numerosas investigaciones penales que se llevan a cabo diariamente, alrededor de toda la República, invitan a realizar un estudio detenido de este caso. En este sentido, el caso de Alfonso nos ofrece una radiografía de la situación de los derechos humanos en México, particularmente, en materia de tortura, en un momento turbio y de crisis, como el que atraviesa nuestro país.

tortura1El asunto es complejo, pues el expediente de investigación está plagado de inconsistencias que confunden fácilmente la razón por la que la única prueba que pudo ser utilizada para responsabilizar a Alfonso fue una declaración firmada por él, en la que confiesa la comisión de los hechos. Asimismo, un proceso de 23 años de duración implica la intervención de diferentes instancias judiciales, que han acumulado más de 10 tomos en el expediente. Por ello, emitir una opinión implica un acto de gran responsabilidad, sobre todo, cuando para conocer del caso a profundidad, se requiere un serio y profundo análisis de las pruebas.[2] Aunado a lo anterior, el caso se debe examinar, tomando en cuenta que durante la investigación que realizaron las autoridades ministeriales, gran parte de las evidencias que se habían acumulado, fueron incineradas, otras manipuladas y otras más, fundamentales para la investigación, no fueron tomadas en cuenta para el esclarecimiento de los hechos.[3]

En 1992, Alfonso Martín del Campo Dodd, entonces estudiante universitario y de apenas 19 años de edad, fue acusado y sentenciado a 50 años de prisión por la comisión del delito de homicidio perpetrado en contra de su hermana y su cuñado. Alfonso fue torturado física y psicológicamente por agentes ministeriales durante varias horas -mediante golpes e insultos, entre otras formas de humillación- hasta arrancarle la confesión por la comisión del delito mencionado. La declaración fue firmada en circunstancias que violan los derechos humanos que tiene toda persona detenida durante un proceso de investigación penal. Es importante resaltar, además, que Alfonso fue condenado a 50 anos de cárcel, sin haber conocido, ni contado con el acompañamiento y asesoramiento de un abogado defensor.[4]

Dos años más tarde, los actos de tortura fueron comprobados cuando uno de los policías judiciales fue sancionado e inhabilitado, después de confesar al haber golpeado y asfixiado a Alfonso. Asimismo, en el 2002, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal determinó que, de conformidad con el Protocolo de Estambul, Alfonso había sido víctima de tortura y de graves violaciones a sus derechos durante el proceso penal.[5] A pesar de lo anterior, la acusación y la sentencia se mantuvieron y, como resultado, Alfonso permaneció privado de su libertad hasta ahora, acusado de un delito en el que no existe prueba alguna que lo responsabilice.

Durante todo este tiempo, Alfonso luchó incansablemente por su libertad y por el reconocimiento de su inocencia. Desde entonces han sido muchos los medios de defensa que se iniciaron, buscando una y otra vez, que la voz de Alfonso se hiciera escuchar, reclamando la tortura de la cual fue víctima. Se promovieron apelaciones y amparos. Además, diversos organismos internacionales confirmaron las violaciones y la tortura a las que fue sometido Alfonso, entre ellos se encuentra el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debe decirse, que este fue el primer caso que México enfrentó en el sistema interamericano, concluyendo con un informe que recomienda su liberación.

El pasado 18 de marzo a las 22:30 horas Alfonso abandonó la prisión, como resultado de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el amparo en revisión 631/2013; la historia de este último procedimiento se remonta al 2010. Quienes participamos en la defensa, pasamos los últimos cinco años insistiendo, entre otras cosas, que la serie de pruebas emitidas por órganos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos eran suficientes para acreditar la tortura y, por lo tanto, invalidar la sentencia. Por fin esta voz fue escuchada.

