Tras la reforma constitucional que transformó al Distrito Federal en ciudad de México, vino la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente, su instalación y la aprobación del nuevo texto constitucional para ciudad de México (CDMX), como  consecuencia se presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los partidos políticos MORENA y Nueva Alianza, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la presidencia de la República y hasta del Tribunal Superior de Justicia de CDMX. De los impugnantes únicamente los partidos políticos y la PGR cuestionaron las normas de carácter electoral.

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De esta forma, el próximo 14 de agosto los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirán y votarán el proyecto propuesto por el Ministro Javier Laynez Potisek, en donde se da respuesta a los conceptos de invalidez planteados por los impugnantes en contra de diversos preceptos relativos al contenido electoral de la Constitución de CDMX.

¿Por qué empezar con la parte electoral? Simplemente porque el tiempo apremia. El proceso electoral local para elegir Jefatura de Gobierno, Asamblea Legislativa y a quienes integrarán las nuevas alcaldías (hasta ahora delegaciones), iniciará la primera semana de octubre. Por lo que, a efecto de generar certeza en los comicios que vienen, es necesario que la SCJN se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de las disposiciones electorales, pues incluso la Asamblea legislativa ya emitió la legislación secundaria, la cual también ha sido controvertida ante la propia SCJN por vicios de constitucionalidad.

Antes de abordar las posibles inconstitucionalidades que plantea el proyecto, vale la pena señalar que comparecieron de una u otra forma dentro de la sustanciación de las impugnaciones: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de ciudad de México presentando informes sobre el inicio del proceso electoral. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al emitir la opinión que legalmente corresponde y, en defensa del texto constitucional local, el Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. La comparecencia de la Constituyente es relevante pues fue uno de los aspectos controvertidos: si se le debía llamar a que defendiera la Constitución creada o no, ello en virtud de que formalmente había concluido sus funciones.

El proyecto del ministro Laynez plantea la inconstitucionalidad de diferentes disposiciones de la Constitución de ciudad de México.

Precepto cuya inconstitucionalidad se propone

Tema que regula

29, apartado A,numeral 2

Integración del Congreso de la CDMX y representación proporcional

29, apartado B, numeral 1

29, apartado B, numeral 2, inciso a).

27, aparado D, numeral 2.

Causales de nulidad

53, apartado A, numeral 3.

Representación proporcional para integrar las alcaldías

29, apartado B, numeral 3.

Reelección

 

Abundando sobre cada uno de estos planteamientos, referiré lo que se señala en el proyecto y haré algunos comentarios que consideró podrán ser objeto de discusión y análisis.

1. La integración del Congreso de ciudad de México (MORENA). En este tema, los alegatos se centraron en la conformación del Congreso local en igualdad entre los principios de elección; es decir, 33 por mayoría relativa e igual número por representación proporcional. Asimismo, por el máximo de escaños a los que puede acceder un partido político en el Congreso de ciudad de México, el cual es de 40.

Al respecto, el proyecto plantea la inconstitucionalidad de lo previsto en el artículo 29, apartado A, numeral 2, pues como lo ha señalado la propia SCJN en múltiples precedentes, la Constitución federal prevé para las entidades federativas un sistema electoral mixto con preponderancia mayoritaria; es decir, el legislativo se elige tanto por el principio de mayoría relativa como el de representación proporcional. Sin embargo, la proporción mayoritaria debe ser electa mediante mayoría relativa, tal como ocurre a nivel federal y en todas las entidades federativas, esto por la relación directa que existe entre candidatura y electorado.

En igual valoración, la propuesta del ministro Laynez considera que lo relativo al máximo de escaños a los que puede acceder un partido político en el Congreso de ciudad de México (40), también es contrario a las bases constitucionales establecidas en el artículo 122 que rigen —entre otras cosas— el principio de representación proporcional, pues el máximo de escaños que puede ocupar un partido político dentro del Congreso de ciudad de México, no debe ser mayor al de diputados o diputadas que sean electos por el principio de mayoría relativa (33).

Como consecuencia de estas inconstitucionalidades, también se invalida lo dispuesto en el artículo 29, apartado B, numeral 1, relativo a la forma de conformar las listas para el tema de representación proporcional.

La base de la inconstitucionalidad que propone el proyecto del ministro Laynez no debe extrañar a nadie. La SCJN desde hace muchos años ha señalado en diferentes precedentes que si bien las legislaturas locales tienen una cierta libertad configurativa para regular el principio de representación proporcional y la integración de los Congresos locales, la legislación local se debe apegar a las bases constitucionales de este principio que se encuentran previstas en el artículo 52 de la Constitución federal.

