La importancia que adquirieron los procedimientos especiales sancionadores en los últimos dos procesos electorales federales motivó una reforma constitucional. La reforma publicada en febrero de este año divide la tramitación del procedimiento. A partir de octubre de este año, los procedimientos especiales serán tramitados por dos autoridades: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)[1].

El INE tiene que recibir las quejas, emplazar a las partes, realizar diligencias -cuando se requiera-, escuchar a las partes en audiencia, formular conclusiones y remitir el expediente a la autoridad jurisdiccional. Mientras que el TEPJF tiene que recibir el expediente, evaluar las constancias, determinar si requiere mayores diligencias y resolver las quejas (absolver o sancionar).

urnasPara operar el nuevo procedimiento, el INE debe crear la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que dependerá de la Secretaría del Consejo General, mientras que el Poder Judicial debe crear una Sala Especializada en el TEPJF. La creación de la Unidad Técnica no representa un procedimiento complejo ni un reto  mayor. El INE puede optar por escindir una parte de la actual dirección jurídica para crear esta nueva Unidad o, en su caso, transformar esa dirección, cambiarle el nombre y crear las áreas que se necesiten. En cuanto a la designación del titular, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que es atribución del presidente del INE proponer al consejo general de éste a la persona en cuestión.

Sin embargo, la creación de la nueva Sala Especializada sí representa un procedimiento y un reto no menor. La Sala estará integrada por tres magistrados electorales que serán designados mediante un procedimiento[2] que inicia ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los cuales deben formular una propuesta de ternas a la cámara de Senadores para que ésta designe a los magistrados. La duración en el cargo es de nueve años y su renovación será escalonada.

Para acomodar a la Sala Especializada dentro del TEPJF, se reformó y adicionó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[3], cuyos artículos transitorios disponen que el Senado debe designar a los magistrados integrantes antes de que inicie el proceso electoral 2014-2015[4]; una vez integrada la Sala, ésta iniciará sus funciones y ejercerá las atribuciones que le han sido otorgadas.

El principal reto de la Sala Especializada consiste en resolver oportunamente todos los procedimientos especiales sancionadores que le remita el INE. Lo que no es poco si consideramos que esto significa arbitrar las disputas políticas[5] durante los procesos electorales. La resolución expedita y eficaz tiene el fundamental propósito de mantener el equilibrio de las condiciones de competencia en los comicios. Para tener una idea de lo que significa resolver estos procedimientos, basta saber que en el proceso electoral de 2009 el IFE resolvió 1,026 procedimientos especiales sancionadores, mientras que en el proceso electoral de 2012 resolvió 1,371.

A partir de los próximos procesos electorales, que darán inicio en octubre, la sustanciación y resolución de los procedimientos especiales sancionadores será una labor que compartirán el INE y el TEPJF. En general, el INE tendrá un plazo máximo de 24 horas para admitir o desechar la denuncia, si la denuncia es admitida debe citar a las partes para que comparezcan a una audiencia que tendrá lugar dentro de las 48 horas posteriores a la admisión, celebrada la audiencia el INE debe enviar de inmediato a la Sala Especial el expediente y un informe circunstanciado.

Una vez que Sala Especializada reciba el expediente, debe verificar que esté bien integrado, si considera que no lo está debe ordenar o realizar las diligencias que estime necesarias y establecer el plazo para llevarlas a cabo. Una vez que el expediente esté debidamente integrado, el magistrado ponente tendrá un plazo de 48 horas para poner a consideración del pleno de la Sala Especializada el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento sancionador. Este Pleno debe resolver el asunto en el plazo de las 24 horas siguientes contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución. Las resoluciones que emita la Sala Especializada podrán ser recurridas a través de un medio de impugnación llamado recurso de revisión ante la Sala Superior del propio TEPJF. Así, el esquema básico del procedimiento será el siguiente:

tabla-sala-especializada

A nuestro parecer lo anterior genera diversos retos, entre los que destacan:

1) Dos autoridades de naturaleza distinta, un solo procedimiento. La regulación prevé un híbrido, pues la sustanciación (admisión o desechamiento, emplazamiento, audiencia de pruebas y alegatos, diligencias de investigación, desahogo de pruebas y desarrollo de conclusiones) del procedimiento la llevará a cabo una autoridad de carácter administrativo (INE), mientras que la emisión de la resolución estará a cargo de un órgano jurisdiccional (Sala Especializada). Un aspecto no menor es que la parte que deberá resolver -la Sala Especializada- tendrá sólo 48 horas para verificar que el INE hubiese realizado correctamente la sustanciación de la queja o denuncia, conocer todas las actuaciones del expediente y elaborar un proyecto de sentencia o, en su caso, devolver tal expediente para subsanar alguna deficiencia.

2) Medidas procesales. Desde la introducción del procedimiento especial sancionador en el proceso electoral de 2006 (entonces creado mediante el SUP-RAP-17/2006 y posteriormente incluido en la legislación electoral en la reforma de 2008), la Sala Superior del TEPJF ha emitido diversos criterios a efecto de garantizar el debido proceso y el derecho de audiencia de las partes. De manera que ha considerado que no obstante lo sumario del mismo, se debe emplazar a todos los afectados, cuidando que se les notifique correctamente y se les haga de su conocimiento los hechos denunciados y las pruebas con las que se pretenden acreditar las acusaciones. También ha considerado que se deben llevar a cabo diligencias de manera exhaustiva a efecto de investigar los hechos denunciados, se debe garantizar plenamente el derecho de audiencia y, en general, cumplir todas las formalidades del procedimiento sin perder el carácter de sumario.

A partir de la presente legislación se deberán ajustar algunos criterios, pues en caso de que la Sala Especializada consideré que existe algún defecto en la sustanciación del procedimiento, debe decidir si devolverá las actuaciones al INE o si ordenará a su personal que la desahogue. Será interesante conocer si podrá apoyarse en las Salas Regionales del TEPJF, en aquellos casos en que la conducta se haya realizado fuera del Distrito Federal, lugar donde tendrá su residencia. Misma situación ocurrirá cuando sea la Sala Superior vía el recurso de revisión, quien conozca de los fallos emitidos por la Sala Especializada. El mayor desafío de la decisión que se tome será el garantizar la resolución en el tiempo más breve posible.

Desde ahora parece advertirse el posible conflicto que las devoluciones (para ampliación de diligencias) de la Sala Especializada al INE podrían representar en las relaciones entre estas autoridades y sobre todo para la resolución expedita de los casos.

3) Elaboración de conclusiones del INE. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla que una vez celebrada la audiencia y junto con el envío del expediente a la Sala Especializada, el INE debe remitir un informe circunstanciado en el que, entre otras cosas, realice las conclusiones de la queja o denuncia. Ello puede entenderse como la emisión de un pronunciamiento sobre la actualización o no de la conducta denunciada, esto es, sobre la posible responsabilidad de los sujetos denunciados o su descargo. Lo que pareciera injustificado, pues finalmente será la Sala Especializada quien en su calidad de juzgador debe emitir el fallo que resuelva el procedimiento, para lo cual está obligado a estudiar los hechos y analizar todas las constancias que integran el expediente.

4) Concentración en un solo órgano. El INE puede tramitar el procedimiento especial por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, o bien por el de las 300 juntas distritales que lo integran; sin embargo, la legislación no es clara respecto si la Sala Especializada debe emitir la resolución para todos esos casos o, bien, si solo para los que le remita la Unidad Técnica.[6] Ahora bien, si la Sala Especializada solo resolverá éstos últimos, tendremos un aparente mismo procedimiento (al menos llamado igual) pero con importantes diferencias en la tramitación, pues se entendería que los procedimientos que tramiten las juntas distritales serían resueltos por éstas y revisados en segunda instancia por la Sala Regional de la circunscripción que corresponda de las cinco con que cuenta el TEPJF.

Seguramente la tramitación de los primeros procedimientos bajo este esquema analizado nos dará un mejor entendimiento de la nueva legislación y de lo que podemos esperar sobre este mecanismo de resolución de disputas electorales. Existen múltiples espacios no aclarados por la normatividad que requieren de definiciones. La actuación de las autoridades, así como sus criterios y precedentes deben proveer un marco de interpretación, de la Constitución y de las leyes, que permita resolver esas disputas sin generar nuevas tensiones entre las autoridades. Lo que se espera de las autoridades constitucionales es que soporten las presiones inevitables en la actividad política y que empleen las herramientas legales en forma proporcional, razonable y al mismo tiempo generen confianza y certeza por medio de su actuación.

Fabiola Navarro. Abogada, especialista en temas electorales y maestra en administración pública  Twitter: @fabbiolanavarro

Arturo Espinosa Silis. Abogado, especialista en temas electorales y maestro en cerecho. Twitter: @aesupd

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[1] Actualmente el Instituto Nacional Electoral tramita los procedimientos desde la recepción de la queja hasta su resolución.

[2] Ver detalles del procedimiento.

[3] La reforma también aumenta el número de Salas Regionales del TEPJF (de 5 pasará a 7) que deberán iniciar actividades en septiembre de 2017.

[4] Lo que sucederá la primera semana de octubre de 2014.

[5] Estos procedimientos se instauran por denuncias vinculadas a asuntos de propaganda electoral que vulneren el artículo 41 constitucional (propaganda en radio y tv), el párrafo octavo del artículo 134 constitucional (propaganda gubernamental) y quejas por los actos anticipados de campaña y precampaña previstos en la ley.

