Después de varias sesiones (cuyas versiones taquigráficas pueden – y vale la pena- consultarse- aquí) la Suprema Corte de Justicia resolvió, en 3 conjuntos de acumuladas, las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos a un buen número de artículos contenidos en las Leyes Generales en materia electoral; en concreto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, por último, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En términos generales, tal como ya se señalaba en un post anterior, la Suprema Corte se encontraba –se encuentra, ya que aún tiene pendiente la resolución de acciones impuestas a constituciones y leyes electorales locales- ante un reto mayúsculo, aunque no inédito: resolver más de 60 acciones de inconstitucionalidad antes del inicio del proceso electoral federal 2015, cuyo arranque, de acuerdo con la propia reforma política, será la primera semana de octubre. En este contexto, y a reserva de lo que se refleje en las sentencias finales, vale destacar la labor de sistematización y análisis que, de forma expedita, realizaron las ponencias proyectistas para la resolución de estos casos, que, no es baladí mencionar, versaban sobre una materia de la que la Suprema Corte de Justicia no es comúnmente juez.

En contrapartida, no puede dejar de señalarse la calidad argumentativa de los accionantes. Tal como se señaló en alguna de las cuatro sesiones de esta primer etapa de desahogos, las acciones de inconstitucionalidad presentadas tenían falencias argumentativas: carecían de sustento o los preceptos cuya constitucionalidad se ponía en entredicho no estaban contrastados con disposiciones constitucionales, por ejemplo. Por esta razón, no sorprende que, al menos en tres ocasiones, el Pleno hiciera uso de la suplencia de la queja con el fin de sentar precedentes de interpretación y dar mayor claridad a la línea argumentativa de cada una de sus decisiones.

ELECCIONESEn este conjunto de sesiones y acciones, la Suprema Corte resolvió más de 60 conceptos diferentes de inconstitucionalidad. Desde asuntos de forma, como presuntas violaciones al procedimiento legislativo por omisiones en la convocatoria al periodo extraordinario o la supuesta inconsistencia entre los periodos de armonización normativa de las entidades federativas; hasta la determinación de los conceptos “votación total emitida” y “votación nacional emitida”, la constitucionalidad de la regulación de las candidaturas independientes o bien, temas que inciden directamente en la conformación del Congreso, como la determinación del conteo de votos para la asignación de escaños por vía plurinominal para partidos políticos que formen coaliciones. Para hacerlo, en un ejercicio que podría considerarse un laboratorio de argumentación jurídica, la Corte realizó todo tipo de interpretaciones: lisa y llana, interpretación conforme e incluso echó mano del criterio de interpretación del llamado bloque de constitucionalidad, respecto de la prelación que deberán tener las disposiciones constitucionales frente a tratados internacionales cuando existan contradicciones entre ambos cuerpos normativos .

En general, la Suprema Corte ratificó –por unanimidad casi en la totalidad de las votaciones- la constitucionalidad de la mayoría de los artículos y fracciones impugnados. Dentro de este grupo, es decir, de aquellos preceptos que se mantendrán vigentes y fueron declarados constitucionales destacan:

  1. Ratificación del umbral del 3% de la votación total emitida para que un partido político mantenga su registro a nivel nacional toda vez que se consideró que la Ley únicamente transcribe una disposición que ya se encuentra contenida en la propia Constitución. (artículo 15 párrafos 1 y 2, LGIPE).
  2. Derecho de los medios de comunicación nacionales y locales para organizar abiertamente debates con la participación de dos o más candidatos, en función de que, a partir de la interpretación conforme, se asumió que la obligación de invitar a todos los candidatos estaba inferida y por tanto no se violaba el principio de equidad en la contienda, pero que la asistencia de todos no era condición necesaria para celebración de los mismos. Asimismo, la participación de los candidatos en estos debates no podrá considerarse como propaganda encubierta o contratación ilegal salvo que medien pruebas en contrario (art. 218 párrafo 6, inciso b, LGIPE).
  3. En materia de candidaturas independientes, los partidos políticos habían contestado la constitucionalidad de una buena parte del régimen establecido aduciendo que estas reglas, especialmente las referidas a las prerrogativas y obligaciones, atentaban contra el principio de equidad en la contienda por ser, o bien muy rígidas –más que las correlativas a los partidos políticos- o muy laxas. En este contexto, la Corte ratificó la constitucionalidad de todas las disposiciones en la materia: reglas de registro para los candidatos, acceso a radio y televisión y financiamiento de los candidatos independientes. (artículos, 384, 385, 386, entre otros, LGIPE)
  4. Relativo a las reglas mínimas de organización que deberán observar los partidos, la Corte ratificó que las prevenciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos relativas a los mecanismos de resolución de controversias, la existencia de una estructura mínima de organización interna y la aprobación de coaliciones, fusiones y alianzas por medio del órgano nacional de dirección no constituían una violación a la autonomía de la vida interna de los partidos políticos y, eran, por tanto, constitucionales.
  5. Dentro de este conjunto, cabe destacar la decisión de validar la existencia de sanciones fijas, de cancelación de registros por actos anticipados de campaña o por uso indebido de radio y televisión porque, aunque una parte de los ministros se pronunció en contra de estas sanciones, contenidas en el artículo 372 párrafos 1 y 2 de la LGIPE, decidieron declarar su constitucionalidad en atención a que ante la inminencia del arranque del Proceso Electoral Federal y la imposibilidad de modificar por vía legislativa el precepto, no podían quedarse estos conceptos violatorios sin ninguna sanción establecida.

Ahora, aunque fueron pocos los puntos que la Corte consideró fundados y, por tanto, fueron declarados inconstitucionales, algunas de las resoluciones son de alta relevancia. En primer lugar, el punto que se llevó una mayor tajada del debate es el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 87, párrafo tercero de la LGIPE que señalaba que cuando un candidato estuviera postulado por medio de una coalición y el elector tachara en la boleta electoral más de partido político, los votos sí le serían computados al candidato pero no a los partidos políticos. En este punto, la Corte dirimió dos temas específicos: en primer lugar –y en previsión a la resolución de las acciones de inconstitucionalidad para leyes locales- resolvió que el Congreso de la Unión sí tenía competencia para legislar de forma específica y crear una base general sobre la materia, gracias a lo establecido en el artículo 73 constitucional y en los términos del artículo segundo transitorio. En segundo lugar, consideró que este sistema de conteo de votos atentaba contra la lógica del sistema electoral, de representación proporcional, mermaba las prerrogativas de los partidos políticos pequeños favoreciendo a las grandes fuerzas políticas en términos de asignación de representación proporcional, financiamiento y acceso a otras prerrogativas y, en últimos términos, distorsionaba la voluntad del elector al eliminar su voto indirecto.

Aunado a esto, también en previsiones relativas a la asignación de diputados por representación proporcional, se optó por la invalidación de la fórmula de asignación de diputados locales de representación proporcional en los Congresos locales, al considerar que esta disposición invadía la esfera competencial de las entidades federativas.