Es cierto que la decisión de la Corte no expresa, de manera explícita, que Alfonso “es inocente”. Sin embargo, esto es sólo un juego de palabras y, por consiguiente, no debemos dejar de exigir que cualquier persona que haya sido encarcelada, como resultado de una confesión obtenida bajo tortura, deba ser liberada de manera inmediata. De no ser así, permitimos que nuestro sistema de justicia continúe replicando la violencia, el abuso, la discrecionalidad y la ilegalidad que lo han llevado a tener resultados de un casi 99% de impunidad. De castigar y denunciar la libertad de Alfonso, alimentaríamos un sistema en el que los que se encuentran pagando largas y desproporcionales sentencias, son aquellos que no cuentan con los recursos para defenderse, en igualdad de armas, ante un aparato que obedece a estructuras de poder y arbitrariedad. Justificaríamos, de igual forma, a aquellas instituciones que predican la presunción de inocencia, pero que, en realidad, operan estricta y obedientemente bajo la presunción de culpabilidad. Bajo este esquema institucional, la carga de la prueba se sitúa como responsabilidad de los ciudadanos y de no tener éxito en demostrar nuestra inocencia, arriesgamos pasar 23 años de nuestras vidas en una cárcel, con la posibilidad de ser sometidos a golpes para firmar un documento en el que entregamos nuestra libertad al turbio sistema penitenciario.

Con esto afirmamos que Alfonso no es más culpable, que lo que pudiéramos ser cualquiera de nosotros por la comisión de los delitos que le fueron imputados. El principio de presunción de inocencia establece que somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario y, en este caso, como resultado de la decisión de la Corte, no se ha demostrado la culpabilidad de nadie. Además, quienes sostienen que se ha liberado a un criminal olvidan o desconocen –quizás porque no estudiaron el caso- que los propios juzgadores del Distrito Federal[6] que confirmaron la sentencia en 1993, reconocieron, textualmente, que la declaración auto inculpatoria de Alfonso era el único indicio de prueba relevante existente.

Así, en el contexto de violencia y corrupción que se vive en México, todos deberíamos celebrar la resolución de la Corte que, en el fondo, cumplió con la esencia de sus funciones al representar una garantía que busca proteger nuestra libertad. Muchas personas más se encuentran en la misma situación que Alfonso y, sin duda alguna, ninguno de nosotros quisiera ser el siguiente. Por ello, la sentencia de nuestro máximo tribunal es un avance en el respeto de los derechos humanos en México. Recordemos que una de las garantías mínimas en torno a la seguridad de las personas que viven en un Estado de Derecho, es la existencia de instituciones de persecución de delitos y de impartición de justicia capaces y eficientes, que actúen en un marco de protección a los derechos humanos.

En este sentido, es de gran relevancia anotar que las inconsistencias en el proceso también han violentado los derechos de las víctimas sobrevivientes: las tres hijas del matrimonio, que al momento en que ocurrieron los hechos, tenían dos, cuatro y seis años de edad. A ellas, el Estado les ha asegurado que la persona responsable del asesinato de sus padres es su tío; ello, nuevamente, sin contar con pruebas plenas que confirmen esta imputación y que permitan alcanzar la verdad detrás de este caso y, como resultado, un verdadero ejercicio de justicia.

Finalmente, los límites y candados que establecen los derechos humanos al actuar de las instituciones del Estado, implican que las autoridades deban proteger el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas, imputados y de la ciudadanía. Esto es, el saber con certeza y más allá de cualquier duda razonable, quién y cómo se cometió el delito e imponer la sanción correspondiente.

Jimena Suarez Ibarrola. Maestra en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Es especialista en derechos humanos y, actualmente, labora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Alex Alí Méndez Díaz. Licenciado en Derecho, Maestrante en Derecho por la UNAM, especialista en derechos humanos y amparo, actualmente es el abogado de Alfonso Martín del Campo Dood.

Marisol Escudero Martínez. Abogada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y especialista en derechos humanos.

______________________

[1] El informe presentado el pasado 9 de marzo de 2015, fue elaborado tras una visita a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014 y se puede consultar aquí.

