La Corte sesionó de nuevo el pasado 27 de agosto para discutir el proyecto del Ministro Zaldívar sobre los alcances del artículo 1º constitucional reformado en 2011. El debate continuará el día de hoy, jueves 29. El pasado martes abrió el debate el ministro Pérez Dayán y concluyó su intervención inicial con la elocuencia de un jurista de otros tiempos:

Finalizo. La Constitución mexicana como documento representa la voluntad escrita y materializada de un pueblo organizado. 

Como concepto es, en palabras del propio Constituyente de 1917, la suma de sus voluntades, el factor de su unión da soporte a su soberanía y conjuga la esencia y destino de una Nación. La supremacía que la recubre supone, por lo mismo, una posición incompatible con cualquier otra norma cuyo origen resulte de la competencia de sus Poderes constituidos, estos tienen como referente y límite de validez su conformidad con aquélla, por ello, tal cual lo expresó el señor Ministro Valls Hernández al hacer uso de la palabra, cualquier antinomia que surja entre sus postulados y el resto de las normas derivadas, quedará resuelto automáticamente a favor del texto supremo, de suerte que toda modificación o desaplicación de éste, debe obedecer a la convicción del propio Constituyente como portavoz de la voluntad nacional, y no de ninguno de sus intérpretes.

Como puede inferirse de sus palabras, en definitiva, ni él ni el ministro Valls apoyarían el proyecto del ministro Zaldívar porque el mismo propone reconocer a las normas internacionales en materia de derechos humanos una jerarquía constitucional. De hecho, ambos ministros comparten la postura que había expuesto dos días antes el ministro Pardo Rebolledo y que afirma que la supremacía constitucional reside en las normas de la propia constitución que imponen límites o restricciones a los derechos.

En contrapartida, la ministra Sánchez Cordero –dejando testimonio involuntario del sentido que tiene hoy en día la agrupación de nuestros ministros por su orientación ideológica- se decantó abiertamente por la interpretación del ministro Zaldívar:

… tratándose de normas relativas a los derechos humanos éstas se sustraen de la referida jerarquía y su primacía atiende más bien a un criterio material atento al principio pro persona al efecto armónico o a la conformidad que existe entre los enunciados normativos cuyo contenido es propio de los derechos humanos de fuente nacional o de fuente internacional.

Acto seguido tocaría el turno a la ministra Luna Ramos fijar su postura. Ella, congruente con lo que ha venido diciendo dentro y fuera de la Corte –algunos días antes, en un evento en la Ciudad de Morelia, había declarado la postura de Zaldívar, Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío y Sánchez Cordero (por supuesto sin nombrarlos) constituye “traición a la patria”- y, haciendo eco de las lecciones impartidas en las facultades de Derecho más tradicionales, retomó las conocidas tesis de Hans Kelsen:

Esto es en sí, lo que se establece a través de nuestra Norma Fundamental, que para nosotros constituye nuestra Constitución. A partir de esta Norma Fundamental, se establece –les decía– una serie continuada de fases de procesos legislativos de creación jurídica, que va a darle a la Norma Fundamental, desde la aplicación más abstracta que implica la propia disposición establecida en la Constitución, hasta la norma más concreta que constituye la individualización de toda la pirámide jerárquica de normas.

Su postura no es insensata ni parte de postulados incoherentes. Se trata de una posición respetable y atendible pero que, al menos a mi juicio, responde a una concepción del derecho constitucional que ha quedado en el pasado. Luna Ramos, de hecho, no cita expresamente a Kelsen pero sí al connotado jurista y ex ministro mexicano, Felipe Tena Ramírez que murió en 1994 a los 89 años y que delineó sólidas interpretaciones de los artículos 133 y 1º constitucionales vigentes desde 1917.

El problema es que la ministra, en 2013, si bien constata los cambios al texto constitucional aprobados en 2011, se aferra a la interpretación delineada en el siglo pasado. De esta manera, razona como si no se hubieran modificado los artículos 1º, 15, 103 y 105 constitucionales de manera relevante. Su idea de la supremacía constitucional se mantiene anclada a la noción de la soberanía nacional de estirpe decimonónica y sus argumentos prefiguran una Corte que quiere ser solamente Tribunal de Casación y no Tribunal Constitucional.

Tal vez la posición de la ministra y los demás ministros que comparten su postura pueda explicarse porque todos ellos provienen de la carrera judicial. Se trata de una hipótesis interesante porque permitiría explicar las dificultades que existen para consolidar una corte constitucional con juzgadores de carrera y, al mismo tiempo, las dificultades que enfrentan los ministros externo al poder judicial para comprender las lógicas y las prácticas del poder que encabezan.

Es importante recordar que las contradicciones de tesis que se discuten ahora en el pleno de la SCJN provienen de interpretaciones confrontadas que son anteriores a las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos. Las contradicciones se presentaron en 2008 y las reformas se verificaron en 2011. Así que la discusión sobre la jerarquía de las normas de origen internacional ya estaba asentada en sede judicial cuando las normas no habían cambiado y, en términos generales, mantenían el contenido que estudió Tena Ramírez. Pero parece lícito afirmar que el Poder Reformador de la Constitución intervino en esa disputa e introdujo nuevas normas que se decantan en la dirección trazada por Zaldívar, Sánchez Cordero, Cossío y Gutiérrez Ortiz Mena. Fue el legislador el que determinó cuál era la interpretación correcta y lo estableciendo una nueva redacción constitucional.

Esto es interesante porque, paradójicamente, los ministros que defienden el viejo paradigma dicen hacerlo en deferencia hacia ese Poder de reforma constitucional. Por ejemplo, según la ministra Luna Ramos, es inadmisible que las normas provenientes de tratados internacionales prevalezcan sobre normas constitucionales aprobadas por el poder democrático. La paradoja reside en que esta defensa ya no tiene asidero constitucional y no lo tiene, precisamente porque el Poder Reformador de la Constitución así lo dispuso. De esta manera la actitud deferente con el mismo, en este caso, impone reconocer el cambio de paradigma.

La ministra Luna Ramos –a quien retomo de forma reiterada porque expuso con detalle su posición en contra del proyecto- identificó algunas de las materias que, desde su punto de vista, de manera atinada ha introducido el Poder Constituyente permanente en el texto constitucional y que podrían verse cuestionadas si prevalece la interpretación propuesta por Zaldívar:

El arraigo, la no reinstalación en su empleo de los agentes del Ministerio Público, los policías y los peritos, la innata cabilidad de ciertas resoluciones, el trato desigual para procedimientos de sentenciados y procesados de crimen organizado, la extinción de dominio, la prohibición para que los ministros de culto desempeñen cargos públicos, la exclusividad para que el Estado realice determinadas actividades productivas, se pondría en tela de duda, entre otras cosas, también el principio de prisión preventiva, y podríamos señalar muchísimos más.

Para la ministra el hecho de que todas esas figuras se encuentren en la constitución, está bien por el solo hecho de que así lo decidió el Constituyente Permanente y, además, porque responden a nuestra realidad nacional. Así, sin más. Para ella la labor del poder que reforma a la Constitución no puede cuestionarse porque ésta sigue siendo la norma suprema del ordenamiento sea cual sea su contenido. La tesis es relevante porque permite identificar el núcleo del diferendo que ocupa a los ministros.

