derechos

Este asunto inicia cuando el magistrado Alba de Alba del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del séptimo circuito interpuso ante el pleno de la Suprema Corte la solicitud[1] de sustitución de la jurisprudencia P. J. 2/97, misma que sostiene que son inoperantes los agravios sobre la violación de garantías individuales por parte de los juzgadores de amparo cuando se presentan mediante el recurso de revisión, ya que este recurso no es un medio de control autónomo, sino un procedimiento que tiene como fin asegurar el óptimo ejercicio de la función judicial, pero limitado a los agravios expuestos en primera instancia.

[A] través del recurso de revisión, técnicamente [2], no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.

El pleno de la Suprema Corte dedicó dos sesiones del mes de noviembre (11 y 12) a la revisión de este asunto, que fue desestimado por no haberse alcanzado la mayoría de 8 votos necesaria. El ministro ponente, Sergio Valls, planteó la cuestión:

Si los jueces de distrito están obligados a realizar un control convencional difuso ex officio y al margen de la materia y de la litis, cuando en la demanda de amparo se alegue que la autoridad responsable violó alguno o algunos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en un tratado internacional suscrito y formalizado por México, y que si, a juicio del quejoso, el juez al resolver viola derechos humanos por no dar al derecho humano estimado vulnerado la interpretación más favorable, o no someter los actos reclamados, o incluso, los dictados en el juicio de amparo a control de convencionalidad de manera oficiosa, entonces en la revisión los agravios hechos valer en ese sentido, no deben considerarse inoperantes, y con base en ellos omitirse su estudio, sino que se debe analizar de fondo el mérito de tales argumentos, a fin de que el superior jerárquico dentro del marco de sus atribuciones de revisor y también como parte de los órganos del Estado, obligados a ejercer el referido control difuso, resuelva lo conducente.

Es decir, se plantea que mediante el recurso de revisión sea posible oponer “nuevos” agravios por violación a los derechos humanos en la resolución del juicio de amparo por el juez de distrito por la razón de que, a juicio del quejoso, este no interpretó debidamente todas las normas de derechos humanos en atención a la obligación de realizar un control difuso de convencionalidad [3]. En pocas palabras, en el recurso de revisión habrían dos autoridades responsables: la original, contra la que se interpone el amparo, y el juez de primera instancia.

Por un lado, resulta un tanto extraño el hecho de que en el proyecto se hable de que en el juicio de amparo se deba realizar un control de convencionalidad difuso, pues este se refiere al control de constitucionalidad (y convencionalidad) en procesos jurisdiccionales donde no hay un control concentrado, esto es, donde su objeto no es el contraste específico de una norma con la Constitución (o las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales) como lo es el juicio de amparo, sino la resolución de una disputa concreta y la interpretación de normas jurídicas aplicables a ésta, es decir, el control difuso es un control excepcional de constitucionalidad (y convencionalidad) y no es la litis, como en un juicio de amparo.

Por otro, salta a la vista el hecho de que se hable de control difuso de convencionalidad sobre actos de autoridad (del juez de amparo) pues éste se trata de un control sobre la regularidad de las normas del orden jurídico y no sobre actos concretos de la autoridad, sea que carezcan de un fundamento jurídico o que se desvien de éste y, por tanto, violen derechos [4]. La finalidad del control de regularidad difuso es mantener la coherencia dentro del sistema jurídico desechando las normas contrarias a éste (inaplicando o invalidando, según sea la atribución). Mientras que a través del control concentrado, es posible revisar normas y actos que prima facie violan derechos.

Así mismo, resulta confuso el hecho de que se mencione que las autoridades no jurisdiccionales estén obligadas a realizar un control difuso de constitucionalidad ya que ni el artículo 133 constitucional ni su interpretación reciente por la propia Corte han llevado a dicha conclusión (me refiero fundamentalmente tanto al expediente varios 912/2010 [5], como a la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011). El artículo 1° constitucional establece la vinculación directa de las normas de derechos humanos a todas las autoridades, pero ello no implica el control de dichas normas. Es decir, las autoridades no jurisdiccionales deberán respetar siempre los derechos humanos en el ámbito de sus atribuciones, más no están obligadas a realizar un análisis de compatibilidad de las normas con la Constitución (o tratados) e inaplicar –o invalidar- en caso de encontrar una discrepancia[6].

El proyecto propuso que la jurisprudencia P./J.2/97 quedara como sigue: “AGRAVIOS INOPERANTES. NO DEBEN CONSIDERARSE ASÍ LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN DERECHOS HUMANOS.”

Cinco ministros estuvieron de acuerdo con el proyecto: Silva Meza, Sánchez Cordero, Zaldívar (con salvedades), Gutiérrez y Valls. Y seis en contra: Pérez Dayán, Cossío, Luna, Pardo, Franco y Aguilar.

A mi parecer la votación no refleja en realidad los criterios que expresaron los ministros, pues la mayoría coincidió en que la tesis analizada debía ser revisada para adecuarla a los cambios constitucionales de 2011. Hubo dos extremos, para la ministra Luna, esto es tan sólo una cuestión terminológica: cambiar garantías por derechos; mientras que para el ponente, la sustitución debía ser mucho más profunda, llegando inclusive a establecer una obligación al juzgador para realizar un control difuso de convencionalidad, lo que para varios ministros implicaba un desbordamiento de la cuestión planteada.

La mayoría coincidió en que no es posible “controlar al controlador” por principio de res iudicata, ni tampoco debe realizarse un juicio (al juzgador) dentro de un recurso de revisión, pues la naturaleza del recurso es revisar la actuación del juez de primera instancia y subsanar, en su caso, los errores que éste hubiera cometido.

La cuestión que subyació en la discusión fue si los agravios analizados en la revisión y que plantean las discrepancias con la actuación del juez de amparo son o no violaciones a los derechos humanos y, si en este sentido, la jurisdicción de revisión debe atenderlos en esa calidad: violaciones a los derechos humanos (lo que implicaría formalmente un nuevo control).

En mi opinión todos los ministros coincidieron en que los agravios planteados por el recurrente quejoso son prima facie violaciones a los derechos humanos, pues por principio de irradiación, todo el orden jurídico se encuentra permeado por éstos. Pero es cosa distinta decir que en el recurso de revisión se revisa la actuación del juez por violaciones a los derechos humanos –lo que formalmente implica un nuevo control de constitucionalidad, es decir, un juicio dentro de una revisión-, que decir que se revisa la actuación del juzgador de primera instancia para corregir, en su caso, los errores en la aplicación de las normas. Al final del día el orden jurídico y la impartición de justicia tienen la misma finalidad: la protección de la dignidad, la libertad y los derechos.

