La administración de Andrés Manuel López Obrador recibe un país roto en materia de derechos y libertades. A pesar de la constante creación de institucionalidad, las vulneraciones han alcanzado en los últimos 12 años un carácter generalizado y sistemático que atiende a diversas y múltiples causas como la guerra contra las drogas, el aumento de la violencia, la incapacidad estatal, así como la impunidad constante dentro del sistema de procuración de justicia. La situación ha expuesto en la última década a México ante la trinchera internacional cuestionando el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía contenidas en diversos instrumentos internacionales de los cuales hace parte, incluidos los tratados que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

La labor de los órganos del SIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)- ha logrado identificar deudas históricas y visibilizar nuevas dinámicas que el Estado mexicano debe atender para lograr la incorporación efectiva de los estándares regionales sobre prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones a derechos humanos. La documentación y análisis de estos órganos de protección han desarrollado importantes diagnósticos sobre las falencias dentro de la administración pública federal y recomendaciones puntuales para dar solución a la crisis de derechos. La incorporación de estos insumos por parte de la nueva administración resulta sumamente importante para materializar el discurso de paz y justicia social al cual apunta el gobierno de López Obrador.

La CIDH: entre la promoción y la defensa de los derechos humanos

La CIDH, como órgano autónomo de la OEA, desde su dimensión política se consolidó como un actor protagonista para visibilizar los patrones de graves violaciones a derechos humanos en el marco de dictaduras militares en la región y conflictos armados de carácter no internacional en Centro y Sudamérica en la segunda mitad del siglo XX.1 Ello a través de visitas in loco, informes temáticos y audiencias públicas. Asimismo, desde su función cuasijurisdiccional, la CIDH ha contribuido a proteger los derechos de las personas en riesgo a través del otorgamiento de medidas cautelares y a impulsar cambios estructurales para alcanzar el goce efectivo de los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) a partir de su sistema de peticiones individuales y el envío de casos emblemáticos a la Corte Interamericana.

En el caso mexicano ambas funciones han sido claves para entender la trayectoria y evolución de las problemáticas nacionales y las políticas en materia de derechos humanos en México. En 1998, la CIDH, después de una visita por territorio nacional, emitió el primer informe sobre la situación de derechos humanos en México. La recopilación de la CIDH evidenció las consecuencias del conflicto en Chiapas y las problemáticas que derivaron de éste y reflejó la preocupación por medidas incompatibles con la CADH que todavía siguen vigentes como la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la falta de mecanismos de verdad y justicia para graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la llamada “guerra sucia” en los 70, las deficiencias estructurales en materia de investigación penal a nivel federal y local, la obtención de confesiones fruto de tortura, entre otras prácticas contrarias a los estándares internacionales y su impacto en grupos en situación de vulnerabilidad.2

Asimismo, el trabajo de la CIDH permitió construir contextos locales. En 2003, la situación  sobre las muertes violentas en contra de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua,3 constituyó el eje de análisis contextual de la Corte IDH para declarar la responsabilidad internacional del Estado mexicano en el caso “campo algodonero”, caso hito en materia de violencia de género y discriminación estructural en América Latina.

Las visitas de la CIDH también han permitido, a través de la incorporación de datos y cifras en varios informes hemisféricos, evaluar al ordenamiento jurídico mexicano y políticas públicas frente a prácticas como el uso desproporcionado de la prisión preventiva, la figura del arraigo, las condiciones de detención en los centros penitenciarios, la política migratoria, la situación de la población indígena, la persecución en contra de personas defensoras de derechos humanos y el asesinato de periodistas. Estos informes construyeron recomendaciones precisas a las cuales vale la pena que se atiendan en este escenario que busca centrar en el eje de cambio la garantía de derechos.4

Si bien la CIDH en la primera década del siglo XXI había priorizado su labor en procesos de transición en países inmersos en conflictos armados como Colombia, Guatemala y Perú, a finales de ésta comenzó a girar la vista y poner la lupa sobre México a partir de la declaración de la guerra contra las drogas en 2007 por parte de Felipe Calderón y sus consecuencias. Específicamente, frente a la generalidad y sistematicidad de fenómenos como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales con la participación o aquiescencia de agentes estatales, el fortalecimiento del crimen organizado y el estatus quo de impunidad por parte de la estructura estatal. Lo anterior se observó claramente dentro del sistema de peticiones individuales y medidas cautelares. Las estadísticas de la CIDH reflejan que entre 2012 y 2017 México ocupó el primer lugar de peticiones recibidas y más de ochocientas solicitudes de medidas cautelares.5

Asimismo, la visita de 2015 de la CIDH evidenció la esquizofrenia vigente en materia de derechos humanos dentro del Estado mexicano. Por un lado, se reconocen las reformas institucionales y políticas públicas lideradas por la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 y, por el otro, se expone una crisis sin precedentes en la mayor parte del país. Las cifras oficiales para 2015 entregadas a la CIDH señalaban más de 100 mil personas muertas, 27,000 personas desaparecidas, más de dos mil investigaciones de caso de tortura y el desplazamiento interno de miles de personas. Las causas estructurales de la crisis fueron expuestas por parte del órgano interamericano a partir del recorrido por varias zonas del país: la falta de autonomía e incapacidad de los órganos de investigación, las deficiencias del sistema penal mexicano, el ciclo de impunidad frente a graves violaciones a derechos humanos, la cooptación de instituciones por parte del crimen organizado y la militarización del país. La CIDH concluyó su visita acertadamente señalando la dualidad dentro del Estado mexicano en materia de derechos:

…el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes que buscan acceder a una justicia pronta y efectiva. Por lo tanto, el gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante con los mecanismos que ha creado en los últimos años a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, y lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas en México.6

A la par de este nuevo examen para México por parte de la CIDH, en noviembre de 2014, se constituyó un mecanismo sin precedentes en la historia del SIDH. A partir de la solicitud de una medida cautelar por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero y la exposición del caso a nivel internacional, se creó por acuerdo de la CIDH, el Estado y los representantes de los beneficiarios de la medida el Mecanismo de Seguimiento el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con el fin “…de proporcionar asistencia técnica en el seguimiento al presente asunto y apoyar en la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas”.7

Con financiamiento del Estado mexicano, el GIEI, conformado por un equipo, además de experto, comprometido con entender los hechos y dar pistas sobre lo ocurrido la fatídica noche de septiembre de 2014, realizó cuatro visitas oficiales y publicó dos informes donde dio cuenta de sus conclusiones sobre las desapariciones y los homicidios de normalistas de Ayotzinapa y sobre la investigación de los hechos, la búsqueda de los estudiantes y la atención de las víctimas.

El trabajo del GIEI expuso la necesidad en México de recibir ayuda internacional en materia de investigación de graves violaciones a derechos humanos. Ayotzinapa se mostró ante la comunidad internacional como el síntoma de una enfermedad a través de una investigación independiente donde los expertos construyeron la verdad histórica que el gobierno de Peña Nieto no había sido capaz. Los dos informes detallan de forma única cuál es la situación actual en materia de desaparición forzada en México y las fracturas del Estado que mantienen este y miles de casos en total impunidad.

