Marimar tenía 17 años en 2015, fue víctima de violación y derivado de ello cursaba un embarazo que no deseaba continuar. Por este motivo ella y sus padres acudieron el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” en el estado de Morelos para solicitar la interrupción del embarazo consecuencia de la violación.

Para dar trámite a la solicitud de la menor en relación a la interrupción del embarazo, el Hospital General, a través de la Jefatura de Ginecología y Obstetricia, convocó al Comité de Bioética para determinar lo procedente. El resultado fue una resolución en la que se señala:

… analizados los casos clínicos de las pacientes ********************* y […] con embarazos con productos con una alteración morfológica demostrado en los estudios de ultrasonografía de cada una de ellas, se llega a la conclusión de que no se encuentra ninguna justificación médica para la interrupción de los mismos, por tal motivo al no presentar ninguna de las madres alguna patología, se decide su egreso del hospital ya que su estancia dentro del mismo implica un riesgo a la salud de las pacientes […].1

A Marimar y sus padres les entregan un oficio en el que le hacen saber la determinación del Comité de Bioética en donde le informan, sin tomar en cuenta la violación sexual, que “después de un análisis del expediente clínico integrado conforme a la Norma Oficial Mexicana, se concluye que se trata de una paciente con un embarazo normoevolutivo, que si bien es portadora de una malformación congénita, y la cual no pone en riesgo la vida de la madre. No contamos con sustento ni orden legal para la terminación del mismo”.2

Contra esta determinación, en febrero de 2016, Marimar y sus padres, con el acompañamiento de GIRE, interpusieron un juicio de amparo indirecto para impugnar la resolución del Comité de Bioética. En la demanda se argumentó que el acto de autoridad vulneró los derechos de Marimar; derecho a la salud, a la integridad personal, a la autonomía reproductiva, entre otros. Lo que se solicitaba al juez federal era constatación de las violaciones a derechos humanos que derivaban del acto impugnado, se emitiera un nuevo acto y que se ordenara la reparación.

El juicio agotó la primera instancia sin obtener un resultado satisfactorio por lo que se interpuso el recurso de revisión que a petición del Tribunal Colegiado fue enviado a la Suprema Corte para que considerara ejercer su facultad de atracción para conocer y resolver el juicio.

La atracción fue votada en sentido favorable y el asunto fue turnado a la ponencia del ministro José Fernando Franco González Salas3 cuyo proyecto fue discutido finalmente en la sesión de este 4 de abril de 2015. Por decisión unánime de los ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte se resolvió otorgar el amparo a Marimar. La Segunda Sala:

… determinó que las autoridades sanitarias a quienes acudan mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y están embarazadas, producto de dicho acto, deben atender de manera eficiente e inmediata la solicitud, a fin de no permitir que las consecuencias físicas, psicológicas, etc., derivadas de la agresión sexual se sigan desplegando en el tiempo, lo que conlleva no sólo a prestar la atención y observación médica necesarias, sino a la materialización de tal interrupción legal del embarazo.

Lo anterior implica que las autoridades de salud correspondientes no pueden implementar mecanismos –ni políticas internas- que impidan se materialicen los derechos de aquellas mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y cuyo deseo es interrumpir el embarazo producto de dicho acto delictivo.4

Con esta sentencia se reconoce a Marimar y sus padres la calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos y se ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que individualice la reparación de acuerdo con las necesidades específicas del caso.

La decisión es histórica porque es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia en un caso concreto relacionado con la negación de acceso al aborto. Los pronunciamientos anteriores en este tema habían sido respecto de la constitucionalidad de leyes, sobre todo penales en torno al aborto, pero la Corte no había escuchado la voz de una mujer en un reclamo como este.

