El día de hoy, concluye un periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia un tanto especial. En efecto, no sólo se trata del primer periodo de Luis María Aguilar como presidente de la Suprema Corte, sino que también en este periodo se estrenó como ministro uno de los abogados más controvertidos en la historia reciente de nuestro tribunal constitucional: Eduardo Medina Mora. Sin olvidar las decisiones de los ministros en temas tan relevantes como matrimonio gay, arraigo, interés legítimo, bullying y un largo etcétera. En este contexto, ¿cuál sería el balance de este periodo de sesiones de la Suprema Corte?

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El último periodo de sesiones de la Corte deja un saldo negativo. El arranque fue, de plano, malo. La elección de Luis María Aguilar como Presidente no sólo evidenció una marcada división (¿ideológica?) entre los ministros, sino también la incapacidad para crear consensos en un órgano en el que, por su diseño, resultan indispensables. Además del cansancio de la ministra Sánchez Cordero, ¿qué logró la Corte con una votación de más de cuatro horas y veintinueve rondas de empate? Creo que no mucho.

A mitad de camino, la designación del ministro Medina Mora hizo patente –quizá como nunca– una de las paradojas de nuestra justicia constitucional. Aspiramos a construir un tribunal constitucional moderno, transparente e independiente. Pero, al mismo tiempo, nombramos a sus integrantes con un procedimiento que heredamos de nuestro pasado presidencialista, que inhibe el escrutinio público de los candidatos y que da un poder desmedido al Ejecutivo. Con las mismas reglas y los mismos actores, ¿podemos esperar algo diferente para las designaciones que vienen? Difícilmente.

El periodo cerró con una nota claramente positiva: la publicación de las jurisprudencias que obligan a los estados a reconocer el matrimonio igualitario. Se trata, sin embargo, de la consolidación de criterios previamente sostenidos –el primer precedente se resolvió hace más de un año– y que eventualmente podrían ser abandonados, pues las jurisprudencias recogen únicamente la posición de la Primera Sala. ¿Obtendrían los criterios una mayoría de votos en el Pleno? Probablemente, aunque quizá la respuesta dependa del perfil ideológico de quienes sustituyan a Sánchez Cordero y Silva Meza.

Tuvimos, en suma, un periodo que nos deja algunas decisiones para celebrar, pero también muchas razones para preocuparnos –y ocuparnos–.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes


Dentro de la Suprema Corte persisten grandes retos en la consecución de un nuevo paradigma constitucional derivado de la reforma de derechos humanos de 2011.

Por un lado, el Pleno consolida jurisprudencia garante del matrimonio igualitario e invalida disposiciones normativas que inhiben la libertad de expresión mediante tipos penales ambiguos (por ejemplo, el halconeo). Como contraste, no desarrolla estándares sobre tortura sexual, género, etnicidad y combate a la impunidad, derivado de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo resueltos por la Corte Interamericana; y se limita el ámbito de protección de la libertad personal frente al arraigo en caso de delitos graves.

En términos generales, preocupa que los debates en el Pleno sobre temas relevantes se fragmenten, restando impacto a resoluciones que pueden ser favorables para el ejercicio de derechos humanos.

Se sigue evidenciando una escisión entre las dos Salas de la SCJN, siendo la Primera Sala coherente con la más amplia protección constitucional en cuestiones como el bullying, sustracción de menores, libertad de expresión, constitucionalidad de las detenciones, interés legítimo para OSC con el fin de defender derechos de terceros, entre otros. Mientras tanto, la Segunda Sala mantiene posturas conservadoras y formalistas.

El contexto actual plantea un reto importante para el actual ministro Presidente: cumplir de manera cabal los protocolos que se emitieron durante la administración pasada para todos los juzgadores y juzgadoras del país en temas como género, infancia, migración, pueblos indígenas, tortura, etc.

La Suprema Corte muestra que puede ser seriamente diezmado en su legitimidad con la designación de ministros con trayectoria cuestionable como Eduardo Medina Mora. Ello implica un gran reto para los poderes Ejecutivo y Legislativo quienes deben comprometerse en la construcción de un tribunal constitucional del cual se demanda gran protagonismo en las actuales condiciones adversas para la vigencia de los derechos humanos.

Leopoldo Maldonado. Coordinador del programa legal de ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica.


Ante la pregunta por la labor de la Suprema Corte de Justicia en el último periodo de sesiones, sobresalen cuatro decisiones que son ejemplos de cómo ha continuado con su misión de hacer efectivo el derecho a la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad, al menos en lo que se refiere al género, la sexualidad y la familia.

La primera decisión, ampliamente comentada, fue la de emitir dos jurisprudencias que resuelven de manera definitiva la cuestión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.1 El contenido de las jurisprudencias no sorprende (desde el 2012, por no decir desde el 2010, se viene reiterando que es inconstitucional no reconocer estos matrimonios); lo que sí fue novedoso fue la decisión de hacerlo jurisprudenciasin que fueran necesarios más amparos para fijar la cuestión.2 No pone fin al problema del acceso al matrimonio para estas parejas, pero sin duda contribuye a ello.

La segunda decisión —la Contradicción de Tesis 73/2014– también fija una cuestión que se viene anunciando desde el 2009: es inconstitucional el divorcio con causales porque vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La tercera decisión fue el Amparo en Revisión 5543/2013, en el que se analizó el manejo de las autoridades del Estado de México de la muerte de una mujer (manejo, fue clara la Corte, que violó una multiplicidad de derechos humanos). Es un fallo crucial para la investigación de los feminicidios, particularmente los que son perpetrados por las parejas de las mujeres. Me atrevo a decir que este caso es equiparable al de Campo Algodonerode la Corte Interamericana, en términos del desarrollo que hace de los derechos humanos y los estándares que fija para la actuación de las autoridades en la materia.

Por último, cabe mencionar la decisión del ministro Presidente Luis María Aguilar de nombrar a la doctora Leticia Bonifaz como la cabeza de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos.3 Con el nombramiento de Bonifaz –cuya labor en la defensa del derecho a la no discriminación es incuestionable e impresionante–, queda claro que el compromiso de la Corte en esta materia persistirá, más fuerte que nunca.

Estefanía Vela. Abogada por el ITAM, maestra en derecho por la Universidad de Yale. Profesora asociada del CIDE. Twitter: @samnbk


Este último periodo de sesiones de la Suprema Corte ofrece un escenario variopinto respecto sus resoluciones. Pues si bien apuntaló sentencias en una dirección adecuada en temas como matrimonio gay, interés legítimo y publicidad comercial engañosa, también ofreció decisiones no del todo atinadas en ámbitos como el arraigo y los derechos de los trabajadores. Esto no es del todo sorprendente: sin importar el rasero moral, político o técnico que se elija para evaluar las decisiones de una corte constitucional, es difícil que haya un balance enteramente satisfactorio.

Lo interesante, sin embargo, es que en el caso mexicano está tensión entre decisiones de avanzada y creativas frente a sentencias conservadoras y formalistas, es en buena medida reflejo de la manera como se dio la transición democrática en nuestro país y el impacto de ésta en nuestra Corte. En efecto, las enormes ventajas que ofrece una transición gradual hacia la democracia sin un quiebre o punto de inflexión social e institucional, ha tenido un costo muy puntual en la Suprema Corte: oscilar entre viejas prácticas de la impartición de justicia y esfuerzos por dar el salto para erigirse en una institución clave para la consolidación democrática. Este ha sido el ritmo que ha marcado el rumbo de la Corte, por lo menos, desde el año 2000.

En este sentido, este periodo de sesiones que recién concluye apunta a ser la antesala para definir finalmente, al menos durante los siguientes años, la balanza entre estos dos polos: pasado y futuro de la justicia constitucional. Y no sólo por el mensaje que implicó la designación de Medina-Mora como ministro de la Corte, sino sobre todo por la concepción del derecho que en diferentes escenarios, reformas y mensajes ha evidenciado la actual administración del presidente Peña Nieto: el derecho no como un instrumento para asir el poder, sino para formalizar excepciones, privilegios y discrecionalidades. En este contexto, en noviembre, se renuevan dos nuevos ministros, en una arena de juego institucional de tan sólo once jugadores. Quienes ingresen como ministros será clave para el futuro de la Suprema Corte, más en un contexto donde las diferentes maneras de entender la justicia constitucional al interior de la Corte se encuentran en un precario equilibrio. No hay que olvidar que si en una institución se observa con nitidez el error del pensamiento liberal, al diluir la relevancia de las personas frente a las instituciones, es precisamente en la justicia constitucional —nuestra Suprema Corte.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega


1 En la primera, se determinó que es inconstitucional la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer. En la segunda, entre otros puntos, se determinó que son discriminatorios los modelos legales que si bien reconocen a las parejas del mismo sexo, lo hacen a través de un régimen diferenciado al del matrimonio (como el que se implementó en Colima con los enlaces conyugales que ya también se declaró inconstitucional).