Fue interesante observar como el informe en sus recomendaciones va más allá del caso, abarcando puntualmente la problemática general en materia de verdad, justicia y reparación, mostrando la deuda que el Estado viene arrastrando desde la “guerra sucia”, las causas de la impunidad, los obstáculos dentro de la institucionalidad que impiden confrontar el fenómeno, así como los retos que tiene la implementación de la reciente legislación en la materia en favor de las víctimas. Lamentablemente, el trabajo del GIEI se quedó a medias ante la negativa del Estado de prorrogar su mandato y bajo la sospecha de haber sido blanco del sistema Pegasus como medio de espionaje para entorpecer su trabajo. Valdría la pena en este tránsito de gobierno, repensar la pertinencia de estos mecanismos internacionales en la coyuntura actual y reactivar el mandato del GIEI.8

La Corte IDH como eje de la institucionalización de la política pública en derechos humanos en México

Por su parte, la Corte Interamericana como el órgano jurisdiccional regional de protección de derechos humanos, ha sido fundamental no sólo para identificar a través de casos emblemáticos, contextos y problemáticas en materia de derechos humanos en México, sino también para generar órdenes de reparación integral que han impactado en la institucionalidad a nivel interno.

El Estado mexicano reconoció la competencia de la Corte IDH en diciembre de 1998. A partir de esa fecha ha conocido de ocho casos y emitido seis sentencias que declaran la responsabilidad internacional de México por vulneraciones a la CADH: Castañeda Gutman, González y otras (Campo Algodonero), Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Cabrera y Montiel.9 Actualmente se encuentra conociendo dos casos más: María Selvas y otras (Mujeres de Atenco) y Nitza Paola Alvarado y otros.

La mayoría de los casos conocidos por la Corte respecto a México involucran problemáticas que derivan en graves violaciones a derechos humanos que han sido abordados desde diferentes enfoques en las sentencias. En primer lugar, frente al contexto como prueba indiciaria para declarar responsabilidad internacional, el Tribunal ha documentado y analizado las causas de los hechos que han generado violaciones generalizadas y ciclos de impunidad, lo cual de alguna u otra forma ha constituido también un ejercicio de memoria histórica en México.

Por ejemplo, en el caso Radilla Pacheco, la Corte Interamericana pudo dar visibilidad al contexto de graves violaciones a derechos humanos en la llamada “guerra sucia” y los efectos que ésta tuvo en el Estado de Guerrero. En el mismo sentido y en el mismo Estado, la Corte IDH incluyó el contexto de la presencia militar para analizar la violación sexual por parte de agentes de las fuerzas armadas en contra mujeres indígenas. Por otro lado, en el caso Cabrera y Montiel utilizó el contexto de décadas sobre las prácticas de tortura por parte de agentes estatales especialmente, para la obtención de confesiones para declarar la responsabilidad internacional en casos de delincuencia organizada.

En los casos que actualmente están bajo estudio, se esperan importantes contribuciones en materia de contexto sobre dos temas clave: tortura sexual en casos de uso excesivo de fuerza en protestas sociales y la práctica de desaparición forzada en el marco de operativos militares en tareas de seguridad pública y combate en el narcotráfico.

En segundo lugar, la Corte IDH ha podido analizar en las sentencias sobre violencia de género, desaparición forzada y tortura el concepto de debida diligencia en la investigación y los obstáculos para las víctimas vean garantizado su derecho a la justicia y a la verdad. El Tribunal ha conocido y juzgado deficiencias del sistema penal y la incapacidad estatal como la fabricación de pruebas, la falta de sanción a autores materiales, la alteración de la escena del crimen, la revictimización de las víctimas y sus familiares, la aquiescencia de agentes estatales con grupos al margen de la ley, la falta de perspectiva de género en el sistema de impartición de justicia, conflictos de competencias, ausencia de sanciones a servidores públicos, falta de registros de personas detenidas, entre otras. Dicho análisis refuerza la urgencia de restructurar la fiscalía nacional y las fiscalías locales para hacer frente a los miles de casos que actualmente hay sobre violaciones a derechos humanos.

La Corte IDH también ha evaluado el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía en la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano. Este análisis evidenció en varios de los casos, obstáculos normativos para prevenir, investigar, sancionar y reparar. En casos de violencia de género y violencia sexual como Campo Algodonero y Valentina Rosendo, no existían leyes ni protocolos para atender a las víctimas de forma diligente. En el caso Radilla se evidenció como la desaparición forzada no estaba tipificada dentro de los códigos penales, lo cual impedía realizar una investigación de acuerdo con la línea jurisprudencial construida por el derecho internacional de los derechos humanos en la materia.

Un obstáculo normativo que trasversalizó los casos más emblemáticos contra el Estado mexicano fue el fuero penal militar contenido en el artículo 57° del Código Penal Militar. El cual le daba competencia a las fuerzas armadas de conocer aquellos casos donde participaran militares, aun y cuando éstos hubieran cometido violaciones a derechos humanos. Frente a dicha normativa la Corte Interamericana en cuatro ocasiones declaró responsable a México ya que la disposición vulneraba los principios de independencia e imparcialidad e impedía una investigación y sanción efectiva. Con base en ese vacío jurídico desarrolló la importancia del control de convencionalidad por parte de jueces.

Ahora, la Corte además de declarar responsabilidad internacional frente a las problemáticas sobre derechos humanos en México también ha sido fundamental para involucrar a los tres poderes de gobierno en las órdenes de reparación integral que incluyen no solo indemnizaciones sino también, medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición, las cuales hay contribuido a colocar dentro del debate nacional la importancia del cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos.

El impacto de estas medidas se materializó en el reconocimiento por parte del ejecutivo sobre la violación sexual de Valentina e Inés por parte de agentes de las fuerzas armadas, el discurso de ambas resignificó la voz de las víctimas y generó memoria sobre la actuación de las fuerzas armadas. Respecto al poder legislativo, vale la pena reconocer el impacto que las sentencias tuvieron de la mano de la presión de la sociedad civil, en la reforma al Código Penal Militar para trasladar a la competencia civil los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas. En cuanto a la incorporación por parte poder judicial, bajo la figura de “expedientes varios” la Suprema Corte abrió la discusión jurídica nacional sobre el llamado control de convencionalidad y la vinculatoriedad de los pronunciamientos de la Corte Interamericana que hoy ha tenido destellos importantes en las entidades federativas.

Defectos a superar en el termómetro de garantía de derechos

Es importante señalar qué si bien el SIDH es un termómetro importante para medir la situación de derechos humanos en el país, lo cierto es que no es un sistema perfecto; al contrario, el sistema actualmente tiene defectos importantes multicausales donde se ven involucrados factores políticos, de presupuesto y del contexto regional que enfrenta cambios en las dinámicas, actores y responsables en el continente que afectan directamente el acceso de las víctimas.10 En materia de presupuesto,  los órganos del sistema se enfrentan a un deterioro de su sustentabilidad financiera el cual ha abierto el debate sobre la responsabilidad de los Estados miembros de la OEA en destinar más recursos sin fines políticos específicos y las prioridades de cómo están los órganos de protección siendo utilizados los recursos que actualmente se asignan. Ello va de la mano con el retraso procesal dentro del sistema donde el promedio de estudio está entre ocho y diez años. Otro defecto que se visibilizó con el proceso de fortalecimiento del SIDH durante el año 2013 fue la tendencia de los estados de debilitar la facultad de protección de la CIDH. Las cifras han evidenciado en los últimos años un aumento de las actividades de promoción, la judicialización de reglamentos y una importante disminución en el número de decisiones de otorgamiento de medidas cautelares y sobre peticiones y casos a pesar del aumento de peticiones recibidas.

