A inicio de esta semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo entre sus manos la posibilidad de garantizar el derecho de acceso a la información de todos los mexicanos al declarar de una vez por todas la inconstitucionalidad de la noción de “secreto fiscal” contenida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Este precepto dispone que el personal oficial está obligado a guardar “absoluta reserva” sobre los datos que maneja, lo cual contraviene directamente el mandato constitucional de que toda la información en manos de las autoridades es pública, al menos de que deba reservarse de manera excepcional y por razones de interés público.

Como hemos compartido en anteriores ocasiones (aquí, aquí y aquí), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó la información sobre los créditos fiscales cancelados de manera masiva en 2007, los cuales representan un monto de 73 mil 960 millones de pesos. El SAT fundamentó su negativa en el tristemente célebre artículo 69 del CFF. Ante esta respuesta, Fundar diseñó una estrategia jurídica para acudir ante el Poder Judicial de la Federación a través del amparo e instarlo a declarar que este precepto, el cual data de 1981, está rebasado y no cumple con las exigencias marcadas por el artículo 6º constitucional, ni con los avances que ha tenido la normatividad nacional e internacional en materia de transparencia y acceso a la información en la última década.

En la sesión del pasado lunes 9 de julio, la cual continuó hasta el martes 10, el Pleno de la SCJN estudió el amparo 699/2011 cuyo proyecto de sentencia estaba a cargo de la ponencia del ministro Zaldívar. El ministro ponente inauguró la sesión diciendo que el asunto “es de una enorme relevancia” para el país porque tiene que ver con los límites del secreto fiscal, la discrecionalidad de las autoridades y la transparencia tributaria.

El proyecto del ministro Zaldívar orientó la discusión en torno a dos ejes principales: en un primer tiempo se estudió la constitucionalidad de la reserva contenida en el artículo 69 del CFF y en un segundo tiempo se proponía discutir la legalidad y constitucionalidad del acto de aplicación, es decir, determinar si la información solicitada sobre los créditos fiscales cancelados debía o no ser revelada por el SAT. Para Fundar, el primer tema era la llave maestra pues el objetivo principal era combatir un precepto que tiene como efecto colocar a toda la información que manejan las autoridades hacendarias bajo un velo de opacidad.

Respecto del primer tema, el proyecto del ministro Zaldívar reconoció que el derecho a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones en el que la apertura de la información es la regla y la reserva es la excepción. Sin embargo, la solución procedente para Zaldívar es precisar qué información está comprendida bajo la reserva del 69 y cuál no. Según el ministro ponente, la expresión “reserva absoluta” que contiene el artículo 69, debe interpretarse en el sentido que sólo protege los datos personales de los contribuyentes y únicamente se vuelve absoluta cuando no ha sido superada por razones de interés público. Esto significa que para Zaldívar, existe una interpretación conforme a la Constitución o “correcta” de este precepto, según la cual la información será pública al menos de que se trate de datos personales.

La interpretación del ministro ponente es un avance pues indica a las autoridades hacendarias que hay una manera correcta de considerar esta reserva (para datos personales, a menos de que pueda ser superada por razones de interés público) y una manera incorrecta (cuando se usa de manera indiscriminada para negar información que no cabe dentro de esta hipótesis, como es la actual práctica sistemática del SAT).

La propuesta del ministro Zaldívar es innovadora en el sentido que inauguraría una tradición en la SCJN para resolver la inconstitucionalidad de leyes al favorecer su interpretación conforme a la Constitución, sin embargo, se queda corta. Pues al no señalar de forma contundente que la Constitución prevé prima facie la apertura y mantener el lenguaje de “reserva absoluta”, permite al SAT negar información de toda índole, perpetuando la anquilosada tradición de opacidad y las resistencias a la transparencia que existen en nuestro país. Por otra parte, insistimos en que los datos personales ya se encuentran protegidos de manera adecuada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que además es ley posterior y especial en la materia.

Los ministros Cossío y Silva fueron quienes, desde nuestro punto de vista, dieron respuesta efectiva a la cuestión planteada. En primer lugar, Cossío destacó que el artículo impugnado no hace distinción entre personas físicas y personas morales sino que se refiere a los contribuyentes en bloque. Esto es problemático para la interpretación conforme a la que invita el proyecto pues la confidencialidad de los datos personales aplica sólo a personas físicas. En segundo lugar, retomó el argumento esbozado en la demanda de amparo de que no es suficiente declarar una reserva por razones de interés público sino que debe hacer un balance entre el interés público que todos tenemos en que dicha información sea divulgada y el daño que pudiera generar su divulgación.

Hay una dimensión procedimental en el análisis del ministro Cossío que recuerda a Rawls, pues insiste en que la autoridad no puede prescindir de realizar la prueba de interés público en cada caso:

el artículo 69 es inconstitucional, no porque se refiera a información confidencial, sino porque no prevé ni remite al mecanismo o procedimiento mediante el cual debe establecerse el secreto como criterio de causa; como la razón que permitiría a la autoridad realizar el procedimiento de evaluación para reservar la información de manera temporal. El secreto no puede permitir a la autoridad de manera automática considerar cierta información como reservada permanentemente.[1]

También el ministro Silva hizo el estudio apropiado pues determinó que

la utilización de un calificativo como ‘absoluta’ para definir el carácter de la reserva de los datos e información en poder de la autoridad fiscal, hace que por eso mismo, el precepto impugnado sea inconstitucional ya que se trata en una reserva de información que no es idónea, por ser sobre-inclusiva, además de que no es proporcional pues existen medios menos restrictivos del derecho de acceso a la información para adelantar la secrecía fiscal.[2]

Los ministros Ortiz, Aguirre y Franco ni siquiera se adhirieron a la interpretación conforme propuesta por el proyecto, al sostener que el artículo es perfectamente constitucional sin distinción. El primero consideró que el artículo 69 establece una reserva que, aunque susceptible de ser superada, no se refiere únicamente a los datos personales sino que debe ir más allá y que nada tiene que ver con el derecho de acceso a la información. Esta es una interpretación por demás obtusa, que comete el grave error de desligar la reserva dirigida a las autoridades hacendarias del derecho de todos de conocer cómo se comporta el SAT. No reconoce que gran parte de la información que maneja el SAT es pública y tiene un valor intrínseco para la transparencia tributaria y la contraloría social.