El impacto es inmenso pues marca una nueva etapa en la exigencia del respeto a los derechos reproductivos de las mujeres. Ahora hay un pronunciamiento claro que no deja lugar a dudas sobre las obligaciones de las autoridades en relación a la garantía de acceso al aborto por violación. Pues a pesar de que en todo México desde hace décadas existe la posibilidad legal de interrumpir un embarazo producto de una agresión sexual, a casi 7 años de la modificación constitucional en materia de amparo y de derechos humanos, a 5 años de la publicación de la Ley General de Víctimas y a 2 años de la modificación de la Norma Oficial Mexicana 046, las niñas y mujeres de este país que han sido víctimas de violencia sexual siguen enfrentando la negativa por parte de las autoridades mexicanas para acceder a un aborto legal que Paulina enfrentó hace más 18 años.5

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2009 a 2016, se han recibido 111,413 denuncias por violación sexual en las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República; tales cifras contrastan con el número de procedimientos de aborto por violación que las secretarías de salud locales y federal, IMSS e ISSSTE reportan haber realizado durante el mismo periodo: tan sólo 63.6

En este sentido, las implicaciones de esta resolución en el ámbito de los servicios de salud son de la mayor relevancia pues el máximo tribunal de este país revisó la obligación ya establecida en ley de proveer servicios de interrupción legal del embarazo para las víctimas de violencia sexual y resolvió no solo que dicha obligación es constitucional, si no que su incumplimiento es una violación a los derechos humanos de las mujeres que tiene que ser reparada de manera integral.

Lo que implica la obligación de resarcir los daños materiales e inmateriales para Marimar y su familia a través de medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que corresponden a la prestación de servicios de aborto de conformidad con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana 046. A partir de la decisión de la Corte se acota la discrecionalidad que puedan tener las autoridades en términos de la interpretación y aplicación de la ley pues deben ceñirse al criterio delineado por la Segunda Sala: negar u obstaculizar el acceso al aborto por violación, y por extensión a cualquiera de las otras hipótesis legales contempladas, es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres.

En el ámbito de la democracia material vinculada con el respeto a los derechos humanos más allá de las opiniones mayoritarias y el trabajo de los jueces constitucionales, esta sentencia fija un criterio que les orienta para resolver otros casos que sean sometidos a su consideración. Antes de esta resolución cada juzgado podía resolver de acuerdo con su consideración del caso; a partir de ahora se debe dar continuidad a este estándar que obliga al reconocimiento de que la negación de acceso al aborto en las hipótesis establecidas legalmente es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres.

Con esto se va construyendo una cultura jurídica que reconozca la importancia del respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y la correlativa obligación de las autoridades de garantizarlos, desde el personal de salud hasta los jueces. Antes era un tema casi ausente, ahora es un referente obligado también desde la justicia constitucional.

Rebeca Ramos Duarte. Coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.

Alex Ali Méndez Díaz. Coordinador de Documentación y Litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.


1 Versión pública del proyecto de resolución, p. 5.

2 Ibíd., p.6.

3 Amparo en revisión 601/2017, Segunda Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

4 Comunicado 48/2018, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5 En el año 2000, a Paulina, menor de edad de escasos recursos de Baja California, se le negó el acceso a la interrupción del embarazo, consecuencia de violaciones sexuales de que fue víctima. Acerca del caso pueden consultarse las publicaciones del Grupo de Información en Reproducción Elegida: Paulina, cinco años después y Paulina, justicia por la vía internacional, ambas disponibles en la biblioteca digital de GIRE.

6 Se pueden consultar los datos en Violencia sin interrupción.

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El Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) es una organización que desde hace 25 años trabaja desde distintos espacios para que las mujeres puedan decidir de manera libre e informada sobre los procesos relacionados con la reproducción. Parte de esta labor es brindar la asesoría jurídica que requieran en casos de violación a sus derechos reproductivos.

Actualmente, GIRE acompaña legalmente a más de treinta mujeres y sus familias. En el camino nos hemos dado cuenta de la falta de criterios judiciales en materia de derechos reproductivos –situación que afecta el acceso a la justicia para las mujeres.

reproductivos

Ante este panorama hemos impulsado que los tribunales se pronuncien sobre estas violaciones. En este marco, en el año 2016, algunos de los casos que acompañamos han tenido la posibilidad de discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí va un balance de estos.

