La comparecencia de la sexta terna se llevó a cabo el día de hoy por la tarde. La terna se encuentra integrada por Indalfer Infante González, Eugenio Reyes Contreras y Angel Zarazua Martínez, todos con experiencia como juzgadores.

El primero en comparecer fue Indalfer Infante, quien tiene una larga carrera judicial, ha sido juez de distrito, magistrado de circuito y consejero de la judicatura. Expuso sobre los criterios de la SCJN y de la Sala Superior respecto paridad de género horizontal y vertical. Al exponer su candidatura a la Sala Superior ofreció ser un juez electoral de tiempo completo, juzgar a partir del caso concreto y no a partir de sus ideas o criterio.

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Al responder las preguntas formuladas por los senadores expuso con bastante claridad y seguridad la diferencia entre los criterios emitidos por la SCJN y la Sala Superior sobre temas de género; sin comprometer su criterio, señaló que quienes integren próximamente la Sala Superior deben confirmar los criterios que amplían derechos de la ciudadanía, aunque estimó que el debate sobre el alcance del principio de paridad de género le corresponde al constituyente y no a los jueces. También explicó el criterio sostenido por la SCJN respecto del caso Radilla Pacheco y el impacto que tuvo en el control de constitucionalidad que ejercen los jueces. Sobre el recurso de reconsideración señaló la necesidad de revisar los criterios de procedencia emitidos hasta ahora por la Sala Superior y acotarlos. Sostuvo que en su concepto las Salas Regionales son independientes de la Superior y ésta no es su superior jerárquico.

Indalfer Infante justificó su idoneidad para ocupar el cargo en su experiencia como juzgador en diferentes materias, señalando que independiente de la materia que se trate lo relevante es el estudio que cada quien realiza de los casos y la interpretación que le da a la ley, lo cual ha realizado en los últimos 20 años.

Angel Zarazua Martinez fue el segundo en comparecer, él fue magistrado de la Sala Regional Ciudad de México, expuso de manera descriptiva sobre temas relacionados con el modelo de comunicación política, concretamente sobre la prohibición de difundir propaganda denigratoria y propaganda personalizada de servidores públicos. En ningún momento manifestó su criterio sobre los casos resueltos respecto de dichos temas y tampoco expresó la idoneidad de su candidatura o alguna propuesta en caso de asumir como magistrado electoral.

Fue cuestionado sobre las sanciones en materia de fiscalización, uno de los temas favoritos del día, también sobre libertad de expresión y nulidades de elecciones en caso de rebase de topes de gastos de campaña. Sus respuestas fueron descriptivas de la ley y del contenido de las sentencias, mostrando que conoce los criterios emitidos por la Sala Superior y la ley electoral. Sin embargo, no emitió algún criterio propio sobre los temas, ello aduciendo que no conocía los expedientes y que como juzgador debe ceñirse al expediente. Señaló que falta precisión en el sistema normativo electoral. También expresó la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos del TEPJF, así como la importancia de las tareas administrativas que tendrán quienes lleguen a la Sala Superior.

Finalmente llegó el turno de Eugenio Reyes Contreras, quien cuenta con 19 años como juzgador de distrito y magistrado de circuito. Es uno de los tres aspirantes que no ha presentado su declaración de conflicto de interés, respecto de lo cual no fue cuestionado. Justificó su idoneidad para ocupar el cargo en su experiencia y desempeño como juzgador en el Poder Judicial de la Federación.

Al responder las preguntas de los senadores, Eugenio Reyes señaló que un juez garantista debe atender a lo dispuesto en la Constitución, se manifestó a favor de que los juzgadores reciban pensión al culminar su cargo, aclarando que ello no implica recibir un haber de retiro. Poco abundó sobre temas propios de la materia, la mayoría de los temas sobre los que fue cuestionado los encaminó a cuestiones relativas al ejercicio de sus funciones como juzgador. Concluyó señalando que ha participado dos veces para ser magistrado de Sala Regional ya que busca poder servir al país, consideró que puede aportar conocimientos jurisdiccionales y experiencia a la justicia electoral.

En el balance: vimos tres comparecencias completamente distintas. La primera con un aspirante muy seguro, con criterios y convicciones definidas, si bien no tiene experiencia en la materia electoral, sí tiene nociones claras sobre temas electorales. El segundo compareciente tiene experiencia en la materia electoral y un conocimiento puntual de la misma, aunque su visión de la justicia electoral es formalista ya que sus posiciones siempre fueron apegada al texto legal, desafortunadamente optó por no comprometer sus criterios sobre temas específicos. El último compareciente centró su exposición en la experiencia que tiene como juzgador, en todo momento evito abordar los temas electorales, por lo que mostró nulo conocimiento en la materia, en las pocas preguntas que le hicieron sobre temas electorales ni siquiera demostró estar familiarizado con ellos.

Así termina el cuarto día de comparecencias, hasta ahora ha sido claro quienes tienen conocimientos en la materia y quienes apuestan por su experiencia en el terreno jurisdiccional, también quienes cuentan con talante para ser juzgadores de la máxima instancia jurisdiccional. Sólo falta la séptima terna, quien comparecerá el día de mañana y, de esta manera, podremos hacer un balance final.

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La Comisión de Justicia desahogó en la mañana del día de hoy la comparecencia de la segunda terna integrada exclusivamente por mujeres —la quinta de la siete de este proceso renovación de magistrados electorales. Dos de ellas provienen del TEPJF, Berenice García Huante quien ha sido funcionara de carrera de la Sala Superior en los últimos 14 años y Janine Madeline Otálora Parra, ex magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, ex secretaria instructora de la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza y, actualmente, titular de la recién creada Defensoría de los Pueblos Indígenas. La otra compareciente, María del Pilar Parra Parra cuenta con una amplia carrera en el Poder Judicial, es Magistrada de Tribunal de Circuito.

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En una exposición clara y concreta, poco común en este proceso, Berenice García propuso impulsar la paridad de género desde adentro del TEPJF, promoviendo mujeres para que ocupen altos cargos en la estructura institucional, señaló la necesidad de hacer una revisión al Protocolo de Género elaborado recientemente y de crear una agenda para atender a grupos vulnerables, entre ellos a personas con discapacidad. Dijo que es partidaria de impulsar un tribunal abierto a través de sentencias claras y lenguaje ciudadano, así como para garantizar el acceso a la justicia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. También propuso la creación de un Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del TEPJF y resaltó los retos que enfrentará la próxima integración de la Sala Superior ante los 30 procesos electorales que se llevarán a cabo en 2018, por ello sostuvo que los próximos magistrados electorales requieren tener experiencia y conocimientos en la materia.

Al responder las preguntas, muchas de ellas un tanto confusas, mostró tener conocimiento en la materia electoral. En cuanto a la imparcialidad en las resoluciones señaló que la mejor garantía para ser un buen juzgador son los conocimientos y el estudio de los asuntos. Sobre el tema de género consideró que más que buscar integrar los órganos a partir de cuotas, se deben integrar en virtud de las capacidades de las mujeres. Fue critica respecto de la Sala Superior, especialmente en cuanto a los criterios que amplían la procedencia del recurso de reconsideración. También expuso que la justicia electoral requiere generar vínculos con la ciudadanía y, por ello, es necesario socializar las sentencias de manera clara. Resaltó que en asuntos sobre sistemas normativos internos de las comunidades indígenas se deben desahogar pruebas periciales antropológicas. Expresó la importancia de tener claridad en los conceptos sobre violencia política y violencia de género para no confundir los temas al momento de resolver asuntos que involucren dichos conceptos. Finalmente, consideró que el control de constitucionalidad abstracto en materia electoral debe seguir haciéndolo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México no sea parte deben considerarse como una referencia para los órganos que imparten justicia.

La segunda en comparecer fue María del Pilar Parra Parra; con un lenguaje rebuscado expuso sobre la importancia de lograr una paridad de género a partir de las cuotas de género, hizo una amplia narrativa sobre los criterios que hasta ahora ha emitido la Sala Superior y la SCJN sobre el tema. También habló sobre la importancia de la labor del juzgador, la cual en su concepto consiste en desentrañar el punto central de la controversia y valorar el contexto, fijando criterios jurídicos claros y consistentes.