2 La Corte ya había resuelto diez amparos –además de la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010– al respecto. Éstos fueron los amparos en revisión 457/2012, 567/2012, 581/2012 y 152/2013 (relativos a la legislación de Oaxaca), el 263/2014 (de Sinaloa), los 615/2013, 735/2014 y 704/2014 (de Colima), el 122/2014 (de Baja California) y el 591/2014 (del Estado de México).

3 Esta es la Dirección que ha sido responsable de la emisión del Protocolo para juzgar con perspectiva de género y el Protocolo para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual e identidad de género, fundamentales para esta materia.

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Ha sido finalmente publicada en el Semanario Judicial de la Federación la tesis jurisprudencial 43/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte a través de la cual se determina la inconstitucionalidad de la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre hombre y mujer.

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Es cierto que la Corte ya había anteriormente estimado la inconstitucionalidad de las normas jurídicas que excluían la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contrajesen matrimonio. En un primer momento, se consideró que era posible realizar una interpretación conforme de esas disposiciones,1 pero en una segunda etapa se optó por estimar su inconstitucionalidad.2

No obstante, todos los pronunciamientos anteriores se ceñían a valorar la legislación cuya inconstitucionalidad se discutía. De ahí la importancia de la tesis antes referida, pues ahora es posible pregonar que cualquier disposición normativa, no importa cuál sea o si ha sido llevada ante tribunales, que excluya la posibilidad de que dos personas del mismo sexo accedan al matrimonio, es inconstitucional.

Recorrido este camino en tribunales federales, ¿qué sigue? Una primera respuesta indica que el siguiente paso es la declaratoria general de inconstitucionalidad. Este es un procedimiento que permite invalidar con efectos generales una norma cuya inconstitucionalidad hubiere sido sostenida por el Pleno o alguna de las Salas de la Suprema Corte al formarse jurisprudencia por reiteración3 –es decir, cinco sentencias en el mismo sentido-, que es el caso de la tesis 43/2015.

Sin embargo, este procedimiento presenta algunas dudas. La principal es su viabilidad. Y es que la jurisprudencia que fundamentaría la posible declaratoria es discutible porque determina la inconstitucionalidad de cualquier legislación local que prevea alguno de los dos puntos arriba mencionados en relación con el matrimonio; entonces, la declaratoria general de inconstitucionalidad tendría que ser para todas esas legislaciones que se los prevean. La cuestión es que, podría argumentarse que no es posible declarar la inconstitucionalidad de normas cuyos órganos emisores (los congresos y gobiernos locales) no han tenido la oportunidad de comparecer ante la Suprema Corte a intentar justificar esas disposiciones normativas.

La anterior podría significar razón suficiente para que integrantes de la Suprema Corte decidieran no votar a favor de la declaratoria general, y prefiriesen que se refiriera solamente a las legislaciones locales efectivamente enjuiciadas en amparo en revisión. También debe recordarse que, en caso de no obtenerse un mínimo de ocho votos a favor del proyecto de declaratoria general, el asunto se desestima y se archiva.>4

Así las cosas, surge la pregunta: entre tanto no se da la declaratoria general de inconstitucionalidad, o bien en caso de que no prospere, ¿qué sigue?

A tal pregunta se han ofrecido dos respuestas. La primera es que esta jurisprudencia, en términos de la Ley de Amparo, es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país,5 pero no para las autoridades administrativas que intervienen en la celebración del contrato de matrimonio, por lo que éstas aún podrían negarse a autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que ocasionaría que las personas afectadas aún tendrían que recurrir a los órganos de amparo para obtener protección judicial efectiva, y sólo hasta entonces pueden contraer matrimonio.

La segunda respuesta es que el artículo primero constitucional impone la obligación de maximizar la protección a los derechos de las personas, por lo que las autoridades administrativas también tendrían el deber, y no sólo la posibilidad, de fundar sus actos en la determinación de inconstitucionalidad realizada por la Primera Sala para interpretar de manera conforme, en su actuación concreta, aquellas disposiciones normativas que impiden que dos personas del mismo sexo se casen. Esta es la postura que pretendo desarrollar aquí.

El principal argumento que alguien podría lanzar en contra de lo escrito en el párrafo anterior es porque nuestra Constitución (art. 94, párr. 10) remite a la ley para fijar la obligatoriedad de la jurisprudencia, y es la Ley de Amparo la que menciona únicamente a ciertos órganos que realizan tareas judiciales como obligados a acatar la jurisprudencia.

En contraposición, se puede elaborar un argumento más sólido; el cual, sin duda alguna, debe partir de la siguiente premisa: todas las autoridades públicas del país, sin importar su naturaleza específica, su rango o su nivel, tienen a su cargo las obligaciones generales de respetar, de proteger y de garantizar los derechos de las personas, así como los deberes específicos de prevenir y de reparar las violaciones a los derechos. Y debe entenderse lo siguiente: estas obligaciones y deberes configuran la competencia constitucional de cualquier autoridad al ejercer la función o servicio público que le corresponda.

Es posible fundamentar tal premisa en el artículo 1º, párrafo 3º, de la Constitución, y en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). A nivel interpretativo, la Suprema Corte, a partir de la reforma constitucional de 2011, consideró que todas las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a velar por los derechos de las personas, de ahí que «deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia».6 Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha explicitado, por su parte, que «el control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados».7

A partir de un escenario normativo como el descrito, puede considerarse que, a pesar de no estar contempladas en la Ley de Amparo, las autoridades administrativas de cualquier entidad federativa, cuya intervención es necesaria en la celebración de contratos de matrimonio, no solamente tendrían la posibilidad, sino tendrían que reconocer como suya la obligación de garantizar la efectividad de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las parejas de personas del mismo sexo que ante ellas se presentasen, así como el deber de prevenir la vulneración de sus derechos.

El sostener simple y llanamente que esas autoridades no quedan obligadas por la jurisprudencia de la Primera Sala deja a su discrecionalidad el cumplimiento de los mandatos constitucionales. En contraste, se tiene que pregonar que es de su ámbito de competencia constitucional el deber de velar por la protección de los derechos de las personas.

Si esto es así, ¿qué es lo que estas autoridades administrativas están obligadas a hacer? Evidentemente, están constreñidas por su esfera competencial, por lo que no debe entenderse que pueden declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas (que eso ya lo hizo la Primera Sala), ni tampoco que pueden legislar, por poner dos ejemplos. Lo que sí deben hacer es interpretar las disposiciones civiles locales que regular la figura del matrimonio conforme los derechos y principios constitucionales y convencionales involucrados. Lo cual significaría que ya no les sería jurídicamente válido negarse a autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque las disposiciones no hayan sido aún reformadas.

Incluso, tiene que entenderse que tan es una obligación para las autoridades administrativas, que su incumplimiento podría actualizar causas de responsabilidad a cargo de estos órganos empeñados en aplicar disposiciones normativas inconstitucionales, pues al final de cuentas se trata de autoridades que obstaculizan la satisfacción de los derechos y la efectividad de las obligaciones constitucionales.

De este modo, se garantizaría la efectividad de los derechos de las parejas del mismo sexo a no ser discriminadas, y se haría dentro del ámbito de competencia de las autoridades administrativas.

La mejor protección de los derechos es un mandato constitucional de carácter preferente. Es decir, el planteamiento que aquí se hace es una mejor manera de proteger los derechos de las personas, frente aquel otro entendimiento que orilla a recurrir a la protección judicial, lo que acarrea injustificadamente enormes costos en tiempo, esfuerzos y dinero.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.


1 Véase, por ejemplo, el amparo en revisión 457/2012, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 5 de diciembre de 2012. Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. §144.

2 Véase, por ejemplo, el amparo en revisión 152/2013, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 23 de abril de 2014. Ministro Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. §§206-207.

3 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; art. 232.

4 Acuerdo general 11/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al procedimiento para la declaratoria general de inconstitucionalidad; punto séptimo, párrafo segundo. (4 de octubre de 2011).

5 Véase el art. 217 de la Ley de amparo, nota supra 3, en relación con el art. 94, párr. décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6 Expediente varios 912/2010, decidido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de julio de 2011. Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministro encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. §§27 y 33. [Énfasis añadido].

7 Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución de 20 de marzo de 2013. §72.

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El papel de la Suprema Corte, como el máximo protector de los derechos, cobra significativa relevancia a la luz de los múltiples problemas que hoy atañen a la sociedad mexicana. Es importante seguirle los pasos en vista de las recientes y próximas incorporaciones de nuevos miembros, que serán quienes decidan de hoy en adelante sobre nuestros derechos.

Este texto reflexiona las estrechas relaciones que guarda el quehacer de la Corte con la política,1 y particularmente con las políticas públicas. Estas relaciones responden a cuestiones referentes a qué se decide, quiénes son nuestros jueces y qué influye en sus decisiones.