Un reto clave para los órganos del SIDH es entender que la realidad del continente enfrenta diversas situaciones, donde las violaciones sistemáticas a derechos humanos se han complejizado, ampliando actores. Hoy vale la pena que los órganos revalúen, más allá de un caso particular, las herramientas con las que cuentan y generen estrategias para influir activamente en los Estados sobre la obligación efectiva de adoptar medidas para resolver problemáticas estructurales.

Este recorrido sobre la importancia del SIDH es un recurso fundamental para que la nueva administración entienda en esta trayectoria de monitoreo cuáles son las problemáticas añejas que ha derivado en la impunidad y, por ende, en la repetición de violaciones a derechos humanos; qué experiencia comparada, sobre todo en materia de justicia transicional puede aportar a la ecuación de paz que se busca y repensar si la deficiencia estructural que enfrenta la procuración de justicia  actualmente el país requiere de mecanismos internacionales para materializar la verdad, la justicia y la reparación.

Adriana Muro. Abogada por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Maestría en Derechos Humanos y Democratización. Socia de ELEMENTA, Consultoría en Derechos.


1 Por ejemplo, en 1979 la CIDH pudo visitar Argentina durante la dictadura y recoger los testimonios de las graves violaciones a derechos humanos que estaban siendo cometidas por el gobierno militar. El informe fue publicado años después.

2 CIDH. Informe sobre la situación de derechos humanos en México. OEA/Ser.L/V/II.100. Doc. 7 rev 1, 24 de septiembre de 1998.

3 CIDH. Informe de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencias y discriminación. OEA/Ser.L/V/II.117. Doc. 1 rev, 7 de marzo de 2003.

4 Véase: Informes temáticos.

5 Estadísticas tomadas de informes anuales publicados en la página de la CIDH: 2017: 819 peticiones recibidas de 2994; 2016: 847 peticiones recibidas de 2567; 2015: 849 peticiones recibidas de 2164; 2014: 500 peticiones recibidas de 1758; 2013: 660 peticiones recibidas de 2061;2012: 431 peticiones recibidas de 1936.

6 CIDH. Situación de Derechos Humanos en México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 diciembre 2015.

7 Informes disponibles aquí.

8 Investigadores del GIEI dicen que fueron espiados para entorpecer la investigación del caso Ayotzinapa. Azam Hamed. New York Times, 10 de julio de 2017.

9 Además de estas sentencias está el caso Martín del Campo que por cuestiones de competencia ratione temporis la Corte no llegó al fondo del asunto y el caso García Cruz y Sánchez Silvestre que llegó a solución amistosa entre las partes.

10 Para profundizar sobre los defectos y retos del SIDH: Desafíos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nuevos tiempos, viejos retos. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2015.

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En el marco de las discusiones en el Senado frente a las iniciativas que pretenden dar rango constitucional a la militarización del país para legitimar la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón en 2007 y ante la crisis de violencia extrema y de derechos humanos que enfrenta el país, el Estado mexicano deberá responder durante 2017 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes por parte de miembros de las fuerzas armadas en el ejido Benito Juárez en Chihuahua, ocurrida el 29 de diciembre de 2009.1

desaparecidos

Si bien la CorteIDH en su jurisprudencia constante, incluyendo casos contra México,2 ha desarrollado estándares sobre el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada de personas y las obligaciones de investigación y sanción frente a actos cometidos por agentes estatales, el caso presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre de 2016, ante la CorteIDH, resulta un caso hito en la función contenciosa de este órgano jurisdiccional. Esto se debe a que sitúa la desaparición forzada en un contexto particular de violencia derivado de la militarización de las calles bajo el sustento de la política prohibicionista frente a la producción y consumo de sustancias psicoactivas respaldada en las Convenciones Internacionales en materia de drogas.3

En este sentido, el caso de Nitza Paola, José Ángel y Rocío pone en tela de juicio ante un tribunal internacional, la fallida estrategia de Felipe Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto, y las consecuencias de una guerra que, con base en estudios recientes publicados por el Programa de Política de Drogas del CIDE4 y la documentación de casos por parte de la sociedad civil como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH),5 ha generado graves violaciones a derechos humanos en contra de la población civil en la mayoría de los estados de la República, incluyendo actos de tortura, violencia sexual, desplazamiento interno, uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.

El estudio de dicho caso por parte de la CorteIDH permite por vez primera un diálogo entre la política de drogas y el derecho internacional de los derechos humanos dentro del sistema interamericano, lo cual representa una oportunidad única para la Corte de sentar un precedente que establezca la necesidad de transitar de una política prohibicionista a una política regional bajo un enfoque de derechos humanos en materia de drogas, así como de unirse a los esfuerzos internacionales en Naciones Unidas en el marco de la UNGASS 2016 para buscar una reforma a nivel mundial.6

Si bien la litis del caso se centra en la falta de investigación y sanción de los responsables de la desaparición de las víctimas, será fundamental para la CorteIDH establecer una postura en cuanto al deber de prevención general por parte del Estado respecto a la creación del riesgo. Es decir, la manera en que la militarización de tareas de seguridad pública propició la desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío y, por ende, generó la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración a los derechos a la libertad personal, la integridad personal y la vida contenidos en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en relación con el artículo 1.1 de la misma.

Para ello, el contexto y el valor que la CorteIDH le da para determinar vulneraciones a la CADH,7 será una prueba trascendental para evidenciar las consecuencias de la estrategia de Calderón y su incompatibilidad con la CADH. El caso, como señaló la CIDH, cuenta dentro del acervo probatorio con una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)8 que evidencia los operativos militares realizados en el Estado de Chihuahua en la época de los hechos, aunado a pruebas testimoniales que relacionan directamente a agentes estatales con las desapariciones de las tres víctimas.

No obstante, ante la temática, resulta importante que bajo la figura del amicus curiae que prevé el artículo 44 del Reglamento de la CorteIDH, universidades y organizaciones de la sociedad civil que trabajan tanto en política de drogas como en derechos humanos, hagan llegar a la Corte datos cuantitativos y cualitativos de las consecuencias de la guerra contra las drogas en México que permitan a la CorteIDH pronunciarse de forma responsable sobre la necesidad de adaptar la política de drogas a los estándares regionales de protección y a las obligaciones generales derivadas de los tratados firmados y ratificados por éstos. Lo anterior, con el objetivo de que no se repitan hechos tan lamentables como los ocurridos en este caso y en muchos más que actualmente se encuentran en total impunidad.

Adriana Muro. Abogada por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Maestría en Derechos Humanos y Democratización. Socia de ELEMENTA, Consultoría en Derechos.