Sobre este tema existen precedentes al menos desde 1998, entre ellos, la contradicción de criterios 2/2000 que se originó entre la SCJN y el TEPJF. En la que si bien se señaló que el segundo no tenía competencia para hacer estudio de constitucionalidad, el fondo de los asuntos, objeto de contradicción, era la constitucionalidad de la regulación del principio de representación proporcional a nivel local. Por otro lado, entre los precedentes más recientes asimilables al caso se encuentran las acciones de inconstitucionalidad 13/2014 y sus acumuladas.

Al respecto, llama la atención que a pesar de la gran cantidad de precedentes que hacen previsible esta declaratoria de inconstitucionalidad, parece que la Asamblea Constituyente de CDMX los desconocía o los ignoró.

En los hechos, como efecto secundario de la inconstitucionalidad de estas disposiciones, también se invalida la “distritación” realizada recientemente por el INE, para conformar 33 distritos en CDMX; por lo que para el proceso electoral 2018, en lo que refiere a estos temas, serán aplicables la distritación del Distrito Federal, así como las disposiciones de la ley electoral vigente en ese entonces. Esto implicará una situación extraordinaria que podría generar muchas confusiones en la aplicación de la ley.

2. La integración de las alcaldías por el principio de representación proporcional (Nueva Alianza).  La Constitución de CDMX establece que para la elección de concejales, las alcaldías se dividirán en tantas circunscripciones como concejales se vayan a elegir, de manera que por cada circunscripción se elegirá a un concejal.

La propuesta del ministro Laynez argumenta la inconstitucionalidad del artículo 53, apartado A, numeral 3, en virtud de que prever circunscripciones dentro de las alcaldías carece de razonabilidad, ya que implican un elemento adicional de territorialidad que no guarda relación con el tipo de órgano de gobierno que pretende elegirse. En pocas palabras, sostiene que no es congruente la forma de elegir a los concejales con el órgano que se pretende integrar, el cual representa a toda la demarcación territorial, no sólo a una parte de ella.

Al no existir precedentes sobre este punto y, ya que estamos frente a un aspecto novedoso, tanto en el modelo de elección que se plantea como en la regulación jurídica que se prevee y controvierte, considero que este va a ser uno de los aspectos en el que la discusión cobre mayor interés, sobre todo a efecto de determinar hasta dónde llega la libertad configurativa a nivel local que permita innovar para tener modelos de elección con una mejor representación de la ciudadanía.

3. Causales de nulidad de una elección (PGR). La Constitución de CDMX contempla en su artículo 27, un amplio catálogo de causales de nulidades de una elección, entre las que se encuentran la violencia política de género y la compra y coacción del voto, por mencionar algunas. En concepto del ministro ponente es inconstitucional este precepto, pues el constituyente generó una “amalgama” o confusión de causales de nulidad de una manera constitucionalmente deficiente, con lo que se genera un efecto de distorsión en su aplicación a la luz del principio de certeza en materia electoral y de las causales de nulidad de la elección establecidas por la Constitución federal.

En síntesis, para el ministro Laynez existe poca claridad en las causas de nulidad de una elección previstas en la Constitución capitalina. No obstante, la pregunta sería: esta posible deficiencia en la redacción de la norma, ¿es suficiente para declarar la invalidez del precepto o podría salvarse con una interpretación conforme que haga la SCJN sobre las causales de nulidad a nivel local?

4. Reelección legislativa (PGR). La Constitución de CDMX estableció en su artículo 29, apartado B, numeral 3, que los legisladores podrían reelegirse únicamente por un periodo. El proyecto del ministro Laynez considera que la previsión establecida por el constituyente capitalino limita injustificadamente el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, pues mientras la Constitución federal en el artículo 122 permite que los legisladores se reelijan hasta por cuatro periodos consecutivos, la Constitución capitalina lo circunscribe a un periodo.

Precisamente en este tema, el ministro ponente hace una distinción entre la libertad configurativa de los estados y la de ciudad de México, misma que obedece a la propia regulación del artículo 122 de la Constitución federal. La cual claramente establece un mandato para el Constituyente de CDMX al señalar que en la Constitución local se establecerá la reelección hasta por cuatro periodos consecutivos, lo cual de no existir una interpretación que pueda salvar la redacción de la Consitución local, pareciera que la Constituyente capitalina ignoró el mandato del Poder de Reforma de la Constitución federal.

Adicionalmente, el tema de la reelección será interesante por ser novedoso para este proceso electoral 2018, considerando que quienes resulten electos para integrar el Congreso de CDMX podrán ser reelectos en 2021 y, en caso de que prospere la propuesta del ministro Laynez, seguramente podrán reelegirse hasta 2027.

 

Arturo Espinosa Silis. Licenciado y maestro en derecho, director de Strategia Electoral.

