Conforme la Suprema Corte adquiere relevancia mediática, la sociedad empieza a voltear más hacia el poder judicial y a interesarse por la forma en que actúa. Durante 2010, dos casos concentraron la atención del público: la facultad de investigación para analizar lo ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo (incendio en el que murieron 49 menores de edad) y la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que permitió a parejas del mismo sexo contraer matrimonio en el Distrito Federal. Ambos casos obtuvieron una atención mediática inusitada.

Este creciente interés en el desempeño de la Suprema Corte, no debe sorprendernos. Para efectos prácticos, la Corte es la última línea de protección de los derechos de las personas a nivel nacional y es la institución encargada de salvaguardar la Constitución frente a las posibles violaciones de otros. Es decir, es fundamental para el funcionamiento de la democracia en México.

Vale subrayar, sin embargo, que las discusiones de los ministros son sólo uno de todos los ingredientes que giran en torno a la Suprema Corte y que debe ser sometidos a escrutinio. En efecto, la relación con los medios de comunicación y por extensión con la sociedad, no debe limitarse a algunos aspectos del  trabajo de la Corte. Debe existir, por el contrario, una relación permanente entre sociedad y poder judicial. Para fomentar la transparencia y el mejor desempeño de los ministros es necesario que la sociedad los vigile.

Naturalmente, este proceso de vigilancia debe iniciar desde -valga la redundancia- el inicio: la designación de los ministros. Si ellos juegan un papel tan importante como el que hemos descrito, resulta obvio que las personas elegidas para desempeñar el cargo deben ser las óptimas. Y, para asegurar eso, debe existir un escrutinio profundo sobre el procedimiento que lleva a su elección.

México: la vía fast-track en todos los sentidos

El proceso en México es relativamente sencillo de explicar. Cuando un ministro cumple los 15 años en funciones, debe retirarse. Es obligación constitucional del presidente de la República enviar una terna de candidatos al Senado, que dispone de 30 días para elegir por mayoría de 2/3 de los presentes a uno de los tres candidatos. En caso de no reunirse en esos 30 días, el presidente designa al nuevo ministro. Si la terna es rechazada, se somete una nueva que sigue el mismo procedimiento. En caso de que ésta sea rechazada nuevamente, entonces, el presidente designa directamente al nuevo ministro.

Ahora bien, ha exactamente un año, el Senado de la República confirmó a dos ministros en un mismo día: Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar; lo cuales sustituyeron a los entonces ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela. La comparecencia de ambas ternas -seis candidatos en total- se dio en una sola mañana. Como declararon los propios senadores: fue “de mero trámite”. Las participaciones de los candidatos se limitaron a un discurso preparado y no hubo preguntas posteriores.

La prensa -en su mayoría- actuó de forma similar. El Reforma, en su edición del 2 de diciembre de 2009, recogió la designación en menos de media página y se limitó a publicar extractos de los discursos de los dos nuevos ministros. No publicó ni siquiera una semblanza curricular.[1]

Esto es preocupante porque realmente no existió una investigación a fondo del pasado de los nuevos ministros. ¿Cuál era su ideología? ¿En qué litigios habían participado? ¿Qué cargos habían desempeñado y qué críticas habían recibido? Sólo a través de una investigación un poco más minuciosa -elaborada por Proceso– uno se pudo enterar que el ministro Zaldívar litigó frente a la Corte el amparo relacionado al FOBAPROA y que durante la gestión de Aguilar como integrante del consejo de disciplina en la Judicatura Federal, su hermano José Alfredo fue designado jefe de la unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tanto medios de comunicación como senadores debieron haber cuestionado más a fondo a los candidatos para aclarar estos y otros temás más.

