El pasado 27 de marzo, después de ocho sesiones de pleno, la Suprema Corte culminó la discusión de la acción de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas, en la que se analizó la polémica “Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México”, conocida como “Ley Atenco”. Se trata de un ordenamiento con el que se pretende dar respuesta a los lamentables acontecimientos acaecidos en 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. En ese contexto, no resulta sorprendente que la discusión de este asunto, bajo la ponencia del ministro Pérez Dayán, suscitara particular expectativa en la discusión pública e inclusive al interior del propio máximo órgano de justicia del país.1

constitucion

En esta oportunidad, nos detendremos en la discusión de la Corte en torno al aspecto de la legitimación de quien acudió a impugnar su invalidez. La ley fue impugnada tanto por la Comisión local como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero un inusitado tercer actor decidió también cuestionarla: un grupo de 51 diputados del Congreso del estado de México (el 68% del órgano legislativo), con lo cual se actualizaba una suerte de “autoreclamo” de su trabajo legislativo en sede judicial. El legislador local, incluso, modificó la entrada en vigor de la ley, estableciendo que ésta se verificaría hasta el momento en que la Suprema Corte resolviera la impugnación y se hicieran las adecuaciones normativas correspondientes.

El ingenio de la mayoría del Congreso local utilizó el entramado normativo de la Constitución (que permite impugnar normas a partir de su publicación y no a partir de su entrada en vigor) para suscitar una suerte de control previo de constitucionalidad.

Esta situación es enteramente excepcional. Desde la creación de la acción de inconstitucionalidad en 1994, nunca había ocurrido que una mayoría parlamentaria impugnase una norma del propio órgano que la emitió. Habíamos estado en presencia de importantes minorías, pero éstas jamás habían llegado a constituir la mitad del órgano parlamentario. Análisis políticos aparte, lo que resulta “natural” es que una mayoría política del órgano no cuestione su propia ley ante la Suprema Corte, sino que más bien la modifique con su fuerza número. De ahí que la primera pregunta de este caso estaba servida: ¿Puede una mayoría parlamentaria impugnar su propia legislación?

La excepcionalidad de la situación generó abiertas dudas desde la propuesta inicial. El proyecto propuso declarar que tal mayoría impugnadora, a pesar de superar el umbral mínimo del 33%, carecía de legitimación para impugnar la norma.

El proyecto ofreció tres razones para proponer la improcedencia. En primer término, argumentó que la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad como defensa de las minorías (a partir de una lectura de la exposición de motivos a la reforma de 1994) permite inferir que no se encontraba diseñada como un control a disposición de una mayoría. Analizó las mayorías requeridas en el estado de México para reformar una ley y concluyó que la mayoría parlamentaria que planteó la impugnación podía simplemente abrogar, derogar o modificar la norma si estimaba que ésta era inconstitucional.

En segundo término, el proyecto estimó que el fraseo de la demanda permitía inferir que se trataba de una consulta, pues construía las impugnaciones a modo de cuestionamientos hipotéticos (“la ley podría resultar inconstitucional”, “algunos sectores sociales han afirmado”, etc.). Por último, el proyecto establecía que, dado que la acción de inconstitucionalidad tiene una naturaleza contenciosa, permitir una impugnación de un grupo mayoritario de legisladores confundiría a las partes, pues actor y demandado serían el mismo ente (la mayoría parlamentaria).

Esta propuesta desató numerosas reacciones en el pleno y la discusión de este punto se prolongó a lo largo de tres sesiones, algo bastante inusitado si consideramos que este debate se ciñó exclusivamente a la legitimación de uno de los tres promoventes, en tanto la discusión general del asunto duró, exactamente, un mes.

Las primeras intervenciones de los ministros Cossío y Zaldívar fueron sumamente críticas con el proyecto. El ministro Cossío cuestionó la propuesta de improcedencia, primero porque el concepto de mayoría se enfrenta al complicado juego de quórums de asistencia y posibilidades de votación. Además, estimó que el artículo 105 constitucional consagra el 33% como un mínimo y no como un máximo. A su juicio, siempre que se satisfaga el número mínimo de integrantes requeridos para la impugnación, la acción se torna procedente. Finalmente, estimó que la redacción de la demanda sí contenía claros planteamientos de inconstitucionalidad y que no constituían una solicitud de opinión consultiva, ni un control previo, dada la inexistencia formal de estos institutos en nuestro ordenamiento.