Entonces, me parece que bien pudo haberse encontrado un consenso –al menos de 8 votos- pues pudieron haber acordado aclarar la cuestión acerca de si consideraban que la tesis debiera ser absoluta o no. Es decir, si:

a) siempre deben declararse inoperantes los agravios, aún sin revisarlos (con lo que ningún ministro estuvo de acuerdo); o

b) si se debía siempre dar respuesta al agravio pues podrían ser declarados como fundados aunque no como violaciones a los derechos, sino como errores, inaplicaciones u omisiones en el procedimiento (Pardo, Luna, Aguilar, Pérez, Silva, Zaldívar, Cossío, Franco); o

c) si se debían revisar en calidad de violaciones a los derechos humanos (con lo que solamente Valls, Sánchez y Gutiérrez estuvieron de acuerdo).

Me parece que el ministro presidente, Silva Meza, pudo haber reconducido la discusión para aclararla y afinar los puntos sobre los que los ministros venían hilvanando. Así lo ha hecho en otras discusiones; ir planteando cuestiones concretas para votar. Si había una minoría a favor del proyecto en sus términos, podría haberse construído una mayoría bajo un proyecto modificado.

A veces en el Pleno, más que ante una discusión, se está ante un conjunto de monólogos y las votaciones muchas veces no reflejan lo que en realidad se discutió -¡y menos lo que se votó!

Hubo ministros en contra del proyecto, que en realidad estaban a favor de una sustitución en los mismos términos en que lo plantearon ministros que votaron en contra. El desechamiento de un asunto por una discusión perdida me parece grave, sobre todo cuando se trata de la aclaración de cuestiones tan relevantes como el estudio o no de los agravios presentados por quien estima que sus derechos han sido transgredidos por algún juez de amparo.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de postgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] El expediente es sustitución de jurisprudencia 9/2012. La solicitud fue presentada en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo (hoy abrogada) y antes de la entrada en vigor de la nueva ley. En términos de la nueva ley, las solicitudes de sustitución de jurisprudencia realizadas por magistrados de tribunales de circuito, deberán hacerse ante los Plenos de Circuito. Ver: artículo 230 de la Ley de Amparo. El Pleno de la Corte conservó este asunto en términos del Acuerdo General Plenario 5/2013.

[2] Énfasis mío.

[3]Obligación que surge del llamado Caso Radilla (Varios 912/2010) y de las tesis aisladas que de este se desprenden.

[4] El ministro Cossío hizo referencia a la posibilidad de interponer agravios en el recurso de revisión en contra de las normas que fundamenten la actuación del juez, lo que sería un control sobre normas y no sobre actos.

[5]Ver: Tesis: P. LXVIII/2011 (9a.) PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS y Tesis: P. LXIX/2011(9a.) PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

[6]Esta afirmación no es absoluta. En este texto no cabe la posibilidad de analizar si una autoridad no debe nunca analizar la compatibilidad con los derechos humanos de una norma que debe aplicar (por principio de legalidad). Creo que en principio la autoridad administrativa no está obligada a realizar un control difuso de regularidad de las normas que aplica; Sin embargo, también creo que una autoridad puede bien justificar la inaplicación de una norma que deba aplicar al realizar sus funciones por considerarla contraria a las normas de derechos humanos. Por ejemplo, este ha sido el caso de la autoridad del Registro Civil en el municipio de Cuauhtémoc en Colima, que ha celebrado matrimonios entre parejas del mismo sexo por considerar la norma civil contraria a los derechos humanos. O lo que se hubiese esperado de la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social ante las solicitudes de registro de cónyuges de matrimonios de mismo sexo.

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Los artículos transitorios de una reforma legal o constitucional pareciesen poco relevantes, formalidades y nimiedades jurídicas al calce de una reforma. Sin embargo, en no pocas ocasiones estas disposiciones son claves para definir cuándo y cómo se realiza cierta modificación al ordenamiento jurídico. En este sentido, el día de ayer este blog publicó un post para subrayar los puntos más relevantes de la reciente reforma constitucional del juicio de amparo. En tal post se analizó el artículo cuarto transitorio de esta reforma, cuyo texto dice: “Para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto”. A continuación ofrecemos una lectura distinta de este artículo, por parte de uno los operadores jurídicos que tendrá la responsabilidad de aplicar este nuevo juicio de amparo.

En relación con el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de amparo, es importante tomar en cuenta que el mismo no se refiere a la obligatoriedad de la jurisprudencia, sino a la “integración” de la nueva jurisprudencia sin tomar en cuenta “tesis“ –como criterios previos o tesis aisladas- anteriores a la reforma. Lo que el artículo pretende salvaguardar es el nuevo procedimiento de declaración general de inconstitucionalidad que requiere jurisprudencia por reiteración en tres ocasiones y no cinco.

La formación de jurisprudencia por reiteración tendrá que iniciar desde cero, como si no existieran resoluciones previas a la reforma con el mismo criterio para integrar la jurisprudencia que puede llevar a esta declaratoria. Las condiciones de permanencia de la jurisprudencia anterior deberán establecerse en los transitorios de la nueva Ley de Amparo, ya que la Constitución establece los modos de integración pero no los criterios de obligatoriedad.

Raúl M. Mejía. Secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte, adscrito a la ponencia del ministro Cossío, y profesor de derecho constitucional en el ITAM. Twitter: @RMejiaG

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El pasado viernes, el presidente Felipe Calderón realizó la declaratoria de reforma constitucional de una serie de artículos de nuestro texto constitucional que modifican de manera significativa el juicio de amparo: el medio de protección por definición de los derechos de los habitantes del país.

La reforma ha sido celebrada, tanto por legisladores, ministros y algunos destacados miembros de la comunidad jurídica, como un paso decisivo para transformar un juicio de amparo anacrónico y excesivamente formalista a uno moderno, acorde a los criterios internacionales más avanzados, capaz de hacer frente a las exigencias de justicia de la sociedad mexicana contemporánea.