Además, la Corte también invalidó por completo algunas partes del artículo 44 y del 320 de la LGIPE, relativos al método estadístico aleatorio de recuento de votos para la elección de Senadores al considerar que este método no permitía dar certeza al resultado. También estableció que no es constitucional limitar la sanción de la entrega de dádivas para obtener el voto a aquellas que “contengan” propaganda electoral, sino que ésta sanción deberá aplicar a estas entregas, lleven o no visible dicha promoción y la invalidez de la incorporación de los gastos de estructura partidista y estructuras electorales en el rubro presupuestal de actividades ordinarias de los partidos políticos por considerar que efectivamente éstos gastos deberían encontrarse en la partida presupuestal extraordinaria.

Todos estos cambios, algunos de mayor calado que otros, tendrán como repercusión que las reglas del juego del Proceso Electoral Federal 2015, y los procesos electorales concurrentes de las entidades federativas -muchas de los cuáles también verán afectada su normatividad al términos de la resolución de estas acciones de inconstitucionalidad- actúen con áreas grises; es decir, artículos y párrafos que fueron declarados inválidos pero que no tendrán sustituto normativo.

En este contexto, para algunos casos, como el de las coaliciones, la propia Corte señaló en su resolución el camino que deberán tomar las autoridades para subsanar estos vacíos, mientras que en otros, corresponderá al INE y, en caso de ser necesario, al TEPJF, llenar por la vía de la reglamentación secundaria y interpretación, las lagunas existentes. Por ahora, nos toca conformarnos con que, con todo y todo, la resolución de estas acciones abona en fortalecer la indispensable certeza jurídica que debe enmarcar al proceso electoral que está por comenzar. Ya veremos.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, especialista en derecho electoral. Twitter: @pauletta_sofia

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En el debate parlamentario y mediático, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha esgrimido principalmente dos argumentos en contra de la constitucionalidad de la consulta popular promovida por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, de ser correctos, ambos razonamientos también harían inconstitucional la consulta popular propuesta por el PRI.

La consulta propuesta por el PRD busca derogar las reformas a la Constitución que modificaron el marco normativo en materia energética del país. La pregunta que plantean es la siguiente: “¿Está de acuerdo en que se mantenga el decreto de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo y energía eléctrica publicado el 20 de diciembre de 2013?”.

La Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular establecen una serie de requisitos que deben ser cumplidos para que las consultas que se propongan sean válidas y, por lo tanto, puedan efectuarse en la jornada federal electoral.

El PRI ha señalado que la consulta del PRD no cumple con dos de estos requisitos. El primero se sustenta en que el artículo constitucional que prevé la consulta popular señala que ésta no podrá tener por objeto, entre otros, los “ingresos y gastos del Estado”. Aducen que la reforma energética es, principalmente, un asunto que tiene que ver con los ingresos del Estado y, en consecuencia, no puede ser materia de consulta.

5B3Este argumento tiene sostén en lo siguiente. Cuando en 2013 se reformó el artículo 27 constitucional en el párrafo séptimo se expresó directamente que “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria.”.

Es decir, las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos tienen como objetivo otorgar ingresos al Estado. Ahora, el argumento continúa, los ingresos federales se prevén anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que cualquier consulta popular que tenga por efecto realizar alguna modificación a esta ley es inconstitucional.

El segundo argumento del PRI versa sobre un requisito constitucional implícito. La Constitución sólo prevé un mecanismo de reforma constitucional, y es un mecanismo expreso: el que establece el artículo 135. Por lo tanto, cualquier otro método que reforme a la Carta Magna es inconstitucional. La pretensión de la consulta del PRD caería en este supuesto.

En esta colaboración no voy a demostrar por qué me parece que ambos argumentos son derrotables. Como dije al principio, mi objetivo es mostrar que, en caso de que sean correctos, los dos afectarían necesariamente a la consulta popular propuesta por el PRI.

La pregunta que el PRI plantea es la siguiente: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”.

Es decir, de manera directa cae en el segundo argumento, la improcedencia implícita: no es posible reformar la Constitución vía consulta popular. Pero también cae en la improcedencia explícita: se refiere a “ingresos y gastos del Estado”.

Como ya dije, el argumento de que la reforma energética es materia de los ingresos de la nación implica que las modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación no son objeto de consulta popular. Pero esto significaría que en el caso de los “gastos del Estado” lo que no es posible modificar es el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Para ser consecuente con su campaña de consulta popular, la cual se sustenta en que la eliminación de los legisladores plurinominales tiene asidero en el ahorro que se produciría en el gasto público, la propuesta del PRI implica, necesariamente, una reforma al Presupuesto de Egresos. Por lo tanto, de ser válida la improcedencia explícita en contra del PRD, también lo sería en contra del PRI.

En conclusión, los dos argumentos en contra de la consulta para derogar la reforma energética también son aplicables a la consulta para eliminar a los diputados plurinominales. Así, el PRI tiene dos argumentos en su discurso, pero también una paradoja.

David Rivera Castro. Cuenta con sus estudios en Derecho en el ITAM. Twitter: @david_rivera_c

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En días pasados el Partido Revolucionario Institucional manifestó su intención de impulsar una consulta popular a efecto de someter a la consideración ciudadana la reducción del Congreso de la Unión. Concretamente, disminuir el número de legisladores electos por el principio de representación proporcional. En el caso de los Diputados quitar la mitad –pasar de 200 a 100 diputados- y en el caso de los Senadores eliminar por completo a los 32 que se eligen bajo este sistema.

voladoLa ley define a la Consulta Popular como un mecanismo de participación ciudadana, a través del cual se ejerce el derecho a votar a fin de opinar respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional (artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular). La pregunta debe ser calificada en cuanto a su legalidad por la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional Electoral tiene su cargo la organización para recabarla.

La Consulta Popular puede ser solicitada por el Presidente de la República, el 33% de los integrantes del Congreso de la Unión, o el 2% de los ciudadanos que integren la lista nominal[i], (artículo 35 constitucional). Actualmente ese 2% equivale a 1,605,120 ciudadanos.

La Constitución también señala los temas que no pueden ser objeto de consulta: restricciones a los derechos humanos reconocidos por la Constitución; las definiciones relativas a la forma de gobierno establecidas en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, y la organización y operación de las fuerzas armadas.

Sobre el contenido de la Consulta Popular planteada por el PRI algunos han planteado la interrogante de si ¿el tema es materia electoral? Será la Suprema Corte quien en su momento, y en caso de que el partido consiga el apoyo ciudadano suficiente, conteste esta interrogante. No obstante, analíticamente es útil revisar los argumentos que sostienen que preguntar sobre la disminución de legisladores plurinominales es materia electoral y, por tanto, no pude ser materia de Consulta Popular, frente a los argumentos que sostienen que no, que forma parte del ámbito de asuntos parlamentarios y, por ello, es legal plantearla.