Por su parte, Zaldívar planteó que la improcedencia de los procesos constitucionales requería un texto constitucional expreso y una naturaleza restrictiva. Por ello, a su juicio, utilizar argumentos del proceso legislativo (que calificó de sociológicos) implicaba crear una improcedencia no definida inicialmente. Coincidió en que la defensa minoritaria explicada en la exposición de motivos, no implicaba que una mayoría fuese incapaz de promover una acción de inconstitucionalidad.

Si la discusión iniciada el 27 de febrero había arrancado con tono crítico, con posterioridad se inclinaría al otro lado de la balanza, en las sesiones del 2 y 6 de marzo. Finalmente, se impuso una apretada mayoría de los ministros en el sentido de reconocer la causa de improcedencia propuesta por el proyecto (ministros Gutiérrez, Luna Ramos, Pardo, Laynez, ponente Pérez Dayán y presidente Aguilar Morales; con los votos en contra de los ministros Cossío, Zaldívar, Franco, Medina Mora y Piña).

Nos inclinamos por apoyar una idea contraria a la argumentación de la resolución en este punto. Esto debido a que la Constitución no impone un límite al número máximo de legisladores legitimados para promover la acción. Un 33% de legisladores es solamente un elemento racionalizador del acceso a la jurisdicción constitucional concentrada, que busca impedir que un menor porcentaje al fijado, incursione al proceso constitucional. Y nada más. Bajo esta premisa, no resulta irracional que cualquier porcentaje mayor tenga la puerta abierta a la Suprema Corte. La lógica del acceso implicó en su momento una decisión constitucional que llevaba ya implícita la idea de conseguir una barrera importante que, en la balanza, a su vez, permitiera la operación práctica del control abstracto por el tribunal constitucional. Esa barrera es el 33% de la minoría legislativa (que, dicho sea de paso, ya es un porcentaje alto en términos de derecho comparado). El poder reformador consideró que más allá de ello, no podría ponerse en riesgo la viabilidad operativa de la Suprema Corte.

La acción de inconstitucionalidad no tiene por objeto la defensa subjetiva y personal de las minorías, sino del orden constitucional establecido y, en ese sentido, del máximo interés público de la nación. Así visto, el principio que acompaña mejor al acceso a la justicia constitucional es el principio pro actione, máxime cuando la causal construida por la resolución no está prevista ni en la Constitución, ni en la ley reglamentaria que regula estas acciones. Finalmente, la exposición de motivos de la reforma de 1994, además de que no podría constituir fuente de causales de improcedencia, tampoco resulta concluyente en el sentido de la existencia de barreras superiores al 33%.

En ese sentido, al no existir una disposición que establezca un porcentaje o un límite máximo a la legitimación de porciones legislativas, la interpretación ofrecida se muestra como una labor creativa, centrada en cerrar las puertas a la jurisdicción, en vez de abrirlas. Lo que resulta todavía más crítico si ello implica desincorporar del debate judicial temas de la mayor relevancia para la definición de nuestro constitucionalismo democrático y para la defensa de los derechos humanos. Aspectos en los que pareciera que el camino de nuestra evolución jurídica no debiera ser la lógica de “si pueden los menos no pueden los más”, sino exactamente la contraria.

Alfonso Herrera García. Doctor en derecho constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de la materia Acciones de inconstitucionalidad en el posgrado en derecho de la Universidad Panamericana. Autor del libro: Elementos de jurisdicción constitucional (nacional, comparada y supranacional), México, Porrúa, 2016. Twitter: @jAlfonsoHerrera

Mauro Arturo Rivera León. Doctor en derecho donstitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de la materia Controversias constitucionales en el Centro de Estudios de Actualización en Derecho (CEAD). Autor del libro: Las puertas de la Corte: La legitimación en la controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad en México, México, Porrúa, 2016. Twitter: @MauroArturo


1 El caso “Atenco” tiene hoy incluso una resonancia internacional, toda vez que los hechos de violencia (tortura y violencia física, psicológica y sexual) en contra de mujeres a manos de fuerzas policiales los días 3 y 4 de mayo de 2006, y las supuestas omisiones en las que incurrió el Estado mexicano respecto a su efectiva investigación, han sido motivo de denuncia de la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 17 de septiembre de 2016, en el caso “Mariana Selvas Gómez y otras” contra México.

