El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido un papel importante en la protección de los derechos político-electorales de los grupos minoritarios y en desventaja, concretamente, frente a los pueblos indígenas y las mujeres. Nos enfocaremos solamente en el criterio de autoadscripción para que las personas pertenecientes a estos colectivos puedan beneficiarse de las medidas implementadas para garantizar el acceso de estos colectivos a cargos de elección popular.

El 14 de diciembre de 2017, la Sala Superior resolvió el recurso SUP-RAP-726/2017 por medio del cual garantizó que los partidos políticos postularan en forma obligatoria a personas indígenas en aquellos distritos que tuvieran al menos un 60 % de población indígena. Así, se garantiza que en esos distritos los representantes siempre sean indígenas.

Para que estas medidas sean efectivas, y con el fin de evitar que se postule en estos distritos a personas no indígenas, la Sala Superior convino que era necesario una autoadscripción calificada. Esto es, que los partidos políticos tienen la obligación de presentar, al momento del registro, evidencia suficiente que permita verificar que las personas postuladas sean efectivamente indígenas. Esto se puede acreditar, entre otras formas, mediante una constancia expedida por las autoridades de la comunidad en donde conste que la persona postulada ha prestado servicios comunitarios, desempeñado un cargo tradicional en la comunidad, participado en reuniones de trabajo que buscan mejorar las instituciones o conflictos de la comunidad, etcétera.

Por otro lado, para el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género se ha echado mano de medidas afirmativas por medio de las cuales se ha obligado a los partidos políticos a hacer sus postulaciones de manera paritaria. Con esto, se ha logrado incrementar el número de mujeres en cargos de elección popular.1

Ahora bien, el mandato constitucional de paridad de género dio un giro importante con la controversia que se suscitó en Oaxaca -con motivo del asunto SUP-JDC-304/2018- y que nos llevó a avanzar en la concepción que tenemos de este principio. En este caso, el Instituto Electoral local estableció, en sus lineamientos para el cumplimiento de paridad de género, la posibilidad de que las personas transexuales, transgénero o muxes puedan acceder a las candidaturas registrándose con el género con el cual se identifican, para cuyo caso basta la simple autoadscripción.

Con este marco, el mandato de paridad de género ha evolucionado: ya no se interpreta al género únicamente conforme al sexo biológico de la persona (cisgénero), sino que ahora se considera la identidad de género con la que una persona se identifica a sí misma. De esta manera, se amplían las categorías de género para incluir, indistintamente dentro de ellas, tanto a las personas cisgénero (aquella cuya identidad de género coincide con el género asignado al momento de nacer) como a las transgénero (aquella cuya identidad de género no coincide con el género que le fue asignado).

Sin embargo, con la ampliación de la categoría de género surge un nuevo problema que quizá no emergería en situaciones ideales. Este problema se manifestó, en el caso en estudio, cuando algunos candidatos, apoyados por sus partidos políticos en Oaxaca, solicitaron ser registrados como mujeres transgénero.2

Ante esto, personas integrantes de colectivos transgénero cuestionaron estas candidaturas arguyendo que tales personas en realidad estaban intentando eludir el mandato de paridad de género y usurpando la identidad trans. El problema de fondo radicó, entonces, en cómo salvaguardar simultáneamente el mandato de paridad de género y el derecho de las personas a su identidad, lo que implica también que ésta no sea esencializada.3

La mayoría de los magistrados decidieron que para efectos del registro de las candidaturas, era suficiente con que él o la aspirante manifestara una autoadscripción simple al género al que dice pertenecer, dado que el Estado no puede cuestionar a las personas en cuanto a su identidad de género. En abono, la mayoría consideró que la identidad de las personas tampoco puede reducirse a características externas o formas de comportarse y expresarse. Con esto, la mayoría de magistrados asumió una postura que protege el derecho a la identidad de las personas pero que pone en riesgo el efectivo cumplimiento del mandato de paridad de género.