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Durante la última semana y media la Suprema Corte de Justicia ha analizado las acciones de inconstitucionalidad 99 y 104 de 2016, en las cuales se cuestionó el decreto que modificó el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), en el que se establecieron nuevos plazos de duración del cargo para cuatro magistrados que actualmente integran la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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¿Qué fue lo que pasó?

El 20 de octubre de 2016, el Senado de la República designó a cinco magistrados y dos magistradas que hoy integran la Sala Superior del TEPJF, quienes serán responsables de calificar la elección presidencial de 2018 y 5 de ellos también la de 2024. Posterior a la designación, el Congreso de la Unión modificó la LOPJF a efecto de ampliar la duración del cargo de 4 de los magistrados.

Al momento en que se designaron a los 7 integrantes de la Sala Superior, los transitorios de la LOPJF señalaban expresamente los plazos de duración del cargo, de manera que la toma de protesta de los nuevos integrantes del máximo órgano de impartición de justicia electoral de nuestro país se hizo de la siguiente forma: Janine Otálora Malassis, Mónica Aralí Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña por 9 años; Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón por 6 años e; Indalfer Infante Gonzales y José Luis Vargas Valdez por 3 años.

A pesar de ello, y a partir de un acuerdo posterior que tenía como finalidad lograr consenso entre las diferentes fuerzas políticas, se determinó modificar el transitorio de la LOPJF a efecto de ampliar el tiempo de duración del cargo de 4 de los magistrados previamente nombrados. De esta forma, quienes originalmente fueron designados por 6 años permanecerán en el cargo 8 años y los de 3 años lo harán por 7 años.

Esto obligó a que se siguiera de manera formal el proceso legislativo correspondiente y una vez aprobada la modificación legal al artículo transitorio de la LOPJF por ambas Cámaras del Congreso de la Unión se tomó nuevamente protesta a los cuatro magistrados beneficiados con la ampliación en la duración de su encargo.

En reacción a este movimiento de la mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso, los grupos parlamentarios que mostraron mayor oposición a la modificación a los transitorios (PRD y Morena) presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

El proyecto por la inconstitucionalidad

Las acciones de inconstitucionalidad fueron turnadas al ministro Gutiérrez Ortiz Mena quien en su propuesta de sentencia planteó declarar inconstitucional la modificación al artículo cuarto transitorio de la LOPJF. Sus argumentos en esencia señalaban1:

1. Se vulneró el artículo 99 constitucional ya que se amplió el tiempo de duración del cargo de cuatro de los siete magistrados mediante una mayoría simple de las Cámaras del Congreso, mientras que para la designación la Constitución establece que serán la Corte y la Cámara de Senadores los encargados de llevar a cabo el proceso para integrar la Sala Superior del TEPJF.

2. Se vulnera el principio de independencia judicial, ya que una vez que se concluyeron las distintas etapas por parte de la SCJN y el Senado existe una prohibición de inmodificación del legislador secundario de la duración de los cargos.

3. La modificación de la duración de los cargos realizada por el legislativo una vez que se llevó a cabo la designación y toma de protesta de los magistrados vulnera los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley.

4. Se vulnera el diseño de escalonamiento que se busca en la Constitución, pues se produce un largo periodo de acumulación de experiencia sin renovación y en un periodo relativamente corto se renueva a la totalidad de los integrantes de la Sala Superior.

La discusión en el Pleno

El proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena se discutió en el Pleno de la Suprema Corte a lo largo de cuatro sesiones. En la primera, del 20 de junio, se discutió la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad. Por una parte, se analizó si era posible conocer respecto de la modificación de un artículo transitorio. La mayoría de los ministros consideraron que al no haber cesado los efectos de esa disposición era posible conocer sobre su constitucionalidad. Mientras que una minoría de ministros consideraban que el transitorio se había agotado al momento de la designación y toma de protesta de los magistrados, por lo que debía desecharse.

Por otro lado, también se analizó la legitimación de los partidos políticos promoventes para interponer una acción de inconstitucionalidad de este tipo, para lo cual debían valorar sí el contenido del decreto que se impugnaba era electoral o no. En este caso, también hubo una votación dividida, en la que una mayoría de integrantes del Pleno optó por la procedencia de la acción de inconstitucionalidad.

Al analizar el fondo del proyecto la discusión se centró esencialmente en tres temas: (i) si se afectaba o no la independencia judicial del TEPJF; (ii) si se había violado el procedimiento de designación al modificar los plazos de duración del cargo después de haber iniciado el proceso e incluso de haber hecho formalmente la designación y tomado protesta a los nuevos integrantes de la Sala Superior y; (iii) si la reforma impugnada rompía con  la intención del escalonamiento para la renovación del órgano jurisdiccional diseñado en la reforma de 2007-2008.

¿Qué resolvió la Suprema Corte?

La ampliación del plazo de los cargos de 4 magistrados es un poco inconstitucional, pero un poco más constitucional.