Primer caso. Margarita es una mujer que cursaba un embarazo de alto riesgo. Le negaron el acceso a la interrupción del embarazo por motivos de salud. El Centro Médico Nacional se opuso a prestarle ese servicio médico por considerar que la Ley General de Salud no contemplaba la prestación de este servicio.1

Esta falta de previsión es coherente con la normativa penal federal que no establece como hipótesis de no punibilidad la interrupción del embarazo cuando la mujer sufra afectaciones a su salud.2 De esta manera, una interrupción, aún en estas condiciones, implicaría para el personal médico y para la mujer el riesgo de verse involucrados en la investigación y sanción de un delito.

Bajo estas consideraciones, Margarita acompañada por GIRE interpuso un juicio de amparo denunciando la inconstitucionalidad del código penal federal, que no considera la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo cuando existan afectaciones a su salud.

El asunto llegó a conocimiento de la Primera Sala de la Suprema Corte. El proyecto de sentencia que estuvo a cargo del ministro Arturo Zaldívar, propuso conceder el amparo a Margarita declarando que su derecho a la salud había sido vulnerado por la institución de salud que le negó el servicio médico.

En una votación de tres a uno el proyecto fue desechado. Dos integrantes de la Sala consideraron que en el caso concreto no se cumplían los requisitos de procedencia exigidos por la ley de amparo. El argumento detrás de esta decisión fue que Margarita no había sido sujeta a una investigación penal por parte de algún ministerio público como consecuencia de la interrupción y, por lo tanto, de acuerdo con el criterio de la Sala, el código penal federal no le fue aplicado. En estas circunstancias, al no haber acto de aplicación en la manera en que tradicionalmente se ha entendido, no existía una afectación que otorgara a la quejosa el interés para acudir al juicio de amparo a impugnar la legislación penal federal. El otro voto en contra del proyecto se sustentó en un desacuerdo en las consideraciones de la propuesta del ministro Zaldivar. Finalmente el asunto fue turnado a un otro ministro con el objetivo de que presente un nuevo proyecto de sentencia.

La lección aprendida es que aún es necesario visibilizar el impacto diferenciado que las reglas procesales tienen sobre las mujeres y la eficacia de su derecho de acceso a la justicia. Esto sin considerar con que se han cumplido tres años desde que Margarita acudió a la justicia constitucional.

Segundo caso. Otro caso que acompaña GIRE es el de Carlota,3 una niña a quien el ministerio público del estado de Hidalgo le negó la autorización para interrumpir el embarazo producto de una violación. El recurso de revisión derivado de la sentencia de amparo que negó la protección constitucional a la menor fue presentado ante la Primera Sala como un asunto de importancia y trascendencia que ameritaba la reasunción de competencia por parte de la Corte.

La litis constitucional se refiere a la inconstitucionalidad del código penal del estado de Hidalgo en los requisitos desproporcionados que contempla para que una mujer pueda interrumpir un embarazo producto de una violación. El litigio de inició en marzo de 2015, y en agosto de 2015 se solicitó a la Primera Sala de la Suprema Corte que reasumiera su competencia originaria tal como lo había hecho en un caso similar.4

En esta ocasión, contrario a lo decidido por la propia Sala en un precedente, por mayoría de 4 votos se resolvió regresar el caso al Tribunal Colegiado para que depurara ciertos elementos de legalidad. La reasunción de competencia se resolvió el 31 de agosto de 2016, al cierre del año 2016 el engrose no ha sido publicado. Esto significa que la menor sigue en espera de la respuesta de la justicia constitucional, a 21 meses de haber tocado sus puertas.

Tercer caso. Cecilia y Sergio son una pareja que también es acompañada por GIRE,5 son derechohabientes del ISSSTE. Ellos solicitaron el ingreso al Programa de Reproducción, la respuesta fue negativa porque Cecilia superaba los 35 años de edad que establecen como límite los criterios para atención en ese Programa.