Es decir, con esta decisión han quedado asentados dos criterios distintos en cuanto a la adscripción. Por un lado, frente a personas transgénero que desean ocupar cargos de elección popular en su calidad de mujeres valiéndose de las postulaciones garantizadas en virtud de la acción afirmativa de género, el criterio que sostuvo la Sala Superior fue el de la autoadscripción simple. En contraste, el criterio que ha sostenido esta misma Sala en el caso de personas indígenas que desean ser postuladas para los asientos reservados para esta minoría, ha sido el de la autoadscripción calificada.

Sin embargo, a nuestro criterio, no existe justificación para este trato diferenciado, además de que en contrapartida existen motivos suficientes que justifican que en ambos casos se requiera una autoadscripción calificada. Estos motivos no radican en el hecho de que estos grupos de personas sean colectivos similares, pues, claro está, no lo son. Por curioso que parezca, los motivos radican en que las medidas implementadas tanto para las personas indígenas como para las mujeres -cis y transgénero- tienen naturalezas y finalidades distintas.

En el caso de las medidas dirigidas a grupos indígenas, aun cuando éstas han sido llamadas “acciones afirmativas indígenas”, no deben ser pensadas como tales. Al contrario, estas medidas deben ser entendidas como derechos diferenciados de grupo, cuya finalidad es que, por medio de derechos especiales de representación (asientos reservados), las comunidades indígenas participen y formen parte de los procesos deliberativos y de la toma de decisiones sobre asuntos que les pueden afectar, tanto por ser partes integrantes de la vida pública nacional como porque las decisiones tomadas incidan de manera directa en su comunidad. Por tanto, estos derechos diferenciados de grupo deben entenderse como derechos colectivos que buscan representar los intereses de las comunidades indígenas, como parte de un Estado multicultural.4

Bajo esta lógica, una autoadscripción calificada no tiene como único objetivo, ni como objetivo principal, evitar postulaciones no indígenas para evadir esta obligación, sino garantizar que quien ocupe esos asientos sea una persona con legitimidad dentro de la comunidad indígena y reconocimiento por parte de ésta, de forma que garantice que representará los intereses de este colectivo.

Por otro lado, las acciones afirmativas de género buscan remediar la falta de igualdad de oportunidades y la injusta repartición de los bienes, recursos y derechos que subsiste entre hombres y mujeres. Están enmarcadas en la retórica de la igualdad de oportunidades y, por ello, su objetivo consiste que, mediante un trato diferenciado temporal, se logre una igualdad material más duradera.5

Estas medidas serán exitosas cuando lleguemos a un escenario en el que, aun sin ellas, los órganos de gobierno estén conformados equitativamente por hombres y mujeres. El fin último de estas medidas es, por tanto, que el sexo de la persona no sea una limitante, sino que más bien sea irrelevante para acceder a cargos de representación popular.

Aun cuando estas medidas están dirigidas a un colectivo social en desventaja, como lo son las mujeres, esto no implica la necesidad de representar exclusivamente los intereses de las mujeres. Las medidas afirmativas a favor de las mujeres tienen como principal finalidad contrarrestar la discriminación que subsiste en contra de ellas, es decir, buscan asegurar que las mujeres puedan acceder a los cargos de elección popular en tanto que, históricamente, han sido excluidas y discriminadas de ellos.

Por último, las acciones afirmativas buscan borrar las diferencias entre los grupos en desventaja. En este caso, buscan borrar o suprimir las diferencias estructurales entre hombres y mujeres. Por su lado, los derechos diferenciados de grupo buscan preservar las diferencias culturales que les caracterizan y, aun cuando estos grupos también experimentan discriminación, el objetivo principal de estas medidas no es contrarrestar la discriminación, sino la falta de reconocimiento cultural.

Justo porque la finalidad de las medidas afirmativas de género es contrarrestar la discriminación que las mujeres han vivido, es que las autoridades electorales tenemos el deber de verificar que estas medidas sean adecuadamente instrumentalizadas. Esto no implica que la autoridad electoral cuestione la identidad de género de las personas transgénero, pues, existe una vía idónea para solicitar al Estado que reconozca la identidad de género de una persona: la autoadscripción simple. Sin embargo, cuando se dé el caso de que 1) una persona transgénero no haya solicitado previamente al Estado que se le reconozca su identidad de género -es decir, que no haya solicitado un cambio de sexo en su acta de nacimiento o en sus documentos oficiales, y, por tanto, 2) su documentación oficial no coincide con quien dice ser, y, como consecuencia, 3) un tercero cuestione, por vías institucionales, la identidad de quien se autoadscribió a un género que no coincide con el de sus documentos oficiales; entonces, 4) la autoridad electoral puede allegarse de más elementos de convicción6 que le permitan afirmar que, en efecto, esa persona se asume como mujer o como hombre.