1 Comunicado de Prensa. CIDH envía caso sobre México a la Corte IDH, 22 de noviembre de 2016. Disponible en: http://bit.ly/2kNYOi4.

2 Véase por ejemplo: Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209 y Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253.

3 Véase: Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Convenio sobre Sustancia Sicotrópicas de 1971 y Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

4 Véase: Base de Datos de Eventos Registrados de la Guerra Contra las Drogas, 2007-2011 (Base CIDE-PPD).  Disponible en:http://bit.ly/2jN6C5U.
Alejandro Anaya. Violaciones a los derechos humanos en el marco de la estrategia militarizada de lucha contra el narcotráfico en México 2007 a 2012. PPD.CIDE. Disponible en: http://bit.ly/2jorfHf.

5 La CMPDPDH ha documentado casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos en distintos Estados del país: http://bit.ly/2kllNnz.

6 La Asamblea General de la ONU puede convocar Sesiones Especiales (UNGASS) sobre determinados temas. En 2016, a petición de varios países, liderados por Colombia y México se solicitó realizar una Sesión Especial sobre la situación actual en materia de política de drogas.

7 Véase por ejemplo el análisis contextual de la CorteIDH en el caso de Campo Algodonero relativo al contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez:  Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

8 CNDH.  Recomendación 43/2011. Disponible en: http://bit.ly/2kl1uHa.

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La semana pasada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional con nueve votos a favor, el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del estado de Campeche, la cual prohíbe la adopción de menores de edad a personas que optan por dicha unión civil.

obstaculo

El fallo de la Corte sin duda fue positivo, ya que a pesar de argumentos conservadores y de escaso contenido jurídico por parte del ministro Medina Mora, el Tribunal mantuvo de forma congruente la línea jurisprudencial sobre la orientación sexual de las personas como categoría protegida por el principio de igualdad y no discriminación y el concepto amplio de familia, que ha venido construyendo desde el año 2010 y que  ha permitido reivindicar de forma paulatina los derechos de la comunidad LGBTI a lo largo del territorio nacional. No obstante, cómo señala un texto publicado en este mismo blog, ¿es realmente una batalla ganada?

Si bien las emblemáticas  sentencias de la Corte son de celebrarse, vale la pena tomar el caso de la reforma por parte del congreso de Campeche, para reflexionar acerca de las consecuencias de este tipo de modificaciones por parte del legislador local para los movimientos sociales de grupos en situación de vulnerabilidad como la comunidad LGBTI. Quienes a pesar de construir estrategias sólidas de litigio ante el Poder Judicial para el reconocimiento de sus derechos, se ven enfrentados, bajo el argumento del Estado federal, a obstáculos y trabas que conllevan a un círculo vicioso sin fin de acciones y recursos legales.

En ese sentido, es importante señalar que la competencia que reviste el legislador local para regular ciertas materias, no le exime de cumplir con el contenido del principio de igualdad y no discriminación que emana del artículo primero constitucional y de los tratados internacionales que hace parte el Estado mexicano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al respecto, vale la pena resaltar el artículo 28 de dicha Convención el cual en su inciso 2) establece que: “con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.” Es decir, el tratado interamericano considera que la forma de gobierno de un Estado no puede ser justificación para que éste deje de cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos de todas las personas sujetas a su jurisdicción sin discriminación alguna.

En el caso de las actuaciones de los congresos locales de los estados de la federación en México, esta cláusula es sumamente importante, ya que independientemente de la forma de gobierno, el artículo 2 de la Convención Americana establece dos obligaciones en materia legislativa a los Estado parte: por un lado, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención y, por el otro, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.1

Como ha señalado Ariel Dulitzky, “el hecho de que los Estados puedan fijar las condiciones del ejercicio de un derecho determinado, no impide su exigibilidad conforme al derecho internacional […] Los artículos 1 y 2 de la Convención no distinguen entre personas sujetas a la jurisdicción de Estados federales y personas sujetas a la jurisdicción de Estados unitarios.”2 Por tanto, el reconocimiento de los derechos de las personas, no puede ni debe depender de la entidad federativa en la que se encuentre, ni estar sujeta, en el caso de la comunidad LGBTI a movimientos conservadores y religiosos dentro del Poder Legislativo. Tampoco se puede exigir a las personas acudir al Poder Judicial, con todo lo que ello implica, cada vez que un congreso local emita una normativa discriminatoria.

Ante estas prácticas legislativas, resulta necesario que tal y cómo se han hecho esfuerzos de capacitación y sensibilización respecto al control de convencionalidad de los órganos jurisdiccionales, se comience a trabajar dentro de los congresos locales sobre la responsabilidad que éstos tienen como parte del Estado mexicano, de dar cumplimiento a los principios y obligaciones que derivan no solo de la Constitución mexicana, sino de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Adriana Muro. Abogada por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Maestría en Derechos Humanos y Democratización. Socia de ELEMENTA, Consultoría en Derechos.


1 Véase: Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220.

2 Véase: Ariel E. DULITZKY. FEDERALISMO Y DERECHOS HUMANOS. EL CASO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LA REPÚBLICA ARGENTINA. Disponible aquí.

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El pasado martes 14 de abril, bajo una confusa discusión, con seis votos a favor y cinco en contra, la Suprema Corte estableció la constitucionalidad de la figura del arraigo en casos de delitos graves. Lo anterior, con base en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 11 transitorio del decreto de reforma constitucional en materia penal de junio de 2008.

Los seis votos a favor corrieron a cargo del recién llegado Eduardo Medina Mora, junto con Margarita Luna, Fernando Franco, Jorge Pardo, Alberto Pérez y Ortiz Mena, quienes durante la discusión consideraron innecesario ejercer un control de convencionalidad sobre la figura en tanto ésta se encuentra contemplada en la propia Constitución, lo cual a su entender es una restricción a dicho análisis.

Los cinco votos en contra fueron de Juan Silva Meza, José Ramón Cossío[1], Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar ejercieron un control de convencionalidad respecto de la privación de la libertad para investigar, la cual conforme a los estándares internacionales, específicamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, resulta arbitraria y violatoria de un cúmulo de derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la propia Constitución mexicana.

Son varios enfoques desde los cuales se puede analizar dicha decisión. En esta ocasión, quisiera analizar algunos de los costos de decidir a favor de la constitucionalidad del arraigo y del equívoco mensaje que la Corte envía respecto de las obligaciones internacionales de respeto y garantía del Estado mexicano en medio de la crisis de derechos e impunidad que impera en el país.

arraigoEl primer costo implica permitir que ante la incapacidad e ineptitud de las autoridades en materia de investigación y sanción, figuras claramente violatorias de derechos humanos sean elevadas a rango constitucional, lo cual como señaló el ministro Zaldívar, constituye un fraude a la Carta Magna. Resulta preocupante que ministros utilicen la supremacía de la Constitución para permitir que una figura jurídica vulnere el debido proceso legal, la libertad personal, el derecho a la circulación y que derive patrones generalizados como actos de tortura durante la detención.[2] En ese sentido, es importante aclarar que el hecho de que una figura o disposición violatoria de derechos humanos se encuentre en la Constitución no exime a los Estados de responsabilidad internacional por incumplir con sus obligaciones.[3]

Otro costo de declarar constitucional el arraigo es que dicha decisión judicial se une a distintas acciones y omisiones de los otros poderes de gobierno en materia de derechos humanos, como el rechazo de la Secretaría de Relaciones Exteriores al informe redactado por Juan Méndez, Relator de Naciones Unidas, que reconoce el patrón generalizado de tortura en el país o la evasión por parte del Ejecutivo y el Legislativo respecto de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa hace 6 meses,  los cientos de fosas encontradas en Guerrero, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya a manos del ejército, la masacre de Apatzingán de la cual son responsables policías federales, entre otros episodios de vulneraciones.