[6]Leemos una contradicción entre lo dispuesto en el artículo 250, párrafo 4, y el  474, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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mvcambio2Todos lo vimos. ¡Cómo no verlo! En diciembre pasado, Manuel Velasco, Gobernador del Estado de Chiapas, fue casi omnipresente. A propósito de su primer informe de gobierno, vimos su rostro en rutilante technicolor en cada esquina –gracias a la portada de la revista Cambio- en cines, en televisión. Este despliegue, que el propio Velasco reconoció tuvo un costo de 129 millones de pesos, provocó, además de indignación en varios sectores de la población, que dos partidos políticos, el PAN y el PRD, presentaran ante el Instituto Federal Electoral quejas respectivas.

En el transcurso del primer mes de 2014, el IFE ya desechó la queja presentada por el PRD, y al parecer, de acuerdo con el proyecto de resolución del caso que se discutirá en la próxima sesión del Consejo General, hará lo mismo con la queja presentada por el PAN. 

Antes de alzar la voz de la indignación contra este resultado, y con independencia de lo ominoso del despliegue publicitario, este contexto abre la puerta a un análisis respecto de las marco regulatorio de la publicidad gubernamental, las facultades de la autoridad electoral y los resultados que tiene la presentación de este tipo de recursos.

Con diferentes argumentos, calidades y cualidades argumentativas, ambas quejas se fundamentaban en la supuesta violación del artículo 134 constitucional, que señala, entre otras cosas, que el carácter de la propaganda gubernamental deberá “tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social” y que, además, prohíbe que dicha propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de algún servidor público.

Estas limitaciones, que se establecieron en la reforma electoral de 2007-2008, tenían prevista una reglamentación posterior –una Ley de propaganda gubernamental- que, actualmente, casi siete años después, continúa siendo una asignatura pendiente que es retomada a conveniencia, por unos y otros, de manera cíclica. Así, estas limitaciones, fundamentales para la correcta preservación del principio de equidad en la contienda electoral, para la rendición de cuentas en el gasto del erario público y el combate a la impunidad de quienes violan estos principios democráticos, quedaron cubiertas únicamente con la norma constitucional y dos modificaciones al COFIPE. Las cuales establecen que el informe anual de labores de los servidores públicos no será considerado como propaganda gubernamental mientras “la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.”

Adicionalmente, gracias al buen cúmulo de casos que ha tenido que resolver respecto de esta materia, el TEPJF ha generado varios criterios respecto de los alcances y límites de estas disposiciones. Así, tenemos que en el rubro de propaganda personalizada, el TEPJF ha determinado que esta se actualiza, entre otros casos, cuando se tienda a promocionar, velada o explícitamente, a algún servidor público (SUP-RAP-43/2009, SUP-RAP-150/2009); cuando la propaganda tienda a promocionar al servidor público destacando más su imagen, cualidades (reales o imaginarias) y logros que las del encargo que desempeña, con el fin de posicionarlo con fines político-electorales (SUP-RAP-43/2009) y cuando el servidor público utilice expresiones vinculadas al voto, la obtención del mismo, o  cuando se haga alusión a la pretensión de este servidor de ser candidato a algún cargo de elección popular  o cuando haga referencia a los procesos electorales por venir (SUP-RAP-43/2009).

Como podemos ver, las autoridades electorales, a pesar de las deficiencias de origen en esta materia, han construido criterios interesantes en el ámbito de su competencia. Pero entonces, ¿por qué no es posible que el IFE sancione a Manuel Velasco?

En este caso, las disposiciones jurídicas y la construcción jurisdiccional en la materia evidencian que la resolución de casos donde existe supuesta propaganda personalizada enfrenta dos problemas fundamentales. Por un lado, la incompetencia, en sentido literal y etimológico, del IFE, que aunque se encuentra facultado para conocer de estos casos tanto dentro del periodo electoral como fuera de él, sólo tiene posibilidad de aplicar sanciones cuando se trate de propaganda político-electoral que de acuerdo con los supuestos establecidos por lineamientos del propio Instituto (CG38/2008) y los criterios ya señalados, se encuentra directamente relacionada con procesos electorales –que no es el caso de la propaganda de Manuel Velasco-. Y, por otro lado, la inexistencia de disposiciones administrativas –o inclusive la determinación de la autoridad correspondiente- que regulen la publicidad gubernamental en todos sus aspectos, sobre todo en el gasto, y establezcan sanciones para los servidores públicos que trasgredan los límites establecidos.

A propósito de este caso, algunos políticos están utilizando el veredicto dado por el IFE a estas dos quejas como argumento a favor de la ya inminente reforma política, que creará un nuevo órgano electoral federal con mayores facultades de incidencia en el ámbito local; sin embargo, omiten señalar que las incapacidades tanto del IFE como de otras autoridades administrativas para sancionar estas faltas tienen poco que ver con la actuación de estas entidades. Más bien, se trata de una falta de regulación apropiada que establezca con claridad las conductas reguladas, los alcances y los límites de la actuación de todos los sujetos obligados y entidades regulatorias, así como las sanciones que deberán imponerse a quien infrinja estos supuestos.

En síntesis, ninguna autoridad, ni nueva ni vieja, va a ser capaz de resolver satisfactoriamente este tipo de conductas sin una adecuada Ley de propaganda gubernamental reglamentaria del artículo 134 constitucional. Mientras esto no  ocurra, los informes de gobierno seguirán siendo una ventana de oportunidad para que funcionarios públicos de todos los niveles y adscripciones políticas, continúen contratando –y gastando sumas millonarias del erario público- de forma tolerada, diversos tipos de publicidad. De igual manera, sin un marco regulatorio adecuado, las quejas que presenten otros partidos políticos o entes facultados para denunciar ante el IFE u otra autoridad, no tendrán más repercusión que la que obtengan de la estrategia mediática que acompañe la presentación de dichas quejas. Por esta razón, en estas circunstancias, este tipo de estrategias jurídico-mediáticas resultan más dañinas que útiles al contexto democrático. Cuando la autoridad electoral, al no tener las herramientas jurídicas necesarias para sancionar estas conductas, se declara incompetente, se convierte en el nuevo blanco del encono –justificado en un inicio por el despliegue publicitario- de los partidos políticos y los ciudadanos en general. Estamos, pues, frente a otro caso de banalización del derecho y de las instituciones electorales, un circo donde todos actúan y pierde la democracia.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, especialista en derecho electoral. Twitter: @pauletta_sofia

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El domingo 7 de julio se eligieron gobernador (Baja California), diputados locales y ayuntamientos en 14 entidades. Sin embargo, aún falta que las autoridades electorales de cada entidad realicen los cómputos definitivos de las elecciones, primero en los consejos distritales y municipales, según sea el caso, y luego los cómputos finales en el órgano máximo de cada instituto electoral local.

El cómputo final que emita el instituto electoral respectivo será definitivo en tanto no sea impugnado por algún partido político o candidato.

  • Partidos políticos: pueden impugar si estiman que se actualizaron alguna de las causas de nulidad de la votación recibida en casilla o de la elección previstas en la ley, o alguno de los candidatos ganadores sea inelegible[1] podrá controvertir los resultados de la elección para que se modifiquen o se anule toda la elección.
  • Candidatos: sólo pueden impugnar los resultados de la elección en caso de inelegibilidad del candidato ganador o la asignación por el principio de representación proporcional[2].
  • Los ciudadanos no pueden impugnar los resultados de una elección.[3]

El proceso para realizar los cómputos de la elección, las causas de nulidad de la votación o de la elección y el medio de impugnación que se tenga que presentar varían según la legislación local.

Impugnación en la instancia local. En caso de que se impugnen los resultados de cualquiera de las elecciones –diputados, integrantes de ayuntamiento o gobernador- Será el tribunal electoral de cada entidad quien conozca y resuelva en primera instancia los medios de impugnación que se presenten en contra de los resultados de la elección, pudiendo confirmar, modificar o anular los resultados de la elección.

Impugnación en instancias federales. Una vez emitida la sentencia por el tribunal local, la misma puede ser controvertida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Elecciones de diputados e integrantes de ayuntamientos. Las impugnaciones que se presenten en contra de una sentencia de un tribunal local que versen sobre los resultados de las elecciones de diputados e integrantes de ayuntamientos, las conocerán y resolverán las Salas Regionales de la circunscripción que corresponda:

Sala Regional Guadalajara

Durango

Baja California

Chihuahua

Sinaloa

Sonora (extraordinaria)

Sala Regional Monterrey

Coahuila

Aguascalientes

Tamaulipas

Zacatecas

Sala Regional Xalapa

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Sala Regional D.F.

Puebla

Tlaxcala

  1. Sala Regional Toluca

Hidalgo

Medios de impugnación procedentes:

  • Juicio de revisión constitucional electoral cuando quien impugna es un partido político;
  • Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuándo el impugnante es un candidato.

Segunda instancia federal. Excepcionalmente, en contra de las sentencias que emitan las Salas Regionales es posible impugnar ante la Sala Superior los resultados de las elecciones de diputados locales e integrantes de ayuntamientos. El medio de impugnación que puede ser procedente es el recurso de reconsideración[4].