Al responder las preguntas de los senadores mostró escaso conocimiento sobre temas electorales, aunque un dominio de las cuestiones de la judicatura. Centro su idoneidad en la experiencia que tiene como juzgadora. Habló sobre el uso de lenguaje de género, el cual no lo considera prioritario, también expuso sobre el proceso de nombramiento de juzgadores de distrito y las magistraturas de circuito, así como la transparencia y rectitud que deben observar los juzgadores en el ejercicio de sus funciones. Las preguntas que le hicieron sobre particularidades de la materia electoral las respondió de manera genérica e imprecisa.

La tercera compareciente, Janine Madeline Otálora Parra, expuso sobre criterios de fiscalización, específicamente la proporcionalidad de la sanción en el caso de presentación extemporánea de los informes de gastos y habló sobre las cualidades que deben tener los juzgadores electorales, entre ellos capacidad de diálogo, adaptabilidad y creatividad. Consideró que la justicia electoral es un espacio de construcción y consolidación de quienes intervienen en la arena jurídica electoral y que debe privilegiarse el trabajo colectivo y coordinado. Propuso la creación del mediador electoral al interior de los partidos políticos para evitar la judicialización de los asuntos partidistas y también la implementación de un juicio en línea. Señaló la necesidad de reflexionar sobre la definitividad de las sentencias de las Salas Regionales y los supuestos de procedencia del recurso de reconsideración. Concluyó proponiendo la implementación de un vocero del TEPJF para explicar los alcances de las sentencias.

Fue cuestionada sobre temas de género y candidaturas independientes, así como de comunidades indígenas, causas de nulidad de la elección y las sanciones en materia de fiscalización, entre otros múltiples temas. Sus respuestas fueron claras y detalladas, dejando ver en muchas de ellas su criterio jurídico y su posición frente a los precedentes de la Sala Superior, así como su amplio conocimiento en la materia electoral. Destacó que es partidaria de resolver las impugnaciones a través del consenso. Explicó a detalle el caso de la presidenta municipal de Chenalhó, el cual fue planteado por la Defensoría a su cargo, para lo cual señaló que centró su planteamiento en la violencia política de género.

En el balance: insistimos nuevamente en la calidad de las preguntas, pues muchas veces es difícil entender lo que pretenden los senadores con sus cuestionamientos, además, la mayoría versan sobre los mismos temas: equidad de género y candidaturas independientes. En cuanto a las comparecientes, probablemente hoy escuchamos a las dos aspirantes que han demostrado tener mayor dominio y conocimiento de la materia electoral, al menos en las comparecencias. Berenice García y Janine Otálora hicieron propuestas concretas para mejorar la justicia electoral y hacerla más accesible, fueron criticas respecto de los criterios de la Sala Superior y mostraron tener conocimiento y experiencia suficiente en temas electorales. María del Pilar Parra hizo énfasis en su amplia experiencia en distintos cargos en el Poder Judicial, pero mostró poco dominio sobre la materia electoral.

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En esta sesión de comparecencias tuvimos la oportunidad —válgase el eufemismo— de presenciar las exposiciones de la terna integrada por Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Jorge Meza Pérez y Ricardo Ojeda Bohorquez, todos magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación.

Las comparecencias fueron breves y peor aún: carentes de sustancia. En conjunto, los magistrados comparecientes —todos con sendas carreras dentro de la judicatura en México— fueron poco elocuentes, elementales respecto de los criterios, análisis jurídicos y capacidad expositiva de la que echaron mano en esta sesión.

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El primer turno tocó a Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Su exposición fue atinada, tocó temas torales sobre el funcionamiento y la orientación que deberá tener el Tribunal Electoral, guiado bajo los criterios de “una justicia incluyente, equitativa, sensible y eficiente” que debería contribuir a “la democracia, la estabilidad social, la gobernanza y los derechos humanos”. Al respecto, señaló —a modo de crítica velada, podemos asumir— la falta de uniformidad de criterios jurídicos y certeza, al respecto, sostuvo que el juzgador “sólo debe apartarse del precedente por razones suficientes”. Asimismo, expuso que, de ser electo como magistrado, empujaría un análisis comprehensivo de precedentes, especialmente aquellos producto de recursos de consideración. También expuso que fomentaría la colaboración con otras instituciones electorales como el INE y los OPLES.

Sin embargo, al llegar al momento de las preguntas y respuestas, el magistrado se hizo agua. Ante preguntas sobre violencia de género, el procedimiento de designaciones, algunos criterios de fiscalización, representación proporcional y el papel que debe tener la consulta realizada por la SCJN al TEPJF cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral —otras preguntas, fueron confusas e intelegibles, lo que también pone en evidencia el pobrísimo conocimiento que tienen los propios Senadores para realizar la comparecencia. En todos los casos, el Magistrado contestó con variaciones de una misma línea argumentativa: el poder y la importancia del derecho constitucional, la interpretación constitucional y los criterios de derechos humanos para resolver conflictos en materia electoral. En sus respuestas no se evidenció ningún conocimiento a profundidad del derecho electoral o de las funciones específicas que realiza el TEPJF para cada uno de los temas.

En segundo lugar, compareció el magistrado Jorge Meza Pérez. En su ponencia se refirió a cómo debe conducirse un magistrado “con independencia, objetividad, imparcialidad” y señaló tener la fortaleza emocional e intelectual para desempeñarse como magistrado electoral. Dentro de sus propuestas, destaca la formación de una “defensoría electoral pública” —que valdría preguntarse a quién atendería si, en su mayoría, los casos que llegan ante el Tribunal Electoral tienen como actores a los partidos políticos, entidades que reciben una cantidad sustantiva de dinero público para su funcionamiento— de generar sinergias positivas entre los miembros del colegiado, así como hacer una revisión de los criterios de selectividad con los que actúa el Tribunal. De nuevo, la necesidad de certeza jurídica en la materia se puso sobre la mesa. Aunque sin ahondar a profundidad en ningún tema específicamente electoral, su ponencia resultó inteligente y propositiva.

Pero, de nueva cuenta, en la ronda de preguntas, Meza se evidenció por su incapacidad —o falta de voluntad— para generar, al vuelo, argumentos jurídicos con solidez técnica y teórica. Por ejemplo, al ser interrogado sobre el voto de los mexicanos en el extranjero y los retos que conllevaba la operación del mismo, el magistrado se limitó a reiterar que se trataba de un reto mayúsculo, que había que tener cuidado con su implementación y a hacer referencia a datos generales respecto del tema. Lo mismo sucedió cuando se le preguntó respecto del modelo de comunicación política, de la revisión del criterio de conservación de actos válidamente celebrados en materia de nulidades de elección, elementos para redistritación o perspectiva de género, en todos los casos las respuestas del magistrado fueron titubeantes, poco claras y, lo más importante, con poca técnica jurisdiccional y un pobre conocimiento de la materia electoral. Por último, resulta relevante mencionar que al ser interrogado expresamente sobre su declaración 3 de 3, Meza respondó que “estaría dispuesto a hacerla”; sin embargo, no estableció ningún compromiso para hacerlo de forma inmediata, como la sociedad ha solicita.

Por último, tocó el turno a Ricardo Ojeda Bohórquez quien centró su ponencia en hacer una extensa lectura de su currículum y basó su idoneidad para ocupar el cargo de magistrado electoral en su experiencia jurisdiccional y su desempeño como juez con una “conducta imparcial, honesta y profesional”. Su exposición, más retórica que sustantiva, versó —como otras comparecientes— en los criterios de paridad establecidos por el Tribunal Electoral. Por tercera vez en la tarde, las preguntas y respuestas evidenciaron que el magistrado Bohórquez conoce muy poco de derecho electoral, al dar respuesta a cuestionamientos sobre los criterios de paridad, nulidad de una elección o retos futuros del TEPJF, se limitó a contestar que “los criterios eran atinados”, “se requieren análisis profundos sobre el tema” o “que era necesario atender a lo establecido en la Constitución”. Incluso, en dos de las preguntas, prefirió desviarse hacia la anécdota de sus propias resoluciones —no a la construcción jurisdiccional o al análisis jurídico, cosa que hubiera sido deseable— y a un recuento histórico del caudillismo mexicano. Como parte de sus respuestas desestimó la labor jurisdiccional electoral al considerar que no era un verdadero ejercicio de juzgador —lo que nos hace preguntarnos, por qué entonces busca ser integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En síntesis, los comparecientes cuentan con una muy amplia experiencia como juzgadores, por lo que no se puede dudar de su capacidad argumentantiva o para elaborar una sentencia, pero lamentablemente no cuentan, ni tampoco demostraron, conocimientos o experiencia en la materia electoral. El nivel de desempeño de esta cuarta terna sólo nos sirve para recordarles a los Senadores que tienen la valiosa posibilidad de rechazar, por falta de idoneidad, ternas completas. Y, sin duda, en este caso, valdría la pena ponerlo a consideración, pues como se ha señalado 2018 y los 30 procesos electorales de ese año están a la vuelta de la esquina, por lo que la Sala Superior no se puede darse el lujo de contar con integrantes sin ningún conocimiento solido en derecho electoral.