Pero, ¿en concreto en qué consisten los avances de esta reforma?, ¿por qué ha sido tan aplaudida como un punto de inflexión en el proceso de modernización de la justicia mexicana? Aquí algunos de los cambios más relevantes de esta reforma constitucional:

1. En primer lugar, gracias a esta reforma se amplía la protección del juicio de amparo. Ahora no sólo se podrá aprovechar esta herramienta jurídica para proteger los derechos de nuestra constitución, sino también aquellos establecidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. De esta manera, se amplía lo que los abogados llaman el manto protector del juicio de amparo al garantizar un abanico mucho más amplio de derechos.

2. Asimismo, con esta reforma se establece que el juicio de amparo servirá para atacar, además de los actos y normas jurídicas, las omisiones de las autoridades estatales que violen algún derecho fundamental. Esto implica un giro en la concepción de la protección de los derechos, pues ahora se entiende que para proteger los derechos en ocasiones el Estado debe limitar su actuación para asegurar un espacio de libertad, pero también hay supuestos donde para garantizar los derechos es indispensable la intervención y actuación de la estructura estatal. Y de ahí que se pueda atacar la inacción de la autoridades estatales cuando ésta afecta un derecho fundamental.

3. Una característica clave del juicio de amparo es que sus efectos sólo benefician o perjudican a aquella persona que haya impulsado este juicio. Una persona, por ejemplo, que ataca mediante el juicio de amparo una ley, en caso de ganar el juicio esta ley en cuestión no pierde su validez en el ordenamiento jurídico sino simplemente no se le aplica a esta persona que ganó el juicio. Ahora, sin embargo,  con esta reforma se abre la posibilidad de que mediante el juicio de amparo sí se puedan expulsar normas generales –como una ley o un reglamento- del ordenamiento jurídico. Vale aclarar que esto no se logrará con una sola sentencia, sino siguiendo ciertos requisitos que una vez satisfechos se podrá realizar la declaratoria general de inconstitucionalidad (de invalidez) de cierta norma general.

4. Otro cambio relevante es que se elimina como requisito para que el Poder Judicial Federación pueda conocer de una demanda de amparo el interés jurídico, que es demasiado riguroso y formalista, para adoptar más bien como criterio de procedencia el interés legítimo. Es un tema un tanto técnico, pero este cambio permite que mediante el juicio de amparo se puedan garantizar derechos que antes, bajo la óptica del interés jurídico, quedaban sin protección mediante el juicio de amparo como los derechos colectivos y difusos (protección al medio ambiente, por ejemplo).

5. Una figura característica del juicio de amparo es la llamada suspensión. La cual, en términos generales, permite que el juez detenga un acto de autoridad, que ha sido atacado mediante el juicio de amparo, mientras decide si efectivamente tal acto es inconstitucional. La razón de esta figura, y de la posibilidad de suspender el acto de una autoridad aun cuando todavía no se determina si efectivamente viola algún derecho, es que debido al tiempo que implica un juicio de amparo si no se detuviese el acto de autoridad en escrutinio, al momento de tener una sentencia probablemente ésta ya no tendría sentido. Pensemos, por ejemplo, que una autoridad decide expropiar tu casa, en respuesta interpones un juicio de amparo en contra de ese acto de expropiación. Si el juez no detiene el proceso de expropiación mientras resuelve el juicio, puede ser que ganes éste pero tu casa ya haya sido derrumbada por la autoridad. Ahora bien, esta figura de la suspensión –que nuestro pobre periodismo judicial sigue confundiendo con el juicio de amparo- ha sido en no pocas ocasiones utilizada de manera indebida para que ciertos negocios, por ejemplo, que incumplen la ley sigan operando. En respuesta, esta reforma constitucional redefine los criterios a partir de los cuales se puede otorgar la suspensión en un juicio de amparo, privilegiando la ponderación que realice el juez entre los argumentos jurídicos de quien lo solicita y el interés social.

6. Por último, en un artículo transitorio, la reforma establece que al momento de crear jurisprudencia, bajo el procedimiento de reiteración: cinco sentencias en un mismo sentido, etc., no se consideraran ninguna de las tesis previas a esta reforma constitucional. Lo cual permite eliminar de tajo un abultado conjunto de tesis jurisprudenciales poco operativas, demasiado formalistas y en no pocas ocasiones de raíz autoritaria.

El Juego de la Suprema Corte

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Durante el 2010, la revista Nexos inició la aventura de abrir un blog dedicado exclusivamente a temas relacionados con temas judiciales. La idea fue publicar textos que abordasen los diversos aspectos que giran alrededor de nuestra Suprema Corte de Justicia. Aprovechando el inicio de año, presentamos un breve resumen de los diez posts más leídos del blog durante el 2010.

1. Caso Guardería ABC.  Crónica de la Discusión (II/III)

Con este post se realizó uno de los primeros ejercicios de periodismo judicial –de ahí que la cobertura se presentase en una serie de tres post-, al seguir puntualmente las discusiones de los ministros de la Suprema Corte respecto un asunto de enorme importancia para la vida del país: Caso Guardería ABC. El autor, además de ofrecer una explicación ágil y sencilla de las principales posturas de los ministros, al final del post presenta una tabla de votación donde claramente se puede conocer cómo voto cada ministro respecto cada uno de los temas que implicaba este delicado asunto.

2. Matrimonio-adopción gay: la perspectiva científica

Este post se publicó días antes de que iniciará la discusión en el pleno de la Suprema Corte respecto la constitucionalidad de las reformas legales del Distrito Federal que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la posibilidad de que estas parejas pudiesen adoptar. El objetivo del post fue presentar las coordenadas del debate respecto este tema, pero no desde el discurso jurídico, sino desde la perspectiva científica. La decisión de incluir un post de esta naturaleza responde a que tanto las autoras como los que coordinamos el blog, estamos convencidos que no pocas de las discusiones jurídicas modernas tienen que nutrirse de otras áreas del conocimiento para tener un panorama claro de cuál debe ser la solución jurisdiccional.

3. El (absurdo) juicio en contra de Galileo (II/III)

Uno de los propósitos del blog fue abrir una sección que, frente a nuestra tradición jurídica barroca y ridículamente solemne, presentara al derecho como cualquier otra actividad realizada por el hombre: contradictoria, absurda e irracional. De ahí que se abriera una sección dedicada solamente a registrar estos disparates: Absurdos Jurídicos. Este post forma parte de esta sección y de una interesante serie de entregas donde se desmenuza con erudición y elegancia el absurdo juicio en contra de Galileo.