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De esta forma los partidos políticos y candidatos tienen hasta tres oportunidades para cuestionar los resultados electorales de diputados e integrantes de ayuntamientos.

Elección de gobernador:

1) Se impugnan los resultados emitados por el Instituto Electoral Local ante el Tribunal Electoral de la entidad,

2) La sentencia del Tribunal Electoral local puede impugnarse ante la Sala Superior del TEPJF. La sentencia que este emita es definitiva e inatacable.

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Las impugnaciones deberán resolverse, forzosamente, antes de que los candidatos triunfadores tomen posesión del cargo para el que fueron elegidos, de otro modo los actos se vuelven irreparables.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, oficial de acceso a la información de Article19. Twitter: @pauletta_sofia

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd


[1] Jurisprudencia 11/2004. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. GENERALMENTE ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.

[2] Jurisprudencia 36/2009. ASIGNACIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ES IMPUGNABLE POR LOS CANDIDATOS A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

[3] Jurisprudencia 11/2004, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. GENERALMENTE ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.

[4] Artículo 61 (LGSMIME): 1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

a)   En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y

b)     En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

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tepjfEn estos momentos, la Cámara de Diputados y el TEPJF materializan la clásica tensión de una democracia constitucional entre órganos representativos del voto popular y órganos judiciales. Esto debido a la omisión de los primeros para designar al Consejero faltante del Instituto Federal Electoral (IFE) que culminó en dos sentencias del último donde se ordenó a la Cámara de Diputados a convocar a periodo extraordinario y concluir con el proceso de designación iniciado en febrero pasado. A pesar de las resistencias de los diputados, que votaron en su mayoría por rechazar, por segunda ocasión, la celebración de un periodo extraordinario para esta designación, parece que finalmente han decidido acatar la sentencia del TEPJF y elegir finalmente a quien ocupe la vacante en el Consejo General del IFE. Sin embargo, ante la renuencia de ciertos partidos políticos a realizar esta designación en estos momentos, también existe la posibilidad de que incluso esta convocatoria resulte estéril.

Precedentes

En este contexto, ante la posible falta de consenso entre las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, la designación del Consejero del IFE puede terminar por realizarse en sede judicial. Por esta razón, vale la pena recordar los precedentes en la materia para ponderar su viabilidad y su oportunidad en este caso.

El Congreso de la Unión no es el único caso de un órgano legislativo que se niega a cumplir con una determinación judicial. En aras de garantizar la regularidad de la Constitución, excepcionalmente el TEPJF  ha sustituido las funciones del órgano legislativo a efecto de designar funcionarios electorales, en virtud de que los Congresos locales no han acatado los fallos jurisdiccionales. Aquí los casos paradigmáticos:

1) Caso Sonora-Instituto Electoral (SUP-JDC-4984/2011). Aquí se cuestionó la designación de tres consejeros electorales propietarios y un suplente del Consejo Estatal Electoral de Sonora, pues la designación realizada por los diputados locales no observaba los principios de paridad y alternancia de género que establece la legislación electoral de Sonora para integrar el órgano.

La primera sentencia del TEPJF dejó sin efectos el nombramiento de los consejeros electorales realizado por el Congreso del Estado, por incumplir con los criterios ya mencionados. Por ello se le dio al Congreso local un plazo de 5 días para que designará nuevamente a los consejeros electorales nombrando a dos mujeres y un hombre, con el carácter de propietarios y a un consejero suplente hombre.

Sin embargo, el Congreso de Sonora fue renuente a cumplir con la sentencia, a pesar de haberse emitido diversos incidentes por parte del TEPJF. En el séptimo incidente, mes y medio después de dictada la primer sentencia, el TEPJF sustituyendo en sus facultades al Congreso local, designó a los tres consejeros propietarios, dejando que fuera el propio Congreso de Sonora quien designara al consejero suplente, para lo cual fue necesario que el TEPJF conociera y resolviera 6 incidentes más, después de los cuales el Congreso local designó finalmente al consejero suplente. En total se resolvieron 13 incidentes de inejecución de sentencia a efecto de asegurar el cumplimiento del fallo original.

2) Caso Sonora-Tribunal Electoral (SUP-JRC-173/2012). Aquí se impugnó la omisión del Congreso local de designar a quien ocuparía el lugar del magistrado propietario Luis Enrique Pérez Alvídrez, pues el periodo para el que fue designado había concluido. Pérez Alvidrez era magistrado electoral desde 1996, su encargo concluía en 2009, sin embargo, antes de concluir el periodo el entonces magistrado promovió un amparo, el cual le fue concedido, para continuar en el cargo.

La sentencia del TEPJFordenaba al Congreso local que, de manera inmediata realizara los actos necesarios para designar al magistrado que ocupará el lugar de Pérez Alvídrez. Ante su desacato, después de cuatro incidentes de inejecución de sentencia –seis meses después de emitida la sentencia original- y una vez que el congreso local informó la imposibilidad de reunir los órganos encargados de la designación, el TEPJFdesignó directamente al nuevo magistrado electoral.

3) Caso Yucatán – Instituto Electoral. Uno de los casos más enigmáticos, por los alcances que tuvo, fue el de Yucatán, En el caso, previo a las elecciones de 2001 el Congreso del Estado determinó ratificar por un periodo adicional a los integrantes del Consejo Electoral del Estado. La designación se impugnó debió a que no se cumplió con la mayoría de 20 legisladores requerida para aprobar la designación, pues la ratificación se hizo por sólo 15 integrantes del Congreso.

En la primera impugnación (SUP-JRC-391/2000), el TEPJF determinó revocar la designación de consejeros electorales, a fin de se repusiera el procedimiento y se considerará a todos los candidatos postulados por diversos partidos políticos y organizaciones sociales. En cumplimiento, el Congreso de Yucatán señaló que sólo 14 de los 59 aspirantes cumplían con los requisitos legales, por lo que se les designó como consejeros propietarios y suplentes.

Ello fue nuevamente impugnado (SUP-JRC-440/2000 y acumulado) y resuelto por el TEPJF en el sentido de revocar la designación, pues el Congreso estableció requisitos mayores a los exigidos por la ley. La sentencia ordenó la reposición del procedimiento de designación, observando los requisitos legales que deben cumplir, y en caso de no conseguir la mayoría se insaculará a los designados de entre aquellos que cumplieran con los requisitos.

El Congreso de Yucatán no dio cumplimiento a la sentencia, a pesar de diversos incidentes de inejecución en los que el TEPJF reiteró la orden de realizar de nueva cuenta la designación. Derivado de la resistencia del Congreso, el TEPJF se vio obligado a sustituirse en las facultades del Congreso local y seleccionar a los candidatos que cumplían con los requisitos legales, remitiendo una lista de 47 al Congreso a efecto de que de entre ellos designara a los 7 consejeros electorales.

Ello tampoco fue cumplido de manera que ante el continuo desacato, el TEPJF llegó al extremo de designar directamente (por insaculación) a los 7 consejeros electorales que debían integrar la autoridad electoral. A pesar de ello, continuó el desacato a la sentencia del TEPJF, pues tanto el Congreso, como los Consejeros que ocupaban el cargo, se negaron a tomarles posesión a los designados por el TEPJF y entregarles las instalaciones y recursos del Instituto local. Ello derivó en el extremo de requerir el uso de la fuerza pública, así como el apoyo del Gobernador del Estado, de la Secretaria de Gobernación, y de la Procuraduría General de la República.

Finalmente, a iniciativa del Gobernador se emitió un decreto en el que se pretendió establecer un nuevo Consejo Electoral integrado por 14 consejeros (7 designados por el Congreso y 7 insaculados por el Tribunal). Dicho decreto fue controvertido a través de una acción de inconstitucionalidad, en la cual la SCJN, resolvió la A.I. 18/2001, declarando inválido el decreto del Congreso local y ordenando el cumplimiento de la sentencia del TEPJF.

A manera de conclusión

Como los precedentes demuestran, es factible que, ante la reiterada omisión de la autoridad responsable –en este caso la Cámara de Diputados- el TEPJF designe a un consejero electoral. Aunque se trata, efectivamente, de un suplantamiento de funciones, el desacato continuo a un fallo judicial, así como la importancia de la integración total del IFE, en tanto autoridad administrativa fundamental en el sistema democrático mexicano, justifica una situación extraordinaria de este tipo, pues, es tarea de los tribunales constitucionales contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la garantía de los derechos fundamentales, incluso frente a las omisiones de otros poderes.

Sin embargo, como puede verse, tampoco se trata de un procedimiento sencillo y expedito. Este tipo de designaciones tiene que considerarse como un último recurso ante situaciones extraordinarias y, de aplicarse, deberán ponderarse con cuidado los pros y los contras que tendrá la designación de una Consejero Electoral a través de este método, sin olvidar que en un Estado de Derecho ningún poder, órgano u autoridad se encuentra por encima de la Constitución, Tratados Internacionales o la ley.