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Una frase conocida entre quienes estudiamos el comportamiento de los jueces, comúnmente atribuida a Jerome Frank, dice que para explicar la resolución tomada por un juez en un caso, es determinante conocer “lo que desayunó esa mañana”. Esta exagerada frase, cercana al absurdo, en general nos sirve para concentrar en unas cuantas palabras el genio de los realistas, al quitar la máscara de un apego exclusivo al derecho en la labor judicial y mostrar que en su criterio influyen una cantidad de aspectos más allá de sus conocimientos jurídicos.

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Lo anterior viene al caso porque en las comparecencias de la primera semana de los candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el énfasis ha sido puesto en las capacidades “técnico-electorales” de los comparecientes. Los senadores los han abordado con una batería de preguntas técnicas sobre casos y supuestos que nos permiten conocer sus capacidades técnicas en la materia electoral. En general, la mayoría de los candidatos ha salido bien librados de este ejercicio debido a su sólida trayectoria, pero también porque en general la discusión es desbalanceada. Es decir, el entrevistado tiene mayores conocimientos técnicos que el entrevistador y eso provoca que la discusión no pueda seguir cauces de mayor profundidad en donde se perciban las deficiencias que podrían tener algunas de las respuestas.

En mayor medida los conocimientos y capacidades técnicas de los candidatos ya fueron analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reducir la lista en un inicio de poco más de 120 aspirantes a 21 candidatos. Lo que queremos ver, entonces, en el Senado no son ejercicios de erudición respecto de la materia electoral, sino una verdadera auscultación de la idoneidad de los candidatos. Parece ser que los senadores son tímidos y no se atreven a profundizar en analizar los perfiles dando muchas cosas por sentado, cuando es la única posibilidad de revisar con lupa a los candidatos, sin olvidar que es su obligación constitucional realizarlo.

En días pasados, un grupo de académicos comprometidos con la tarea de observar el proceso de designación desde nuestra posición de ciudadanos hicimos un llamado mediante una carta dirigida a la Comisión de Justicia del Senado de la República para lograr una integración del TEPJF con diversidad de perfiles y cuidar que no existan conflicto de intereses de los candidatos en cuatro temas principales: cercanía con los partidos políticos, con los medios de comunicación, con asociaciones religiosas y con poderes económicos. El Senado dio un buen paso, en este sentido, al solicitar una declaración voluntaria de posible conflicto de intereses, la cual aún no han presentado cinco de los candidatos. Pero el ejercicio debe ir más allá.  Los senadores realizarán un mal ejercicio de escrutinio si continúan poniendo todo el énfasis en las capacidades “técnico-electorales” y, sobre todo, estarán desperdiciando la única oportunidad que tienen (tenemos) de conocer las filias y fobias de los candidatos, sus pertenencias, preferencias políticas, religiosas, etc. En breve, hace falta preguntarle a los candidatos: ¿Qué desayunaron hoy?

Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del IIJ-UNAM. Twitter @abadsuarez

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Dentro de la maratónica sesión de comparecencias del jueves pasado, en la tarde fue el turno de los aspirantes de la tercera terna, integrada por Marco Antonio Zavala Arredondo, Rodolfo Terrazas Salgado y Felipe de la Mata Pizaña, todos ellos con un perfil de amplia experiencia como juzgadores en materia electoral.

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Los tres aspirantes de esta terna han sido magistrados electorales. Marco Zavala fungió como magistrado regional en Monterrey de 2013 a 2016, Rodolfo Terrazas fue magistrado en el Tribunal Electoral del Distrito Federal de 1999 a 2007 y Felipe de la Mata actualmente es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –su cargo concluye en 2020. Los tres aspirantes han sido Secretarios de Estudio y Cuenta en la Sala Superior; Felipe de la Mata y Marco Zavala también fueron Secretarios Generales de Acuerdos, entre otros cargos ocupados en el TEPJF. Rodolfo Terrazas fue Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, actualmente es visitador del TEPJF.

Felipe de la Mata cuenta con dos doctorados en Derecho, uno por la Universidad Panamericana y otro por la Universidad de Castilla la Mancha; Marco Zavala y Rodolfo Terrazas son licenciados en Derecho por la UNAM. Los tres aspirantes cuentan con múltiples publicaciones sobre temas electorales.

Los tres aspirantes presentaron su declaración de conflicto de interés, Rodolfo Terrazas es el único de los aspirantes que además presentó de manera completa su 3de3 y solicitó se hiciera pública.

Por el gran bagaje electoral que tienen los aspirantes de esta terna, la misma generaba muchas expectativas, pues como lo demuestran sus trayectorias los tres cuentan con una extensa experiencia en la justicia electoral, conocen a fondo al TEPJF; en particular, a su Sala Superior. De ahí que esperábamos escuchar posturas claras y definidas sobre el papel de la justicia electoral en los últimos años y los retos que enfrentará a futuro.

En el desarrollo de la comparecencia, Marco Zavala habló sobre la necesidad de contar con un TEPJF que genere certeza, señaló como uno de los retos de la justicia electoral el mejorar las sentencias para que sean estas las protagonistas y no los jueces. Habló sobre la transparencia que debe haber en las audiencias de alegatos y el proceso para emitir una sentencia. Se comprometió a concluir su cargo como magistrado de Sala Superior sin aspirar antes de que termine éste.

Zavala fue cuestionado al menos en tres ocasiones sobre temas de género, respecto de los cuales si bien no definió una postura clara, sí señaló que es un tema con el que se tiene que tener cuidado. Mostró tener un amplio conocimiento de la materia, dejó ver que conoce a profundidad el procedimiento especial sancionador y tiene un amplio dominio de los criterios emitidos por la Salas Regionales y la Sala Superior; sin embargo, fue poco critico respecto de la actuación que ha tenido el máximo órgano jurisdiccional del país en los últimos diez años.

La comparecencia de Rodolfo Terrazas se distinguió del resto, ha sido el único aspirante que habló de aspectos administrativos del TEPJF, manifestó la necesidad de reestructurar su presupuesto, lamentablemente poco abundo sobre el tema. También propuso la necesidad de una redefinición de competencias de las Salas Regionales. En la mayoría de los temas sobre los cuales se le cuestionó dejó ver un criterio propio y definido, especialmente cuando señaló que en su concepto las elecciones no se debían anular en caso de que el candidato ganador rebasara el tope de gastos de campaña.

Felipe de la Mata centró gran parte de su comparecencia en los valores éticos que deben tener los juzgadores para garantizar la imparcialidad en su función. Señaló que la justicia electoral debe ser efectiva, transparente y cercana a la gente, también sostuvo que se debe conceder un valor fundamental a los precedentes.

De la Mata se pronunció sobre una plena suplencia de la queja en todas las impugnaciones, también sostuvo que el TEPJF debe emitir opiniones consultivas que sean vinculantes y señaló que se debe considerar la creación de un juicio electoral indígena.

A pesar de que los senadores le preguntaron sobre su postura respecto de los constantes cambios de criterios de la Sala Superior en diversos casos, sus respuestas fueron genéricas pues en ningún momento sostuvo alguna posición concreta o crítica hacia la integración actual.