Sobre las razones de la representación proporcional conviene hacer una breve revisión. El principio de representación proporcional cuenta con tres características que según Luigi Ferrajoli lo hacen más idóneo que ninguno otro para asegurar la representación política:[ii] (i) garantiza la igualdad de los ciudadanos en los derechos políticos de voto, así como que se produzcan instituciones representativas de todo electorado; (ii) es el único capaz de utilizar todos los votos válidos a fin de garantizar la igualdad electoral de los ciudadanos, la cual, equivale a la igualdad política, y (iii) refleja y reproduce de mejor manera el pluralismo de las opiniones políticas, la heterogeneidad de los intereses y los conflictos de clases que atraviesa el electorado, es decir, la complejidad de la sociedad.

En México, con un solo voto se eligen a más de un candidato, mediante dos sistemas distintos, mayoría relativa y representación proporcional. Esto resulta complejo y pudiera ser confuso para muchos ciudadanos, por lo que trataré de explicar brevemente cómo funciona.

En el caso de los Diputados, la Cámara se integra por 500 legisladores, de los cuales 300 se eligen bajo el principio de mayoría relativa, mediante el voto ciudadano directo. El país se divide en 300 distritos electorales, de manera que en cada distrito, los electores eligen a un candidato que los represente ante el órgano legislativo en forma directa.

Los 200 diputados restantes se designan mediante el principio de representación proporcional, para ello, el país se encuentra dividido en 5 circunscripciones plurinominales, de manera que por cada circunscripción existe una lista de cada partido político o coalición integrada por 40 candidatos que serán electos por este medio. Al momento en que el elector emite su voto por un candidato de mayoría relativa, su voto también computa para efectos de la elección de representación proporcional en la circunscripción que integre. Se busca que los partidos políticos que no obtuvieron mayoría de votos, pero que tienen una votación que es superior al 3% de la votación emitida cuenten con diputados de representación proporcional, de manera que la votación que obtuvieron tenga presencia en el órgano legislativo.

La fórmula para asignar a los Diputados de representación proporcional está prevista en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A partir de ello, la autoridad electoral asigna las diputaciones que correspondan a cada partido conforme a los candidatos que integran la lista presentada por cada partido político o coalición en la circunscripción que corresponda.

Por su parte, la Cámara de Senadores se integra por 128 legisladores, 64 son electos bajo el principio de mayoría relativa en una proporción de dos Senadores por cada entidad federativa, 32 son electos bajo el criterio de primera minoría y los 32 restantes bajo el principio de representación proporcional. En este caso, los partidos políticos presentan una sola lista de candidatos a Senadores por el principio de representación proporcional para todo el país y será mediante la aplicación de la fórmula de distribución de senadurías que se asignará a cada partido político las que corresponda.

Entendiendo cómo funciona la representación proporcional, habría que delimitar hasta dónde es materia electoral y hasta donde parlamentaria.

El derecho electoral se ocupa de lo relacionado con la elección de los integrantes del Congreso de la Unión a través de ambos principios, esto es, el proceso de selección de candidatos, el registro de los mismos, la integración de las fórmulas de candidatos, la integración de las listas de representación proporcional que conforma cada uno de los partidos políticos o coaliciones, las precampañas y campañas que realizan los aspirantes y candidatos a cada uno de los cargos de elección popular, los resultados de la elección, la declaración de validez de la elección, la entrega de las constancias de mayoría, la aplicación de la fórmula de representación proporcional e incluso el acceso al ejercicio del cargo.

Por su parte, el campo del derecho parlamentario versa sobre la composición e integración del Congreso, esto es, el número de legisladores que integran el órgano legislativo, la forma de organización interna, como es la conformación de grupos parlamentarios, y desde luego, el ejercicio de las atribuciones y facultades inherentes al cargo como legislador.

De acuerdo con el aviso de intención para realizar una Consulta Popular presentado por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (consultable aquí), la pregunta que busca formular este partido es: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”

De este cuestionamiento es necesario distinguir dos ámbitos: uno que involucra la composición del Congreso de la Unión, es decir, el número de integrantes que integran cada una de las Cámaras y otro que implica el método de elección de los legisladores que integran el órgano parlamentario.

Por ello, existen opiniones -informadas y no- que consideran que el tema de la Consulta Popular es electoral o bien parlamentario. Me parece que bordea en los límites entre ambas materias. Lo relevante consistirá en determinar si involucra aspectos que tienen que ver con la elección de Diputados y Senadores bajo el principio de representación proporcional o si únicamente involucra la composición e integración del Congreso de la Unión al reducir el número de legisladores, con independencia del método de selección.

Dicho en otras palabras, si el objeto de la consulta es únicamente reducir el número de Diputados y Senadores que conforman el Congreso de la Unión o si la misma trasciende a los aspectos vinculados al mecanismo de elección de los mismos y con ello a la materia electoral.

Me parece que la línea entre estos dos temas es muy fina, pues si bien la composición del Congreso desde el punto de vista del número de integrantes que debe tener es un debate ajeno a la materia electoral, lo cierto es que los efectos de una determinación así pueden tener impacto en el ámbito electoral. Esto se debe a que de manera indirecta repercuten en el proceso de elección ya que al tener un Congreso más pequeño, la distribución de fuerzas políticas necesariamente será distinta. Lo cual  se acentúa si consideramos que algunos partidos políticos únicamente cuentan con legisladores electos bajo el principio de representación proporcional, lo cual podría incidir en el sentido del voto que emitan los ciudadanos, lo que involucra la materia electoral.

Arturo Espinosa Silis. Abogado, especialista en temas electorales y maestro en cerecho. Twitter: @aesupd

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[i] El listado nominal de electores se integra por 80,256,024 ciudadanos.

[ii] FERRAJOLI, LUIGI, Principia Iuris, teoría de la democracia, Trota, Madrid, 2011, p. 179.

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derechos2El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos fundamentales en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en junio de 2014.

1. Acceso a la justicia. Consejo de la Judicatura 1
¿Quién puede revisar los Acuerdos Generales –AG- que dicta el Consejo de la Judicatura Federal? Este asunto analizaba la posibilidad de que la revisión de estos AG los hiciera además de la Suprema Corte, los Tribunales Federales y los Juzgados de Distrito.

Empezó concretamente por AG en donde se estableció la posibilidad de que las promociones, recursos y notificaciones se pudieran hacer a través de firma electrónica, debido al número elevado de casos de amparo –como en los asuntos del IETU o de la Ley del ISSSTE-. Cuando llegaron los recursos de amparo a un Tribunal Colegiado, éste resolvió que los AG eran inconstitucionales y, por tanto, desechó el recurso, mientras que los demás Tribunales Colegiados los admitieron. Los Colegiados entendían que podían pronunciarse sobre la constitucionales de los AG, tal como sucedió.