Si se adopta la tesis propuesta por Zaldívar no es suficiente con que una norma se encuentre constitucionalizada para que deba prevalecer. Tanto menos si es una norma que entra en contradicción con una norma contenida en el bloque de derechos. Cuando ello sucede –por ejemplo con las figuras que recupera la ministra Luna Ramos-,  caso por caso, debe realizarse una interpretación. Si una persona llegara a cuestionar la validez de alguna de las figuras del listado, alegando que existe una norma de origen internacional (o incluso nacional como el principio de presunción de inocencia para el caso del arraigo) que amplía la protección de un derecho, entonces, el juzgador debe realizare un ejercicio de interpretación y de ponderación.

Ambas son posturas positivistas pero la de Zaldívar solo de tipo metodológico; la de Luna Ramos, en cambio, también de índole ideológico.

Me concentro en uno de los ejemplos elegidos por la ministra Luna Ramos con la intención de demostrar que sus preocupaciones tienen menos sustento del que supone: la prohibición para que los ministros de culto desempeñen cargos públicos. Lo elijo porque el tema me interesa y porque el resto de la lista contiene algunas restricciones, a mi juicio, indefendibles.

Es un hecho que el artículo 130 de nuestra constitución señala que:

d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados.

En cambio el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados internacionales establece lo siguiente (Art. 25):

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país

Sin duda existe una potencial contradicción entre ambas normas por lo que es necesario emprender un ejercicio interpretativo. Ello fundamentalmente con la finalidad de determinar si la limitación del artículo 130 constitucional constituye o no una “restricción indebida” a un derecho político y para determinar si la misma, en el contexto constitucional mexicano, debe mantener su validez y surtir efectos.

Para los ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Valls, Pérez Dayán y, como se hizo evidente después, Luis María Aguilar, dicho ejercicio interpretativo es innecesario porque la sola existencia de la restricción contenida en el 130 constitucional resuelve la aporía. Para los ministros Zaldívar, Cossío, Sánchez Cordero, Gutiérrez Ortiz Mena, en cambio, la labor de un juez constitucional exige el reconocimiento de la contradicción y su solución mediante una interpretación que eche mano de otros elementos normativos.

Por ejemplo, en el caso concreto, se podría recuperar el texto del artículo 40 constitucional que define a México como una República democrática, representativa federal y laica. Desde mi perspectiva, este último atributo dota de asideros a la restricción constitucional y distingue a nuestro ordenamiento político jurídico del de otras naciones –también firmantes del Pacto Internacional referido- como, por ejemplo, Argentina cuya constitución señala (Art. 2º) que:  El  Gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano”.

El artículo 25 del Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticostiene vigencia en ambos ordenamientos nacionales y forma parte del bloque constitucional de cada uno de los dos países pero, en Argentina, tiene un alcance que no puede tener en México porque aquél país adopta un régimen confesional y el nuestro uno laico. La restricción constitucional de nuestro artículo 130, entonces, debe interpretarse en ese contexto particular. Siguiendo esta línea argumentativa, en México, la limitación a los derechos políticos no es “indebida” porque adquiere contexto y sentido en el marco de una República laica.

HierarchyDe esta manera queda a salvo la discusión sobre la supremacía, se supera el debate sobre las jerarquías y, al mismo tiempo, dentro del paradigma del bloque de constitucionalidad se logran armonizar dos normas en aparente contradicción. En este asunto específico, entonces, sería posible llegar a la misma conclusión que la ministra Luna Ramos pero desde el nuevo paradigma. Esto no sucederá en todos los casos pero sirve para mostrar que los límites o restricciones a los derechos no siempre serán derrotados si se acepta el bloque de constitucionalidad.

Durante el debate, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena propuso distinguir los temas a debate perfilando, primero, una toma de postura general sobre la cuestión medular -¿cuál es el parámetro de control constitucional en México?; ¿solamente el texto constitucional o éste más las normas de derechos humanos provenientes de fuente internacional?- para dejar el debate de las antinomias (o contradicciones) y su resolución para más después. De esta manera, como lo advirtió la ministra Luna Ramos, habría sido posible dilucidar primero diferendo fundamental: “los que están a favor del proyecto, están a favor de una no jerarquización, y los que estamos en contra, partimos de una posición jerárquica.”

Sin embargo, la mayoría de los ministros consideró que era inevitable abordar las dos cuestiones de manera simultánea. Por lo mismo, la discusión fue entremezclando –a veces de manera confusa y en otras de forma ilustrativa- el tema de la jerarquía con el de las antinomias y su posible solución. Así que todo indica que los ministros deberán pronunciarse sobre ambas cuestiones de manera sucesiva pero imbricada.

El proyecto de Zaldívar, por ahora, cuenta con el apoyo de la ministra Sánchez Cordero y de los ministros Cossío y Gutiérrez Ortiz Mena. Éste último –porque el ministro Cossío ha pedido intervenir hasta el final- ha expresado algunas tesis dignas de rescatarse. Para empezar sostuvo que, desde su perspectiva, la discusión no atañe a la jerarquía de los tratados internacionales ya que estos, sin excepción, están por debajo de la Constitución. El punto nodal –a su entender- reside en la ubicación de las normas que contienen derechos humanos y que provienen de fuente internacional. Son éstas las que amplían la materia constitucional y conforman el bloque, masa o red de derechos.

Pero, además, con agudeza, advirtió que no se trata de incluir una lista interminable de derechos en el máximo nivel normativo del ordenamiento mexicano sino de complementar derechos que ya existen y que están integrados mediante los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad.   Finalmente hizo notar que la constitución no contempla la restricción de derechos sino solamente del ejercicio de los mismos. Se trata de una cuestión relevante.

Si pensamos, por ejemplo, en el caso que ya he referido del artículo 130 tenemos que los ministros del culto son y seguirán siendo titulares de los derechos políticos que corresponden a todos los ciudadanos mexicanos pero, mientras desempeñen la función que voluntariamente han decidido llevar a cabo, no pueden ejercer algunos de ellos. Ello, vale la pena reiterarlo, porque aunque exista una norma internacional que potencialmente avalaría esa pretensión, viven en una República laica.

Así las cosas, en un ejercicio de ponderación y armonización normativa tendríamos que –en este tema que ha generado muchas suspicacias- el efecto potencial del principio pro persona quedaría neutralizado no solo porque “es voluntad del pueblo mexicano” adoptar una forma de estado en la que la separación del Estado y las Iglesias es definitiva sino también porque la restricción no resulta excesiva ni desproporcionada.  Los ministros del culto siguen amparados por el bloque de constitucionalidad pero el ejercicio de algunos de sus derechos políticos se encuentra legítimamente restringido.

La discusión sigue abierta y todo indica que –si, como supongo, el ministro Presidente está a favor del proyecto- le tocará al ministro Fernando Franco definir la votación. No es fácil adivinar el sentido de su voto. Pero, por el momento, ha dado una notable lección de responsabilidad. Después de escuchar a sus colegas pidió tiempo y espacio para estudiar, reflexionar y decidir como votará. Su actitud es valiosa y valerosa porque lo que está en juego no es poco y los argumentos que han expresado sus compañeros merecen una ponderación cuidadosa. Una ponderación similar a la que exigen las contradicciones entre los derechos humanos. Sinceramente espero que haga suyo el principio pro persona y reconozca que, en este caso, la “voluntad del pueblo mexicano”, expresada por el Constituyente permanente, desde 2011, ha sido la de ampliar el bloque, la masa o la red de nuestros derechos.

Pedro Salazar Ugarte. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su más reciente libro es Política y derecho. Derechos y garantías. Cinco ensayos latinoamericanos (Fontamara, México, 2013).