En el balance, los tres comparecientes mostraron conocer la justicia electoral; no obstante, vitaron criticar a la actual integración de la Sala Superior y sus resoluciones. A pesar de que por los cargos que han tenido deberían conocer a fondo el TEPJF, poco expusieron respecto al camino institucional que buscarían para el órgano electoral en caso de llegar a ser magistrados electorales.

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El jueves pasado la Comisión de Justicia del Senado de la República desahogó el segundo día de comparecencias de los aspirantes a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por la mañana comparecieron las integrantes de la segunda terna, una de las dos conformadas exclusivamente por mujeres.

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En primer lugar habría que destacar el formato de las comparecencias: una exposición inicial de los aspirantes en el que justifican su idoneidad para ocupar el cargo, el contenido de los ensayos presentados y el papel que piensan desempeñar en caso de llegar a ocupar la magistratura. Posteriormente, se realizan siete rondas de preguntas, entre las que se incluyen las elaboradas por la sociedad civil. La duración de cada comparecencia oscila entre 1:30 y 2 horas, tiempo suficiente para hacer un escrutinio minucioso sobre el conocimiento que cada aspirante tienen en materia electoral, su criterio jurídico y su visión general sobre la justicia electoral y el sistema electoral mexicano.

Desafortunadamente, en las comparecencias hasta ahora realizadas no se ha aprovechado el formato para conocer el criterio jurídico de los aspirantes, ni su visión sobre la justicia electoral, ello en buena medida se debe a la baja calidad de las preguntas que realizan los senadores, mismas que se centran en temas que no son propios de las funciones y atribuciones que desempeña quienes ocupan una magistratura en la Sala Superior. Por ejemplo, en numerosas ocasiones les han cuestionado sobre delitos electorales, otras veces los temas han sido sumamente repetitivos, equidad de género y candidaturas independientes han ocupado la mayor parte de la discusión e, inclusive, se han aprovechado las preguntas para exponer situaciones personales ocurridas en campaña y en las que la justicia electoral no falló de manera favorable.

Los comparecientes tampoco han contribuido al escrutinio necesario para conocer cada perfil, ya que en algunos casos las respuestas son vagas y genéricas, aunado a que la crítica al desempeño de la actual integración de la Sala Superior ha sido mínima, ello a pesar de que los senadores han enfatizado sobre los constantes cambios de criterios.

En ese sentido, nos gustaría que se presentaran preguntas más puntuales que permitan conocer el criterio jurídico de quienes aspiran a integrar la Sala Superior, e inclusive conocer su visión sobre el balance de la justicia electoral en los últimos 10 años, los retos que tienen hacia los próximos nueve (que será cuando se renueve totalmente la integración que ahora se designe), además de identificar las fortalezas y debilidades de las dos integraciones anteriores.

En cuanto a la terna integrada por Claudia Mavel Curiel, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Soto Fregoso, podemos destacar que todas cuentan con una amplia experiencia en órganos jurisdiccionales, incluyendo los electorales. Claudia Mavel tiene estudios de doctorado, desde 1992 ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, siendo designada en 2009 como Jueza de Distrito y, en 2013, Magistrada de Circuito. Silvia Gabriela Ortiz, es licenciada en Derecho, nunca ha sido jueza, pero ha ocupado diferentes cargos en el TEPJF, entre ellos Secretaria General de Acuerdos, actualmente es Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mónica Soto tiene una maestría y 22 años de experiencia en la materia electoral, de 1994 a 2007 trabajó en el IFE y desde ese año ha sido juzgadora electoral a nivel local y en la Sala Regional Guadalajara.

En la comparecencia, Claudia Mavel Curiel dejó ver que estudió de manera muy minuciosa las sentencias que le sirvieron de base para elaborar sus ensayos, pues habló clara y ampliamente sobre candidaturas independientes y los tweets difundidos durante la veda electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México, pero también se percibió que a pesar de haber sido Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior en la integración que concluyó en 2006, desconoce los criterios de la actual integración, ya que cuando se le preguntó sobre casos relevantes y polémicos resueltos en últimas fechas, no pudo hacer referencia a ninguno en concreto, respondiendo de manera genérica y vaga.

Silvia Gabriela Ortiz Rascón fue cuestionada sobre temas de género, representación proporcional, elecciones bajo sistemas normativos internos, diseño de distritos electorales y designación de integrantes de los organismos públicos locales. En la mayoría de sus respuestas demostró que tenía un amplio dominio y conocimiento sobre los temas, explicó detalladamente los procesos para la asignación por el principio de representación proporcional, el proceso de diseño de los distritos electorales, así como las responsabilidades de los consejeros electorales locales. Lamentablemente poco pudimos conocer sobre su criterio jurídico, ya que sus respuestas se limitaron a ser descriptivas del contenido de la ley y poco profundas en cuanto a su posición sobre el tema cuestionado. El único momento en que Silvia Gabriela Ortiz fue crítica respecto de los criterios de la Sala Superior fue cuando señalaba que alguno de ellos se contraponían con los de la SCJN –lo cual, en sentido estricto, es también una mera descripción.

Fue la única aspirante a la que se le cuestionó sobre el desempeño de sus cargos anteriores, concretamente sobre su salida como Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior en 2007, cuya respuesta fue que se debió al cambio de la presidencia, pues ella fue designada por el Magistrado Flavio Galván Rivera y en ese año la presidencia la asumió la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa; no obstante, enfatizó que su conducta y desempeño siempre ha sido intachable.

Finalmente, Mónica Aralí Soto comenzó su comparecencia destacando sus logros como Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, los cuales dejó ver como propios y no institucionales, señaló que instituyó las audiencias virtuales. Los senadores le hicieron diversas preguntas sobre temas de género, las cuales le permitieron explayarse ya que es uno de las banderas que ha adoptado como magistrada.

Llamó la atención que Mónica Soto señaló estar en desacuerdo con que los jueces modifiquen la legislación “a punta de sentencias”; sin embargo, cuando se le cuestionó sobre los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración y crear de facto una segunda instancia electoral, manifestó estar de acuerdo con que a partir de jurisprudencias se establecieran nuevos supuestos de procedencia del llamado REC.

En el balance, las comparecientes mostraron conocer la materia electoral, aunque fueron demasiado cuidadosas en sus exposiciones a efecto de no comprometer su criterio, evitaron en la medida de lo posible la critica hacia la Sala Superior y poco dejaron ver sobre su visión de la justicia electoral a futuro.

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Como muchas democracias, México ha experimentado una creciente judicialización en varias arenas. Es el caso de la materia electoral, en donde además los jueces electorales -sobre todo los de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)- han acumulado un amplísimo poder. Esto, más las críticas que en diversos espacios -incluido el de los senadores- han cuestionado una actuación inconsistente e impropia de los integrantes de esta Sala Superior, convierte el proceso de designación de los magistrados de dicho órgano en asunto de enorme interés público.

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El procedimiento de examinación de los candidatos ante la Comisión de Justicia del Senado inició el pasado 20 de septiembre. Aunque el Senado debería darle la mayor publicidad posible, no ha sido así. Las comparecencias de los aspirantes no se están transmitiendo en el canal televisivo del Canal del Congreso, sólo se pueden ver por Internet, como si se tratará de una sesión o reunión ordinaria de alguna comisión.

En este contexto, durante cerca de seis horas los aspirantes que integran la primera terna comparecieron antes los miembros de la Comisión de Justicia. Hay que decir que esta primera terna está integrada por un litigante, un magistrado (es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León) y un asesor de la presidencia del TEPJF (de 2015 a la fecha).

El primer compareciente fue el litigante José Luis Vargas Valdez (44 años), siguió el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz (59 años) y, por último, el asesor Daniel Cabeza de Vaca Hernández (60 años).