En estos días en que se discute la creación de una nueva autoridad electoral nacional, se critica la autonomía y la injerencia de las fuerzas políticas en las autoridades electorales locales, y considerando el desarrollo de los dos últimos procesos de designación de consejeros electorales – el actual y el de 2010-2011- consideramos que la falta de designación de un consejero electoral lejos de abonar a fortalecer y consolidar a las autoridades electorales, coadyuva al desprestigio y deslegitimación del sistema democrático en su totalidad. A nuestro parecer el fortalecimiento de las autoridades electorales comienza por un proceso de designación apegado a lo establecido en la ley, en el que se observen los principios de transparencia, máxima publicidad, imparcialidad e independencia.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso a la Información en Article19. Twitter: @pauletta_sofia

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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 Incumplimiento de la cuota para las elecciones de 2013

Con 14 comicios electorales en puerta en este año 2013, mujeres militantes de diferentes frentes partidistas luchan en vano[1] por encontrar un espacio en las listas de candidaturas para diputados locales y ayuntamientos. Este no es un escenario sorprendente: menos del 10% de los municipios del país son presididos por mujeres y la media nacional de mujeres en los congresos locales es de 20% (ver Tabla 1 y 2). Sin embargo, existen dos factores por los que esta situación no debería tener lugar: a) las legislaciones electorales de los estados (Tabla 3) establecen la obligación para los partidos de registrar sus candidatos respetando alguna proporción entre géneros[2] y, b) la base militante de los partidos se compone del mismo número de hombres que de mujeres. 

Entonces, si hay mujeres que militan en sus partidos con la pretensión de contender por cargos de representación popular y existen los mecanismos que aseguran que lleguen a las boletas, ¿dónde se pierden? La respuesta se encuentra en una excepción normativa bien explotada por las dirigencias de los partidos y los institutos electorales locales.

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Tabla 1.  Porcentajes de presidentas y presidentes municipales entre 2005 y 2012

La mecánica de la excepción 

Los códigos electorales e incluso las Constituciones de ciertos estados reconocen  que para que las mujeres logren una representación en la vida pública deben gozar de igualdad en el ejercicio del poder político y, a este efecto, adoptan medidas  como las cuotas. Sin embargo, la mayoría de los textos legales, al igual que el COFIPE[3], exceptúan aquellas candidaturas de mayoría relativa emanadas de un “proceso de selección democrático”. Este es un concepto tautológico que se refiere a cualquier método que decida la cúpula partidista, sea una convención de delegados a mano alzada o bien, una designación directa de la dirigencia, siempre y cuando esté contemplada en los estatutos.

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Tabla 2

La mecánica de la excepción funciona de la siguiente manera:

a) En la etapa preparatoria de los comicios, los institutos electorales acuerdan los lineamientos de registro de candidatos en los que reiteran el criterio de equidad o paridad, así como su excepción;

b) A su vez, los comités estatales de los partidos expiden las convocatorias para la postulación de candidatos y determinan que la totalidad de los candidatos de mayoría relativa serán electos “de manera democrática” y, finalmente,

c) Los consejos electorales validan las listas presentadas, incluso si aparecen solo 10% de candidatas.

 tabla3Tabla 3

A pesar de que existe un sólido antecedente, la resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano (JDC) número 12624[4] en el  que la Sala Superior determinó que la excepción no podía ser invocada y obligó a los partidos registrar militantes mujeres para las elecciones federales del 2012, las autoridades estatales y los partidos siguen incumpliendo. Un ejemplo viene bien.

Caso Chihuahua

A finales de abril dos militantes del PAN y dos del PRD[5]  impugnaron el Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Chihuahua (IEEC), en el que se establecían los lineamientos y criterios para el registro de candidatos a Diputados, Miembros del Ayuntamiento y Síndicos para el actual proceso electoral.

En síntesis, las militantes denunciaban en sus escritos de demanda el hecho que el Instituto relegaba la obligación de cumplir con el criterio paritario en las listas de candidaturas, 50-50 de cada género, con la fórmula “los partidos políticos procurarán, en la medida de lo posible, registrar formulas del mismo sexo”.

El pasado 15 de mayo, un día antes del inicio del periodo de registro de candidaturas, la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)[6] ordenó al Instituto respetar la paridad de género, haciendo caso omiso de las excepciones contempladas por la ley electoral, esto es, inaplicando la norma al caso concreto[7].

Si bien el criterio establecido por la Sala no fue reiterado en cinco casos para, de esta manera, crear jurisprudencia, la resolución[8] tiene una enorme trascendencia por los argumentos en los que se sostiene la decisión de los magistrados. A diferencia del criterio que había adoptado la SCJN[9] en varias acciones de inconstitucionalidad, la Sala de Guadalajara estableció que las cuotas de género, de conformidad con el bloque de constitucionalidad previsto por el artículo 1° de la Constitución, tienen fundamento tanto en la Constitución como en los tratados[10] . La resolución también se distinguió del JDC-12624 resuelto por la Sala Superior al establecer la inaplicación del precepto por ser inconstitucional. Respecto a este último punto es relevante señalar que si bien la Sala Superior optó por una interpretación que maximiza la aplicación de las cuotas, de haber inaplicado la norma hubiera creado un criterio con mayor impacto en las autoridades electorales.

Una medida legislativa no es una política de Estado

Aunque los partidos rehúyan las cuotas alegando que su libertad de auto-organización prepondera frente al derecho de igualdad en el ejercicio del poder de las mujeres, éstas han probado su  eficacia como lo demuestra la composición de la actual legislatura [11], compuesta de casi 37% de legisladoras, mientras que en la Legislatura LIX (2006-2009) [12] el 23% de los escaños en la cámara de diputados eran ocupados por mujeres.[13]

 Sin embargo, esta medida legislativa no alcanza a resolver el espectro de obstáculos[14] que enfrentan las mujeres en el terreno de la política, ni asegura su presencia en cargos de máximo nivel decisorio.  Habrá que esperar que el trabajo de esta legislatura colme estas carencias[15].

tabla4

Tabla 4

En todo caso, cabe señalar que el tema no parece tener un lugar claro en la agenda que ha delineado el Ejecutivo a travésdel Plan Nacional de Desarrollo. Si bien el documento define a grandes rasgos la política sexenal, no precisa concretamente las políticas públicas que se llevarán a cabo,  pero sí establece de antemano cuales serán los indicadores con los cuales serán evaluadas. En el caso de la política de equidad de género se estableció el Índice de Desigualdad de Género que se compone de  5 indicadores[16]. De los cuales uno “mide” la participación política por el número de escaños parlamentarios que ocupan las mujeres. Esta medición revela, por ejemplo, que no se considera la participación política de las mujeres a nivel del poder ejecutivo,  en los de cargos de decisión de la administración o en los ayuntamientos.

Las cuotas han sido una herramienta importante en la materialización de los principios constitucionales de igualdad y participación al posibilitar el acceso de las mujeres a los curules. Sin embargo, los avances obtenidos a nivel federal no pueden ocultar los rezagos que existen en la materia a nivel estatal.

Daniela Muñoz Levy. Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM. Twitter:


[1] En Oaxaca, la mayoría de los partidos, con excepción del PAN y del PRI, presentaron listas que no cumplen con las  cuotas, y se adelanta que las candidatas están relegadas en los municipios más débiles.  http://www.nssoaxaca.com/columnas/90-rosy-ramales/48548-candidaturas-sorpresas-y-campanas-iy-la-cuota-de-genero . En Quintana Roo fue revocado por la Sala Regional del TEPJF el acuerdo del Instituto Electoral del Estado por que se aprobó las planillas de candidatos independientes que no respetaban las cuotas de género http://sipse.com/novedades/ordenan-cumplir-couta-de-genero-a-candidatos-independientes-32964.html.  En Tamaulipas, el descontento de las militantes se contuvo a pesar del incumplimiento de los partidos http://www.gaceta.mx/noticia.aspx?idnota=53750. Y finalmente, en http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=870693

[2]International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) define las cuotas como: una forma de acción afirmativa para ayudar a superar los obstáculos que les impiden ingresar en la política del mismo modo que sus colegas masculinos http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm

[3]La norma prototípica es la del artículo 219 del COFIPE “1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad 2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido”. Sin embargo la excepción del COFIPE ha sido suprimido por el criterio de jurisprudencia 16/2012

[4]En noviembre de 2011 un grupo de mujeres, con y sin partido, agrupadas en la red Mujeres en Plural presentó un Juicio para la Protección de Derechos Políticos del Ciudadano ante la Sala Superior del TEPJF, quién resolvió ordenar al IFE, y a los partidos y coaliciones, respetar la cuota de género en los términos establecidos en el primer párrafo del artículo 219 del Cofipe, sin excepción.

[5]Alma Ivette Rodríguez Chacón, Monserrat Elvira Villarreal Torres, Olivia Alicia Sáenz Estrada y Blanca Amelia Gámez Gutiérrez

[6]Por tratarse de una controversia relativa a un acto de la autoridad local, el Instituto Electoral de Chihuahua, en el marco de las elecciones de diputados locales y ayuntamientos, fue la Sala Regional de Guadalajara quién resolvió en  única instancia y en forma definitiva e inatacable. 

[7] Hasta la fecha el IEEC no ha acatado la sentencia. Una de las militantes presentó un recurso de inejecución, y se está a la espera que la Sala resuelva y ordene por nueva cuenta que se cumpla con la Ley.

[9]Acción de Inconstitucional 63/2009 y sus acumulados 61/2009 y 65/2009 y 57/2012 y sus acumuladas 58/2012, 59/2012 y 60/2012

[10] Convención sobre la Eliminación de  Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém Do Pará”

[11]En el Informe de México ante la CEDAW, “el Comité toma nota con reconocimiento de las modificaciones realizadas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2008, que introdujo un sistema de cupos de género para registrar a los candidatos en una proporción de 40:60, y acoge con beneplácito los resultados preliminares de las elecciones federales (2012), que indican que el 36,46% de los escaños del Congreso Nacional serán ocupados por mujeres” http://132.247.1.49/PAPIME306511/pdfs/Anex2_ObservcsfinalesCocedaw.pdf.