Estados Unidos: todo a su tiempo

El proceso de designación de los justices de la Supreme Court de Estados Unidos es muy parecido en cuanto a las etapas institucionales, pero muy distinto en la práctica. Los justices estadounidenses ejercen el cargo de forma vitalicia, pero pueden retirarse si así lo desean. En cualquier caso, el procedimiento se da de la siguiente forma: el presidente de la República elige a un candidato para cubrir el puesto, el comité judicial del Senado lleva a cabo audiencias y entrevistas con el nominado, para después someter a votación del pleno de Senadores su designación. A diferencia de México, en Estados Unidos el nuevo integrante es electo por mayoría simple.

Lo interesante es que la parte práctica del proceso en Estados Unidos es, contrario a lo que sucede en nuestro país, fruto de un serio y responsable ejercicio de reflexión, tanto por el Senado como por los medios de comunicación. Pensemos en la elección de las últimas dos integrantes de la Supreme Court, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. En ambos casos los medios y el Senado se tomaron su tiempo. Las audiencias de confirmación –transmitidas por televisión, por cierto- de Sotomayor duraron cuatro días enteros de escrutinio. Al mismo tiempo, el análisis previo de los medios sobre la carrera judicial de Sotomayor, sus opiniones y sentencias, fue tan profundo que después de los cuatro días, el Washington Post estableció que “ya se sabía desde antes” todo lo que respondió Sotomayor.

En cuanto a Kagan, las audiencias fluyeron más rápido, pero igual fue cuestionada por los senadores. Los medios no le restaron importancia, al grado que el New York Times dedicó más de cinco páginas de su periódico al proceso.

Ambas partes -Senado y medios de comunicación- hicieron un trabajo lo suficientemente exhaustivo como para que no quedara duda alguna de quiénes eran las dos nuevas justices.

La terna actual

Para concluir, vale la pena hacer un escueto análisis de la terna de candidatas enviada por el presidente Calderón al Senado el pasado 30 de noviembre.

Lo primero que sorprende es que el presidente se haya tardado más de 70 días en nombrar al sustituto del ministro Gudiño Pelayo. También es interesante esta coincidencia: un día después de que el Reforma publicara el discurso del ministro Zaldívar sobre los quince empates en votación en la primera sala de la Suprema Corte por falta de un quinto ministro,[2] llegó la terna al Senado.

El segundo aspecto que sorprende es la fecha en la que llega la terna. Como se mencionó con anterioridad, el Senado dispone de 30 días para elegir a un nuevo ministro después de recibir la lista de candidatos. El período ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre, lo cual le da dos opciones a los senadores: discutir y votar en fast track a la nueva ministra -con todo lo que ello implica en cuanto a falta de análisis y discusión- o agendar un período extraordinario durante las vacaciones para tratar exclusivamente el tema. También hay que recordar que la Suprema Corte reinicia actividades el 3 de enero,  fecha en que tendrán que votar para elegir al nuevo ministro presidente y, por tal motivo, lo ideal es que estén presentes los once ministros para evitar un posible empate.

Finalmente, poco puede decirse de las tres candidatas, dada la poca apertura del sistema judicial. No es posible analizar sus criterios en las sentencias en las que han participado, puesto que éstas no se encuentran disponibles al público en general. En cuanto a su trayectoria, también se sabe poco. Sólo dos de las tres candidatas tienen currículo en línea (Elvia Rosa Díaz de León y Lilia Mónica López). De la tercera, Andrea Zambrana, ni foto hay. Lo más que se puede saber con respecto a su ideología es que fue secretaria de estudio y cuenta del ministro Aguirre Anguiano, el ministro que por su historial de decisiones representa el ala más conservadora de la Corte.

Sobre los fichas curriculares no se puede decir mucho, pues son listados de cargos desempeñados. Quizá la otra forma de asomarse al criterio de una de ellas es a través del título de su tesis de licenciatura (“Estudio dogmático del delito de adulterio”, de Díaz de León) pero fue publicada hace más de cuarenta años, lo cual no necesariamente refleja sus convicciones actuales.