Cinco ministros (Gutiérrez, Cossío, Zaldívar, Franco y Piña) consideraron que sí se había vulnerado el proceso de designación previsto en el artículo 99 de la Constitución y, con ello, la independencia del máximo órgano de impartición de justicia electoral de nuestro país, así como el escalonamiento en su renovación que se buscó en la reforma de 2007-2008.

En sentido opuesto, los ministros Aguilar, Luna Ramos, Láynez, Medina Mora, Pardo y Pérez Dayán a partir de los mismos argumentos del proyecto, pero usándolos en sentido opuesto, y alegando que los precedentes no resultaban exactamente aplicables, sostuvieron que la ampliación de los tiempos de duración de los cargos fortalece la independencia judicial del órgano jurisdiccional y que la modificación legal es válida pues si bien los 4 magistrados habían protestado el cargo todavía no habían tomado posesión del mismo, de ahí que el proceso no había concluido. Habría que destacar que el ministro Pérez Dayán estuvo ausente durante toda la discusión y apareció en la última sesión para inclinar la balanza a favor de la constitucionalidad de la reforma legal cuestionada.

Un golpe a la legitimidad de las designaciones

Tras un proceso de designación en el que el desempeño poco transparente del Senado de la República levantó cuestionamientos respecto del reparto de magistraturas bajo la lógica de cuotas partidistas y la posterior modificación legal para ampliar la duración del cargo de 4 magistrados la legitimidad de la nueva integración de la Sala Superior se vio mermada.

La Suprema Corte tuvo la oportunidad de recomponer esta dañada legitimación a partir de un fallo con argumentos convincentes en un sentido u otro; sin embargo, después de 4 sesiones y con escaso debate, pues más bien cada integrante del Pleno únicamente se ocupó de fijar su posición respecto del proyecto, se validó jurídicamente un acuerdo político que desconoció el proceso constitucional para designar a los integrantes de la Sala Superior. Con lo cual seguramente de manera formal algunos podrán decir que el actuar del legislativo es constitucional, lo cierto es que los que seguimos la discusión sabemos que dicha constitucionalidad es endeble. Al menos 5 de los 11 integrantes de la Suprema Corte así lo consideran y a partir de argumentos mucho más sólidos que los de la mayoría –los cuales son más bien enteramente endebles-, como lo evidenció el ministro Gutiérrez Ortíz Mena en su última intervención.

Además, no podemos ignorar el peligroso precedente que se originó, pues la mayoría de ministros dejaron la puerta abierta para que en futuros procesos de designación los legisladores puedan manipular a su antojo los nombramientos mediante reformas legales que sobrepasan las disposiciones constitucionales.

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en temas electorales y director de Strategia Electoral. Twitter: @espinosasilis


1 Para abundar en los argumentos del proyecto vale la pena consultar http://bit.ly/2thFBxg

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En las elecciones recientes, se ha vuelto algo común que los partidos políticos soliciten al Instituto Nacional Electoral (INE) que asuma o atraiga la organización de los procesos electorales locales o al menos algunas de las funciones y atribuciones que son propias de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Esto ha generado mucha confusión entre propios y extraños, por ello buscaremos explicar qué implica que el INE asuma o atraiga las elecciones locales.

elecciones

La reforma político-electoral de 2014 trajo cambios significativos para la organización de las elecciones, el INE se convirtió en el órgano rector del sistema nacional de elecciones, lo que implica que a diferencia del entendido anterior en el que el IFE organizaba las elecciones a nivel federal y los institutos electorales de cada entidad se encargaban de las elecciones locales, desde 2014, el INE y los denominados OPLE —antes institutos electorales locales— son corresponsables de la organización de las elecciones locales.

Esto implica que la autoridad electoral debe coordinarse con las 32 autoridades electorales locales que existen en el país, para que en conjunto organicen elecciones de diputaciones locales, integrantes de los ayuntamientos y de gubernaturas. De tal manera que se crea un modelo de administración electoral híbrido (Marván, 2014) en el que además de coexistir las autoridades electorales, igualmente lo hacen las leyes generales y las locales.

Facultades especiales del INE: asunción, atracción y delegación

Dado que el INE es la cabeza de este sistema, se le concedieron facultades especiales para que pudiera garantizar que en todas las entidades federativas las elecciones se lleven a cabo bajo los mismos estándares de calidad y sin presiones políticas, sociales, económicas e ilícitas. Estas facultades especiales que tiene el INE respecto de la función electoral que corresponden a los OPLE son: asunción, atracción y delegación.

La asunción es la atribución que permite al INE realizar total o parcialmente las facultades del OPLE en un proceso electoral local. Dependiendo del alcance de la asunción existirán temporalidades distintas para su solicitud. En el caso de asunciones totales, la misma deberá realizarse previo al inicio del proceso electoral del que se trate, las asunciones parciales podrán solicitarse en cualquier momento y sobre competencias específicas del OPLE.

