En uno de los mejores textos que se han escrito sobre el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el proceso de transición democrática en México, Karina Ansolabehere clasifica las formas que adopta una Corte Suprema para conseguir legitimidad en el sistema político donde participa. Desde una metáfora de comunicación no verbal, señala que pueden seguir cuatro estrategias: 1) mirar para ser mirado 2) no mirar para ser mirado 3) mirar para no ser mirado y 4) no mirar para no ser mirado. 1  En su trabajo, la profesora Ansolabehere muestra que después de una larga tradición durante los años más estables del régimen hegemónico priísta en donde la SCJN no miraba para no ser mirado, las reformas constitucionales de 1994 y los cambios en el contexto político en México hacia un gobierno dividido, hacían que se proyectara al modelo opuesto, el de mirar para ser mirado.

corte-necesitamos

Mucha de la construcción institucional del máximo tribunal durante la Novena Época (1995-2011) se dio alrededor del objetivo de participar del sistema político para hacerse presente; la prueba más clara de esto fueron las iniciativas tomadas por los presidentes Azuela y Ortiz Mayagoitia de acercar y abrir su trabajo a la sociedad mediante estrategias como la consulta pública de 2003, la apertura del Canal Judicial en televisión por cable y la transmisión en vivo de las sesiones públicas del tribunal.2 Dentro del trabajo jurisprudencial de esos años, ejemplos como la apertura a audiencias públicas en temas de fuerte conflicto social, la promoción del uso activo de la facultad de atracción por los ministros de la Primera Sala para interpretar temas civiles o penales, mostraron una vocación del máximo tribunal de participar activamente y acrecentar su autonomía e importancia dentro del sistema político.3

Con la llegada a la presidencia del ministro Silva Meza en el año 2010, la presencia que la SCJN había ganado en los años recientes le permitió desarrollar una agenda de desarrollo jurisprudencial de derechos humanos que llevó a la SCJN a consolidarlo como el principal dentro de sus responsabilidades institucionales. Las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos y amparo abrieron la posibilidad de un renovado trabajo en la protección de derechos humanos al interior del máximo tribunal. Con importantes limitaciones y contradicciones, durante la presidencia del ministro Silva Meza (2010-2014) se puso por vez primera el tema de los derechos el centro de la agenda del máximo tribunal. El caso Florence Cassez fue muestra de un trabajo incipiente pero constante en la búsqueda de una mejor garantía jurisdiccional de los derechos. Parecía que por fin se tomaba la estafeta de la protección de derechos humanos como un sugerente artículo lo había pedido a mediados de la década pasada.4

Sin embargo, la trayectoria ascendente en la escena política de mirar para ser mirado ha llegado a su punto de inflexión entre los años 2015 y 2016. La probable razón de esto es la elección de un presidente de la SCJN que no tiene a los derechos humanos como el tema prioritario de la agenda y la llegada de nuevos abogados para sustituir a los ministros protagonistas de la Novena Época como Silva Meza y Sánchez Cordero que tardaran algunos años en cubrir la curva de aprendizaje. Los relevos en la dirección y en las magistraturas hacen que la SCJN haya entrado en un impasse en donde no tiene claro hacia dónde va ni cuáles son sus objetivos.

El resultado más evidente de esto es que ha disminuido su presencia en el mapa político y con ello se han diluido muchos de los esfuerzos y esperanzas que se habían centrado en que fuera precisamente ella quien liderara el cambio en el país hacia un contexto de mejor protección de los derechos humanos. Varios de los indicadores que emite la misma SCJN en el portal @lex muestran el descenso drástico de su actividad, mostrándose lejana a la intensidad alcanzada en los años 2008-2009 en prácticamente todos los aspectos.5 Su descenso no es sólo cuantitativo sino cualitativo, pocos son los temas de los que se tiene presente su actividad en el año que trascurre. Del trabajo realizado existen algunos resoluciones destacadas como la declaración de inconstitucionalidad de las leyes anticorrupción en Querétaro, Chihuahua y Veracruz, el reconocimiento de las parejas homosexuales a los derechos de la seguridad social, el derecho de los hombres a recibir pensión de viudez en igualdad de condiciones o el establecimiento de algunos derechos del consumidor para los usuarios de telefonía móvil o la constitucionalidad del derecho de los menores a recibir educación sexual.