[13]Asimismo, en el terreno internacional el Inter-Parliamentary Union[13] publicó en 2012 un informe titulado Women in Parliament en el que se puntualiza que en los 22 de los 48 países en los que se celebraron elecciones ese año que contemplan cuotas, las mujeres tuvieron un 24 por ciento de los escaños parlamentarios, mientras que en los países en donde la medida no existe las mujeres tomaron sólo el 12 por ciento de los escaños.

[14] Angélica Bernal los agrupa en tres categorías fundamentales: i) obstáculos de partida, relacionados con la carencia de destrezas, conocimientos y oportunidades para participar en el juego político en igualdad de condiciones con los hombres; ii) obstáculos de entrada, derivados de la cultura en la que persisten estereotipos sobre los roles que deben desempeñar las mujeres en la sociedad, y que las alejan de la esfera pública, y iii) obstáculos de permanencia, que tienen que ver con la forma como se desarrolla el quehacer político. ¿Qué es ganar y qué es perder en política?: los retos en la participación electoral de las mujeres. (1999, 4 de julio). Museo de la Ciencia y el Cosmo [en línea]. Tenerife: Trujillo, W. M. Recuperado el 23 de junio de 2011, de http://www.mcc.rcanaria.es. Citado  en Ley de Cuotas en Colombia: avances y retos
Diez años de la Ley 581 de 2000, Documento de Discusión No. 13 elaborado por DeJusticia

[15]En Colombia, Panamá y Ecuador, por ejemplo han establecido legalmente la obligación de incluir mujeres en los cargos de decisión.

[16]1) Tasa de Mortalidad Materna.
2) Tasa de Fecundidad Adolescente.
3) Mujeres y hombres con al menos educación secundaria completa.
4) Participación de mujeres y hombres en escaños parlamentarios.
5) Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral.

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El tema de las candidaturas independientes (en lo sucesivo C.I.) no es nuevo en nuestro país. Sin embargo, las coordenadas del debate han cambiado a partir de la reforma constitucional en materia político-electoral del 9 de agosto de 2012 y de lo recién resuelto por la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad referidas a reformas en Durango, Zacatecas y Quintana Roo –entidades que han establecido una regulación específica sobre las C.I.

Así, uno de los primeros puntos a mencionar a partir de la reforma señalada, es la presencia de una tensión latente en el texto constitucional. En efecto, mientras el artículo 35 constitucional establece que las C.I. forman parte del derecho político-electoral a ser votado, en otra parte de la Constitución (artículo 116, fracción IV, inciso e) se establece que en las entidades federativas los partidos políticos tendrán de manera exclusiva la posibilidad de registrar candidatos en una competencia electoral. Esto resulta contradictorio pues por una parte la Constitución identifica a las C.I. como una manera de hacer posible el derecho a ser votado, mientras que por otro restringe esa posibilidad en el ámbito local.

Sin embargo, se trata de una aparente contradicción. La Corte en la acción de inconstitucionalidad de Durango determinó que no había tal, pues el problema se resuelve mediante el transitorio tercero de la propia reforma constitucional, el cual establece que las entidades federativas deberán adecuar su legislación a dicha reforma.[1] Y es con motivo de ese transitorio que algunas entidades federativas han establecido regulaciones en torno a las C.I. En todo caso hubo una mala técnica constitucional pues lo congruente hubiera sido eliminar la exclusividad de los partidos políticos para postular candidatos y hacer congruente todos los artículos de la Constitución.

Una vez establecidas en la Constitución a las C.I. como una variante del derecho a ser votado, el debate actual se referirá a cómo debe ser la regulación de tal figura, sobre todo en temas como su financiamiento o las reglas de acceso, pues sólo así se verá si se trata de buenos deseos o en verdad se busca potencializar un derecho de una manera responsable y razonable. Es por ello que se torna importante revisar, aunque sea someramente, lo resuelto hasta el momento por la Corte.

En el caso de Durango, debe señalarse que simplemente se incluyeron en el texto constitucional local, sin regular propiamente tal figura. Pero lo realmente importante de ese precedente fue que la Corte determinó que de acuerdo con la Constitución federal, las legislaturas locales tienen amplias facultades de libre configuración para regularlas y todavía se encuentran dentro del plazo para establecer dicha regulación (hasta el 10 de agosto de 2013).[2] Así, este es el primer estándar constitucional de suma importancia en torno a la subsecuente regulación de las C.I. La definición que vendrá será precisamente en torno a cuales serán los límites a esa libre configuración legislativa de los Estados.

En el caso de Zacatecas, el problema es más complejo pues la legislatura intentó una regulación de las C.I. con un nivel importante de detalle. Uno de los puntos más controvertidos fue el relativo al reembolso de hasta el 50% de los gastos máximos erogados, al C.I. ganador en su respectiva campaña. Es decir, el modelo establecido es de autofinanciamiento al inicio de la campaña y sólo será reembolsable (en un 50%) en caso de ser el ganador. La Corte determinó la constitucionalidad general de dicho diseño estatal, sin perjuicio de que algunos ministros señalaron problemas de constitucionalidad específica.[3] Las preguntas quedan al aire: ¿Qué modelo debe ser el financiamiento de las C.I.? ¿Privado o público? Si es mixto, ¿en qué porcentajes?

Respecto a la acción de inconstitucionalidad de Quintana Roo, la Corte ratificó el criterio consistente en la libre configuración legal de las C.I. por parte de las entidades federativas. Con ello parece ser que la Corte le inyecta un carácter federalista al reivindicar el ejercicio legislativo de las entidades federativas.

Otro de los aspectos cuestionables de la legislación de Quintana Roo fue el que podría llamarse el boleto de entrada a la competencia electoral de las C.I. Es decir, sobre los requisitos de acceso al proceso electoral. Uno de ellos consistía en que para participar una C.I. debería reunir el apoyo del 2% de ciudadanos del padrón de su respectiva demarcación, número equivalente a 19,000 ciudadanos según datos recientes. No obstante, una mayoría de 6 ministros se manifestó por la inconstitucionalidad de ese requisito en virtud de ser demasiado exigente, si se compara con los requisitos para obtener el registro como partido político -que de acuerdo a un dato reciente sería de alrededor de 15,000 ciudadanos. Pero a pesar de que 6 ministros optaron por la inconstitucionalidad, al no alcanzar la mayoría calificada requerida de 8 ministros, se desestimó la acción de inconstitucionalidad en este aspecto y se mantuvo la validez de dichas normas.[4]

El acceso a los medios de comunicación fue también parte importante en el caso de Quintana Roo. En este punto se consideró constitucional la norma legal que establecía que para el acceso a televisión, por ejemplo, el instituto electoral local le dará aviso al IFE. Se consideró constitucional por no existir una invasión en la esfera competencial del IFE, pues dicho aviso no implica la obligación de otorgarle ese espacio. Falta aún, por supuesto, el debate por la definición constitucional de dicho acceso.

Por otra parte, en ese mismo asunto, un aspecto clave fue la representación proporcional y las C.I. En la demanda, los partidos políticos planteaban la inconstitucionalidad al no preverse la representación proporcional de la votación recibida por las C.I. La Corte consideró al final que la falta de previsión legal no es inconstitucional pues es parte de la libre configuración de las legislaturas locales y ese fue el modelo escogido por Quintana Roo. Sin embargo, y esto es lo realmente interesante, se dejó entre ver que esto no es una medida absoluta, ya que en caso de regularse el sistema de representación proporcional para las C.I. podría ser viable constitucionalmente. A pesar de que el sistema de representación proporcional está pensado en principio exclusivamente para el régimen de partidos políticos.

Estos precedentes, aunque en contextos constitucionales distintos, se suman a una colección de sentencias sobre las C.I. Desde los importantes casos Michoacán[5] o Las Vigas, Veracruz[6] hasta llegar al caso Clouthier[7], todos resueltos por la Sala Superior del TEPJF; así como las acciones de inconstitucionalidad de Yucatán[8] y del Cofipe[9] resueltas por la Corte, sin olvidar el caso Castañeda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Todas ellas han marcado una clara línea jurisprudencial sobre las C.I. y han esbozado varios aspectos al respecto. No obstante, me quedo con el comentario final del ministro presidente de la Suprema Corte en el caso de Quintana Roo: la discusión de las C.I. y su constitucionalidad es un tema en plena construcción y está lejos de quedar absolutamente definida, de ahí que tanto el legislador, la Corte como el TEPJF realizarán definiciones importantes en el futuro.

 

Arturo Ramos Sobarzo. Profesor de la clínica de derecho electoral en la Escuela Libre de Derecho. Labora en el área académica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Twitter: @ArthurRSob

NOTA: Los comentarios aquí vertidos son obra exclusiva de su autor y no representan ninguna posición oficial de las instituciones a las cuales pertenece.


[1] De hecho en la acción de inconstitucionalidad 50/2012 (Durango) se concluye que no hay antinomia a partir de una interpretación sistemática y armónica que hace patente el cambio en el Constituyente Permanente, incluso un criterio cronológico disuelve la aparente contradicción.