En ese sentido, como la propia Corte afirmó, la contradicción de tesis se presenta: “De acuerdo con lo anterior, el punto de contradicción a resolver consiste en determinar si es válida la interposición del recurso de revisión vía electrónica, esto es, por medio de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), en términos de los acuerdos generales 21/2007 y 43/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal”.

Pero, por otro lado, se resolvió un problema más de fondo, de acuerdo con el marco normativo constitucional y legal, es la Suprema Corte, a través del procedimiento planteado en la ley y con la aprobación de cuando menos 8 votos, quien puede derogar los AG, y no lo puede hacer algún otro tribunal más.

2. Acceso a la Justicia. Interés legítimo 2
¿Qué es el interés legítimo como presupuesto para promover amparo? Las Salas de la Corte habían definido en sentido diverso cómo debía entenderse este concepto, qué tipos de intereses debía proteger, en especial sobre la base del sujeto afectado. La Primera Sala aceptaba la protección de intereses individuales y colectivos. La Segunda se inclinaba sólo a la dimensión difusa o colectiva.

La decisión de la Corte involucraría intereses individuales y colectivos. Ahora bien, ¿cómo se identifica este interés legítimo? Dice la Corte, tiene que haber una vinculación con una norma jurídica, bastando que establezca un derecho objetivo. Y se apura a explicar, es un concepto jurídico indeterminado, un concepto abierto que debe ir cambiando y adecuándose a cada caso concreto.

Para mejor entenderlo, se exponen sus características distintivas, éstas engloban lo que debe ser, subrayándose que deben observarse en conjunto:

a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso;

b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico;

c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, lo que implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos;

d) La concesión del amparo es un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso se llegara a dictar;

e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciar bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad;

f) El quejoso tiene un interés propio distinto de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito del interés propio;

g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial;

h) Si bien en una situación jurídica concreta, pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta ni tampoco indetectable;

i) El interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas.

3. Autonomía Municipal 3
El asunto analizaba las implicaciones del gasto de recursos obtenidos por la vía de deuda para los municipios y el grado de intervención sobre la autorización y manejo de los mismos por parte de las legislaturas locales, desde la posibilidad de emitir una ley, hasta la introducción de requisitos para la autorización de la deuda. Se discutirían dos grandes temas, que generaron cada uno su votación particular.

1. Libertad Hacendaria. ¿Cuáles son las limitaciones de la legislatura local para contratar deuda pública? Se retoma lo resuelto en la controversia constitucional 44/2009. Los municipios no tienen autorizado manejar, aplicar y priorizar libremente los recursos obtenidos por la vía de endeudamiento, por lo que no se puede considerar que el poder legislativo local se convierta en órgano de decisión en el manejo de la hacienda, ya que la Constitución federal lo faculta para que a través de leyes, establezca las bases, conceptos y montos, aplicables a la deuda pública.

Lo anterior implica que la propia legislatura puede establecer distintas modalidades y formalidades para la aprobación de la deuda pública, pues la Constitución federal no establece limitantes en este sentido, pudiendo la legislatura local determinar el número de votos requeridos, los montos prohibidos para contratación o los casos en que se justifique acudir a obtener estos recursos.

De igual manera, no existe una contradicción entre la Constitución local y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en especial a la definición de deuda pública, porque tienen finalidades distintas, en ésta última se persigue la unificación de criterios que rigen la contabilidad gubernamental y la presentación homogénea de informes financieros entre los distintos niveles de gobierno.

2. Autoridades intermedias. Es válido que se establezca una obligación a los municipios de informar trimestralmente sobre el ejercicio y destino de los recursos provenientes de deuda, pues además de que el legislativo local puede determinar las modalidades o mecanismos, bajo los cuales debe rendirse esta información, es una obligación determinada en la Constitución federal.

No hay falta de claridad de los conceptos de contratación de obligaciones financieras y de deuda. No es necesario definir qué debe entenderse por deudas de corto, mediano y largo plazo, pues dependerá del tipo de instrumento por el que se contrate la deuda pública.

El hecho de que los proyectos de inversión pública productiva se utilicen en zonas de mayor marginación del estado y municipio, con base en la categorización de marginación emitida por el Consejo Nacional de Población, no viola la autonomía municipal, máxime que la actividad de ese organismo no se dirige a establecer de forma exclusiva los casos en que procede el endeudamiento, sino a establecer criterios demográficos generales, para ubicar la población que requiere de mayor protección del Estado. En este sentido, el legislativo fija un condicionamiento esencial de procedencia –cubriendo el marco de la CPEUM y con libertad de configuración a partir de ello- que debe observarse por los municipios, pero no crea una autoridad intermedia.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto.


1 Contradicción de tesis467/2012. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Sesionada los días 29 de mayo y 2 de junio. Mayoría de 7 votos. Se analizaron los alcances del artículo 100 de la CPEUM y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

2 Contradicción de tesis 111/2013. Ponente, Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el 3 y5 de junio. Mayoría de ocho votos. Se analizaba entre otras cosas, la Ley de Amparo y el Principio pro persona del artículo 1º de la CPEUM.

3 Controversia Constitucional 57/2013. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Sesionada el día 9 de junio. Se analizaba la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro y los artículos 115 y 117 de la CPEUM. Primera votación, mayoría de ocho votos. Segunda votación, unanimidad de 9 votos.

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En este video, el abogado Pérez de Acha vuelve al análisis del amparo #YoContribuyente. En esta ocasión, sin embargo, el punto de partida del estudio es el potencial que tiene la nueva figura del interés legítimo en el juicio de amparo para evaluar políticas públicas del Estado. Es decir, a partir de las características de este caso en concreto, que fue desechado por la Suprema Corte el miércoles pasado, Pérez de Acha apunta los diversos aspectos, de la decisión de condonar el pago de ciertos impuestos a entidades federativas y municipios, que quedaron fuera del control del Estado gracias a esta decisión de los ministros de la Primera Sala. 

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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yocontribuyenteHace algunos meses, un grupo de ciudadanos interpusieron un juicio de amparo en contra de la condonación de impuestos que realizó el gobierno federal a favor de entidades federativas y municipios. En términos generales, el propósito de esta batalla jurídica era repensar las condiciones en que se recauda el dinero público, de tal manera que se debiese atar a principios constitucionales como transparencia, austeridad y honestidad en el gasto público. El asunto rebotó en diferentes peldaños de la escalinata judicial hasta que llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, donde la mayoría de los ministros decidieron este miércoles negarle la razón a a este grupo de ciudadanos. El punto clave de la decisión de los ministros giro en torno al llamado interés legítimo, un ingrediente novedoso en el juicio de amparo y que apenas empieza definirse sus límites y alcances (veáse, por ejemplo, dos colaboraciones a este blog aquí y aquí donde se analizan otras sentencias de la Suprema Corte que abordan este tema). En este video, el abogado Pérez de Acha, encargado de diseñar la estrategia jurídica de este grupo de ciudadanos, explica de manera clara y ágil la importancia del llamado interés legítimo para este asunto y crítica la manera como la mayoría de los ministros de la Primera Sala lo entienden.