Hace falta una SCJN que participe más activamente en el sistema político, que trate los grandes temas que generan los más profundos conflictos sociales del país como son la corrupción, la violencia y las grandes desigualdades. El trabajo de casi veinte años de construcción de una SCJN autónoma y con una agenda definida debe retomarse prontamente en este contexto de relevo generacional y cambio en la dirección administrativa. La SCJN debe seguir mirando al sistema político para ser vista. Y probablemente sea responsabilidad de los ministros de más reciente ingreso tomar esa estafeta para continuar haciendo visible, presente y relevante al máximo tribunal en un sistema político urgido de contrapesos dentro de un país con un gran retraso en la protección de los derechos humanos.

Alberto Abad Suárez Avila. Investigador de Tiempo Completo IIJ-UNAM abad@unam.mx  Twitter @abadsuarez


1 Karina Ansolabehere, La política desde la justicia: Cortes Supremas, Gobierno y Democracia en Argentina y México, México, FLACSO-Fontamara, 2007.

2 Jeffrey K. Staton, Judicial Power and Strategic Communication in Mexico. New York: Cambridge University Press. 2010.

3 Alberto Abad Suárez Ávila, La protección de los Derechos Fundamentales en la Novena Época de la SCJN, Biblioteca de Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa, 2015.

4 Ana Laura Magaloni y Arturo Zaldívar, “El ciudadano olvidado” en Nexos, año 28, volumen XXVIII, núm. 342, junio 2006. http://www.nexos.com.mx/?p=11915

Consultar portal de Estadística Judicial http://www.internet2.scjn.gob.mx/alex/

Leer completo

Una frase conocida entre quienes estudiamos el comportamiento de los jueces, comúnmente atribuida a Jerome Frank, dice que para explicar la resolución tomada por un juez en un caso, es determinante conocer “lo que desayunó esa mañana”. Esta exagerada frase, cercana al absurdo, en general nos sirve para concentrar en unas cuantas palabras el genio de los realistas, al quitar la máscara de un apego exclusivo al derecho en la labor judicial y mostrar que en su criterio influyen una cantidad de aspectos más allá de sus conocimientos jurídicos.

comida

Lo anterior viene al caso porque en las comparecencias de la primera semana de los candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el énfasis ha sido puesto en las capacidades “técnico-electorales” de los comparecientes. Los senadores los han abordado con una batería de preguntas técnicas sobre casos y supuestos que nos permiten conocer sus capacidades técnicas en la materia electoral. En general, la mayoría de los candidatos ha salido bien librados de este ejercicio debido a su sólida trayectoria, pero también porque en general la discusión es desbalanceada. Es decir, el entrevistado tiene mayores conocimientos técnicos que el entrevistador y eso provoca que la discusión no pueda seguir cauces de mayor profundidad en donde se perciban las deficiencias que podrían tener algunas de las respuestas.

En mayor medida los conocimientos y capacidades técnicas de los candidatos ya fueron analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reducir la lista en un inicio de poco más de 120 aspirantes a 21 candidatos. Lo que queremos ver, entonces, en el Senado no son ejercicios de erudición respecto de la materia electoral, sino una verdadera auscultación de la idoneidad de los candidatos. Parece ser que los senadores son tímidos y no se atreven a profundizar en analizar los perfiles dando muchas cosas por sentado, cuando es la única posibilidad de revisar con lupa a los candidatos, sin olvidar que es su obligación constitucional realizarlo.