4. ¿Qué es una controversia constitucional?

Una de las dificultades de un lector no especializado en temas jurisdiccionales es entender el amplio abanico de términos que tanto en las sesiones de los ministros como en las sentencias se utilizan de manera cotidiana. Existe una barrera del lenguaje que impide que la información jurisdiccional ocupe el lugar que le corresponde en la rutina informativa. En este contexto, este post busca explicar de manera sencilla y con buenos ejemplos, uno de los medios de control constitucional más relevantes en la organización de los poderes del Estado: la controversia constitucional.

5. Matrimonio y adopción gay: análisis de la sentencia

Después de las discusiones entre los ministros y de la decisión de la mayoría de éstos de ratificar la constitucionalidad del matrimonio y adopción gay en el Distrito Federal, la opinión pública se olvidó de la fuente informativa judicial más relevante: la sentencia. Ese documento donde, además del sentido de la decisión, se encuentran los argumentos que apuntalan a ésta y que pueden impactar en ulteriores casos que aborden temas similares. Así, el propósito de este post fue diseccionar los diferentes argumentos y posiciones de la sentencia sobre el matrimonio y adopción gay, la cual promete convertirse en una de las resoluciones más relevantes sobre el tema en Iberoamérica.

6. ¿Qué sigue después de la muerte de Gudiño Pelayo?

Este post esboza algunas de las posibles consecuencias a partir del fallecimiento del ministro José Gudiño Pelayo tanto al interior de la Suprema Corte -en la dinámica de votación de la primera sala y del pleno y en la carrera por la presidencia de la Corte-, como entre el presidente de la República y el Senado al momento de nombrar al ministro sustituto de Gudiño.

7. Matrimonio y adopción gay: la opinión del Ombudsgay

Una de las formas en que la sociedad civil puede influir en el proceso de decisión de una corte constitucional consiste en que, por ejemplo, académicos y agrupaciones envíen a los jueces constitucionales sus argumentos de porque cierto caso debe resolver en un determinado sentido. En este contexto, este post reproduce las ideas principales de la opinión técnica o amicus curiae que sometió el programa Ombudsgay de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, a consideración de la Suprema Corte y donde presenta el estado del arte respecto el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales.

8. Las designaciones de los ministros: no son enchiladas

Se trata de uno de los últimos post del año donde, a partir de la terna de candidatas a ministras presentada por el presidente Calderón para sustituir a Gudiño Pelayo, se explica el proceso de designación de los ministros y la relevancia de que éste no sea un mero trámite sino un verdadero ejercicio de reflexión respecto qué tipo de tribunal constitucional necesitamos.

9. La Corte ante la igualdad y la no discriminación

Este post analiza las principales tesis de jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte en los últimos quince años sobre un tema medular: la igualdad y no discriminación. El texto no sólo le da coherencia a esa madeja de criterios jurisprudenciales, sino que también presenta un balance de los avances que se han logrado al respecto y de las asignaturas pendientes que deben erigirse en la agenda de la Corte para el futuro.

10. Sexo y Derecho

Este post, parte de la sección Absurdos Jurídicos, presenta una serie de legislaciones de diversas entidades de los Estados Unidos respecto el sexo. Se trata de un conjunto de disparatadas e irrisorias regulaciones, que no obstante se mantienen vigentes y eventualmente puedan ser aplicadas.

El Juego de la Suprema Corte

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Finalmente, la semana pasada los partidos políticos del PAN, PRD, PT y Convergencia presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Peña Nieto que, entre otros cambios a la constitución del estado de México, eliminó la posibilidad de las candidaturas comunes. ¿Es constitucional esta reforma? ¿Cuál serían, en su caso, los aspectos constitucionales que estaría vulnerando? ¿Ha resuelto un caso similar la Suprema Corte? ¿En qué sentido? Con el propósito de observar y criticar de manera más informada la discusión de los ministros de la Corte sobre este caso, a continuación se rescata la parte jurisdiccional de un análisis más amplio sobre esta reforma elaborado por Andrés Lajous y Saúl López Noriega para el blog de la redacción de la revista Nexos.

Ahora bien, más allá de la lectura política de esta reforma a la Constitución local del Estado de México, es necesario agregarle a este análisis una serie de cuestionamientos a partir de una perspectiva jurídica. ¿Acaso es constitucional una reforma que elimina la posibilidad de las candidaturas comunes? ¿Cuáles son, en su caso, los derechos fundamentales que se estarían vulnerando? ¿Se ha pronunciado sobre este tema la Suprema Corte de Justicia? ¿Es probable que prospere una eventual impugnación de esta reforma por parte del PAN y PRD?

No es necesario ir muy atrás de la memoria de precedentes de la Corte, para encontrar su última resolución al respecto. Se trata de una opinión clara y contundente donde los ministros de manera unánime consideraron que era constitucional que una legislatura local expulsase de su sistema electoral las candidaturas comunes. En efecto, en enero de este año los ministros resolvieron un asunto en el que se sometió a escrutinio constitucional la reforma del Congreso del estado de Guanajuato que eliminó de su texto constitucional la figura de las candidaturas comunes. En esta ocasión, sin embargo, fue el PAN quien impulsó esta reforma a la Constitución local de esta entidad federativa, mientras que el PRD y el PT fueron los responsables de combatirla en la arena jurisdiccional. Lo cual deja entrever que la falta de congruencia, en el transcurso de tan sólo unos meses, de las fuerzas políticas en el tema de la prohibición de las candidaturas comunes, responde enteramente a motivaciones coyunturales para evitar procesos electorales difíciles o amenazantes para un determinado partido político. En el caso de Guanajuato para el PAN y ahora en el Estado México para el PRI.

Pero, ¿cuáles fueron los argumentos de la Corte para adoptar esta decisión? La respuesta argumentativa de la Corte, como sucede en cada asunto jurisdiccional, dependió de los ataques que presentaron tanto el PRD como el PT. A juicio de estos partidos políticos, la reforma del Congreso de Guanajuato que eliminó las candidaturas comunes era inconstitucional ya que vulneraba el derecho de asociación en materia política (artículo 9º de la Constitución federal) y, además, obstaculizaba que los partidos políticos cumpliesen con una de sus principales finalidades: promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional (artículo 41 de la Constitución federal).

