El caso de Javier Duarte es simbólico por muchas razones. Entre otras cosas, porque representa los más sórdido y podrido de nuestro sistema político. Es el emblema de la corrupción y de una forma de hacer política que mucho daño le ha hecho a México. Tal vez con justificación, la gran mayoría de la sociedad mostró una enorme indignación y rechazo a la sentencia que en días pasados le impuso una sanción de 9 años de prisión y una multa cercana a los 60 mil pesos. El sentir público es de lapidación y cadalso, de antorchas en las plazas públicas, porque Duarte y los crímenes de los que es acusado, significan más que al propio Duarte. Es hoy el estandarte de la delincuencia, la inseguridad, la corrupción que mata y la impunidad.

Y en efecto, Duarte es todo aquello de lo que nos queremos desprender y lo que queremos dejar de ser. Visto así, la sentencia parece ser totalmente desproporcionada frente aquello de lo que se le ha incriminado públicamente: desvíos de recursos públicos por $60 mil millones de pesos, desapariciones forzadas de personas y secuestros, incluso de suplantar medicinas para niños con cáncer y sustituirlos con agua. Además, es el centro de acusaciones de operaciones de financiamiento electoral ilegal, como el caso de la llamada “estafa maestra”. Ante un panorama como ese, sin un análisis contextual y objetivo, es evidente que la sentencia de 9 años de prisión es cuando menos ridícula, parece una burla.

Sin embargo, no podemos perder de vista que en un Estado constitucional de derecho cualquier imputado o acusado, incluso Javier Duarte, afortunadamente, tiene derecho a la presunción de inocencia, a defenderse y, sobretodo, al debido proceso, que entre otras muchas cosas implica ser juzgado única y exclusivamente por los hechos que son presentados en la causa penal por la fiscalía acusadora. Así, sólo en el caso de que se demuestre su culpabilidad en los hechos que se le imputan, más allá de toda duda razonable, entonces se le declara culpable y se le condena.

Este caso tiene tres principales causas de análisis: la jurídica, la política y la social. Sobre ésta última, como ya decíamos, es justificado y entendible que la gente se sienta agraviada frente a Duarte, pero el sustento primordial de la justicia no está en la democracia, es decir, en el sentir de las mayorías, sino que su legitimación (si bien democrática de manera indirecta) se encuentra en el respeto a las leyes del procedimiento y a los derechos humanos. En suma, a la constitución. Bajo ese parámetro se debe analizar el caso de Javier Duarte y la sentencia dictada el pasado 26 de septiembre.

La figura de terminación anticipada de un procedimiento penal se encuentra prevista en el artículo 20 de la constitución y tiene dos componentes esenciales. Por un lado, el reconocimiento de la responsabilidad del imputado en la comisión del delito y el otorgamiento, en consecuencia, de beneficios a su favor en los términos que disponga la ley. Se trata de una modalidad de resolución del proceso penal, en la que dado el reconocimiento del inculpado en los hechos que se le imputan, no es necesario celebrar la audiencia de juicio oral ante el tribunal de enjuiciamiento para el desahogo de los medios de prueba propuestos por las partes, sino que un juez de control resuelve el caso anticipadamente con base en los datos de prueba presentados por la fiscalía (es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado); a cambio de reconocer su participación en los hechos, el imputado obtiene beneficios que se traducen en la reducción de la pena aplicable.

Esta forma de terminación anticipada del proceso penal se encuentra regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales junto con figuras de justicia alterna como son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Entre otras cosas, estas herramientas tienden a eficientar la impartición de justicia, hacerla más expedita y menos costosa. Aún no estamos acostumbrados en México a estos mecanismos y, sin embargo, su causa eficiente consiste en concretar y agilizar la impartición de justicia. En países con sistemas de impartición justicia sumamente consolidados y eficientes, gran parte de los casos que se procesan son resueltos a través de la aplicación de este tipo de mecanismos.

El procedimiento abreviado, el aplicable al caso, se trata de una figura procesal que se actualiza a petición del Ministerio Público, es decir, es una prerrogativa del fiscal, en la cual debe formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustenten, es decir, no basta la mera confesión del imputado en los hechos para encontrarlo culpable, sino que es necesario que dicha confesión esté suficientemente respaldada con la evidencia presentada por la fiscalía. En esa solicitud propone al juez de control la pena y el monto de la reparación del daño. A su vez, no debe haber oposición de la víctima y de existir, debe de encontrarse fundada. Por su parte, el imputado debe renunciar de manera expresa a un juicio oral, admitir su responsabilidad en el delito que se trate y aceptar ser sentenciado con base en los medios aportados por la fiscalía. El procedimiento abreviado sólo puede llevarse a cabo después de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Es decir, aun no se está ante el tribunal de enjuiciamiento.