Y es que pareciera entonces, que la decisión por de seis ministros del Pleno de la  Suprema Corte, se une a esta incongruencia estatal, al ignorar las decenas de pronunciamientos por parte de organismos de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los organismos autónomos de protección nacionales como la CNDH y la CDHDF[4], los cuales han reiterado en distintos escenarios como la figura del arraigo es arbitraria, violatoria del principio de presunción de inocencia y que incumple los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para privar de la libertad a una persona. Además de demostrar con cifras y quejas que la figura es inefectiva y evidentemente violatoria de derechos humanos.[5]

El último costo que quisiera evidenciar es cómo la decisión envía un mensaje confuso al resto del Poder Judicial. Si bien la construcción del control de convencionalidad resulta de un diálogo constante entre los operadores de justicia y no de una sola decisión, el desconocimiento de estándares internacionales que la propia Corte ha declarado vinculantes, confunde al resto de jueces respecto a la implementación del artículo primero constitucional y la consolidación de jurisprudencia protectora de derechos humanos.

Finalmente, es relevante reflexionar sobre los propios organismos de protección de derechos humanos a nivel universal y regional. Los cuales si bien son parte de este diálogo jurisprudencial, debieran ser más cuidadosos respecto a los halagos y reconocimientos que en el ámbito político hacen sobre la actuación de la Suprema Corte en materia de control de convencionalidad, ya que corren el riesgo de caer en el doble discurso en el cual se encuentra inmerso el Estado mexicano.

Adriana Muro. Abogada de la Universidad Iberoamericana, con maestría en derechos humanos y democratización de la Universidad del Externado de Colombia. Socia de Elementa, Consultoría en Derechos.

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[1] Vale la pena leer la posición del ministro José Ramón Cossío en cuanto a la inconstitucionalidad del arraigo.

[2] El Amicus presentado por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ante la SCJN detalla con base en estándares internacionales y cifras las violaciones a derechos humanos de las cuales han sido víctimas las personas que han sido sujetas a arraigo en el país.

[3] Específicamente en cuanto al deber de adoptar disposiciones de derecho interno conforme al artículo 2 de la CADH, el cual establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Véase Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73.

[4] Ambas Comisiones se pronunciaron sobre la decisión de la SCJN.  

[5] A modo de ejemplo véase: Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU: Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su visita a México (2002) E/CN.4/2003/8/Add.3. Comité contra la Tortura de la ONU: Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura (2007). CAT/C/MEX/CO/4.Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes: Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas. CAT/OP/MEX/R.1.; Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU: Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Quinto Examen Periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el 22 de marzo de 2010; Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, en su declaración de prensa al concluir su misión oficial a México entre el 1 y el 15 de octubre de 2010. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a México entre el 26 y el 30 de setiembre de 2011; Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Decimoséptima reunión, Ginebra, octubre 22 a noviembre 1 de 2013, Informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 25 de octubre de 2013.

 

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La semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), celebró su 48° período extraordinario de sesiones en México. La visita por parte de este tribunal internacional se da en el marco de las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) sobre la implementación del derecho internacional de los derechos humanos, en cuanto a la incorporación de los tratados internacionales en la materia y la vinculatoriedad de la jurisprudencia emitida por la CorteIDH.

CorteIDH-MEXICO

Las audiencias públicas tuvieron lugar en la biblioteca José Vasconcelos, en donde se escucharon los alegatos, testimonios y peritajes respecto de un caso contencioso en contra de República Dominicana[1], así como los argumentos tanto de Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como de organizaciones de la sociedad civil y académicos de distintos países de la región, sobre una opinión consultiva solicitada por MERCOSUR al Tribunal. Ambas audiencias versaron sobre un mismo tema: la situación de las personas migrantes en situación de irregularidad y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, sin discriminación alguna.

Asimismo, diversos académicos de la región expusieron en un seminario al final de la semana, los diversos retos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la implementación de sus decisiones en los ordenamientos internos y el análisis de distintos debates en materia de seguridad ciudadana, género, reparaciones, entre otros.

De las sesiones del CorteIDH llevadas a cabo en la capital del país, se pueden destacar tanto aspectos positivos como negativos en relación al desarrollo de las audiencias, el papel de México como país anfitrión, y la percepción del público asistente, en su mayoría estudiantes de derecho y miembros del Poder Judicial.

Aspectos positivos

Esta es la segunda ocasión en que la CorteIDH celebra un período extraordinario de sesiones en México. Es importante resaltar que a diferencia de 2008, año en que este tribunal internacional visitó el país por vez primera, este período se caracterizó por una amplia difusión y convocatoria por parte de la SCJN, así como una gran asistencia de diversos sectores, lo cual claramente refleja la importancia y el interés en el nuevo paradigma constitucional que se ha gestado en nuestro país en los últimos dos años a partir de la reforma al artículo primero.

Además, si bien la CorteIDH no puede llevar acabo audiencias de casos contenciosos bajo estudio del país anfitrión, llama la atención que el tema, tanto del caso contencioso como de la solicitud de opinión consultiva, hayan versado sobre el tema migratorio, principalmente respecto al debate sobre los controles migratorios, la privación de la libertad por situación migratoria irregular, la discriminación racial y la especial protección de los niños migrantes no acompañados en situación irregular, aspectos que actualmente se discuten en el país por la crisis humanitaria en la que se encuentran inmersos los migrantes sin documentos que atraviesan por territorio nacional.

Dentro de los peritajes y las preguntas realizadas por los jueces de la CorteIDH, el eje argumentativo versó en la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin importar su calidad migratoria. También se abordó la importancia de adoptar políticas para prevenir las violaciones a derechos humanos en contra de migrantes y la necesidad garantizar en todo momento el debido proceso en los procesos de repatriación. De igual forma se debatió, si es posible incluir dentro de las causas de la implementación del principio de no devolución por causas como pobreza o violencia intrafamiliar.

La CorteIDH escuchó a varias organizaciones y universidades del continente en el marco de la audiencia sobre la opinión consultiva relativa a la niñez migrante, entre ellas vale la pena resaltar las intervenciones de las ONG´s mexicanas a través de las cuales esta Corte pudo tener conocimiento del patrón sistemático y generalizado de violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante en situación irregular que transita por México y de la política criminalizadora y discriminatoria del Estado.

Aspectos negativos

Si bien el tema migratorio resultaba interesante por la situación de los migrantes y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran a lo largo del continente, para el público que acudió por vez primera al período de sesiones o las audiencias y ser éste su primer contacto con el Sistema Interamericano, pudo resultar un poco tedioso, toda vez que en ciertos momentos de las audiencias tanto Estados como organizaciones se limitaron a la repetición de estándares internacionales en la materia. Hubiera sido más atractivo que se hubiera elegido un caso contencioso referente a otra temática para diversificar los argumentos y el debate de la CorteIDH.