Pese a que dos de los tres ocuparon cargos relevantes en las administraciones de los presidentes panistas no fueron cuestionados sobre sus relaciones o posibles conflictos de interés con el Partido Acción Nacional o con cualquier otro partido político o actor político relevante. Hay que recordar que José Luis Vargas fue Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaria de Gobernación, pasando por un cargo en el CISEN y, posteriormente, fue nombrado por Felipe Calderón como titular de la Fiscalía de Delitos Electorales (FEPADE). Daniel Cabeza de Vaca pasó de Director Jurídico a Subsecretario de Asuntos Jurídicos, también fue Consejero Jurídico de la Presidencia de la República (en dos ocasiones), Procurador General de la República, incluso llego a ser Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

A José Luis Vargas tampoco se le cuestionó sobre los motivos que llevaron al entonces presidente de la República a destituirlo de la FEPADE. En este contexto, es relevante un dato: José Luis Vargas no presentó su declaración de conflicto de intereses y a la pregunta de la Senadora que lo hizo notar, su respuesta fue que no había tenido tiempo. Este aspirante es el único de los tres que no presentó dicha declaración y que además no mencionó su estado civil.

Los tres tienen algún tipo de estudios de doctorado, el currículo de José Luis Vargas indica que es candidato a doctor desde 2001, Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que tiene grado de doctor (2014) y Daniel Cabeza de Vaca es estudiante de doctorado desde 2013. Aunque no consideramos que sea un dato relevante para determinar al mejor para el cargo en disputa, sí es un dato que está a la vista en sus currículums y que da cuenta de estudios no concluidos y estudios que sí están concluidos.

Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que cuenta con experiencia y trayectoria como juzgador. Ingresó al TEPJF en 1995 y su trayectoria en asuntos jurisdiccionales comenzó en 1996 cuando fue magistrado Regional del Tribunal Electoral. Ni José Luis Vargas ni Daniel Cabeza de Vaca tienen experiencia como juzgadores. Vargas refiere que fue Secretario Instructor en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís en los meses o el año que va de 2006 a 2007 (sin precisar los meses). Cabeza de Vaca refiere que de 1978 a 1981 fue auxiliar de defensor de oficio del poder judicial, y que de 2009 a 2014 ocupó el cargo de Consejero en el Consejo de la Judicatura y un lugar en la Comisión de Administración del TEPJF, y que desde 2015 (no precisa mes) a la fecha es asesor de la presidencia del TEPJF. En síntesis, no cuenta con experiencia jurisdiccional, pues aun y cuando ha formado parte de la nómina del Poder Judicial Federal, todos los cargos que ha ocupado han sido en áreas administrativas y no jurisdiccionales.

Esta falta de experiencia como juzgadores tampoco ameritó una evaluación y reflexiones de los Senadores, ni preguntas para indagar cómo suplirían, de ser nombrados, esa ausencia. Tampoco fueron examinados sobre lo que de acuerdo con su formación e ideas consideran que deben privilegiar los jueces tanto de legalidad como constitucionales en su desempeño, así como sobre cuáles son, en su opinión, preferibles y por qué.

En cuanto a su experiencia en la práctica electoral, José Luis Vargas fue asesor de Juan Molinar Horcasitas en el IFE (1996 a 2000), asesor de Rodrigo Morales Manzanares del Instituto Electoral del DF de 1999 a 2000  y de Luis Carlos Ugalde en el IFE de 2005 a 2006 (en ningún caso precisa qué meses). Por su parte, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue magistrado electoral de Sala Regional del TEPJF de los años 1996 a 2004. Mientras que Daniel Cabeza de Vaca es asesor del Presidente del TEPJF desde el año 2015, aunque no precisa si en temas electorales o administrativos (área en la que cuenta con experiencia por haber sido miembro de la Comisión de Administración), salvo por este último cargo no cuenta con experiencia electoral previa.

La actitud de los comparecientes evidenció su cercanía o no con los criterios rectores de la practica judicial electoral, mientras que José Luis Vargas fue muy crítico de la actuación de la Sala Superior, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue poco crítico y Daniel Cabeza de Vaca nada crítico. Sobra mencionar que ser crítico requiere conocer el funcionamiento de aquello sujeto a observación o escrutinio.

La actitud de los Senadores tampoco tuvo ayudó a indagar sobre las fortalezas y debilidades de los candidatos como posibles juzgadores constitucionales electorales. En el mejor momento del escrutinio, a Vargas se le cuestionó sobre casos que ha resuelto la Sala Superior del TEPJF, mientras que a Cabeza de Vaca se le preguntó su opinión de temas generales (tales como género, candidaturas independientes, entre otros), pero lo cierto es que no se le cuestionó de casos o decisiones que han sido tomadas y que merecen revisarse o fijar una postura al respecto. Ojalá en la siguientes comparecencias tengan un mejor desempeñado tanto los candidatos a magistrados como los Senadores.

Strategia Electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

 

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Este volumen recoge un conjunto de ensayos que —en su mayoría— fueron presentados en el Seminario “La (in)justicia electoral a examen” que tuvo lugar el 16 de mayo de 2016 y fue organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), bajo la coordinación de Hugo Concha Cantú y Saúl López Noriega. Dicho evento tuvo como finalidad principal llevar a cabo un análisis crítico de algunas decisiones recientes, particularmente polémicas, de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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El ejercicio, de alguna manera, fue la continuación de otro similar que dio origen a un volumen intitulado Democracia sin garantes; las autoridades vs la reforma electoral que fue publicado en 2009 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que contiene ensayos, también críticos, sobre el desempeño de diferentes autoridades —destacadamente el propio TEPJF— ante la reforma electoral de 2007. En ese volumen se expresaron preocupaciones por el desempeño de las instituciones electorales y otras autoridades pues algunas decisiones del Consejo General del IFE, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aun de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los jueces ordinarios habían puesto en jaque algunos aspectos centrales de la reforma electoral de 2007. En el mismo volumen se explicó por qué era necesario que, desde la academia, se ejerza una crítica permanente de las decisiones jurisdiccionales ya que de la “capacidad analítica y argumentativa de las sentencias depende la fortaleza, legitimidad y aceptación de los tribunales”1

El libro que ahora presentamos complementa el anterior y ofrece a los lectores elementos y argumentos para valorar el desempeño de los tribunales —y de los jueces que los integran— responsables de aplicar e interpretar al derecho electoral que, como es bien sabido, constituye el soporte normativo de la democracia mexicana.

El dato no es irrelevante porque, dado que —como nos enseñó Norberto Bobbio— la forma de gobierno democrática está constituida por un conjunto de reglas y las autoridades electorales —en particular las jurisdiccionales— son las responsables de garantizar la vigencia de las mismas y, por lo tanto, su última misión es la de salvaguardar a la democracia en su conjunto. Precisamente por ello, desde la academia, debemos estudiar y analizar con rigor el funcionamiento de dichas autoridades. Esa es la manera en la que podemos contribuir a crear el contexto de exigencia necesario para que rindan cuentas de su desempeño. Este volumen está orientado en esa dirección.

De hecho, en México, la gran apuesta de toda una generación fue precisamente la de crear ese andamiaje institucional que hiciera a la democracia electoral posible. Durante años —décadas en realidad— se fueron creando y ajustando instituciones para dotar de certeza y credibilidad a los procesos electorales. La premisa de partida era simple y certera: las reglas que hacen a la democracia posible deben ser claras, abiertas, conocidas, predecibles y parejas. Esas reglas las crea el legislador, las aplica, ejecuta y precisa —mediante reglamentos— la autoridad administrativa en la materia (antes el Instituto Federal Electoral; actualmente el Instituto Nacional Electoral) y las garantiza e interpreta —cuando es inevitable y necesario hacerlo— un órgano jurisdiccional, que en el peculiar diseño mexicano corresponde en última instancia la Sala Superior del TEPJF.

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Es importante recordar que esa Sala Superior tiene competencia y facultades equivalentes a las de un tribunal constitucional especializado en materia electoral pues tiene la última palabra en esa materia y es también el órgano responsable de salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos y de calificar —entre otras— la elección del presidente de la República. Además, sus decisiones no son revisables por la Suprema Corte de Justicia y, en algunos casos, tienen efectos de carácter general. Por eso decimos que los magistrados que la integran tienen la responsabilidad de ser los garantes últimos del sistema electoral —y, por ende, de la democracia— en México.

