Recientemente ha sido publicado el engrose de la contradicción de tesis 299/2013 (CT-299) resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Vale recordar que el tema central de esta contradicción era valorar la posibilidad de que los jueces inferiores no aplicaran, en un caso concreto, la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, en términos de la Ley de Amparo, por considerarla inconstitucional o inconvencional.

Hay que tener presente también que entorno a las sesiones públicas ordinarias del Pleno del mes de octubre del año pasado, en el que se decidió la CT-299, en este espacio, El Juego de la Suprema Corte, se presentó un debate iniciado por Juan Luis Hernández Macías (aquí), el cual fue atendido por Geraldina González de la Vega (aquí y aquí) y por mí (aquí). En ese peloteo, González de la Vega defendió la solución adoptada por la mayoría de ministros: la jurisprudencia obligatoria de la Corte no puede ser inaplicada por los jueces inferiores. En esta oportunidad, con sentencia en mano, pretendo mencionar las razones por las que reafirmo mi postura de admitir la posibilidad de inaplicación.

Primero, a partir de lectura de la sentencia ésta resulta insatisfactoria. Se podría esperar una argumentación desarrollada y suficiente que diera razones sustanciales para sostener la imposibilidad de inaplicación de la jurisprudencia obligatoria. En cambio, el sustento ofrecido por la Corte gira en torno a un argumento circular que señala únicamente dos motivos, y que se reducen a lo siguiente: no es posible inaplicar porque 1) la jurisprudencia es obligatoria, de acuerdo a la Ley de Amparo y 2) ello es así porque de otra forma no habría seguridad jurídica ni certeza sobre qué decisión esperar de un juez inferior.

Segundo, no solamente se trata de insuficiencia de razones, sino del tipo de razones ofrecidas: la primera es un argumento legalista (que suena algo así como: “porque la ley lo dice”), mientras que la segunda se disfraza de un derecho fundamental (el de la seguridad jurídica) pero que se utiliza para vaciar de contenido el mandato constitucional sustancial, dirigido al juzgador que le ordena aplicar la norma (el significado de la disposición normativa) que más favorezca a las personas y a sus derechos.

Es decir, utilizando básicamente la Ley de Amparo, y con el objetivo de no hacer nugatorio un sistema constitucional de jurisprudencia obligatoria, la Corte hace nugatorio, en este contexto, el principio pro persona. Con ello, sin embargo, contradice lo resuelto por ella misma anteriormente en la contradicción de tesis 293/2011 (CT-293), donde admitió la posibilidad de inaplicar criterios jurídicos nacionales, siendo una razón fundamental para ello este principio. En palabras de la Corte: «En todo caso, lo importante será que la inaplicación de un criterio jurisprudencial, nacional o interamericano, se justifique a la aplicación de otro que resulte más favorecedor a la persona”. [i] [cursivas del original].

En sí, las razones de la Suprema Corte tienen un tufo autoritario, basadas no en el qué de la decisión sino en el quién. No en la sustancia de la razón, sino en la forma en que es presentada –de manera obligatoria-. La Corte es consciente (al menos eso parece) de que hay criterios jurisprudenciales por ella sostenidos que podrían no ajustarse a los derechos constitucionalizados, pero, de nuevo, se preocupa más por el quién hará algo al respecto: que sean los jueces quienes pregunten a la Corte para que sea ella misma quien decida.

Podría decirse –como se ha dicho- que esto último es algo propio de la configuración de nuestro sistema de control constitucional, el cual se ha fundado en la fuerza obligatoria de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte para todos los demás juzgadores, de quienes se espera una observancia irrestricta, y que todo ello en su conjunto se traduce en una pretensión de unidad y coherencia del sistema constitucional en su conjunto.

Sin embargo, recurrir a un argumento de la “naturaleza de un sistema” es insuficiente cuando nos encontramos frente a un escenario en el que no sólo el sistema de control, sino el ordenamiento constitucional en su totalidad, ha modificado su base de legitimidad: ya no se encuentra ésta en razones autoritativas, que atienden a la forma de producción de los mandatos jurídicos, sino que ahora se ha trasladado a la esfera de la sustancia. Esto es, a que tales mandatos (como lo son las jurisprudencias) sean conformes y coherentes con los derechos fundamentales protegidos por el orden constitucional.

razonIgualmente, el argumento de la certeza y seguridad jurídicas deviene insuficiente y contradictorio cuando se acepta el ejercicio del control de legitimidad de las leyes. ¿Cuál es la certeza que tendremos en la práctica jurídica si los jueces pueden inaplicar los criterios de la Corte? Esta pregunta puede fácilmente modificarse por otra: ¿cuál es la certeza que tendremos si los jueces pueden inaplicar las normas del legislador? Para responder a la primera tendremos que responder a la segunda. O, ¿será acaso que, simplemente, desconfiamos de nuestros jueces ordinarios? No dudo que muchos tengamos razones para hacerlo, pero si eso es motivo suficiente para que no puedan inaplicar la jurisprudencia, entonces, tampoco debemos confiarles la facultad[ii] de inaplicar las leyes. De nuevo, la única forma de ser congruentes con esta línea argumentativa es si se niega a los jueces el control de constitucionalidad de las normas.

Es más, admitir el control judicial de las leyes en un sistema de derecho positivo, como el nuestro, conduce a la posibilidad regulada de un control de las interpretaciones que se hacen de esas leyes. Esto nace de distinguir netamente que el derecho positivo es tanto el signo como el significado, tanto el «derecho vigente» (positivo, objetivo o empíricamente existente) como el «derecho viviente» (interpretado, argumentado o aplicado)[iii]. Esta distinción ha sido incluso advertida por la Corte en la CT-293, donde explicó que una cosa es la «disposición normativa» y otra es la «norma», la primera «el texto de un determinado ordenamiento», mientras que la segunda es el «significado que se le atribuye a ese texto»[iv].

En consonancia con lo anterior, en realidad son los significados más que los signos los que pueden contrariar los derechos constitucionales. De hecho, esa es la idea que inspira a una herramienta constitucional como lo es la interpretación conforme: a través de ella, lo que se busca es compatibilizar los significados (la norma) de una disposición, sin tener que cambiar los signos (el enunciado normativo). Por ello, la razón fundamental del control judicial está en regular las normas derivadas de las interpretaciones que se hacen de las disposiciones o enunciados normativos. Así, más que sobre las disposiciones legislativas, el control de constitucionalidad se ejerce sobre los significados a ellas atribuidas, es decir, sobre sus interpretaciones.

Finalmente, la contrapropuesta: tomarse en serio el principio pro persona y la sustancia del Estado constitucional de derecho, que son los derechos fundamentales, abre las posibilidades al diálogo jurisprudencial y a la pluralidad de argumentos y perspectivas. ¿Cómo evitar que eso no se convierta en arbitrariedad? A través de garantías y de reglas, cuya configuración tendría que explorarse detenidamente.

Sin embargo, se puede comenzar por lo siguiente: la primera de las garantías tendría que ser la exigencia al juzgador de argumentar de manera razonable y suficiente su decisión de inaplicar un criterio jurisprudencial por considerarlo contrario a los principios constitucionales o a los derechos convencionales. La segunda de ellas, como expone el ministro José Ramón Cossío en su voto particular de la CT-299, tendría que ser una vía de revisión de la decisión de inaplicación, en la que se valoraran los razonamientos de la misma hechos por los jueces inferiores.

Es de esta manera, que la discusión se abre, puesto que tanto los jueces supremos como los ordinarios tienen voz y aportan argumentaciones distintas, siempre en aras de una mejor protección de los derechos de las personas. Sólo de esta manera el debate no está terminado desde el principio, porque así no solamente se trata de quién tiene la última palabra, sino de cuál es la solución que asegura de mejor manera la finalidad del Estado: la tutela de los derechos fundamentales.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

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[i] Resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de septiembre de 2014. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Pág. 59.

[ii] Aunque más que facultad, los jueces ordinarios tienen la obligación de verificar la conformidad de las normas que están llamados a aplicar con los principios constitucionales. Véase el expediente varios 912/2010 resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de julio de 2011. Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministro encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. §§31-ss.

[iii] Véase: Ferrajoli, L. (2014). La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político. Trad. P. Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta. Págs. 126-128.

[iv] CT-293/2011, supra nota 1; pág. 57.

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Contar la historia de Alfonso Martín del Campo Dodd no sólo implica hablar de 23 años que le fueron robados a un hombre por el sistema de procuración de justicia de nuestro país. Su historia y su proceso, desde que tuvo contacto con las autoridades mexicanas, nos proporciona un testimonio paradigmático sobre los riesgos que corren los ciudadanos diariamente, al entrar en contacto con las instituciones encargadas de investigar los delitos en México. En este sentido, el doloroso caso Martín del Campo -quien publicó para este blog el testimonio de su caso- permite visibilizar lo que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Ernesto Méndez, denominó hace unas semanas -al presentar su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza- como una práctica generalizada, que se usa como castigo y como medio de investigación por las autoridades mexicanas.[1]

La persistencia sistematizada de la tortura como herramienta para resolver y dar carpetazo a las numerosas investigaciones penales que se llevan a cabo diariamente, alrededor de toda la República, invitan a realizar un estudio detenido de este caso. En este sentido, el caso de Alfonso nos ofrece una radiografía de la situación de los derechos humanos en México, particularmente, en materia de tortura, en un momento turbio y de crisis, como el que atraviesa nuestro país.

tortura1El asunto es complejo, pues el expediente de investigación está plagado de inconsistencias que confunden fácilmente la razón por la que la única prueba que pudo ser utilizada para responsabilizar a Alfonso fue una declaración firmada por él, en la que confiesa la comisión de los hechos. Asimismo, un proceso de 23 años de duración implica la intervención de diferentes instancias judiciales, que han acumulado más de 10 tomos en el expediente. Por ello, emitir una opinión implica un acto de gran responsabilidad, sobre todo, cuando para conocer del caso a profundidad, se requiere un serio y profundo análisis de las pruebas.[2] Aunado a lo anterior, el caso se debe examinar, tomando en cuenta que durante la investigación que realizaron las autoridades ministeriales, gran parte de las evidencias que se habían acumulado, fueron incineradas, otras manipuladas y otras más, fundamentales para la investigación, no fueron tomadas en cuenta para el esclarecimiento de los hechos.[3]

En 1992, Alfonso Martín del Campo Dodd, entonces estudiante universitario y de apenas 19 años de edad, fue acusado y sentenciado a 50 años de prisión por la comisión del delito de homicidio perpetrado en contra de su hermana y su cuñado. Alfonso fue torturado física y psicológicamente por agentes ministeriales durante varias horas -mediante golpes e insultos, entre otras formas de humillación- hasta arrancarle la confesión por la comisión del delito mencionado. La declaración fue firmada en circunstancias que violan los derechos humanos que tiene toda persona detenida durante un proceso de investigación penal. Es importante resaltar, además, que Alfonso fue condenado a 50 anos de cárcel, sin haber conocido, ni contado con el acompañamiento y asesoramiento de un abogado defensor.[4]

Dos años más tarde, los actos de tortura fueron comprobados cuando uno de los policías judiciales fue sancionado e inhabilitado, después de confesar al haber golpeado y asfixiado a Alfonso. Asimismo, en el 2002, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal determinó que, de conformidad con el Protocolo de Estambul, Alfonso había sido víctima de tortura y de graves violaciones a sus derechos durante el proceso penal.[5] A pesar de lo anterior, la acusación y la sentencia se mantuvieron y, como resultado, Alfonso permaneció privado de su libertad hasta ahora, acusado de un delito en el que no existe prueba alguna que lo responsabilice.