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su m – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3021#sthash.GOYNEJF6.dpuf
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La iniciativa de reforma al artículo 1º constitucional presentada por el diputado Arroyo Vieyra encendió las señales de alerta de muchos especialistas y organizaciones de la sociedad civil, las que con mucho tino la han calificado como una regresión en materia de derechos humanos. En esta entrada quisiera expresar los argumentos por los que, en mi opinión, sí se trata de una iniciativa regresiva aunque no por las razones que se han expresado hasta el momento.

Empiezo por lo que debiera ser obvio pero sobre lo que muy pocos han llamado la atención. Me refiero a la falta de impulso social detrás de la reforma, así como la poca o nula discusión popular que existió al respecto antes de su presentación. Como se sabe, a diferencia de lo que sucede con la presente iniciativa, la reforma del 2011 en materia de derechos humanos sí tuvo detrás una fuerte movilización de las ONG´s, así como larguísimas discusiones académicas. En ese sentido, la primera pregunta es: ¿por qué esta iniciativa al iniciar la legislatura/sexenio y a qué intereses atiende? Hasta donde llega mi conocimiento, la única explicación que encuentro es el “miedo” que tienen algunos sectores a la apertura en materia de derechos humanos, que en definitiva es un proceso irreversible. Por otro lado, según recuerdo, la iniciativa de reforma constitucional no estaba dentro de las propuestas de campaña, momento en el cual la ciudadanía podría haber debatido sobre su oportunidad o conveniencia. Lo que en cualquier caso no puede ser es que se utilice el poder que han dado las urnas para pretender modificar la Constitución a capricho del gobernante de turno, siendo que su reforma debe hacerse a través de un proceso deliberativo especialmente cualificado.

¿Cuál es la trascendencia de la iniciativa que se plantea? En algunos espacios se ha dicho que con esta iniciativa se cancelan nuestros derechos previstos en los tratados internacionales. En mi opinión, esto no es correcto y no deberíamos alentar este discurso, pues aun suponiendo que se apruebe, no es verdad que los derechos previstos en los tratados vayan a dejar de ser vinculantes. Ahora bien, lo que sí es verdad es que si bien la iniciativa no cancela la obligación de interpretar los derechos de conformidad también con los tratados internacionales, sí los deja en un papel secundario. El texto de la iniciativa es el siguiente: “De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133”.

¿Y qué hay del principio pro homine? Por otro lado se ha dicho que el principio pro homine se verá relegado por el de jerarquía de la Constitución. De nueva cuenta, creo que con el fin de hacer más fuerte la crítica a esta mala iniciativa, se está alentando una lectura de la propuesta que no se compadece con su texto y que tampoco debiéramos alentar previendo que pueda ser aprobada. En efecto, si nos atenemos al texto de la iniciativa, ésta no dice que el principio pro homine deba dejarse de lado, sino que en caso de contradicción entre los principios constitucionales y de los tratados internacionales deben prevalecer los primeros. Lo cual, como veremos es reprochable, pero no significa que los principios constitucionales no deban interpretarse de tal manera que se favorezca la protección más amplia.

Si esto es así, el problema entonces es que se relegan “los tratados internacionales”. Pero,  ¿qué implicaciones tiene esto?, ¿es que en materia de derechos los tratados internacionales son más garantistas?

Aquí llego al punto que más me interesa tratar y que considero es el más trascedente. Que los derechos sean interpretados de conformidad con los tratados internacionales no nos asegura per se que se dará la protección más amplia a la persona. Esto es así pues, salvo contadas excepciones (piénsese por ej. el caso del trabajo forzoso analizado en la A.I. 155/2007), los tratados internacionales no dicen con precisión -como si se tratara de reglas-, cuáles son las implicaciones de los derechos que prevén, como tampoco dicen con exactitud cuáles son los límites a estos. Al igual que las Constituciones, los tratados utilizan un lenguaje ambiguo que debe ser interpretado y está sujeto a controversia. De hecho, los tratados pueden ser objeto de interpretaciones muy diversas pero igualmente razonables. Lo importante es entonces quién hace la interpretación de los tratados y cómo son –generosas, restrictivas- esas interpretaciones.

Dicho de otra manera, la exclusión de medidas arbitrarias o la protección más amplia para las personas no se garantiza por el sólo hecho de que los tratados tengan prevalencia sobre la Constitución o viceversa o que tengan la misma jerarquía, sino porque la interpretación más garantista que se haga de ellos sea la que prevalezca. Sin embargo, en una sociedad regida por el pluralismo y el desacuerdo ético determinar cuál de las interpretaciones es más garantista no es cosa fácil. Así, ante la falta de criterios sustantivos que nos digan que tal o cuál interpretación es más garantista, nuestra única herramienta para favorecer la protección más amplia es la institucionalización de procesos continuos e incluyentes de deliberación constitucional, cuyos participantes estén en una posición de igualdad formal y material, y en los que exista la posibilidad de objeción recíproca. De esta manera, el problema central de la iniciativa es que implícitamente otorga a un órgano -en este caso nacional- la facultad de decidir que existe una contradicción entre principios constitucionales e internacionales y, por tanto, que debe prevalecer “el texto constitucional”, o más específicamente, la interpretación que haga éste del texto constitucional. Es decir, le otorga el poder de cerrar el proceso deliberativo sin la posibilidad de que su interpretación pueda ser objetada en otra sede y por otros actores.

Me explico. Tal y como está el artículo 1º constitucional hoy en día, cual sea la interpretación que más favorezca a la persona es una cuestión que es objeto de un debate continuo en el que se puede echar mano del texto de la Constitución y de los tratados, pero sin que la Constitución establezca en última instancia cuál es dicha interpretación. Así, lo valioso del artículo 1º vigente no es que nos asegure per se “la protección más amplia”, pues eso depende de la interpretación que haga en el caso concreto el operador jurídico encargado de interpretar los derechos, sino en que no se inclina a priori por una determinada voz, como sí lo hace la iniciativa del diputado Arroyo. En efecto, lo que implica dicha iniciativa es que en caso de contradicción entre la interpretación de la Constitución que hacen los jueces nacionales y la interpretación de los tratados internacionales que hacen los jueces nacionales, pero sobre todo los internacionales, debe prevalecer la primera. Y para colmo deja dicha decisión en manos de los propios jueces nacionales, quienes son los que pueden determinar que existe una contradicción entre los principios constitucionales y los previstos en los tratados internacionales y, por ende, que se debe dar prioridad al “texto constitucional” (o más bien a la interpretación que éstos hicieron del texto constitucional). El problema no está tanto que “se deja de garantizar la protección más amplia”, pues ésta no depende de la prevalencia de los tratados sobre la Constitución, o que los derechos sean interpretados de conformidad con los tratados, sino de que sea la interpretación de los actores nacionales la que prevalezca “por ser la suya”.