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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La mayor parte de los Cortes del mundo empiezan a estar conscientes sobre su transformación de “élite decisora” a “institución mediadora” de diversos discursos normativos. Esto es, el derecho, entendido como una técnica resulta en un canal de diversos discursos normativos como es el caso de los derechos humanos, culturales, morales, entre otros. A manera de metáfora: el derecho (y su vigilante) se convierte en árbitro y decide que discursos normativos entrarán a la cancha de juego y ya en el juego sólo vigila el cumplimiento de la “técnica”.

La Suprema Corte consciente de esta situación ha empezado a emitir protocolos de actuación para dar cabida a diversos discursos normativos[1]. Ya se puede apreciar en sus discusiones argumentos de dignidad humana, de sistemas normativos internos, incluso de moralidad[2], pero los ministros han rehuido a un tipo de argumento no menor: los políticos.política-derechoNo es casual que la Corte rehúya a hacer uso de los argumentos políticos, entendidos estos como las razones estratégicas para la obtención de resultados legales. En efecto, desde hace décadas, la Corte se niega a invocar expresamente dichos argumentos. Pero, ¡ojo!, los argumentos políticos no se usan expresamente pero es casi seguro que siempre están ahí. Aquí, está posiblemente el problema, pues hay una deficiencia institucional en plantear en términos claros la problemática. Es decir, ocultar los argumentos políticos ocasiona que la decisión judicial sea ventilada con información parcializada. Lo cual genera, en consecuencia, una mala decisión fáctica aunque una buena decisión técnica.

Considero que un ejemplo de lo anterior es el expediente 57/2013. En resumen lo que sucedió fue lo siguiente: el municipio de Corregidora, estado de Querétaro, interpuso una controversia constitucional en contra del Poder Legislativo y de otras autoridades del mismo estado. Fueron varios temas los que se abarcaron en dicha resolución; sin embargo, hay uno en específico que es digno de atención. Se trata del relativo a las deudas municipales. De acuerdo a la ley impugnada, para que el municipio contraiga una deuda es necesaria la aprobación del Gobernador y de la Legislatura local. El municipio alegó que esto violenta su autonomía municipal. Por su parte, los demandados alegaron que está dentro de las facultades concedidas por al Constitución federal el regular las bases por medio de las cuales se aprobaría la contratación de tal deuda pública. El pleno discutió los alcances de los artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII y determinó que era procedente pero infundada la controversia constitucional[3].

El debate fue bueno en términos técnicos. Pero se echaron de menos, algunos argumentos políticos de trasfondo. Veamos. Es posible pensar, que el legislativo de Querétaro comparta algunas de las deficiencias que mencionaré a continuación. El sistema de aprobación o rechazo de cualquier tema en la mayor parte de los congresos locales está caracterizado por la necesidad de un cabildeo personal. Es decir, hay que ir a convencer a los lideres de la fracciones para mostrarles las razones de votar a favor o en contra. El tema tiene varias instancias de aprobación y, por tanto, de cabildeo. Primero las comisiones, después (en algunos casos) la junta de coordinación política, finalmente el pleno.

Ahora bien, las discusiones parlamentarias sobre la relevancia de un tema son de minutos. Son pocos los casos en los cuales después de votar, los diputados dan un razonamiento público de su voto a favor o en contra. Estos pasos, que para nada son malos pues el convencimiento y el propio cabildeo es uno de los avances democráticos en cualquier sociedad, se convierte en problema ante la falta de reglamentación de la transparencia en dicho cabildeo. Ahora, imaginemos por caso la situación de un municipio que desea contraer una deuda pública por 10 millones de pesos. ¿Cuál sería políticamente su proceso de cabildeo? Hay dos opciones: la primera es la de un cabildeo de altura, democrático, deliberativo y eficiente; la segunda es la de su antagónico: opaco, elitista y deficiente. Si no tenemos la opción para asegurar lo primero, lo más saludable sería buscar la forma de evitar lo segundo.

Algo importante: estoy de acuerdo que podría considerase absurdo pedirle a la Suprema Corte -que con base en ese argumento- declare la inconstitucionalidad, pues en ese caso se le atribuiría funciones que rebasan su competencia. Además, este mismo argumento podría utilizarse para quitarle muchas funciones al Congreso local. Por ello, quizás, lo que se han intentado en otras Cortes del mundo, es dejar evidenciada, en discusión, de la problemática para que se vaya tomando conciencia de ella y se generé lo que hoy se llama “diálogo constitucional”[4]. Esta sería, una forma indirecta de ir autocorrigiendo a nuestro sistema jurídico mexicano. Es decir, señalar la problemática aunque no se conceda la razón por la propia dinámica del sistema jurídico[5].

Sea como fuere, ciertamente es muy posible que los artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII, respalden la autorización que tiene que dar el Congreso local y el gobierno del estado. No por casualidad muchas leyes estatales de deuda pública van en el mismo sentido. Para el caso de Oaxaca, su artículo 7º de la Ley de Deuda Pública establece un mecanismo similar. Sin embargo, sería saludable para nuestro propio sistema jurídico empezar a incluir en las discusiones, las problemáticas de trasfondo y sus respectivos argumentos políticos para ir rehabilitando nuestro propio sistema. Señalar razones aunque no necesariamente se conceda la petición, puede ser también una forma democrática y legítima de resolver temas judiciales.

Rodolfo Moreno Cruz. Profesor en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Twitter: @rodolfomoreno_o

______________________

[1] Los protocolos emitidos por la SCJN son los siguientes: Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas. Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Protocolo de actuación para quienes  imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

[2] En cuanto al discurso moral como razón de discusión al interior de la propia SCJN véase la posición de la ministra Sánchez Cordero en la sesión del día 3 de septiembre del 2013 p.  43

[3] “unanimidad de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en reconocer la validez de los artículos 6º, 17 y 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro y mayoría de ocho votos a favor de reconocer la validez del artículo 8 Bis, párrafo primero, de la ley impugnada con el voto en contra de la señora Ministra Luna Ramos y anuncio de reserva de voto del señor Ministro Aguilar Morales”. Versión taquigráfica del día 9 de junio de 2014, p.  46

[4] Vid. Linares, Sebastián. La (i)legitimidad democrática del control judicial de las leyes. Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 200-210

[5] Vid. Jiménez Campo, Javier (1997): «Qué hacer con la ley inconstitucional», en La sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley, CEPC, Tribunal Constitucional, Madrid. 1997. p. 24.

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En los días siguientes, la Corte dará a conocer la sentencia (engrose) del caso sobre la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados de la LXI Legislatura, en cuya discusión inicial pudimos notar una serie de argumentos e ideas sobre la forma en que debe buscarse el equilibrio entre el derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales.