Con esto, se salvaguarda el derecho de las mujeres -cis y trans- de acceder a cargos de elección popular, pues contribuye a blindar el mandato de paridad de género frente a las continuas amenazas e intentos por parte de los partidos políticos de evadirlo.

Como conclusión, frente a las medidas implementadas por la autoridad electoral destinadas a proteger grupos en desventaja, existen motivos que en ciertos escenarios justifican pedir, en ambos casos, una autoadscripción calificada. Estos motivos no radican en que estamos frente a grupos de igual naturaleza, sino que la naturaleza distinta de cada uno de estos grupos así como la finalidad diversa de las medidas destinadas a protegerlos justifican, por motivos distintos, una autoadscripción calificada.

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Alexandra D. Avena Koenigsberger. Asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctoranda en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.


1 Para más detalles ver Aparicio, Javier. 2015. “Informe sobre la paridad de género en la selección de candidaturas electorales para la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, 2015-2016”, en Instituto Nacional Electoral, Impacto del registro paritario de candidaturas en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

2 17 de ellos fueron registrados en un primer momento como candidatos hombres. El Instituto Electoral requirió a sus respectivos partidos políticos porque no cumplían con la paridad de género, ante lo cual estos mismos candidatos se autoadscribieron como mujeres. Dos de ellos, desde el primer momento de su registro se autoadscribieron como mujeres.

3 Para ver la posición adoptada por mi ponencia ver el voto particular emitido en el SUP-JDC-304/2018

4 Ver Kymlicka, Will. 1996. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press.

5 Young, Iris. 1990. Justice and the Politics of Difference, Oxford University Press.

6 Un ejemplo adicional de convicción puede ser, por ejemplo, que una comunidad reconozca a esa persona como hombre o como mujer, dado que la persona en cuestión se ha asumido y comportado como tal de cara a esa comunidad.

Leer completo

Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió la famosa sentencia, SUP-JDC-12642/2011 en 2011, mejor conocida como la sentencia de “las Juanitas” y, posteriormente, en 2014 con la incorporación del principio de paridad de género en el texto constitucional por parte del Congreso, la concepción de género ha cobrado mayor relevancia y se ha insertado en el centro del debate político actual.

Efectivamente, después de estos dos sucesos, la adopción de acciones afirmativas tendentes a cumplir con la paridad de género ha formado parte de la agenda político-electoral del país. Actualmente, prácticamente todas las entidades federativas y la federación han emitido un robusto cuerpo de legislación y lineamientos para cumplir con este principio.

El TEPJF ha contribuido a que el principio de igualdad o paridad de género sea entendido de una manera más amplia. Así, ha distinguido entre la paridad cuantitativa y la paridad cualitativa. Mientras que la primera se refiere a equiparar el número de candidaturas de hombres y mujeres para los cargos de elección popular, la segunda garantiza que en la postulación que haga cada partido político, se postulen de manera equitativa hombres y mujeres tanto en aquellas circunscripciones perdedoras como en las ganadoras, según la fuerza política de cada partido.

Para el mejor cumplimiento de la vertiente cualitativa de la paridad de género, se ha elaborado una distinción entre paridad horizontal y vertical. La paridad horizontal se refiere a que, en una elección, por ejemplo de una entidad federativa, haya una cantidad equitativa entre hombres y mujeres para el puesto de la presidencia municipal. Por su lado, en esta misma elección, la paridad vertical implica que la planilla de cada ayuntamiento esté conformada de manera igualitaria. Es decir, que haya una paridad entre todas las postulaciones para ocupar los distintos cargos dentro del ayuntamiento.