Ese tribunal es así una instancia muy poderosa que está adscrita al poder judicial federal y tiene capacidades propias para interpretar las reglas y controlar su constitucionalidad. De hecho, a lo largo de su historia ha tomado decisiones que han servido para robustecer al andamiaje jurídico de la democracia mexicana —por ejemplo, al fortalecer la democracia al interior de los partidos políticos y ampliar el acceso a la información en materia electoral— y ha enfrentado coyunturas muy complejas, como cuando calificó la elección presidencial de 2006. En esa ocasión la legitimidad ganada por los magistrados electorales de aquella primera integración (1996-2006) a través de sus sentencias, constituyó un factor clave para que la decisión judicial que zanjó el conflicto post-electoral fuera acatada —a final de cuentas— por todos los actores.

Sin embargo, durante la última década, el Tribunal Electoral ha tomado decisiones que desconciertan al observador y preocupan por sus implicaciones en el conjunto del sistema electoral. En particular los cambios inesperados de criterios jurisprudenciales han impedido crear un sistema sólido de precedentes que den estabilidad al sistema y orienten la conducta de los actores. Por lo mismo, la Sala Superior se ha convertido en un factor de incertidumbre pues con frecuencia adopta decisiones que se alejan de sus precedentes y cuya argumentación resulta insuficiente para justificar el cambio. A esa clase de decisiones están dedicados los ensayos que componen este libro.

Esto último merece un comentario aparte. El ejercicio de análisis que ofrecemos a los lectores no pretende ser un balance integral del desempeño del TEPJF a lo largo de una década. Por lo mismo no se ofrece una muestra aleatoria de sus decisiones ni se ponderan temáticamente el conjunto de las mismas. Lo que ofrecemos es una selección puntual de algunas decisiones que, por sus defectos técnicos o sus sesgos políticos, han debilitado —y, en esa medida puesto en riesgo— al entramado institucional electoral mexicano. Esta clase de decisiones han resuelto algunos casos paradigmáticos: la anulación de elecciones en Colima, Aguascalientes y Guanajuato, las multas al PVEM y Morena, el registro del PT, las consecuencias de no entregar los informes de gasto de los candidatos, el alcance de la propaganda electoral, etc.

El sesgo en la selección es claro y está justificado porque, en una materia como la electoral, una sola decisión puede dar al traste con todo un diseño normativo. Lamentablemente la Sala Superior del TEPJF ha adoptado muchas de esas decisiones y con ello ha puesto en jaque esfuerzos institucionales en áreas estratégicas como la regulación de los medios masivos de comunicación, la fiscalización de las campañas o la definitividad de las etapas de los procesos electorales, por citar algunos ejemplos emblemáticos. Lo ha hecho, además, en un halo de impunidad total que se explica por su naturaleza de órgano constitucional límite pero que no puede pasar desapercibido y debe ser roto —para los fines académicos atinentes— por los estudiosos del derecho electoral.

Más allá de los comentarios puntuales a las sentencias que se analizan, el libro que ahora presentamos plantea algunas preguntas más generales sobre las que conviene reflexionar. ¿Cuándo y en qué circunstancias un tribunal —particularmente uno de última instancia— puede alejarse de sus precedentes? ¿Cuáles son las consecuencias de esta acción? ¿Cómo puede explicarse esta circunstancia en una lógica vaya más allá de razones volitivas o coyunturales?

Esta introducción no es el lugar para dar respuesta cabal a estas cuestiones, pero nos atrevemos a aventurar una explicación que retoma algunos elementos de la sociología del derecho elaborada por Max Weber. La hipótesis es que si bien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúa la mayor parte del tiempo dentro de una lógica propia del tipo ideal de justica racional-formal y que es el característico del Estado de derecho occidental, en el cual la decisión del caso concreto se basa en la aplicación de normas abstractas con criterios de decisión exclusivos del ordenamiento jurídico —y lo cual genera un alto grado de previsibilidad—; existen casos en los que claramente se aleja de este modelo y actúa como un tribunal de justicia racional-material, en la que sus criterios de decisión atienden a principios externos al orden jurídico, principalmente de orden político. Este tipo de actuación genera necesariamente que el tribunal se aleje de sus precedentes e introduzca un grado de incertidumbre en sus decisiones.

Advertimos que el uso de los tipos ideales weberianos es complejo y requiere precaución pues no constituyen categorías que busquen reproducir o “fotografiar” la realidad, sino herramientas analíticas para observar la compleja realidad social. Los “tipos ideales” son conceptos elaborados para la investigación, que suponen reconstruir el sentido de un conjunto de rasgos comunes (el tipo medio), pero también aquel de una estilización que pone en relieve los elementos característicos, distintivos o “típicos” de una realidad social.

Hecha esta advertencia, el uso de estos tipos ideales nos permite arrojar luz sobre el comportamiento del tribunal electoral mexicano. Si como lo muestran la mayor parte de los ensayos que integran este volumen, la ratio de las sentencias no se encuentra en la lógica jurídica, entonces tenemos que buscarla en otra parte, y es aquí donde los tipos ideales de Weber pueden ayudar. En efecto, si el tribunal actuara únicamente bajo un modelo de racionalidad formal, sus decisiones tendrían que darse bajo la lógica del estricto apego al precedente, en el cual las consideraciones extra jurídicas no tendrían lugar. Sin embargo, como advierte Weber, este es un modelo ideal, y raramente se da este tipo de comportamiento en su estado puro.

En el caso del TEPJF, una explicación posible a su proceder, en particular la manera en que deja de lado sus propios precedentes, nos obliga a proponer como explicación que existen ciertos casos en que para resolverlos se acude a principios materiales originados en la política que generan una resolución diversa a los procedentes y por ello se alejan del razonamiento jurídico estricto. Las decisiones después se “racionalizan” mediante una argumentación que intenta darle un soporte jurídico puro, pero que en realidad refleja cambios de criterio orientados por la política. Cuando esto sucede, tanto los precedentes como la construcción de la fundamentación jurídica que —supuestamente— sostiene a la decisión se vuelven irrelevantes.

Valorar la actuación de un tribunal no es cosa sencilla, especialmente cuando la tarea de un órgano jurisdiccional linda en la difícil frontera entre el derecho y el poder. Ciertamente el TEPJF es un tribunal moderno, quizá el más moderno de las jurisdicciones mexicanas, y actúa normalmente bajo principios derivados de la racionalidad formal propia del derecho occidental. Sin embargo, su actuación no se da en el vacío, sino que irremediablemente está influenciado por la lógica política que —como en el caso del Rey Midas— convierte en “político” todo lo que toca. De este modo, el tribunal muestra paradigmáticamente la línea de tensión que existe entre los modelos de formalidad y materialidad.

Existen decisiones que se generan con base en principios materiales pero, como señala Weber, no puede haber una justicia que dependa exclusivamente de criterios cambiantes. Por ello estos principios de decisión se formalizan y racionalizan, bien en forma de normas generales abstractas, o de precedentes que estabilizan la justicia y hacen predecible la actuación de un tribunal. El problema reside en que este proceso se rompe cuando aparecen casos que, por una lógica ajena al derecho, obligan al tribunal o al menos a una mayoría de este, a alejarse de esos principios formalizados y a generar nuevas decisiones materiales, que rompen con la secuencia de previsibilidad inherente al modelo de justicia racional-formal. En estos casos límites —que, como ya dijimos, suelen tener graves consecuencias— lo que importa es qué se decide, no cómo.

Quizá sea la materia en la que juzga el tribunal, inserta en el campo político, lo que conduce a esta situación al límite. Pero esta posible explicación no justifica lo que sucede porque la consecuencia, también siguiendo a Weber, es que se genera una justicia que no es predecible. Y justicia que no es predecible genera inseguridad jurídica. Este es justamente el problema central de las decisiones de la Sala Superior cuando su misión debería estar orientada a dar certidumbre y seguridad al conjunto del sistema para disminuir el litigio político entre los actores políticos. De ahí que sea crucial contar con un tribunal capaz de imponer la lógica del derecho a la lógica del poder; esto es, un tribunal constitucional digno de ese nombre.

En noviembre de 2016 el Senado de la República, a propuesta de la SCJN, elegirá a los siete nuevos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En los años recientes, la opinión pública —para bien— ha prestado una atención creciente al proceso de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues existe una mejor comprensión del papel que tienen como jueces constitucionales. Pero no sucede lo mismo con los magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF.