Esta facultad se puede ejercer cuando se acredite que en la entidad de que se trate se presenten condiciones sociales que puedan afectar la paz pública o poner en riesgo los principios de la función electoral, o cuando no existan condiciones que garanticen la autonomía o imparcialidad de la autoridad electoral local y ello pueda poner en riesgo la organización de la elección.

Por otro lado, la atracción es la facultad que tiene el INE para conocer respecto de una atribución especifica de los OPLE o inclusive sobre un asunto en particular, se justifica dada la trascendencia o la novedad en el posible criterio de interpretación. La atracción se puede producir en cualquier momento del proceso electoral.

La delegación es la facultad que tiene el INE para conferir atribuciones que son propias, a la potestad de los OPLE. La delegación de facultades se debe realizar antes de iniciado el proceso electoral; sin embargo, el INE puede reasumir las funciones delegadas en cualquier momento.

Un aspecto importante a considerar es que solamente se encuentran legitimados para solicitar el ejercicio de las facultades especiales, los consejeros del INE y de los OPLE, en cuyo caso deberá aprobarse por el voto de al menos ocho de los consejeros de la autoridad nacional. Cabe señalar que el ejercicio de las tres facultades descritas es a criterio del consejo general del INE.

El ejercicio de estas facultades especiales es extraordinario. El sistema nacional electoral establece las facultades y atribuciones que tienen las autoridades electorales locales y la nacional. A partir de ello se debe buscar una adecuada coordinación para la organización de las elecciones, por lo que solo cuando existan condiciones que justifiquen que el INE realice de manera supletoria dichas las facultades y atribuciones es que se podrá ejercer la asunción o la atracción.

Creemos que los supuestos previstos dan un amplio margen de discrecionalidad para el INE, por lo que pueden constituir una camisa de once varas y, en su caso, con el potencial de derivar en distintas arbitrariedades, tanto en su ejercicio como en su omisión. Por ello, el INE tiene la compleja labor de brindar claridad sobre la manera en que ejercerá cada una de las atribuciones, de forma que su ejercicio no rompa con la coordinación y armonización que se debe buscar para consolidar el sistema nacional de elecciones.

Asumir las elecciones locales en los estados de México y Nayarit

Al inicio de las campañas electorales, el Partido Acción Nacional (PAN) solicitó al INE que ejerciera su facultad de asunción parcial respecto de la elección en el estado de México. En concreto, solicitó que asumiera las facultades respecto del programa de resultados preliminares (PREP) y el conteo rápido, específicamente lo relativo a la digitalización de las actas desde las casillas. También solicitó que asumiera las funciones de la oficialía electoral.

Para justificar lo anterior, el PAN esencialmente sostuvo que el INE tiene un mayor expertise para la realización del PREP y el conteo rápido que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Respecto de las funciones de la oficialía electoral, el argumento del partido se centró en que la oficialía electoral del IEEM, a su consideración, no había desempeñado adecuadamente sus funciones. Esto en el caso de ciertas solicitudes efectuadas por el propio partido, mismas que derivaron en litigios electorales en los que los órganos jurisdiccionales competentes confirmaron la actuación de la autoridad electoral local.

A la fecha en que se elabora este texto, el consejo general del INE no ha dado respuesta al PAN sobre su solicitud de asunción parcial de la elección de gobernador en el estado de México.

En el caso de Nayarit, por su parte, los consejeros del OPLE solicitaron en diciembre al INE que asumiera la implementación, operación y ejecución del conteo rápido; del programa de resultados electorales preliminares, así como de la recepción de paquetes electorales en los consejos municipales, así como la designación de los secretarios de los consejos municipales. La solicitud que hizo la autoridad electoral local se sustentó en su falta de capacidad —económica y humana— así como en carencias estructurales del propio Instituto.

El INE determinó procedente asumir la realización del conteo rápido y del PREP, así como la designación de los secretarios de los consejos municipales (INE/CG05/2017), esto en virtud de que consideró que el OPLE de Nayarit tiene una debilidad operativa y organizacional en su estructura, pues carece de personal calificado y con la experiencia suficiente, lo que puede afectar la correcta organización de la elección local.

A diferencia de lo que ocurre en el estado de México, donde el IEEM tiene una estructura amplia, cuenta con funcionarios capacitados y tiene un presupuesto suficiente para afrontar la elección, el caso de Nayarit es opuesto. Hasta 2016, la autoridad electoral local no era de carácter permanente, lo que implica que solamente funcionaba durante los procesos electorales, además ese OPLE apenas se conformó en 2015 cuando se designaron consejeros. Un ejemplo claro de las diferencias que existen entre un OPLE y otro es el presupuesto, pues mientras el IEEM cuenta para la elección de gobernador de este año un presupuesto de $1,402,000.00, al OPLE de Nayarit le fueron asignados $166,794,900.00 -aunque ciertamente la diferencia entre los padrones electorales también es considerable.