[2] En la acción de inconstitucionalidad se planteaba que al no regular las C.I. se incurría en una inconstitucionalidad por omisión.

[3] Se trata de la A.I. 57/2012 y la votación final quedó 6 a 5 por la constitucionalidad general del diseño zacatecano. Cabe señalar que el ministro Fernando Franco González Salas manifestó por la inconstitucionalidad de todo el sistema derivado en términos generales por la inconsistencia y lagunas en diversos aspectos de las C.I. Por otro lado, el ministro Arturo Zaldívar se pronunció por la inconstitucionalidad en cuanto al financiamiento por no permitir la participación de las C.I. de manera equitativa en comparación con los partidos políticos.

[4] Cabe señalar que dentro de la propia Corte hay una discusión sobre los efectos en una circunstancia con la señalada, pero en resumen las normas impugnadas son vigentes.

[5] SUP-JDC-37/2001.

[6] SUP-JDC-713/2004.

[7] SUP-JDC-612/2012.

[8] A.I. 28/2006.

[9] Nos referimos a la A.I. 61/2008 relativa al cuestionamiento del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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Ahora que ha concluido el proceso de designación de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es posible hacer un balance del mismo. Como todos los procesos con características similares existen elementos positivos que destacar, así como cuestiones negativas que no pueden dejar de mencionarse. La experiencia que deja este proceso, permite una serie de cuestionamientos respecto de este tipo de designaciones que conviene apuntar al menos brevemente.

En primer lugar, es necesario hacer hincapie en la casi nula publicidad que recibió este proceso de designación. Dejando de lado el poco seguimiento que se dio en medios al mismo, -que aunque consideramos lamentable, no es materia de este breve análisis- tampoco los poderes encargados de desahogar el mismo realizaron un esfuerzo significativo en hacerlo del conocimiento de la opinión pública, de la manera más amplia posible. Ni en la parte del procedimiento que se realizó en sede de la Suprema Corte de Justicia ni en la correspondiente al Senado de la República se efectuó una labor de difusión sobre la designación que se estaba llevando a cabo.

Por otra parte, la transparencia del proceso fue de claroscuros. En general, los tiempos que siguieron tanto ministros de la Corte, como los Senadores no fueron del todo claros. Del mismo modo, la información respecto de las diversas etapas del proceso, los plazos de duración de cada una y los criterios bajo los cuales se determinarían los perfiles idóneos nunca fueron dados a conocer. De nueva cuenta se conocen –a medias- los procedimientos pero no las razones, la parte sustantiva del análisis, lo que nos permitiría saber si quienes llegaron son o no los indicados. En este sentido, destaca penosamente el procedimiento de designación elegido por la Suprema Corte que fue enteramente discrecional y opaco. Sin embargo, es necesario hacer notar el esfuerzo que hizo la comisión de justicia de la Cámara de Senadores publicando los perfiles de los 45 candidatos que lograron llegar a esta parte del procedimiento, así como la comunicación que mantuvieron algunos de sus integrantes con quienes estaban interesados en seguir esta designación. Aunque no es suficiente, constituyen buenos indicios que vale reconocer y tomar como ejemplo para los siguientes procesos de designación.

En segundo lugar, vale es necesario detenerse en uno de los elementos claves del formato elegido tanto por la Corte como por la comisión de justicia: las comparecencias. En general, consideramos que el formato elegido para las mismas, los tiempos designados a cada aspirante y el contenido no generaron convicción suficiente para arribar a conclusiones sobre la capacidad y experiencia de los aspirantes, además de que dejan un amplio margen de discrecionalidad. De la misma forma, tampoco sabemos cuál es su impacto en la decisión final de quienes eran los encargados de elegir a los mejores perfiles, dado que ni en el listado enviado por la Suprema Corte al Senado o el dictamen de la comisión de justicia del Senado, respectivamente, se reflejó la incidencia que éstas tuvieron –si es que lo hicieron- en el resultado final. En este sentido, si tomamos en consideración el tiempo que se tomó en realizar estos ejercicios en ambas sedes frente al impacto de los mismos, llegamos a la conclusión de que son poco útiles. Creemos que es necesario explorar otro tipo de mecanismos más eficientes que logren combinar elementos objetivos de evaluación y ejercicios que abonen en la legitimación tanto de los actores que llevan a cabo la designación como a los funcionarios que sean seleccionados a través de la misma.

Finalmente, vale la pena destacar tres cuestiones fundamentales de la última étapa del procedimiento, es decir, de la realizada en las últimas semanas por la comisión de justicia del Senado de la República. En primer lugar, es de celebrarse la rapidez con la que fue desahogado el procedimiento, tomando en consideración el número de cargos que debían ser evaluados. En segundo lugar, merece destacarse la capacidad y especialización de casi todos los ahora magistrados. Como ya habíamos señalado, desde el inicio de este procedimiento destacó la capacidad y la trayectoria de la mayoría de quienes lograron entrar a la lista de sesenta candidatos propuesta inicialmente por la Suprema Corte, más adelante, el trabajo de discriminación de la comisión de justicia reconoció a una buena parte de estos perfiles. Por último, consideramos que la inclusión de cuota de género dentro de la conformación de las Salas, privilegió injustamente a las pocas mujeres que contestaron a la convocatoria pública  y pasaron las etapas correspondientes (al Senado llegaron únicamente 8 mujeres).

En síntesis, consideramos que, si bien fue un procedimiento de designación exitoso, que logró el cometido de designar a quince funcionarios en un plazo muy breve de tiempo y que los perfiles de quienes integran estas Salas son, en su mayoría, de experiencia y especialización que puede comprobarse, aún quedan aspectos importantes que deben ser mejorados. Entendemos que este tipo de procedimientos no pueden sustraerse del todo del componente político. Sin embargo, considerando que la designación que realicen impactará directamente en la consolidación y legitimación de una institución fundamental para la democracia mexicana, el proceso de designación podría realizarse bajo parámetros más objetivos a fin de limitar el margen discrecional que por la naturaleza del mismo implica a través de procedimientos más claros y razones públicas.

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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Después de un accidentado proceso al interior de la Suprema Corte de Justicia para conformar las ternas de candidatos para elegir a 15 magistrados electorales de Salas Regionales, ahora le corresponde al Senado de la República revisar el perfil de estos abogados y escoger a los nuevos magistrados cuyas votaciones definirán en buena medida el rumbo de los conflictos post-electorales de los próximos años. En este contexto, los autores que le han dado puntual seguimiento a este importante proceso de designación (aquí, aquí y aquí), proponen ahora una serie de preguntas mínimas que los Senadores debiesen formularle a los candidatos para cumplir con su responsabilidad de escrutinio público.

Consideramos que elegir el perfil idóneo para ser magistrado electoral implica dos aspectos fundamentales:

  •  Demostrar un amplio conocimiento de la materia electoral, conocer y entender la legislación en la materia (Constitución, COFIPE, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y legislaciones locales, así como instrumentos internacionales), así como los criterios emitidos por las autoridades electorales y su evolución a lo largo de los más de 20 años de justicia electoral el México.
  • Conocer el manejo institucional del Tribunal Electoral (TEPJF), entender  los retos que enfrenta la institución, los aspectos en los que se debe fortalecer la impartición de justicia y tener un panorama claro de la finalidad primordial de la institución: generar certeza y equidad en los comicios y garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales.

Por ello, planteamos algunas preguntas que consideramos útiles para conocer la idoneidad de los aspirantes respecto de los aspectos anteriores.

1. ¿Cuál el es principal reto que enfrentan las Salas Regionales en la impartición de la justicia electoral de cara a los próximos procesos electorales (federales y locales)?

2. ¿Cuál es su opinión de los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración al impugnar las sentencias de las Salas Regionales?

3. ¿Considera que el juicio de inconformidad para impugnar los resultados de las elecciones sigue siendo vigente o propondría alguna modificación?

4. ¿Los medios de impugnación vigentes siguen teniendo utilidad práctica o deberían ser objeto de alguna reforma? ¿Qué propone?

5. ¿Cree que el actual sistema de competencias de las Salas del TEPJF es idóneo de acuerdo a las funciones y facultades de las Salas Regionales respecto de la Superior? ¿Qué le modificaría?

6. ¿De qué forma fortalecería la actuación y definitividad de las Salas Regionales a efecto de que su papel en la impartición de la justicia electoral tenga mayor peso?

7. ¿Qué propone usted para que las sentencias sean más amigables para el ciudadano?

8. ¿Cómo sugiere que se acerque la justicia electoral al ciudadano?

9. ¿De qué manera difundiría el trabajo del TEPJF a fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus funciones en la actividad jurisdiccional?

10. ¿Considera que el sistema de nulidades en materia electoral que rige actualmente puede ser modificado? ¿Qué reformas propondría?

11. ¿Cómo podrían llevarse a cabo procesos de selección de candidatos y dirigentes al interior de los partidos políticos de una manera más democrática?

12. ¿Qué puntos considera esenciales para hacer que las candidaturas independientes garanticen de manera eficaz el derecho al voto pasivo de los ciudadanos?

13. Adicionalmente a la resolución de los medios de impugnación que sean de su conocimiento, ¿cómo pueden contribuir las Salas Regionales al fortalecimiento de la democracia en la circunscripción que le corresponde?