De la que más información se tiene es de esta última, pues ya participó en una terna para la SCJN en 2003 junto con la actual ministra Luna Ramos y el magistrado José Luis de la Peza. Esa terna fue desechada por falta de mayoría, y Díaz de León ya no fue presentada en la segunda. Nacida en 1944, Díaz de León tendría 81 años al terminar su período en la SCJN.

En términos generales, que esa sea la única información disponible no habla muy bien de las tres candidatas.

Los medios de comunicación, por su parte, no han tenido mucha oportunidad de cubrir el suceso: dado que apenas el 30 de noviembre se dio a conocer la lista, todo análisis previo ha girado en torno a la especulación sobre los posibles candidatos. Cabe resaltar que previo a la presentación de la terna ni el Reforma, El Universal o La Jornada mencionaron dentro de las posibilidades a ninguna de las tres mujeres que hoy tienen oportunidad de formar parte del Tribunal más importante de nuestro país.

Nadie estaba preparado para recibir estas tres nominaciones. Si la propuesta del presidente agarró en curva a los medios de comunicación, la siguiente parte del procedimiento lo más probable es que una vez más resulte, de menos, ominosa.

Esteban Illades (@steviehousecat). Estudiante del Departamento de Derecho del ITAM en proceso de titulación con la tesis La cobertura periodística de los tribunales: una introducción al periodismo judicial.


[1] Guerrero, Claudia y Rolando Herrera, “Avalan Senadores relevos en la Corte”, Reforma, 2 de diciembre de 2010.

[2] Fuentes, Víctor, “Impacta a la Corte el retraso de Calderón”, Reforma, 30 de noviembre de 2010.

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La semana pasada, Adam Liptak, periodista del New York Times, publicó una interesante nota que partía de una pregunta no menor: ¿Cuál es el promedio de palabras que utiliza actualmente la Corte Suprema de los Estados Unidos para elaborar una sentencia? Su respuesta, apoyándose en diversos estudios académicos, es contundente: las resoluciones de la Corte estadounidense tienen más palabras que nunca: en promedio cada decisión mayoritaria tiene 4,571, elevándose este número a 8,265 palabras al sumar las opiniones concurrentes y disidentes. Lo más grave es que este aumento en las palabras promedio de las sentencias, no se ha traducido en mayor claridad en los argumentos de éstas; por el contrario, se trata de una combinación de resoluciones largas y poco claras. Lo cual, a juicio del académico Edward H. Cooper, no debe sorprender: entre más larga sea una sentencia, más probabilidades de cometer errores y de confundir a los tribunales inferiores respecto los criterios establecidos.

¿Cuál es la relevancia, sin embargo, de contar las palabras de las sentencias de una corte constitucional? ¿Acaso se trata una ociosidad estadística o de una frivolidad lingüística? Se trata, más bien, de un aspecto clave al momento en que un tribunal se decide a pensar sus sentencias como una pieza lingüística con el objetivo de impulsar una estrategia de comunicación jurisdiccional democrática. Una que se preocupa por redactar de manera breve, simple y sencilla para evitar que su audiencia se reduzca a un grupo de abogados especializados en la materia y, por el contrario, incluya también a la academia especializada en otras ramas del conocimiento, al resto de los poderes estatales, a los medios de comunicación y, sobre todo, a la ciudadanía. Los órganos jurisdiccionales deben aprender a hablarle a la sociedad civil.

Un tribunal, por el contrario, que no es capaz de colocar en el centro de la opinión pública sus decisiones y argumentos corre el riesgo de aislarse de la dinámica política de su sociedad. Con las claras repercusiones que esto tiene en su legitimidad, pues no hay que olvidar que a falta de una conexión directa como el voto con la ciudadanía, los tribunales encuentra su legitimidad en otro sustrato: la imparcialidad de sus decisiones y la fortaleza de sus argumentos. Lo cual exige en primerísimo lugar tener la habilidad de explicarle de manera clara a la sociedad tales decisiones y argumentos.