Durante todo este tiempo, Alfonso luchó incansablemente por su libertad y por el reconocimiento de su inocencia. Desde entonces han sido muchos los medios de defensa que se iniciaron, buscando una y otra vez, que la voz de Alfonso se hiciera escuchar, reclamando la tortura de la cual fue víctima. Se promovieron apelaciones y amparos. Además, diversos organismos internacionales confirmaron las violaciones y la tortura a las que fue sometido Alfonso, entre ellos se encuentra el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debe decirse, que este fue el primer caso que México enfrentó en el sistema interamericano, concluyendo con un informe que recomienda su liberación.

El pasado 18 de marzo a las 22:30 horas Alfonso abandonó la prisión, como resultado de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el amparo en revisión 631/2013; la historia de este último procedimiento se remonta al 2010. Quienes participamos en la defensa, pasamos los últimos cinco años insistiendo, entre otras cosas, que la serie de pruebas emitidas por órganos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos eran suficientes para acreditar la tortura y, por lo tanto, invalidar la sentencia. Por fin esta voz fue escuchada.

Es cierto que la decisión de la Corte no expresa, de manera explícita, que Alfonso “es inocente”. Sin embargo, esto es sólo un juego de palabras y, por consiguiente, no debemos dejar de exigir que cualquier persona que haya sido encarcelada, como resultado de una confesión obtenida bajo tortura, deba ser liberada de manera inmediata. De no ser así, permitimos que nuestro sistema de justicia continúe replicando la violencia, el abuso, la discrecionalidad y la ilegalidad que lo han llevado a tener resultados de un casi 99% de impunidad. De castigar y denunciar la libertad de Alfonso, alimentaríamos un sistema en el que los que se encuentran pagando largas y desproporcionales sentencias, son aquellos que no cuentan con los recursos para defenderse, en igualdad de armas, ante un aparato que obedece a estructuras de poder y arbitrariedad. Justificaríamos, de igual forma, a aquellas instituciones que predican la presunción de inocencia, pero que, en realidad, operan estricta y obedientemente bajo la presunción de culpabilidad. Bajo este esquema institucional, la carga de la prueba se sitúa como responsabilidad de los ciudadanos y de no tener éxito en demostrar nuestra inocencia, arriesgamos pasar 23 años de nuestras vidas en una cárcel, con la posibilidad de ser sometidos a golpes para firmar un documento en el que entregamos nuestra libertad al turbio sistema penitenciario.

Con esto afirmamos que Alfonso no es más culpable, que lo que pudiéramos ser cualquiera de nosotros por la comisión de los delitos que le fueron imputados. El principio de presunción de inocencia establece que somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario y, en este caso, como resultado de la decisión de la Corte, no se ha demostrado la culpabilidad de nadie. Además, quienes sostienen que se ha liberado a un criminal olvidan o desconocen –quizás porque no estudiaron el caso- que los propios juzgadores del Distrito Federal[6] que confirmaron la sentencia en 1993, reconocieron, textualmente, que la declaración auto inculpatoria de Alfonso era el único indicio de prueba relevante existente.

Así, en el contexto de violencia y corrupción que se vive en México, todos deberíamos celebrar la resolución de la Corte que, en el fondo, cumplió con la esencia de sus funciones al representar una garantía que busca proteger nuestra libertad. Muchas personas más se encuentran en la misma situación que Alfonso y, sin duda alguna, ninguno de nosotros quisiera ser el siguiente. Por ello, la sentencia de nuestro máximo tribunal es un avance en el respeto de los derechos humanos en México. Recordemos que una de las garantías mínimas en torno a la seguridad de las personas que viven en un Estado de Derecho, es la existencia de instituciones de persecución de delitos y de impartición de justicia capaces y eficientes, que actúen en un marco de protección a los derechos humanos.

En este sentido, es de gran relevancia anotar que las inconsistencias en el proceso también han violentado los derechos de las víctimas sobrevivientes: las tres hijas del matrimonio, que al momento en que ocurrieron los hechos, tenían dos, cuatro y seis años de edad. A ellas, el Estado les ha asegurado que la persona responsable del asesinato de sus padres es su tío; ello, nuevamente, sin contar con pruebas plenas que confirmen esta imputación y que permitan alcanzar la verdad detrás de este caso y, como resultado, un verdadero ejercicio de justicia.

Finalmente, los límites y candados que establecen los derechos humanos al actuar de las instituciones del Estado, implican que las autoridades deban proteger el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas, imputados y de la ciudadanía. Esto es, el saber con certeza y más allá de cualquier duda razonable, quién y cómo se cometió el delito e imponer la sanción correspondiente.

Jimena Suarez Ibarrola. Maestra en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Es especialista en derechos humanos y, actualmente, labora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Alex Alí Méndez Díaz. Licenciado en Derecho, Maestrante en Derecho por la UNAM, especialista en derechos humanos y amparo, actualmente es el abogado de Alfonso Martín del Campo Dood.

Marisol Escudero Martínez. Abogada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y especialista en derechos humanos.

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[1] El informe presentado el pasado 9 de marzo de 2015, fue elaborado tras una visita a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014 y se puede consultar aquí.

[2] El engrose de la sentencia aun no está disponible; sin embargo, para un resumen completo del caso se recomienda consultar la resolución de la facultad de atracción 198/2013 mediante la cual por unanimidad de cinco votos, a petición del Ministro Arturo   Zaldivar Lelo de Larrea, la Primera Sala se avoca al conocimiento y resolución del caso. Este documento puede consultarse aquí.

[3] Durante las investigaciones, se encontró cabello humano en la habitación donde fueron asesinados la hermana y el cuñado de Alfonso. Las autoridades declararon que no pertenia a las victimas o al imputado, es decir, a Alfonso. Sin embargo, esta prueba no fue utilizada por las instancias judiciales para el estudio del caso.

[4] El defensor de oficio que le fue asignado a Martin del Campo era ingeniero en sistemas y no un abogado.

[5] CDHDF, recomendación número 13/2002.

[6]Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

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El pasado 15 de marzo se conmemoró el Día Internacional de los Derechos del Consumidor y en esta ocasión México tiene un gran motivo para celebrar, gracias a la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte del amparo directo en revisión respecto de una acción de grupo promovida por PROFECO en febrero de 2012 contra publicidad engañosa de los tenis “Easy Tone” de Reebok (cuya propietaria de la marca es Adidas, pero para efectos de este análisis nos referiremos a la marca de la publicidad sancionada). Como veremos, esta resolución hace eficaz y expande el derecho básico a la información de los consumidores, fortalece la función de la Profeco, amplía los mecanismos de cooperación internacional, contribuye a la competencia leal y a la autorregulación, y por supuesto genera un mayor protagonismo de las instancias judiciales para robustecer la tutela de derechos de los consumidores. Revisemos cada aspecto a detalle.

easytoneEn primer lugar, partamos del valor tan relevante que tiene la información en las relaciones entre empresa y consumidor. Desde hace varias décadas se estudian y analizan las imprecisiones informativas por parte de la primera y se ha reconocido que el mercado per se no ofrece los incentivos necesarios para que los agentes industriales aporten información veraz y comprobable, ni a evitar falsificaciones o manipulaciones de la misma. Al respecto existen dos casos emblemáticos: el elíxir sulfanilamida (1937) y la talidomida (1958), en ambos casos la inadecuada o falsa información resultó en pérdidas humanas o malformaciones genéticas de quienes lo consumieron. Estos casos demostraron que son los consumidores, por ser la parte más débil en las relaciones de consumo, quienes incurren en pérdidas patrimoniales o daños a la salud por información inexacta y, por tanto, estamos frente al caso de una externalidad que debe ser regulada. En esta lógica fue que John F. Kennedy en su famoso discurso de los derechos de los consumidores (1962) impulsó el derecho a la información de éstos. Posteriormente, en 1985, la ONU mediante la emisión de unas directrices sobre los derechos básicos de los consumidores, reconoce también la importancia del derecho a la información. Con estas bases, se ha avanzado mucho con el tema del etiquetado, que estandariza la información comercial e industrial con la cual los consumidores pueden tomar decisiones con mayor certidumbre y conocimiento, así como las reglas bajo las cuales se definen las reglas en materia de publicidad que deben ser cumplidas por las empresas.

Como se ha mencionado en otras ocasiones, “no podemos olvidar que entre los bienes y servicios que se comercializan cada vez de una manera más amplia y extensa, las diferencias en precio y calidad se han reducido. De ahí que cobre gran relevancia la publicidad, pues entre productos semejantes se busca atraer a los consumidores mediante estrategias de mercadotecnia en las que se resaltan ciertas virtudes y sobre las que en muchas ocasiones el consumidor se basa para tomar una decisión”. No cabe duda que ante la diversidad y complejidad de la comercialización y de la publicidad, la información es el derecho fundamental de los consumidores que amerita una protección estratégica, pues de su adecuada atención se podrán prevenir riesgos y abusos, así como ampliar la protección en otros derechos básicos de los consumidores.

En este sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor reconoce también como uno de los principios básicos de las relaciones de consumo el derecho a la información adecuada, a la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, y determina que “la información o publicidad relativa a bienes y servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas”. Y la Ley agrega: “Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información… que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta”.

En este marco, la Profeco revisó en 2011 la publicidad de los tenis Reebok Easytone, que se difundió en televisión por cable y afirmaba “tonificar piernas y glúteos con cada paso”, “más que las zapatillas comunes”, por contener “cámaras de aire que tonifican al crear microestabilidad” y remitía a los consumidores a conocer mayor información en su página Web. En dicho medio profundizaban afirmaciones, en el sentido de que con el uso de los tenis Easytone se tonificaban en un 28% más los glúteos y 11% más las pantorrillas y los tendones. Al respecto, la Profeco solicitó que se presentaran las pruebas que demostrasen que dichas afirmaciones eran veraces y comprobables, lo cual no acreditó fehacientemente la empresa. En este contexto, la Profeco procedió a multar esta publicidad por engañosa, sancionando al proveedor con un millón de pesos.