14. ¿De qué forma las Salas Regionales pueden contribuir a legitimar a las instituciones democráticas de nuestro país?

15. Las elecciones por usos y costumbres han generado conflictos electorales en diversos municipios, ¿de qué manera deben considerarse estos factores al resolver un asunto vinculado con este tipo de elecciones?

16. La justicia electoral ha evolucionado desde el contencioso-electoral hasta el actual tribunal electoral que pertenece al Poder Judicial de la Federación ¿Cuál sería el siguiente paso para lograr una justicia electoral que contribuya al fortalecimiento de nuestra democracia

17. ¿Qué opina de la pertinencia de tener una ley de partidos en México?

18. En los últimos años hemos visto una gran judicialización de las elecciones, ¿cómo contribuye esto al fortalecimiento del sistema democrático en nuestro país?

19. Ahora el TEPJF tiene facultades para inaplicar legislación en materia electoral por ser contraria a la Constitución, ¿cuál es el papel que debe asumir un magistrado electoral con facultades constitucionales al momento de calificar una elección?

20. ¿El control de convencionalidad es aplicable dentro de la calificación de una elección?

21. ¿Cuál debe ser la posición de una Sala Regional respecto de la consolidación de la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF?

22. ¿Qué opinión le merece la resolución de la Sala Superior respecto de la no aplicación del párrafo 219 del COFIPE en materia de género?

23. ¿Considera usted que los magistrados deben aceptar audiencias de oídas? ¿De hacerlo, bajo qué parámetros deben ser realizadas?

24. ¿Cuál es su posición respecto de la aplicación de estándares internacionales y jurisprudencia de organismos internacionales en la materia electoral?

25. ¿Cómo mejoraría usted la comunicación y la interacción entre las Salas Regionales y la Sala Superior del TEPJF?

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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Como cierta marca de vodka que presume haber sido destilado un montón de veces; después de tres procesos de depuración, la Suprema Corte ha enviado al Senado las quince ternas –tres por cada una de las Salas Regionales- de candidatos a integrar las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Concluyendo de esta manera la primera parte de la participación –llena de asegunes y, como ya señalamos en anteriores posts aquí y aquí, de una enorme discrecionalidad- de la Corte en este proceso.

Así, el día de hoy, la Corte envió las quince ternas que pueden ser consultadas en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora corresponde al Senado y de forma específica a su Comisión de Justicia, procesar esta última etapa que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 198, inciso d), así como el artículo quinto transitorio del decreto publicado el 1 de julio de 2008, ambos de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, da al Senado un plazo de 15 días a partir de la recepción de las ternas para analizar y discutir –esperemos que de forma pública- la idoneidad de los candidatos propuestos por la Corte y someterlas a votación del Pleno, en la que los candidatos deberán lograr el voto de las dos terceras partes.

De no ser así, la Suprema Corte tiene un plazo de tres días para enviar una nueva propuesta por cada una de las ternas rechazadas, que deberá desahogarse a más tardar cinco días después de haber sido recibida. En este caso, las ternas de esta eventual segunda vuelta se conformarán con los candidatos que ya participaron en el proceso (queda a discreción de la Corte si se tomará en cuenta la lista de 60 candidatos o la de 45), sin importar si éstos ya fueron rechazados dentro de otra terna.

Aunque el procedimiento establecido por la ley es más o menos similar al que se sigue para la designación de ministros de la Corte y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral –con los mismos vacíos legales y espacios de discrecionalidad en cuanto al establecimiento de los métodos de evaluación, por desgracia- este proceso en particular presenta características específicas que vale la pena mencionar.

En primer lugar, es la primera vez que tanto la Corte como el Senado tienen que desahogar en un solo proceso la designación de tantos funcionarios públicos, ya que en 2008 únicamente se eligieron a tres magistrados de Sala Regional faltantes y, en otros casos, como en el reciente procedimiento para la selección de ministros, únicamente se llenaron dos vacantes. Esto implica que, en el actual proceso de designación de magistrados electorales de Salas Regionales se ha tenido que seleccionar un número considerablemente mayor de aspirantes para poder conformar 15 ternas que deberán ser presentadas ante el Senado. Esto se debe a que de acuerdo con los establecido en la reforma constitucional electoral de 2007, donde se definió las Salas Regionales fuesen permanentes se determinó que sería en 2013 donde se renovarían en su totalidad las mismas, para iniciar el escalonamiento en sus posteriores renovaciones.

La renovación escalonada nos lleva al siguiente punto interesante a considerar: la determinación de la duración del cargo de cada magistrado. Para poder realizar un cambio cada tres años como lo establece la ley, es necesario que en esta ocasión que se renuevan por completo todas las Salas, de forma excepcional, un magistrado de cada Sala dure en su encargo únicamente tres años, otro seis y sólo uno de ellos complete el periodo los nueve años que señala la ley como ordinario. En este tema, corresponderá al Senado tomar esta decisión que, en nuestra opinión, debería dejarse a un sorteo, ya que los demás mecanismos que podrían explorarse tienen posibilidades de contaminar el proceso con decisiones arbitrarias o impositivas.

Por último, queda el análisis –que desconocemos si hicieron los ministros al momento de integrar las ternas- acerca de la idoneidad de cada candidato para cumplir sus funciones dentro de una Sala en específico.  Aunque sus facultades son las mismas y comparten los rasgos generales de la problemática a la que van a enfrentarse, la determinación de cada circunscripción, es decir las entidades federativas dentro de las cuales tiene jurisdicción cada una de las Salas Regionales, le marca a cada una pauta específica a seguir, determinada por las leyes electorales locales cuya aplicación tendrán que observar.

En este sentido, hemos identificado algunos temas que representan una problemática específica de cada Sala que no estaría de más que se tomaran en consideración al momento de votar la conformación de estas Salas. Recordemos que, aunque la Suprema Corte ya señaló la posible integración de cada Sala, el Senado aún tiene la posibilidad de rechazar la misma y esperar a la eventual selección de un candidato con mejores habilidades para entender la particularidad de dichos problemas.  Aquí un breve descripción de las Salas:

Sala Guadalajara -primera circunscripción- se encuentran los estados de Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, Chihuahua, Durango y Sonora. De 1997 a la fecha la Sala ha resuelto 33,982 asuntos, principalmente juicios ciudadanos y de revisión constitucional electoral. Actualmente tiene una jurisprudencia vigente derivada de un criterio sostenido por la presente integración.

Sala Monterrey -segunda circunscripción- su jurisdicción es sobre Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas. En el periodo de 1997 a la fecha la Sala Monterrey ha resuelto un total de 5,973 medios de impugnación, en su mayoría juicios ciudadanos. Actualmente tiene una jurisprudencia vigente derivada de un criterio sostenido por la presente integración. En Zacatecas ya existe regulación sobre candidaturas independientes.

Sala Xalapa -tercera circunscripción- ejerce jurisdicción en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, entidades, la mayoría de ellas, en las que se realizan elecciones bajo el sistema de usos y costumbres. En la Sala Xalapa se han resuelto 8,603 asuntos de 1997 a la fecha, en su gran mayoría juicios ciudadanos. No cuenta con jurisprudencia. En algunas de las entidades en las que la Sala tiene jurisdicción ya se han regulado las candidaturas independientes –Quintana Roo y Yucatán-.

Sala Distrito Federal -cuarta circunscripción- le corresponde conocer respecto de asuntos del Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Esta Sala ha dictado sentencia en 15,478 medios de impugnación de 1997 al día de hoy, de los cuales los juicios ciudadanos constituyen el mayor número. Actualmente tiene una jurisprudencia vigente derivada de un criterio sostenido por la presente integración.

Sala Toluca -quinta circunscripción- en donde se encuentran los estados de Colima, Hidalgo, México y Michoacán. En la Sala Toluca se han resuelto 5,614 medios de impugnación a la fechan.

Lo anterior, revela ciertas características que deberían considerarse respecto del perfil de los magistrados que deben integrar cada Sala Regional, pues acorde a las peculiaridades de la legislación de las entidades federativas que integran cada circunscripción es que se presentan diferentes retos.

En general, estimamos que un reto para todas las Salas Regionales sería la generación de criterios relevantes que se puedan traducir en jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues al ser sus sentencias de carácter definitivo[1], y contar con facultades de control constitucional, ello contribuiría a una justicia electoral con parámetros más claros. Ahora bien, como se advierte de lo señalado, la carga de trabajo en las Salas varía, en su mayoría conocen de juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, sin embargo, los temas pueden no ser similares, pues en algunos casos versarán sobre candidaturas independientes y en otros usos y costumbres, a ello habría que adicionarle el contexto político que se vive al interior de cada entidad federativa.

Como puede verse, este proceso de designación ha sido complejo. La conformación de órganos judiciales claves para el buen funcionamiento del sistema electoral mexicano, cada uno con características particulares que exigen un análisis cuidadoso de los perfiles presentados en la Corte y el Senado, no es una operación menor. Al respecto, el trabajo de la Suprema Corte ha sido mediocre. Por lo menos en términos de transparencia y justificación de su selección, pues a la fecha la ciudadanía no puede conocer los perfiles de los candidatos seleccionados ni las razones que tuvieron los ministros para hacer sus elecciones en cada una de las eliminatorias. Sería óptimo que ahora el Senado marque una nueva pauta y el mecanismo por medio del cual se discuta las ternas propuestas, así como las votaciones respecto estás sean públicas. No hay que olvidar que en estos procesos de designación está en juego el fortalecimiento institucional y la construcción de legitimidad que tanto necesitan los órganos electorales.