[2] El engrose de la sentencia aun no está disponible; sin embargo, para un resumen completo del caso se recomienda consultar la resolución de la facultad de atracción 198/2013 mediante la cual por unanimidad de cinco votos, a petición del Ministro Arturo   Zaldivar Lelo de Larrea, la Primera Sala se avoca al conocimiento y resolución del caso. Este documento puede consultarse aquí.

[3] Durante las investigaciones, se encontró cabello humano en la habitación donde fueron asesinados la hermana y el cuñado de Alfonso. Las autoridades declararon que no pertenia a las victimas o al imputado, es decir, a Alfonso. Sin embargo, esta prueba no fue utilizada por las instancias judiciales para el estudio del caso.

[4] El defensor de oficio que le fue asignado a Martin del Campo era ingeniero en sistemas y no un abogado.

[5] CDHDF, recomendación número 13/2002.

[6]Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Leer completo

El pasado 15 de marzo se conmemoró el Día Internacional de los Derechos del Consumidor y en esta ocasión México tiene un gran motivo para celebrar, gracias a la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte del amparo directo en revisión respecto de una acción de grupo promovida por PROFECO en febrero de 2012 contra publicidad engañosa de los tenis “Easy Tone” de Reebok (cuya propietaria de la marca es Adidas, pero para efectos de este análisis nos referiremos a la marca de la publicidad sancionada). Como veremos, esta resolución hace eficaz y expande el derecho básico a la información de los consumidores, fortalece la función de la Profeco, amplía los mecanismos de cooperación internacional, contribuye a la competencia leal y a la autorregulación, y por supuesto genera un mayor protagonismo de las instancias judiciales para robustecer la tutela de derechos de los consumidores. Revisemos cada aspecto a detalle.

easytoneEn primer lugar, partamos del valor tan relevante que tiene la información en las relaciones entre empresa y consumidor. Desde hace varias décadas se estudian y analizan las imprecisiones informativas por parte de la primera y se ha reconocido que el mercado per se no ofrece los incentivos necesarios para que los agentes industriales aporten información veraz y comprobable, ni a evitar falsificaciones o manipulaciones de la misma. Al respecto existen dos casos emblemáticos: el elíxir sulfanilamida (1937) y la talidomida (1958), en ambos casos la inadecuada o falsa información resultó en pérdidas humanas o malformaciones genéticas de quienes lo consumieron. Estos casos demostraron que son los consumidores, por ser la parte más débil en las relaciones de consumo, quienes incurren en pérdidas patrimoniales o daños a la salud por información inexacta y, por tanto, estamos frente al caso de una externalidad que debe ser regulada. En esta lógica fue que John F. Kennedy en su famoso discurso de los derechos de los consumidores (1962) impulsó el derecho a la información de éstos. Posteriormente, en 1985, la ONU mediante la emisión de unas directrices sobre los derechos básicos de los consumidores, reconoce también la importancia del derecho a la información. Con estas bases, se ha avanzado mucho con el tema del etiquetado, que estandariza la información comercial e industrial con la cual los consumidores pueden tomar decisiones con mayor certidumbre y conocimiento, así como las reglas bajo las cuales se definen las reglas en materia de publicidad que deben ser cumplidas por las empresas.

Como se ha mencionado en otras ocasiones, “no podemos olvidar que entre los bienes y servicios que se comercializan cada vez de una manera más amplia y extensa, las diferencias en precio y calidad se han reducido. De ahí que cobre gran relevancia la publicidad, pues entre productos semejantes se busca atraer a los consumidores mediante estrategias de mercadotecnia en las que se resaltan ciertas virtudes y sobre las que en muchas ocasiones el consumidor se basa para tomar una decisión”. No cabe duda que ante la diversidad y complejidad de la comercialización y de la publicidad, la información es el derecho fundamental de los consumidores que amerita una protección estratégica, pues de su adecuada atención se podrán prevenir riesgos y abusos, así como ampliar la protección en otros derechos básicos de los consumidores.