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Camera-Cell-Phone-PrivacyLa semana pasada, la Corte culminó el debate sobre el caso “geolocalización de teléfonos móviles” (acción de inconstitucionalidad 32/2012). Por razones diversas, la mayoría de los ministros consideró válida la autorización legislativa a la Procuraduría General de la República para solicitar dicha localización, en tiempo real, y por simple oficio o medios electrónicos cuando se trate de investigaciones sobre delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.

Aun cuando el análisis del caso versó sobre la localización geográfica de equipos móviles, la decisión sienta algunas bases para comprender los parámetros que nuestra jurisdicción constitucional encuentra exigibles al concierto de los poderes públicos en materia de comunicaciones privadas. Al mismo tiempo, el asunto permite reflexiones más generales sobre el sistema de derechos humanos que está construyéndose en nuestro país.

Uno de los signos más representativos del constitucionalismo democrático es que los derechos humanos se imponen a todos los poderes públicos, incluido el legislador. Así lo entiende nuestra propia Constitución con la fórmula general de su artículo 1º que establece que en la aplicación de normas de derechos humanos debe imperar la protección más amplia para las personas, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

El derecho a mantener la privacidad del sitio en el que se encuentra un equipo de comunicación móvil forma parte del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas a que se refiere el artículo 16 constitucional. En dicha inviolabilidad se entiende incluida la prohibición de su intervención o su intercepción. Bajo el principio pro persona podríamos comprender que se incluye también su mera localización. La garantía máxima que ofrecería la Constitución a la privacidad de las comunicaciones constituiría una verdadera garantía de intangibilidad de éstas frente al Estado y frente a particulares.

En lo que toca a su oponibilidad frente al Estado, como todo derecho humano, el de la privacidad debiera gozar de múltiples garantías en función de cada componente del poder público. Ni el legislador, ni los jueces, ni el resto de autoridades, tales como las administrativas, debieran desentenderse de su tutela. En condiciones democráticas, del legislador se esperan normas limitadas por órdenes jurídicos superiores a la ley, no sólo para regular el derecho, sino también para protegerlo. El artículo 11.3 de la Convención Americana, por ejemplo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra injerencias a la vida privada.

De los jueces se espera, en primer lugar, la constatación de que dicha regulación legal existe (que el derecho no pretenda regularse por un mero reglamento, por ejemplo); y, en segundo lugar, la verificación de que la actuación ministerial se encuentra apegada a lo que dicha regulación legal dispone (principio de legalidad).

Por su parte, los órganos administrativos y, específicamente, los de procuración de justicia, se encuentran también sujetos al principio de legalidad, y se estimarían obligados a ceñirse a una autorización judicial que, en su caso, les permitiera incidir en las esferas privadas de las personas (reserva de jurisdicción).

Pero los niveles de exigencia en estos casos son aún mayores en sistemas regionales, internacionales y comparados: al legislador se le han exigido normas ciertas, previsibles, preventoras de riesgos de abuso por autoridades ministeriales, relativamente precisas en sus supuestos, tiempos y circunstancias. Estas autoridades se encuentran subordinadas a una determinación judicial previa, lo que implica, a su vez, que la falta de previsión legal de ese control judicial redunda en la imperfección de la ley. Visto así, la carencia de este elemento (el control judicial previo) en la ley, no resistiría ningún test de proporcionalidad, por más deferente que éste fuera hacia el legislador.