Estas acciones para sancionar la publicidad engañosa de los tenis Reebok Easytone también fueron emprendidas en otros países donde se usaron las mismas afirmaciones señaladas anteriormente. La Comisión Federal de Comercio de EUA (FTC, por sus siglas en inglés) emprendió una investigación para que la empresa probara científicamente sus afirmaciones, lo cual no pudo demostrar y dio pauta para promover una acción colectiva. A partir de estos elementos es que ambas partes llegaron a un acuerdo para que Reebok pagará 25 millones de dólares en reembolsos a los consumidores que hubieran comprado este producto.

De esta manera, la Profeco buscó dar un paso adicional al de la multa administrativa descrita e integró una acción de grupo (hoy denominadas acciones colectivas) para que la empresa respondiera directamente por el daño realizado a aquellos consumidores que compraron estos tenis a partir de la publicidad engañosa. La demanda presentada por la Profeco no sólo integraba elementos del procedimiento administrativo señalado, sino además elementos del proceso realizado contra Reebok en EUA.

Con estos antecedentes, en el proceso de la acción de grupo una de las controversias clave fue el valor probatorio respecto de la publicidad del producto en comento. En primera instancia, el juez de distrito consideró que la Profeco no aportó material probatorio sobre la existencia de publicidad engañosa y, por tanto, no se acreditaban los elementos de la acción. Esta resolución fue posteriormente confirmada el pasado 21 de noviembre de 2014 por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa, ante lo cual se amparó la Profeco.

De esta forma, el pasado 12 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz el amparo directo en revisión mediante el cual se revoca la sentencia impugnada, pues “cuando se trata de la afectación de derechos de los consumidores al aducir que la publicidad o información difundida por el proveedor es engañosa, es el proveedor el que debe desvirtuar los indicios aportados por los consumidores y comprobar que la información publicitada es exacta, veraz, moderada, justa, real u objetiva en los términos en que fue ofertada. Ello es así ya que la información o publicidad que difundan los proveedores por cualquier medio o forma debe ser comprobable”.

En este sentido, la Primera Sala agrega una serie de argumentos que describen con gran claridad la asimetría que existe entre consumidores y proveedores en las relaciones de consumo: “Además de que, atendiendo a los principios favor debilis y de acceso a la justicia, se debe tomar en cuenta que los consumidores no cuentan con la información y aptitudes técnicas y científicas para aportar elementos de prueba que demuestren que la información no cumple con las características que les exige la propia ley. Más aún, de que es el proveedor el que se encuentra en una situación de ventaja frente al consumidor, pues conoce la eficacia del producto ofrecido y cuenta con la información para aportar los elementos de prueba necesarios para demostrar que su publicidad no induce al error o genera un daño o perjuicio al consumidor. Exigir a los consumidores aportar pruebas irrefutables para demostrar que la información es inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa, haría nugatorio su derecho al acceso a la justicia, pues nadie puede conocer mejor que el proveedor el proceso de producción del bien que comercializa publicita.”

De esta forma, la Suprema Corte devolvió el asunto al tribunal colegiado, para que “se avoque de nueva cuenta al estudio de la legalidad de la resolución a efecto de salvaguardar los derechos previstos en el artículo 28 constitucional en relación con la protección al consumidor”.

easytone2Independientemente de que todavía desconocemos cómo se resolverá de fondo el presente litigio, sin duda alguna esta resolución de la Corte fortalece el derecho a la información de los consumidores al hacer más eficaz su ejercicio y defensa. En efecto, otorga a la Profeco mayor claridad para combatir la publicidad engañosa y obliga a los proveedores a aportar los elementos que prueben que su información o publicidad es veraz y comprobable. Esto es un principio indispensable para que cada empresa se responsabilice de la publicidad que emita y las afirmaciones (los famosos claims) de ésta sean consistentes con la calidad del producto o servicio, lo cual ampliará el alcance de esfuerzos de autorregulación en México, de mayor responsabilidad, cerrando la pinza de esta manera para combatir la publicidad de los llamados productos milagros. La Corte, en este sentido, pone la carga de la prueba publicitaria al proveedor y no a la autoridad ni mucho menos a los consumidores. Asimismo, es una oportunidad para alinear las políticas de defensa del consumidor y de competencia económica, pues como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la publicidad engañosa no sólo perjudica a los consumidores, sino también a la competencia y a la confianza en el mercado.

En el ámbito internacional, esta acción de grupo fue incluso presentada en octubre de 2012 como un caso de éxito de cooperación internacional en el “International Consumer Protection and Enforcement Network” (en donde participan las principales agencias de protección al consumidor del mundo), pues de la adecuada interacción entre Profeco y la FTC se evitó que una empresa global tuviera un comportamiento de cumplimiento regulatorio diferenciado por países, sin importar que el daño a los consumidores es el mismo. Este aspecto no es menor, pues recordemos que Reebok llegó a un acuerdo con la FTC para compensar a quienes compraron este producto. ¿Porqué en México enfrentó este problema de una manera diferente? ¿Los consumidores y las autoridades estadounidenses valen más que los mexicanos? Sin duda este caso contribuirá a que las empresas globales tengan un comportamiento frente a los consumidores mexicanos acorde con lo que hacen en otros países.

Por último, esta resolución es consistente con otros momentos en que la Suprema Corte ha contribuido a fortalecer la tutela de los derechos de los consumidores, como el caso de la acción de inconstitucionalidad contra la Norma 29 emitida por el Gobierno del Distrito Federal, así como el amparo en revisión 91/2004 resuelto por esta misma Primera Sala en donde se confirma que la publicidad está sometida a las mismas restricciones que afectan la actividad comercial o industrial y, por ello, es constitucional el establecimiento de límites de veracidad y claridad exigibles en ese ámbito. Por estas razones es que la tutela de los derechos de los consumidores se verá favorecida en la medida que el Poder Judicial desarrolle interpretaciones más sistemáticas y con una visión pro persona, como las que hemos analizado en estas líneas. La resolución de la Suprema Corte no sólo amplía la protección de los consumidores mexicanos, sino que será de gran trascendencia para conocerse y analizarse en otros países, y así demostrar que existe un alto para combatir la publicidad engañosa y darle un carácter superior al derecho básico a la información publicitaria.

Bernardo Altamirano Rodríguez. Profesor de las materias: “La Empresa ante la Regulación, los Consumidores y la Competencia” en el ITAM, así como de “Régimen Jurídico de la Publicidad” en la UNAM. Twitter: @beraltamirano

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La semana pasada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo interpuesto por la asociación Mexicanos Primero. Se trata de un caso histórico por abrir una rendija para atacar desde la trinchera ciudadana los diversos casos de corrupción que acontecen en nuestro país, pero también porque ofrece una buena batería de criterios jurídicos novedosos relacionados principalmente con el interés legítimo y que bien pueden ser exprimidos en el futuro por otras organizaciones de la sociedad civil. En el siguiente video, el abogado Luis M. Pérez de Acha, arquitecto de la estrategia jurídica de este juicio de amparo, explica precisamente en qué consistió esta estrategia y cuáles son algunos de los escenarios jurídicos futuros a partir de la victoria alcanzada con este asunto.

Luis M. Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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Después de un acalorado e inédito debate en redes sociales y diversos medios de comunicación respecto la candidatura de Eduardo Medina-Mora a ministro de la Suprema Corte, fue finalmente ratificado como tal por el Senado de la República. Más allá del indispensable ejercicio de reflexión que debe seguir después de un proceso de designación de este calibre, a continuación se presenta una puntual y aséptica crónica de cómo fue la tarde de hoy en que se nombró a un nuevo ministro de la corte constitucional mexicana. 

12:15. Distintas notas periodísticas revelan que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Senado de la República acuerda brindar su apoyo a Eduardo Medina Mora, uno de los candidatos enviados por el presidente de la República para ocupar la vacante que dejó Sergio Valls con su fallecimiento el año pasado.

12:30. Fuera del recinto parlamentario, un grupo de ciudadanos se manifiesta en contra de Eduardo Medina Mora. “Por una Corte independiente”, se lee en algunas pancartas; “No queremos abortos rápidos y furiosos”, dicen otras.

Al mismo tiempo, activistas sociales y senadores del Partido de la Revolución Democrática entregaron en el Senado más de 50 mil firmas en contra de la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la SCJN. Señalan deficiencias en su labor como procurador General de la República; acusan que durante su gestión al frente de la PGR se violaron de manera sistemática derechos humanos y que, en distintas controversias y acciones constitucionales, se opuso al federalismo y al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.

13.50. Miguel Barbosa señala la ruta y el procedimiento que seguirá el proceso de votación del nuevo ministro de la Corte.

13.53. Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, presenta el dictamen de la Comisión, confirmando que los aspirantes al cargo de ministro de la SCJN cumplen con los requisitos de elegibilidad que exige la Constitución para ocupar el puesto.

Reconoce que, como nunca antes, la sociedad civil participó en el proceso de designación del nuevo ministro. Por otra parte, criticó el mecanismo legislativo de designación de ministros, pues la responsabilidad del presidente de la República se diluye al enviar una terna y no un perfil único.

14:01. Comienzan los posicionamientos. Dolores Padierna se manifiesta en contra de la candidatura de Eduardo Medina Mora. Lo señala como uno de los “inventores de la guerra contra el narcotráfico”. Señala las numerosas recomendaciones que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la PGR que encabezó el entonces procurador. A Padierna se le va la voz; furiosa, pide al presidente de la Mesa Directiva que le deje terminar de leer su documento. Concluye gritando y pidiendo un voto de conciencia a sus colegas senadores.

Terminada la intervención de Padierna, distintos senadores del PRD señalan fallas en la señal del Canal del Congreso a la hora del discurso de la senadora. Angélica de la Peña exige medidas administrativas y eventuales sanciones a los “responsables” de estos hechos. Todo en esta sesión es motivo de litigio.

14:23. El senador Manuel Bartlett, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, recuerda la moción suspensiva que exigieron distintos legisladores durante el día para que no se inicie el proceso de discusión y votación del nuevo ministro. Señala que la Comisión de Justicia no realizó un análisis de idoneidad con respecto a la candidatura de Medina Mora. Angélica de la Peña, desde su escaño, se suma a la petición de una moción suspensiva por parte del PRD.

14:43. La senadora de la Peña hace referencia a las 50 mil firmas que se juntaron en la página change.org Señala que es un motivo para llevar a cabo una moción suspensiva.

14:53. Roberto Gil, desde su asiento, defiende el proceso que llevó a cabo la Comisión de Justicia para la realización del dictamen y recuerda el acuerdo votado por unanimidad para recibir las firmas presentadas ante la Comisión, subirlas al micro-sitio de la Comisión y remitirlas a los grupos parlamentarios.

Manuel Bartlett y Dolores Padierna critican lo dicho por el presidente de la Comisión de Justicia.