Se trata de un mecanismo en que se privilegia la consecución del objeto constitucional del proceso penal: esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Las causas que motivan al Ministerio Público a solicitar el procedimiento pueden ser muchas y no tiene la obligación legal de hacerlas públicas. Una de ellas, quizás la más evidente, es la posibilidad de asegurar una sentencia condenatoria y la consecuente reparación del daño a favor de la víctima, evitando o disminuyendo con ello el riesgo de perder el asunto en una impredecible audiencia de juicio oral. Recordemos en este punto que la obligación de acreditar la plena culpabilidad del imputado en los hechos (la carga de la prueba) recae totalmente en la parte acusadora.

En esta causa penal, Duarte estaba acusado y es hoy culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo que sucedió en la audiencia intermedia de preparación a juicio ante el juez de control en el Reclusorio Norte, es parte normal de cualquier procedimiento penal. Las partes utilizaron una figura que tiene reconocimiento constitucional y desarrollo normativo.

En cuanto al contenido de las penas impuestas, el juez determinó que los datos de prueba presentados por la parte acusadora eran suficientes para tener por acreditada la acusación y con base en ello condenó a Duarte a 4.5 años de prisión por cada uno de los dos delitos mencionados, sumando así una condena de 9 años. Asimismo, decretó como pena el decomiso de alrededor de 41 inmuebles relacionados con las operaciones ilícitas materia de la acusación (que seguramente suman varios millones de pesos), lo que implica que dichos inmuebles han salido del patrimonio de las personas que aparecían como titulares de ellos y han pasado a formar parte del patrimonio de la federación. Por su parte, se le condenó al pago de una multa por $60 mil pesos, cuestión que, con justificación, provocó reacciones muy acaloradas por parte de la sociedad en general, al estimarla totalmente desproporcionada a los miles de millones de pesos que se estiman que fueron desviados por el ex gobernador. En efecto, el monto de la multa impuesta se encuentra en el rango mínimo previsto para los delitos por los que fue condenado y, sobre ese rango, se otorgó un 10% de descuento adicional. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, como se ha dicho, el beneficio del procedimiento abreviado para el imputado, a cambio de confesar su responsabilidad, es precisamente obtener una sanción por debajo de las previstas para el delito que se le atribuye. Además, debe tenerse en consideración que dicha multa no corresponde a la reparación del daño pues los delitos por los que Duarte fue condenado, dados los bienes jurídicos que tutelan, no dan lugar a dicha reparación, por lo que el monto de los $60 mil pesos no tiene jurídicamente relación alguna con los daños económicos que el ex gobernador haya podido provocar a las finanzas públicas del estado de Veracruz.

La pena que se le impuso a Duarte, aun cuando nos parezca muy menor en comparación con lo que se le ha incriminado, es consecuencia precisamente del procedimiento abreviado. Aquí es preciso referir que en esta causa sólo estaba acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa para la comisión de ese delito, y nada más. El resto de los delitos de los que se le ha acusado públicamente, como el desvío de 60 mil millones de pesos y otros, deberán ser parte de otras investigaciones respecto de las que la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Estado deberán rendir cuentas.

Ahora, los beneficios preliberacionales, son figuras legales previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y, en este caso, podrían ser la libertad condicionada o anticipada dictadas, en su caso, por un juez de ejecución. Si bien tienen diferencias sustanciales, en ambos casos se deben cumplir con ciertos requisitos que van más allá de la buena conducta del sentenciado. Por ejemplo, no se podría beneficiar de esas medidas en caso que se encuentre sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Así que los beneficios preliberatorios no se ven claros en el horizonte para Duarte, al contrario, pues como ya se dijo, aún existen numerosas carpetas de investigación en su contra.

En ese sentido, el Estado de derecho y el debido proceso nos obligan a ver la sentencia con mesura. Desde una perspectiva jurídica, este proceso cumplió con las normas del procedimiento. Pero decíamos que el caso tiene tres causas de análisis. Por lo que hace a la política, es donde la indignación social tiene mayor asidero, porque es válido y necesario preguntarnos las razones por las que el Ministerio Público decidió negociar una sentencia con la defensa de Duarte. O bien porque no lograron articular una acusación sólida y sabían que posiblemente no pasarían por el estándar probatorio de acreditar su culpabilidad fuera de toda duda razonable o porque no quisieron hacerlo. En el primer caso, mal, porque demostraría incompetencia o cuando menos incapacidad de construir un caso robusto. En el segundo, peor, porque la política se habría impuesto sobre la justicia.

Sea como fuere, el caso es que Duarte es hoy culpable. No es menor que hoy el exgobernador de Veracruz, ese pendón de la corrupción en México, haya sido definitivamente condenado a prisión y esté actualmente preso. Existen aún procedimientos pendientes por desahogar, como las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por el posible desvío de 60 mil millones de pesos y otros aún más graves, como su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas en Veracruz. Así que es de esperarse que Duarte deba responder por más delitos.

SI bien se justifica la reacción e indignación de la gente porque la sentencia pareciera insuficiente, no debemos perder de vista que incluso en el caso de Duarte, el debido proceso es la norma que rige los juicios penales.

Alejandro Hernández Oseguera. Abogado penalista.

Gonzalo Sánchez de Tagle. Abogado constitucionalista.

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