En respuesta, en primer lugar, la Corte recordó como ha venido entendiendo el derecho de asociación en sus últimas resoluciones. Se trata de una libertad “que implica la potestad de los individuos para unirse y construir una entidad o personal moral, con sustantividad propia y distinta de los asociantes y que tiende a la consecución de objetivos plenamente identificados, cuya realización es constante y permanente.” Esto significa, continúo la Corte, que la libertad de asociación es propia de los individuos, mas no de los partidos políticos. Y, por ello, no es posible desprender del derecho de asociación un derecho de los partidos políticos a las candidaturas comunes, ni tampoco concluir que la prohibición de las candidaturas comunes afecta el derecho de los individuos a asociarse para formar organizaciones políticas. No hay, pues, a criterio de nuestra Suprema Corte, una relación entre la libertad de los ciudadanos para asociarse políticamente y la manera en que los partidos políticos pueden participar en los procesos electorales (por ejemplo, mediante candidaturas comunes o coaliciones). Y, por tanto, la eliminación de las candidaturas comunes no afecta en ningún sentido la posibilidad de que un grupo de individuos constituya un partido político y, a través de éste, acceda eventualmente a los diversos puestos de representación popular.

En cuanto al segundo aspecto, que la prohibición de las candidaturas comunes dificulta que los partidos políticos cumplan con su finalidad de promover la participación ciudadana, la Corte consideró que en este tema tanto el congreso federal como las legislaturas locales tienen amplia discrecionalidad para determinar las modalidades en que los partidos políticos podrán participar en los procesos electorales. Varios de los aspectos que construyen la estructura de un sistema electoral son decisiones enteramente políticas donde los órganos legislativos tienen libertad de definirlos a partir de sus propias necesidades y circunstancias políticas.

Esto no significa, sin embargo, que esta libertad de configuración del legislador sea ilimitada. Los congresos podrán definir la forma de participación de los partidos políticos siempre y cuando no rebasen alguno de los límites establecidos en el artículo 116 fracción IV de la Constitución federal, tales como que los partidos políticos se puedan constituir sólo por ciudadanos sin participación de organizaciones gremiales, que tengan el derecho exclusivo para solicitar el registro a cargo de elección popular, que reciban financiamiento público de forma equitativa, que tengan acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión, que exista una autoridad electoral administrativa que organice los procesos electorales y una jurisdiccional que resuelve los conflictos derivados de aquéllos, etc.

Asimismo, la Corte consideró que esta libertad del legislador para determinar las modalidades de participación de los partidos políticos encuentra otro límite en las principales finalidades de los partidos políticos (límite que fue precisamente señalado en su demanda por el PRD y el PT): promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. La pregunta clave aquí, entonces, es la siguiente: ¿Con la prohibición de las candidaturas comunes realmente se impide que los partidos políticos cumplan con estas finalidades o, más bien, sólo deja fuera una de las posibles formas (mas no la única) en que los partidos pueden asegurar tales objetivos?

Los ministros consideraron que sacar la figura de las candidaturas comunes de un escenario electoral en ningún momento impide cumplir con las finalidades de los partidos políticos, ni tampoco implica desconocer las exigencias señaladas por la Constitución federal a cada legislatura local al momento de que éstas definen el diseño de su sistema electoral. Las candidaturas comunes son formas de participación de los partidos políticos, cuya ausencia en un determinado sistema electoral puede calificarse de poco atinada al reducir el número de opciones de los partidos políticos para participar en los procesos electorales, pero no como inconstitucional. De esta manera, la Corte no sólo ratificó la constitucionalidad de la prohibición de las candidaturas comunes, sino que también emitió un criterio jurisprudencial que hace prácticamente imposible el éxito de una impugnación a la reforma del Estado de México.

CANDIDATURAS COMUNES. SU EXPULSIÓN DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL NO INFRINGE EL DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA. El artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los individuos el derecho de libre asociación; por su parte, el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, constitucional, establece que en materia política la ley determinará las normas y los requisitos para el registro de los partidos políticos y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, de lo que se deduce que corresponde al legislador ordinario federal o local, según sea el caso, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, determinar las formas asociativas a las cuales pueden recurrir los partidos políticos, con la limitante de que dicha regulación no resulte arbitraria, innecesaria, desproporcionada o incumpla con criterios de razonabilidad; además de guardar congruencia con la finalidad de los partidos políticos, consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. En ese sentido, se concluye que la determinación del legislador ordinario de eliminar del marco constitucional o legal estatal, la posibilidad de que los partidos políticos postulen candidatos mediante la figura de las candidaturas comunes, no infringe el derecho de asociación política contenido en el artículo 9o., en relación con el 41, párrafo segundo, fracción I, ambos de la Constitución General de la República.[1]

En este contexto, la reforma del Estado de México, al menos en cuanto al tema de las candidaturas comunes, difícilmente se puede considerar como un retroceso democrático en sí, pese a revelar el interés del PRI del Estado de México por una estrategia política que se basa en reducir la competencia electoral, a poco menos de un año de la elección de gobernador. La presencia de la figura de candidaturas comunes, como de otros aspectos que definen a un sistema electoral, no determina la calidad democrática de éste.

El Juego de la Suprema Corte


[1] Tesis: P./J. 30/2010 Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXI, Marzo de 2010; Pág. 2502.

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La Suprema Corte de Justicia es el órgano encargado de interpretar la Constitución, de “decir qué dice”. Parte del material normativo con el que trabaja son los derechos fundamentales. Los criterios que mediante esta tarea genera son -bajo ciertas condiciones- obligatorios para el resto del Poder Judicial de la Federación. La importancia de la Corte radica en ello, puesto que aunque al hacerlo resuelve casos particulares, el impacto de su actividad cotidiana está en los criterios interpretativos que construye[1].

Este artículo hace un recuento de los principales criterios jurisprudenciales que la  Corte, en los últimos quince años, ha emitido sobre la igualdad y la no discriminación[2], derechos establecidos en los artículos 1º; 4º, primer párrafo; 12º; 13º; y 123º, apartado A, fracción VII y apartado B, fracción V de la Constitución[3].

Los criterios formulados al respecto por la Corte pueden clasificarse en tres categorías generales: conceptuales, metodológicos y de casos concretos. Este artículo repasará únicamente los criterios derivados de las dos primeras categorías, por ser las más relevantes para entender la concepción de la Suprema Corte sobre el tema. Asimismo, se señalarán algunos de los vacíos encontrados y un par de conclusiones.