Vale la pena recordar que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos sirven para prevenir o detectar actos de corrupción, específicamente casos de enriquecimiento ilícito y posibles conflictos de interés. Las instituciones responsables de revisar el cumplimiento de la entrega de estos documentos y su contenido, deben revisar si hay variaciones y si éstas corresponden con el nivel salarial del servidor público y con su situación patrimonial previa.

Al hacerlas accesibles para el público –mediante la elaboración de versiones públicas, que protejan los datos personales pero permitan conocer la información que se considera necesaria para evaluar el desempeño de la función pública– se habilitan como instrumento de control social para complementar la función pública de combate a la corrupción.

d.patrimonialLa pregunta que guio el proyecto del ministro Cossío fue si el párrafo tercero del artículo 40º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es inconstitucional al establecer una limitante al derecho de acceso a la información, contenido en el artículo 6º de la Constitución, por sujetar la publicitación de toda información relativa a la situación patrimonial del propio servidor a su autorización previa y específica. Su conclusión fue afirmativa pero, además de ello, lo que nos interesa resaltar es que la deliberación resultó en el cuestionamiento sobre la clasificación de la información contenida en las declaraciones patrimoniales, el proceso para lograrlo y las excepciones a esa categorización.

De esta forma, por ejemplo, aunque el ministro Gutiérrez Ortiz Mena estuvo en contra del sentido del proyecto, argumentó que deben precisarse los límites del derecho de acceso a la información, lo que encuentra precisamente en la protección de los datos personales, los cuales, aunque “esté[n] en manos de la autoridad… no por ello pierde[n] su carácter”, pero, al mismo tiempo, afirmó que “no puede ejercerse un derecho fundamental en perjuicio de otro derecho si no media una causa proporcionada idónea que así lo justifique”. Esto significa que, de encontrarse esa “causa proporcionada” que amerite conocer la información que se clasificó como confidencial o reservada, ésta podría reclasificarse como pública y, por lo tanto, accesible para quien la considere necesaria y útil para evaluar el desempeño de la función pública. Más adelante afirma lo siguiente:

…si bien ciertos datos de los servidores públicos pueden incidir en el interés colectivo, éstos necesariamente deben haber pasado por un proceso previo que los desvincule de la protección y el resguardo exigido; además, para considerar que el dato personal del servidor público es adecuado para ser publicitado, primeramente debe ser útil; esto es, funcional para en realidad servir para el control de la función pública, lo que implica que previamente habrá de clasificarse esa utilidad y cualidad de acusado para ser susceptible de ser publicitado… Esto es, la protección de datos personales sólo encuentra una justificación para ser desprotegida y de este modo resulta adecuada para el ciudadano en ejercicio de su derecho de acceso a la información cuando ésta previamente ha sufrido un proceso que verifique su desincorporación de lo privado al ámbito público, esto es, su adecuación, debido a la relevancia que tiene por ejemplo en el caso de la evolución patrimonial, no justificar incrementos indebidos que puedan inferir el mal uso del gasto público.

De acuerdo con la exposición del ministro Gutiérrez, antes de la publicitación de los datos se debe valorar si esa información tiene el potencial de proveer de elementos que permitan conocer si hubo algún incumplimiento o acto que pudiera derivar en la imputación de responsabilidades administrativas. De nuevo, aparece la idea de que sí es posible encontrar una razón justificada para que un dato que se considera como confidencial pueda clasificarse como información pública.

El proceso para definir si hay argumentos suficientes para conocer cierto tipo de información se conoce como ‘prueba de interés público’, tal como lo mencionó el ministro Zaldívar. Aunque no tiene un fundamento preciso ni en la Constitución ni en la ley, este procedimiento es útil para fundar y motivar de manera objetiva el beneficio de la publicidad de información restringida previamente.

Por su parte, la ministra Sánchez Cordero se pronunció por la interpretación conforme pues, explicó que “la valoración del alcance de la voluntad del declarante… se refiere a lo eminentemente personal y no a lo público, inherente a la función que desempeña”. Por lo tanto, “debe dilucidarse el contenido de la voluntad de la gente en relación al objetivo; es decir, si ésta se encamina a toda la información o sólo aquella relativa a sus datos personales”. Esto implica que, entonces, se debe definir que las declaraciones patrimoniales contienen datos personales e información inherente a la función que desempeña un servidor público lo que significa que ésa es la que debe divulgarse, es decir que las declaraciones patrimoniales contienen información que debe clasificarse como pública.

Según lo expuesto por el ministro Franco, el umbral de protección de los datos personales de quienes desempeñan responsabilidades públicas tiene “menos resistencia normativa general que el que asiste a los ciudadanos ordinarios” pero, no hay “constitucional, legal e inclusive convencionalmente ese umbral diferente”. Concluye que “no hay prevalencia del derecho de acceso a la información pública sobre el de protección de datos personales, aun en el caso de servidores públicos”, que “se tiene que hacer un ejercicio de ponderación de los casos concretos para determinar cuál debe prevalecer” y que las excepciones al derecho a la protección de datos personales “deben tener base constitucional… y estar consignados en la ley”, por lo que toca al legislador “juzgar cuáles son las razones de orden público para tomar una u otra decisión.”

El ministro Aguilar Morales coincide con Franco: está de acuerdo con que la calidad propia del servidor público lo ubica en un plano distinto porque “a propósito de su función, le son reconocidas obligaciones y facultades específicas”, pero no encuentra motivo para publicitar sus datos personales porque no hay ninguna disposición constitucional ni convencional que sostenga la distinción entre un servidor público y cualquier otra persona en cuanto a la protección de los datos personales y el derecho a la privacidad.

Es, por ello, entonces, que es necesario un cambio normativo que permita equilibrar la garantía de ambos derechos –como lo menciona en su presentación final el ministro Silva– mediante disposiciones como las pruebas de daño y de interés público y la elaboración de versiones públicas de los documentos. El ejercicio de valoración de los beneficios o perjuicios de la divulgación debe fundarse en las consecuencias concretas que, potencialmente, resulten de la publicidad de la información.

* Nota: Las versiones taquigráficas del estudio y discusión de este asunto están en la página web de la SCJN: http://bit.ly/17jun13, http://bit.ly/18jun13 y http://bit.ly/20jun13.

Gabriela Aguirre y Guillermo Ávila. Investigadores del área de Transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

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Adrián, Leonardo y Rogelio, los protagonistas de esta historia, son pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (mejor conocido como “INER”). El camino que han recorrido por este Instituto se engarza en una sola razón: los tres viven con VIH y han requerido ser hospitalizados en las instalaciones del INER.

A modo de contexto, vale señalar que el INER es el Instituto Nacional de Salud en México que atiende a la mayor cantidad de personas que viven con VIH/SIDA en México. Ahí, los pacientes con VIH que son hospitalizados se encuentran en etapas tardía y avanzada de la enfermedad y generalmente son admitidos por enfermedades pulmonares e insuficiencia respiratoria, padecimientos que requieren de cuidados intensivos. Este grupo de individuos es el que registra el mayor número de defunciones, registrándose que en el INER, el SIDA es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas en personas entre los 18 y 45 años.