De esta manera, en el fondo la razón por la que la iniciativa ha generado tanta oposición son las implicaciones que puede tener en relación con el poder de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para interpretar nuestros derechos, en la que por diversas razones confían más los opositores de la iniciativa. En efecto, la consecuencia más palpable de la reforma del 2011 fue, en mi opinión, que sirvió de fundamento para que la Suprema Corte -en el caso Radilla- hiciera obligatorios para todos los jueces mexicanos los criterios de la CoIDH en los casos en que México sea parte, y orientadores cuando no lo sea. Así, los críticos de la iniciativa tienen un miedo fundado a que se eche para atrás este criterio de la Corte y sea más difícil hacer valer las generosas interpretaciones de la Corte Interamericana. Este es el meollo de la cuestión. Más allá de que la reforma de 2011 vino a reforzar la obligación de los operadores jurídicos de tomar en cuenta los tratados internacionales, estos ya formaban parte de lo que algunos llaman “bloque de constitucionalidad”, es decir, de lo que debería servir como parámetro de control. Desde esta perspectiva, la consecuencia práctica más importante del nuevo artítuclo 1º es que sirvió para que la Suprema Corte se tomara en serio las interpretaciones de la CoIDH y dictará la resolución del Caso Radilla, que se quiere conservar.

Roberto Niembro O. Investigador de la ELD. www.analistastc.com Twitter: @RNiembro1

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Dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra,

Presidente de la Cámara de Diputados

Diputadas y diputados

LXII Legislatura

Señoras y señores diputados:

Como es de su conocimiento, el pasado 3 de enero del año en curso se publicó  en la gaceta parlamentaria una iniciativa de reforma que busca modificar el segundo párrafo del artículo 1° constitucional para quedar como sigue:

Artículo 1.  (…)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133.

Al respecto, nos permitimos manifestarles que la propuesta de reforma en cita, además de carecer de una finalidad concreta manifiesta, va en contra del propio artículo 1° al incumplir la obligación constitucional que el Poder Legislativo tiene, en el ámbito de sus competencias, de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad.

En efecto, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el día 10 de junio de 2011, conocidas como “reforma en materia de derechos humanos” representan un cambio de enorme relevancia para el sistema de protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país. No es una exageración cuando se dice que el nuevo texto del artículo 1° implica un “cambio de paradigma” sobre el entendimiento de los derechos humanos como límite y obligación al poder público pues incorpora al texto constitucional una serie de reglas y criterios de interpretación que deberán atender todas las autoridades en sus relaciones con los particulares.

La reforma al artículo 1° refuerza el carácter garantista de nuestra Constitución y amplía de forma importante el catálogo de derechos humanos vinculantes directamente ante nuestras autoridades, logrando la sistematización jurídica de todas aquellas normas que tienen carácter fundamental por tratarse de derechos humanos y que no se encuentran en el texto fundamental.

Ello implica que los derechos humanos reconocidos vía tratados y que ya forman parte del orden jurídico mexicano, adquieren protección y reconocimiento a nivel constitucional. Es decir, los derechos humanos de carácter convencional se vuelven vigentes y directamente vinculantes para todas las autoridades, desapareciendo cualquier jerarquía entre éstos y la norma constitucional, pues gracias al criterio de interpretación conocido como “principio pro personae” se debe realizar una interpretación armónica de los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales y en consecuencia se debe siempre preferir la norma que contenga una protección más amplia cuando se trate de reconocer derechos y la menos restrictiva, cuando se trate de limitarlos.

El hecho de que no exista una jerarquía entre normas de derechos humanos contenidas textualmente en la Constitución y las contenidas en los tratados internacionales implica una garantía frente a cambios constitucionales potencialmente arbitrarios, así como normas ordinarias o actos de autoridad que puedan limitar injustificadamente derechos

Sin embargo, debe aclararse que ello no implica que la Constitución pierda su supremacía, ni tampoco que los derechos se conviertan en absolutos.

No hay pérdida de la supremacía constitucional pues el artículo 133 establece las reglas para que los tratados sean incorporados al sistema jurídico nacional, de manera que la Constitución mexicana permanece como “el filtro” de  ingreso al sistema. Sin embargo, una vez ratificado el tratado, al formar parte del sistema jurídico mexicano, la norma internacional de derechos humanos –cuya compatibilidad con la Constitución ya fue revisada por el Senado- funciona a la par de la Constitución como parámetro de validez para controlar la coherencia del sistema.

Por lo anterior, consideramos que la presentada el pasado 3 de enero es una reforma regresiva en atención a que:

  1. Establece una jerarquía normativa para la interpretación, con lo cual retrocede en el avance normativo al dejar de garantizar la protección más amplia para la persona y deja sin sentido el reconocimiento constitucional del “principio pro personae” y la interpretación conforme a tratados, pues al establecer que el texto constitucional es el que debe prevalecer, desnaturaliza y nulifica dichos criterios constitucionales de interpretación.
  2. Retrocede en el número y la amplitud de la protección de derechos humanos reconocidos, ya que con dicha reforma sólo existirán para todos fines prácticos los que estén reconocidos textualmente en la Constitución.
  3. Va en contravía del principio constitucional de progresividad en la interpretación de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar los derechos, que prohíbe interpretaciones que restringen la efectividad de los derechos ya reconocidos, así como de sus garantías ya adoptadas.
  4. Excluye a nuestra Constitución del grupo de constituciones de avanzada en América, regresándola al lado de constituciones propias de Estados con democracias débiles o en proceso de consolidación.

Por todo lo dicho en esta carta, las personas e instituciones suscritos solicitamos atentamente se deseche dicha iniciativa que pone en peligro los avances logrados con la reforma de derechos humanos de 2011 y se reorienten los esfuerzos legislativos en la materia para profundizar y ampliar los derechos que nuestro bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos reconoce a todas las personas en México. Pueden tener la confianza que, bajo ese espíritu acompañaremos los trabajos de la Legislatura en todo lo pertinente.

ATENTAMENTE,

Geraldina González de la Vega, Karlos Castilla, Mariclaire Acosta Urquidi, Pedro Salazar Ugarte, Tatiana Clouthier, Eliana García Laguna, José Antonio Guevara Bermúdez, Silvano Cantú, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Sarre Ìguiniz, Miguel Carbonell, Miguel Concha Malo, José Luis Caballero Ochoa, Claudio X. González, Marcos Celis Quintal, Armando Ríos Píter, Clara Jusidman, Rolando Cordera Campos Cuauhtémoc de Dienheim, Pbro. Wilfrido Mayrén Peláez, Ricardo Sepúlveda Íguiniz, Julio Hernández Barros, Brisa Solis, Iván Pedroza, Carlos Vital Punzo, David Calderón Martín del Campo, Minerva Nora Martínez Lázaro, Édgar Cortez, Enrique González Ruiz, Alicia Mesa, Claudia Campero, Imelda Marrufo, Adriana Muro, Juan Martín Pérez García, David Peña Rodríguez, Adolfo Sánchez Rebolledo, Luis Emilio Giménez Cacho, Ximena Medellín Urquiaga, Gloria Ramirez, Héctor Díaz Polanco, Guadalupe Barrena, Miguel Elizalde Carranza, Aleida Tovar, José Luis Gutiérrez Román, Gabriela Delgado Ballesteros, Enrique Contreras Montiel, Gabriela Mendoza Correa, Alonso González de la Vega, Iván García Gárate, Paulina Gutiérrez Jiménez, Karla Micheel Salas Ramírez, Agustín Castilla Marroquín, Ernesto Villanueva, Consuelo Morales Elizondo, Alberto Serdán Rosales, Rocío Culebro, Juan Carlos Arjona Estevez, Teresa Incháustegui, Luis Daniel Vázquez Valencia, Mario Hernández Martínez, Claudia Torres, Daniel Antonio García Huerta, Anamaris Gomis, Enrique Barber González de la Vega, Leopoldo Gama, Raúl Zepeda Gil, Roberto Mancilla, Olga Salazar Camacho, José Manuel Ruiz Ramírez, Hortensia Santiago, Palmira Silva Culebro, Graciela Rodríguez Manzo, Luis Miguel Cano López, Francisco Miguel Mora Sifuentes, Amalia Suárez Cid, Teresa Aguilar Álvarez Castro, Claudia Verónica Torres Patiño, Daniel Gershenson, Rodrigo Santisteban Maza, Alex Alí Méndez Díaz, Elizabeth Valderrama, Mila Paspalanova, Luis Sánchez Barbosa, Saúl López Noriega, Edgar S. Caballero González, John C. Ackerman, Daniel Joloy Amkie, Regina Tames, Claudia Aguilar, Nashieli Ramírez, Sergio Ramírez Caloca, Elsa Cadena González, Paloma Mora, Alexandra Zenzes, Octavio Amezcua, Arturo Balderas, Federico Novello, Carlos Alberto Zetina Antonio, Luis Enrique Cordero Aguilar, Rosaura Cadena, Elsa Herrera Bautista, Siria Oliva Ruiz, Clara Gabriela Meyra Segura, José de Jesús Palacios Serrato, Areli Caballero Santiago, Alma Rosa Bahena Villalobos, Francisco Rubio, Alfredo Nateras Domínguez, Ricardo Lagunes Gasca, Carlos Ariel Olvera Atondo, Pablo A. de la Vega, César Madrigal Martínez, Raúl Ramírez Baena, Raymundo Gil Rendón, Marisol Aguilar, Jorge Lavalle, Aurora Loyo Brambila, Maurilio Santiago Reyes, Natalia Saltalamacchia, Cristina Reyes Ortiz, Paula Sofía Vázquez Sánchez, Ernesto Cárdenas, Marco Antonio Ayala Alipio, Arantza Vargas Rubio, Ma. Eugenia Linares Pontón, José Arturo Yáñez, René Sánchez Galindo, Edith López Hernández, Javier Huicab Poot