En días pasados, un grupo de académicos comprometidos con la tarea de observar el proceso de designación desde nuestra posición de ciudadanos hicimos un llamado mediante una carta dirigida a la Comisión de Justicia del Senado de la República para lograr una integración del TEPJF con diversidad de perfiles y cuidar que no existan conflicto de intereses de los candidatos en cuatro temas principales: cercanía con los partidos políticos, con los medios de comunicación, con asociaciones religiosas y con poderes económicos. El Senado dio un buen paso, en este sentido, al solicitar una declaración voluntaria de posible conflicto de intereses, la cual aún no han presentado cinco de los candidatos. Pero el ejercicio debe ir más allá.  Los senadores realizarán un mal ejercicio de escrutinio si continúan poniendo todo el énfasis en las capacidades “técnico-electorales” y, sobre todo, estarán desperdiciando la única oportunidad que tienen (tenemos) de conocer las filias y fobias de los candidatos, sus pertenencias, preferencias políticas, religiosas, etc. En breve, hace falta preguntarle a los candidatos: ¿Qué desayunaron hoy?

Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del IIJ-UNAM. Twitter @abadsuarez

Leer completo

Uno de los pendientes más relevantes del Senado de la República es, sin duda, el nombramiento de la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta será la última ocasión en la cual se renueve en su totalidad este órgano jurisdiccional, ya que la duración en el encargo de los nuevos magistrados será diferenciada en tres, seis y nueve años, con la finalidad de que en el futuro la renovación se haga de manera escalonada. Esto significa que la nueva integración servirá básicamente para el proceso electoral de 2018, ya que en 2019 se renovará una parcialidad de la Sala Superior. Así, los senadores deben tener presente que lo que están eligiendo es un Tribunal Electoral para el 2018. Y nada más.

tribunasl

Una nueva integración total del Tribunal Electoral presenta varios retos importantes para los nuevos magistrados. El principal será que, sin liderazgos preestablecidos, esta nueva generación de jueces electorales tiene pocos referentes para acelerar su curva de aprendizaje respecto su flamante labor. Es decir, con una renovación completa de su integración, el Tribunal Electoral empezará desde cero con menos de un año de que inicie el proceso electoral de 2018.

Ahora bien, la primera parte del proceso de designación, correspondió a la Suprema Corte de Justicia al definir en siete ternas a los veintiún candidatos escogidos de una lista original de 142 provenientes de los Tribunales Colegiados de Circuito, de las Salas Regionales del TEPJF y de tribunales locales y órganos electorales. Si hacemos el esfuerzo por clasificar el perfil de los candidatos, encontramos que son dos los que se destacan: el de “juez de alto nivel” y el de “experto electoral”. Como nota negativa en la conformación de las ternas, vale señalar la ausencia de candidatos con perfil académico, sobre todo si se considera que en integraciones pasadas se contó con abogados como Manuel González Oropeza y José de Jesús Orozco Henríquez, investigadores de tiempo completo en la UNAM.

Analicemos estos perfiles a los que nos referimos. Respecto de los candidatos con el sello de “juez de alto nivel”, una de las ternas se integró exclusivamente con magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, con lo cual se asegura que al menos uno de los nuevos integrantes cumplirá con dicha cualidad. Otros magistrados se encuentren distribuidos en otras ternas, lo que en su momento podría permitir que otros jueces de alto nivel lleguen a ocupar el cargo de magistrado electoral. Considero que es sumamente importante que se elija más de un magistrado que provenga de Tribunales Colegiados de Circuito para contar con quienes sepan mediar entre actores poderosos, con un profundo conocimiento de la argumentación jurídica y, sobre todo, con una rigurosa formación técnica y ética que les permita poner a la justicia y al derecho por encima del contexto político en que se desarrolle la elección.

Los magistrados que provengan del perfil de “juez de alto nivel” tendrán la carga de aportar la certeza y legalidad en el proceso, enfrentándose al problema de no ser técnicos expertos en materia electoral. Quienes resulten seleccionados con este perfil deben tener una trayectoria honorable y de indiscutible imparcialidad, pues ésta es la racionalidad que ha llevado a nuestro sistema político a judicializar las elecciones. Por lo anterior, el escrutinio del Senado respecto de sus trayectorias debe ser profundo, para asegurar que ninguno de los que finalmente resulten elegidos tenga el más mínimo viso de parcialidad hacia algún partido o grupo político, de lo contrario se perderían las ventajas de llamar a estos jueces de alto nivel a responsabilidades diversas a las que forman el centro de su carrera.