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La gestión y toma de decisiones en cuanto a asuntos públicos por parte del Estado, se manifiesta de diversas formas, atendiendo al ámbito social de que se trate; así, tenemos la política sanitaria o de salud, la educativa, la económica, la criminal, etcétera. Al tener como último destinatario a las personas, las políticas públicas deben realizarse con estricto respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, lo cierto es que con frecuencia las políticas públicas no cumplen con este requisito, pues, en términos prácticos, el respeto y garantía de los derechos representan un obstáculo para su consecución. Es aquí donde la Corte entra en juego.

Las decisiones de los jueces constitucionales tienen inherentemente una incidencia política importante. Expondré en las siguientes líneas las distintas formas en que las decisiones de la Corte se relacionan con la política.

En primer lugar, de manera genérica, las decisiones judiciales tienen un impacto en la formulación, diseño y ejecución de las políticas públicas, lo que convierte a la Corte en un gestor de éstas. Esto ha sucedido porque existe una falta de voluntad de los actores políticos para garantizar los derechos fundamentales, los cuales no son tomados en cuenta en las etapas de las políticas públicas. Como consecuencia, nos encontramos en una situación de masiva y sistemática transgresión de derechos. Ante esta situación, la Corte es pieza decisiva para garantizar que las políticas públicas se ajusten a tales derechos;2 convirtiéndose así en un foro donde también se toman decisiones de política.

Una dimensión más directa respecto la relación de la Corte con la política se manifiesta cuando se encuentra ante un caso que enfrenta el reconocimiento de un derecho versus la consecución de una política pública. Para explicar mejor este punto, haré referencia a la sentencia AR 151/2011 concerniente al derecho de los sentenciados a compurgar la pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, establecido en el artículo 18 constitucional.

En aquel caso, la autoridad administrativa (en ese momento encargada de la ejecución de las sanciones penales3), ordenó el traslado de reos de un centro penitenciario en Zacatecas a otro en Veracruz, bajo la “necesidad de despresurizar las cárceles”. La Corte determinó que el contenido del artículo 18 de la Constitución, respecto el lugar para purgar las penas, efectivamente constituye un derecho fundamental, por lo que no puede quedar al arbitrio de la autoridad.

La importancia en este caso radica en que cualquiera que fuese el sentido de la decisión, habría una afectación tanto en los derechos de una persona, como en la política pública. Me explico: el traslado de sentenciados atendía a una política pública que buscaba despresurizar las prisiones; la decisión de la Corte, en este sentido, impactó directamente en dicha política, pues la autoridad no podría desde entonces actuar arbitrariamente al trasladar a sentenciados de un centro penitenciario a otro, pues eso vulnera los derechos fundamentales.

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En estas disyuntivas, lamentablemente, las decisiones judiciales no son siempre favorables para los derechos. En el mismo caso, por ejemplo, en la primera instancia el Juez de Distrito resolvió que purgar la pena en un centro cercano al domicilio no es un derecho fundamental; dentro de los argumentos de su sentencia, señaló que no siempre debe atenderse a lo que más beneficie a la persona, sino que debe considerarse el mayor o menor perjuicio que puede causarse a la sociedad. También está, por ejemplo, la reciente resolución respecto a la constitucionalidad del arraigo para delitos graves, en donde la mayoría de los ministros consideró la restricción a la libertad como válida, aduciendo algunos en el debate, que se trata de una herramienta que facilita la investigación de los delitos. Y así, muchos casos más.

Estas disyuntivas entre derechos individuales y políticas públicas son disipadas mediante un ejercicio de ponderación realizado por los jueces; empero, las decisiones judiciales inherentemente atienden a elementos subjetivos y personales ligados con las preferencias propias (políticas e ideológicas) de los jueces.

Aquí, es pertinente aludir a otro aspecto de la relación entre la Corte y la política: la falta de independencia del poder judicial respecto a otros poderes, que influye en la manera en que los jueces deciden en uno u otro sentido. Es evidente que por la naturaleza de los casos que resuelve la Corte, salvo en casos realmente excepcionales, su actividad no se encuentra libre de presiones provenientes del ámbito extrajudicial (político y social). Sin embargo, la falta de independencia se da, sobre todo, respecto al Ejecutivo,4 lo cual puede considerarse evidente, pues es este poder el que elige en última instancia a los ministros que quiere en la Corte.

Lo anterior no quiere decir que la sumisión de los ministros al poder ejecutivo sea una práctica regular, ni mucho menos que todos ellos carezcan de independencia, pero también sería ingenuo pensar lo contrario (que todos los miembros Corte son imparciales e independientes).

Lo que es cierto es que las decisiones de la Corte siempre se ajustarán a las convicciones políticas, ideológicas o intereses de sus integrantes. Esto, a su vez, como lo ha dicho Gargarella, provee de un enorme incentivo a políticos “inescrupulosos”, que buscan aprovechar esta situación de que el derecho dependa tanto de quién es el que lo interpreta, para presionar a favor de decisiones que les resulten favorables. 5

En conclusión, la Corte guarda una estrecha relación con la política y puede incidir positivamente en la formulación, orientación o freno de políticas públicas, siempre para garantizar mayor respeto, garantía y protección de los derechos. Sin embargo, ello dependerá siempre de diversos factores y, sobre todo, de las posturas y convicciones de las personas que integren nuestro tribunal constitucional.

Karen Silva Mora.  Abogada por la UNAM. Asistente de investigación en el CIDE y Coordinadora de Desarrollo Institucional del Programa de Política de Drogas del CIDE.  Twitter: @karensvm


1 Autores sostienen que la división de poderes en la actualidad ya no es tan clara. Aunque no es el tema en este texto, no se deja de lado el debate que existe sobre la falta de “legitimidad democrática” de la actuación jurisdiccional, particularmente de los tribunales constitucionales. Roberto Gargarella ha confrontado las posturas críticas al control constitucional que cuestionan la legitimidad de los tribunales constitucionales por su carácter “contra-mayoritario” y también realiza una compilación de las posibles soluciones ante tales críticas.

2 Ver Quinche, Manuel y Rivera, Juan, “El control judicial de las políticas públicas como instrumento de inclusión de los derechos humanos”, Vniversitas, no. 121, julio-diciembre 2010, pp. 113-138.

3 Recordemos que a partir de la reforma al sistema de justicia penal en 2008, la ejecución de las sentencias es competencia de la autoridad judicial.

4 Gargarella, Roberto (2011), La justicia frente al gobierno: sobre el carácter contramayoritario del poder judicial, Quito: Corte Constitucional del Ecuador para el periodo de transición.

5 Gargarella, Roberto (2008), “Un papel renovado para la Corte Suprema: democracia e interpretación judicial de la Constitución”, en Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales constitucionales y democracia, México: SCJN.

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En marzo de este año, la Suprema Corte resolvió el juicio de amparo impulsado por la asociación Mexicanos Primero. Se trata de un caso por demás relevante que deja un precedente para que la ciudadanía exija rendición de cuentas en los diversos casos de corrupción que acontecen en nuestro país. En particular, este amparo exigió que funcionase mejor la maquinaria de fiscalización y sanción de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, para ello, presentó un abanico de novedosos e importantes argumentos constitucionales relacionados principalmente con el interés legítimo, los cuales resultaron en un escenario por demás atractivo para impulsar aún más el litigio estratégico en nuestro país a través de organizaciones de la sociedad civil. En este video, Luis M. Pérez de Acha, el abogado responsable de diseñar la estrategia jurídica de este juicio de amparo, nos explica, a partir de la sentencia y tesis derivadas de este caso que recién fueron publicadas, la relevancia y trascendencia del mismo. 

Luis Manuel Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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Uno de los puntos medulares de cualquier democracia es que en este tipo de gobierno las decisiones se toman a través de la regla mayoría. El 50% + 1 es la regla a la cual se ajustan casi todos los procedimientos de toma de decisiones en los regímenes democráticos.

Las resoluciones judiciales, en este contexto, no son la excepción: también se deciden por mayoría de votos. Cuando un conflicto de intereses se somete a consideración de un tercero imparcial, ajeno a la controversia, los litigantes concienzudamente aceptan todas las reglas del proceso, incluyendo las reglas de decisión de los tribunales colegiados: la mayoría de los integrantes de un panel judicial habrá de dictar la resolución que dirima la controversia y subordine el interés de una de las partes al interés ajeno.

Pero, ¿qué sucede con los jueces disidentes, aquellos que votan en contra de la decisión mayoritaria que pone fin al juicio?

En ocasiones, la publicidad de la disidencia al interior de un órgano judicial puede poner en entredicho la corrección de la decisión tomada por la mayoría de los miembros de aquél. El voto disidente —particular o concurrente— puede surgir de legítimas diferencias en la interpretación jurídica o puntos de vista sobre la litis de un asunto, pero su sola existencia revela la posibilidad de que la decisión adoptada sea incorrecta –su defectibilidad.