El balance de esta discusión, que en realidad es el tema toral para el avance del derecho de acceso a la información, es que todos salvo tres de los ministros de nuestra Suprema Corte consideran que el artículo 69 y la expresión de “absoluta reserva” que contiene puede ser aplicado de forma inconstitucional por las autoridades hacendarias (en el caso de aquellos que se fueron por la interpretación conforme) o incluso sostienen que definitivamente contraviene el mandato constitucional (ministros Cossío y Silva). Así, aunque el Pleno confirmó la constitucionalidad del artículo, debemos quedarnos con este pequeño logro y usarlo para dirigir la aplicación futura de este precepto por el SAT.

La segunda parte del proyecto del ministro Zaldívar se refirió al acto de aplicación, es decir, a estudiar si en el caso concreto de la negativa de información sobre los créditos fiscales cancelados, había sido respetada la interpretación conforme que dibujó la Jueza de Distrito y confirmó la mayoría del Pleno. El proyecto proponía entrar al estudio de la constitucionalidad y legalidad del acto de aplicación y determinaba que la aplicación que daba el SAT al 69 del CFF al negar la información solicitada era inconstitucional por lo que procedía otorgar el amparo. Este hubiera sido sin duda un logro importante pues hubiera obligado al SAT a revelar información que se ha rehusado en hacer pública por los poderosos intereses que se encuentran detrás, a pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ya se lo había ordenado.[3]

El proyecto planteaba entrar al estudio del acto de aplicación aunque no se hubiera formulado un agravio específico al respecto, en respeto al principio pro personae que da la mayor protección posible al individuo. Al respecto, el ministro Pardo señaló que no había lugar a entrar al estudio del acto de aplicación pues no había “causa de pedir”,  perspectiva a la que se sumaron los ministros Franco, Ortiz, Aguilar y Aguirre. Para Cossío, el principio pro personae sólo sería respetado si se declarara inconstitucional el artículo 69 del CFF pues eso es lo que daría la protección más amplia al derecho de acceso a la información, por lo que se pronunció también en contra de esta parte del proyecto. Los ministros que votaron en contra del proyecto en esta parte (a excepción de Cossío), se estancaron en un tecnicismo que dejó en estado de indefensión a la quejosa y tuvo como consecuencia que se confirmara la negación del amparo.

Desde Fundar, la estrategia jurídica fue orientada hacia la lucha por declarar la inconstitucionalidad del fundamento mismo de esta negativa, por lo que se decidió no esgrimir propiamente argumentos de legalidad en contra del acto de aplicación, o por lo menos no de la manera ortodoxa, para invitar al juzgador a detectar la patente inconstitucionalidad del artículo 69. Sin embargo, el recurso de revisión interpuesto sí daba pie a que se entrara al estudio del acto de aplicación, tal y como lo proponía el proyecto del ministro Zaldívar, pues se señaló en numerosas ocasiones que incluso suponiendo que el artículo 69 del CFF admitiera una interpretación conforme a la Constitución, esta no era la interpretación que le daba el SAT en su negativa de información.

En Fundar y en la comunidad de organizaciones y personas que defendemos el derecho de acceso a la información, quedamos decepcionados con esta oportunidad perdida. Es un caso en el que sin duda se movieron intereses poderosos y finalmente se confirmó que la materia tributaria permanece en una esfera aparte, exenta de toda norma relativa a la transparencia y rendición de cuentas.

Quienes hacemos litigio estratégico seguido nos preguntamos si el resultado de un caso que se “pierde” nos dejará peor situados de lo que estábamos. En este caso, pensamos que no pues ocho de once ministros de la Suprema Corte dijeron de manera clara que el artículo 69 del CFF no puede ser interpretado como un paraguas genérico que permite al SAT negar toda la información que maneja sino que sólo puede ser aplicado para salvaguardar los datos personales (de los cuales gozan únicamente las personas físicas). Nos toca ahora hacer la prueba de solicitar información que por su naturaleza es pública y exigir que el SAT se restrinja a esta interpretación, aunque sospechamos que no será así. Entonces, quizás el paso siguiente será volver a acudir a esta sede judicial para que vea como, caso tras caso, la interpretación conforme que labró no es más que una fabricación suya a ser deliberada en hermosas salas de debate y no a la que obedece el SAT. Quizás ante esta realización se atreverá, ahora sí, a declarar inconstitucional el precepto impugnado para sacar a nuestro derecho de acceso a la información del terreno de la discrecionalidad.

 

Jimena Avalos Capín. Colaboradora del equipo de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.


[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Versión taquigráfica de la sesión del Pleno celebrada el 9 de julio de 2012, pág. 25, disponible en http://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/09072012POsn.pdf

[2] Idem, pág. 49.

[3] Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, recursos 6030/09, 3880/10, 7806/10 y 297/12.

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Mesa de Debate. Comunicación y transparencia del Poder Judicial de la Federación.
Participantes: Carlos Avilés (CJF), Hugo Concha (IIJ-UNAM), Saúl López Noriega (ITAM) y Enrique Rodríguez (SCJN).
Grabada el pasado jueves 27 de octubre de 2011, en el Auditorio Fix-Zamudio del IIJ-UNAM.