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia


[1] Salvo aquellas que son impugnables ante la Sala Superior a través del recurso de reconsideración, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

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El lunes 7 de enero se realizó la primera etapa del proceso de designación de los 15 magistrados que integrarán las Salas Regionales del TEPJF, la cual consistió en depurar la lista inicial de 174 aspirantes que respondieron a la convocatoria para enviar a la Comisión de Justicia del Senado las ternas correspondientes, de manera que se redujera a una cifra entre 50 y 90 aspirantes.

A partir de un procedimiento complicado que, aunque se había explicado previamente en las reglas emitidas por la Suprema Corte de Justicia, resultó confuso y difícil de seguir, los ministros pasaron uno a uno a registrar su voto. Posteriormente, estos votos se computaron y aquellos que obtuvieron un mínimo de 8 votos conformaron una nueva lista de 60 integrantes que el día 14 de enero deberán comparecer ante el Pleno de la Suprema Corte.

No puede soslayarse que esta etapa se desarrolló con un amplio margen de discrecionalidad por parte de los ministros, quienes emitieron sus votos sin una motivación que justificara el sentido del mismo. A diferencia del proceso de designación de 2008, en donde la depuración de la lista inicial de aspirantes se sustentó en un examen teórico y uno práctico de conocimientos electorales; en esta ocasión los elementos de valoración de los que se valieron los ministros no son claros. Hasta el momento desconocemos las razones que tuvo cada uno de los ellos para seleccionar a sus candidatos. Tampoco sabemos cuál fue la lógica que los llevó a establecer el número de 90 candidatos, que a la postre resultó demasiado alto.

Más allá de las deficiencias ya señaladas, y a partir de la nueva lista de 60 candidatos, en estos momentos los ministros tienen en sus manos la delicada tarea de analizar de nuevo los perfiles  y la comparecencia de cada uno de los candidatos que lograron pasar este “hit eliminatorio” para seleccionar a quienes sean los más idóneos para ocupar estos cargos. Consideramos que la designación de un cargo de esta envergadura, dadas las funciones que tiene y la especificidad de la materia electoral debe ir más allá

Además de los elementos considerados en el acuerdo de la SCJN, también es fundamental tener en cuenta cuáles serán los temas con los que deberán lidiar quienes sean seleccionados. Los futuros magistrados tendrán que calificar diversos procesos electorales y hasta tres elecciones federales. Por ello es necesario considerar no sólo a los mejores candidatos, sino a quienes tengan mayores capacidades y cualidades para hacer frente a los retos inmediatos y de mediano plazo. Tan sólo en 2013 se llevarán a cabo 14 procesos electorales locales, por lo que serán las Salas Regionales las que calificarán dichas elecciones en las que, además de los asuntos jurisdiccionales ordinarios, es probable que tengan que enfrentarse a la definición de temas delicados o algunos en los cuales pudieran existir imprecisiones u omisiones legislativas.

Como novedad, las Salas Regionales deberán lidiar con el tema de candidaturas independientes, ya que en varias entidades en las que se desarrollan procesos electorales este año, como Zacatecas y Quintana Roo, ya están reconocidas, mientras en otras se encuentran en vía de serlo; tampoco faltarán aspirantes que busquen obtener el reconocimiento de la nueva modificación constitucional por la vía jurisdiccional. De igual manera, estos magistrados serán responsables de resolver las controversias surgidas de los procesos internos de selección donde las cuotas de género, la protección de la igualdad dentro de los partidos políticos y la elección de las dirigencias de los mismos, aún son fuente de conflicto.

Este panorama evidencia la necesidad de seleccionar perfiles que no sólo cuenten con una trayectoria en el ramo electoral, sino que además tengan experiencia previa en materia de justicia electoral que les permita conocer los criterios que actualmente se aplican en la materia, así como, interpretar la normatividad electoral de congruente con el sistema electoral y con la evolución que éste ha tenido, en aquellos casos novedosos que se les presenten.

En este contexto, hemos identificado algunos perfiles interesantes a los que vale la pena dar seguimiento especial. De manera general destacamos 3 grupos de aspirantes: en el primero se encuentran quienes cuentan con amplia experiencia electoral y jurisdiccional por pertenecer o haber pertenecido al TEPJF como secretarios de estudio y cuenta y/o en algún otro cargo directivo; el segundo, es conformado por quienes cuentan con experiencia jurisdiccional por pertenecer en algún momento a órganos jurisdiccionales federales o locales, ya sea en la SCJN, dentro de un Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito o en algún órgano jurisdiccional a nivel local, pero que no necesariamente cuentan con especialización en materia electoral y, finalmente, un tercer grupo de aspirantes que cuentan con experiencia electoral a nivel local por formar parte o haber integrado algún órgano electoral tanto administrativo como jurisdiccional en alguna entidad federativa.

El primer grupo, que representa más del 50% de la lista, se encuentra conformado por un amplio conjunto de secretarios de estudio y cuenta del TEPJF (22 en total). Algunos de ellos han laborado en el Tribunal Electoral desde la anterior integración de Magistrados hasta la fecha. Entre ellos vale la pena analizar detenidamente el trabajo de Hugo Domínguez, Carlos Ferrer, Carlos Vargas, Javier Ortiz, Eugenio Partida, Mauricio del Toro, Enrique Aguirre, Sergio Dávila, Gerardo Suarez, Julio Cruz, Andrés Vázquez, Antonio Rico, Juan Manuel Sánchez, Ignacio López, Omar Espinosa y Enrique Martell.

También se encuentran en la lista 3 secretarios instructores del TEPJF – Juan Carlos Silva Adaya, Adín de León y Janine Otalora – provenientes de las ponencias de los magistrados González Oropeza, Luna Ramos y Nava Gomar; 4 candidatos que actualmente ocupan cargos directivos dentro del Tribunal: Arturo Guerrero (coordinador de jurisprudencia), Gabriel Mendoza (subsecretario de la secretaría general de acuerdos), Marco Zavala, (secretario general de acuerdos, es decir, encargado de verificar todas las actuaciones del TEPJF) y Yairsinio García (coordinador jurídico); así como; 3 secretarios de estudio y cuenta de las Salas Regionales de Guadalajara y Toluca: Rodrigo Moreno y Ricardo Preciado de la primera y Octavio Ramos de la segunda.

Dentro del segundo grupo encontramos perfiles muy diversos. Así, tenemos a 3 magistrados de circuito: Rodolfo Castro (ex secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral), Ramón Cedeño y Eugenio Reyes; a María Amparo Hernández, actual secretaria de estudio y cuenta en la SCJN;  Rodolfo Murga, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz; a Eduardo Hernández (con experiencia electoral) y Óscar Torres, ambos jueces de distrito; Alejandro Santoyo (secretario de estudio y cuenta de un tribunal de circuito) y a Marco Antonio Díaz de León, magistrado del Tribunal Agrario.

Por último, son 12 los candidatos que integran o han integrado órganos electorales locales. Como magistrados: Armando Maitret (D.F.), Aidé Macedo (D.F.), Jaime del Río (Michoacán), Héctor Romero (Estado de México, aunque también fungió como representante del PRD ante el IFE), Hertino Avilés (Morelos), Javier Garza y Garza (Nuevo León), Regina Jiménez (Baja California), José de Jesús Reynoso (Jalisco), Concepción Martínez (Hidalgo), Elena Treviño (Coahuila), Fabián Hernández (Hidalgo), Antonio Oropeza (Puebla).  Y 2 los que forman o han formado parte de algún instituto electoral local: Claudia Beatriz Zavala (D.F.) y José Antonio Aguilar (Estado de México). También ubicamos dentro de este grupo a Aralí Soto, que actualmente desempeña un cargo administrativo en el Tribunal Electoral de Baja California.

Sólo uno de los 60 candidatos que componen esta lista no entra dentro de ninguna de las categorías propuestas: Reyes Rodríguez quien actualmente labora como coordinador de asesores del Senador Roberto Gil (Presidente de la Comisión de Justicia) y que, si bien tiene experiencia laboral dentro del Instituto Federal Electoral, no tiene trayectoria dentro de ningún órgano jurisdiccional.

Como ya señalamos aunque la experiencia en materia no sólo electoral sino también jurisdiccional es un elemento básico a nuestro parecer, es importante que la lista se integre de forma plural, incluyendo a candidatos de cada uno de los tres tipos. La experiencia y conocimiento que pueden aportar en caso de ser electos es diferente y complementaria.

Aunque la trayectoria de estos perfiles evidentemente no determina de manera tajante el desempeño de los candidatos en caso de ser seleccionados, sería óptimo que los ministros de la SCJN tomaran en consideración los principales aciertos y defectos que presenta cada candidato frente a los asuntos más importantes que deberán resolver. También sería deseable que en esta ocasión la conformación de las ternas estuviera acompañada de la publicidad de algunas de las razones que los llevaron a realizar dicha elección. Recordemos que dentro de este procedimiento de designación son los ministros los actores más indicados para identificar los problemas específicos que presenta la materia y a quienes podrían ser los candidatos más idóneos para resolverlos.

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @AESUPD

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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