En este sentido, por ejemplo, inconforme con la serie decisiones de la Suprema Corte que declaraban la inconstitucionalidad de diversas medidas económicas del New Deal, Franklin D. Roosevelt afirmaba que la Corte no estaba constitucionalmente obligada a invalidar diversas medidas de su política económica y, por el contrario, la mayoría de los jueces que integraban el tribunal habían votado en contra del New Deal por una cuestión de mera incompatibilidad ideológica. El discurso de Roosevelt descansaba en la opinión de la minoría de jueces que apoyaron la validez constitucional de su política económica.

Los votos disidentes imponen importantes costos a las decisiones de mayoría. No sólo incrementan la presunción de que la sentencia o resolución dictada haya sido incorrecta, sino que pueden resultar reveladores de las discapacidades e incongruencias de una sentencia aprobada por mayoría. En algunos países de Europa continental —Alemania, por ejemplo— el disenso se reserva a las deliberaciones secretas de la Corte Constitucional, a fin de evitar que las discusiones se ventilen y puedan menoscabar la legitimidad de la resolución.

Sin embargo, si lo vemos de forma distinta, el disenso judicial puede contribuir a la legitimidad de la decisión. El disenso público es una expresión de la independencia de cada juzgador, de la diversidad de sujetos y opiniones que integran un órgano aplicador del derecho, en tanto reflejo de la diversidad de personas que componen una sociedad. Además, da cuenta de la seriedad del debate, del análisis y ponderación de opciones que se suscitaron al interior del tribunal antes de la toma de una decisión mayoritaria.

disenso3La información y argumentación que un disidente aporta a la discusión judicial es valiosa desde el punto de vista epistemológico. La incorporación de este bagaje informativo y argumentativo un proceso de toma de decisiones siempre es valiosa en la medida en que aquélla resulte pertinente. Además, la expresión del desacuerdo revela la existencia de diferencias —deseables— entre los jueces que comparten la labor de impartir justicia en un órgano colegiado. Experiencias personales y antecedentes profesionales distintos, así como ideología diversa, pueden abonar a la mejor toma de decisiones judiciales. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, personas de distinta raza, origen social, orientación sexual e identidad de género, tenemos distintas formas de ver al mundo y los problemas sociales que se racionalizan a través del derecho. Cada uno de nosotros posee información distinta, la cual es importante compartir. Un par de ejemplos: la presencia de Michael Kirby, juez abiertamente homosexual, en la Suprema Corte de Australia, o de Sonia Sotomayor, mujer latina, en la Corte estadounidense, no han sido sino benéficas para los órganos que integran.

El voto particular es una figura importante para la impartición de justicia en los tribunales judiciales y, especialmente, en nuestra Suprema Corte de Justicia, órgano en el cual se deciden los litigios constitucionales de mayor envergadura y trascendencia nacional.

El disenso judicial importa; las minorías también. Lo cual exige poner mayor atención a los votos particulares y utilizarlos como herramienta de análisis de los precedentes judiciales que, por mayoría de votos, son fuentes de derecho. En nuestro país hace falta un escrutinio intenso a las sentencias de nuestros tribunales: del voto de la mayoría de los ministros, pero también de los disidentes.

Julio Manuel Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en el período enero-febrero 2015.

1. Derechos del debido proceso[1]

¿Afecta el derecho al debido proceso y otros derechos constitucionales, que un juez de amparo niegue a una persona información clasificada por la autoridad responsable como reservada o que requiere a las propias responsables para que sea presentada?

La Corte resolvería afirmativamente y, en ese sentido, las personas podrían interponer un recurso de queja contra la decisión del juez. Entendido en sentido contrario, se podría presentar un daño grave y trascendental, debido a que dichos documentos podrían impactar en el sentido de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo, por lo que negar el acceso al quejoso se le dejaría en estado de indefensión, no permitiéndosele acciones como la ampliación de su demanda o bien rebatir lo sentado en tales documentos. De igual forma, por lo que hace al requerimiento a las responsables, la naturaleza propia de la información, clasificada como reservada, justificaría que por un recurso de queja se analice la posibilidad de exhibir dicha información en un juicio de amparo.

2. Derecho de audiencia[2]

¿En qué momento debe darse vista al quejoso cuando el órgano colegiado advierte una causal de improcedencia diferente a la advertida por el Juzgado de Distrito? Respondería la Corte, el asunto debe quedar en lista y ahí, darle vista al quejoso, para proceder en los términos respectivos y posteriormente retomar el asunto, analizando los argumentos expuestos.

3. ¿Procede el juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal?[3]

En este caso se analizaba el tema del régimen laboral del Poder Judicial Federal, a través del la posibilidad de revisar una decisión del Consejo de la judicatura Federal, sobre un conflicto de naturaleza laboral con una de sus empleadas. El problema se planteaba en dos niveles.

Primero. La ley de amparo señala que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, por lo que se solicitaba el análisis de constitucionalidad de esta disposición.

Segundo. El análisis de constitucionalidad tenía que pasar por definir, qué lectura se debía de hacer al texto fundamental en esta materia.

derechosLa Corte aceptaría, retomando el concepto de restricción constitucional, la hipótesis de improcedencia constitucional, en ese sentido las decisiones del CJF son inatacables, cuando estén referidas al ejercicio de las facultades que le fueron conferidas –administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación- y aquellas vinculadas con los conflictos de trabajo entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, emitidas funcionando en Pleno o en Comisiones. Igualmente, abona en la interpretación a la hipótesis cuando el CFJ actúe como particular en una relación de coordinación –y no de supra-subordinación- donde igual será improcedente el juicio de amparo, por existir el procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

4. Derechos laborales y factores de producción[4]

Este asunto tiene su origen en la modificación de un contrato colectivo de trabajo –disminuyendo los derechos de los trabajadores- determinada por una Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo el argumento de que se acreditaba la necesidad de la medida, en razón de la difícil situación económica de la empresa.

Sobre ello, el Sindicato de Trabajadores solicitó que el laudo fuera declarado improcedente. La Corte declaró procedente el amparo.

El ponente en su exposición señalaría la importancia de este asunto en los siguientes términos: “El proceso de resolución que hemos seguido en este asunto responde claramente al interés de salvaguardar, primordialmente, los derechos constitucionales establecidos para los trabajadores dentro del equilibrio de los factores de la producción, pero sin desconocer que las condiciones económicas generales del país y, en particular, de una determinada industria, pueden afectar a las empresas, al grado de hacer imposible su operación y poner en riesgo lo más importante de la relación laboral que, es la fuente de trabajo.”

Ahora bien, el tema central lo pondría la Corte en definir bajo qué estándar se determinaría la necesidad de la modificación del contrato, y ello pasaba por responder lo siguientes: ¿Por qué los derechos de los trabajadores tienen que disminuirse? Y ¿por qué en esa forma determinada por la Junta de Conciliación?

Al definir la Junta la disminución de las prestaciones de los trabajadores, diría la Corte, más allá de significar que la empresa se encontraba en una situación económica apremiante –lo cual era insuficiente- debió de fundar y motivar cómo esto significaría un elemento que garantizara la subsistencia de la empresa, pero no lo hizo así.

5. Discapacidad y discriminación[5]

La legislación de Baja California, definía los Centros de Desarrollo Infantil como: “el establecimiento donde se brinda cuidado temporal, alimentación y que en su caso brinden educación inicial, a menores en edad lactante, maternal, preescolar y menores con discapacidad no dependientes, cualquiera que sea su denominación”. En ese sentido se debía analizar si la especificidad de “menores con discapacidad no dependientes” estaba creando una discriminación hacia otro tipo de discapacidad.

Diría la ministra ponente, no hay necesidad de la distinción, ni razonabilidad porque las desventajas resultan de mayor gravedad que las hipotéticas ventajas de aceptar la validez de la norma.

En los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, no se ha distinguido entre tipos de discapacidad, aceptar tal diferencia, sería contrario a los mismos y al principio pro persona reconocido en el sistema constitucional mexicano

Es importante indicar de que en los efectos de la declaratoria de invalidez, se le dio al Congreso de Baja California, hasta el siguiente periodo de sesiones para legislar sobre ello.

6. Sistema penitenciario[6]

El objetivo de este asunto, era tratar de definir y dar contenido, al principio de reinserción social establecido en la Constitución, originalmente el proyecto era un poco más ambicioso, pero conforme se fueron dando las votaciones, se fueron restringiendo lo temas analizados y resueltos, para quedar considerados aquí, los de manera más claramente definidos.

¿La participación de la víctima en la audiencia de beneficios ante el juez de ejecución es congruente con el principio de reinserción social?[7]

Es constitucional, pero la Corte no avaló el argumento propuesto por la ministra ponente, sobre la coherencia con el principio de reinserción social.