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Una de las consecuencias del éxito de la película Presunto culpable, ha sido insertar en la discusión pública el tema de grabar las audiencias de los tribunales para efectos de transparentar su desempeño. El crudo retrato del sistema de justicia mexicano que nos ofrece este interesante documental, ha propiciado que no pocos empiecen a ver las cámaras de video como un ingrediente de escrutinio indispensable para mejorar la impartición de justicia en el país.

Hace algunos días, por ejemplo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal anunció que iba a trabajar –junto con algunos asambleístas y miembros del poder judicial local- en el diseño de una iniciativa de reforma legislativa para colocar cámaras de video en los órganos jurisdiccionales de esta ciudad.

El tema, sin embargo, más allá del oportunismo político, merece que se discuta de manera seria. Sin descalificar de antemano la propuesta, pero tampoco apoyándola con simpatía irreflexiva. Se trata de un tema que en el resto de las arenas judiciales del mundo hay consenso: no dar entrada a las cámaras de video. Difícilmente se puede encontrar un poder judicial en el que se permita la posibilidad de grabar el audio y video de los juicios. ¿Esto significa que las audiencias o argumentos orales en estos tribunales no son públicas? No.

Este es el punto de arranque para la discusión: durante las últimas semanas, algunos abogados han utilizado el argumento de que las grabaciones de Presunto culpable no son objetables en ningún sentido porque precisamente los juicios son públicos. Existe, sin embargo, un salto bastante grande entre que un evento sea público y que sea mediático. La publicidad no implica necesariamente la presencia de cámaras de video y, por su parte, el ojo mediático no asegura siempre la transparencia.

En Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, sus juicios son públicos pero no mediáticos. Puede estar presente cualquier interesado en el debate judicial: familiares y allegados de las partes, académicos y, por supuesto, periodistas o representantes de medios de comunicación. Pero ninguno de los presentes puede llevar algún dispositivo con el cual puedan grabar audio y video en las audiencias o argumentos orales de los diversos casos que resuelven los jueces. ¿Por qué esa posición tan reacia a permitir la presencia de cámara de videos en un proceso jurisdiccional? ¿Cuál es el motivo de insistir en la distinción entre la publicidad de un juicio –la cual no sólo está permitida sino que es un principio de transparencia medular en un régimen democrático- y su eventual carácter mediático? ¿Se trata, acaso, de una expresión más del característico conservadurismo del mundo abogadil?

Estas y otras preguntas surgieron en un caso que tuvo que resolver el Tribunal Constitucional Federal de Alemania en el año 2001[1], debido a que un grupo de representantes de medios de comunicación interpuso recursos de amparos en contra de una disposición legal que si bien le otorgaba el carácter de público a los procesos jurisdiccionales, prohibía la grabación de audio y video[2]. La Corte Constitucional consideró que tales recursos de amparo eran infundados: los juicios deberían permanecer siendo públicos por supuesto, pero no mediáticos. Vale pena considerar los argumentos de este órgano jurisdiccional para apuntalar esta decisión:

La limitación de la publicidad judicial mediante la prohibición legal de grabar y filmar las audiencias judiciales, tiene en cuenta los intereses de la protección de la personalidad, así como los requisitos de un debido proceso y de la búsqueda de la verdad y la justicia.

En el proceso judicial, la protección de la personalidad requiere de una mayor protección, que la que se reconoce en el ordenamiento legal general. Esto se aplica no sólo, pero con especial intensidad, a la protección de los demandados y los testigos, en el proceso penal, quienes tienen que exponerse involuntariamente al público, en una situación cargada de emociones y, no raras veces, tensionante […] Existe también un riesgo alto de que se modifique el contenido de las declaraciones, cuando las tomas son recortadas o editas, para ser utilizadas con otro orden o más tarde, en otro contexto. A la defensa de los peligros a que se ve expuesto el derecho a la autodeterminación de la información, sirve la exclusión de las tomas y su difusión.

La posibilidad de las grabaciones y las filmaciones debe igualmente excluida en interés de un debido proceso y la seguridad de encontrar la verdad y poder aplicar el derecho. La publicidad de los medios de comunicación es algo completamente distinto frente a la publicidad en las salas. Muchas personas cambian su comportamiento ante la presencia de los medios de comunicación. Algunos se sienten tranquilos ante los medios de comunicación, otros se atemorizan. El debido proceso se ve así en peligro, especialmente en lo que respecta a los acusados en un proceso penal, cuando debido a la presencia de los medios temen hacer referencia a cosas que son de importancia para encontrar la verdad; por ejemplo, circunstancias íntimas, penosas, o deshonrosas. El proceso de encontrar la verdad puede también sufrir cuando las personas que participan en el proceso dirigen su comportamiento con el objetivo de causar los efectos que esperan de los medios de comunicación.

La corte alemana pone especial atención en un punto clave: la no objetividad del lenguaje mediático. Existe la creencia de que el lente de una cámara de video o fotográfica tiene la capacidad de registrar la realidad de manera neutral e imparcial. Sin embargo, como señaló Octavio Paz, no hay que olvidar que detrás de la lente “…hay un hombre: una sensibilidad y una fantasía. Un punto de vista.”[3] Es decir, una subjetividad. Y de ahí, por ejemplo, que este tribunal alemán señalara que en el caso de que el legislador decidiese permitir la grabación de audio y video en los juicios, para contrarrestar los posibles efectos negativos, debería reglamentar de manera muy precisa las posiciones de las cámaras, el tipo de tomas (evitando acercamientos), la manera en cómo se editaría el material, etcétera.

