El proyecto de reforma constitucional1 para reestructurar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Poder Judicial de la Federación (PJF), recién presentando por Morena en el Senado y, el coordinador de éste grupo, Ricardo Monreal Ávila, fue el detonante para que la Junta de Coordinación Política del Senado convocara, el pasado 21 de octubre de 2019, entre otros, a los ministros de la SCJN, jueces, magistrados del PJF y al Consejero Jurídico del presidencia de la República para dar inicio formal al diálogo institucional encaminado a una reforma al PJF.2

Vale señalar que, desde el inicio de la LXIV Legislatura, se han presentado alrededor de 100 iniciativas por diferentes grupos parlamentarios relativas al PJF. Las cuales serán consideradas para los trabajos entre ambos poderes, legislativo y judicial, para definir las características de este rediseño del PJF. Por su parte, la mencionada iniciativa presentada por los senadores de Morena tiene como base un proyecto elaborado por la organización “México Justo”,3 creada apenas el año pasado, por David Góngora Pimentel, Juan Carlos Pérez Góngora y Rafael Zamudio Mainou.

Ilustración: Estelí Meza

En este contexto, y la espera de los avances de este proceso de reforma, me parece que es de suma importancia analizar los principales aspectos de la iniciativa elaborada por “México Justo”; misma que, insisto,  que será impulsada por el grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Veamos.  Este proyecto se divide en cuatro rubros: a)  duración del mandato constitucional de los ministros;  b) reestructura del Consejo de la Judicatura Federal; c) competencias y facultades del PJF; así como, d) la inclusión expresa de la figura jurídica del amicus curiae (amigo de la Corte). A partir de esta estructura, vale destacar las siguientes propuestas que incluye esta iniciativa de reforma constitucional.

1. Otorgar la facultad al pleno del CJF para presentar iniciativas de ley que versen sobre la ley de amparo y/o la ley Orgánica de PJF.

2. Establecer como facultad del Senado proponer y ratificar a los ministros de la SCJN, es decir, dejar fuera al presidente de la República en el proceso de designación.

3. Otorgar la facultad exclusiva de administración, vigilancia y disciplina de todo el PJF en favor del CJF, incluyendo a la SCJN y al TEPJF.

4. Reducir el tiempo de duración del mandato de los ministros, pasando de 15 a 6 años, con posibilidad de ser reelectos por una sola vez por otro periodo igual, para sumar en su caso 12 años. Lo anterior previo informe del CJF relativo a su desempeño. En la comparecencia de la reelección, el Senado se apoyará de un grupo de juristas para que emitan sus opiniones al respecto.

5. Se incrementar la edad mínima para ser ministro, pasando de 35 a 45 años; así mismo, se ajusta el requisito de la antigüedad mínima del título profesional de derecho, pasando de 10 a 20 años.

6. Agregar como causal de inelegibilidad para ser designado como ministro el haber sido Fiscal General de la República o servidor público con actividades de defensa legal de algún ente público del Poder Ejecutivo Federal, diputado local y presidente municipal. Esto durante los 6 años previos al día de su nombramiento, es decir, se incrementa el periodo de 1 a 6 años, que debe mediar entre la terminación del nombramiento de servidor púbico y la designación de ministro.

7. Adicionar una fracción VII al artículo 95 sobre las cualidades que debe cumplir el candidato para ser ministro de la SCJN, que establece lo siguiente: “…Tener antecedentes profesionales, cualidades y un perfil idóneo; tratándose de aspirantes con funciones jurisdiccionales haberse destacado por su capacidad, eficiencia y probidad; o ser experto en el ejercicio de la actividad jurídica y de trayectoria honorable” (artículo 95, fracción VII).

8. Eliminar la facultad del presidente de la República para integrar la terna a ministro para la ratificación de ésta pro parte del Senado, para conferírsela al CJF. La terna deberá ser propuesta por tribunales, universidades, institutos de investigación, barras o agrupaciones de abogados de reconocido prestigio, previa convocatoria pública que emita el CJF. De igual manera el CJF someterá a la aprobación del Senado a  los magistrados electorales del TEPJF.

9. El CJF tendrá la facultad de investigar a cualquier ministro, magistrado, juez y demás funcionarios y empleados  del PJF, justificando la procedencia de las investigaciones con motivo de denuncias fundadas que le presenten.

10. El personal de todo el PJF será nombrado y removido por el ente correspondiente que lo nombró o removió, en este sentido el CJF valorará la propuesta y determinará su viabilidad, conforme a lo dispuesto en la ley respecto a la carrera judicial, el que operará por concurso de oposición para cada nivel, considerando sus méritos personales por puntuación y otros criterios definidos en la ley. Esto encaminado a fortalecer los criterios en pro de la carrera judicial.