Los conceptos

La igualdad, para la Corte, puede entenderse como principio o como derecho. Cuando se le entiende como principio, se convierte en un lente interpretativo de todo el sistema jurídico, en especial de los demás derechos fundamentales, siendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deben tener el mismo acceso a éstos. Ello implica que la igualdad es un concepto relacional, que sólo tiene sentido cuando se predica de dos o más sujetos y respecto de algo (ese algo puede ser otro derecho fundamental o subjetivo o un deber). Como derecho, es también relacional, puesto que involucra a, por lo menos, dos sujetos y a una determinada situación jurídica[4]. La Corte no explica cuál es la diferencia entre estas dos formas de entender a la igualdad, pero les asigna la misma función interpretativa de todo el sistema jurídico[5].

Podría decirse que la Corte, en general, ha construido criterios de lo que suele llamarse “igualdad formal”[6] y “discriminación directa o por objeto”. Éstas hacen referencia, respectivamente, a la equiparación de sujetos que se encuentra prevista explícitamente en las normas y a las distinciones expresas. La Primera Sala sostiene que “[e]l principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido.”

Para respetarla, y no discriminar de manera directa, se requiere que las normas secundarias como una ley o un reglamento no hagan, en principio, ninguna distinción entre los sujetos a los que se dirigen -siempre y cuando éstos se encuentren en idénticas circunstancias- estableciendo cargas o privilegios diferenciados; o que no igualen a sujetos que se encuentran en situaciones distintas, estableciéndoles los mismos privilegios o cargas.

Cuando no sea así, esto es, cuando se hagan distinciones que no promuevan la igualdad o no previstas por la norma constitucional, se genera una situación jurídica prohibida por otro derecho fundamental: el derecho a la no discriminación. Éste, como una de las formas en que el principio de igualdad se concreta, consiste en la prohibición, en principio, a las autoridades de hacer distinciones entre las personas que se traduzcan en una disminución de sus derechos o del goce de los mismos. La Segunda Sala da la siguiente definición: “[es] el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias […].”

Tradicionalmente, las Constituciones han establecido una serie de “categorías sospechosas”[7], que son características subjetivas por las cuales queda estrictamente prohibido tratar de manera diferente a las personas. La Constitución mexicana prevé una lista de estas categorías en su artículo 1º[8].

Los métodos

Como se explicó arriba, la igualdad posee un carácter relacional. Como consecuencia de esto, el control de constitucionalidad de una norma con base en este derecho es distinto al de otros derechos. Al respecto, la Corte ha hecho dos precisiones metodológicas importantes.

En primer lugar, y para determinar si existe una distinción en la norma que estudia, la autoridad encargada para interpretar la Constitución debe llevar a cabo un análisis que, según la Corte, difiere del que usualmente se hace cuando se trata de otros derechos fundamentales, en el que únicamente se contrasta la norma impugnada con el derecho potencialmente violado. Mediante este análisis específico, debe determinarse si los sujetos del caso se encuentran o no en las mismas condiciones que otros sujetos y si se les da un trato diferenciado, es decir si hay dos regímenes jurídicos. Si los sujetos son diferentes, y se les da un trato distinto por esa razón, o si no existen dos regímenes jurídicos, el derecho de igualdad no se estimará violentado y ahí terminará el control de constitucionalidad.

En el caso contrario, deberá determinarse si la distinción normativa está autorizada o no por la Constitución. Los tribunales constitucionales, siguiendo a la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, han desarrollado un test que permite determinar cuándo una distinción normativa es inconstitucional y cuándo está permitida por la Constitución. La Suprema Corte ha establecido el mismo tipo de test, y éste constituye la segunda precisión metodológica en el tema.

Antes de hablar sobre el test, es importante explicar dos categorías desarrolladas por la Corte que inciden directamente en su configuración. La Primera Sala sostiene que cuando la distinción a analizar se base en alguna de las categorías sospechosas -previstas en el artículo 1º de la norma fundamental-, se deberá actuar con cautela, haciendo un escrutinio estricto. En los demás casos, en los que la distinción hecha por el legislador se traduzca en la limitación de derechos fundamentales, pero se base en otro tipo de categorías, se llevará a cabo un escrutinio ordinario.

El primer tamiz por el que una distinción normativa –potencialmente inconstitucional- debe pasar es el de perseguir un fin objetivo y constitucionalmente válido. Cuando sea oportuno realizar un escrutinio ordinario, este requisito se tendrá por satisfecho cuando el fin pueda encontrar alguna justificación -incluso no expresa- dentro de la norma fundamental. En el caso de un escrutinio estricto, el fin deberá ser explícitamente mandado por la Constitución.

En segundo lugar, la distinción hecha por la norma deberá ser adecuada o racional; es decir, debe existir una relación instrumental entre la distinción y el fin. La Corte ha sostenido que en los casos de escrutinio ordinario bastará que la medida sea apta para contribuir al cumplimiento del fin. Por el contrario, cuando se requiera hacer un escrutinio estricto, la medida deberá estar directamente vinculada al fin perseguido.

Por último, la distinción normativa debe ser proporcional. Esto significa que debe haber una relación razonable entre ésta y el fin. La Corte sostiene que deberá hacerse una ponderación de sus ventajas y desventajas, considerando “[…] la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos […].” Además, la Corte ha establecido que entre más alto sea el fin perseguido, mayor puede ser la diferencia.

Lo que no ha dicho la Suprema Corte

Lo que hasta ahora se ha explicado -relativo a la igualdad formal y la discriminación directa- es muy importante, puesto que prever la igualdad jurídica entre todas las personas y no discriminarlas explícitamente es el primer paso -y el más evidente- que quienes crean y operan el sistema jurídico deben emprender. Esta tarea conlleva la revisión y modificación de leyes existentes, la creación de nuevas leyes que respeten estos derechos y la interpretación y consecuente validación o invalidación de leyes vigentes, como ya se describió.