Esto no solo justifica que en el caso de Nayarit, desde hace varios meses el INE asumiera de manera parcial la organización de la elección local, pues no existían condiciones que permitieran a la autoridad electoral subnacional organizar las elecciones locales sin poner en riesgo los principios de la función electoral. En cambio, en el estado de México, el PAN hace la solicitud de asunción parcial que parece sustentarse más en motivos políticos que en jurídicos o técnicos, pues no solo omite justificar su solicitud en los supuestos legales, sino que lo hace a unas semanas de que se lleve a cabo la jornada electoral, lo que de aceptarse pondría al INE en una posición muy complicada para llevar a cabo las funciones que solicita. Ello sin olvidar que los partidos políticos no están legalmente facultados para solicitar al INE el ejercicio de sus facultades especiales, aunque en la práctica lo hayan hecho en múltiples ocasiones.

Estos casos, dejan ver que los partidos políticos han hecho un uso mediático de la facultad de asunción, pues las han utilizado para deslegitimar a la autoridad electoral local cuando parece que las preferencias electorales no les favorecen o se prevé un resultado estrecho, contribuyendo con ello a enrarecer el ambiente electoral y poniendo mayor presión sobre el OPLE y el INE.

Otros casos en los que el INE ha ejercido sus facultades especiales.

El único caso en el que se el INE ha asumido una elección de manera total es el de la elección extraordinaria de gobernador en Colima, la cual fue asumida por el INE (INE/CG902/2015), de manera que el Instituto Electoral local no intervino en este proceso electoral. Llama la atención que el INE asumió la elección al actualizarse uno de los supuestos a criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quién al resolver la impugnación en la que declaró nula la elección de gobernador ordinaria (SUP-JRC-678/2015), ordenó al INE asumir los comicios.

Lo paradójico del tema es que la única elección local que hasta ahora ha asumido totalmente el INE, se hizo por mandato del TEPJF, lo que implica que se dejó al margen de la decisión de asunción al propio INE (Cano, 2016).

En cuanto a la asunción parcial, el INE la ha ejercido en distintas ocasiones, por ejemplo: para la realización del programa de resultados electorales preliminares en los estados de Durango, Sinaloa y Tlaxcala, a partir de solicitudes de los propios órganos, reconocidas las carencias en cada caso para operar un PREP que garantice rapidez y certeza en los resultados preliminares.

También existen una importante cantidad de asuntos en los que el INE ha ejercido su facultad de atracción para sentar criterios o precedentes de temas tan diversos como la designación de funcionarios en los organismos electorales, las coaliciones, cómputos distritales y municipales, registro de representantes, entre otros. Buena parte del contenido que actualmente es parte del reglamento nacional de elecciones partió de los criterios establecidos en el ejercicio de la facultad especial de atracción.

Hasta ahora, no existe antecedente alguno de que el INE haya delegado alguna facultad a los OPLE.

En suma, el INE ha valorado las condiciones particulares en cada caso a efecto de determinar si procede o no el ejercer la facultad de asunción o atracción, lo que deja ver que existen diferencias abismales entre las capacidades y estructuras de cada OPLE, así como en las condiciones políticas y sociales de las 32 entidades federativas. Es un hecho es que existen un importante número de OPLE cuyas capacidades son bastante limitadas ya que carecen de la capacitación y experiencia necesaria, así como no contar con una estructura suficiente, ni con los recursos económicos requeridos.

¿Qué podemos esperar para 2018?

En 2018 se realizarán elecciones federales concurrentes con los comicios locales de 29 entidades federativas. Sin duda el clima electoral será tenso, las elecciones serán competidas y las descalificaciones entre contrincantes y hacia las autoridades electorales estarán a la orden del día. Por lo que es de esperarse que en los próximos meses veamos numerosas solicitudes para que el INE asuma –total o parcialmente- la elección en una o varias entidades federativas.

Para no caer en el juego, recordemos que la asunción, atracción y delegación son facultades que solo el INE puede ejercer. Su naturaleza es extraordinaria y únicamente las pueden solicitar los consejeros electorales del INE o la mayoría de los integrantes del órgano electoral local, el ejercicio de la facultad siempre debe ser aprobado por una mayoría de al menos 8 consejeros electorales del INE.

Dado el contexto que se vive en muchas entidades federativas, el ejercicio de estas facultades requiere que el INE cuente, desde ahora, con un diagnóstico puntal sobre el contexto político y social que se vive a nivel local, un seguimiento y análisis permanente sobre si existen condiciones para la celebración pacífica y libre de comicios locales o no.