Gil replica: ningún integrante del Partido del Trabajo participó en los cuestionamientos a los candidatos al cargo durante las comparecencias de éstos en la Comisión de Justicia. Bartlett señala que el dictamen de la Comisión tiene la finalidad de proteger a Medina Mora.

Se procede a votar sobre la admisión de las mociones suspensivas presentadas. Son rechazadas por una amplia mayoría.

15:09. Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo, rechaza la candidatura de Eduardo Medina Mora. Critica las posturas en materia de seguridad que respaldó Medina Mora. También apunta que el embajador no cumple con el requisito de residencia por haber tenido su domicilio fuera del país durante los últimos dos años, siendo embajador en Reino Unido y en Estados Unidos. Lo acusa de haber servido a las empresas petroleras durante su estancia en Estados Unidos.

15:22. Carlos Puente, del Partido Verde, defiende el dictamen de la Comisión de Justicia.

15:29. Luis Sánchez, a nombre del PRD, se opone el nombramiento de Medina Mora. Critica la liberación de las cuentas de Raúl Salinas de Gortari durante su gestión en la PGR; condena su labor como procurador y la violación de distintos derechos desde ese puesto político.

15:35. Fernando Yunes Márquez, a nombre del grupo parlamentario del PAN, exige respeto para los otros dos candidatos propuestos en la terna y exige tomar en cuenta a los perfiles a la hora de votar.

15:41. Ernesto Gándara, a nombre del PRI, defiende la reputación y la “integridad personal” de Medina Mora. Pide hacer a un lado valores y prejuicios que “demeriten” la justicia.

15:48. Más de cinco oradores hablan en contra del dictamen; solamente dos lo defienden: Omar Fayad (PRI) y Daniel Ávila (PAN) –quien anuncia, además, su voto a favor de Medina Mora. Javier Corral (PAN), Angélica de la Peña (PRD), Dolores Padierna (PRD), Layda Sansores (MC) y Alejandro Encinas (MORENA), entre otros, se expresan en contra.

17:15. Se aprueba el dictamen de la Comisión de Justicia, que señala que los tres candidatos cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad.

17:18. Los tres candidatos entran al Salón de sesiones del Senado.

17:21. Los miembros que integran la terna enviada por Enrique Peña Nieto dan un discurso sobre la idoneidad de sus candidaturas y sobre lo que debe ser la Suprema Corte de Justicia. “La Constitución es norma viva, que debe ser realidad palpable para todos los mexicanos”, afirma Felipe Alfredo Fuentes, que hace un discurso relativamente breve, recordando las últimas transformaciones de la Corte y comentando sus próximos retos; momentos después habla Horacio Hernández, al borde de las lágrimas durante su largo relato autobiográfico contado en tercera persona, que oscila entre el sentimentalismo, la cursilería  y la pretensión de elocuencia.

medina-mora18:00. Medina Mora comienza su discurso reiterando su respeto a quienes le han criticado. Señala que, aunque respeta sus inquietudes, pero no las comparte; punto por punto, contesta a las objeciones que le hicieron distintos senadores. Habla sobre Oaxaca, Atenco, los fondos de Raúl Salinas de Gortari, acciones de inconstitucionalidad promovidas por él como procurador… En pocas palabras: da respuesta a sus críticos. Posteriormente, divaga. Repite un lugar común tras otro. No se compromete con definiciones ni con propuestas. Repite su respeto al orden legal. Habla de la Constitución como máxima norma jurídica y del nuevo rol del derecho internacional. Lugar común tras lugar común, Medina Mora defiende su trayectoria como abogado privado y como servidor público. “Mi único compromiso es con la Constitución y con México”, concluye su discurso el embajador Medina Mora.

18:20. El presidente Barbosa da inicio a la votación. Uno por uno, los senadores pasan a depositar su papel en la urna que está frente a todos los escaños. La tensión en el Pleno crece. Los senadores se voltean a ver, intercambian un par de palabras y ven sus celulares. Inicia el conteo de los votos y quizás también el momento más tenso de toda la tarde.

18:40. Termina la votación. Miguel Barbosa anuncia que, tras la votación, Eduardo Medina Mora ha sido elegido por más de las dos terceras partes como el nuevo ministro de la Corte. Las bancadas del PAN y del PRI aplauden. La bancada del PRD está en silencio; la mayoría de los perredistas cruzan los brazos y miran cómo, otra vez, ganan la votación PRI y PAN.

Esta es la crónica de un nombramiento anunciado: la del ex procurador y ex embajador Eduardo Tomás Medina Mora.

Juan I. ZavalaEstudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt

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justiciaPara ser algo más que un mero trámite, las comparecencias de los integrantes de la terna para la Suprema Corte de Justicia (SCJN) deberían cumplir, al menos, con dos objetivos. Por una parte, el procedimiento debería asegurar que los senadores cuenten con todos los elementos necesarios para determinar si las propuestas de Peña Nieto cumplen con los requisitos que marca la Constitución y, sobre todo, si tienen madera para ser jueces constitucionales. Segundo, el paso de los nominados por el Senado debería constituirse en un auténtico ejercicio de transparencia y deliberación de cara a la ciudadanía. Se trata, pues, de que las comparecencias no sólo garanticen el cumplimiento de los artículos 95 y 96 de la Constitución –que en el presente contexto no es poca cosa–, sino que también abonen a la legitimidad de quien finalmente ocupe el lugar en nuestro tribunal constitucional.

Si bien tenemos reglas constitucionales absurdas que dificultan el cumplimiento de ambos objetivos –el presidente de la República designa directamente al nuevo ministro si el Senado tarda más de 30 días en pronunciarse o si rechaza sus propuestas en dos ocasiones– lo cierto es que la Comisión de Justicia del Senado ha abierto una oportunidad, limitada pero significativa, para que la comparecencia del embajador Eduardo Medina Mora y de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco sean algo más que una simple formalidad. En las siguientes líneas ofrezco una breve reflexión sobre lo bueno, lo malo y lo (potencialmente) trágico de las comparecencias que vienen.

Lo bueno: un piso mínimo de transparencia y apertura

Vale la pena apuntar algunas virtudes del acuerdo de la Comisión de Justicia del Senado. Por una parte, abre la puerta para que actores de la sociedad civil o de la comunidad jurídica participen en el proceso mediante la presentación de opiniones sobre cualquier candidato, preguntas dirigidas a ellos, así como “cualquier información que sea relevante para la designación”.

Por otra parte, el acuerdo exige que los candidatos presenten por escrito sus posiciones sobre aspectos relativamente generales, como los retos de la justicia constitucional o el perfil que deben tener los ministros y sus colaboradores, pero también en temas mucho más concretos, como temas prioritarios para ejercer la facultad de atracción. Asimismo, se les solicitan documentos directamente relacionados con el mandato contenido en el párrafo segundo del artículo 96 constitucional: los candidatos pertenecientes a órganos jurisdiccionales –los magistrados Fuentes Barrera y Hernández Orozco– expondrán sentencias y votos particulares que muestren su entendimiento de la Constitución y los derechos humanos, mientras que Medina Mora deberá explicar contribuciones profesionales que den cuenta de su ejercicio de la actividad jurídica.

Por último, el acuerdo de la Comisión de Justicia promueve la transparencia del proceso en la medida en que se compromete a hacer públicos todos los documentos entregados por los candidatos, así como los que presenten la sociedad civil y el gremio jurídico.[1]

En suma, frente a un proceso escasamente normado –la Constitución sólo señala que el Senado realizará la designación de ministros “previa comparecencia de las personas propuestas” y la legislación secundaria no añade gran cosa– la Comisión de Justicia ha mostrado una vocación por establecer un piso mínimo para las comparecencias. Pero sería por demás ingenuo pensar que las reglas establecidas en acuerdo (o los documentos que reciba el Senado) serán suficientes para garantizar una designación transparente, abierta y razonada.

De poco servirán las comparecencias si los senadores no generan un debate serio y sustantivo sobre el perfil de Medina Mora, Fuentes Barrera y Hernández Orozco. Más que conocer sus posturas genéricas sobre la igualdad, los derechos humanos o la democracia, las comparecencias deberían ser útiles para saber qué piensan los candidatos en temas concretos, como la constitucionalidad de las legislaciones estatales que no permiten los matrimonios igualitarios, las restricciones constitucionales a derechos contemplados en tratados internacionales, o la constitucionalidad de consultas populares relacionadas con la materia energética, los salarios mínimos o el número de legisladores.

Necesitamos, pues, preguntas sustantivas y respuestas precisas para evaluar el perfil de los candidatos. Y si bien es razonable que los candidatos no se pronuncien sobre casos que aún estén pendientes de resolución en la Corte, nada impide que conozcamos su opinión sobre materias en las que ya existe un pronunciamiento de la Corte. De hecho, parece que así lo han entendido los integrantes de la Comisión de Justicia, quienes expresamente han exigido que los aspirantes se pronuncien sobre sentencias de la SCJN que se consideren relevantes “por implicar un retroceso en la interpretación constitucional”.

En pocas palabras, si el Senado se toma en serio su papel, tendremos un debate que permita informar el criterio de los legisladores y que llame la atención de la opinión pública. De lo contario, en las comparecencias del 2 de marzo simplemente presenciaremos monólogos huecos y poco atractivos. La advertencia que hace veinte años hiciera Elena Kagan, actual integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos, es también relevante para el caso mexicano: “Cuando el Senado deja de entablar con los nominados una discusión significativa sobre temas legales, el proceso de confirmación adquiere un aire de vacuidad y farsa, y el Senado se vuelve incapaz de evaluar a los nominados o de informar al público”.[2]

Lo malo: plazos insuficientes para un escrutinio exhaustivo

En parte por el plazo de 30 días establecido en la Constitución, pero también por la decisión de los legisladores, sabemos que los tiempos serán insuficientes para realizar un escrutinio exhaustivo de las propuestas presidenciales. Entre la recepción de la terna (17 de febrero) y las comparecencias (2 de marzo) mediarán sólo 13 días, y el Senado contará con poco más de dos semanas después de éstas para realizar un pronunciamiento final. Dicho de otro modo: los legisladores contarán con muy poco tiempo para indagar en el perfil de tres potenciales integrantes de la Corte.

Lo limitado de los plazos queda claro si ponemos el caso mexicano en una perspectiva comparada. En Estados Unidos, por ejemplo, el Senado utiliza mucho más de 30 días para analizar el perfil de un solo candidato. Rutkus y Bearden apuntan, por ejemplo, que entre 1969 y 2009 la mediana entre la recepción de la nominación y la decisión final fue de 69 días.[3] Asimismo, señalan que el Senado suele dejar al menos un mes antes de la realización de las comparecencias, de tal forma que los senadores tengan tiempo suficiente para analizar el perfil del candidato. Y quizá más significativo aún sea el hecho de que las comparecencias del candidato duran varios días (más de cuatro por lo general, e incluso algunas tan extensas como la del actual justice Clarence Thomas, que duró once días).