Esto no significa negar que la presencia de cámaras de video en un juicio puede ser un excelente recurso de escrutinio y de prueba de posibles abusos que suceden durante el proceso –como lo demuestra justamente la película Presunto culpable-, pero ignorar sus limitaciones en términos de transparencia y posibles efectos perniciosos es de una ingenuidad mayúscula. Pongamos un ejemplo: nuestra Suprema Corte de Justicia. Desde hace algunos años, sus debates son públicos y también mediáticos. ¿Esto ha dado como resultado que la función jurisdiccional en ese tribunal sea más transparente? No necesariamente: existen varias etapas de su proceso de decisión que son enteramente opacas –basta pensar en las audiencias de oreja, la confección del engrose, la jurisprudencia, etc.-, con el riesgo de que los ministros busquen en sus debates no el mejor argumento sino el titular de noticias del día siguiente.

Mejorar el sistema de impartición de justicia del país exige repensar, en términos de transparencia y escrutinio, las diferentes etapas que integran los procesos jurisdiccionales. En algunas probablemente sea provechoso la presencia de cámaras de video, en otras seguramente no. Lo cierto es que lo peor que le puede suceder a un documental como Presunto Culpable es que impulse cambios en los tribunales fruto no de la reflexión seria de políticas públicas judiciales, sino de la demagogia.

NOTA: aquí se pueden consultar las opiniones de los justices Breyer, Thomas, Scalia, Kennedy y Souter, respecto la posibilidad de permitir la presencia de cámaras de videos en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Saúl López Noriega (@slopeznoriega). Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.


[1] Se trata de la sentencia BVerfGE 103, 44. Aquí sigo la siguiente traducción: Jürgen Schwabe (comp.), Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán. Extractos de las sentencias más relevantes, trad. Marcela Anzola y Emilio Maus, Konrad Adenauer, México, 2009, pp. 226-233.

[2] Esta disposición es el artículo 169, frase 2, de la Ley de Organización de los Tribunales y que establece el siguiente texto: “Las audiencias ante los tribunales son públicas, incluyendo aquéllas en las que se pronuncias las sentencias y autos. Las tomas y las grabaciones para la radio y la televisión, así como las grabaciones y filmaciones con el objeto de ser presentas públicamente o de publicar su contenido, son inadmisibles.”

[3] Paz, Octavio, “Instante y revelación: Manuel Álvarez Bravo”, en Los privilegios de la vista II, Arte de México, FCE, México, 1994, Obras completas, Tomo 7, p. 312.

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El fisco maneja gran cantidad de información sobre los particulares que ciertamente no queremos que se divulgue, como nuestro nombre, domicilio, o cuánto y en qué gastamos cotidianamente. Sin embargo, nuestras autoridades hacendarias también manejan datos que necesariamente tendríamos que conocer para verificar que nuestras contribuciones se cobran y administran de manera eficiente y conforme a derecho.

No es necesario ser un experto en materia fiscal para darnos cuenta que algo anda mal cuando la capacidad recaudadora del Estado es baja, los impuestos aumentan y, sin embargo, parece que a la hora de asignar el presupuesto público, nunca hay dinero suficiente para lo que la población necesita. Se vuelve entonces indispensable que haya transparencia en el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que dicha institución rinda cuentas sobre los ingresos que recibe. Es también necesario conocer exactamente qué criterios sigue para decidir lo que cobra y lo que deja de cobrar.

A pesar de la evolución y desarrollo que ha tenido el marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información en nuestro país en la última década, la gestión del SAT continúa estando bajo una caja negra. La razón: una concepción demasiado holgada de lo que debe considerarse como “secreto fiscal”. ¿A quién protege el “secreto fiscal”? ¿Tiene verdaderamente la finalidad de proteger al contribuyente en su intimidad o seguridad?; o bien, ¿es meramente el pretexto perfecto para que el SAT actúe detrás de una cortina de opacidad?

El famoso “secreto fiscal” tradicionalmente se ha encuadrado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual ordena a todo el personal oficial que interviene en los diversos trámites fiscales a guardar “absoluta reserva” en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Lejos de servir como una protección para el contribuyente, esta disposición permite al SAT reservar sistemática y arbitrariamente todo tipo de información, incluso aquella que por su naturaleza es indudablemente pública.

Un ejemplo claro de información que sí debemos poder conocer es la relativa a los créditos fiscales cancelados en 2007, los cuales equivalen a una cantidad de 73,960.4 millones de pesos. Se trata de créditos que el fisco ha decidido no cobrar, ya sea por incosteabilidad en el cobro (cuando cuesta más caro realizar diligencias de cobro que cancelar el crédito), por insolvencia del deudor o por la imposibilidad práctica del cobro. Si bien la cancelación no libera al deudor del pago (pues queda abierta la puerta para que pague de manera espontánea), también lo es que el Estado dejará de emplear su maquinaria para cobrar el crédito cancelado.

En octubre pasado, Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil solicitamos al SAT la información sobre los montos, fechas de cancelación y, principalmente, los motivos o razones por los cuales fueron cancelados dichos créditos. La información fue negada con fundamento en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Ante esta negativa, acudimos ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo que declare inconstitucional el artículo citado. Con esta estrategia, esperamos que el Poder Judicial sirva como verdadero contrapeso a un Poder Legislativo que ha sido omiso en reformar la noción de “secreto fiscal” para obedecer el mandato constitucional. Esperamos además que sirva de balance a un Poder Ejecutivo que hace uso indiscriminado de este precepto para negar información pública de manera caprichosa.

Nuestro argumento es que en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que toda información en poder del gobierno es de carácter público y únicamente podrá ser reservada de manera excepcional por razones de interés público. En directa contravención a este mandato, el artículo 69 del CFF establece una regla general de reservar toda la información en posesión de las autoridades que intervienen en trámites fiscales, la cual admite ciertas excepciones. Esto significa que en el artículo 69 del CFF establece un régimen de excepciones que es exactamente opuesto al que establece el artículo 6º de la Constitución.