El caso sobre la “geolocalización” debe llevarnos a la reflexión sobre si ese conjunto de garantías sustantivas del derecho a la privacidad debe tener un peso en nuestra difícil transición democrática. Desde un punto de vista estructural, también nos plantea el interrogante acerca del lugar que toca a los jueces en un proceso que creíamos dirigido hacia el protagonismo del poder judicial, con el reconocimiento de un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos.

Nadie podría dudar que los propósitos de la norma impugnada respondan a hondas preocupaciones sociales por un eficaz combate a conductas reprobables por todos. Pero no debe perderse de vista que, en este caso, la ley insuficiente resulta aplicable a quienes no han pasado el tamiz de un criterio imparcial e independiente, esto es, un criterio que haya validado, en términos estrictamente jurisdiccionales, la sospecha ministerial.

En el estado democrático, el goce y ejercicio de los derechos fundamentales debe encontrarse sustraído de decisiones no-judiciales principalmente por una razón: dicho goce y ejercicio quedan reforzados con la debida fundamentación y motivación del órgano jurisdiccional, imparcial e independiente, antes que con criterios de oportunidad y de conveniencia, según la convicción unilateral de autoridades persecutoras e investigadoras de conductas delictivas, en grado de sospecha. En ello se juega una diferencia no desdeñable entre el Estado democrático de derecho y el Estado policial.

Alfonso Herrera García. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Autor de La interpretación de los derechos humanos y sus garantías por la Suprema Corte de Justicia. Una aproximación jurisprudencial, México, CNDH, 2014 [en prensa]. Twitter: @jAlfonsoHerrera

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door2El debate de la contradicción de tesis 293/2011 en la Suprema Corte ha sido ampliamente comentado en este blog. Como se sabe, en ese asunto se concluyó que los derechos humanos de fuente internacional tienen rango constitucional pero, en caso, de que éstos se enfrenten a una restricción expresa de la Constitución, ésta debe aplicarse. Además, se determinó que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluida aquélla emanada de casos en los cuales el Estado mexicano no fuese parte, es obligatoria en el orden jurídico mexicano siempre que resulte más favorable para las personas.

Con estas premisas, en las sesiones del pasado 5 y 9 de septiembre de 2013, la Corte discutió otro tema de gran relevancia al resolver la contradicción de tesis 21/2011-PL. Aunque este asunto siguió la línea argumentativa de la contradicción previa, su problemática presentó particularidades propias de notable complejidad técnica y con un impacto inmediato en la práctica del juicio de amparo. En este caso, se discutió la repercusión de la nueva condición jurídica de los derechos humanos de fuente internacional en el ejercicio de una de las principales competencias de la Suprema Corte: el amparo directo en revisión.

En concreto, el punto a resolver en esta contradicción ―en la que fueron las dos Salas de la propia Corte los órganos jurisdiccionales en colisión― fue el siguiente: si el problema de compatibilidad entre una ley y un tratado internacional es una “cuestión de constitucionalidad” o una “cuestión de legalidad” a efecto de decidir la procedencia de un amparo directo en revisión. La primera sala sustentó la tesis de que ese problema resultaba en una cuestión de constitucionalidad y, por tanto, la revisión era procedente. Por el contrario, la segunda sala consideró que ese problema era una cuestión de mera legalidad y, por ello, no era posible admitir su revisión. Desde que emitieron sus respectivos criterios, ambas salas los venían aplicando en los asuntos de sus respectivas competencias, con lo cual las líneas jurisprudenciales que fueron desarrollándose, marcaron una riesgosa incertidumbre para las personas que decidieron proponer ante la Corte la revisión de sus correspondientes sentencias de amparo directo.

Vale la pena destacar la importancia del recurso de revisión para la defensa de los derechos de las personas. Se trata de la única competencia prescriptiva para la Suprema Corte a efecto de que analice los agravios planteados por aquellas personas que consideran que fueron afectados por la sentencia de amparo emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito. Que esa competencia sea “prescriptiva” significa que es la única vía para “obligar” a la Corte a revisar una sentencia de amparo en una segunda instancia. De esta manera, en principio, si se cumplen los requisitos señalados en la Constitución y en la ley de amparo, la Corte no puede rehusar emitir una resolución de fondo. El elemento estadístico también es revelador de la relevancia de este recurso de revisión ante la Corte. Si acudimos al informe de labores de su presidente en el último año judicial (2012), veremos que de un total de 6,002 asuntos resueltos, 1,100 correspondieron a amparos directos en revisión. Así, la suerte de este asunto se traducía en la definición de un estándar elemental a partir del cual la Corte, de ahora en adelante, debe analizar las pretensiones jurídicas que soliciten la revisión de sentencias de los Tribunales Colegiados, en materia de derechos humanos.