Adicionalmente consideramos pertinente plantear algunas interrogantes sobre el ejercicio de estas facultades especiales. ¿El INE tendrá capacidad de organizar la elección federal y además asumir total o parcialmente una o más elecciones locales? Dado lo grande de la elección de 2018 y la complejidad que representará su organización, en principio pareciera ser que el INE tendría que delegar facultades, en lugar de atraer o asumir. En tal circunstancia, ¿están capacitados los OPLE y cuentan con suficiencia presupuestal y humana para asumir alguna función del INE en comicios locales?

Si la afectación de la paz pública o la falta de condiciones políticas son motivos para asumir la organización de una elección local, ¿hasta dónde se considerará que en las entidades federativas se actualizan esas causales? De manera somera parecería que varias entidades federativas no pasan por su mejor momento en materia de seguridad, lo cual sin duda afecta la paz pública, así como tampoco se percibe estabilidad política que genere condiciones para celebrar comicios de calidad.

Desde esa perspectiva, ¿el INE tiene mayor capacidad para organizar las elecciones que las autoridades electorales locales? Al final de cuentas, ni la paz pública ni las condiciones políticas son factores que dependan de las autoridades electorales, por el contrario garantizar las condiciones políticas y de seguridad corresponde a los gobiernos federales y locales. Claro ejemplo de ello fue Oaxaca en 2015, donde a pesar de las condiciones adversas se llevaron a cabo elecciones y los hechos de violencia y protesta social no fueron motivo de afectación de los comicios, salvo Tíxtla en el resto de las elecciones locales se validaron por las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales.

Estas son solo algunas preguntas con relación a las facultades especiales del INE. Sin lugar a duda existen muchas más que pasan -entre otros- por aspectos vinculados a la libertad de configuración normativa de los estados y la necesidad o no de que el INE establezca —en ejercicio de sus facultades vigentes desde 2014— condiciones que brinden mayor certeza ante los no pocos casos de omisión legislativa, de lo que conviene citar a manera de ejemplo los grandes vacíos en las legislaciones locales sobre reelección y que sin duda -además de ser novedoso y trascendental- tiene el potencial real de afectar la calidad de las elecciones locales de 2018.

Arturo Espinosa Silis. Especialista en temas electorales y director de Strategia Electoral. Twitter: @aesupd

Francisco Rojas Choza. Cursa la maestría de análisis político en la Universidad de Guanajuato y coordina el Observatorio Electoral de Strategia Electoral. Twitter: @rojaschoza


Fuentes:

Cano, Rosa María, La anulación de la elección de gobernador en el Estado de Colima y su impacto en el federalismo electoral, en La (In)Justicia Electoral a Examen, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Centro de Investigación y Docencia Económica, 2016, pp. 155-179.

Marván, María, (2014) “Reforma electoral 2013–2014. Centralización como alternativa al sospechosismo”, En Análisis Plural, primer semestre de 2014, ITESO, Tlaquepaque. Disponible en: http://bit.ly/2rIWP2P

Sánchez. Arturo, Vives, Horacio, Las nuevas atribuciones del INE al interior de las elecciones locales, Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 6, 2014, pp. 141-155.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Reglamento de Elecciones, Instituto Nacional Electoral.

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En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la compleja labor de resolver las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas a efecto de controvertir la constitucionalidad de la Constitución de la ciudad de México.

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Una vez publicada la Constitución de la ciudad de México, se tenían 30 días para ejercer los medios de control de constitucionalidad previstos en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional. En este caso, los partidos políticos Morena y Nueva Alianza, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y el Senado de la República, promovieron acciones de inconstitucional, el Consejero Jurídico de la Presidencia y el Tribunal Superior de Justicia de la misma ciudad de México, presentaron controversias constitucionales.

Muchas son las interrogantes que surgen en torno al tema, pues todo lo que ha rodeado a la asamblea constituyente de la ciudad de México resulta novedoso y poco explorado desde el ámbito jurídico y político.

En principio, debemos considerar que a diferencia de otras acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales que han sido del conocimiento de la Suprema Corte, en este caso, existe un componente político importante, el cual ha atraído los reflectores de los medios de comunicación. Basta con señalar que quienes fueron constituyentes, algunos funcionarios del gobierno de la ciudad de México, así como ciertos representantes de los partidos políticos, han realizado manifestaciones de extrañeza por el hecho de que los sujetos legitimados solicitaran a la Suprema Corte que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la nueva Constitución de la ciudad de México.

Sin abundar en las aristas políticas, creo que no debemos olvidar que el control de constitucionalidad es un elemento esencial en cualquier democracia. Fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y la observancia de los principios constitucionales rectores del Estado.