Contar con plazos extensos es fundamental para que los senadores no sólo analicen los escritos y dichos de los candidatos, sino también su desempeño previo como funcionarios públicos. En el caso de los magistrados Fuentes Barrera y Hernández Orozco, no basta con analizar las tres sentencias y los tres votos particulares que voluntariamente enviarán al Senado. Lo que necesitamos es un análisis exhaustivo de su labor como jueces, no una revisión de las sentencias que ellos consideran más relevantes. Ultimadamente, los jueces se dan a conocer y se (des)legitiman por el conjunto de decisiones que toman; por sus sentencias buenas, pero también por las malas. Más aún, si algo nos ha enseñado el desempeño de los ministros de carrera es que en la familia judicial existe una importantísima variedad de posturas ideológicas –pensemos simplemente en las contrastantes filosofías de la ministra Luna Ramos y del ministro Silva Meza–.

En el caso de Medina Mora el reto quizá es aún mayor, pues 13 días se antojan insuficientes para hacer un análisis de su desempeño de sus más recientes cargos públicos: Director General del CISEN, Secretario de Seguridad Pública, Procurador General de la República, así como Embajador ante el Reino Unido y ante los Estados Unidos. Pensemos, simplemente, en la totalidad de las acciones de inconstitucionalidad que presentó en su carácter de Procurador. ¿Qué nos dicen estas actuaciones sobre su concepción de la justicia constitucional? ¿Serán consistentes estas determinaciones con lo que en su momento exponga Medina Mora ante el Senado?

Más aún, el Senado debería contar con el tiempo necesario para determinar un aspecto fundamental sobre su candidatura. ¿Cumple Medina Mora con el requisito de residencia contemplado en el artículo 95, fracción V, consistente en “[h]aber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación”? No han sido pocos quienes han señalado que la respuesta muy probablemente es negativa, ya que: a) es un hecho público y notorio que desde 2009 Medina Mora reside fuera del país, b) en 1994 se reformó la Constitución para eliminar las excepciones al requisito de residencia,[4] c) no resulta aplicable el artículo 47, fracción I, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM), pues éste se refiere a que los miembros del servicio conservarán su domicilio, mas no su residencia, y d) aun si se interpretara que domicilio y residencia son conceptos idénticos, el mencionado artículo de la LSEM sería inconstitucional, pues claramente iría en contra del texto expreso del artículo 95 de la Constitución y de la voluntad del poder reformador de la Constitución.

Existe, en síntesis, una duda razonable sobre si Medina Mora cumple o no con los requisitos para ser ministro. Y dada la complejidad y trascendencia del caso, lo ideal sería que buena parte de nuestra discusión pública se enfocara en contestar a una pregunta que toca temas fundamentales para la justicia constitucional: el sistema de pesos y contrapesos, el papel de la voluntad del legislador democrático en la interpretación constitucional, así como la jerarquía normativa. Desafortunadamente, creo que será difícil que los senadores y la opinión pública le presten la atención que amerita el caso. De entrada, la Presidencia de la República nada dijo sobre este tema al proponer la candidatura de Medina Mora, por lo que en menos de 30 días habrá que discutir, al mismo tiempo, el cumplimiento de los requisitos y la idoneidad de tres candidaturas distintas.

Lo (potencialmente) trágico: el poder desmedido del presidente

Finalmente, conviene apuntar que el desenlace del proceso de designación podría ser un tanto trágico. Supongamos que se presenta un escenario cercano al ideal: los senadores se toman su papel en serio y hacen un escrutinio exhaustivo de los candidatos antes, durante y después de las comparecencias; la sociedad civil y el gremio jurídico intervienen activamente en el proceso, emitiendo opiniones sobre los candidatos y aportando información relevante para la designación; y la opinión pública da un seguimiento puntual a cada una de las etapas del proceso de designación. Supongamos, en suma, que las comparecencias y el proceso de designación cumplen con los objetivos que se han señalado. Pues bien, incluso en este escenario ideal, nada garantizaría que a la Corte llegara un candidato sin el respaldo de la mayoría calificada de los senadores, ya que el artículo 96 constitucional sólo da al Senado una oportunidad para rechazar las propuestas enviadas por el presidente de la República. Dice el párrafo segundo de dicho artículo que, después de un segundo rechazo a la terna enviada por el ejecutivo, “ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.”

Como han apuntado Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo, las disposiciones que permiten la designación directa de ministros por parte del presidente “sólo se pueden explicar en el contexto político en el que se aprobó la reforma constitucional de diciembre de 1994”.[5] De acuerdo con estos autores, el mecanismo permitía guardar las apariencias y, al mismo tiempo, “no renunciar de forma absoluta al control del Ejecutivo en el sistema de nombramientos.” Así, pues, a casi quince años de la alternancia en la Presidencia de la República, seguimos nombrando a nuestros ministros con base en reglas que son herencia de un pasado no democrático.

Peor aún, se trata una regla que rompe con el equilibrio de poderes durante todas las etapas del juego. La posibilidad de realizar una designación directa no sólo se vuelve relevante cuando se analiza una segunda terna. En realidad, la regla debilita la capacidad de negociación del Senado desde el inicio del juego: los legisladores tienen incentivos para aceptar alguna de las primeras propuestas del presidente aun cuando no les satisfagan, pues saben que la segunda terna puede estar conformada por candidatos todavía lejanos a sus preferencias.

En este escenario nos encontramos. Pese a las notas positivas como el acuerdo de la Comisión de Justicia nos encontramos en un contexto normativo francamente adverso. Parece, en consecuencia, que la construcción de un contexto de exigencia sólo será posible si hay una clara voluntad política del Senado. El balón está en la cancha de los senadores. Ojalá no olviden que, tratándose de la designación de ministros de la Corte, son ellos los principales garantes del orden constitucional. Nada más y nada menos.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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[1] Aunque, en este punto, el acuerdo es relativamente ambiguo, pues señala que sólo se publicará la información que cumpla con los principios de “veracidad, licitud, oportunidad y transparencia”.

[2] Kagan, Elena. “Confirmation Messes, Old and New”, The University of Chicago Law Review, vol. 62, no. 2, 1995, p. 920.

[3] Todos los datos que cito del caso estadounidense provienen de Rutkus, Denis Steven y Maureen Bearden, “Supreme Court Nominations, 1789 – 2009: Actions by the Senate, the Judiciary Committee, and the President”, CRS Report for Congress, Congressional Research Service , 13 de mayo de 2009.

[4] Antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994, el artículo 95, fracción V, señalaba que para ser electo ministro de la SCJN se necesitaba “[h]aber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo en el caso de ausencia en el servicio de la República, por un tiempo menor de seis meses” (énfasis añadido).

[5] Elizondo Mayer-Serra, Carlos y Ana Laura Magaloni, “La forma es fondo: Cómo se nombran y cómo deciden los ministros de la Suprema Corte de Justicia”, Cuestiones Constitucionales, núm. 23, 2010, pp. 36-37.

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El pasado martes 17 de febrero se envió una terna para designar al próximo ministro que cubrirá la vacante del Ministro Sergio Valls, quien falleció en diciembre pasado. Soy partidaria de cambiar el sistema, pero por ahora es lo que hay, así es que aquí algunas propuestas para mejorarlo.

Discreción no implica falta de justificación

El hecho de que la Constitución disponga que el titular del ejecutivo federal enviará las ternas al Senado, no implica que se trate de una decisión libre y a capricho del presidente.

El envío de la terna por parte del ejecutivo debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, pues aunque la Constitución la disponga como una facultad discrecional tácita, debe cumplir con los requisitos de los artículos 95 y 96 constitucionales, así como con los principios del Estado constitucional. Dentro de estos parámetros, la determinación sobre quiénes integran las ternas no puede ser tomada atendiendo a los caprichos personales o momentáneos del titular del ejecutivo federal, su decisión debe obedecer a más bien criterios razonables y democráticos. Y estos criterios deben ser justificados ante la opinión pública en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, para dar legitimidad tanto al próximo ministro, como a la labor institucional de la Corte.

Para justificar la candidatura a ministro, el presidente de la Republica debiese explicar cómo realizó el ejercicio de toma de decisión explicando los principios y valores que lo guiaron, además de justificar ante la opinión pública cómo es que el candidato en cuestión cumple con los requisitos subjetivos que establece el último párrafo del artículo 95: “Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.”

La transparencia y la justificación de las decisiones en el proceso entero de nombramiento de ministros, tanto por parte del ejecutivo federal, como por parte del Senado, son indispensables para su legitimación.

Ahora bien, una de las reglas indispensables para la integración de las ternas sería el de la regulación sobre la repetición de candidatos ya rechazados. Pues se han dado ya tres casos en que ministros designados han participado en diversas ternas que han sido en un primer momento rechazadas. La Constitución establece que el presidente enviará una “nueva terna” si la primera fuese rechazada. Debe aclararse si “nueva” implica integrada por tres nuevas (distintas) personas o simplemente el “nuevo” se refiere a enviar una terna que cambien uno o dos candidatos pero se mantenga a uno o dos que estuvieron en la primera terna. Lo lógico sería la primera interpretación, pues si en la primera terna ningún candidato obtuvo el voto de las dos terceras partes del Senado, ¿para qué volver a enviar a un candidato que según la primera votación no cumple con los requisitos constitucionales para ser ministro? De otra forma, ¿por qué no fue electo?

Procedimiento ante el Senado ¿Y las reglas?

question.mark2Una vez que el Senado recibe las ternas, las reglas constitucionales para esta etapa del procedimiento son mínimas y bastante generales. Se establece solamente que los candidatos comparecerán ante el órgano y que éste elegirá a uno de los tres mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. No se establece si las comparecencias deben ser ante el Pleno o ante comisiones, ni tampoco cuál es el objetivo o el formato de éstas. No se dice si deberá comparecer una vez o varias. Si los senadores deben basar su voto en la comparecencia o tomar en cuenta otra información, si las comisiones deben emitir un dictamen y qué contenido debe tener éste. Si las comisiones deben recomendar al Pleno a un candidato o solamente limitarse a verificar los requisitos constitucionales, si debe proporcionar otra información a los senadores. Si debe haber una discusión en las comisiones dictaminadoras o si debe haber un debate en el Pleno. Si en las comparecencias puede haber preguntas o interpelaciones.

Así, pues, la falta de certeza sobre la realización de las comparecencias no abona a la transparencia y rendición de cuentas. El ciudadano interesado en seguirlas no tiene manera de saber con antelación sus formalidades y funcionamiento y a veces la comunicación del procedimiento no es eficaz. La cobertura en medios no es tampoco la deseable, la nota por lo general aparece, pero no de manera destacada. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda precisamente la existencia de reglas claras para las designaciones[1]: “[L]os Estados deben emitir de manera previa y públicamente las convocatorias y procedimientos con los requisitos, criterios y plazos para que cualquier persona que considere satisfechos los requerimientos pueda acceder a los puestos de fiscal, juez, jueza, defensora o defensor público.”