Además, la reserva absoluta que plantea el artículo 69 del CFF no responde al criterio de interés público que es el criterio rector en esta materia. Al contrario, es de interés público que se haga disponible la información sobre los créditos fiscales cancelados, pues sólo de esta forma la ciudadanía podrá verificar que se dan a partir de la actualización de supuestos establecidos en reglas claras y equitativas. Debemos poder conocer exactamente cómo son aplicados los criterios para la cancelación de créditos a fin de verificar que dichas cancelaciones no sean el resultado de la ineficiencia en el cobro o incluso de corrupción.

¿Quedaremos entonces desprotegidos los contribuyentes en nuestra intimidad o seguridad? La respuesta es no. Vale la pena precisar que lo que se busca con este litigio no es eliminar por completo la noción de “secreto fiscal”, sino resaltar que dicha noción debe ser acotada a fin de que corresponda a los avances que hemos tenido en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Por otra parte, ya contamos con una ley especial que nos brinda la protección adecuada. En efecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ya protege nuestros datos personales[1], así como aquella información que podría poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas[2] e incluso aquella que pudiera causar un serio perjuicio a la recaudación de las contribuciones.[3]

La demanda de amparo indirecto que interpusimos fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Posteriormente, el asunto fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal para que dicte la sentencia correspondiente. Se espera que la sentencia de primera instancia se emita en los próximos meses.

Si la sentencia niega el amparo, acudiremos a la segunda instancia para solicitar la revisión, y si la sentencia otorga el amparo, seguramente las autoridades responsables harán lo mismo. Tendremos entonces la oportunidad de pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción, pues consideramos que es un caso que lo amerita por su particular importancia y trascendencia, así como por su novedad y relevancia.

En el fondo lo que perseguimos es delimitar y desmitificar algunas nociones aparentemente sagradas que amenazan de manera patente nuestro derecho de acceso a la información. El “secreto fiscal” tal y como está definido, no protege a nosotros los contribuyentes (o por lo menos no en todos los casos), sino que nos mantiene a obscuras en un tema que nos incumbe a todos: el manejo de los ingresos de nuestro país.

Jimena Ávalos Capín. Abogada del equipo de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

*Descargar Posicionamiento y Resumen Ejecutivo de la Demanda interpuesta por Fundar, aquí.

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[1]Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el  11 de junio de 2002, Artículo 18, fracción II.

[2] Idem, Artículo 13, fracción IV.

[3] Idem, Artículo 13, fracción V.

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El ministro Juna Silva Meza, el mismo día en que fue elegido como presidente de la Suprema Corte (el pasado 3 de enero), emitió el acuerdo general de administración 1/2011 que marca el inicio de un profundo cambio en la estructura administrativa del máximo tribunal del país. Se trata de un proyecto que a partir de criterios de sobriedad, austeridad y racionalidad busca combatir una de las grandes asignaturas pendientes de la Suprema Corte: el abuso de los recursos públicos. Es un buen comienzo. Sin embargo, esta reestructura administrativa, al afectar varios de los intereses y feudos de sus colegas, plantea la pregunta de qué tanto podrá estirar la liga Silva Meza sin perder el apoyo de sus compañeros para impulsar el resto de las reformas que ha propuesto como eje de su presidencia. Sólo el tiempo nos podrá contestar esta pregunta, de ahí que la opinión deba seguir de manera crítica y reflexiva los cambios que están sucediendo en la Corte. En este sentido, el sábado pasado la académica Ana Laura Magaloni publicó en el periódico Reforma un primer balance de las reformas que ha iniciado Silva Meza. Aquí los principales subrayados.

El Acuerdo General 1/2011 se centró en cuatro aspectos: 1) limita el número y organización de las plazas en las direcciones generales a través de hacer obligatoria una “plantilla tipo”; 2) suprime cinco secretarías ejecutivas (equivalentes a subsecretarías en la administración pública) y tres direcciones generales; 3) define los niveles jerárquicos de la estructura orgánica administrativa de la Corte y 4) reorganiza la estructura administrativa en tres bloques: Oficialía Mayor (recursos materiales y humanos), Secretaría General de la Presidencia (áreas de comunicación y difusión) y Secretaría Ejecutiva (soporte a las áreas jurisdiccionales como compilación de tesis, archivo, relaciones internacionales, etcétera).

Es difícil dimensionar la relevancia del acuerdo general 1/2011 si se desconoce lo confusa, desorganizada e irregular que ha sido la estructura administrativa del máximo tribunal. Según un documento interno de la Corte de 2009, entre los muchos problemas de gestión y organización interna se encontraban los siguientes: 1) cuando se creaba una plaza, la determinación del rango y sueldo era dis- crecional, 2) el tabulador se modificaba constantemente y sin justificación, 3) se autorizaban plazas sin definir el rango del puesto, 4) no existían perfiles de puesto definidos, por lo que no existía una referencia de las funciones, competencias y aptitudes para cada puesto. El acuerdo general 1/2011 busca resolver estas cuestiones.

Como resultado de tanto desorden administrativo, la Corte mexicana se convirtió en el tribunal de su tipo en donde más personas laboran. En el comparativo internacional que elaboré junto con mi colega Carlos Elizondo encontramos que, mientras en nuestra Corte, hasta 2010, trabajaban 3 mil 116 personas, en la Corte Suprema de Estados Unidos, la segunda con más personal de las que fueron objeto del estudio, lo hacían 483 y en el Tribunal Constitucional de Alemania 168, por mencionar algunos. Esta enorme diferencia en el tamaño de las burocracias es lo que hace a nuestra Corte la más cara del mundo.

Poner orden dentro de la estructura administrativa es tocar muchos intereses y privilegios internos y modificar una cultura de la gestión pública propia de un sistema político autoritario. Las inercias burocráticas son enormes. Los costos internos también lo son: es mucho más popular un presidente que reparte dinero a uno que limita y reduce el gasto. Por ello, para entrarle a este tema, se necesita cierta convicción ética de que las cosas no pueden seguir igual. Ello, intuyo, forma parte de la personalidad de Silva Meza.