Por ello, conviene reiterar la importancia que tienen estos jueces que, en su materia, ostentan las vestes de jueces constitucionales. Vale la pena reiterarlo: además de ser los garantes últimos de los derechos políticos de los mexicanos, son los jueces de última instancia de los litigios electorales de todo el país y además —entre otras responsabilidades muy relevantes— calificarán la elección nacional de 2018.

Por estas razones, y por el delicado estado que guarda nuestra joven democracia,2 pensamos que es necesario fortalecer a las dos instituciones diseñadas para dar imparcialidad y certeza al proceso democrático, el INE y el TEPJF. El primero se encuentra ahogado por las innumerables obligaciones que le impone una legislación electoral diseñada en la feria de las desconfianzas, que pone candados sobre los candados y con ello genera altos costos sin remediar los males. El segundo, tienen responsabilidades estratégicas —mal cumplidas con su desempeño reciente— que deben ser observadas con escrúpulo. El TEPJF —en particular su Sala Superior— debe ser un factor de estabilidad, certidumbre y seguridad jurídica y no una “caja negra” que procesa y arroja componendas políticas. Su asidero y brújula debe ser el derecho y no la conveniencia o el cálculo de corto plazo.

Es por ello que necesitamos que los nuevos magistrados respondan a un perfil bien definido para los jueces constitucionales: capacidad técnica, independencia política, autonomía de los sujetos —algunos muy poderosos— bajo su jurisdicción, honestidad y probidad probada, habilidades emocionales para trabajar en equipo, básicamente. Esos magistrados y magistradas deben ser capaces de entender y asumir la función estabilizadora del derecho y generar un entorno que responda a una lógica de reglas y no de oportunidades coyunturales.

México ha invertido mucho en el diseño de su sistema electoral. En conjunto constituye una de las arquitecturas normativas e institucionales más complejas y detalladas del mundo en la que la función del derecho es un elemento central. A través de la ley se regula cada paso del proceso electoral con el propósito de dar certidumbre, confianza y garantizar equidad en las contiendas electorales. Por eso las autoridades —en particular las jurisdiccionales— deben ajustar escrupulosamente su actuación a los rigores del expediente jurídico y abstenerse de malearlo o manipularlo con el pretexto de que son sus intérpretes en última instancia.

Con sus bemoles, los ciudadanos aún confían en las elecciones, muestra de ello son las altas tasas de participación y los resultados de las recientes elecciones —en 2015— en 16 entidades federativas que sorprendieron a más de uno. La responsabilidad de nuestra generación es apuntalar esa apuesta civilizatoria. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de manera especial su Sala Superior, juegan un papel crítico para que el sistema que hace eso posible funcione. Su misión central es apuntalarlo ejerciendo sus facultades con deferencia al legislador, prudencia interpretativa, responsabilidad institucional y, por supuesto, firmeza jurídica.

Por eso, le haríamos un flaco favor a la democracia mexicana si permitimos que sean los criterios políticos y los intereses particulares lo que determinen quiénes serán los siete magistrados que integrarán a la Sala Superior en los próximos años. De hecho, si esa fuera la lógica que prevalece, ¿por qué no —mejor— nos ahorramos los costos y complejidades del sistema y regresamos las decisiones electorales a la casona de Bucareli?

Aquí el resto de libro: Concha, Hugo y López Noriega, Saúl (coord.). 2016. La (in)justicia electoral a examen. México: CIDE-IIJ-UNAM.

Sergio López Ayllón. Director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Pedro Salazar Ugarte. Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.


1 Magaloni Kerpel, Ana Laura. “¿Por qué criticar las decisiones judiciales? Premisas para el diálogo entre jueces y académicos” en Lorenzo Córdova y Pedro Salazar (coords.), Democracia sin garantes. Las autoridades vs. la reforma electoral. México, UNAM, 2009, p. xvii

2  Dos ensayos recientes dan cuenta de esta situación. Véase  Héctor Aguilar Camín, “Nocturno de la democracia mexicana”, Nexos, núm. 461, mayo de 2016 y la respuesta de Jose Woldenberg “Sobre Nocturno de la democracia mexicana. Convergencias y divergencias”, Nexos, núm 463, julio de 2016.

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Primer día de comparecencias

Desde las 11 de la mañana del lunes y hasta las 6:30 de la tarde de ese mismo día, se llevaron a cabo ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la primera parte de las comparecencias de los aspirantes que buscan integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En este tiempo comparecieron frente a los ministros 30 de los 42 aspirantes. Cada uno tuvo cinco minutos para exponer las sentencias analizadas en el ensayo que presentaron al momento del registro al proceso de designación y otros cinco minutos para responder las preguntas de los ministros de acuerdo con el sorteo realizado al inicio de la sesión. eleccion-corte A lo largo de las comparecencias, que se desarrollan en un formato poco atractivo y que, dada su brevedad y rigidez, no permiten conocer mucho sobre los aspirantes más allá de lo plasmado en su ensayo y, en los casos donde los candidatos eligieron dos temas simultáneamente, ni siquiera eso. Sin embargo, sí se pudo advertir claramente que existe una diferencia entre aquellos que tienen experiencia profesional en la materia electoral, de los cuales la mayoría domina los temas que expusieron, y aquellos que son juzgadores de carrera que tienen mayores conocimientos en cuestiones procesales y argumentativas de una sentencia. Llamó la atención que muchos de los comparecientes trataron temas relacionados con cuotas de género y equidad, libertad de expresión, representación proporcional y coaliciones, así como candidaturas independientes, todos ellos temas de larga trayectoria, tanto jurisdiccional como mediática a lo largo del periodo que ahora culmina la integración 2006-2016. Aunque la mayoría se abocó a hablar sobre las sentencias “insignia” del actual TEPJF, destaca que algunos de los aspirantes, en especial aquellos que son magistrados de circuito, hicieron intervenciones críticas en las que advirtieron incongruencias en las sentencias de la Sala Superior o discrepancias entre los criterios sostenidos por la SCJN y la propia Sala Superior. Vale la pena señalar también el correcto trabajo del pleno de la SCJN ya que las preguntas fueron jurídicamente relevantes, útiles para conocer la postura y los alcances de los aspirantes y su calidad argumentativa. Sin embargo, la formulación de las preguntas, en principio, denotan que la SCJN se encuentra más interesada por conocer las capacidades jurisdiccionales de los aspirantes, que su conocimiento en la materia electoral, lo que, en cierta medida, resulta contradictorio con lo planteado como tema de ensayo.

Segundo día de comparecencias

En el segundo día de comparecencias ante la SCJN de los aspirantes a integrar la Sala Superior del TEPJF expusieron sus ensayos los 12 aspirantes que faltaban. El tono no fue muy diferente, nuevamente el tema de paridad de género dominó las comparecencias. Los destacado del día es que una vez que compareció la totalidad de aspirantes, los ministros tomaron un breve receso para valorar la participación de cada uno de las y los participantes, y al reanudar la sesión mediante una votación secreta, sin conocer el criterio utilizado, eligieron a los 21 aspirantes que integrarán las ternas que enviarán al Senado de la República. Por el momento, la SCJN se limitó a nombrar a quienes integrarán la lista de ternas, ya que será hasta el 29 de agosto que el presidente de la SCJN haga la propuesta ya acomodada en ternas al resto de integrantes del Pleno para, posteriormente, enviarlas al Senado donde se llevará a cabo la segunda etapa de este proceso. En esta fase resulta importante señalar que, a pesar de la transmisión en vivo de las comparecencias, es ominoso el alejamiento de la SCJN con la transparencia. La votación se realiza en secreto, por medio de hojas amarillas que fueron inmediatamente trituradas. De igual forma, ninguno de los ministros, ya sea de forma individual o como colegiado, hicieron algún tipo de motivación para sustentar el sentido de sus votos.