¿En dónde se centra el problema? Actualmente, el INER NO CUENTA con un servicio clínico especializado para la atención de pacientes con VIH/SIDA u otras enfermedades de transmisión aérea que reúna los requisitos necesarios para brindar condiciones adecuadas de atención, cuidado y tratamiento.

vihLo anterior no puede tomarse a la ligera, tomemos por ejemplo el caso de Rogelio. Él ingresó al INER el 31 de enero de 2012 por presentar un cuadro de neumonía y estuvo hospitalizado en el Pabellón 4 –espacio dedicado al Servicio de Neumología Oncológica en donde se ha tenido que ubicar a los pacientes que viven con VIH/SIDA- hasta el 20 de abril de 2012, prácticamente tres meses. Esto no se debió a una casualidad, la condición pulmonar de Rogelio era seria, y su cuidado exigía de un tratamiento en completo aislamiento, lo que no podía verse satisfecho en las instalaciones del Pabellón 4. Rogelio pudo haber salido a las dos semanas de haber ingresado al INER, pero sufrió de co-infección al haber estado expuesto a contagios dentro del Pabellón 4, lo que realmente agravó su salud.

La situación antes planteada pudo haber sido distinta: desde 2007 existe en el INER un proyecto de construcción de una clínica especializada que se ajusta a todos los requisitos clínicos y científicos necesarios para brindar el mejor tratamiento a este tipo de pacientes. Este proyecto es conocido como Pabellón 13 y de construirse sería la primera unidad hospitalaria en México diseñada con base en la contención de agentes infecciosos y de bioseguridad. Por circunstancias desconocidas —y ajenas a los pacientes—, autoridades del INER determinaron cancelar la ejecución del proyecto, ello aun y cuando ya se habían empleado 7 millones y medio de pesos para el proyecto ejecutivo de la obra.

Aunado a lo anterior, una vez entregado el proyecto de la obra, el propio INER dio inicio a la tramitación de una serie de permisos, certificados y requerimientos necesarios para llevar a cabo la ejecución del proyecto y que constituyen los requisitos indispensables para acceder a los recursos para infraestructura y equipamiento del Pabellón. Así, sabemos que al día de hoy el proyecto cuenta con: certificado de necesidad, certificado de necesidad de equipo médico, permiso sanitario de construcción de establecimientos médicos, certificado de factibilidad y registro en cartera.

Lo anterior sólo quiere decir una cosa: el Estado mexicano ha reconocido a través del otorgamiento de todos y cada uno de los permisos y certificados antes referidos, la necesidad indudable de contar con el Pabellón 13. Su construcción se traduce entonces en una expectativa razonable pues ya se encuentran cumplidas las obligaciones administrativas necesarias para dar paso a la ejecución del proyecto. En este sentido, es a través del derecho administrativo que el Estado marca rutas y pone pautas para efectivizar y garantizar derechos, en este caso el derecho al más alto nivel posible de salud de los pacientes que viven con VIH/SIDA y que son atendidos en el INER. La duda que queda en el aire es ¿por qué, entonces, no se ha construido?

No debemos olvidar que el Estado mexicano está obligado a brindarnos el más alto nivel posible de salud. Esto quiere decir que está obligado a utilizar hasta el máximo de los recursos disponibles para asegurar que la atención médica brindada sea, entre otras cosas, de la más alta calidad, que los medicamentos estén disponibles y que las condiciones de infraestructura sean óptimas.

Ante este escenario, y como ya lo adelantaba, en el año 2012 los pacientes del INER tuvieron conocimiento de que el proyecto del Pabellón 13, había sido sin más suspendido. Este antecedente es consistente con el hecho de que a la fecha no existe avance en la ejecución financiera y mucho menos material del proyecto.

Así, y ante preguntas sin respuesta, en diciembre de 2012, Adrián, Leonardo y Rogelio, interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra del INER y otras autoridades. Ellos reclaman, entre otras cosas, la omisión por parte de las autoridades de no ejecutar un proyecto que habría de mejorar sus condiciones de salud, lo que directamente viola en su perjuicio el derecho a la salud consagrado tanto en la Constitución mexicana como en ordenamientos jurídicos de índole internacional.

El amparo antes referido fue resuelto en primera instancia por el Juez Tercero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, quien en junio de 2013 determinó negar el amparo a los quejosos.

Inconformes con lo anterior, en julio de 2013, los quejosos presentaron un recurso de revisión en contra de la determinación del Juez de Distrito. La resolución de dicho recurso quedó en manos del Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa en el Distrito Federal, mismo que determinó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia para la determinación sobre el ejercicio de la facultad de atracción solicitada por los quejosos.

Así, el pasado 14 de mayo se celebró la sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte, en la cual se discutió el proyecto de solicitud de ejercicio de facultad de atracción elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales. Como resultado de la sesión se determinó ejercer dicha facultad, pues los ministros integrantes de la Sala consideraron que el asunto es trascendente y reviste de especial importancia al plantear, entre otras cosas, la definición del contenido y alcance del derecho a la salud, en específico de un sector tan vulnerable como lo es el de las personas que viven con VIH/SIDA en México.

Resuelta la solicitud de atracción, el caso de Pabellón 13 fue turnado a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien en los próximos meses deberá entrar al estudio del fondo del asunto y resolver si la omisión en la ejecución del proyecto de construcción del Pabellón 13 es violatorio del derecho a la salud y a la vida de los pacientes con VIH/SIDA que son atendidos en el INER.

Tristemente, el caso de Adrián, Leonardo y Rogelio tiene precedentes, pues el mismo se enmarca en una problemática estructural de falta de infraestructura en el ramo de salud y subejercicio presupuestal en México, de la cual el caso de Pabellón 13 es un claro y vivo ejemplo. Pero veamos esto desde su perspectiva positiva, ha llegado el momento de ser optimistas y de despertar la esperanza que esta situación puede ser revertida; veamos esto como lo que es, una oportunidad de oro para que la Suprema Corte analice uno de esos casos que pocas veces logran escalar hasta el más alto tribunal de nuestro país; veamos la potencial existencia del Pabellón 13 como la forma en la cual el Estado mexicano garantizará, protegerá y respetará el derecho humano a la salud no sólo de Adrián, Leonardo y Rogelio, sino de todo aquél que necesite recibir una atención médica digna y de calidad dentro del INER.

María Sánchez de Tagle. Abogada del área de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Mail: maria@fundar.org.mx

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Una de las cuestiones más peliagudas de la reforma al juicio de amparo del 2011 es el interés legítimo y su relación con el principio de relatividad de las sentencias. Ambas cuestiones se encuentran en el artículo 107 constitucional, fracciones I y II, respectivamente. Lo cual implica que su jerarquía es la misma y que los juzgadores deberán, eventualmente, hacer malabares en los procesos de amparos en aras de proteger los derechos.