Con el acuerdo administrativo 1/2011, Silva Meza mandó una señal im- portantísima hacia adentro: voy en serio por la reestructura administrativa y no necesito consensos con mis colegas para hacerlo. Hacia fuera dicho acuerdo también manda una señal nueva: la Corte quiere renovarse y modificar paradigmas añejos en la utilización de recursos públicos.

Los ciudadanos necesitamos que los máximos jueces del país marquen los referentes de lo que es ético en el ámbito de la política y el ejercicio del poder. El flanco más vulnerable de la Corte ha estado con el uso de sus recursos públicos. Por ello, espero que el acuerdo 1/2011 sea el inicio de un proceso liderado por Silva Meza que convierta a nuestra Corte en el referente nacional de lo que significa el ejercicio del gasto en clave democrática.

El Juego de la Suprema Corte

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Conforme la Suprema Corte adquiere relevancia mediática, la sociedad empieza a voltear más hacia el poder judicial y a interesarse por la forma en que actúa. Durante 2010, dos casos concentraron la atención del público: la facultad de investigación para analizar lo ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo (incendio en el que murieron 49 menores de edad) y la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que permitió a parejas del mismo sexo contraer matrimonio en el Distrito Federal. Ambos casos obtuvieron una atención mediática inusitada.

Este creciente interés en el desempeño de la Suprema Corte, no debe sorprendernos. Para efectos prácticos, la Corte es la última línea de protección de los derechos de las personas a nivel nacional y es la institución encargada de salvaguardar la Constitución frente a las posibles violaciones de otros. Es decir, es fundamental para el funcionamiento de la democracia en México.

Vale subrayar, sin embargo, que las discusiones de los ministros son sólo uno de todos los ingredientes que giran en torno a la Suprema Corte y que debe ser sometidos a escrutinio. En efecto, la relación con los medios de comunicación y por extensión con la sociedad, no debe limitarse a algunos aspectos del  trabajo de la Corte. Debe existir, por el contrario, una relación permanente entre sociedad y poder judicial. Para fomentar la transparencia y el mejor desempeño de los ministros es necesario que la sociedad los vigile.

Naturalmente, este proceso de vigilancia debe iniciar desde -valga la redundancia- el inicio: la designación de los ministros. Si ellos juegan un papel tan importante como el que hemos descrito, resulta obvio que las personas elegidas para desempeñar el cargo deben ser las óptimas. Y, para asegurar eso, debe existir un escrutinio profundo sobre el procedimiento que lleva a su elección.

México: la vía fast-track en todos los sentidos

El proceso en México es relativamente sencillo de explicar. Cuando un ministro cumple los 15 años en funciones, debe retirarse. Es obligación constitucional del presidente de la República enviar una terna de candidatos al Senado, que dispone de 30 días para elegir por mayoría de 2/3 de los presentes a uno de los tres candidatos. En caso de no reunirse en esos 30 días, el presidente designa al nuevo ministro. Si la terna es rechazada, se somete una nueva que sigue el mismo procedimiento. En caso de que ésta sea rechazada nuevamente, entonces, el presidente designa directamente al nuevo ministro.

Ahora bien, ha exactamente un año, el Senado de la República confirmó a dos ministros en un mismo día: Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar; lo cuales sustituyeron a los entonces ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela. La comparecencia de ambas ternas -seis candidatos en total- se dio en una sola mañana. Como declararon los propios senadores: fue “de mero trámite”. Las participaciones de los candidatos se limitaron a un discurso preparado y no hubo preguntas posteriores.

La prensa -en su mayoría- actuó de forma similar. El Reforma, en su edición del 2 de diciembre de 2009, recogió la designación en menos de media página y se limitó a publicar extractos de los discursos de los dos nuevos ministros. No publicó ni siquiera una semblanza curricular.[1]

Esto es preocupante porque realmente no existió una investigación a fondo del pasado de los nuevos ministros. ¿Cuál era su ideología? ¿En qué litigios habían participado? ¿Qué cargos habían desempeñado y qué críticas habían recibido? Sólo a través de una investigación un poco más minuciosa -elaborada por Proceso- uno se pudo enterar que el ministro Zaldívar litigó frente a la Corte el amparo relacionado al FOBAPROA y que durante la gestión de Aguilar como integrante del consejo de disciplina en la Judicatura Federal, su hermano José Alfredo fue designado jefe de la unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tanto medios de comunicación como senadores debieron haber cuestionado más a fondo a los candidatos para aclarar estos y otros temás más.

Estados Unidos: todo a su tiempo

El proceso de designación de los justices de la Supreme Court de Estados Unidos es muy parecido en cuanto a las etapas institucionales, pero muy distinto en la práctica. Los justices estadounidenses ejercen el cargo de forma vitalicia, pero pueden retirarse si así lo desean. En cualquier caso, el procedimiento se da de la siguiente forma: el presidente de la República elige a un candidato para cubrir el puesto, el comité judicial del Senado lleva a cabo audiencias y entrevistas con el nominado, para después someter a votación del pleno de Senadores su designación. A diferencia de México, en Estados Unidos el nuevo integrante es electo por mayoría simple.

Lo interesante es que la parte práctica del proceso en Estados Unidos es, contrario a lo que sucede en nuestro país, fruto de un serio y responsable ejercicio de reflexión, tanto por el Senado como por los medios de comunicación. Pensemos en la elección de las últimas dos integrantes de la Supreme Court, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. En ambos casos los medios y el Senado se tomaron su tiempo. Las audiencias de confirmación –transmitidas por televisión, por cierto- de Sotomayor duraron cuatro días enteros de escrutinio. Al mismo tiempo, el análisis previo de los medios sobre la carrera judicial de Sotomayor, sus opiniones y sentencias, fue tan profundo que después de los cuatro días, el Washington Post estableció que “ya se sabía desde antes” todo lo que respondió Sotomayor.