Otro aspecto negativo a resaltar, fue la participación del Estado mexicano en la audiencia sobre la solicitud de opinión consultiva de la niñez migrante. Si bien se valora la invitación del gobierno al tribunal internacional y la activa participación del Poder Judicial, el discurso por parte del gobierno federal en materia migratoria envió un mensaje equivocado y perverso sobre la situación de la persona migrante en tránsito por México, ya que si bien se tiene una nueva legislación con perspectiva de derechos humanos, es una realidad que el gobierno sigue tolerando violaciones en contra de la población migrante, además de seguir incluyendo dentro del ordenamiento jurídico interno, figuras como el aseguramiento, privación de la libertad que resulta contraria a los deberes contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Más allá de estos aspectos, las sesiones de la CorteIDH en el país, refrendan la importancia que hoy representa el Sistema Interamericano en el ordenamiento jurídico mexicano y la necesidad de implementar el derecho internacional de los derechos humanos, a través de la enseñanza del derecho y el litigio para lograr un mayor control constitucional en cuanto a las actuaciones del Estado.

Adriana Muro. Abogada por la Universidad Iberoamericana y candidata a maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Carlos III de Madrid. Twitter: @adrianawall

*Nota: aquí se pueden consultar las audienciaspúblicas y el seminario del 48° período de sesiones de la CorteIDH celebradas en México, así como otros periodos ordinarios y extraordinarios sobre los distintos casos que ha estudiado esta Corte.

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CoIDH2La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH),[1] es el tratado internacional que fundamenta el sistema interamericano de protección de derechos humanos. De dicho instrumento surge el órgano jurisdiccional competente para conocer de violaciones a derechos humanos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual se instaló en el año de 1979.

La CorteIDH es un órgano jurisdiccional autónomo, no permanente, cuyo objetivo principal es aplicar e interpretar las disposiciones contenidas en la CADH. Tiene sede en San José de Costa Rica, en donde tienen lugar periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones[2]. A partir de 2006, con el propósito de llevar el trabajo de la Corte alrededor del continente, se comenzaron a celebrar sesiones extraordinarias en distintos países de la región.[3] Durante las sesiones tienen lugar audiencias de casos contenciosos sujetos a examen de la Corte y de solicitudes de opinión consultiva, así como deliberaciones para emitir resoluciones en asuntos que se encuentren bajo estudio de la Corte.

Composición

La Corte Interamericana está compuesta por siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales.>[4]

Funciones

De la CADH se desprenden distintas funciones a cargo de la Corte Interamericana. La principal es la relativa al examen de casos y emisión de sentencias en las que se declara la responsabilidad internacional de los Estados parte que hayan ratificado la competencia contenciosa de la Corte. Bajo dicha función se generan los criterios y estándares que dotan de contenido los derechos contenidos en la CADH y los diversos instrumentos que forman parte del Sistema Interamericano. En 25 años de función contenciosa (1987-2012) la Corte ha dictado 259 sentencias relacionadas con 161 casos ocurridos en 22 Estados del continente americano.[5] De dicha función contenciosa deriva la función de dar seguimiento al cumplimiento de los Estados de los puntos resolutivos de la sentencias.

Dentro de las funciones de la CorteIDH, también se encuentra la posibilidad de ordenar medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas en los asuntos que este conociendo o de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, la Corte tiene la facultad para emitir opiniones para interpretar el alcance de cualquiera de las disposiciones de la CADH o de otros tratados internacionales sobre protección a derechos humanos en los Estados Americanos. El objetivo de la función consultiva por parte de la Corte, es ayudar a los Estados a respetar sus obligaciones internacionales y a los órganos de la OEA a cumplir con sus funciones encomendadas. Actualmente la función consultiva de la CorteIDH es la más amplia y activa de los sistemas regionales de protección al contar con 20 opiniones consultivas.[6]

Durante esta semana tendrá lugar en México el 48° Período de sesiones de la CorteIDH en la en la Biblioteca México “José Vasconcelos”, donde se celebrará una audiencia pública, sobre el Caso Tide Méndez y otros Vs. República Dominicana y una audiencia pública de “Solicitud de Opinión Consultiva sobre Niñez Migrante”. Además, se llevará a cabo un Seminario Internacional sobre “Diálogo Jurisprudencial e Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.[7]>

Para saber más de la Corte Interamericana…

Se pueden consultar los documentos básicos, la jurisprudencia, medidas provisionales y opiniones consultivas de la CorteIDH en: http://www.corteidh.or.cr/

Adriana Muro. Abogada por la Universidad Iberoamericana y candidata a maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Carlos III de Madrid. Twitter: @adrianawall


[1] La CADH entró en vigor el 18 de julio de 1978. A la fecha, 25 naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Sin embargo Trinidad y Tobago denunció la CADH, por comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998. Por su parte, Venezuela presentó el pasado 6 de septiembre de 2012 un instrumento de denuncia del mismo tratado a dicha Secretaria.

[2] La Corte cuenta con una Secretaría Ejecutiva conformada por abogados y abogadas de los Estados Parte de la OEA que trabajan de forma permanente en la sede del Tribunal.

[3] Para la celebración de las audiencias de la Corte fuera de la sede en Costa Rica, es necesaria la previa invitación del Estado. Artículo 12. Reglamento de la CorteIDH.

[4] Artículo 52 de la CADH.

[5] En relación a México, la CorteIDH ha emitido 6 sentencias sobre los casos Castañeda Gutman, González y otras (Campo Algodonero), Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Cabrera y Montiel. Actualmente se encuentra bajo estudio el caso García Cruz y Sánchez Silvestre.

[6] Actualmente se encuentra bajo estudio de la Corte la Opinión Consultiva 21 relativa a la niñez migrante.

[7] Para consultar los antecedentes jurisprudenciales sobre el tema de las audiencias ver: Castilla Juárez, Karlos A. Migración irregular y políticas migratorias bajo el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el caso Nadege Dorzema y otros. Disponible aquí.

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El pasado cuatro de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el engrose de la resolución del expediente “varios” 912/2010 en relación a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. El documento desarrolla todos los puntos que se discutieron a lo largo de las sesiones del Pleno, asimismo se contempla un apartado de antecedentes en relación a como fue el procedimiento del caso ante el Sistema Interamericano y la razón por cual la Suprema Corte de Justicia conoce de la sentencia.

En el engrose se contemplan las diferentes decisiones tomadas por el Pleno de la Corte, así como votos tanto disidentes como concurrentes de varios de los ministros y ministras que reflejan las encontradas opiniones y puntos de vista que fueron objeto de discusión el pasado mes de junio durante las sesiones.

En el histórico debate a partir de la sentencia de Radilla fuimos testigos de las primeras posiciones de la Suprema Corte en relación a la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de las obligaciones para el Poder Judicial a partir de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana contra México y de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En este sentido, en su momento, reflexionábamos acerca de las diversas decisiones que se tomaron, ya se catalogaban algunas como innecesarias, otras incompletas y destacábamos el carácter trascendental de dos decisiones: la del deber del Poder Judicial de ejercer un control de convencionalidad de carácter difuso así como la limitación a la jurisdicción militar en casos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles por parte de miembros de las fuerzas armadas.