La Corte, entonces, con base en lo decidido en la contradicción de tesis 293/2011, resolvió que un problema de compatibilidad entre un tratado internacional y una ley es una “cuestión de constitucionalidad” si está en juego determinar el alcance de un derecho humano. Esta decisión precisó de una acotación: si ese problema de fuentes no involucra la aplicación de un derecho humano, entonces debe considerarse que el problema permanece en la condición de “cuestión de legalidad”, terreno en el cual las sentencias de los Tribunales Colegiados son definitivas e inatacables.

El artículo 103 constitucional, modificado con la reforma del 6 de junio de 2011, expresamente estableció que el amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen “los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por (la) Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte” (fracción I). Sin embargo, en cuanto al recurso de revisión, el artículo 107 sigue expresando que la materia del recurso “se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras” (fracción IX).

La Corte interpretó que ahí donde el artículo 107 señala que en la revisión deben tratarse cuestiones “propiamente constitucionales”, debe leerse en el sentido de que abarca las “cuestiones propiamente convencionales de derechos humanos”. Es decir, ahora este precepto debe leerse en el sentido de que procede la revisión contra sentencias de amparo que resuelvan sobre la convencionalidad de normas generales, o establezcan la interpretación directa del precepto de un tratado de derechos humanos, u omitan hacerlo, habiéndose planteado en la demanda. A ello debe añadirse que la cuestión planteada debe revestir un criterio de importancia y trascendencia (por ejemplo, si no existe jurisprudencia de la Corte aplicable al tema de que se trata). Así, se formaliza la interpretación del Pleno en el sentido de que para la Corte no es indiferente lo resuelto por los Tribunales Colegiados respecto a la interpretación de derechos humanos de fuente internacional en un juicio de amparo directo. Algo no menor para impulsar la agenda de derechos fundamentales en el país.

>Alfonso Herrera García. Profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Es coordinador de la obra, junto con Eduardo Ferrer: Diálogo jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales, Tirant Lo Blanch, Valencia (en prensa). Twitter: @jAlfonsoHerrera

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El pasado lunes, la Suprema Corte de Justicia inició la discusión del asunto más importante en materia de derechos humanos desde la resolución del “caso Radilla”: la contradicción de tesis 293/2011.  

El estudio de fondo aún  no cuenta con votaciones definitivas por parte de los ministros. Sin embargo, vale la pena hacer un alto en el camino recorrido durante dos días de sesiones, para dar cuenta de la ruta marcada por el proyecto de sentencia.

mafaldaLa Corte deberá definir dos temas fundamentales. En primer lugar, la relación que deben mantener la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cual repercute, entre otras tantas cosas, en la configuración del parámetro de control de regularidad de todo acto de autoridad —pública o privada— al que aspira el ordenamiento jurídico mexicano. En segundo lugar, deberá determinar el grado de obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro ordenamiento. Hasta ahora sólo se ha abordado el primer tema, al cual me referiré en esta nota.

Como en toda contradicción de tesis, una primera cuestión a dilucidar es fijar los puntos jurídicos discrepantes entre los tribunales contendientes (en este caso, dos Tribunales Colegiados de Circuito). Llama la atención que el proyecto fije la litis en un tema que, posteriormente, deja de lado. Me explico: la propuesta sostiene, en principio, que debe determinarse la “posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, pero luego excluye cualquier posibilidad de “jerarquía” entre estas normas.