ORGANIZACIONES

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL), Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD), Casa y Ciudad, A.C., Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C., Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH), Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS), Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina, Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos, A.C. (COMDH), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Arquidiócesis de Oaxaca, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Coordinación Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Documenta, A.C., Evolución Mexicana, A.C., Freedom House Mexico, Fundación JUCONI  AC, Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Hacia una Cultura Democrática A.C. (ACUDE), Humaniza, Grupo Académico, A.C., I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., Iniciativa Ciudadana Oaxaca A.C., Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social, A.C.), Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia, A.C. (IMDHD), Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE), Interculturalidad, Salud y Derechos, A.C. (INSADE), Litiga OLE, Mexicanos Primero, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Ririki Intervención Social, Tendiendo Puentes, A.C.

RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” (RED TDTT)

Conformada actualmente por 73 organizaciones en 21 estados de la República: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal), Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.), Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.), Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal), Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.), Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.), Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.  (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.), Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis), Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A.  C. (Torreón, Coah., Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.), Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.), Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz), Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.), Centro de los Derechos del Migrante (DF), Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.), Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.), Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco), Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.), Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.), Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.), Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.), Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal), Comité Cerezo (Distrito Federal), Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.), Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal), Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.), Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C), Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.), Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.), Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.), Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.), Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.), Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab), Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab), Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.), Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.), Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.), El Caracol (DF), Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.), Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal), Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.), Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales  (Distrito Federal), Promoción de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México), PODER (Distrito Federal), Respuesta Alternativa, A. C., Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.), Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo), Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), integrado por 17 organizaciones:

Casa y Ciudad (Distrito Federal), Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh (Distrito Federal), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos – CAM (Distrito Federal), Centro de Investigación y Promoción Social – CIPROSOC (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo – CEREAL (Distrito Federal), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – CMDPDH (Distrito Federal), Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC – CEJUDESC (Querétaro), Defensoría del Derecho a la Salud (Chiapas), Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo – DECA Equipo Pueblo (Distrito Federal), Food First Information and Action Network México – FIAN Sección México (Distrito Federal), Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ – IDHIE (Puebla), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia – IMDHD (Distrito Federal), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – IMDEC (Jalisco), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – LIMEDDH (Distrito Federal), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat – HIC AL (Distrito Federal), Radar-Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (Distrito Federal).

C.c.p. Enrique Peña Nieto. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

Integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Presidentes de los organismos públicos de protección de los derechos humanos del país

Nota:  Esta carta está permanentemente abierta a firmas de apoyo adicionales consultables aquí.

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El pasado 21 de febrero de 2012, el ministro Cossío Díaz publicó un artículo en el periódico Universal abordando la exigibilidad de los derechos sociales y el reconocimiento constitucional de los derechos a un medio ambiente sano y al agua. El argumento central de Cossío consiste en que los derechos sociales, al igual que los denominados derechos civiles y políticos, son y deben de ser salvaguardados por el Estado mexicano. Si bien es cierto que el contenido de los derechos sociales implica, entre muchas otras, obligaciones positivas a cargo del Estado, el ministro argumenta que esta posición no conlleva a negar su exigibilidad jurídica. El Estado está obligado a satisfacer todos los derechos humanos, independientemente de su naturaleza o contenido positivo o negativo.

Concuerdo con las ideas planteadas por Cossío; no obstante, considero pertinente formular los siguientes cuestionamientos con el objetivo de abundar sobre el tema de los derechos sociales a la luz del nuevo sistema de protección de derechos humanos en México. Así, dada la nueva configuración del artículo 1º constitucional, ¿existe alguna diferencia entre respetar, proteger y garantizar derechos civiles y políticos o derechos económicos, sociales y culturales? ¿Cuál es la posición internacional en torno a la exigibilidad de los diferentes derechos humanos? ¿Cuál es la relevancia jurídica que las autoridades mexicanas deben otorgar a las decisiones e interpretaciones sobre derechos humanos de los organismos internacionales?

En primer lugar, debe destacarse que el artículo 1º constitucional estableció un sistema de protección de derechos humanos con características muy peculiares: primero, porque expresamente caracterizó a los derechos fundamentales como derechos humanos y, por ende, los dotó de características muy distintivas (universalidad, inalienabilidad, interdependencia y progresividad) y, segundo, debido a que lo que se incorpora al sistema constitucional son los derechos humanos y no los tratados internacionales en su conjunto; es decir, lo que tiene rango constitucional son los derechos humanos y no los tratados internacionales.

Lo anterior significa que la jerarquía constitucional se mantiene, lo que se modifica sustancialmente es el abanico de derechos protegidos por la Constitución. Así, por ejemplo, antes de la referida reforma constitucional de 8 de febrero del presente año, la Constitución ya protegía el derecho al agua, pues estaba previsto expresa o implícitamente en diversos tratados internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 11 y 12) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 14, párrafo 2).

En este sentido, si lo que la Constitución garantiza son los derechos humanos, es consecuente pensar que el contenido de muchos de estos derechos deberá establecerse a partir de las propias normas internacionales y de las interpretaciones de los distintos órganos internacionales. Las autoridades deberán hacer uso no sólo de las sentencias o recomendaciones de la Corte Interamericana y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino de las decisiones de muchos otros organismos del sistema universal o regional de protección de derechos humanos, como los comités de derechos humanos (ej. el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), los relatores especiales de la ONU y las organizaciones de carácter internacional (ej. OMS).