La resolución de la Suprema Corte recoge dichas decisiones en un engrose bastante conciso que explica cual debe ser la posición del Poder Judicial en cuanto a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana y como debe ejercerse, quién debe ejercerlo y qué efectos causará el nuevo control de convencionalidad de carácter difuso.

En relación a la obligatoriedad de las sentencias emitidas en contra del Estado mexicano por la Corte Interamericana, se cuestionaba sí realmente era necesario que la Suprema Corte se pronunciara al respecto ya que este punto resolutivo surge por el debate dentro de las primeras sesiones del Pleno sobre la decisión del Tribunal interamericano en relación a la declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla. En este sentido en el engrose se deja muy claro que la Suprema Corte no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la CorteIDH, esto es, en sede internacional, es correcta o incorrecta, o si la misma se excede en relación a las normas que rigen su materia y proceso. Esta sede de jurisdicción nacional no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la CorteIDH, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Esta consideración de la Suprema Corte resulta congruente con lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual contempla en los artículos 62.3, 67 y 68  el carácter vinculante de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

Respecto al carácter “orientador” de la jurisprudencia interamericana en relación a sentencias emitidas en contra de otros países de la región, en la resolución del expediente se sostiene que se debe acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. El engrose de la Suprema Corte debió desarrollar más a fondo la importancia de dichos criterios ya que la jurisprudencia de la Corte Interamericana resulta una herramienta clave al momento de ejercer el control de convencionalidad, el derecho  que contempla un tratado internacional de derechos humanos va más allá de la simple lectura del artículo que lo consagra, la interpretación y el desarrollo jurisprudencial  de la CorteIDH es lo que permite al juzgador estudiar y entender la evolución del derecho en cuestión y ejercer el control de una forma mucho más eficaz y completa.

Al respecto el ministro Arturo Zaldívar en su voto concurrente destaca la importancia de estos criterios al señalar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al definir el contenido de los derechos reconocidos en la Convención Americana, en realidad está interpretando y dotando de contenido las fórmulas genéricas empleadas en dicho tratado internacional, de modo que la jurisprudencia en cita se vuelve una extensión de la Convención misma.

En cuanto al control de convencionalidad el engrose deja claro que si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.

Para ello la resolución desarrolla cómo debe realizarse el análisis para ejercer dicho control y enuncia las diversas herramientas de interpretación al momento de llevarlo a cabo, contemplando todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; criterios vinculantes de la Corte Interamericana establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte. El parámetro propuesto por la Suprema Corte es bastante completo. Comprendiendo el contenido de la reforma al artículo 1° constitucional el análisis de dicho control se resume al deber de las autoridades de aplicar en todo momento el principio pro persona es decir haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia.

Asimismo la resolución presenta un análisis  que señala cuáles son los diferentes controles de constitucional y convencionalidad que se pueden ejercer conforme al ordenamiento jurídico mexicano, que autoridades son competentes dependiendo el tipo de control y sobre todo que efectos resultan de cada uno de ellos. El cuadro que contempla este análisis es bastante esquemático para entender en la práctica que consecuencia jurídica conlleva la aplicación de cada control, tomando en cuenta lo complejo y limitado que puede resultar el derecho constitucional mexicano.

Analizando estas tres decisiones, debe ser una prioridad para lograr la armonización del nuevo bloque de constitucionalidad la medida ordenada por la CorteIDH al Poder Judicial en la sentencia Radilla consistente en la capacitación permanente respecto de los contenidos de la jurisprudencia interamericana sobre los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial, y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia.

Sí no existe una capacitación constante de los jueces y juezas al respecto resulta ilusorio suponer que el juzgador puede ser parte de este proceso hermenéutico, la forma de entender el derecho constitucional ha cambiado a partir de junio de 2011 por lo que es trascendental que todos los operadores jurídicos estén en constante capacitación para realizar una interpretación adecuada.

Finalmente, en cuanto a la limitación de la jurisdicción militar, en la que el Pleno resolvió que se debía replicar el criterio de la Corte Interamericana en cuanto que el fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, ésta resultaba ser la decisión más paradigmática y positiva del expediente “varios”, no sólo en relación a una forma de cumplimiento de la sentencia de Rosendo Radilla sino del impacto de la decisión ante la situación actual en el país .

Sorprende las declaraciones del ministro José Ramón Cossio al declarar en conferencia de prensa que actualmente los tribunales militares no están obligados a enviar este tipo de asuntos al fuero común, aunque pueden hacerlo. Admitió que será hasta que la Corte conozca los primeros amparos sobre el tema, cuando el pleno determine si invalida el artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar, para lo cual necesitará del voto de ocho de los once integrantes del pleno.

Haciendo una interpretación positiva de las declaraciones del ministro Cossio se puede desprender que existe un compromiso por parte de los litigantes de derechos humanos de activar el aparato judicial a través del recurso de amparo en relación a la jurisdicción militar así como de otros temas de derechos humanos para que la Suprema Corte atraiga y resuelva los casos. Sin embargo, parece ser que nos volvemos a encontrar en una situación de incertidumbre, si bien resulta trascendental la participación de la sociedad civil, actualmente en relación a la reformas constitucionales en materia de amparo, nos encontramos en un limbo jurídico, con una ley reglamentaria en el Congreso que deja mucho que desear ya que no prevé una regulación que consagre al juicio de amparo como un recurso sencillo, breve, adecuado y efectivo para controvertir violaciones a derechos humanos. Obligación que se deprende del artículo 1° constitucional y 25.1 de la Convención Americana bajo, el entendido de que no sólo se tiene el derecho al derecho sino que también se tiene el derecho a la garantía.

Vuelve a ser clave el compromiso y la actuación del Poder Judicial, en especial de la Suprema Corte en la aplicación de las reformas constitucionales tanto de derechos humanos como de amparo y en la toma de decisiones sobre casos concretos, resultaría preocupante que el Poder Judicial formara parte también de esta “esquizofrenia” que padece tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo en relación a la protección de los derechos humanos en el país.

Adriana Muro. Abogada de Litiga OLE. Twitter: @adrianawall

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En medio de la situación de crisis e inseguridad que atraviesa México, ante el dramático aumento de violaciones a derechos humanos como consecuencia de la fallida guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, el Pleno de la Suprema Corte recién tuvo la oportunidad de contribuir en el cambio estructural del régimen constitucional y de establecer criterios determinantes en el respeto y garantía de los derechos humanos en el país.

Fue la sentencia del caso Rosendo Radilla vs. México[1] emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la que llevó a nuestra corte constitucional a pronunciarse respecto de las obligaciones del Estado mexicano, en particular del Poder Judicial, en relación a los tratados internacionales que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Durante las últimas dos semanas fuimos testigos de un histórico debate entre los ministros de la Corte, en el que se tomaron diversas decisiones. Algunas innecesarias, otras incompletas pero también otras transcendentales para la implementación de las recientes reformas constitucionales de derechos humanos y la eficaz armonización del derecho internacional en materia de derechos humanos y el orden jurídico nacional.