En este sentido, vale preguntarse: ¿Cuál es el promedio de palabras de las sentencias de nuestra Suprema Corte de Justicia? ¿Qué tan bien redactas están sus decisiones? En cuanto a este último aspecto, la calidad de su redacción, cualquier que se acerque a las sentencias de nuestra corte constitucional podrá estar de acuerdo que, salvo notables excepciones, son textos que no se redactan como piezas narrativas con el objetivo de que sean comprendidas por un grupo plural de audiencias. El lenguaje que se utiliza es barroco, plagado de muletillas propias de la jerga jurisdiccional, que refleja una nula capacidad de síntesis y donde los argumentos centrales de la decisión en no pocas ocasiones se diluye en repeticiones y citas textuales ociosas. Esto propicia que las sentencias de la Corte se redacten en un número de páginas innecesariamente extenso. Un botón de muestra: si revisamos las sentencias más relevantes en los últimos diez años a juicio de la Corte*, tenemos que el promedio de palabras por sentencia es de 79,804; siendo la sentencia más breve de 14,135 y la más extensa de 279,649 palabras.**

Así, mientras en Estados Unidos están preocupados porque su promedio de palabras por sentencia ha ascendido al escandaloso número de 8,265, aquí es casi imposible encontrar una sentencia del pleno de la Corte que esté redacta como máximo con ese número de palabras.

  1. Caso Amparo Intelectuales (amparo en revisión 186/2008), redactada por el ministro José Ramón Cossío: 14,135
  2. Caso Militares VIH (amparo en revisión 307/2007), redactada por el ministro Juan Silva Meza: 25,056
  3. Caso Seguridad Privada (acción de inconstitucionalidad 132/2006), redactada por el ministro Genaro Góngora: 26,495
  4. Caso Cambio de Identidad Persona Transexual (amparo directo civil 6/2008), redactada por Sergio Valls: 32,399
  5. Caso Responsabilidad Patrimonial del Estado (acción de inconstitucionalidad 4/2004), redactada por el ministro Sergio Aguirre Anguiano: 41,067
  6. Caso Permisos Generación Energía Eléctrica (controversia constitucional 74/2005), redactada por el ministro José Ramón Cossío: 41,418
  7. Caso Aborto II (acción de inconstitucionalidad 146/2009), redactada por el ministro José Ramón Cossío: 52,959
  8. Caso Reforma Ley ISSTE (amparo en revisión 220/2008), redactada por la ministra Margarita Luna Ramos: 128,438
  9. Caso Ley Televisa (acción de inconstitucionalidad 26/2006), redactada por el ministro Sergio Aguirre Anguiano: 156,425
  10. Caso Nuevo Cofipe (acción de inconstitucionalidad 61/2008), redactada por el ministro Fernando Franco: 279,649

El Juego de la Suprema Corte


* Suprema Corte de Justica de México, Estructura y atribuciones de los Tribunales y Salas Constitucionales de Iberoamérica, SCJN, México, 2009, pp. 691-712.

** Poco más de 1000 páginas en letra Arial 12, espacio 1.5 y márgenes superior-inferior de 2.5 cm. e izquierda-derecha de 3 cm.

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Con una votación de 63 contra 37, el Senado de Estados Unidos confirmó hace algunos días a Elena Kagan como la 112ª abogada y la 4ª mujer en la historia en formar parte de la Corte Suprema de ese país. No obtuvo una votación unánime y holgada como la que, en su momento, obtuvieron Sandra Day O´Connor (99-0) y Ruth Bader Ginsburg (96-3), ni tantos votos como los que un año antes recibió Sonia Sotomayor (68-31), pero tampoco llegó con las dificultades de su ahora colega Clarence Thomas (52-48).

Entre el día en que el presidente Obama anunció su nominación y el Senado le dio el visto bueno a ésta, transcurrieron 87 días, contra los 76 de Sandra Day O´Connor, 50 para Ruth Bader Ginsburg, 72 para Sonia Sotomayor y 106 para Clarence Thomas.