El otro perfil que predomina en las ternas es el de “experto en materia electoral”. Para elegir a los candidatos que integran las ternas, la Suprema Corte realizó un proceso de purificación, en la cual se evitó que consejeros electorales del INE en funciones, el titular de la FEPADE y otras personas con responsabilidades polémicas previas accedieran a la fase final. Los candidatos que integran las ternas finales son aquellos que pasaron los varios filtros y vetos de los ministros a cierto tipo de perfil de figuras públicas. A pesar de los filtros de la Corte, estos candidatos, a diferencia de aquellos de carrera judicial, tienen mayor cercanía a los partidos políticos por la propia naturaleza de su trabajo, por lo que será un reto grande encontrar en las ternas a los mejores técnicos electorales alejados de los intereses de los partidos políticos, aunque el resultado más probable es que al final tengan lazos con grupos y partidos políticos. No obstante, estos “expertos en materia electoral” tendrán la responsabilidad de ayudar a sus compañeros con perfil de “juez de alto nivel” en los temas técnicos y racionalidades de la materia electoral de las cuales los otros se verán carentes en un inicio.

Además de los dos perfiles mencionados, existe una terna con candidatos que no responde necesariamente a ninguno de ellos y que se encuentra conformada por Carlos Emilio Arenas Bátiz (presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León), Daniel Cabeza de Vaca (ex consejero jurídico, ex procurador general de la República y ex consejero de la Judicatura Federal) y José Luis Vargas Valdez (ex titular de la FEPADE). De esta terna ninguno cuenta con un perfil electoral sólido, ni con un perfil judicial de alto nivel. Los tres tienen un currículum más cercano al derecho penal y recientemente han desempeñado funciones más administrativas que jurisdiccionales. Esta terna seguramente funcionará como un espacio de negociación para los acuerdos dentro del Senado y deberá tenerse cuidado con el hecho de que por lo menos uno de estos candidatos esta abiertamente relacionado con un partido político.

El reto es muy grande y el tiempo es sumamente corto para que el TEPJF esté listo para una elección complicada como la que se visualiza en el año 2018. Renovar en su totalidad al tribunal a un año del inicio del periodo electoral no suena a una decisión adecuada pero así está establecido en la ley. Debemos elegir a los mejores jueces de alto nivel de las ternas para que enseñen a los demás la función judicial y debemos elegir a los mejores técnicos en materia electoral para que enseñen la técnica electoral. Debe haber equilibrio entre estos perfiles y no puede haber más criterio que este para la selección. El proceso deberá estar exento del reparto de cuotas partidistas y de grupos políticos. El contexto actual en el que no hay claros punteros en los pronósticos electorales para las elecciones de 2018 puede ayudar a que estos principios prevalezcan si las fracciones parlamentarias en el Senado tienen la altura para hacerlo. En caso contrario, es muy probable que este Tribunal Electoral no consiga su estabilidad institucional en el mediano plazo, con costos que esto implicaría para nuestro sinuoso proceso de consolidación democrática.

Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del IIJ-UNAM. Twitter @abadsuarez

Leer completo

En noviembre terminan su gestión en la Suprema Corte los dos últimos ministros de la integración original de la Novena Época de 1995. Se van Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, quienes llegaron a la magistratura catalogados como outsiders, por no pertenecer al perfil tradicional del ministro. Sánchez Cordero arribó después de un breve periodo como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Federal, antecedida de una carrera como notaria. Silva Meza, a pesar de haber realizado toda su carrera dentro del Poder Judicial, llegó en calidad de penalista la rama menos prestigiada en aquel momento.

sanchez-silva

Junto con José Ramón Cossío y José Gudiño Pelayo, los dos ministros salientes formaron parte de la integración de la Primera Sala que entre los años 2007 y 2010 comenzó a realizar un trabajo interesante en materia de protección de derechos humanos.1 Ambos ministros fueron bastante activos en la solicitud de la facultad de atracción de juicios de amparo. Sánchez Cordero fue la segunda que buscó el ejercicio en mayor número de ocasiones, mientras que Silva Meza fue el único de los ministros al que le aceptaron todas las solicitudes de atracción realizadas.2 Ambos ministros fueron importantes promotores del uso de la facultad de investigación y en casos relevantes como Florence Cassez se posicionaron a favor de la extensión en la interpretación de los derechos del imputado.3