Decisiones innecesarias

En las primeras sesiones, el debate se centró en relación al cumplimiento y a los alcances de la sentencia del caso Radilla para el Poder Judicial. Aquí se presentaron intervenciones un tanto conservadoras de algunos ministros que al buscar controvertir la decisión de la CorteIDH, mediante conceptos como “el principio de reciprocidad” o la “soberanía nacional”, llevaron la discusión del Pleno a un terreno donde la Corte carece de competencia alguna. Esto se debe a que un tribunal nacional, cuyo Estado se sometió a la competencia de un tribunal internacional, no tiene facultades para revisar las decisiones emitidas por dicho tribunal. Este es, precisamente, el caso de México ante la CorteIDH, al reconocer su competencia contenciosa desde el 16 de diciembre de 1998, además de que como se consagra en el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado que le otorga competencia a la CorteIDH, sus fallos son definitivos e inapelables.

Consecuencia de esta discusión y de la posición de algunos ministros en relación a que la sentencia de Rosendo Radilla obligaba únicamente al Poder Legislativo y no así al Judicial,  se llevó a cabo la votación acerca de sí las sentencias emitidas por la CorteIDH contra el Estado Mexicano eran obligatorias para el Poder Judicial, votación que resultaba ociosa en virtud de que como lo señaló Sergio García Ramírez, quien fuera Juez Presidente de la Corte Interamericana, “el Estado viene a cuentas en forma integral, como un todo (…) No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la representación del Estado en el juicio sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto.”[2]

Decisiones incompletas

En relación a la decisión de la Suprema Corte de considerar “orientadores” los criterios jurisprudenciales de la CorteIDH, la decisión resulta acotada e  incluso contradictoria con los criterios que se establecieron con posterioridad en la sesiones del Pleno y al principio pro persona emanado del artículo 1° constitucional. En virtud de que como señaló la ministra Sánchez Cordero, los criterios jurisprudenciales de la CorteIDH son “pautas imprescindibles de interpretación.”

Resulta interesante señalar que es la misma CorteIDH, precisamente en una sentencia contra México, en el caso de los campesinos Cabrera García y Montiel Flores[3], la que realiza un  estudio comparado en relación a las decisiones de tribunales constitucionales en Latinoamérica sobre el tema. Dentro de dicho estudio destaca la decisión de la Corte Suprema argentina, la cual se refirió a los criterios jurisprudenciales como “una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos.”[4]

En el mismo sentido, la Corte Constitucional Colombiana estableció que “la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales.” [5]

En este contexto, la decisión de la Corte mexicana de únicamente considerar la jurisprudencia de la CorteIDH como “orientadora” para el Poder judicial y no desarrollar de manera más profunda la importancia de los precedentes interamericanos es incompleta y de alguna forma incongruente con la decisión del Pleno de la Suprema Corte de establecer el deber de ejercer el control de convencionalidad de carácter difuso, en virtud de que la jurisprudencia de la CorteIDH como lo señaló el ministro Zaldívar es coherente completamente no sólo con el espíritu sino con letra del actual artículo 1° constitucional.

Decisiones transcendentales

El deber de ejercer el control de convencionalidad de carácter difuso, es sin duda la decisión más importante y paradigmática de la Suprema Corte mexicana en materia de derechos humanos. Pero, ¿qué significa dicho control y cuáles son las consecuencias de semejante decisión? El control de convencionalidad de carácter difuso consiste en que todos los jueces tienen la competencia para dejar de aplicar una ley en un caso concreto por contravenir a la Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y bajo la interpretación más favorable a la persona, es decir conforme al principio pro homine.

La Suprema Corte retoma el criterio jurisprudencial de la CorteIDH en la sentencia del caso Rosendo Radilla al establecer que es deber del Poder Judicial de la Federación ejercer el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.

La intención de la CorteIDH como señala el académico Ferrer Mac-Gregor  en su voto razonado del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, es la tendencia de la “constitucionalización” o, si se prefiere, “nacionalización” del “derecho internacional de los derechos humanos” y particularmente la aceptación de su jurisprudencia convencional como elemento “hermenéutico” y de “control” de la normatividad interna por parte de los propios tribunales internos.”[6]

La decisión de la Suprema Corte en relación al control de convencionalidad difuso nos lleva a reflexionar acerca de las responsabilidades que tienen ahora todos los integrantes del Poder Judicial de que dicho control de convencionalidad coadyuve con los criterios de la CorteIDH y se logré por parte del Estado una mayor defensa y desarrollo de los derechos humanos.

Finalmente, la Suprema Corte acata la decisión de la CorteIDH al replicar el criterio del caso Radilla que establece que bajo ninguna circunstancia puede operar el fuero militar frente a situaciones de vulneración a derechos humanos en contra de civiles. Decisión que por las circunstancias en las que el gobierno ha expuesto a los habitantes de este país, resulta trascendental para no permitir que violaciones a derechos humanos perpetradas por militares queden en la impunidad como hasta ahora.

Sin embargo, el Poder Legislativo aún tiene la obligación de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar ya que como lo señaló la CorteIDH en el caso Valentina Rosendo Cantú, la iniciativa enviada por Felipe Calderón resulta insuficiente conforme a los estándares internacionales y a lo estipulado en el artículo 2° de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, la Procuraduría General de la República y la Secretaria de la Defensa Nacional deben acatar la restricción al fuero militar en los casos que esté conociendo actualmente la jurisdicción castrense y en casos futuros. La lucha para que la decisión tomada por la Corte sea una realidad debe continuar, las lamentables declaraciones emitidas por el gobierno federal y por miembros de la SEDENA en los últimos días respecto del fallo de la Corte obligan a la sociedad en general a darle seguimiento al tema y a exigir que se cumpla con dicha restricción en todos los casos.

De esta manera, tal como concluyó el presidente de la Suprema Corte los debate propios de este asunto, estas decisiones forman parte de un cambio cultural en nuestro país del régimen constitucional respetuoso de los derechos humanos. El cual no debe quedarse en papel, a partir de ahora existe el compromiso y el deber por parte de todos los jueces mexicanos y por parte de los litigantes también, de aplicar el artículo 1° constitucional, y de llevar a cabo una verdadera capacitación y estudio del derecho internacional de los derechos Humanos. Esto con el objetivo de que se ejerza el control de convencionalidad conforme a los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad. Pues no hay que olvidar que ahora México, a través de la vía jurisdiccional, tiene la oportunidad de que por fin el pleno respeto de los derechos humanos sea una realidad.

Adriana Muro. Abogada de Litiga OLE. Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. Twitter: @adrianawall


[1] Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf

[2] Corte IDH. Voto razonado Juez Sergio García Ramírez. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. Párr. 27.

[3] Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220.

[4] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación e inconstitucionalidad. M. 2333. XLII. y otros de 13 de Julio de 2007, párr. 20

[5] Sentencia C-010/00 emitida el 19 de enero de 2000 por la Corte Constitucional de Colombia, párr. 6.

[6] Corte IDH. Voto razonado Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. Párr. 29.

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