De igual manera se aprobaría que no hay ninguna vulneración, porque en delitos graves, a personas que han sido condenadas con una sanción, dada la gravedad de los mismos, la propia ley establezca que no tienen derecho a los beneficios de preliberación –tratamiento preliberacional y libertad preparatoria-[8].

La Corte declararía válido que: “La Autoridad Ejecutora podrá suprimir el libre acceso a un derecho o prerrogativa de los sentenciados en los Centros Penitenciarios cuando su ejercicio tenga fines ilícitos”[9]

Refrendando decisiones de este tipo tomadas en la Sala –no gozar de algún beneficio, por la comisión de determinados delitos-, declararía que la improcedencia de los beneficios de tratamiento preliberacional y libertad preparatoria, cuando se trata de delitos considerados como graves -lo cual se da de manera independiente de los tratamientos técnicos o de los estudios que se practiquen- es una medida constitucional, donde no se impide la reinserción social ya que cualquier otra medida puede ser aplicada.

¿Qué se deberá considerar para la ubicación de los sentenciados en los centros penitenciarios?

Diría la Corte, al no lograr la votación necesaria para declarar inconstitucional la última parte del artículo respectivo: “la mayor información posible sobre cada uno de ellos a través de datos documentales, entrevistas y observación directa de su comportamiento; información que complementará a los estudios técnicos”[10].

Medidas disciplinarias: ¿Cuál es su naturaleza? ¿Se requiere que sea el juez de ejecución de sanciones penales quien las imponga al sentenciado o es posible que lo haga la autoridad administrativa?[11]

El problema radicaba en definir si las medidas disciplinarias como amonestación, exclusión temporal de ciertas diversiones, suspensión de visitas familiares, aislamiento por no más de 30 días, resultaban al final de cuentas en una modificación de la pena, porque de ser así, debían ser tomadas por una autoridad judicial y no administrativa.

Se entenderían estas medidas como actos de molestia y no de privación, pues su contenido supondría una afectación en la esfera jurídica del sentenciado; sin embargo, dicha afectación en los derechos de éste sería temporal y preventiva, y tendría como finalidad conservar el orden y el respeto al interior del Centro en el que el sentenciado se encontrare ejecutando su pena.

Acorde con lo anterior, se definiría que tales medidas pueden ser impuestas por una autoridad administrativa, como el caso del Consejo Técnico propuesto por la ley en análisis; no obstante, reconoció que se debe respetar y satisfacer ciertos requisitos acordes con el objetivo de las medidas.

¿La incorporación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al Comité de Visita General previsto en la ley impugnada, supone una violación a la autonomía de esta Comisión?[12]

No, aquello no supone una limitación en su actuar, conserva su libertad y autonomía, ya que se considera las funciones encomendadas se encuentran dentro de las que constitucionalmente desempeña, de defensores de derechos humanos, en este caso en el régimen de reinserción social.

¿El requisito de cubrir el costo del dispositivo de monitoreo electrónico, que permite gozar del beneficio de reclusión domiciliaria, supone una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación de los sentenciados?

El proyecto propondría que es una acción afirmativa necesaria que impide privar a una persona de un beneficio legal y el establecimiento de obstáculos para el logro de los fines del principio de readaptación social, pero el argumento fue desestimado[13].

7. Acceso a la justicia. Acciones afirmativas. Núcleos ejidales[14]

En este asunto se analizaba el problema de los plazos para la interposición de una demanda de amparo en relación con los núcleos ejidales o comunales de población. El punto en análisis era que la ley de amparo anterior -aunque como diría uno de los ponentes, la hipótesis se trasladó a la ley vigente- no determinaba un plazo y con esto, diría el promotor del juicio de amparo en análisis, se podría estar generando un trato discriminatorio y violentaba las formalidades del procedimiento.

Se resolvería que esta decisión de la falta de plazo, se traducía en una acción afirmativa o positiva, que se había dado por el contexto histórico de vulnerabilidad de los ejidos, lo que se traducía en una medida proporcional.

Señalaría la Corte: “entraña una norma que establece un tratamiento diferenciado, en tanto prevé de manera excepcional y acotada para los núcleos de población, sujetos al régimen ejidal o comunal, que puedan promover el juicio de amparo en cualquier tiempo; y constituye una medida temporal de discriminación positiva, que fue creada al haberse reconocido todo un contexto de circunstancias generadoras de un estado de desigualdad material entre tales entes tutelados”.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

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[1] Contradicción de Tesis 157/2014. Sesionada el día 20 de enero de 2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Votación favorable, p. 40.

[2] Contradicción de Tesis 325/2014. Sesionada el día 22 de enero de 2015. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Votación económica unánime, p. 71.

[3] Amparo Directo en Revisión 1312/2014. Sesionado el día 27 de enero de 2015. Ponente. Min. José Fernando Franco González Salas. Engrose consultable aquí.  

[4] Amparo directo 4/2009. Sesionado el 28 de septiembre de 2009, 18 de febrero de 2010, 17, 19 y 23 de agosto de 2010 –todas las anteriores fue ponente el Min. Cossío Díaz-, el 29 de enero de 2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Mayoría de 8 votos por la concesión del Amparo. Consultable aquí.

[5] Acción de Inconstitucionalidad 86/2009. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Sesionada el 7 de noviembre de 2013; 3, 5, 9 y 10 de febrero de 2015. Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California –reformas 13 de noviembre de 2009-; CPEUM; Convención de los Derechos del Niño y Convención Americana de Derechos Humanos.

[6] Acción de Inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. 10, 12, 16, 17 y 19 de febrero de 2015. Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. CPEUM. Convención Americana de Derechos Humanos.

[7] Sesión de 19 de febrero de 2015, pág. 12. Unanimidad por el proyecto modificado.

[8] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 15. 7 votos en contra de la propuesta.

[9] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 23, 7 votos en contra de la propuesta.

[10] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 33. Se votarían dos propuestas que pretendían declarar inconstitucionalidad: Primera, sobre “y observación directa de su comportamiento”, 8 votos en contra de la propuesta. Segunda, “información que complementará a los estudios técnicos”, 6 votos en contra de la propuesta.

[11] Sesión del 19 de febrero de 2012, pág. 28. 8 votos a favor de la propuesta modificada.

[12] Sesión del 19 de febrero de 2015, pág. 46. 8 votos a favor de la propuesta modificada

[13] Sesión del 19 de febrero de 2015, pág. 65. 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, por lo que es desestimada y se declaró válido el artículo.

[14] Amparo directo en revisión 466/2011. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo,  Sesionado el día 21, 25 y 26 de noviembre de 2013 (Pon. Min. Margarita Luna Ramos); 23 de febrero de 2015.

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En días pasados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició la discusión del expediente varios 1396/2011, que versa sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de las mujeres indígenas Me’phaa de Guerrero: Valentina Rosendo Cantú y Otra vs. México e Inés Fernández Ortega y Otros vs. México[1].

Como es sabido, en distintos eventos acontecidos durante el año 2002, ambas mujeres fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo la tortura sexual, al ser agredidas por elementos del Ejército mexicano. Tras una larga búsqueda de justicia, que incluyó enfrentar la impunidad generada por el fuero militar e incluso poner en riesgo su vida, Inés y Valentina llevaron su demanda hasta la Corte IDH, tribunal que en 2010 emitió sentencias condenatorias contra el Estado mexicano.

Después de la emisión de las sentencias, en el 2011, Inés y Valentina solicitaron a la Suprema Corte que iniciara un expediente varios, como lo había hecho en el Caso Radilla[2], para determinar qué obligaciones tenía el Poder Judicial respecto estas resoluciones internacionales. En su solicitud, argumentaron que la apertura de dicho expediente serviría para reiterar los criterios establecidos en el expediente varios 912/2010, pero además señalaron que permitiría a la Corte realizar desarrollos interpretativos vinculados con lo ordenado por la Corte IDH en sus sentencias, en temas como la tortura sexual, el valor del dicho de las víctimas de delitos sexuales, la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad, la participación del Poder Judicial en los actos de reconocimiento ordenados, entre otros tópicos.

Luego de casi cuatro años de espera y a cinco de que la Corte IDH emitiera sus fallos, el martes 21 de abril el Pleno de la Corte comenzó a discutir el asunto[3].

ines-valentinaEl inicio de la discusión generó preocupación entre los defensores de los derechos humanos, pues la discusión evidenció que la Corte no vive un buen momento. Lo cual se evidenció en tres momentos clave: al determinar el Pleno que debía realizarse un innecesario ejercicio de correspondencia normativa entre los derechos de la Constitución y los de la Convención Americana de Derechos Humanos, reiterando la lamentable posición mayoritaria sobre la superioridad jerárquica de los primeros por encima de los segundos; al evitar el Pleno analizar la compatibilidad entre la reciente reforma en materia de fuero militar y el estándar fijado por la Corte IDH en sus sentencias, perdiendo así la oportunidad de maximizar los efectos de su fallo; y, finalmente, al expresarse una y otra vez en el Pleno posiciones que van en contra de lo que en su momento ya estableció la mayoría en el expediente varios 912/2010, lanzando un mensaje de incertidumbre jurisprudencial.