En mayo de 2014, se interpuso un juicio de amparo en contra de esta decisión. El juez de distrito determinó sobreseer el juicio por una interpretación indebida del acto de aplicación de los lineamientos de ingreso al Programa. Se interpuso el recurso de revisión y en septiembre de 2015 se solicitó a la Corte la reasunción de competencia tomando en cuenta que no existen precedentes judiciales en México sobre este tema.

El 9 de noviembre del año pasado, la Sala resolvió devolver el expediente al Tribunal Colegiado para que resolviera algunos temas de legalidad y con posterioridad determinara si el caso volvía al Alto Tribunal.

En estas condiciones, aun con lo que el tiempo significa para los programas de reproducción asistida, la pareja que acudió al juicio ha esperado (y espera) respuesta de la justicia constitucional durante más de dos años.

Cuarto caso. La única buena noticia, entonces, durante el 2016, fue la sentencia emitida por la Segunda Sala en el caso de Antonio y Gabriela6 en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 201 de la Ley del Seguro Social,7 que reservaba el derecho de acceso al seguro de guarderías únicamente para las madres trabajadoras excluyendo a los padres trabajadores que estando afiliados al IMSS no pueden inscribir a sus hijos.8 GIRE acompaño el caso desde su inicio en marzo de 2015.

Este asunto tiene un impacto relevante porque influye en la eliminación de las barreras que tradicionalmente han impedido en la distribución equitativa en las tareas del cuidado de los hijos.

Como conclusión, sabemos que hay cosas que celebrar como el hecho de que todo padre trabajador ahora tiene la posibilidad de inscribir a su hijo en una estancia infantil, aunque para lograrlo deba tramitar un amparo. Sin embargo, el reto mayor para la justicia constitucional es entender que incluso desde dentro del sistema judicial las mujeres han sido excluidas históricamente y que ese prejuicio ha permeado proyectándose en los criterios del Poder Judicial dela Federación. En este sentido, la tarea principal para la Corte y el resto de los órganos judiciales federales es visibilizar y combatir estas barreras que han impedido el acceso efectivo a la justicia para las mujeres. De otra manera, la justicia constitucional sería incompleta y, en consecuencia, no cumpliría su papel como sostén de la democracia.

Alex Alí Méndez. Coordinador de Litigio en GIRE


1 Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Niñas y Mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México, p. 60. Disponible en http://informe2015.gire.org.mx

2 Artículo 333.- No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación.

Artículo 334.- No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora.

3 Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Op. cit., p. 75.

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Solicitud de reasunción de competencia 28/2014.

5 Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Op. cit., p. 209.

6 Ibíd., p. 247.

7 Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna

8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Amparo en Revisión 59/2016, Ponente: Ministra Margarita Luna Ramos. Resuelto en sesión de 29 de junio de 2016 por mayoría de 4 votos.

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Contar la historia de Alfonso Martín del Campo Dodd no sólo implica hablar de 23 años que le fueron robados a un hombre por el sistema de procuración de justicia de nuestro país. Su historia y su proceso, desde que tuvo contacto con las autoridades mexicanas, nos proporciona un testimonio paradigmático sobre los riesgos que corren los ciudadanos diariamente, al entrar en contacto con las instituciones encargadas de investigar los delitos en México. En este sentido, el doloroso caso Martín del Campo -quien publicó para este blog el testimonio de su caso- permite visibilizar lo que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Ernesto Méndez, denominó hace unas semanas -al presentar su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza- como una práctica generalizada, que se usa como castigo y como medio de investigación por las autoridades mexicanas.[1]

La persistencia sistematizada de la tortura como herramienta para resolver y dar carpetazo a las numerosas investigaciones penales que se llevan a cabo diariamente, alrededor de toda la República, invitan a realizar un estudio detenido de este caso. En este sentido, el caso de Alfonso nos ofrece una radiografía de la situación de los derechos humanos en México, particularmente, en materia de tortura, en un momento turbio y de crisis, como el que atraviesa nuestro país.