Como ha sido mostrado, ya existe un cuerpo sumamente amplio y sofisticado de acciones afirmativas que buscan cumplir con el mandato constitucional sobre la paridad de género. Estas acciones afirmativas han logrado avances significativos en la inclusión de las mujeres en la vida política del país. Por ejemplo, en las elecciones de 2009, previas a la incorporación de estas acciones en la legislación nacional, el Congreso federal estuvo integrado por 28 % de mujeres y 72 % de hombres; en el 2012, se integró con 37 % de mujeres y 63 % de hombres; finalmente, en 2015, su composición consistió en 42.40 % de mujeres y 57.6 % de hombres.1

Sin embargo, los problemas que han surgido en los últimos meses sobre la materia, con el inicio del proceso electoral vigente, nos indican que debemos transitar hacia una nueva etapa en la adopción de medidas afirmativas. Un ejemplo de esto es que el criterio que se sostuvo en la sentencia de “las Juanitas” fue modificado en una sentencia reciente dictada por la Sala Superior del TEPJF (SUP-REC-7/2018). En 2011, cuando se dictó la sentencia de “las Juanitas”, el objetivo fue evitar la práctica que varios partidos políticos habían llevado a cabo, la cual consistía en postular a mujeres como candidatas propietarias de las fórmulas de elección a cargos populares ─para cumplir formalmente con la cuota de género─, pero postular a un varón como su suplente. Una vez en el cargo, los partidos le pedían a la candidata propietaria renunciar y como consecuencia, el varón suplente accedía al cargo. Esta situación rompía con el equilibrio que se buscaba con las cuotas de género y, por tanto, dejaba sin efectos precisamente el propósito perseguido con estas medidas.

En aquel momento, la Sala Superior estimó que lo mejor para evitar la práctica reseñada era exigir que todas las fórmulas estuvieran compuestas por propietario y suplente del mismo género y, desde entonces, básicamente todas las legislaciones locales contienen esta exigencia. No obstante, y con motivo de una controversia suscitada en Jalisco, la Sala Superior modificó el criterio mencionado.2 El nuevo criterio ahora afirma que esa práctica, que atenta contra la paridad, puede evitarse si se exige que cuando las propietarias de las fórmulas sean mujeres, sus suplentes también deban serlo, pero esta exigencia no aplicará en sentido inverso. Esto significa que, cuando el candidato propietario sea hombre, su suplente podrá ser una mujer, lo que permite la conformación de las fórmulas mixtas cuando un hombre la encabeza.

La solución antes descrita ya había sido sugerida cuando la Sala Superior resolvió la sentencia de “las Juanitas”. Sin embargo, un posible motivo por el cual se optó por exigir que las fórmulas siempre fueran del mismo género ─sin hacer la distinción que se ha hecho ahora─ fue justamente que en ese entonces el mandato de paridad de género no contaba con la aceptación con la que cuenta actualmente. La adopción e implementación progresiva de medidas afirmativas traen a la par la adaptación, aceptación y normalización de las medidas por parte de los actores políticos, de la sociedad y del diseño institucional. Esta situación genera la posibilidad ─y la necesidad─ de adoptar medidas más sofisticadas y focalizadas para cumplir con los objetivos que buscamos en cuanto a este tema.

En efecto, si queremos seguir avanzando hacia una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, nos vemos ante la necesidad de transitar hacia una nueva política de adopción e implementación de acciones progresivas y más focalizadas, con objetivos específicos. Un nuevo objetivo podría ser la implementación de acciones positivas, tendentes a garantizar la postulación de mujeres en ayuntamientos de alta incidencia política, económica y social. Dicho de otra manera: garantizar la postulación de mujeres en ciudades importantes. Ya existe un precedente en Coahuila, en donde se ha implementado un sistema de bloques basados en la densidad poblacional de los municipios. Así, al exigir la paridad dentro de cada bloque, se asegura que haya mujeres postuladas en los municipios de mayor densidad poblacional dentro de la entidad.

Aunque con el principio de paridad de género, en su vertiente cuantitativa, ya se preveía que se postularan tanto a hombres como a mujeres en circunscripciones ganadoras para cada partido político. Con esto, se garantiza el acceso de las mujeres a los cargos. Cabe mencionar que tal medida es diferente al garantizar la postulación de mujeres en ciudades importantes, aun cuando éstas pudieran no ganar la postulación para el partido político al que pertenecen.