Otro dato: Elena Kagan cumplió recientemente 50 años, lo cual significa que para convertirse en el justice que más tiempo dure en el cargo, tendría que trabajar hasta el 27 de abril de 2047 aproximadamente, superando la permanencia de William O. Douglas que durante 36 años, 6 meses y 26 días fue justice de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Pero estos son sólo números, después de cuatro días de audiencias ante el Comité Judicial del Senado y de un abultado y complejo cuestionario por escrito, las verdaderas interrogantes sobre Kagan empiezan a surgir.

¿Será una buena justice?, Ronald Dworkin está seguro de que sí lo será, a pesar de que el influyente senador republicano Jeff Sessions se opuso recalcitrantemente a su nominación por carecer de experiencia judicial. Lo cual, para otros, fue considerado como un factor que hará que la Suprema Corte refleje la diversidad “que ha hecho grande a nuestra nación” (Partick Leahy, D.)

¿Será tan liberal como el justice Stevens a quien reemplaza? En la historia de la Corte Suprema estadounidense es posible advertir que los justices propuestos por presidentes demócratas pertenecieron al ala liberal, mientras que los justices postulados por presidentes republicanos se alinearon al bando conservador.

Lo anterior, empero, ha tenido sus matices. Eisenhower, un republicano moderado, postuló a Earl Warren, quien redactó la sentencia Brown v. Board of Education: el fallo que abatió la segregación racial en las escuelas, y a William Brennan, uno de los justices más liberales en la historia. Nixon, un republicano bastante conservador, postuló a Harry Blackmun, quien impulsó y redactó la resolución Roe v. Wade que legalizó el aborto. Ford, republicano moderado, nominó a John Paul Stevens, el justice más liberal de la Corte en la última década. Reagan, icono del partido republicano, impulsó la llegada a la Corte de Anthony Kennedy que es un liberal moderado. Bush padre, por su parte, postuló a  David Souter que resultó ser un justice liberal  moderado. En la otra cara de la moneda, está Byron White, quien fuese uno de los justices que votaron en contra de Roe v. Wade y nominado por el presidente demócrata John F. Kennedy.

Esto significa que es necesario esperar para saber si se confirman o se derrumban las expectativas, tanto del bando republicano como del demócrata, que se tienen en la ex colaboradora del gran justice Thurgood Marshall. Lo cierto es que ella misma en las audiencias prometió un sello muy personal de su desempeño en el máximo tribunal de los Estados Unidos, al señalar que “… si ustedes me confirman en esta posición, tendrán a la Justice Kagan, y no al Justice Marshall”.


Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

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¿Quién es?

Han transcurrido dos días en las audiencias en las que el Comité Judicial del Senado evalúa la postulación de Elena Kagan como Associate Justice en la Corte Suprema de los Estados Unidos. De ser confirmada por la mayoría del Senado en pleno, será la cuarta mujer en llegar al máximo tribunal estadounidense, y el sexto Justice en la historia que anteriormente haya trabajado allí como clerk (bajo las órdenes de Thurgood Marshall, quien le apodaba “Shorty”). Esta neoyorkina de 50 años ha tenido una trayectoria académica que incluye Princeton, Oxford y Harvard (fue editora de Harvard Law Review). Antes de ser postulada por el presidente Obama, se desempeñó como Procuradora General.

¿Qué información reunió el Comité Judicial del Senado?

Aunado a su intensa actividad académica, tras haber servido durante 4 años en la Casa Blanca, durante la administración del presidente Clinton, entre memorándums, oficios, artículos, notas informativas e emails, con una amplia gama temática como aborto, suicidio asistido, drogas, educación, medio  ambiente, salud, familia, inmigración, salud, y procesos de confirmación, entre otros (su artículo Confirmation Messes, Old and New), el Comité Judicial reunió cerca de 168 mil páginas en documentos relacionados con Elena Kagan. Acto seguido, el propio Comité Judicial formuló un detallado cuestionario a la nominada. No debe perderse de vista que tan pronto supo de su postulación, Elena Kagan sostuvo reuniones por separado con más de 60 senadores, y la conclusión más reveladora en esa fase previa provino del Senador Republicano Jeff Sessions: “It is a confirmation, it’s not a coronation”.