Por otro lado, el cumplimiento de requisitos subjetivos no es un tema de relevancia en las comparecencias y los votos. Hasta ahora, en ninguna designación se ha hecho referencia a éstos –ni en el dictamen, ni en los posicionamientos ante el Pleno-, cuando son los que justamente hacen diferentes a los candidatos.

El voto en el Pleno del Senado. Sus razones y su porcentaje.

Otra cuestión que debiese ser regulada mediante ley reglamentaria es el voto y el quórum. Sería deseable que el Pleno justifique la elección, de manera que se hace necesario un debate en el Senado, donde ya sea que los partidos o los senadores a título particular justificasen el sentido de su voto.

Además, al ser votación por cédula, no se sabe qué partido votó a favor del designado[2]. Se desconocen las razones por las que se votó en contra. En el caso de la designación de los ministros Pérez y Gutiérrez, por ejemplo, no hay inclusive registro en el Diario de los Debates sobre los votos que no fueron para ellos; es decir, no se sabe si se votó por los otros dos candidatos o hubo abstenciones.

Por su parte, en cuanto al quórum de senadores presentes vale recordar que para que pueda trabajar el Senado se exige la mitad más uno de los senadores, de manera que un ministro, ¡un juez constitucional!, podría ser electo con tan solo dos tercios de la mitad: 44 votos.

La fórmula original de designación de ministros disponía un quórum de instalación para la sesión del Congreso de al menos dos terceras partes de los diputados y senadores y quórum de votación que equivalía a la mayoría absoluta de los votos no sería mala idea establecer un quórum más alto para la sesión de designación de ministros: legitimaría su elección.

La política en las designaciones y la oposición

La razón por la que algunos Estados optan por formar comités de designación es la de aislar el proceso de la política. Se razona que si son los partidos políticos quienes tienen injerencia directa en el nombramiento de jueces constitucionales, buscarán entonces ministros adeptos a su ideología, mermando con ello la independencia judicial.

Al parecer, para lograr garantizar la independencia de los jueces constitucionales, se requiere que la política tenga poco peso a la hora de designar jueces, pues con ello resulta un proceso que goza de mayor legitimidad al percibirse que se elige a quienes cumplen con las credenciales necesarias y no a personas fieles a una ideología o que podrían serles incondicionales.

El problema no es una mera teoría, Estados Unidos es un buen ejemplo. Las tendencias con las que la Corte resuelve están relacionadas con el juego de fuerzas políticas en la Casa Blanca y el Capitolio. En Alemania tradicionalmente se han dividido las designaciones entre los dos grandes partidos (Cristianodemócrata y Socialdemócrata).

La participación directa del Senado mexicano en la designación de ministros, con dos partidos fuertes como lo son el PRI y el PAN (a pesar de existir un sistema tripartita, en el Senado de la República la izquierda tiene poco peso en las decisiones) y el sistema de ternas, hacen que la designación de ministros caiga directamente dentro de la arena política, es decir, en el reparto y negociación entre el PRI y el PAN. El proceso se presta a la negociación entre ambos partidos y a la designación de ministros fieles a éstos. Al cooptarse la designación por los dos partidos más fuertes, el sistema necesariamente se cierra y se vuelve incontrolable pues una mayoría calificada secuestra el procedimiento.

En este sentido, sería deseable la participación de la sociedad civil[3] en la nominación de candidatos a integrar las ternas, así como aumentar el quórum para las sesiones, la justificación del voto y que la comisión de justicia del Senado, o la que esté encargada de las comparecencias, tuviese una composición equilibrada, estando obligada a recomendar a un candidato al Pleno por medio de un dictamen razonado y justificado.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace

[1]Mientras esto se escribe, la Comisión de Justicia en el Senado publicó su acuerdo acerca de las reglas a que se someterán las comparecencias para los tres candidatos.

[2]Se entiende que el voto por cédula tendría como finalidad precisamente desvincular al ministro electo de un partido o fracción política, sin embargo, no se logra (es evidente por el número de votos) y resta responsabilidad a los senadores sobre el voto emitido.

[3]El acuerdo de la Comisión de Justicia prevé en sus puntos 7 y 8 la participación indirecta de la sociedad civil a través del envío de información, opiniones y preguntas.

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Después de que la PGR decidió fincar cargos en contra de siete militares por el caso Tlatlaya, el Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo: “Los militares de México aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada no merece” (La Jornada, 11 de noviembre de 2014). Más recientemente, en la conmemoración de la Marcha de la Lealtad, el Secretario de Defensa advirtió que “hay quienes quieren alejar al Ejército del pueblo” y que la “verdadera lealtad no admite progresividad o regresividad, no es a veces si y a veces no” (La Jornada, 9 de febrero de 2015). Hace unos días, el Secretario de Defensa repitió que “en ocasiones se nos ha señalado sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias, para tratar de desprestigiarnos y con ello dañar la confianza en nosotros depositada” (La Jornada, 19 de febrero de 2015).

fuerzas.armadas2El presidente de la República y los empresarios han respondido. El presidente recientemente dijo: “Las Fuerzas Armadas están por encima de cualquier sospecha” (La Jornada, 20 de febrero de 2015). La semana pasada, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), frente al Secretario de Defensa y al Secretario de Marina, afirmó que “no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos [estudiantes de Ayotzinapa]. Es meterse a las entrañas de la sociedad mexicana, la parte más intima de nuestro ser y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el ejército” (La Jornada, 13 de febrero de 2015). De hecho, una posible lectura de la inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna que el presidente Peña Nieto envió al Senado para cubrir la vacante existente en la Suprema Corte es que, por su trayectoria en los últimos años, Medina Mora sería un ministro “sensible” a la situación de seguridad por la que atraviesa el país. Es decir, que Medina Mora vendría a apoyar una tendencia reciente en la Corte que no solo dejó inconclusa la adecuación al marco democrático del fuero militar que comenzó con Radilla y en el verano de 2012, sino que en octubre del año pasado amplió indebidamente dicho fuero al permitir que soldados acusados de delitos contra la salud, i.e. narcotráfico, sean juzgados en tribunales castrenses.

¿Es este el tipo de apoyo, de lealtad en blanco o negro, que necesitan nuestras Fuerzas Armadas en este difícil momento? Mi opinión es que no. Lo que necesitamos tanto las Fuerzas Armadas, como el gobierno civil, y todos los ciudadanos mexicanos, es buscar salidas al dilema constitucional que estamos viviendo: ¿cómo tener Fuerzas Armadas disciplinadas, eficaces y fuertes pero que al mismo tiempo funcionen bajo el marco de un Estado democrático de Derecho? Este es un dilema que está presente en todas las democracias constitucionales, pero adquiere una relevancia especial en democracias como la nuestra, con serios conflictos de seguridad internos en donde las Fuerzas Armadas son llamadas para combatirlos. En esas situaciones, no es útil que las Cortes Constitucionales o Supremas limiten a las Fuerzas Armadas de un modo tal que les impidan operar eficazmente, pero tampoco que éstas Cortes se marginen de la discusión siguiendo una política que aparece como deferencia con las Fuerzas Armadas, pero que de hecho las deja desprovistas de un marco legal adecuado. Nuestra Suprema Corte ha estado más cerca de la segunda opción que de la primera y no debería continuar por esta senda.

Pero, ¿qué podría hacer la Corte frente a esta situación? Hay una “tercera vía” consistente en que las Cortes Constitucionales o Supremas ayuden a reducir la incertidumbre legal que se deriva de que las Fuerzas Armadas estén luchando en crisis de seguridad internas. Por ejemplo, pueden contribuir buscando cómo conciliar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) con el derecho penal nacional y los derechos humanos para regular el uso de la fuerza. ¿Está México en una situación de “conflicto armado interno” que justificaría el uso del DIH? ¿Son los cárteles de la droga “partes en un conflicto armado”? ¿Toda muerte en un enfrentamiento es un homicidio o deberíamos de aceptar, bajo ciertas circunstancias, “muertes en combate” como consecuencias de una situación de conflicto armado interno? ¿Quiénes son los combatientes y cuándo se puede usar fuerza letal contra ellos? Si aceptamos que estamos en un “conflicto armado interno” que justifica el uso del DIH, ¿cómo debería éste ser combinado con el derecho penal nacional y los derechos humanos?

Estas son preguntas muy complejas, pero si seguimos sin enfrentarlas continuaremos en la situación de los últimos años: tenemos miles y miles de muertes que se quedan sin investigar ni juzgar por las resistencias a usar el derecho penal para decidir si son homicidios y en su caso aplicar el castigo correspondiente. Lo que las Fuerzas Armadas necesitan no es que se sigan apilando más muertes que no se investigan, ni que las instituciones y los actores políticos vean hacia otro lado y manifiesten su lealtad, mientras que otros sectores de la sociedad acumulan agravios y violaciones. Las Fuerzas Armadas necesitan un buen marco jurídico que les ayude a hacer su difícil labor pero dentro de los límites del estado democrático de derecho. De hecho, llevan años pidiéndolo. Sin un buen marco jurídico, las Fuerzas Armadas reclaman “lealtad” absoluta. Y las consecuencias de esta lógica polarizante han probado ser nefastas para todos.

Nuestra Suprema Corte puede ayudar a buscar salidas al dilema constitucional y las preguntas arriba planteadas. Esto no es raro en otros lugares del mundo que comparten situaciones complicadas como la nuestra, ¿por qué no lo podemos tener aquí? En Colombia, la Corte Constitucional lo ha hecho de manera ejemplar desde hace dos décadas. En Israel, la Corte Suprema lo ha hecho también. El Tribunal Constitucional del Perú ha tomado decisiones interesantes en este sentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos también. El Derecho Internacional Humanitario es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Los derechos humanos también. Necesitamos jueces capaces y deseosos de armonizar, combinar, ambas normas y aplicarlas a nuestra situación. Sin duda alguna, el uso desproporcionado de la fuerza y las violaciones graves a los derechos humanos deben ser cabalmente investigadas y fuertemente sancionadas por autoridades civiles e independientes. Pero las zonas grises en situaciones de conflicto como el nuestro son muchas y es ahí donde echamos de menos jueces serios, creativos y comprometidos con el Estado democrático de Derecho.

Nuestra Suprema Corte de Justicia no debe seguir con la política de auto-marginación de temas difíciles como este. Necesitamos una Corte que sea un faro luminoso que nos ayude a navegar a través de la densa niebla por la que esta pasando México en materia de seguridad. Ojalá que los nuevos ministros, el Presidente, el Senado, las Fuerzas Armadas, y la propia Corte también así lo entendieran.