En este sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor reconoce también como uno de los principios básicos de las relaciones de consumo el derecho a la información adecuada, a la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, y determina que “la información o publicidad relativa a bienes y servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas”. Y la Ley agrega: “Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información… que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta”.

En este marco, la Profeco revisó en 2011 la publicidad de los tenis Reebok Easytone, que se difundió en televisión por cable y afirmaba “tonificar piernas y glúteos con cada paso”, “más que las zapatillas comunes”, por contener “cámaras de aire que tonifican al crear microestabilidad” y remitía a los consumidores a conocer mayor información en su página Web. En dicho medio profundizaban afirmaciones, en el sentido de que con el uso de los tenis Easytone se tonificaban en un 28% más los glúteos y 11% más las pantorrillas y los tendones. Al respecto, la Profeco solicitó que se presentaran las pruebas que demostrasen que dichas afirmaciones eran veraces y comprobables, lo cual no acreditó fehacientemente la empresa. En este contexto, la Profeco procedió a multar esta publicidad por engañosa, sancionando al proveedor con un millón de pesos.

Estas acciones para sancionar la publicidad engañosa de los tenis Reebok Easytone también fueron emprendidas en otros países donde se usaron las mismas afirmaciones señaladas anteriormente. La Comisión Federal de Comercio de EUA (FTC, por sus siglas en inglés) emprendió una investigación para que la empresa probara científicamente sus afirmaciones, lo cual no pudo demostrar y dio pauta para promover una acción colectiva. A partir de estos elementos es que ambas partes llegaron a un acuerdo para que Reebok pagará 25 millones de dólares en reembolsos a los consumidores que hubieran comprado este producto.

De esta manera, la Profeco buscó dar un paso adicional al de la multa administrativa descrita e integró una acción de grupo (hoy denominadas acciones colectivas) para que la empresa respondiera directamente por el daño realizado a aquellos consumidores que compraron estos tenis a partir de la publicidad engañosa. La demanda presentada por la Profeco no sólo integraba elementos del procedimiento administrativo señalado, sino además elementos del proceso realizado contra Reebok en EUA.

Con estos antecedentes, en el proceso de la acción de grupo una de las controversias clave fue el valor probatorio respecto de la publicidad del producto en comento. En primera instancia, el juez de distrito consideró que la Profeco no aportó material probatorio sobre la existencia de publicidad engañosa y, por tanto, no se acreditaban los elementos de la acción. Esta resolución fue posteriormente confirmada el pasado 21 de noviembre de 2014 por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa, ante lo cual se amparó la Profeco.

De esta forma, el pasado 12 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz el amparo directo en revisión mediante el cual se revoca la sentencia impugnada, pues “cuando se trata de la afectación de derechos de los consumidores al aducir que la publicidad o información difundida por el proveedor es engañosa, es el proveedor el que debe desvirtuar los indicios aportados por los consumidores y comprobar que la información publicitada es exacta, veraz, moderada, justa, real u objetiva en los términos en que fue ofertada. Ello es así ya que la información o publicidad que difundan los proveedores por cualquier medio o forma debe ser comprobable”.

En este sentido, la Primera Sala agrega una serie de argumentos que describen con gran claridad la asimetría que existe entre consumidores y proveedores en las relaciones de consumo: “Además de que, atendiendo a los principios favor debilis y de acceso a la justicia, se debe tomar en cuenta que los consumidores no cuentan con la información y aptitudes técnicas y científicas para aportar elementos de prueba que demuestren que la información no cumple con las características que les exige la propia ley. Más aún, de que es el proveedor el que se encuentra en una situación de ventaja frente al consumidor, pues conoce la eficacia del producto ofrecido y cuenta con la información para aportar los elementos de prueba necesarios para demostrar que su publicidad no induce al error o genera un daño o perjuicio al consumidor. Exigir a los consumidores aportar pruebas irrefutables para demostrar que la información es inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa, haría nugatorio su derecho al acceso a la justicia, pues nadie puede conocer mejor que el proveedor el proceso de producción del bien que comercializa publicita.”