11. Otorgar la facultad al CJF de someter el nombramiento de un ministro interino, sujeto a aprobación del Senado, cuando se trate de una falta que no exceda de un mes; si fuese mayor, se seguirá el procedimiento para un nuevo nombramiento, lo mismo aplica para renuncias y licencias. Tratándose de renuncia o licencias mayores a un mes, serán sometidas al Senado para su aprobación, las licencias menores pueden ser otorgadas por la SCJN.

13. Aumentar el número de integrantes del CJF de 7 a 11 miembros, de los cuales 3 serán propuestos al Senado por el CJF y los 8 restantes serán designados por el Senado, las candidaturas serán presentadas por universidades, barras, colegios de abogados, institutos de investigaciones jurídicas y/o organizaciones de la sociedad civil.

14. En materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, siempre que se trate de cuestiones de trascendencia colectiva o de interés general, podrán intervenir en calidad de amicus curiae (amigo de la corte), las personas físicas y morales que no sean parte en el conflicto, quienes deberán acreditar poseer reconocida experiencia sobre la cuestión debatida, misma que no será vinculante para el órgano jurisdiccional. También se contempla esta figura en los juicios de amparo tanto directo como indirecto.

A esta propuesta de reforma, se sumarán las 99 iniciativas arriba mencionadas y los resultados de los trabajos entre los diferentes poderes que participarán en este trabajo de reforma. Habrá que esperar el resultado de éste. Lo cierto es que se ha puesto como meta el siguiente mes de enero de 2020, como fecha para tener un borrador de las reformas que se consideren pertinente para reestructurar al PJF.

Adán Maldonado Sánchez. Candidato a maestro en derecho procesal constitucional por la Universidad Panamericana. Twitter: @adanmaldonado


1 El proyecto de iniciativa se encuentra disponible en El Universal.

2 Boletín del Senado de la República.

3 Su página de internet es: http://mexicojusto.org/

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La Suprema Corte de Justicia, a través de la acción de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015, interpuestas por el PRD, Morena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), discutirá a partir del día de hoy si es constitucional y convencional el decreto por el que se expidió la Ley reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución en materia de derecho de réplica, que además reformó el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.1

replica

Estas acciones de inconstitucionalidad constituyen un juicio a dicha ley para verificar si sus artículos respetan la Constitución y los tratados internacionales que protegen el derecho a la libertad de expresión y los límites a su ejercicio.

El derecho de réplica en palabras de la Suprema Corte se encuentra ineludiblemente ligado a los derechos fundamentales de libertad de expresión y de acceso a la información, y se despliega en dos dimensiones: el ámbito individual y el colectivo. Así, en su dimensión individual garantiza el respeto a los derechos de terceros vinculados, principalmente, con la honra y la dignidad, que al ser valores universales construidos con base en la opinión, percepción o buena fama que se tiene de las personas, pueden verse afectados por información falsa, inexacta o calumniosa difundida a través de los medios de comunicación social. Por su parte, respecto su dimensión social o colectiva, tiene como fin garantizar la veracidad de la información que se difunde a través de esos medios y ofrecer mayores elementos de juicio sobre temas de interés general, lo que resulta de vital importancia en una sociedad democrática como la nuestra.

En este sentido, el PRD, MORENA y la CNDH señalan que varios artículos de esta ley sobre el derecho de réplica, restringen injustificadamente a este derecho así como a la libertad de expresión,2 por las siguientes razones:

1. Excluyen la información agraviante como objeto de reproche, limitándose a información falsa o inexacta.

2. Se condiciona el ejercicio de este derecho a la acreditación de un perjuicio, lo que resulta excesivo, pues la divulgación de información falsa o inexacta, por sí misma, causa perjuicio a la persona aludida e incluso a la sociedad. Esto en atención a que el derecho a la libertad de expresión garantiza la oportunidad de emitir, difundir, buscar y recibir información plural, oportuna y veraz.

3. Tratándose de información agraviante, el perjuicio debe ser calificado por un juez en cada caso concreto, siendo inconstitucional que el legislador limite en abstracto la procedencia del derecho de réplica bajo supuestos reducidos o acotados.

4. Al mencionar como sujetos obligados a “cualquier otro emisor de información responsable del contenido original”, sin precisar quiénes tendrán ese carácter, genera incertidumbre jurídica. Puesto esta ambigüedad podría resultar en que cualquier persona que difunda información por cualquier medio –incluyendo espacios personales o redes sociales- esté obligada a garantizar el derecho de réplica en los términos de la ley, con la consecuente responsabilidad que ello implica. Lo cual se traduce en una restricción indirecta a la libertad de expresión, toda vez que ante la posibilidad de ser sujetos a un procedimiento judicial, y eventualmente sancionados con una multa, se desalienta a que las personas emitan opiniones o difundan información.