A mi juicio, esta conceptualización deriva de las pautas establecidas en el párrafo segundo del propio artículo 1º constitucional. La Constitución es clara al señalar que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo a la propia Constitución y a los tratados internacionales. En esta línea, son los propios tratados internacionales los que facultan a los organismos internacionales para realizar la interpretación y delimitación de los derechos humanos y, en consecuencia, las autoridades mexicanas se encuentran obligadas constitucionalmente a tomar en cuenta las observaciones realizadas por dichos órganos. Por ejemplo, el párrafo 4, artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales autoriza al respectivo Comité a realizar observaciones generales respecto al ámbito normativo y de aplicación del propio tratado internacional. Lo anterior no presupone que todas esas decisiones sean estrictamente obligatorias para las distintas autoridades mexicanas, sino que forman parte del entablado jurídico que las autoridades deberán de apreciar al momento de tomar la resolución que corresponda. Existe un margen de apreciación para la autoridad, pues lo trascendente constitucionalmente será otorgar la protección más amplia del derecho humano.

Respecto a la relevancia de las decisiones de carácter internacional, la Suprema Corte se ha pronunciado parcialmente. En el caso Radilla (Varios 912/2010, párrafo 20), la mayoría de los ministros de la Suprema Corte concluyó que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano cuando sea parte en el proceso y serán orientadoras en torno al resto de su jurisprudencia. Lamentablemente, la Suprema Corte no hizo referencia a las demás decisiones de los organismos internacionales, por lo que será un tema que deberá ser explícitamente abordado en subsecuentes sentencias.

Volviendo al punto de la exigibilidad de los derechos sociales, en los últimos años la comunidad internacional ha sido enfática en destacar que no existe una clara distinción entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Los segundos no son meros deseos o normas programáticas en sentido estricto, sino derechos que también conllevan obligaciones específicas para los Estados. Las razones que se han dado para diferenciar tajantemente la naturaleza y exigibilidad de tales derechos es que los catalogados como civiles y políticos involucran obligaciones negativas e inmediatas, son de contenido específico y sin ningún costo para el estado, mientras que los económicos, sociales y culturales comprenden obligaciones positivas, de realización progresiva, son de contenido impreciso e incluyen altos costos[1].

Ninguno de los anteriores argumentos es un motivo indiscutible para hacer una diferenciación tajante entre derechos y su exigibilidad. Ambos tipos de derechos comparten las mencionadas características.[2] Tomemos por ejemplo el caso de uno de los derechos civiles y políticos por excelencia: el derecho a votar. Este derecho no sólo incumbe obligaciones negativas, como el abstenerse de afectar el voto, sino obligaciones de índole positivo como crear la infraestructura para que el ciudadano pueda votar libremente. En nuestro país, instituciones como el IFE o  los tribunales electorales son producto de estas obligaciones positivas. Estos programas, instituciones o políticas públicas para la protección del voto son progresivas, no se agotan de manera inmediata y son financiadas por el Estado. En otras palabras, la satisfacción del derecho a votar no radica meramente en obligaciones negativas, involucra un alto costo para el Estado y su cumplimiento debe ser constante y continuo. Si bien es cierto que el contenido normativo de los derechos civiles y políticos es un poco más preciso, aún existen zonas de penumbra.

En una de sus primeras resoluciones, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales negó implícitamente la distinción tajante entre derechos humanos. En su Observación General No. 3 (14/12/90), señaló que los derechos económicos, sociales y culturales incluyen obligaciones de acción y de resultado y concluyó que si bien los derechos civiles y políticos están previstos en otro tratado internacional, las obligaciones a las que están sujetos los estados son muy similares. Los derechos sociales también desencadenan obligaciones con efectos inmediatos, como garantizar los derechos sin ningún tipo de discriminación y adoptar las medidas necesarias (legislativas, administrativas, etc.) para satisfacer el contenido normativo de tal derecho.

Sin embargo, como bien lo destaca el propio Comité, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce la limitación de los recursos públicos para la satisfacción de estos derechos. En la mencionada Observación General No. 3, el Comité destacó que los estados están obligados a utilizar el máximo de recursos posibles para garantizar los derechos, señalar las razones por las cuales incumplen sus obligaciones y, en caso de insuficiencia económica, tienen el deber de solicitar cooperación internacional. Pese a ello, el Comité señaló que, sin excusa alguna, los estados tienen la “obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de los niveles esenciales de cada derecho” (párrafo 10).

Los anteriores lineamientos son de suma importancia para la exigibilidad de los derechos sociales en México. Tal como lo refirió el ministro Cossío, los derechos sociales son derechos plenamente exigibles y conllevan obligaciones específicas para los estados, entre ellas la protección del contenido mínimo de cada uno de ellos. Será muy interesante observar y analizar la incorporación de estos criterios a la jurisprudencia de la Suprema Corte y su aplicación por parte de las demás autoridades jurisdiccionales.

Miguel Nuñez. Licenciado en Derecho por el ITAM, Becario Fulbright y candidato a maestro por la American University, Washington College Law.


[1] Sepúlveda, Magdalena, “The Drafting History of the Covenants and the Alleged Difference in Nature of the Rights and Obligations”, en The Nature of Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Intersentia, 2003, pp. 122-123.

[2]Un excelente estudio sobre las características y similitudes entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales se puede encontrar en Abravomich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, 2002.

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Si un padre o tutor responsable reincide en la desatención del programa terapéutico y de rehabilitación por alguna adicción, establecido o determinado en favor de sus hijos, pupilos o representados; o si alguien, reincide en impedir u obstaculizar la realización de los actos que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones de la ley, podrá ser sancionado, por autoridad administrativa, con: “… la realización de trabajos en favor de la comunidad...”[1]

Lo anterior, lo establece la Ley de Prevención de las Adicciones y Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco de Yucatán. Por su parte, el texto del artículo 21 constitucional señala que:

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán  en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto…

En días pasados[2], la Corte resolvió, por mayoría de 9 votos, que la primera disposición debe invalidarse, la razón (más o menos) es que los tratados internacionales establecen un mejor derecho que la Constitución.

Los tratados internacionales, en particular, el Convenio 29 de la OIT –se sostuvo- prohíbe la imposición de sanciones administrativas consistentes en trabajos forzosos u obligatorios.

En conclusión, el razonamiento es simple: Se declara la invalidez de la ley porque contradice los tratados internacionales; la ley y la Constitución coinciden; luego entonces, ésta es inconvencional.

Que los tratados establezcan un “mejor derecho” es una manera elegante de decir que se desaplica la Constitución por afectar un derecho fundamental.

El resultado es importante. No solamente se ha resuelto un problema de constitucionalidad de una ley local; si ampliamos el enfoque, se ha resuelto también un caso de conflicto entre la Constitución y el derecho internacional, prevaleciendo, para el caso, este último.

Es relevante también el proceso por el cual se llegó al mismo. Cómo los ministros apreciaron el problema, cómo enfrentaron el conflicto y cómo decidieron.

¿Cómo es que la Constitución fue derrotada? Veamos las posturas de los Ministros.

La Constitución no dice lo que dice…

Tengo la impresión de  ante la inevitable cuestión de que se está ante un conflicto entre la Constitución y el derecho internacional, los ministros en su conjunto procuraron evitar explicitar la derrota constitucional y buscaron atenuarla.

La primera vía, ingeniosa, pero a la vez más evidente, fue decir lo que la Constitución no dice: que la sanción de trabajos comunitarios es alternativa y que requiere el consentimiento del sancionado (Aguirre, Pardo y Luna). El argumento conduce a cambiar el sentido del trabajo comunitario; por medio de la palabra, los ministros convierten una sanción en un beneficio y mutan una potestad o competencia de autoridad en una opción sujeta a la anuencia del sancionado.