En cuanto a Kagan, las audiencias fluyeron más rápido, pero igual fue cuestionada por los senadores. Los medios no le restaron importancia, al grado que el New York Times dedicó más de cinco páginas de su periódico al proceso.

Ambas partes -Senado y medios de comunicación- hicieron un trabajo lo suficientemente exhaustivo como para que no quedara duda alguna de quiénes eran las dos nuevas justices.

La terna actual

Para concluir, vale la pena hacer un escueto análisis de la terna de candidatas enviada por el presidente Calderón al Senado el pasado 30 de noviembre.

Lo primero que sorprende es que el presidente se haya tardado más de 70 días en nombrar al sustituto del ministro Gudiño Pelayo. También es interesante esta coincidencia: un día después de que el Reforma publicara el discurso del ministro Zaldívar sobre los quince empates en votación en la primera sala de la Suprema Corte por falta de un quinto ministro,[2] llegó la terna al Senado.

El segundo aspecto que sorprende es la fecha en la que llega la terna. Como se mencionó con anterioridad, el Senado dispone de 30 días para elegir a un nuevo ministro después de recibir la lista de candidatos. El período ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre, lo cual le da dos opciones a los senadores: discutir y votar en fast track a la nueva ministra -con todo lo que ello implica en cuanto a falta de análisis y discusión- o agendar un período extraordinario durante las vacaciones para tratar exclusivamente el tema. También hay que recordar que la Suprema Corte reinicia actividades el 3 de enero,  fecha en que tendrán que votar para elegir al nuevo ministro presidente y, por tal motivo, lo ideal es que estén presentes los once ministros para evitar un posible empate.

Finalmente, poco puede decirse de las tres candidatas, dada la poca apertura del sistema judicial. No es posible analizar sus criterios en las sentencias en las que han participado, puesto que éstas no se encuentran disponibles al público en general. En cuanto a su trayectoria, también se sabe poco. Sólo dos de las tres candidatas tienen currículo en línea (Elvia Rosa Díaz de León y Lilia Mónica López). De la tercera, Andrea Zambrana, ni foto hay. Lo más que se puede saber con respecto a su ideología es que fue secretaria de estudio y cuenta del ministro Aguirre Anguiano, el ministro que por su historial de decisiones representa el ala más conservadora de la Corte.

Sobre los fichas curriculares no se puede decir mucho, pues son listados de cargos desempeñados. Quizá la otra forma de asomarse al criterio de una de ellas es a través del título de su tesis de licenciatura (“Estudio dogmático del delito de adulterio”, de Díaz de León) pero fue publicada hace más de cuarenta años, lo cual no necesariamente refleja sus convicciones actuales.

De la que más información se tiene es de esta última, pues ya participó en una terna para la SCJN en 2003 junto con la actual ministra Luna Ramos y el magistrado José Luis de la Peza. Esa terna fue desechada por falta de mayoría, y Díaz de León ya no fue presentada en la segunda. Nacida en 1944, Díaz de León tendría 81 años al terminar su período en la SCJN.

En términos generales, que esa sea la única información disponible no habla muy bien de las tres candidatas.

Los medios de comunicación, por su parte, no han tenido mucha oportunidad de cubrir el suceso: dado que apenas el 30 de noviembre se dio a conocer la lista, todo análisis previo ha girado en torno a la especulación sobre los posibles candidatos. Cabe resaltar que previo a la presentación de la terna ni el Reforma, El Universal o La Jornada mencionaron dentro de las posibilidades a ninguna de las tres mujeres que hoy tienen oportunidad de formar parte del Tribunal más importante de nuestro país.

Nadie estaba preparado para recibir estas tres nominaciones. Si la propuesta del presidente agarró en curva a los medios de comunicación, la siguiente parte del procedimiento lo más probable es que una vez más resulte, de menos, ominosa.

Esteban Illades (@steviehousecat). Estudiante del Departamento de Derecho del ITAM en proceso de titulación con la tesis La cobertura periodística de los tribunales: una introducción al periodismo judicial.


[1] Guerrero, Claudia y Rolando Herrera, “Avalan Senadores relevos en la Corte”, Reforma, 2 de diciembre de 2010.

[2] Fuentes, Víctor, “Impacta a la Corte el retraso de Calderón”, Reforma, 30 de noviembre de 2010.

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Una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra incipiente y tambaleante democracia son los sindicatos. Se trata de instituciones que no están atados a la lógica propia de un régimen democrático: límites y correas de responsabilidades. Esta es una de las conclusiones del interesante estudio La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento en México: los sindicatos en nuestro país se sostienen y actúan a partir de un andamiaje legal que les permite no entregar cuentas al Estado, a la ciudadanía ni, por supuesto, a sus trabajadores. Son quistes que impiden democratizar uno de los ámbitos más relevantes de nuestra sociedad y que obstaculizan el crecimiento económico de sectores clave para el país.

En este sentido, hace algunos días, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un caso de enorme relevancia, pero que apenas se registró en los medios de comunicación -una excepción notable es la editorial del día de hoy del periódico El Universal. Se trató de un procedimiento que se conoce como contradicción de tesis y donde el problema surge porque precisamente existen dos criterios jurisprudenciales de dos Tribunales Colegiados de Circuito que se contradicen y de ahí que en este caso la tarea de la Segunda Sala consistiese en definir cual de los criterios era el que debía prevalecer y erigirse en el criterio obligatorio en la materia para el resto de los tribunales inferiores.