¿Quiénes prepararon a Elena Kagan para los interrogatorios?

No se sabe, pero es una práctica común en la Casa Blanca que un grupo de especialistas entrenen al candidato a la Suprema Corte mediante sesiones prácticas llamadas coloquialmente “murder boards”, tanto por su ferocidad como por su duración que se llega a extender durante varias horas. En estas sesiones, una veintena de académicos, litigantes, ex legisladores y asesores formulan una serie de de preguntas que es de esperarse, sean formuladas por los 19 senadores del Comité durante las audiencias. En el marco de un estrés paradójicamente extremo y tedioso, el objetivo de las murder boards es extraer del candidato las respuestas más apropiadas rumbo a las audiencias en el Senado que pueden durar hasta 12 horas, cada una.

¿Realmente tienen utilidad las audiencias de confirmación?

Suele afirmarse en los Estados Unidos que a pesar de la atención que las audiencias de confirmación conllevan, estas son mucho menos importantes de lo que la gente supone. Es cierto que constituyen la parte más llamativa del proceso de designación de un Justice, pero están muy lejos de tener una importancia toral. Así, durante las audiencias, la mayoría de los nominados no tiene incentivos para revelar sus puntos de vista, y a pesar de que el Senador Sessions advirtió que se trataba de una confirmación y no de una coronación, cerca del 90% de los candidatos a la Suprema Corte han sido confirmados.

Es cierto que a pesar de la tensión que puede haber en las audiencias de confirmación, un control mayoritario del partido político del Presidente genera condiciones atmosféricas muy favorables. En estos primeros dos días, pese a la evidencia de su agudo sentido del humor, Elena Kagan no ha sido orillada a debatir con los senadores acerca de profundas cuestiones constitucionales ni a elevar el nivel de discusión al menos por encima de las audiencias de John Roberts (para quien la jurisdicción constitucional era como cantar bolas y strikes en un juego de béisbol) por tanto, su estrategia, hasta el momento, se ha enfocado en ser cortés y muy simpática, demostrar sus credenciales como jurista y mantener la ecuanimidad.

Normalmente, los senadores no necesitan de las audiencias de confirmación para evaluar las cualidades del nominado, y se puede caer en una falacia al preguntar a un candidato a la Suprema Corte acerca de cómo resolvería un caso ficticio dado. Es sumamente factible que este candidato responderá que “aplicando la ley al caso concreto”, sin comprometer valores o juicios en sus respuestas. El punto crítico en torno a las audiencias de confirmación es que no producen información relevante para desentrañar la filosofía judicial de, en este caso, Elena Kagan.

Identificando la filosofía judicial del nominado.

Christopher L. Eisgruber, quien fue clerk de John Paul Stevens, al reflexionar en su libro “The Next Justice” acerca del nombramiento de los justices de la Corte Suprema reconoce que el proceso de nominación y confirmación en el Senado es deficiente, y aporta muy poca información relevante del candidato. Lo que más importa —sugiere— es conocer la filosofía judicial de quien es postulado a la Suprema Corte a través de ciertas preguntas que los senadores podrían formular en aras de identificar su filosofía judicial, por ejemplo: “usted ha sido catalogado como un jurista (liberal o conservador)…¿podría mencionar algunos ejemplos de su vida profesional en los que ha tomado decisiones que hubiesen sido impopulares con otros (liberales o conservadores)?”; “por qué es bueno el Judicial Review?”; “¿Cuál es la tesis de jurisprudencia que más admira y por qué?. Sin duda, la formulación, la respuesta, la réplica y la contrarréplica de estas interrogantes, le imprimiría a las audiencias de confirmación un nivel más interesante.