tortura1El asunto es complejo, pues el expediente de investigación está plagado de inconsistencias que confunden fácilmente la razón por la que la única prueba que pudo ser utilizada para responsabilizar a Alfonso fue una declaración firmada por él, en la que confiesa la comisión de los hechos. Asimismo, un proceso de 23 años de duración implica la intervención de diferentes instancias judiciales, que han acumulado más de 10 tomos en el expediente. Por ello, emitir una opinión implica un acto de gran responsabilidad, sobre todo, cuando para conocer del caso a profundidad, se requiere un serio y profundo análisis de las pruebas.[2] Aunado a lo anterior, el caso se debe examinar, tomando en cuenta que durante la investigación que realizaron las autoridades ministeriales, gran parte de las evidencias que se habían acumulado, fueron incineradas, otras manipuladas y otras más, fundamentales para la investigación, no fueron tomadas en cuenta para el esclarecimiento de los hechos.[3]

En 1992, Alfonso Martín del Campo Dodd, entonces estudiante universitario y de apenas 19 años de edad, fue acusado y sentenciado a 50 años de prisión por la comisión del delito de homicidio perpetrado en contra de su hermana y su cuñado. Alfonso fue torturado física y psicológicamente por agentes ministeriales durante varias horas -mediante golpes e insultos, entre otras formas de humillación- hasta arrancarle la confesión por la comisión del delito mencionado. La declaración fue firmada en circunstancias que violan los derechos humanos que tiene toda persona detenida durante un proceso de investigación penal. Es importante resaltar, además, que Alfonso fue condenado a 50 anos de cárcel, sin haber conocido, ni contado con el acompañamiento y asesoramiento de un abogado defensor.[4]

Dos años más tarde, los actos de tortura fueron comprobados cuando uno de los policías judiciales fue sancionado e inhabilitado, después de confesar al haber golpeado y asfixiado a Alfonso. Asimismo, en el 2002, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal determinó que, de conformidad con el Protocolo de Estambul, Alfonso había sido víctima de tortura y de graves violaciones a sus derechos durante el proceso penal.[5] A pesar de lo anterior, la acusación y la sentencia se mantuvieron y, como resultado, Alfonso permaneció privado de su libertad hasta ahora, acusado de un delito en el que no existe prueba alguna que lo responsabilice.

Durante todo este tiempo, Alfonso luchó incansablemente por su libertad y por el reconocimiento de su inocencia. Desde entonces han sido muchos los medios de defensa que se iniciaron, buscando una y otra vez, que la voz de Alfonso se hiciera escuchar, reclamando la tortura de la cual fue víctima. Se promovieron apelaciones y amparos. Además, diversos organismos internacionales confirmaron las violaciones y la tortura a las que fue sometido Alfonso, entre ellos se encuentra el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debe decirse, que este fue el primer caso que México enfrentó en el sistema interamericano, concluyendo con un informe que recomienda su liberación.

El pasado 18 de marzo a las 22:30 horas Alfonso abandonó la prisión, como resultado de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el amparo en revisión 631/2013; la historia de este último procedimiento se remonta al 2010. Quienes participamos en la defensa, pasamos los últimos cinco años insistiendo, entre otras cosas, que la serie de pruebas emitidas por órganos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos eran suficientes para acreditar la tortura y, por lo tanto, invalidar la sentencia. Por fin esta voz fue escuchada.

Es cierto que la decisión de la Corte no expresa, de manera explícita, que Alfonso “es inocente”. Sin embargo, esto es sólo un juego de palabras y, por consiguiente, no debemos dejar de exigir que cualquier persona que haya sido encarcelada, como resultado de una confesión obtenida bajo tortura, deba ser liberada de manera inmediata. De no ser así, permitimos que nuestro sistema de justicia continúe replicando la violencia, el abuso, la discrecionalidad y la ilegalidad que lo han llevado a tener resultados de un casi 99% de impunidad. De castigar y denunciar la libertad de Alfonso, alimentaríamos un sistema en el que los que se encuentran pagando largas y desproporcionales sentencias, son aquellos que no cuentan con los recursos para defenderse, en igualdad de armas, ante un aparato que obedece a estructuras de poder y arbitrariedad. Justificaríamos, de igual forma, a aquellas instituciones que predican la presunción de inocencia, pero que, en realidad, operan estricta y obedientemente bajo la presunción de culpabilidad. Bajo este esquema institucional, la carga de la prueba se sitúa como responsabilidad de los ciudadanos y de no tener éxito en demostrar nuestra inocencia, arriesgamos pasar 23 años de nuestras vidas en una cárcel, con la posibilidad de ser sometidos a golpes para firmar un documento en el que entregamos nuestra libertad al turbio sistema penitenciario.