Esta aparente paradoja se explica, en parte, debido a que los juicios de amparo de los cuales derivaron las sentencias discordantes, se resolvieron antes de que entraran en vigor las reformas constitucionales de junio de 2011 (en materia de amparo y, precisamente, de derechos humanos). Si el proyecto concluye que estas reformas no pueden explicar los derechos humanos en términos de jerarquía, ésta es una condición del marco constitucional actual, no del marco que tomaron en cuenta los Tribunales Colegiados. Se entiende entonces que la jerarquía existía, que dio lugar a la discrepancia, y que ahora ha dejado de existir.

Otra aparente paradoja es que una de las razones que justifican la necesidad de estudiar el fondo de este asunto consiste en que la sentencia del “caso Radilla”, no resolvió el tema de la jerarquía de los tratados en materia de derechos humanos. A pesar de ello, como ya se dijo, el estudio no zanja la cuestión así formulada. Parece claro que al proyecto le interesa fijar un criterio respecto al modo de interacción de la Constitución y los tratados internacionales en esta materia. Y, de esta manera, no resolver meramente el tema de la “jerarquía” entre derechos.

En estos aspectos, cabe hacer dos observaciones. La primera es la gran importancia que tiene en nuestro ordenamiento el cauce procesal de las contradicciones de tesis, pues éstas permiten resolver problemas jurídicos bajo marcos normativos vigentes al momento de decidir, en nombre de la seguridad jurídica. La segunda es que, después de este asunto se encuentran enfiladas otras tres contradicciones de tesis, todas ellas entre las dos Salas de la propia Corte, que inciden en temas análogos.  

El estudio de fondo aborda una multitud de temas con gran sentido metodológico y apreciable confección técnica, la mayoría adecuadamente dimensionados. Destacaré entonces solamente dos de ellos en función de la especial problemática que, desde mi punto de vista, suscitan.

El estudio insiste en varios momentos sobre la existencia de un catálogo de derechos humanos en la Constitución, dentro del cual ahora deben considerarse insertos los existentes en tratados internacionales. Así, la propuesta se dirige hacia un universo extensivo, difuso e indeterminado de ese catálogo. El problema de esta representación es que el grado de ensanchamiento de ese catálogo —que equivale al grado de amplitud del parámetro de control de regularidad— resulta directamente proporcional al grado de incerteza de las normas que lo integran. En estas condiciones, el ejercicio de fijación de ese parámetro es, a priori, intencionalmente infinito. Además, esa falta de confines normativos equivale a una ausencia de precisión de los deberes exigibles a los poderes públicos.

Quizás una fórmula distinta de identificación de los derechos, como amplificarlos a partir de una metodología de interpretación conforme por los jueces, caso a caso —sustentada en el artículo 1º, segundo párrafo, constitucional—, pueda ser una solución que contribuya a evitar ese riesgo. Se trataría de construirlos jurisprudencialmente desde su base constitucional, y no desde un techo internacional indefinido. Un catálogo en construcción y no un catálogo ya prefijado con un sentido exorbitante.

En cuanto al principio de supremacía constitucional, el proyecto, tras la encomiable exhaustividad de su argumentación, no dota de un contenido satisfactorio a la última parte del párrafo primero del artículo 1º de la Constitución, que establece que el ejercicio de los derechos y sus garantías “no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece” —que es, junto al artículo 133—, el principal fundamento del sector de ministros que se ha manifestado en contra de la propuesta.

Lo que ocurre es que esa expresión, que sobrevivió a las reformas de 2011, tampoco suprime el “subsistema” normativo de carácter internacionalista que la Constitución misma también “establece”, que razona convincentemente la propuesta. En todo caso, resultaría exigible una motivación consecuente de la Suprema Corte en este punto, la cual podría terminar siendo el que apuntale cualquiera de estos dos escenarios: o una apertura sostenida hacia el derecho internacional de los derechos humanos o, por el contrario, su aplicabilidad condicionada en el ordenamiento interno, con todas las negativas consecuencias que esta última conclusión implicaría para la práctica jurídica de los derechos humanos en los años por venir en nuestro país. Ya veremos, en los siguientes días, como se desenvuelve a partir de esta propuesta la discusión y decisión de los ministro de la Corte

 

Alfonso Herrera García. Profesor de posgrado en la facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Twitter: @jAlfonsoHerrera

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