No obstante, la igualdad “no se queda aquí”; tampoco la discriminación. Existe otra clase de igualdad, menos evidente, no trabajada aún por la Suprema Corte: la igualdad sustantiva[9]. Este tipo de igualdad es más complejo, puesto que su exigencia no es en el nivel de las normas, sino en el del impacto que tienen al ser aplicadas. Una norma puede no contener distinciones explícitas y, sin embargo, crear regímenes jurídicos diferenciados para ciertos sujetos al momento de ser aplicada, generando una situación de “discriminación indirecta o por resultado”. Es decir, una norma que puede no ser violatoria de la igualdad en sentido formal, puede serlo de la igualdad en sentido sustantivo. La pregunta que en este momento surge es la de cómo determinar la existencia de ese impacto diferenciado.

El tema del análisis sustantivo de la igualdad rebasa los fines de este artículo, pero es posible decir que lo central de éste -que por cierto adopta diferentes formas[10], en tanto hay múltiples formas de desigualdad de hecho- es la incorporación, en el estudio de constitucionalidad, de las condiciones de discriminación estructural de las que son sujetas las personas involucradas en el caso particular, para entender cómo los sujetos de la misma no se encuentran, en la realidad, en las mismas condiciones y que por ello no pueden tratarse como iguales. Esto abriría la puerta de la Suprema Corte a una serie de casos -potencialmente inconstitucionales- que con los criterios actuales no se considerarían ni siquiera candidatos a analizarse a través del test, puesto que se reconfiguraría el concepto de distinción.

Conclusiones

Como resultado de todo lo anterior podría decirse que la Suprema Corte demuestra una tendencia de construir un estándar de igualdad, más que una definición fija, dando suficiente espacio al legislador para llevar a cabo sus tareas sin dejar de lado la protección de los derechos fundamentales.

Sin embargo, es necesario que desarrolle criterios jurisprudenciales relacionados con la igualdad sustantiva y la discriminación indirecta con el fin de proteger efectivamente los derechos fundamentales de las personas; lo que hasta ahora existe no es suficiente para lograrlo.

Regina Larrea Maccise. Colaboradora de la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte. Twitter: @rlmaccise


[1] El derecho -como el lenguaje y por ser éste su materia prima- tiene un aspecto dinámico, que implica la posibilidad de cambiar continuamente, al atribuirse significados y alcances distintos a las palabras que forman cada enunciado normativo; es decir, al modificar la interpretación que de éstos se hace.

[2] Las tesis en que se basa, fundamentalmente, este artículo son las siguientes:

Tesis de Jurisprudencia: “IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, página 75, Septiembre de 2006, Registro 174247.

Tesis de jurisprudencia de rubro: “IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, página 175, Abril de 2008, Registro 169877.

Tesis de jurisprudencia de rubro: “IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO”, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, página 99, Octubre de 2004, Registro 180345.

Tesis aislada de rubro: “PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, página 448, Junio de 2008.

Tesis de jurisprudencia de rubro: “IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS NO VIOLA ESOS PRINCIPIOS AL SEÑALAR QUE EN EL REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, UNA CANDIDATURA DE CADA TRES FÓRMULAS SERÁ DE GÉNERO DISTINTO”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, página 2320, Febrero de 2010, Registro 165247.

Tesis aislada de rubro: “GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI, página 630, Agosto de 2007, Registro 171756.

[3] La Segunda Sala de la Suprema Corte añade a los artículos anteriores los artículos 2º, apartado B, 14º y 17º constitucionales, llamando a estos artículos “normas particulares de igualdad.” La autora no está de acuerdo con esta clasificación.

[4] La Corte los llama regímenes jurídicos: “La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. […].”

[5] Especulando, puede ser que la reconozca como derecho porque se encuentra prevista explícitamente en la constitución.

[6] Un ejemplo de esta clase de igualdad es el artículo 2º del Código Civil Federal: “La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos”.

[7] Estas características subjetivas fueron utilizadas -y siguen siendo en algunos países- como criterios para clasificar a las personas y otorgarles derechos de manera desigual y limitada, a las cuales subyacen prejuicios y estereotipos y que no constituyen razones legítimas, dentro de un estado constitucional, para justificar esa limitación.

[8] “[…] origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

[9] La igualdad sustantiva y la discriminación por resultado, como se explicó, suelen ser visibles cuando se aplica una norma, y por ello la labor de quienes imparten justicia es determinante en el tema. No obstante, existen previsiones legislativas que buscan procurar esta clase de igualdad y eliminar la discriminación indirecta, y que su mera existencia es una forma de reconocer las condiciones de facto de desigualdad en que viven las personas. Un ejemplo de esto son las llamadas “acciones afirmativas”, que según el artículo 4º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW), son “[…] medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer” que “[…] cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.”

[10] Un ejemplo de este tipo de análisis es el que se hace mediante la perspectiva de género. Ésta sirve para hacer visible la discriminación que sufren las personas por razón de su sexo, género, orientación sexual, entre otras categorías, y que por lo general no es evidente o que incluso se encuentra presupuesta en el sistema jurídico.

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Una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra incipiente y tambaleante democracia son los sindicatos. Se trata de instituciones que no están atados a la lógica propia de un régimen democrático: límites y correas de responsabilidades. Esta es una de las conclusiones del interesante estudio La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento en México: los sindicatos en nuestro país se sostienen y actúan a partir de un andamiaje legal que les permite no entregar cuentas al Estado, a la ciudadanía ni, por supuesto, a sus trabajadores. Son quistes que impiden democratizar uno de los ámbitos más relevantes de nuestra sociedad y que obstaculizan el crecimiento económico de sectores clave para el país.

En este sentido, hace algunos días, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un caso de enorme relevancia, pero que apenas se registró en los medios de comunicación -una excepción notable es la editorial del día de hoy del periódico El Universal. Se trató de un procedimiento que se conoce como contradicción de tesis y donde el problema surge porque precisamente existen dos criterios jurisprudenciales de dos Tribunales Colegiados de Circuito que se contradicen y de ahí que en este caso la tarea de la Segunda Sala consistiese en definir cual de los criterios era el que debía prevalecer y erigirse en el criterio obligatorio en la materia para el resto de los tribunales inferiores.

Así, los ministros Fernando Francio, Sergio Valls, Margarita Luna, Sergio Aguirre y Luis María Aguilar decidieron por unanimidad que el monto anual de las cuotas sindicales de los trabajadores de Pemex no es información pública; es decir, de acuerdo al esquema de transparencia del país, no constituye un dato que deba darse a conocer a aquellos que lo soliciten. Esto debido a que el dinero que entrega el trabajador al sindicato, aun cuando esta entrega se realiza mediante retenciones del organismo público Pemex,  no es dinero público sino privado.  Y, por ello, exigirle al sindicato que informe de las cuotas sindicales se traduciría en una afectación injustificada a su vida privada.