Julio Ríos Figueroa. Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

*Nota: los detalles del argumento y los datos que se mencionan en este artículo están en mi libro The Armed Forces and the Rule of Law. The Role of Constitutional Courts in Building Effective Armed Forces Bounded by Law in Latin America and Beyond (por publicarse en Cambridge University Press).

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en octubre de 2014.

1. Nuevo Sistema Electoral

Durante las primeras sesiones, la Corte continuaría la discusión sobre los parámetros del nuevo sistema electoral mexicano, en esta ocasión sobre asuntos relativos a las entidades federativas, como Querétaro, Chiapas, Nuevo León.

Se reiterarían las decisiones en torno a candidaturas independientes, financiamiento público, etc. Presentamos decisiones, que no se dieron en los asuntos de septiembre y resultan significativas.

Requisito consistente en constituir una asociación civil para el registro de candidaturas independientes, se consideró que la exigencia era una medida razonable y no constituía un requisito excesivo, desproporcionado, pues provee de una estructura mínima que facilita la actuación del candidato independiente, a través de los distintos miembros de la asociación y abona a la transparencia, al permitir distinguir claramente, entre los actos jurídicos del candidato y los relacionados con su candidatura, que guarda proporción con la finalidad de acceder al cargo de elección popular[1].

Existe una restricción injustificada a la libertad de expresión, por límites adicionales a los establecidos en la Constitución, al deber de abstenerse de denigrar a las instituciones, a otros partidos. Primero, constitucionalmente sólo se protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, pero no a las expresiones que las denigre; segundo, porque la medida no tiene cabida dentro de las limitaciones expresas en el 6º constitucional[2].

derechos-humanos2Restricción injustificada y arbitraria del derecho al voto como elector, por diversas categorías sospechosas, como impedir ser elector a la persona que esté sujeta a un proceso penal, por delito que merezca pena privativa de libertad, desde que se dicte el auto de formal prisión. La Corte decidiría hacer una interpretación conforme, en el sentido de que se diera el impedimento, sólo tratándose de personas privadas efectivamente de su libertad, y no de aquellas que aún con un auto de formal prisión, se encuentren gozando de su libertad.[3]

No es aceptable excluir como electores a las personas con discapacidad y aquéllas con enfermedades mentales, ya que la norma impugnada, se aparta de los compromisos internacionales, principalmente de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Tampoco es aceptable excluir a los “ebrios consuetudinarios” y a las personas toxicómanos, ambos “fármaco-dependientes”, la Corte haría un estudio detallado del carácter histórico, teleológico, integral y competencial de la Constitución, los precedentes jurisprudenciales y diversos tratados de derechos humanos y de fiscalización de drogas, para sostener que actualmente no es posible excluir a las personas por condición de salud[4].

Disminución de la remuneración de los magistrados del Tribunal Electoral del estado. La Constitución establece un principio de seguridad económica de los magistrados y jueces, para percibir una remuneración adecuada e irrenunciable, la que no puede ser disminuía durante su encargo[5].

La jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación es de aplicación obligatoria y no supletoria para todos los operadores jurídicos del Estado mexicano, el legislador local no tiene facultad para fijar reglas de aplicación, de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación[6].

2. Consejos de la Judicatura[7]

Se analizaba la relación jerárquica de los Consejos de la Judicatura locales, con los órganos jurisdiccionales de su entidad, dentro del ámbito del cumplimiento de las sentencias de amparo.

Para determinar la superioridad jerárquica, diría la Corte, hay dos supuestos: poder ordenar que se actúe o deje de actuar en un sentido; segundo, dé cumplimiento a la sentencia de amparo.

En el caso, para los Consejos de la Judicatura, no se cumple ninguno. Ellos no cumplen una función de mando sobre órganos jurisdiccionales, pues esta última función no puede estar sujeta a un mandato de índole administrativa y además por sí sólo, el Consejo no podría cumplir una sentencia de amparo, pues invadiría la esfera jurisdiccional.

3. Debido proceso[8]

En el auto admisorio de una demanda de amparo directo, la Corte determinaría que es conveniente contener la orden del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito para señalar en él, expresamente a las partes, que tienen quince días, a partir de la notificación por lista, para formular alegatos o interponer amparo adhesivo, con esto se pretende dar certeza y facilita la defensa de las partes en el juicio.

4. Jurisprudencia de la Corte, control de convencionalidad o constitucionalidad[9]

El problema a determinar era, si la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, puede ser objeto de control de constitucionalidad o convencionalidad ex officio[10] a cargo de los jueces nacionales, cuando se detecte que resulte violatoria de un derecho humano, contenido en la Constitución, o en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte.

La Corte resolvería que no y es la propia ley, la que prevé mecanismos, que podrán ser utilizados por los órganos inferiores, cuando se estimare que la jurisprudencia no resulta acorde al nuevo modelo de control de regularidad constitucional de derechos humanos, surgido a partir de la reforma de 10 de junio de 2011.

5. Fueros[11]

¿Cuándo subsiste el fuero militar? Los delitos contra la salud pueden juzgarse por el Tribunal Militar, cuando se comete por un miembro del ejército al realizar las funciones encomendadas. Lo anterior lleva a actualizarse la competencia de los tribunales militares, para juzgar los delitos del orden federal, cuando son cometidos por militares en servicio, siempre y cuando esos delitos no sean cometidos contra civiles, individualmente considerados, o se encuentren involucrados en el procesamiento.

Los elementos de la milicia, en el caso concreto, fueron acusados por permitir la extracción de narcóticos del país, lo que vulnera el Código de Justicia Militar por atentar contra la disciplina militar. En el caso concreto, igualmente se consideró al Estado como sujeto pasivo, pues es la sociedad la que resiente un menoscabo por haberse vulnerado normas de orden público, por la comisión de un ilícito.

6. Arraigo[12]

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California Sur, contemplaba el arraigo como una medida cautelar, para el caso de delitos graves. La Corte ya se había pronunciado en diversos asuntos, que el Congreso de la Unión es el único con facultades para legislar en la materia de delincuencia organizada, única vía de procedencia del arraigo.

7. División de Poderes y Poderes Sui generis. Sistema Nacional de Seguridad Pública[13]

Este asunto analizaba la constitucionalidad del nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la obligación impuesta al Secretario de Gobernación, del Gobierno Federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República, sobre los asuntos en materia de seguridad nacional.

Primero. Requisitos de nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El problema es que se contempla la intervención del Senado en dichos nombramientos.

En cuanto al primero, se consideró que esas facultades de nombramiento, son propiamente del Secretario de Gobernación, esto llevaba a advertir un grado de subordinación y jerarquía directa e inmediata en la toma de decisiones entre el Comisionado y el Secretario de Estado, característica propia de la administración pública centralizada. Ahora, en los precedentes de la Corte se encontraba, que sin disposición expresa constitucional, no puede admitirse injerencia de otro poder en el nombramiento de los miembros de la administración pública centralizada.

En cuanto al segundo, su nombramiento como está considerado en el sistema normativo especial y constitucional, generaba una “especialidad o reserva de fuente”, donde no se contemplaba la intervención del Senado.[14]

Segundo. Obligación impuesta al Secretario de Gobernación federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República, a fin de presentar y dar seguimiento a la política criminal e informar sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional.

La Corte definiría que no existe una prohibición absoluta para que el Secretario de Gobernación informe por comparecencia, en esos temas, al Senado de la República. Pero sí considera desproporcional la medida contemplada en la ley en comento.

La comparecencia cada seis meses ante las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, se considera atentatoria del principio de división de poderes, pues la comparecencia en esos términos no está prevista en la Constitución, de acuerdo con  los términos de la Carta Magna, la comparecencia tiene que provenir de un acuerdo parlamentario dado en un tiempo determinado, mientras que la contemplada en la ley en estudio, se da en una obligación irrestricta y sujeta a una periodicidad preestablecida.

El mismo razonamiento sucede cuando la ley en estudio establece, que el Secretario de Gobernación, debe “Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional, a través de una comparecencia semestral ante la comisión bicameral prevista…”

7. La Consulta Popular

La Corte resolvería sobre la constitucionalidad de la Consulta Popular[15] en tres asuntos.

Primero. La pregunta planteada era la siguiente: ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?[16]

Se definió que la misma no podía ser objeto de consulta popular, por las siguientes razones:

1. La materia tiene que ver con los ingresos y gastos –tema no permitido para consultar- del Estado, al tener como finalidad, determinar nuevas bases para fijar el salario mínimo, pues si bien este es un derecho de los trabajadores, no podría desvincularse de aspectos, elementos y ordenamientos que hacen referencia al concepto mismo, ya sea de manera directa o indirecta, puesto que este concepto ha sido utilizado como referencia de una gran cantidad de legislación de orden tributaria y financiera.

2. Se consideró que la materia de consulta, igualmente caía en la prohibición relativa al tema de la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, ya que la pregunta planteada pretendía sustituir una base constitucional, por una base de legalidad, dejando de lado el derecho humano social de los trabajadores al salario.

Segundo. La pregunta a formular: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?

Se definiría que igualmente se actualizaba uno de los supuestos constitucionales que impide realizar una consulta popular, por relacionarse con los ingresos del Estado[17], por tratarse de analizar el sistema de contrataciones y asignaciones para las áreas estratégicas eléctrica, petrolera y de hidrocarburos.

Tercero. La pregunta a formular: ¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? [18]

Se determinó inconstitucional la consulta, porque al estar formulada en términos integrales, respecto de todas las previsiones constitucionales en materia energética, contenidas en el Decreto que reformó los citados artículos[19], su desahogo necesariamente incidiría con relación a la vigencia de determinadas disposiciones constitucionales que regulan el origen y destino de los recursos derivados de los ingresos de la industria petrolera[20].

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

______________________

[1] Sesión del 2 de octubre, p. 55.

[2] Sesión del 2 de octubre, p. 111.

[3] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 158.

[4] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 160.

[5] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 198.

[6] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 201.

[7] Contradicción de Tesis 57/2014, sesionada el 6 de octubre de 2014. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Votación favorable, p. 10.

[8] Contradicción de Tesis 55/2014. Sesionada los días 7 y 13 de octubre. Ponente Min. Luis María Aguilar Morales. Unanimidad de votos, p. 28, sesión del 13 de octubre.

[9] Contradicción de Tesis 299/2013. Sesionada los días 13 y 14 de octubre de 2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de 7 votos, sesión del 14 de octubre de 2014, p. 40.

[10] Un discusión que no se puede perder para tener un contexto claro de las implicaciones de esta decisión, la encontramos en “Último round: por qué la Corte sí debe controlar su jurisprudencia” consultable aquí. Este artículo es el final de una serie de análisis, a modo de ejercicio dialéctico, publicado en este mismo espacio, y ahí mismo referenciado.