5. Dicha ley sólo incluye dentro del concepto de «medios de comunicación» a la radio y televisión restringida, omitiendo considerar a la radio y televisión abierta.

6. Los artículos 18 y 19 establecen supuestos3 en que los sujetos obligados pueden negarse a respetar el derecho de réplica, dotándolos de una facultad discrecional que genera incertidumbre jurídica y restringe el derecho de réplica de quienes se ven afectados por la información falsa o inexacta que se emite en su perjuicio, así como el derecho de libre acceso a la información.

7. El procedimiento administrativo sancionador en ejercicio del derecho de réplica, previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, resulta más garante en tiempos electorales que el procedimiento ante los sujetos obligados y eventualmente ante el juez de distrito que regula la ley del derecho de réplica.

8. El procedimiento establecido ante los sujetos obligados y, eventualmente ante el juez de distrito, resulta muy dilatorio al establecer plazos no breves, sin perjuicio de una segunda instancia (apelación) y el establecimiento del cobro de gastos y costas.

A partir de estos argumentos presentados por los demandantes, el ministro Pérez Dayán, encargado del proyecto de resolución, presentó en su propuesta las siguientes consideraciones de respuesta a los puntos planteados por los partidos políticos y la CNDH –mismas que organizó siguiendo básicamente la estructura de la ley de derecho de réplica:

Requisitos para el ejercicio del derecho de réplica:

a) La LDR resulta inválida al excluir la «información agraviante», pues ésta también es motivo y objeto para ejercer el derecho de réplica. Sobre todo si se considera que éste se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual es parte el Estado mexicano.

b) Es inválido que la LDR considere al agravio/daño económico, como objeto de protección a través del derecho de réplica, siendo motivo de daño moral o alguna acción penal o diversa, pero no materia del derecho de réplica.

c) Se declara la validez de acreditar un daño actual o inminente para ejercer el derecho de réplica (bajo un interés jurídico o legítimo).

d) El artículo 5 de esta ley es inconstitucional/inconvencional, en tanto prevé que la crítica periodística es objeto del derecho de réplica, lo que viola la libertad de expresión, dado que las opiniones no pueden ser objeto de sanción.

e) Es inconstitucional/inconvencional las fracciones IV, V y VII del artículo 19, porque atribuyen a los sujetos obligados la facultad de negarse a publicar o transmitir la réplica solicitada con base en el análisis de aspectos subjetivos cuya valoración es propia de la actividad jurisdiccional.

Procedimiento de autocomposición ante los sujetos obligados

a) Se concluye que el procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados «es optativo», es decir, sin necesidad de agotarlo. Por lo que se puede acudir directamente ante el juez de distrito a iniciar el procedimiento sumario correspondiente (juicio corto).

b) Es inválido que se limite a que en caso de que exista más de una persona legitimada para hacer valer el derecho de réplica, el primero en presentar la solicitud será el que ejercerá dicho derecho, ampliando la legitimación a familiares, representantes, etc., para que eventualmente y en su caso, pueda proceder la acumulación de solicitudes o juicios. Lo anterior, a efecto de no transgredir el derecho de acceso efectivo a la justicia.

c) Se determina que la responsabilidad y ante quien se presente la solicitud del derecho de réplica (por ser los únicos sujetos obligados a garantizar el derecho de réplica), son los medios de comunicación legalmente reglamentados, dispensando a “las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original”. Esto sin perjuicio de que los medios de comunicación reglamentados repitan en su contra por la información que proveyeron las agencias de noticias o productores independientes.

d) Se estima en contra el principio de progresividad, el procedimiento de autocomposición previsto en la ley bajo escrutinio. Esto por restringir el nivel de protección alcanzado en materia electoral a través del procedimiento administrativo sancionador (en tiempos electorales).

Procedimiento ante la autoridad judicial:

a) El artículo 33 de esta ley es inconstitucional/inconvencional ya que concede al demandado [sujeto obligado] un plazo adicional para exhibir las pruebas que no pueda presentar en el plazo inicial concedido para ello. Lo cual es una franca violación al principio de igualdad procesal, dado que mientras el actor debe exhibir, necesariamente, junto con su escrito inicial, copia del programa o publicación objeto de la réplica o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud formulada al medio de comunicación demandado para que le proporcione una copia de la misma (art. 27 LDR).

b) El artículo 35 resulta también inconstitucional porque prevé la oportunidad de impugnar la resolución dictada en el procedimiento judicial a través del recurso de apelación, diluyendo así los plazos breves para resolver el reclamo de la réplica, violando el derecho de acceso efectivo a la justicia.4