De esta forma, la Suprema Corte devolvió el asunto al tribunal colegiado, para que “se avoque de nueva cuenta al estudio de la legalidad de la resolución a efecto de salvaguardar los derechos previstos en el artículo 28 constitucional en relación con la protección al consumidor”.

easytone2Independientemente de que todavía desconocemos cómo se resolverá de fondo el presente litigio, sin duda alguna esta resolución de la Corte fortalece el derecho a la información de los consumidores al hacer más eficaz su ejercicio y defensa. En efecto, otorga a la Profeco mayor claridad para combatir la publicidad engañosa y obliga a los proveedores a aportar los elementos que prueben que su información o publicidad es veraz y comprobable. Esto es un principio indispensable para que cada empresa se responsabilice de la publicidad que emita y las afirmaciones (los famosos claims) de ésta sean consistentes con la calidad del producto o servicio, lo cual ampliará el alcance de esfuerzos de autorregulación en México, de mayor responsabilidad, cerrando la pinza de esta manera para combatir la publicidad de los llamados productos milagros. La Corte, en este sentido, pone la carga de la prueba publicitaria al proveedor y no a la autoridad ni mucho menos a los consumidores. Asimismo, es una oportunidad para alinear las políticas de defensa del consumidor y de competencia económica, pues como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la publicidad engañosa no sólo perjudica a los consumidores, sino también a la competencia y a la confianza en el mercado.

En el ámbito internacional, esta acción de grupo fue incluso presentada en octubre de 2012 como un caso de éxito de cooperación internacional en el “International Consumer Protection and Enforcement Network” (en donde participan las principales agencias de protección al consumidor del mundo), pues de la adecuada interacción entre Profeco y la FTC se evitó que una empresa global tuviera un comportamiento de cumplimiento regulatorio diferenciado por países, sin importar que el daño a los consumidores es el mismo. Este aspecto no es menor, pues recordemos que Reebok llegó a un acuerdo con la FTC para compensar a quienes compraron este producto. ¿Porqué en México enfrentó este problema de una manera diferente? ¿Los consumidores y las autoridades estadounidenses valen más que los mexicanos? Sin duda este caso contribuirá a que las empresas globales tengan un comportamiento frente a los consumidores mexicanos acorde con lo que hacen en otros países.

Por último, esta resolución es consistente con otros momentos en que la Suprema Corte ha contribuido a fortalecer la tutela de los derechos de los consumidores, como el caso de la acción de inconstitucionalidad contra la Norma 29 emitida por el Gobierno del Distrito Federal, así como el amparo en revisión 91/2004 resuelto por esta misma Primera Sala en donde se confirma que la publicidad está sometida a las mismas restricciones que afectan la actividad comercial o industrial y, por ello, es constitucional el establecimiento de límites de veracidad y claridad exigibles en ese ámbito. Por estas razones es que la tutela de los derechos de los consumidores se verá favorecida en la medida que el Poder Judicial desarrolle interpretaciones más sistemáticas y con una visión pro persona, como las que hemos analizado en estas líneas. La resolución de la Suprema Corte no sólo amplía la protección de los consumidores mexicanos, sino que será de gran trascendencia para conocerse y analizarse en otros países, y así demostrar que existe un alto para combatir la publicidad engañosa y darle un carácter superior al derecho básico a la información publicitaria.

Bernardo Altamirano Rodríguez. Profesor de las materias: “La Empresa ante la Regulación, los Consumidores y la Competencia” en el ITAM, así como de “Régimen Jurídico de la Publicidad” en la UNAM. Twitter: @beraltamirano

Leer completo