El 27 de abril la discusión prosiguió con el análisis de las obligaciones que imponen las sentencias en materia de género, etnicidad, tortura sexual y combate a la impunidad. Ese día, se determinó aplazar la discusión para permitir la modificación del proyecto de sentencia.

La decisión de aplazar la discusión implica reconocer que el proyecto sometido a discusión puede ser mejorado. Esto había sido advertido por las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como por sus representantes, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que éste, en los términos presentados, no contribuyese realmente a desarrollar y difundir estándares sobre tortura sexual y juzgamiento con perspectiva de género y etnicidad.

Precisamente, esta preocupación fue compartida durante el debate por los ministros Cossío, Silva, Ortiz-Mena, Zaldívar y Sánchez Cordero. Por ejemplo, Cossío señaló que “el aspecto más novedoso y relevante de los mencionados, es el relativo a incorporar una perspectiva de género y de etnicidad en los juzgamientos, aspectos en los que el proyecto –me parece– debía de contener un desarrollo más amplio[4]”. Agregó además que: “uno de los elementos esenciales que se tiene que garantizar para incorporar una perspectiva de género al juzgamiento de casos de violencia sexual, es precisamente la manera de valorar las pruebas, incluidos los testimonios de las víctimas”.

En igual sentido, la ministra Sánchez Cordero señaló que el cumplimiento de las sentencias debería llevar a establecer, entre otros aspectos, quepara la determinación y configuración de la tortura […] cuando se encuentren involucrados agentes del Estado encargados de ejercer funciones de seguridad pública o incluso de las Fuerzas Armadas en auxilio de dicha función, los juzgadores ante los cuales se consignen esas averiguaciones correspondientes deberán aplicar un estándar de verificación bajo parámetros constitucionales y convencionales a efecto de no dejar ningún resquicio de impunidad […] Añadió que a la luz de las sentencias de la Corte IDH: “el estándar probatorio debe ser considerado distinto cuando exista esta víctima de violencia sexual”.

Por consideraciones como estas, el ministro Zaldívar llegó a concluir que: “el proyecto se queda corto para cumplir los señalamientos de estas dos sentencias [internacionales]”. En respuesta, el ministro ponente Pérez Dayán propuso incorporar al proyecto de sentencia criterios que aludieran a los temas mencionados en las críticas de algunos de sus colegas. Al culminar la sesión, fue acordado que el ministro ponente modificará el proyecto antes de que se discuta nuevamente. Con las reservas que genera lo expresado en el Pleno, aún es posible señalar que este paréntesis abre una posibilidad para que la resolución de este asunto sea un avance en el desarrollo de estándares sobre acceso a la justicia para las mujeres.

Por ejemplo, respecto de la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad, el nuevo proyecto podría considerar lo que se desprende de las sentencias de la Corte IDH respecto pautas de actuación muy concretas para los juzgadores que dirimen casos de tortura sexual, en aspectos tan específicos como la valoración de la prueba. Estas obligaciones, vale decir, no se agotan con “medidas administrativas” ni con la programación de cursos para funcionarios judiciales, ni tampoco con la reseña de las tesis ya existentes, sino que por el contrario suponen deberes sustantivos que tendrían que ser incorporados en la actuación de los órganos jurisdiccionales del país, así como implican priorizar la atracción de casos donde se diriman estos temas. Así lo tendría que señalar el proyecto modificado.

Por ello, es de suma importancia la resolución del expediente varios 1396/2011. Porque si se modifica este proyecto para maximizar sus alcances, como en su momento lo hizo la mayoría que resolvió el expediente varios 912/2010; porque si se analizan integralmente las sentencias, más allá de rastrear obligaciones únicamente en los resolutivos; porque si el cumplimiento de las resoluciones interamericanas se entiende en el marco del diálogo jurisprudencial y no sólo en el de la impartición de capacitaciones; entonces, la discusión que viene sin duda aún puede contribuir a lo que Valentina Rosendo demandó al asistir a la sesión de la Corte: que la puerta de la justicia se abra más para las mujeres indígenas. Eso es lo que está en juego ahora que será modificado este proyecto de sentencia.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

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[1] Cfr. Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215 y Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216. Ambas sentencias están disponibles aquí.

[2] Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación “Caso Rosendo Radilla Pacheco” Varios 912/2010. Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible aquí.

[3] Ver, Tlachinollan. Comunicado. Inicia la SCJN discusión sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina RosendoDisponible aquí. Ver también sobre la discusión del proyecto: “Organismos de la sociedad civil exhortan a la SCJN fijar criterios sobre género, etnicidad y tortura sexual al resolver el expediente iniciado por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo” aquí; y Aplazamiento de la discusión sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, abre la posibilidad de que la SCJN desarrolle criterios sobre tortura sexual y acceso a la justicia con perspectiva de género y etnicidad” aquí.

[4] La versión estenográfica de la sesión del pasado 27 de abril del 2015 de la SCJN, de donde se recopilan todas las subsecuentes citas de los ministros está disponible aquí.

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Todos nuestros derechos fundamentales se encuentran acotados, limitados. No es difícil entender el porqué: su ejercicio irrestricto bien puede afectar a terceros o impedir el goce de beneficios mayores a la colectividad. Así, nuestra Constitución reconoce la libertad de expresión, pero admite que en caso de que afecte la vida privada de terceros puede perder su protección legal (artículo 6); el derecho a la propiedad es amplio, pero puede ceder ante las necesidades de la mayoría mediante una debida expropiación (artículo 27).

Por otro lado, que nuestros derechos fundamentales estén limitados no quiere decir que pueda renunciarse a ellos. Si alguna persona aceptara en su contrato una cláusula mediante la cual se obliga a no trabajar en el mismo ramo en que se desempeña su empresa al menos dos años después de concluido el vínculo laboral, dicha cláusula sería nula pues atenta contra la libertad de profesión reconocida en el artículo 5º constitucional. En estos casos, el motivo también es claro: hay valores que nuestro arreglo nacional considera superiores y cuya vigencia no puede quedar al arbitrio de las partes. Los derechos irrenunciables lo son porque constituyen la protección mínima que un Estado considera debe asegurar para salvaguardar el interés común.

Algunos de estos derechos irrenunciables dentro de nuestra Constitución corresponden (o correspondían) a cualquier trabajador. Aun cuando en su contrato renunciara a “las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra”, dicho pacto sería nulo y no obligaría a los contrayentes (artículo 123 apartado A fracción XXVII inciso g); igualmente nulas serían “todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores” (inciso h).

Nuestra Corte había hecho eco de esta norma a lo largo de los años en distintas jurisprudencias[1]. En ellas se admitía que no sólo el convenio o contrato entre los particulares podía resultar nulo de contener renuncias de derechos laborales consagrados como lo refiere la Constitución, sino que esa nulidad podía extenderse a los convenios celebrados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, el pasado 10 de abril fue publicada una contradicción de tesis[2] en donde la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia no simplemente da la espalda a todos esos criterios previos sino a la Constitución misma al considerar que, con respecto a los convenios celebrados ante las Juntas:

Los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de nulidad de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento.

adios1Técnicamente, el principal error de esta postura es equiparar un convenio celebrado ante la Junta a una determinación o ‘pronunciamiento’ efectuado por la Junta. Los convenios laborales celebrados ante dicha autoridad pueden ser fuera o dentro de juicio. Los artículos 33[3]y 987[4] de la Ley Federal del Trabajo aluden al primer caso, mientras el articulo 876 (III) lo hace al segundo, estableciendo que dicho convenio produce ‘todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo’. En esta segunda hipótesis el convenio se da dentro del contexto de un litigio en que generalmente ambas partes se encuentran asesoradas; aun así, si el convenio se equipara a un laudo podría entonces ser impugnado como pueden serlo todos los laudos. Por cuanto hace a la primera hipótesis, el convenio fuera de juicio suele ocurrir cuando patrón y empleado (éste sin asesoría legal alguna) acuden directamente a formalizar su decisión de concluir el vínculo laboral, momento en el cual las Juntas no actúan propiamente como Tribunal sino como autoridad administrativa o registradora y si bien es cierto la ley sujeta el convenio a la aprobación de la Junta a fin de verificar que “no se afecten derechos de los trabajadores”, dicha verificación no ocurre en la práctica, por lo que de darse la afectación se recurría a demandar la nulidad total o parcial del convenio. En cualquiera de ambos casos, la interpretación de la Corte es ajena a los principios de progresividad y pro persona establecidos por el artículo 1º constitucional.