Hay en el razonamiento una llamativa idea del “castigo”: el trabajo comunitario es reprochable si la impone el Estado, pero es plausible si la admite el individuo. El mal se convierte en bien. Es más gravosa que la multa y el arresto y, a la vez, un beneficio si es aceptada.

Los tratados, se dice, establecen una mejor protección al derecho ¿respecto a qué?

La anterior es otra ruta de argumentación por la que se evita hacer un contraste explicito entre la Constitución y los tratados, lo que no evita que implícitamente se haga. Veamos.

El argumento (en el que coinciden, más o menos, Zaldívar, Cossío, Franco, Valls,  Sánchez Cordero y Silva), consiste en que el trabajo comunitario es una sanción admisible por los tratados internacionales ante un ilícito penal y  debe ser impuesto por una autoridad judicial. Dicho en otros términos, que el trabajo forzado u obligatorio (eso es el trabajo comunitario), es una sanción de tal magnitud que sólo es razonable si la conducta tiene relevancia penal. Parafraseando lo anterior en lenguaje garantista (discurso adoptado por algunos ministros) tal sanción es propia de la última ratio (penal) y no de la prima ratio (administrativa).

Para apoyar la decisión, se argumentó, además, que el tratado establece una mejor protección del derecho ya que la sanción debe ser razonable según sea ilícito y que se garantiza el debido proceso ante el juez, entre otras razones.

Sin embargo, el argumento central: los tratados establecen un mejor derecho, no dice respecto de qué es mejor. Parto de algo elemental. Un discurso de que algo es mejor, requiere del contraste entre dos o más objetos, condiciones, situaciones, etc., respecto de una misma función. Por ejemplo: “Tu abrigo protege mejor del frio que el mío”. En esta idea si el tratado protege mejor el derecho, debiera decirse respecto de qué: ¿la ley, la Constitución? El pequeño problema es que ambas establecen que la autoridad administrativa puede imponer trabajo comunitario como sanción. El problema mayor es que lo anterior fue valorado no como una protección, sino como su contrario: una violación al derecho de tal magnitud como para declarar la invalidez de la norma.

Si lo que la mayoría de los ministros quiso decir fue que el tratado protege mejor el derecho que la ley, supondría que la ley también lo protegía, pero menos. Y la invalidaron. Si lo que quiso decir fue que lo protegía mejor que la Constitución, el pero, es que siendo consistentes, también lo desprotege.

Por vía de consecuencia, dicho claramente, la Constitución viola derechos fundamentales establecidos en los tratados.

Las dos líneas de argumentación mencionadas creo que tienen el defecto de evitar enfrentar directamente el problema: hay una contradicción entre los tratados y la Constitución. El único ministro que lo dijo claramente y tomó una posición fue Ortiz Mayagoitia, quien defendió la supremacía de la segunda.

¿Los tratados establecen mejor protección al derecho?

El caso en discusión ha sido un extraordinario ejemplo de cómo nuestra Corte aborda en un nuevo escenario constitucional problemas de una complejidad no ordinaria. Muestra la riqueza de la argumentación y también sus límites. Nos dice cómo los ministros entienden el ordenamiento jurídico, la función de la Constitución y sus relaciones con el derecho internacional.

En el debate se aprecia que herramientas metodológicas y cómo las emplean en el entendimiento del problema y la construcción de soluciones.

Una cuestión evidente es que en una cuestión de control abstracto (se trató de una acción de inconstitucionalidad),  el eje articulador fue la “protección al derecho”, “el principio pro homine”, como el tamiz determinante en la regularidad convencional, que no constitucional. Aun cuando el control abstracto lo permite, cuestiones concernientes a la política pública contenidas en la ley, de orden o interés publico, no fueron abordadas en la discusión, salvo el Ministro Ortiz Mayagoitia, quien se quedó solo en la discusión.

Otra cuestión, apreciada entre líneas en la discusión, es que el derecho internacional adquiere cierto principio de autoridad ante el que los jueces son deferentes.

Lo abstracto de la discusión convencional y constitucional permite apeciar cómo se construyen, a diferentes voces, conceptos tales como “el principio pro homine”. La imaginación jurídica, como se aprecia, lleva a decir a los ministros cuestiones que la Constitución no dice o bien a tener un entendimiento del problema cuyos presupuestos y consecuencias no son consistentes.

Veamos algunos problemas de la decisión de la Corte:

El Convenio 29 de la OIT establece como elementos de “convencionalidad” que los trabajos obligatorios, cuando se trate de condenas (refiere a la autoridad judicial), pero también refiere una cuestión de grado (trabajos cívicos, pequeños trabajos comunales) y que los mismos sean decididos con su participación directa o de sus representantes. Está presente también, la proporcionalidad del trabajo y la forma de decisión para establecer la obligación.

La necesidad de salvar la objeción formal del juez como único competente, se combinó con la ausencia de una discusión sobre la gradualidad de los trabajos y su relación de adecuación como respuesta coactiva frente a los actos ilícitos. Esto es, que además de tomarse en serio el principio pro persona tomara en serio la política punitiva.

Los garantistas, dicen como lugar común, que la sanción penal debe reservarse para ilícitos de mayor gravedad y que en la antesala está el derecho administrativo. Estoy de acuerdo.

El quid es si el trabajo comunitario razonablemente debería estar proscrito del derecho administrativo.

Imaginemos el siguiente caso: una persona pinta con grafiti un inmueble público, lo cual es considerado como una falta administrativa. La Corte estaría de acuerdo en que se le multara o se le arrestara, pero no que se le sancionara con trabajo comunitario.

Un criterio valioso en el diseño de sanciones es que la misma debe ser disuasiva de la conducta: debe ser más costosa que los beneficios obtenidos. Es aceptado también que en la imposición de una sanción debe considerarse el daño causado. Suponiendo que se imponga una multa, la determinación de su monto tendría que considerar, entre otras cuestiones, cuánto costaría reparar el daño: pintura, contratación de un pintor, etc.,  Si fuese arresto, sería posible, además, obligarlo a reparar el daño.

La Corte elimina la posibilidad de que quien grafitea, con sus propias manos repinte aquello que de igual manera hizo. ¿Qué hace que el trabajo obligatorio sea más gravoso que una multa o que una privación de la libertad? ¿Acaso que no haya consentimiento? En cualquier sanción se prescinde del consentimiento. Probablemente una sanción como la del ejemplo sea menos costosa que una multa y menos drástica que un arresto. Es una cuestión de proporcionalidad.

La ley yucateca establece como máximo de la multa quinientas veces el salario mínimo y el máximo del trabajo comunitario en cien jornadas[3]. Para alguien que gane el salario mínimo es más costosa la multa. Pero lo cuantitativo es solamente una parte, lo relevante en términos de política pública es si el trabajo comunitario es una respuesta punitiva adecuada para la eficacia de los propósitos, por ejemplo, de salud pública.

Otro de los argumentos de que el procedimiento ante el juez otorga un mejor derecho, porque se observa el debido proceso, parece ser más bien un prejuicio.

El procedimiento administrativo sancionador debe observar igualmente las garantías del debido proceso, si no fuere así, sería una razón específica para invalidarlo, pero no fue el caso. Por el contrario, dependiendo del procedimiento, del tipo de faltas y sanciones, un procedimiento administrativo puede tener ventajas por su sencillez, prontitud en la decisión, bajos costos de defensa, etc.