La postulación de mujeres en ciudades clave, aun si llegasen a perder la elección, tiene efectos sumamente positivos en cuanto a la paridad se refiere. En primer lugar, porque la candidata adquiere conocimientos, experiencia y aprendizaje que le servirán para futuros procesos y campañas electorales, además de la experiencia y aprendizaje que obtendría si resultase electa. En segundo lugar, porque la postulación de una mujer como candidata al puesto político de una ciudad importante emite un mensaje claro hacia los militantes del partido, hacia sus simpatizantes y, en general, hacia la ciudadanía, de que la candidata es apta para ocupar el cargo. Esto contribuye a afianzar su liderazgo dentro y fuera del partido político y, en consecuencia, incrementa sus redes políticas, sociales y económicas. En pocas palabras, crea una red y un capital social que le permite seguir persiguiendo su carrera política. Postular a mujeres en ciudades importantes, genera un impulso vital en sus aspiraciones y en la dirección de sus carreras políticas.

Todo esto trae efectos importantes a largo plazo. Principalmente, porque todo el capital político, social y económico que puede absorber una mujer que es postulada como presidenta municipal de una ciudad importante lleva a que, en un futuro, postular a esa mujer sea una decisión idónea para el partido porque le genera un beneficio político y electoral, y no un costo. Esto, a su vez, cambia la percepción que tienen los partidos y actores políticos hacia las mujeres en el ámbito de la política que contribuye a revertir los roles y estereotipos de género que subsisten en cuanto a la capacidad de las mujeres para gobernar y dirigir.

Existen suficientes motivos que justifican por qué debemos avanzar hacia una nueva etapa de adopción de medidas afirmativas. Éstas, efectivamente, deben ser más focalizadas y destinadas a objetivos específicos. De lo contrario, si permanecemos en el estado actual de implementar medidas afirmativas que sólo buscan asegurar un número determinado de candidaturas para las mujeres, estaremos cayendo en una lógica errónea y perjudicial para nuestro fin último, que es que el género de las personas sea irrelevante al momento de decidir quién dirige nuestras instituciones y, como consecuencia, que haya una igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los cargos.

Ciertamente las problemáticas que se han suscitado con motivo de las acciones afirmativas que buscan establecer una cuota de mujeres muestran que los partidos políticos todavía se resisten a incorporar mujeres en sus postulaciones porque, en muchas ocasiones, estas candidaturas les genera un costo político que parece redituar pocos beneficios.

Cambiar esta resistencia implica compatibilizar los intereses de los partidos políticos y de las mujeres, a fin de que postular mujeres sea beneficioso para los partidos. Si entendemos que las acciones afirmativas implican sacrificar temporalmente los intereses del grupo dominante para que en un futuro haya mayores condiciones de igualdad, entonces se encuentra justificado exigir, temporalmente, a los partidos políticos que postulen a mujeres en ciudades importantes, por los beneficios que estas postulaciones pueden traer a largo plazo. En pocas palabras, estas acciones afirmativas pueden traer efectos transformadores y, a largo plazo, pueden cambiar la percepción de los partidos políticos en cuanto a la postulación de mujeres.

Alexandra Avena Koenigsberger. Asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctoranda en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 Información obtenida de “Paridad de Género: Evolución, Logros y Realidades” por Liderazgos en acción.

2 El Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco emitió unos lineamientos para cumplir con la paridad de género en las postulaciones. El artículo 8, numeral 2, de esos lineamientos señala que “Las fórmulas a diputaciones de mayoría relativa deberán presentarse de la siguiente manera: cuando quien encabeza la candidatura propietaria sea de género masculino, su suplente podrá ser de cualquier género; pero si la propietaria fuera de género femenino, su suplente deberá ser del mismo género”.

Leer completo

El 2018, ha traído retos importantes para la justicia electoral en materia de paridad de género. Por un lado, nos hemos visto en la necesidad de ajustar nuestros criterios al contexto actual relativo a la representación de las mujeres en los órganos de elección. Por el otro, con la incorporación de la figura de la reelección, hemos tenido que buscar soluciones para conciliar ambos principios constitucionales.