Igual de preocupante que el ‘yerro’ técnico es que la interpretación refleja el hondo divorcio existente entre nuestros juzgadores del trabajo y la realidad laboral del país. La decisión asume implícitamente un piso parejo en donde los contratantes (patrón y trabajador) están en igualdad de condiciones, que la paridad es un hecho y que por ello un convenio formalizado es inatacable. Amén de su inobservancia de la norma constitucional, la Corte parece ignorar que no solo vivimos en medio de una desigualdad rampante, sino que de acuerdo al INEGI al menos una cuarta parte de nuestra economía es informal o que el outsourcing va en aumento y que un 16% de las personas contratadas lo está bajo ese régimen. Por otro lado, el extendido fenómeno de obligar a los trabajadores a firmar su renuncia o alguna otra hoja en blanco como condición para ingresar a laborar es una práctica tan común que hasta la Cámara de Diputados ha aprobado ya modificar la Ley Federal del Trabajo tratando de combatir esta malsana costumbre. Sumemos a este entorno que la tan mencionada ‘paz laboral’ no es sino un socorrido eufemismo para designar la existencia de sindicatos de protección que lejos de representar los intereses de los agremiados velan por los intereses patronales (como lo subraya Human Rights Watch en su reporte 2014) y empezaremos a tener una imagen más clara -y sombría- de nuestro panorama laboral.

Suele reclamarse al derecho su continuo rezago frente a lo que pretende regular. En este caso el reclamo parece infundado pues tanto el día a día que millones de trabajadores enfrentan como nuestra justicia laboral marchan al unísono: en los dos ámbitos impera la simulación.

Erick López Serrano. Abogado, estudiante de la maestría en Derecho y Tecnología en la Universidad de Tilburg, Holanda. Twitter: @eLoseRR

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[1]Las que expresamente hoy abandona la Corte:  2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 y 2a./J. 1/2010, estas dos últimas con los rubros: “CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CAUSAS DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBEN DECLARARSE EN EL JUICIO LABORAL O EN EL DE AMPARO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE.” y “TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL OPERARIO PUEDE SOLICITAR LA NULIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO POR CONCEPTO DE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN, SI CONSIDERA QUE EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS”.

[2]94/2014: CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).

[3]‘Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores’.

[4]‘Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta Ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de aquélla. Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, cuando no afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de laudo ejecutoriado’.

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El pasado martes 14 de abril, bajo una confusa discusión, con seis votos a favor y cinco en contra, la Suprema Corte estableció la constitucionalidad de la figura del arraigo en casos de delitos graves. Lo anterior, con base en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 11 transitorio del decreto de reforma constitucional en materia penal de junio de 2008.

Los seis votos a favor corrieron a cargo del recién llegado Eduardo Medina Mora, junto con Margarita Luna, Fernando Franco, Jorge Pardo, Alberto Pérez y Ortiz Mena, quienes durante la discusión consideraron innecesario ejercer un control de convencionalidad sobre la figura en tanto ésta se encuentra contemplada en la propia Constitución, lo cual a su entender es una restricción a dicho análisis.

Los cinco votos en contra fueron de Juan Silva Meza, José Ramón Cossío[1], Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar ejercieron un control de convencionalidad respecto de la privación de la libertad para investigar, la cual conforme a los estándares internacionales, específicamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, resulta arbitraria y violatoria de un cúmulo de derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la propia Constitución mexicana.

Son varios enfoques desde los cuales se puede analizar dicha decisión. En esta ocasión, quisiera analizar algunos de los costos de decidir a favor de la constitucionalidad del arraigo y del equívoco mensaje que la Corte envía respecto de las obligaciones internacionales de respeto y garantía del Estado mexicano en medio de la crisis de derechos e impunidad que impera en el país.

arraigoEl primer costo implica permitir que ante la incapacidad e ineptitud de las autoridades en materia de investigación y sanción, figuras claramente violatorias de derechos humanos sean elevadas a rango constitucional, lo cual como señaló el ministro Zaldívar, constituye un fraude a la Carta Magna. Resulta preocupante que ministros utilicen la supremacía de la Constitución para permitir que una figura jurídica vulnere el debido proceso legal, la libertad personal, el derecho a la circulación y que derive patrones generalizados como actos de tortura durante la detención.[2] En ese sentido, es importante aclarar que el hecho de que una figura o disposición violatoria de derechos humanos se encuentre en la Constitución no exime a los Estados de responsabilidad internacional por incumplir con sus obligaciones.[3]

Otro costo de declarar constitucional el arraigo es que dicha decisión judicial se une a distintas acciones y omisiones de los otros poderes de gobierno en materia de derechos humanos, como el rechazo de la Secretaría de Relaciones Exteriores al informe redactado por Juan Méndez, Relator de Naciones Unidas, que reconoce el patrón generalizado de tortura en el país o la evasión por parte del Ejecutivo y el Legislativo respecto de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa hace 6 meses,  los cientos de fosas encontradas en Guerrero, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya a manos del ejército, la masacre de Apatzingán de la cual son responsables policías federales, entre otros episodios de vulneraciones.

Y es que pareciera entonces, que la decisión por de seis ministros del Pleno de la  Suprema Corte, se une a esta incongruencia estatal, al ignorar las decenas de pronunciamientos por parte de organismos de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los organismos autónomos de protección nacionales como la CNDH y la CDHDF[4], los cuales han reiterado en distintos escenarios como la figura del arraigo es arbitraria, violatoria del principio de presunción de inocencia y que incumple los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para privar de la libertad a una persona. Además de demostrar con cifras y quejas que la figura es inefectiva y evidentemente violatoria de derechos humanos.[5]

El último costo que quisiera evidenciar es cómo la decisión envía un mensaje confuso al resto del Poder Judicial. Si bien la construcción del control de convencionalidad resulta de un diálogo constante entre los operadores de justicia y no de una sola decisión, el desconocimiento de estándares internacionales que la propia Corte ha declarado vinculantes, confunde al resto de jueces respecto a la implementación del artículo primero constitucional y la consolidación de jurisprudencia protectora de derechos humanos.

Finalmente, es relevante reflexionar sobre los propios organismos de protección de derechos humanos a nivel universal y regional. Los cuales si bien son parte de este diálogo jurisprudencial, debieran ser más cuidadosos respecto a los halagos y reconocimientos que en el ámbito político hacen sobre la actuación de la Suprema Corte en materia de control de convencionalidad, ya que corren el riesgo de caer en el doble discurso en el cual se encuentra inmerso el Estado mexicano.

Adriana Muro. Abogada de la Universidad Iberoamericana, con maestría en derechos humanos y democratización de la Universidad del Externado de Colombia. Socia de Elementa, Consultoría en Derechos.

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[1] Vale la pena leer la posición del ministro José Ramón Cossío en cuanto a la inconstitucionalidad del arraigo.

[2] El Amicus presentado por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ante la SCJN detalla con base en estándares internacionales y cifras las violaciones a derechos humanos de las cuales han sido víctimas las personas que han sido sujetas a arraigo en el país.

[3] Específicamente en cuanto al deber de adoptar disposiciones de derecho interno conforme al artículo 2 de la CADH, el cual establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Véase Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73.

[4] Ambas Comisiones se pronunciaron sobre la decisión de la SCJN.  

[5] A modo de ejemplo véase: Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU: Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su visita a México (2002) E/CN.4/2003/8/Add.3. Comité contra la Tortura de la ONU: Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura (2007). CAT/C/MEX/CO/4.Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes: Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas. CAT/OP/MEX/R.1.; Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU: Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Quinto Examen Periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el 22 de marzo de 2010; Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, en su declaración de prensa al concluir su misión oficial a México entre el 1 y el 15 de octubre de 2010. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a México entre el 26 y el 30 de setiembre de 2011; Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Decimoséptima reunión, Ginebra, octubre 22 a noviembre 1 de 2013, Informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 25 de octubre de 2013.

 

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justicia.lentaEl artículo 17 de la Constitución contempla el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, el cual debe ser acatado de forma pronta, completa, imparcial y gratuita. Asimismo, el cumplimiento de las sentencias de amparo que otorgan una protección constitucional a los particulares se considera una cuestión de orden público que debe ser acreditado ante el órgano jurisdiccional respectivo a partir de los elementos que obren en el expediente y de los aportados por las autoridades responsables encargadas del cumplimiento. Por su parte, los incidentes de inejecución de sentencia tienen como materia analizar y determinar el incumplimiento de una ejecutoria de amparo y la rebeldía con que actuaron las autoridades responsables en éste, con el fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución, respecto de la separación de sus puestos y su consignación.