Una paradoja de la decisión de la Corte es que criminaliza el trabajo comunitario como sanción. Es decir, para que sea váido el trabajo comunitario aun cuando sea pequeño, debe ser la consecuencia de un ilícito penal. Asi por ejemplo, si se estimara que es una consecuencia adecuada para evitar el grafiti, tendría que criminalizarse la práctica o iniciarse un procedimiento por daño en propiedad.

Otra ausencia en la discusión en la Corte fue la conceptualizacion del trabajo comunitario. Su identificación con el trabajo forzoso u obligatorio es precaria. El convenio 29 de la OIT tiene una mayor riqueza que la observada en la discusión. Admite su establecimiento obligatorio, cuando provenga de deberes cívicos o pequeños trabajos comunales, si han sido aprobados directamente o por sus representantes. Si tales trabajos son obligatorios, su incumplimiento puede ser sancionado. Lo anterior conduce a una reflexión de mayor profundidad: qué es el trabajo en la cultura, en la vida de una sociedad. Y en esto, la Corte al definir la validez o invalidez del trabajo, construye una concepcion ideológica y cultural del derecho y del individuo. Hace antropología, define las relaciones del individuo con su sociedad. Construye entendimientos liberales o comunitarios.

¿Qué efecto en la realidad tendría que alguien que grafitea una pared tenga que repintar su obra, qué efecto tendría en la realidad que una comunidad observara que quien pinta repinta? ¿Disuadiría la conducta? ¿Se respetaría el mobiliario urbano? ¿Sería indiferente? Son cuestiones que no escuchamos en el debate.

Procedimientos de control constitucional como la acción de inconstitucionalidad, al ser abstractos, debieran de considerar los diversos aspectos sociales de una ley. Por supuesto, los derechos son condiciones básicas, pero, como construcciones sociales, sus limitaciones, las obligaciones, la adecuabilidad de las restricciones frente a bienes sociales valiosos, no puede dejar de ser considerada.

La anterior es una discusión todavía ausente en la Corte. En su derrota estuvieron ausentes, salvo Ortiz, los defensores de la Constitución.

José Roldán Xopa. Profesor investigador de la División de Administración Publica del CIDE y Consejero Asociado de PdeA Abogados. Twitter: @jrxopa


[1] Arts. 72 fracción V y 73, fracción V .

[2] Sesiones del Pleno en los días 30 y 31 de enero y 2 y 7 de febrero del 2012.

[3] El Artículo 12 del Convenio 29 establece un máximo de sesenta días por un periodo de doce meses.

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El pasado viernes, el presidente Felipe Calderón realizó la declaratoria de reforma constitucional de una serie de artículos de nuestro texto constitucional que modifican de manera significativa el juicio de amparo: el medio de protección por definición de los derechos de los habitantes del país.

La reforma ha sido celebrada, tanto por legisladores, ministros y algunos destacados miembros de la comunidad jurídica, como un paso decisivo para transformar un juicio de amparo anacrónico y excesivamente formalista a uno moderno, acorde a los criterios internacionales más avanzados, capaz de hacer frente a las exigencias de justicia de la sociedad mexicana contemporánea.

Pero, ¿en concreto en qué consisten los avances de esta reforma?, ¿por qué ha sido tan aplaudida como un punto de inflexión en el proceso de modernización de la justicia mexicana? Aquí algunos de los cambios más relevantes de esta reforma constitucional:

1. En primer lugar, gracias a esta reforma se amplía la protección del juicio de amparo. Ahora no sólo se podrá aprovechar esta herramienta jurídica para proteger los derechos de nuestra constitución, sino también aquellos establecidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. De esta manera, se amplía lo que los abogados llaman el manto protector del juicio de amparo al garantizar un abanico mucho más amplio de derechos.

2. Asimismo, con esta reforma se establece que el juicio de amparo servirá para atacar, además de los actos y normas jurídicas, las omisiones de las autoridades estatales que violen algún derecho fundamental. Esto implica un giro en la concepción de la protección de los derechos, pues ahora se entiende que para proteger los derechos en ocasiones el Estado debe limitar su actuación para asegurar un espacio de libertad, pero también hay supuestos donde para garantizar los derechos es indispensable la intervención y actuación de la estructura estatal. Y de ahí que se pueda atacar la inacción de la autoridades estatales cuando ésta afecta un derecho fundamental.

3. Una característica clave del juicio de amparo es que sus efectos sólo benefician o perjudican a aquella persona que haya impulsado este juicio. Una persona, por ejemplo, que ataca mediante el juicio de amparo una ley, en caso de ganar el juicio esta ley en cuestión no pierde su validez en el ordenamiento jurídico sino simplemente no se le aplica a esta persona que ganó el juicio. Ahora, sin embargo,  con esta reforma se abre la posibilidad de que mediante el juicio de amparo sí se puedan expulsar normas generales –como una ley o un reglamento- del ordenamiento jurídico. Vale aclarar que esto no se logrará con una sola sentencia, sino siguiendo ciertos requisitos que una vez satisfechos se podrá realizar la declaratoria general de inconstitucionalidad (de invalidez) de cierta norma general.

4. Otro cambio relevante es que se elimina como requisito para que el Poder Judicial Federación pueda conocer de una demanda de amparo el interés jurídico, que es demasiado riguroso y formalista, para adoptar más bien como criterio de procedencia el interés legítimo. Es un tema un tanto técnico, pero este cambio permite que mediante el juicio de amparo se puedan garantizar derechos que antes, bajo la óptica del interés jurídico, quedaban sin protección mediante el juicio de amparo como los derechos colectivos y difusos (protección al medio ambiente, por ejemplo).

5. Una figura característica del juicio de amparo es la llamada suspensión. La cual, en términos generales, permite que el juez detenga un acto de autoridad, que ha sido atacado mediante el juicio de amparo, mientras decide si efectivamente tal acto es inconstitucional. La razón de esta figura, y de la posibilidad de suspender el acto de una autoridad aun cuando todavía no se determina si efectivamente viola algún derecho, es que debido al tiempo que implica un juicio de amparo si no se detuviese el acto de autoridad en escrutinio, al momento de tener una sentencia probablemente ésta ya no tendría sentido. Pensemos, por ejemplo, que una autoridad decide expropiar tu casa, en respuesta interpones un juicio de amparo en contra de ese acto de expropiación. Si el juez no detiene el proceso de expropiación mientras resuelve el juicio, puede ser que ganes éste pero tu casa ya haya sido derrumbada por la autoridad. Ahora bien, esta figura de la suspensión –que nuestro pobre periodismo judicial sigue confundiendo con el juicio de amparo- ha sido en no pocas ocasiones utilizada de manera indebida para que ciertos negocios, por ejemplo, que incumplen la ley sigan operando. En respuesta, esta reforma constitucional redefine los criterios a partir de los cuales se puede otorgar la suspensión en un juicio de amparo, privilegiando la ponderación que realice el juez entre los argumentos jurídicos de quien lo solicita y el interés social.

6. Por último, en un artículo transitorio, la reforma establece que al momento de crear jurisprudencia, bajo el procedimiento de reiteración: cinco sentencias en un mismo sentido, etc., no se consideraran ninguna de las tesis previas a esta reforma constitucional. Lo cual permite eliminar de tajo un abultado conjunto de tesis jurisprudenciales poco operativas, demasiado formalistas y en no pocas ocasiones de raíz autoritaria.

El Juego de la Suprema Corte

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