La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo tribunal del país, cabeza del Poder Judicial de la Federación y guardián de la Constitución. Las decisiones de las y los ministros deben garantizar los derechos humanos y limitar los actos de autoridad. De ahí la importancia de su composición y de los procesos de designación de sus titulares.

En noviembre esta institución deberá renovarse, pues termina el mandato del ministro José Ramón Cossío Díaz. Y debido a que en 2015 y 2016 las propuestas del presidente Peña Nieto fueron altamente cuestionadas —por la sencilla razón de que no todos los integrantes de las ternas cumplían con los requisitos de idoneidad—, el pasado 10 de octubre de 2018, organizaciones de la sociedad civil y la academia enviaron al presidente de la República una propuesta para abrir al escrutinio público la terna para elegir al próximo ministro.

La propuesta consiste en generar un mecanismo de preselección, en el que la ciudadanía proporcione información al presidente Enrique Peña Nieto sobre los candidatos, para que con ello el presidente en funciones y el electo hagan un análisis exhaustivo y reformule la terna o reafirme su decisión.

Existen experiencias comparadas que tienen apertura a la participación ciudadana. En Argentina, por ejemplo, a través del decreto 222/2003,1 se estableció un mecanismo para que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, presenten por escrito las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de quienes aspiren al cargo, para que el Ejecutivo replantee las ternas o las confirme.

Mejorar los mecanismos actuales de designación por parte del Ejecutivo representan   una oportunidad para que se elija a un perfil que cuente con la independencia, los conocimientos técnicos, la trayectoria y la probidad suficientes para asegurar que la persona designada pueda atender los retos que tiene la SCJN debido al nuevo contexto político, de reformas constitucionales y de violencia en el país.

La aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011 y la recepción de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llevaron a la SCJN a inaugurar una nueva época en su jurisprudencia. Una época que, en teoría, estaría marcada por el nuevo paradigma constitucional de garantía de los derechos como eje rector de todo el actuar gubernamental. Y si bien de 2011 a la fecha ha habido buenos ejemplos de decisiones de la SCJN con una perspectiva centrada en los derechos humanos, lo cierto es que la racionalidad de nuestra SCJN, debido a su composición, sigue estando más cargada hacia la mera legalidad. Es decir, sus debates y argumentos se centran en el cumplimiento de formalidades y una interpretación literal de la ley aislada de su contexto y del sistema democrático en el que se encuentran inserta.

En el contexto de transición política que atraviesa el país, el papel de la SCJN será fundamental no sólo como guardián de la legalidad, sino como garante del sistema de pesos y contrapesos de nuestro sistema democrático. En las verdaderas transiciones, las decisiones de los tribunales van más allá de la legalidad y adquieren un valor simbólico como mensaje de rompimiento con un régimen autoritario y corrupto. Es interesante observar que el primer paso en este sentido transicional de la justicia vino desde un tribunal colegiado en el estado de Tamaulipas, al analizar si la investigación de la PGR en el caso Ayotzinapa había sido imparcial e independiente. Esta sentencia, aun con sus puntos debatibles, es un claro ejemplo de lo que debe ser el rol de la justicia en nuestro país, con la SCJN a la cabeza.

Debates sobre temas como la Ley de la Seguridad Interior o la responsabilidad de funcionarios federales, incluido el presidente de la República, por entorpecer investigaciones penales sobre corrupción en el estado de Chihuahua, serán algunos de los temas que deberá resolver una nueva composición de la SCJN. Quienes tienen la responsabilidad de conducir la designación del lugar que deja el ministro Cossío, deben tener muy en cuenta este contexto y demostrar que la transformación prometida es radical y de Estado.

Humberto Guerrero. Coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Anaid García Tobón. Investigadora del Programa de Participación Ciudadana de Fundar, Centro de Análisis e Investigación


1 Decreto 222/2003 Procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina le confiere al Presidente de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Marco normativo para la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes. Disponible en: https://bit.ly/2RbjVLl

Leer completo