El escenario actual supone repensar las estrategias que hemos adoptado para garantizar la paridad de género en materia electoral y, con ello, seguir avanzando hacia una democracia más incluyente y hacia una sociedad más justa e igualitaria.

El principio de paridad de género fue incorporado al texto constitucional en la reforma electoral del 2014. Este principio establece la obligación que tienen los partidos políticos y demás organizaciones políticas de presentar sus postulaciones a candidaturas de manera paritaria entre hombres y mujeres. Esto se ha procurado con la adopción de acciones afirmativas.

Tales medidas han ofrecido resultados positivos, pues a pesar de que todavía hay un camino largo que recorrer para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, las medidas han garantizado presencia femenina en los cargos de gobierno y, además, han mostrado una progresión importante en el número de mujeres que ocupan cargos de gobierno.1

Sin embargo, la reforma electoral del 2014 trajo nuevos dilemas que resolver para seguir garantizando la paridad de género en materia electoral. En concreto, nos referiremos a la tensión existente entre la figura de la reelección y el principio de paridad de género.

Con la incorporación de la figura de la reelección, desde la reforma electoral de 2014, en el presente proceso electoral se está viendo una nueva problemática que nos obliga a plantear el rumbo de las medidas afirmativas adoptadas para cumplir con el principio de paridad de género.

La problemática se presenta porque nos encontramos frente a escenarios en los que la figura de la paridad de género y la reelección pueden estar en tensión al existir la posibilidad de que los presidentes municipales y los legisladores puedan optar por un segundo mandato y, a su vez, la exigencia de que los partidos postulen paritariamente sus candidaturas. Por el momento, no analizaremos la figura de la reelección por sí sola, en lugar de eso partiremos de la premisa de que, al estar reconocida ésta en el texto constitucional, la reelección está ─jurídicamente─ al mismo nivel que el mandato de paridad de género. Luego entonces, las autoridades electorales se ven frente a la necesidad de hacer ponderaciones entre ambas figuras y, por lo tanto, justificar reforzadamente por qué una debe ceder frente a la otra. Esta ponderación, sin embargo, debe hacerse para cada caso en concreto, sin que ello implique establecer una regla general en la que una siempre prevalecerá sobre la otra.

Es ilustrativo analizar esto con dos recursos que se resolvió recientemente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.2 En ambos casos, el legislador local ya había adoptado una medida afirmativa para garantizar la paridad de género en las postulaciones. Sin embargo, los institutos electorales locales de los casos respectivos adoptaron una acción afirmativa adicional. Finalmente, en ambos casos, la medida adoptada por el instituto electoral local entorpecía la posibilidad de optar por la reelección de algunos actuales presidentes municipales. Aun cuando los hechos parecen ser los mismos, la Sala Superior revocó una medida ─la de Chihuahua─ mientras que confirmó la otra, la de Baja California Sur.

En el caso de Chihuahua, la medida del legislador (medida de bloques) preveía la creación de tres bloques en función de su competitividad, que debía realizarse de la manera de que se describe a continuación. Primero, los partidos debían hacer una lista en la que ordenaran, jerárquicamente con base en los porcentajes de votación obtenidos en el proceso electoral pasado, todos los municipios en los que pretendían contender. Esa lista debía dividirse a su vez en tres bloques, uno de alta, uno de media y uno de baja competitividad; por último, las postulaciones debían ser paritarias dentro de cada bloque, dejando margen al partido para que decidiera qué sexo postular en cada ayuntamiento, siempre y cuando en su totalidad el partido cumpliera, dentro de cada bloque, con el 50 % de postulaciones para cada sexo. Con esto, se intentaba armonizar la paridad de género, la autoorganización de los partidos y la posibilidad de reelección.

El instituto electoral local, además, exigió que las postulaciones hechas en cada bloque debían ser alternadas (medida de alternancia). Esto es, si en el primer municipio de competitividad alta se postulaba a una mujer, en el segundo debía postularse a un hombre y así sucesivamente. En consecuencia, esta medida reducía de manera importante la autoorganización de los partidos políticos y, además, entorpecía la posibilidad de reelección de algunos presidentes municipales.