Ahora bien: ¿Esta la concepción correcta de una institución sindical en relación con las cuotas de sus trabajadores? ¿No debiesen, por lo menos, los trabajadores tener la posibilidad de exigir transparencia en el uso de las cuotas que ellos aportan? ¿Cómo debería de entender hoy en día la Suprema Corte instituciones como los sindicatos?

Aquí la tesis de jurisprudencia que recién confeccionó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia:

Jurisprudencia 2a./J. 118/2010

INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN.

Teniendo en cuenta que la información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de los poderes constituidos del Estado, obtenidos en ejercicio de funciones de derecho público y considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de aquéllos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es indudable que el monto total al que ascienden las cuotas sindicales aportadas anualmente por los trabajadores de Petróleos Mexicanos no constituye información pública que, sin la autorización del sindicato, deba darse a conocer a los terceros que lo soliciten, ya que constituye un haber patrimonial perteneciente a una persona jurídica de derecho social (sindicato) y un dato que, si bien está en posesión de una entidad gubernamental (Petróleos Mexicanos), se obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho público, ya que tal información está en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del carácter de patrón que tiene frente a sus empleados, a través de la obligación de retener mensualmente las cuotas sindicales aportadas para enterarlas al sindicato, impuesta por el artículo 132, fracción XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que en el ámbito laboral no rige esa obligación a cargo del patrón de rendir cuentas y transparentar acciones frente a la sociedad. Máxime que el monto de las cuotas sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgación importaría, por un lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, lo que está protegido por los artículos 6o., fracción II, y 16 constitucionales, por otro lado, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos 3o. y 8o. del Convenio número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical.

Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 11 de agosto de 2010.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretario: Fernando Silva García.

El Juego de la Suprema Corte.

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Un reportaje neutral es aquel en el que un medio de comunicación se limita a transcribir o difundir lo dicho o declarado por un tercero, es decir, cuando únicamente cumple una función transmisora de lo dicho por otro”. Esta definición no forma parte de un manual de periodismo. Fue creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte de seis tesis y criterios mediante los cuales, en la práctica, redefinió los géneros periodísticos y estableció en qué casos y bajo qué condiciones se considera válido que los medios de comunicación publiquen información sobre la vida privada de alguna persona.

En opinión de la Corte, los periódicos, las revistas y los programas de radio y televisión, entre otros, sólo pueden difundir datos íntimos de la vida de una persona, en un “reportaje neutral”, cuando la información cumpla dos requisitos: “La veracidad, entendida como la certeza de que la declaración corresponde a un tercero y la relevancia pública de lo informado”.

En estos casos, resolvió, los medios de comunicación no son responsables del contenido de la información y por lo mismo no proceden demandas en su contra, pues la responsabilidad de lo dicho recae exclusivamente en quien hizo las declaraciones.

A lo largo de las seis tesis aisladas (XLI-XLVI/2010) que aprobaron los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte, el alto tribunal explica y detalla qué debe entenderse por “reportaje neutral” y se aclaran los alcances y los límites de los derechos a la privacidad, intimidad, al honor y a la libertad de expresión.

Las tesis fueron extraídas y emitidas a partir del caso que enfrentó y que perdió, el año pasado, Marta Sahagún, esposa del ex presidente de México, Vicente Fox, contra la revista Proceso, por un artículo de la periodista argentina Olga Wornat, en el que se abordaron detalles de la anulación de su primer matrimonio religioso con Manuel Bribiesca.

El interés público

En una de sus tesis, la XLV/2010, el máximo tribunal del país estableció que “cuando los comunicadores se limitan a publicar o divulgar información de la autoría de terceros, no tienen el deber de verificar o calificar si la intromisión en la intimidad o incluso las aseveraciones de éstos, que pudieran tener efectos sobre la reputación o el honor de una persona, tienen relevancia pública o no”.

Porque, sentenció la Corte, “cuando se trate de un reportaje neutral, debe tenerse la plena seguridad de que el derecho protege al comunicador en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas, opiniones e información de un tercero, como corresponde a un régimen democrático”.

Pero, al mismo tiempo, estableció una serie de parámetros que servirán de guía para todos los jueces que atiendan demandas de “personajes públicos o personas privadas” que consideren que la difusión de una información en un medio de comunicación vulneró su derecho a la intimidad y a la vida privada.

En estos casos, precisó, los jueces deberán ponderar qué pesa más si la libertad de expresión de los medios, el derecho a la información de la población o el derecho a la privacidad de los afectados. A fin de saber cuál es derecho que debe prevalecer, determinó que los jueces deben establecer si la información que se difundió era de interés público. Porque sí los datos o hechos dados a conocer de la vida privada de alguien son de interés público, la publicación está justificada.

En caso contrario, aclaró, “no es exigible a una persona que soporte pasivamente la difusión periodística de datos sobre su vida privada, cuando su conocimiento es trivial para el interés o debate público.

Y, para que no quedara dudas sobre qué datos o temas de la vida deben ser considerados de interés público y por tanto pueden ser difundidos, la Corte dejó en claro que “la información puede tener relevancia pública, ya sea por el hecho en sí sobre el que se está informando, o bien, por la propia persona sobre la que versa la noticia. Además, la relevancia pública dependerá en todo caso de situaciones históricas, políticas, económicas y sociales, que ante su variabilidad, se actualizará en cada caso concreto”.

Personajes, los menos protegidos

A manera de aclaración, la Corte reiteró su criterio en el sentido de que las personas que tienen una actividad pública gozan de una protección mucho menor que “las personas privadas o particulares”, en cuanto se refiere a los derechos a la privacidad, a la intimidad y al honor.

En la tesis XLI/2010 se afirma que “las personas públicas o notoriamente conocidas son aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas o bien, porque han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso, aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente”.

Para la Corte “en estas condiciones, las personas públicas deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo de la sociedad de recibir y de los medios de comunicación de difundir información sobre ese personaje público, en aras del libre debate público”.

Carlos Avilés Allende. Periodista judicial.

Esta nota fue tomada de la versión online del periódico El Universal el día 26 de abril de 2009.

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