Sanciones

a) Las multas que establecen los artículos 39 y 40 de la ley resultan acordes y respetan el contenido y límites de proporcionalidad y razonabilidad del artículo 22 de la Constitución; por tanto, no se trata de multas excesivas (de 500 a 5000 mil DSMGV, o bien, de 5000 a 10,000 DSMGV), de ahí que el artículo 38 de la LDR resulta válido.5

Inaplicación de la ley en los procesos electorales locales 2015-2016

a) La inaplicación de la ley en los procesos electorales que tendrán verificativo el 5 de junio de 2016 (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas), resulta un argumento inatendible, en razón de que tales procesos electorales ya tuvieron verificativo.

Finalmente, vale mencionar que la propuesta de Pérez Dayán omitió un aspecto relevante en los efectos de la sentencia, relativo a los procedimientos administrativos (ante sujetos obligados) y los procedimientos judiciales que se han iniciado a partir de su vigencia dentro de los procesos electorales de 2016, en los cuales algunos tendrán que sobreseerse y otros tendrán que reponerse o, en su caso, permitir la validez de los iniciados a través del procedimiento administrativo sancionador.

Adán Maldonado Sánchez. Candidato a Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Litigante en materia de amparo, derechos humanos y juicios orales. Twitter: @adanmaldonado


1 Por cuanto hace a dicho ordenamiento el decreto adiciona una fracción IX  a dicho numeral que contempla la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer del procedimiento jurisdiccional derivado del derecho de réplica.

2 En ese contexto, el PRD y MORENA consideran que los artículos impugnados, al impedir que los partidos políticos, precandidatos y candidatos ejerzan su derecho de réplica respecto de información agraviante emitida en su perjuicio en los medios de comunicación, restringen el derecho de réplica y de libertad de expresión, e incluso contravienen el derecho fundamental de seguridad jurídica al no ser congruentes con lo previsto en los arts. 247, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 256, fracción VI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de cuyo análisis se advierte que, en materia electoral, el derecho de réplica opera respecto de cualquier información que resulte agraviante.

3 a. No se justifica que se niegue el derecho de réplica cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado, dado que no existe una relación lógica entre estos eventos.

c. Se deja al arbitrio de los sujetos obligados determinar si el derecho de réplica no se limita a los datos o información falsa o inexacta. En todo caso, se les debe autorizar a ajustar la aclaración a la información falsa o inexacta.

d. Se deja a la libre apreciación de los sujetos obligados determinar si la réplica es ofensiva, dado que no se prevé ningún parámetro o margen de valoración.

e. Se condiciona el ejercicio del derecho de réplica a la existencia de un interés jurídico, no obstante que para ello basta con tener un interés legítimo.

f. Se permite la discrecionalidad del sujeto obligado para determinar si la información ya fue aclarada con la misma relevancia que la que le dio origen.

g. Se exime a los medios de comunicación de preservar la veracidad de la información que transmiten, cuando se trate de información oficial que emita cualquier autoridad o provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia, siendo que para efectos del derecho de réplica, lo que causa perjuicio a la persona afectada es la publicidad de la información falsa o inexacta, de ahí que resulte irrelevante su origen, lo cual, en todo caso, es determinante para la responsabilidad civil o penal.

h. Al autorizar a los medios de comunicación para negar el derecho de réplica cuando se trate de información proveniente de una agencia de noticias y se cite la fuente, se extienden los plazos del procedimiento previsto para el ejercicio de ese derecho, lo que en el caso del ámbito electoral es de especial relevancia, particularmente durante los procesos electorales, en donde la aclaración de la información falsa o inexacta debe verificarse en breve tiempo.

i. Además, en el caso de la información oficial emitida por una autoridad, se desconoce que los servidores públicos no son sujetos obligados en los términos de ley, y en consecuencia, la única opción para que una persona agraviada por la transmisión de información falsa o inexacta salvaguarde su honra y dignidad, es acudiendo al medio de comunicación que la transmitió; asimismo, se soslaya que atendiendo a los principios de publicidad y transparencia, la actuación del Estado está sujeta a contrastación por parte de la ciudadanía.

4 Existen en nuestro país diversos tipos de juicios que no cuentan con el recurso de apelación: en materia laboral, en materia mercantil por cuestión de la cuantía, asuntos de paz o cuantía menor y algunos procedimientos sumarios, cuyas resoluciones pueden ser impugnadas solo a través del juicio de amparo directo.

5 Al respecto el proyecto del Ministro Pérez Dayán se funda en la tesis P. XCIV/99, “MULTA. EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 10/95)”, 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo X, Diciembre de 1999, p. 18. Registro IUS 192754.

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