Con esto afirmamos que Alfonso no es más culpable, que lo que pudiéramos ser cualquiera de nosotros por la comisión de los delitos que le fueron imputados. El principio de presunción de inocencia establece que somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario y, en este caso, como resultado de la decisión de la Corte, no se ha demostrado la culpabilidad de nadie. Además, quienes sostienen que se ha liberado a un criminal olvidan o desconocen –quizás porque no estudiaron el caso- que los propios juzgadores del Distrito Federal[6] que confirmaron la sentencia en 1993, reconocieron, textualmente, que la declaración auto inculpatoria de Alfonso era el único indicio de prueba relevante existente.

Así, en el contexto de violencia y corrupción que se vive en México, todos deberíamos celebrar la resolución de la Corte que, en el fondo, cumplió con la esencia de sus funciones al representar una garantía que busca proteger nuestra libertad. Muchas personas más se encuentran en la misma situación que Alfonso y, sin duda alguna, ninguno de nosotros quisiera ser el siguiente. Por ello, la sentencia de nuestro máximo tribunal es un avance en el respeto de los derechos humanos en México. Recordemos que una de las garantías mínimas en torno a la seguridad de las personas que viven en un Estado de Derecho, es la existencia de instituciones de persecución de delitos y de impartición de justicia capaces y eficientes, que actúen en un marco de protección a los derechos humanos.

En este sentido, es de gran relevancia anotar que las inconsistencias en el proceso también han violentado los derechos de las víctimas sobrevivientes: las tres hijas del matrimonio, que al momento en que ocurrieron los hechos, tenían dos, cuatro y seis años de edad. A ellas, el Estado les ha asegurado que la persona responsable del asesinato de sus padres es su tío; ello, nuevamente, sin contar con pruebas plenas que confirmen esta imputación y que permitan alcanzar la verdad detrás de este caso y, como resultado, un verdadero ejercicio de justicia.

Finalmente, los límites y candados que establecen los derechos humanos al actuar de las instituciones del Estado, implican que las autoridades deban proteger el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas, imputados y de la ciudadanía. Esto es, el saber con certeza y más allá de cualquier duda razonable, quién y cómo se cometió el delito e imponer la sanción correspondiente.

Jimena Suarez Ibarrola. Maestra en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Es especialista en derechos humanos y, actualmente, labora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Alex Alí Méndez Díaz. Licenciado en Derecho, Maestrante en Derecho por la UNAM, especialista en derechos humanos y amparo, actualmente es el abogado de Alfonso Martín del Campo Dood.

Marisol Escudero Martínez. Abogada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y especialista en derechos humanos.

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[1] El informe presentado el pasado 9 de marzo de 2015, fue elaborado tras una visita a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014 y se puede consultar aquí.

[2] El engrose de la sentencia aun no está disponible; sin embargo, para un resumen completo del caso se recomienda consultar la resolución de la facultad de atracción 198/2013 mediante la cual por unanimidad de cinco votos, a petición del Ministro Arturo   Zaldivar Lelo de Larrea, la Primera Sala se avoca al conocimiento y resolución del caso. Este documento puede consultarse aquí.

[3] Durante las investigaciones, se encontró cabello humano en la habitación donde fueron asesinados la hermana y el cuñado de Alfonso. Las autoridades declararon que no pertenia a las victimas o al imputado, es decir, a Alfonso. Sin embargo, esta prueba no fue utilizada por las instancias judiciales para el estudio del caso.

[4] El defensor de oficio que le fue asignado a Martin del Campo era ingeniero en sistemas y no un abogado.

[5] CDHDF, recomendación número 13/2002.

[6]Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

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