¿Qué ha pasado en los primeros dos días de Elena Kagan en el Senado?

El lunes 28 fue el día de declaraciones unilaterales, en general, políticamente correctas. Tras escuchar los pronunciamientos de los senadores (que no escatimaron sus condolencias por el fallecimiento del veterano Senador Robert Byrd), Elena Kagan leyó pausadamente su declaración asegurando que en caso de acceder al máximo tribunal actuará con imparcialidad, respetando al Congreso y a las leyes que emite. Señaló que la Corte Suprema debe asegurar que “el gobierno nunca rebase sus límites adecuados ni viole los derechos de los individuos”, y agregó que “la Corte también debe reconocer sus propios límites y respetar las decisiones tomadas por el pueblo estadounidense”

No obstante, lo verdaderamente curioso de la primera jornada fue la reiteración de referencias de los senadores a Thurgood Marshall, antiguo jefe de Kagan. Para los republicanos, es delicado que Thurgood Marshall, “un activista judicial”, sea héroe de Elena Kagan. “La filosofía judicial del justice Marshall…”, dijo el senador republicano por Arizona Jon Kyl, “no es de lo que llamaríamos de referencia”. Por su parte, Jeff Sessions, coordinador republicano del Comité, consideraba a Marshall “un prevaricador reconocido”. El Senador republicano de Iowa, Chuck Grassley, dijo que el punto de vista legal de Marshall “no cumplía el papel que se espera de un justice o una escuela judicial”, y el senador de Texas John Cornyn declaró a Marshall “un ministro prevaricador” con “una filosofía judicial preocupante”. El hijo de Thurgood Marshall estuvo presente en el salón de sesiones y reconoció sentirse “desbordado” con la peculiar situación.

El ritmo pausado del primer día contrastó con la agilidad del martes 29. Durante el segundo día de audiencias, Kagan aseguró que “respeta y venera a las Fuerzas Armadas” y respondió a los cuestionamientos de los republicanos de que supuestamente prohibió el acceso a reclutadores del Ejército a la Universidad de Harvard cuando era decana de la Facultad de Derecho. “Nos aseguramos de que los reclutadores tenían acceso a nuestros alumnos, pero también tratamos de proteger nuestra política que lucha contra la discriminación (…) en este caso (de estudiantes) gays y lesbianas”, explicó ante el Comité. Al respecto, la ley conocida como “Don’t ask, Don’t tell“, que fue aprobada bajo el Gobierno de Bill Clinton en 1993, permite que los homosexuales presten servicio militar sólo si mantienen su orientación sexual en secreto. Kagan aseguró que trató de mantener un equilibrio entre la política de no discriminación de la Universidad y una ley federal que establece que, a cambio de ayudas del Gobierno, las universidades den a los reclutadores militares el mismo acceso que tienen otros posibles empleadores. Pero el Senador Sessions espetó que Kagan “hizo caso omiso de la ley con el fin de impedir el reclutamiento militar en tiempos de guerra”.

El justice Thurgood Marshall y la eventual vinculación de su filosofía judicial con Elena Kagan fueron nuevamente traídos a la palestra. “Adoro al justice Marshall, hizo mucho por mí”, dijo la postulada a los senadores, “pero si ustedes me confirman en esta posición, tendrán a la Justice Kagan, no al Justice Marshall”. Cuando el Senador demócrata Arlen Specter le preguntó su opinión acerca de la posible cobertura televisiva de las sesiones de la Suprema Corte, Kagan lo dejó mudo al responder, llanamente: “…tendré que arreglar mi cabello más a menudo”. Varios senadores alabaron el sentido del humor de la postulada a la Suprema Corte, y una de sus “morcillas” más efectivas se dio cuando le preguntaron acerca de su paradero el pasado día de Navidad, cuando hubo un intento de atentado a un avión, a lo que ella respondió: “como todo judío, probablemente me encontraba en un restaurante chino”.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

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