Los dos ministros construyeron liderazgos relevantes al interior de la Suprema Corte. Juan Silva Meza fungió como Presidente del máximo tribunal en el periodo 2011-2014. Entre sus logros más destacados se encuentran que la Corte recibiera el premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2013, además de la postulación del amparo mexicano al programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Junto con esto, el mérito más relevante que tuvo fue ser la figura más visible de la protección de los derechos durante el sexenio de Felipe Calderón y el presente. Juan Silva Meza es respetado y bien querido por sus colegas como el ministro decano y seguramente quedará en la memoria como uno de los ministros de la Novena Época que mejor desempeño tuvo.

Olga Sánchez Cordero es ampliamente reconocida por su liderazgo en temas de género. Después de dos titubeos en la materia que la hicieron ser duramente criticada por el sector feminista, por sus votos en la primera acción de inconstitucionalidad respecto del aborto en el año 10/20004 y de su voto contrario a la violación grave de garantías individuales en el caso Lydia Cacho,5 el tiempo dentro de la magistratura le alcanzó para consolidarse como una de las figuras más relevante de la protección de los derechos de las mujeres. Tanto al interior como al exterior de la Suprema Corte se le estima y seguramente al concluir su periodo continuará siendo una de las voces relevantes en la promoción de una visión de género en el derecho mexicano.

Ante el proceso de selección de los próximos meses para sucederlos, resulta difícil pensar en candidatos ideales para ocupar las dos sillas estratégicas que se vacían. La silla de Silva Meza debería ocuparse por un penalista que tuviera además una visión garantista de protección de derechos humanos. Si bien los ministros Pérez Dayán y Pardo Rebolledo tienen formación y trayectoria en el derecho penal,6 la ausencia de Silva Meza será más notoria si no se cubre con algún ministro que tenga ese doble perfil. No será fácil encontrar este tipo de candidatos, pero la inminente entrada en vigor en todo el país del nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral el próximo año 2016, incrementará la necesidad de tener bien cubierto el tema penal en su vínculo con la protección de los derechos humanos. Respecto de quien suceda a la ministra Sánchez Cordero igualmente deberá ser alguien, preferentemente mujer, que pueda continuar con la bandera de la defensa de los derechos de las mujeres al interior de la Suprema Corte. La ausencia de la ministra Sánchez Cordero será muy notable en medida que su sucesor(a) no consiga establecer los liderazgos en la materia.

El relevo se encuentra a la vuelta de la esquina y tenemos que poner énfasis en que los sucesores cubran los perfiles que dentro de la Suprema Corte desempeñaban los ministros salientes, más allá de otro tipo de criterios que se manejan con frecuencia como su procedencia de ámbito judicial, académico o su afiliación partidista. Lo más importante es encontrar candidatos que tengan la capacidad de, en un tiempo razonable, retomar los liderazgos que se ausentarán en noviembre de la Suprema Corte.

Alberto Abad Suárez Ávila. Coordinador de sociología del derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.


1 Alberto Abad Suárez Ávila, La protección de los derechos fundamentales en la Novena Época de la Suprema Corte, México, Porrúa, 2014.

2 Sánchez Cordero solicitó en 21 ocasiones la facultad de atracción de las cuales procedieron 11 y en procedió su solicitud. Silva Meza lo hizo en 9 ocasiones, todas aceptadas.

3 Amparo directo en revisión 517/2011.

4 Junto con los ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Aguinaco Alemán, Ortiz Mayagoitia y Sánchez Cordero voto a favor de la inconstitucionalidad del artículo 131 Bis del Código Penal del Distrito Federal.

5 En contra de considerar que hubo violaciones graves a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho votaron los ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Azuela Güitrón, Valls Hernández y Sánchez Cordero.

6 El ministro Pardo Rebolledo tiene un doctorado en ciencias penales por la Universidad Autónoma de Barcelona y fue Juez de Distrito en materia penal; el ministro Pérez Dayán fue juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.

Leer completo