Cuando una ejecutoria causa estado o se haya recibido el testimonio de la dictada en revisión, los órganos jurisdiccionales competentes (ya sean Juzgados de Distrito o Tribunales Unitario de Circuito si se trata de amparo indirecto, o Tribunales Colegiados de Circuito, si es de amparo directo), deberán notificarla sin demora a las autoridades responsables y a sus respectivos superiores jerárquicos inmediatos, a las cuales se les requerirá el cumplimiento dentro del plazo de tres días.[i] Ante el incumplimiento de éstas en el plazo fijado, los órganos jurisdiccionales encargados del trámite impondrán las multas procedentes y, si el Tribunal Colegiado de Circuito considera que persiste el incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia con proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables y, en su caso, de sus superiores jerárquicos.[ii]

Cuando la Suprema Corte recibe los expedientes, debe dictar, a la brevedad posible, la resolución que corresponda y, en caso de que considere que el retraso en el cumplimiento es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo señalado para hacerlo, tomará en cuenta el proyecto de destitución del Tribunal Colegiado de Circuito, procederá a separar de su cargo a los titulares de las autoridades responsables y de sus superiores jerárquicos, y a consignarlos ante el Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, así como a los titulares que, habiendo ocupado el cargo de las autoridades responsables con anterioridad, hayan incumplido la ejecutoria.[iii]

Sin embargo, existen diversos motivos por los cuales la Suprema Corte puede interrumpir el procedimiento de ejecución o devolver el asunto al órgano jurisdiccional de origen para que las autoridades responsables y sus respectivos superiores jerárquicos sean requeridos nuevamente para el cumplimiento de las sentencias de amparo, entre los que destacan:

a) Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria.[iv]

b) Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, podrá dar un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el cual podrá ampliarse a solicitud de la misma.[v]

c) Cuando exista un principio de ejecución, esto es, se demuestren los preparativos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo pero que no constituyen propiamente un cumplimiento.[vi]

d) Cuando cambien los titulares de las autoridades responsables y de sus respectivos superiores jerárquicos para que, una vez que hayan asumido su función o encargo, se les requiera el cumplimiento de la sentencia.[vii]

e) Cuando exista una autoridad sustituta para el cumplimiento, lo que implica que la autoridad que intervino en el juicio de amparo ya no tiene responsabilidad alguna y la nueva autoridad que no fue parte con el carácter de responsable y a quien compete dar cumplimiento, tampoco puede considerarse responsable del incumplimiento, por lo que se le debe requerir.[viii]

Ahora bien, de conformidad con el Informe estadístico tabulado 2014 del Consejo de la Judicatura Federal que comprende del 16 de noviembre de 2013 al 14 de noviembre de 2014, los Tribunales Colegiados de Circuito ingresaron 3,554 incidentes de inejecución y resolvieron 3,927 (debido a la existencia inicial), de la siguiente manera:

  • En 1,332 (33.9%) se declararon sin materia.
  • En 1,069 (27.2%) se ordenó reponer el procedimiento y devolver al órgano de origen.
  • En 686 (17.4%) se determinaron fundados.
  • En 363 (9.2%) se resolvieron infundados.
  • En 248 (6.3%) se desecharon.
  • En 157 (3.9%) se declararon incompetentes o improcedentes
  • En 70 (1.7%) se remitieron con dictamen a la Suprema Corte con base en el punto XVI del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • En 2 (0.05%) procedió el cumplimiento sustituto.

Asimismo, de acuerdo con el Informe anual de labores 2014 rendido por el ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2014, la Corte ingresó 753 incidentes de inejecución de sentencia y resolvió 1,062 (debido a la existencia inicial), de la siguiente forma:

  • En 955 (89.9%) se declararon sin materia.[ix]
  • En 65 (6.1%) se ordenaron devolver al órgano jurisdiccional de origen.
  • En 20 (1.9%) se declararon infundados.
  • En 12 (1.1%) causaron baja por el punto noveno del Acuerdo General 12/2009, esto es, en los casos excepcionales en los que se devuelve el expediente al Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito para que subsane alguna omisión en el procedimiento.
  • En 4 (0.4%) se ordenaron reponer del procedimiento.
  • En 3 (0.3%) se declararon fundados.
  • En 2 (0.2%) se determinaron improcedentes.
  • En 1 (0.1%) se declararon cumplidas las sentencias de amparo.

El procedimiento de cumplimiento de las sentencias de amparo, primero ante los Tribunales Colegiados de Circuito y después ante la Suprema Corte, es ineficiente pues no satisface el derecho humano de acceso a la justicia al no cumplirse de manera pronta, completa e imparcial porque los particulares primero deben aguardar a obtener la resolución del juicio de amparo y, cuando ésta les resulta favorable, tienen que esperar al trámite de ejecución de sentencia. El cual, en la mayoría de las ocasiones, es dilatado por aspectos procesales que no atañen al carácter de interés público que tienen las sentencias de amparo, como son: precisiones de forma de los efectos del cumplimiento, la justificación del retraso del cumplimiento, la existencia de un principio de ejecución, el cambio de la titularidad de las autoridades responsables y de sus superiores jerárquicos o la existencia de autoridades sustitutas del cumplimiento.

Estas circunstancias dan lugar a que los Magistrados y Ministros ordenen que los incidentes de inejecución sean declarados sin materia, devueltos al órgano jurisdiccional de origen, resueltos como infundados, dados de baja, repuestos en el procedimiento o determinados como improcedentes. Resulta preocupante que en los Tribunales Colegiados de Circuito, de 3,927 incidentes resueltos, solamente 756 fueron declarados fundados y remitidos a la Suprema Corte y que en ésta, de 1,062 asuntos resueltos, solamente en 3 se haya declarado que eran fundados y en únicamente 1 la sentencia de amparo había sido cumplida.[x]

En la práctica, la Corte actúa de forma condescendiente con las autoridades responsables al darles más tiempo del necesario para que realicen el cumplimiento, pues llega el caso en que, una vez que el proyecto de consignación se encuentra listo para sesionarse, se comunican de forma directa con las autoridades para que cumplan con la sentencia antes de que sea resuelto en la sesión respectiva. Con ello, las responsables esperan hasta el último momento para acatar la ejecutoria, lo que viola el derecho humano de acceso a la justicia. Incluso, con el fin de cumplir formalidades estadísticas de corte de fin de año, determinan desechar los incidentes de inejecución y reponer los procedimientos por cuestiones innecesarias.

El trámite de los incidentes de inejecución de sentencia ante los órganos jurisdiccionales debe ser estricto, expedito, completo e imparcial sin temor a la imposición de multas y sanciones a las autoridades. Esto para que los particulares no queden en estado de indefensión respecto del ejercicio de sus derechos cuando hayan obtenido una resolución a su favor, sin permitir dilaciones ni interrupciones irrelevantes que permitan un margen de discrecionalidad por parte de las responsables y sus respectivos superiores jerárquicos en el cumplimiento de las sentencias de amparo.

César Villanueva Esquivel. Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho UNAM.

__________________________

[i] Artículo 192 de la Ley de Amparo.

[ii] Artículo 193 de la Ley de Amparo.

[iii] Artículo 198 de la Ley de Amparo.

[iv] Idem.

[v] Idem.

[vi] Tesis de jurisprudencia P./J. 87/2010, “INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS ‘PRINCIPIO DE EJECUCIÓN’ Y ‘CUMPLIMIENTO PARCIAL’, PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, septiembre de 2010, p. 6.

[vii] Tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2007, “INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, marzo de 2007, p. 80.

Tesis aislada 1a. LXXXII/2007, “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE EL CAMBIO DE TITULAR DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE O DE QUIEN EJERZA FUNCIONES DE DIRECCIÓN SOBRE ÉSTA, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUZGADO DE ORIGEN A FIN DE QUE ASUMIDO SU ENCARGO SE LES SOLICITE EL CUMPLIMIENTO RESPECTIVO, PARA QUE A SU VEZ LO REQUIERAN A SUS INFERIORES O SUBALTERNOS VINCULADOS A ESE ACATAMIENTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, marzo de 2007, p. 261.

[viii] Tesis 2a./J. 24/98, “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO EXISTA AUTORIDAD SUSTITUTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE, EN RELACIÓN CON ELLA, REQUERIRLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO, DE LO CONTRARIO, PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. VII, abril de 1998, p. 210.

[ix] Entre las causas para declarar sin materia los incidentes de inejecución de sentencia, destacan: la acreditación del cumplimiento del núcleo esencial de la sentencia de amparo (sin que se pronuncie sobre el cumplimiento total); la advertencia de que alguna autoridad vinculada con el cumplimiento no fue requerida en el acuerdo donde se declaró que el fallo protector no había quedado cumplido (esto sucede, en ocasiones, por cambios en las competencias de las autoridades previstas en los reglamentos administrativos); la falta de notificación de las autoridades responsables de todos los efectos que deben cumplir en el requerimiento respectivo aun cuando éstos se pueden desprender de la ejecutoria de amparo; la realización de actos que entrañan un principio de ejecución; y la omisión de requerir al superior jerárquico correcto de la autoridad responsable.

[x] Del Informe Anual de labores 2014 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal no se desprenden las razones por las cuáles los incidentes de inejecución resueltos fueron declarados “sin materia”.

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