Así, los ministros Fernando Francio, Sergio Valls, Margarita Luna, Sergio Aguirre y Luis María Aguilar decidieron por unanimidad que el monto anual de las cuotas sindicales de los trabajadores de Pemex no es información pública; es decir, de acuerdo al esquema de transparencia del país, no constituye un dato que deba darse a conocer a aquellos que lo soliciten. Esto debido a que el dinero que entrega el trabajador al sindicato, aun cuando esta entrega se realiza mediante retenciones del organismo público Pemex,  no es dinero público sino privado.  Y, por ello, exigirle al sindicato que informe de las cuotas sindicales se traduciría en una afectación injustificada a su vida privada.

Ahora bien: ¿Esta la concepción correcta de una institución sindical en relación con las cuotas de sus trabajadores? ¿No debiesen, por lo menos, los trabajadores tener la posibilidad de exigir transparencia en el uso de las cuotas que ellos aportan? ¿Cómo debería de entender hoy en día la Suprema Corte instituciones como los sindicatos?

Aquí la tesis de jurisprudencia que recién confeccionó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia:

Jurisprudencia 2a./J. 118/2010

INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN.

Teniendo en cuenta que la información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de los poderes constituidos del Estado, obtenidos en ejercicio de funciones de derecho público y considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de aquéllos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es indudable que el monto total al que ascienden las cuotas sindicales aportadas anualmente por los trabajadores de Petróleos Mexicanos no constituye información pública que, sin la autorización del sindicato, deba darse a conocer a los terceros que lo soliciten, ya que constituye un haber patrimonial perteneciente a una persona jurídica de derecho social (sindicato) y un dato que, si bien está en posesión de una entidad gubernamental (Petróleos Mexicanos), se obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho público, ya que tal información está en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del carácter de patrón que tiene frente a sus empleados, a través de la obligación de retener mensualmente las cuotas sindicales aportadas para enterarlas al sindicato, impuesta por el artículo 132, fracción XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que en el ámbito laboral no rige esa obligación a cargo del patrón de rendir cuentas y transparentar acciones frente a la sociedad. Máxime que el monto de las cuotas sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgación importaría, por un lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, lo que está protegido por los artículos 6o., fracción II, y 16 constitucionales, por otro lado, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos 3o. y 8o. del Convenio número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical.

Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 11 de agosto de 2010.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretario: Fernando Silva García.

El Juego de la Suprema Corte.

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La noticia ha circulado en diversos medios de comunicación: el Tribunal Fiscal recién emitió una sentencia en la que acaba con el carácter de definitividad de las resoluciones del IFAI y abre la puerta para que los sujetos obligados a entregar información pública presenten demandas en contra de aquéllas. Esto significa una seria amenaza en contra de la trasparencia, toda vez que entorpece el procedimiento de acceso a la información pública. Así, el efecto de esta decisión del Tribunal Fiscal no se hizo esperar: apenas hace algunos días el SAT atacó la resolución del IFAI que lo obligaba a dar a conocer información relacionada con los beneficiarios de la cancelación de créditos fiscales. En el siguiente texto, la Comisionada Presidenta del IFAI ofrece sus argumentos de porque es injustificado el ataque del Tribunal Fiscal.

Actualmente, en ciertos círculos del poder público -que creo todavía son minúsculos- existe un claro intento para que en la natural tensión entre los valores de acceso a la información, la rendición de cuentas a los ciudadanos, la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho prevalezcan los contravalores.

Uno de estos procesos involutivos en el acceso a la información consiste en el combate jurídico que algunos sujetos obligados han emprendido en contra de resoluciones del IFAI.

Esas impugnaciones se han traducido, concretamente, en la presentación de juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en la interposición de amparos directos ante el poder judicial de la federación.

La posibilidad de impugnar las resoluciones del IFAI a través del juicio de nulidad está vedada considerando las atribuciones con que cuenta el Tribunal referido.

El fundamento invocado por ciertos sujetos obligados para impugnar las resoluciones del IFAI por esta vía, es la fracción XI y último párrafo  del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el párrafo tercero del artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que se establece:

Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.”

Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las autoridades de la Administración Pública federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.”

La incompetencia del tribunal administrativo referido para conocer de las impugnaciones que se presenten en contra de las resoluciones del IFAI, se sustenta en lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución federal, ya que en ese precepto se faculta a los tribunales contenciosos administrativos para conocer conflictos que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, y no así entre dos integrantes del poder ejecutivo.

Esto se refrenda con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que se otorga competencia a dicho tribunal para conocer, en el juicio contencioso administrativo, de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados por autoridades administrativas o fiscales, en las materias señaladas en ese artículo y en las diversas fracciones que lo componen, sin que en ninguna de ellas se prevea una competencia para conocer de las resoluciones que emite el IFAI.

Si bien en la fracción XI del artículo 14 de la LOTFJFA se prevé la competencia del tribunal referido para conocer de resoluciones que ponen fin a procedimientos administrativos, lo cierto es que lo condiciona a los términos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y según el artículo 51 de  la LFTAIPG el recurso de revisión que conoce el IFAI sustituye al recurso a que se refiere la LEFEPA.

Respecto al juicio de lesividad previsto en el último párrafo del 14 de la LOTFJFA, y último párrafo del artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, según el cual las autoridades pueden demandar la nulidad de sus propios actos cuando favorezcan a un particular y que se estime contrario a la ley, éste resulta improcedente porque cuando un sujeto obligado de la administración pública federal demanda al IFAI, no se configura el supuesto previsto para el juicio de lesividad, porque con este medio de impugnación no están buscando la nulidad de sus actos sino la de una autoridad distinta.

Con relación al número de juicios de nulidad interpuestos por sujetos obligados en contra de resoluciones emitidas por el IFAI, debe destacarse que se han presentado un total de 40, de los cuales 29 han sido desechados; 7 sobreseídos y 4 admitidos.

Jacqueline Peschard. Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

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