En este caso, la Sala Superior consideró que no había elementos para pensar que la medida de la alternancia traería mejores resultados en cuanto a la paridad de género, así como tampoco que los bloques de competitividad fueran insuficientes para estos efectos. Además, dado que con la alternancia no se abonaba de manera importante al principio de paridad, entorpecer la posibilidad de reelección no estaba suficientemente justificada. Como consecuencia de este análisis, se optó por revocar la medida de alternancia.

El caso de Baja California Sur fue esencialmente distinto y, por motivos de extensión, nos centraremos solamente en la medida afirmativa adoptada para la postulación de ayuntamientos.3 En este caso, la legislación sólo establece que las postulaciones a los ayuntamientos deben ser paritarias, sin contemplar a qué género debe asignarse el municipio impar. Esto porque Baja California Sur sólo cuenta con cinco municipios y, por lo tanto, resulta imposible hacer una repartición estricta que equivalga al 50%. En consecuencia, el instituto electoral local adoptó una medida adicional en la que se establece que en el municipio impar se debe postular una mujer. Dicha medida implicó que, de los tres presidentes municipales actuales de esa entidad, al menos uno vería mermada su posibilidad de reelección.

En este caso, la Sala Superior confirmó la medida adicional por considerarla justificada. Pero lo que nos interesa destacar aquí son los motivos que sostuvimos parar llegar a esta conclusión. Esto, en aras de ser congruente con la sentencia del caso de Chihuahua.

Baja California Sur, al sólo contar con cinco municipios, reúne características especiales. A diferencia de otras entidades federativas que cuentan con más municipios y que, por lo tanto, el sexo al que se le asigna el municipio impar tiene un impacto mínimo, en Baja California Sur esto no sucede así. Primero, el porcentaje más cercano a la paridad de género es 60% para un sexo género y 40% para el otro. Esta circunstancia implica que un municipio revierta la balanza de manera sumamente significativa.

En segundo lugar, aun cuando ha habido una progresión importante en esa entidad respecto al porcentaje de mujeres que dirigen los ayuntamientos, éste nunca ha sobrepasado el 40%.4 En consecuencia, resultaba relevante invertir ese porcentaje. Más aun, de los procesos electorales anteriores se observaba una tendencia a postular más hombres que mujeres.

Por último, también se pudo observar que en los municipios donde se tiende a postular a mujeres son aquellos con la menor densidad poblacional que, por lo tanto, son municipios con menor incidencia a nivel estatal. De hecho, actualmente, las dos mujeres que son presidentas municipales de Baja California Sur –que encabezan los municipios de Mulegé y Loreto– gobiernan sólo a un 11.5% de la población estatal.5 Nos parecía relevante, entonces, impulsar la postulación de mujeres también en municipios de incidencia.

En este caso, había motivos de peso para confirmar la medida establecida por el instituto electoral local, a pesar de que esto obstaculizara la posibilidad de reelección de alguno de los tres actuales presidentes municipales de esa entidad federativa. No obstante, los motivos usados para este caso no son aplicables ni transferibles necesariamente a todas las entidades federativas, porque, tal como en el caso de Chihuahua, no todas las acciones afirmativas adoptadas están diseñadas para abonar a la paridad de género.

Finalmente, debemos reconocer que existen otros principios en juego que tienen el mismo valor que el principio de paridad de género. Éstos son, la autoorganización de los partidos y la figura de la reelección. Esta situación nos ha obligado a hacer una ponderación entre principios para cada caso en concreto y justificar por qué uno prevalecerá frente a otros con el fin de contribuir a un entorno más igualitario.

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Alexandra Avena Koenigsberger. Asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; candidata a doctora por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.


1 Ver Aparicio, Javier. 2015. “Informe sobre la paridad de género en la selección de candidaturas electorales para la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, 2015-2016” en Instituto Nacional Electoral, Impacto del registro paritario de candidaturas en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, pp. 60-99.

2 SUP-JDC-1172/2017 y SUP-JRC-4/2018.

3 Para las listas de diputación por Representación Proporcional, el instituto adoptó una medida que consistía en que éstas debían estar encabezadas por mujeres.

4 En 2011 la proporción fue de 4 hombres y 1 mujer y, actualmente, 3 hombres y 2 mujeres.

5 Información consultable aquí.

Leer completo