Los 21 que pasan a la siguiente etapa

Entre los 21 aspirantes encontramos los siguientes perfiles: • 6 mujeres y 15 hombres • 6 magistrados de circuito • 3 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF • 3 ex magistrados de las Salas Regionales del TEPJF • 2 ex consejeros de la Judicatura Federal • 1 magistrado de Tribunal Electoral local • 1 magistrado del fuero local • 1 secretaria de Estudio y Cuenta de la SCJN • 1 ex secretaria de Estudio y Cuenta del TEPJF • 1 visitador del TEPJF • 1 funcionario del gobierno Federal • 1 ex fiscal de la FEPADE   La lista completa de 21 aspirantes

Nombre Votos obtenidos al elegir a 42 aspirantes Votos obtenidos al elegir a 21 aspirantes Género Cargo que actualmente desempeña o que ha desempeñado Periodo por el que fue designado en cargos vigentes Twitter
1 ARENAS BÁTIZ CARLOS EMILIO 11 11 H Actualmente es Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León 2015-2017
2 CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ DANIEL FRANCISCO 8 10 H Fue Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014, previamente fue Procurador General de la República, Consejero Jurídico de la Presidencia y Subsecretario de Asuntos Jurídicos en SEGOB
3 CURIEL LÓPEZ CLAUDIA MAVEL 8 6 M Es Magistrada de Circuito
4 DE LA MATA PIZAÑA FELIPE 11 9 H Actualmente es Magistrado de la Sala Regional Especializada 2014-2020 @fdelamatap
5 FUENTES BARRERA FELIPE ALFREDO 11 11 H Es Magistrado de Circuito
6 GARCÍA HUANTE BERENICE 9 8 M Fue Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior, en la ponencia de los Magdos Orozco Henriquez y Nava Gomar @BERENICEGARCIAH
7 INFANTE GONZÁLEZ INDALFER 11 11 H Fue Consejero de la Judicatura de 2007 a 2009
8 MEZA PÉREZ JORGE 11 6 H Es Magistrado de Circuito
9 OJEDA BOHÓRQUEZ RICARDO 6 6 H Es Magistrado de Circuito
10 ORTIZ RASCÓN SILVIA GABRIELA 10 11 M Fue Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior, actualmente es Secretaria de Estudio y Cuenta en la SCJN
11 OTÁLORA MALASSIS JANINE MADELINE 10 10 M Fue Magistrada Sala CDMX de 2013 a 2016, actualmente es titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF 2013-2016
12 PARRA PARRA MARÍA DEL PILAR 7 6 M Es Magistrada de Circuito
13 REYES CONTRERAS EUGENIO 6 6 H Es Magistrado de Circuito
14 RÍOS CAMARENA RODRÍGUEZ ALFREDO EDUARDO 8 8 H Fue Director Ejecutivo Prerrogativas y Partidos Políticos en IFE, actualmente labora en Secretaría de la Función Pública
15 RODRÍGUEZ MONDRAGÓN REYES 9 9 H Es Magistrado Sala Monterrey 2013-2019 @ReyesRdzM
16 SÁNCHEZ MORALES JORGE 11 11 H Es Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla 2015-2020 @moralesj_jorge
17 SOTO FREGOSO MÓNICA ALARÍ 10 9 M Es Magistrada Sala Guadalajara 2013-2022 @monicasotofregoso
18 TERRAZAS SALGADO RODOLFO 9 7 H Es Visitador del TEPJF, ha tenido varios cargos en TEPJF
19 VARGAS VALDEZ JOSÉ LUIS 10 7 H Fue Fiscal de la FEPADE de 2010 a 2012
20 ZARAZÚA MARTÍNEZ ÁNGEL 11 9 H Fue Magistrado de Sala Regional DF de 2005 a 2013
21 ZAVALA ARREDONDO MARCO ANTONIO 10 10 H Fue Magistrado en la Sala Regional Monterrey de 2013 a 2016, actualmente labora en la Sala Superior @Mzavala71

Equipo del observatorio electoral de Strategia Electoral (@eleccionesymas)

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El día de hoy los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) harán una primera depuración de los aspirantes a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La Convocatoria que emitieron el 5 de julio señala que de los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales para ser magistrados se elegirán a 42, previa examinación y evaluación de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

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El único criterio establecido para hacer esta primera selección es el artículo 212 citado, el cual señala como requisitos para ser magistrado de la Sala Superior:

  • Contar con credencial para votar.
  • Preferentemente tener conocimientos en material electoral.
  • No desempeñar o haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o su equivalente en un partido político.
  • No haber sido registrado como candidato a cargo de elección popular en los últimos 6 años.
  • No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en los últimos seis años.

Estos requisitos son generales, no atienen a la realidad de la justicia electoral en el país, es necesario revisarlos y reformarlos para futuros procesos de designación. Sin embargo, para este proceso que ya inició es el único parámetro que tienen los ministros para seleccionar a 42 aspirantes de los 126 inscritos, lo cual permite una amplia discrecionalidad a las ministros de la SCJN.

Por tanto, la pregunta relevante es ¿cuáles son las cualidades que deben tener los magistrados de la Sala Superior del TEPJF? ¿Qué deberán tomar en consideraciones los ministros a fin de determinar quiénes de los 126 aspirantes deben seguir en el proceso?

Es difícil determinar un perfil único e ideal de magistrado electoral, muchos son los temas que se deben considerar al respecto, en el Observatorio Electoral consideramos que son tres los requisitos iniciales que se deben privilegiar: conocimiento, experiencia e independencia.

Los temas electorales en México llevan más de 20 años siendo objeto de estudio en diversos centros universitarios, actualmente existe una importante oferta académica al respecto. Además, llevamos más de 20 años con autoridades electorales robustas a nivel federal y local. Factores que justifican la exigencia a los aspirantes de contar con conocimiento y experiencia probada en la materia electoral.

El conocimiento y experiencia es un requisito indispensable para quienes aspiren a llegar a la Sala Superior, pues como lo señala María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la próxima integración de la Sala Superior tiene una responsabilidad muy grande: consolidar la democracia. A golpe de sentencia deben exigir a los partidos políticos una mayor responsabilidad democrática. Y, por ello, es indispensable que lleguen a la Sala Superior gente responsable, con criterio y técnica jurídica, que busquen fortalecer el sistema de partidos.

Los ministros de la SCJN también deben valorar la total independencia de los aspirantes, independencia personal e independencia institucional como lo señala el juez Aharon Barak.1

Al respecto, Hugo Concha, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que quienes sean designados como magistrados deben contar con independencia ideológica o política de los candidatos a cargos de elección popular, que su trayectoria no esté asociada a ninguna fuerza política, evitando cuotas partidistas, lo cual perjudica a las instituciones electorales. En ese sentido, estima que la nueva integración de la Sala Superior debe buscar cumplir con su papel de garante de la democracia a través de sentencias claras, bien argumentadas, imparciales, coherentes y consistentes.

Procesos de designación similares, han sido fuertemente criticados porque los cargos han recaído en personas identificadas de forma clara y comprobable con algún partido político; lo cual, aunado a su poca o nula experiencia en materia electoral, ha generado autoridades que se encuentran deslegitimadas desde el inicio.

Es natural que los aspirantes tengan su propia ideología, pero ello no significa que la designación de los magistrados deba atender a una lógica de cuotas partidistas, ni mucho menos a personas cuya independencia sea razonablemente cuestionada.

Finalmente, en un contexto ideal, la designación debe recaer sobre personas de prestigio en la materia, que aporten su conocimiento y experiencia a efecto de fortalecer a la institución, y no por el contrario, que construyan su prestigio a costa de la institución.

Tal como lo señala Saúl López Noriega, profesor asociado del CIDE, al referir que los próximos magistrados electorales deben tener un prestigio propio y no construirlo a partir de su cargo, pues la siguiente generación de magistrados –al ser responsables de la última instancia de la justicia electoral- debe tener como objetivo retomar la labor de tribunal constitucional.

Por lo anterior, es una exigencia que esta primera selección de 42 aspirantes recaiga en aquellos que por su capacidad, experiencia, preparación académica y buena reputación puedan asumir las responsabilidades que implica el cargo, de manera que podamos contar con una autoridad jurisdiccional electoral fuerte, independiente y preparada en los aspectos técnicos.

Equipo del observatorio electoral de Strategia Electoral (@eleccionesymas)

* Para consultar las opiniones completas de María Marván, Saúl López Noriega y Hugo Concha sobre el tema pueden entrar al Observatorio Electoral


1 Barak, Aharon, El papel del juez en una democracia, revista CODHEM, septiembre/octubre, 2003, pp. 55 a 58.

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