Esto significa que, caso por caso, la Corte deberá ir dotando de contenido el concepto de interés legítimo y su relación con los intereses colectivos o intereses difusos, para de esta manera delimitar el principio de relatividad de las sentencias -el que parecería anticuado cuando se habla de intereses que por su naturaleza no pueden asignarse a un individuo particular o quejoso.

La semana pasada, en este sentido, se publicó una sentencia de amparo (AR 152/2013), donde la primera Sala le concede la razón a 39 personas homosexuales de ser discriminadas por normas sobre matrimonio en el estado de Oaxaca. Además de la relevancia de la declaración de inconstitucionalidad de la norma civil oaxaqueña, en esta sentencia la Sala sienta las bases para la determinación del interés legítimo en caso de que se alegue la discriminación indirecta de una norma en su porción valorativa, sin que medie acto de aplicación o algo que llama “afectación por estigmatización”.

En esta sentencia, se realiza un análisis jurisprudencial del interés y su relación con las normas autoaplicativas y heteroaplicativas. De tal manera que para determinar si los quejosos tienen interés, se parte de la cuestión sobre si “la afectación asociada a la impugnación por discriminación es susceptible de actualizarse con la mera existencia o vigencia de la norma.”

La Sala concluye que sí, pues las normas jurídicas no solamente disponen una conducta específica, sino que también conllevan un mensaje, distinguiendo entre la parte dispositiva y valorativa de las normas. De tal forma que la Sala determina que la parte valorativa de las normas jurídicas, al representar una valoración social de esa conducta que regula, puede transmitir un mensaje implícito o explícito en que el Estado discrimine (voluntaria o involuntariamente) a determinadas personas, aún y cuando la norma no esté dirigida (en su parte dispositiva) a regular conductas relacionadas con éstas.

…la discriminación [por tanto] no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación [...] lo relevante es que la norma genera un clase especial de afectación, que corre de manera paralela y que afecta directamente a los quejosos como terceros: la estigmatización por discriminación, la cual es incondicionada.

De tal forma que lo que la Sala reconoce es que “…junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa.” Y lo relevante aquí es que este mensaje produce una afectación, un “…estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de beneficios o distribución inequitativas de cargas… [Y que] si existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación.”

construccionEn este sentido, la sentencia desarrolla un test para determinar el interés legítimo por discriminación incondicionada que parte del concepto que denomina “afectación por estigmatización”. Se define “estigmatización” como “un daño jurídicamente relevante que es actual y real, producida por un mensaje del cual el quejoso es destinatario, quien lo puede combatir sobre la base de defender un interés garantizado por el derecho objetivo, como es el derecho a la no discriminación, contemplado en el artículo 1° constitucional… [De tal forma que la] comprobación del interés legítimo por esta especial afectación se demuestra, pues en caso de obtener el amparo, los quejosos obtendrían un beneficio jurídico consistente en la supresión del mensaje alegado de ser discriminatorio, mediante la declaratoria de inconstitucionalidad, la que haría cesar el mensaje que les genera perjuicio.”

Y para determinarlo, propone primero analizar si se trata de una afectación real o de un interés simple. Es decir, que la “…discriminación es impersonal y objetiva e implica un perjuicio social, directo, personal y casi individualizable…” y no una mera afectación ideológica o subjetiva. Luego hay que distinguir entre la afectación que genera un estigma por alegada discriminación de la discriminación misma. Es decir, determinar si “existe un mensaje perceptible objetivamente mediante el análisis cuidadoso del contexto de la norma general, consistente en una discriminación por la utilización de alguna de las categorías sospechosas del artículo 1° constitucional, que identifica al quejoso como miembro de ese grupo.”

La Primera Sala, de esta manera, establece la comprobación de los siguientes requisitos para determinar si existe el interés legítimo para impugnar una norma por razón de una afectación por estigmatización:

a) Se combata una norma de la cual se extraiga un mensaje perceptible objetivamente –aunque no cabe exigir que sea explícito, sino que puede ser implícito– del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, mediante la indicación de los elementos de contexto de los símbolos utilizados, la voluntad del legislador, la historia de discriminación, etcétera, que simplemente permitan afirmar al quejoso que dicho mensaje es extraíble de la norma. No será requisito exigir al quejoso acreditar un acto de aplicación de la parte dispositiva de la norma que regule el otorgamiento de beneficios o la imposición de cargas.

b) Se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1º constitucional, del cual el quejoso es destinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos elementos –origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas–.

c) Finalmente, se debe acreditar que el quejoso guarda una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del mensaje.

Por último, y respecto de la posibilidad temporal para impugnar la norma, la Sala concluye que “…una ley, cuya parte valorativa contenga un mensaje que se repute como discriminatorio por hacer distinciones con base en una de las categorías sospechosas prohibidas en el artículo 1° constitucional, debe considerarse que es autoaplicativa –sin importar la fecha de entrada en vigor– y que sus efectos son permanentes, pues no se agotan en un instante, sino que se actualizan de momento a momento, por lo que se pueden impugnar en cualquier tiempo.” Es decir, no hay plazo para impugnar una norma que produce una afectación por estigmatización.

Este estándar sirve para determinar solamente si la quejosa tiene, o no, legitimación para acudir al juicio de garantías. Una vez verificado éste, el juzgador deberá proceder a analizar si la norma impugnada es discriminatoria o existe alguna justificación razonable y proporcional para su existencia dentro de una sociedad democrática (párrafo 107).

Ahora bien, a pesar de ser hoy solamente una sentencia aislada (es decir, que no constituye un criterio obligatorio para el resto de los juzgadores), se trata de un criterio de enorme relevancia pues permite justificar el interés legítimo (la legitimación para poder acceder al proceso) de minorías discriminadas por la sola existencia de determinadas normas (como en este caso son las de los códigos civiles o constituciones locales que contienen disposiciones de matrimonio exclusivamente heterosexual) cuyos efectos van más allá de la famosa “fórmula Otero” o del principio de relatividad de las sentencias. A pesar de que el amparo se concede únicamente a las quejosas, la norma impugnada se declara contraria a la Constitución y la puerta de entrada al proceso se abre de par en par para las minorías homosexuales en el estado de Oaxaca ¡y en toda la República! Los efectos políticos de esta determinación están todavía por verse, pero bien se puede adelantar que se avecina una ola –ya no sólo lluvia- de amparos.

Esta herramienta permitirá a cualquier minoría discriminada acceder a la justicia para invalidar —o al menos, lograr la inaplicación de normas discriminatorias. Lo lamentable de nuestro sistema de justicia constitucional son los frenos, absurdos, impuestos tanto por el principio de relatividad de las sentencias, como por el concepto de jurisprudencia. Creo que es hora de revisarlos.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de postgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace

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