[11] Amparo Directo en Revisión 3633/2013. Sesionado los días 16 y 20 de octubre de 2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Art. 57 del Código de Justicia Militar y 13 de la CPEUM. Mayoría de 6 votos, sesión del 20 de octubre de 2014, p. 6.

[12] Acción de Inconstitucionalidad 20/2013, sesionada el día 21 de octubre de 2014. Ponente Min. Luis María Aguilar Morales. Antecedentes en las Acciones de Inconstitucionalidad 29/2012 y 22/2013, del 25 y 27 de febrero de 2014. Mayoría de nueve votos.

[13] Acción de Inconstitucionalidad 1/2013. Sesionada los días 21 y 23 de octubre de 2014. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Primero: ocho votos en relación con el nombramiento del Comisionado y siete votos en relación con el nombramiento de Secretario Ejecutivo. Segundo: Unanimidad de votos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 27 fracciones XII, XVI  último párrafo y XXX. CPEUM: 93 párrafo segundo.

[14] Sesión del 23 de octubre de 2014, p. 10.

[15] En este mismo espacio, se han hecho estudios más particulares y muy valiosos, sobre este tema, tales como: El futuro de la Consulta Popular, ¿Cómo la Suprema Corte hizo de la Consulta Popular letra muerta? y Consultas populares: La Suprema Corte entra a la discusión.

[16] 2/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 29 de octubre de 2014. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Seis votos en contra de la propuesta, p. 63. La exposición de arriba indica la posición vencedora. Consultable aquí.

[17] 1/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 30 de octubre de 2014. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Diez votos a favor de la propuesta, sesión del 30 de octubre de 2014, p. 42. Consultable aquí.

[18] 3/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 30 de octubre de 2014. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Diez votos a favor de la propuesta, sesión del 30 de octubre de 2014, p. 58. Consultable aquí.

[19] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

[20] Consultable aquí.

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El día de ayer, el presidente Peña Nieto presentó la terna de candidatos a ministros de la Suprema Corte para ocupar la vacante dejada por el fallecimiento del ministro Valls. Se trata del primer paso de un proceso institucional donde el Senado de la República debe evaluar a los candidatos presentados y, en su caso, aprobar por mayoría calificada a alguno de éstos. Sobra mencionar que, al ser la Suprema Corte árbitro de muchísimos de los conflictos de la vida institucional del país, se trata de un nombramiento de enorme relevancia. En un esfuerzo por iniciar un indispensable debate respecto los candidatos, e inclusive el mismo proceso de designación, a continuación se presenta un ramillete de opiniones de diferentes expertos. 

No cabe duda que la inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna de candidatos a ministros lo hace la carta fuerte del presidente Peña Nieto. Su pasado en gobiernos panistas pareciera el gozne que posibilitaría alcanzar la mayoría calificada. Si consideráramos que una de las claves para conseguir votos es la capacidad de operación política, Medina Mora tiene una ventaja insuperable respecto de sus acompañantes. Una lectura de su hoja de vida arroja que si una virtud fuera destacable es su extraordinaria capacidad de mantenerse en cargos de primer nivel tanto en gobiernos panistas como en el actual: Director del CISEN, Secretario de Seguridad Pública, Procurador, Embajador en Washington. Eso requiere de una gran capacidad de operación política, lo que sea que se entienda como eso.

SCJNLo interesante de esto es la valoración de los méritos que tal historia implicaría para ser el futuro ministro de la Corte. Dicho en otros términos, su paso por el CISEN, la Secretaría de Seguridad Pública o la PGR, deberá ser motivo de una rigurosa revisión por la opinión pública y por el Senado. Van algunas ideas apresuradas al respecto: Cuando Medina Mora fue Procurador, se aprobó la reforma constitucional de juicios orales, la cual a su vez también estableció las bases del combate a la delincuencia organizada. Una reforma garantista y antigarantista a la vez. Una pregunta pertinente es cuál fue el papel de Medina Mora en esta reforma. Pues no hay que olvidar que esta reforma expresaba una definición al interior del Gabinete. Esto es, se modificó el artículo 21 constitucional en dos renglones: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, antes decía que “una policía” estará bajo su “autoridad y mando”.  El cambio definió el papel de la PGR respecto de la “policía” e incrementó el poder de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y, en mi opinión, contribuyó al desmantelamiento y debilidad de la primera y, consecuentemente, en los resultados de la estrategia de combate al crimen.

Su paso predominantemente por instituciones policiacas y de seguridad nacional y el innegable papel geopolítico en la Embajada de México en Washington, son también claves para entender el mensaje del Presidente respecto de su idea de juez enla Corte.

José Roldán Xopa. Profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE). Twitter: @jrxopa

Más allá del perfil de los candidatos a ministros de la Suprema Corte que integran la terna enviada hoy al Senado por el presidente Peña Nieto, vale hacer hincapié en el hecho de que, quizá por primera vez, el titular del ejecutivo federal haya decidido sacar el mayor provecho de un procedimiento que le da un poder desmedido en la designación de los integrantes de la Suprema Corte. Nuestras reglas constitucionales son tan deficientes que, con un poco de persistencia, el presidente de la República puede nombrar unilateralmente al candidato de su preferencia (en el supuesto de que el Senado rechace dos propuestas de terna de manera consecutiva).

La composición de la terna sugiere que en la Oficina de la Presidencia tienen claras las reglas del juego y nada impide que las lleven hasta las últimas consecuencias. Pero más allá de cuál sea el destino final de la propuesta presidencial, en la actual coyuntura conviene enfatizar dos cosas. Por una parte, urge construir un contexto de exigencia desde la opinión pública, el foro y la academia. Se trata no sólo de poner bajo la lupa a los integrantes de la terna, sino también de discutir públicamente el perfil de ministros que queremos o necesitamos. Por la otra, a estas alturas debe quedar claro que el actual procedimiento de designación tiene más vicios que virtudes. Necesitamos, pues, reglas que garanticen un adecuado balance entre poderes y, sobre todo, que favorezcan el escrutinio más amplio de los nominados.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE.  Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

Son varios ángulos desde los cuales se puede analizar la terna enviada hoy al Senado para suplir el lugar del ministro Valls, que nos dan una nueva oportunidad reflexionar sobre el proceso de selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entre ellos, vale la pena destacar, además de la ausencia de perspectiva de género, al no incluir ninguna mujer, la falta de motivación de la selección de los candidatos.

Me parece que no basta con que dos de los candidatos provengan de carrera judicial. Si bien es importante incentivar el acceso de jueces a las altas cortes, la selección de la terna por parte del presidente de la República debiese ser un ejercicio mucho más serio de búsqueda y sustentación, que permita ternas más plurales, con perfiles tanto académicos, como de carrera judicial y fundamentadas en los méritos que demuestren que quienes integran la terna pueden formar parte del máximo tribunal de impartición de justicia del país.

Lo anterior evitaría que se incluyeran personajes como Eduardo Medina Mora, respecto del cual se prenden varias alertas que el Senado tendría que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión. En primer lugar, su estrecha relación con el sector privado, principalmente de empresas como Televisa, lo cual en caso de ser elegido dejaría serias dudas sobre su imparcialidad e independencia en casos donde estos entes privados estuvieran involucrados. Recordemos también que Medina Mora era el Procurador General de la República cuando ésta presentó la acción de inconstitucionalidad sobre la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal. Un antecedente que pone en peligro luchas alcanzadas a través del Tribunal para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México. Por último, el perfil de candidato en materia de seguridad pública, no responde a la crisis de derechos que atraviesa el país. Lo cual refleja la constante del gobierno federal de ignorar la necesidad de fortalecer las instituciones en México.

Adriana Muro. Abogada integrante de Elementa, Consultoría en Derechos Humanos. Twitter: @adrianawall

Eduardo Medina Mora ha desfilado notablemente por tres administraciones gubernamentales y tiene un perfil público impecable. Ha sido embajador, procurador general de la República, director general del CISEN y secretario de Seguridad Pública. Aunque le pese a algunos, por primera vez en muchos años nos encontramos ante la nominación de un peso pesado a la Suprema Corte de Justicia.

Por mucho que sorprenda, las nominaciones a la Suprema Corte no son galardones a la excelencia jurídica o premios al mérito jurisdiccional; como cualquier órgano del Estado, los ministros proyectan un equilibrio político: nada más. El diseño institucional supuso que la Corte fuese un contrapeso adicional en el entramado constitucional, no una sede de verificación intelectual del resto de las ramas del Estado. Esto, aparentemente tan obvio, ha resultado ofuscado por la retórica de las nominaciones: los líderes de opinión exigen ministros “virtuosos”, abogados preclaros que tengan opiniones “ciudadanas”.

Poco importa que esta retórica usualmente esconde exigencia de áreas de influencia que no han podido ser obtenidas a través del proceso democrático. Lo relevante es la fantasía de los perfiles neutros y la apabullante ingenuidad de la apuesta por funcionarios “santos”. Como la experiencia lo demuestra, la presencia de políticos es ineludible.

Medina Mora es una buena apuesta del presidente de la República. Durante su administración, Peña Nieto nombrará una nueva camada de ministros que constituirá, para 2018, una mayoría clara. Esta nominación es una oportunidad para imprimir un liderazgo político que redefinirá la Corte, y nuestra Constitución, en las próximas décadas.

Alejandro F. Noriega. Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Twitter: @noriegalejandro

En una democracia sustantiva los jueces tienen un rol fundamental: asegurar la vigencia del orden constitucional y evitar el ejercicio arbitrario del poder público mediante la garantía de los derechos fundamentales. Suponer una neutralidad ideológica y una posición apolítica en quienes integran la judicatura es irreal. La actividad judicial y política, coexisten. Por ello, las posiciones de quienes la integran deben ser explícitas. Pues si bien es legítimo que un ministro mantenga una posición política, así como una matriz ideológica, su compromiso siempre debe ser asegurar la viabilidad del régimen democrático.

Los actuales magistrados Horacio Armando Hernández Orozco y Felipe Alfredo Fuentes Barrera tienen una carrera judicial –si bien Fuentes Barrera posee cierta experiencia en la administración pública. Lo cual por sí mismo no asegura independencia, aunque ciertamente poseen en principio mayor distancia del poder del presidente de la República. Por su parte, Eduardo Medina es sin duda el más cercano al ejecutivo federal de los tres candidatos. Actualmente, es embajador de México en Estados Unidos y en administraciones pasadas fungió como Procurador General de la República y Secretario de Seguridad Pública. Además, su paso por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) –entidad que por su función coquetea siempre con intromisiones y afectaciones a los derechos humanos–, lo vincula más a los intereses que debiese controlar en el cargo de ministro, que a un cargo que a pesar de su connotación política debe ser autónoma, independiente y garante de los intereses de la sociedad.

Simón Hernández León. Defensor de derechos humanos. Twitter: @simonhdezleon

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