En cuanto a lo jurídico, vale la pena reflexionar sobre algunas cuestiones que se derivan de estas impugnaciones en contra de la Constitución de la ciudad de México, y que sin lugar a dudas detonarán un debate más abierto sobre el control de constitucionalidad.

En primer lugar, puede sonar extraño que una nueva Constitución creada por una asamblea constituyente sea sometida a un control de constitucionalidad, pero no podemos perder de vista que vivimos en un Estado constitucional de derecho, en el que todo ordenamiento jurídico debe adecuarse a lo establecido en la Constitución federal y, en este caso, al tratarse de una Constitución de carácter local la regularidad constitucional debe garantizarse por parte de la Suprema corte —sin importar el origen legislativo que tenga.

En el plano estrictamente procesal, surge una pregunta no menor: ¿quién será el encargado de defender a la Constitución de la ciudad de México? Dado que no existen reglas claras por tratarse de una impugnación poco usual. Es decir, el cuestionar una Constitución recién creada por una asamblea constitucional, es posible pensar en algunas alternativas. Primero, cabe la posibilidad de que se convoque nuevamente a la asamblea constituyente, aunque jurídicamente ya desapareció al aprobar este texto constitucional; también podría considerarse a la asamblea legislativa dado que es el órgano legislativo en funciones de la ciudad de México o; en su caso, ya que el Jefe de Gobierno fue el encargado de publicar la nueva Constitución, éste podría asumir la defensa del texto constitucional —vale mencionar que de cualquier forma deberá comparecer como sujeto responsable.  Cabe señalar que determinar el responsable de defender la Constitución de la ciudad de México, será uno de los primeros aspectos que tendrá que resolver Javier Laynez, en su calidad de ministro ponente de estos asuntos.

En cuanto al fondo de las impugnaciones, es interesante conocer los temas que se plantean, pues si bien son un número importante de conceptos de invalidez que se hacen valer —más de 50—, estos se pueden agrupar en cuatro rubros generales.

1. El Constituyente de la ciudad de México reguló materias que son exclusivas de la federación y, por tanto, existe una posible invasión a la esfera de competencias tanto del ejecutivo como del legislativo federal;

2. Algunas disposiciones contravienen los mecanismos constitucionales y convencionales de derechos humanos, ya sea porque modifican la protección que constitucionalmente se les otorga o porque contemplan derechos que no están expresamente previstos en la Constitución federal;

3. Hay disposiciones que son ambiguas y, por tanto, pueden considerarse contrarias al texto de la carta magna, y

4. Algunos de los temas regulados van más allá de lo dispuesto por el texto constitucional, por lo que la Constitución de la ciudad de México excede lo establecido por la Constitución federal de nuestro país;

Así, en concreto, la Suprema Corte deberá pronunciarse sobre el alcance de gran parte de las disposiciones de la Constitución de la ciudad de México, tales como:

• Que la asamblea de la ciudad de México se integre por la mitad de legisladores electos por el principio mayoría relativa y la otra mitad por el de representación proporcional.

• La validez de la revocación de mandato como mecanismo de rendición de cuentas y una figura de democracia directa.

• La autonomía de las alcaldías para acceder a recursos públicos y determinar la remuneración de sus servidores públicos.

• El uso medicinal de la mariguana y la eutanasia como derechos humanos de los ciudadanos de la ciudad de México.

• Los alcances del control de constitucionalidad que podrá ejercer el Tribunal Superior de Justicia.

• La validez del mecanismo para integrar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial local.

• La posible invasión de competencias federales, derivada de la regulación de ciertos aspectos relacionados con la salud, el agua, la educación, política exterior y cuestiones laborales.

• El mecanismo para reformar la Constitución local.

• Los requisitos que se establecen para declarar la nulidad de una elección a nivel local.

Estos son sólo algunos de los temas respecto de los cuales existe controversia. La revisión que lleve a cabo la Suprema Corte respecto de la constitucionalidad de la Constitución de la ciudad de México servirá para darle mayor legitimidad al propio texto constitucional. Sin que esto implique que los ministros vayan a ser el constituyente último, pues su función únicamente consistirá en determinar la validez o invalidez de las disposiciones constitucionales y, en todo caso, señalar la interpretación que se le debe dar a aquellas disposiciones que considere poco claras. De tal manera que, si se llegaré a declarar la invalidez de algún precepto, será el órgano reformador de la Constitución local quien pueda responder con las modificaciones que considere. Sin duda, pues, habrá que estar pendiente de lo que resuelva el máximo tribunal constitucional de nuestro país.

Arturo Espinosa Silis. Licenciado y maestro en derecho. Twitter: @aesupd

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En días pasados el Partido Revolucionario Institucional manifestó su intención de impulsar una consulta popular a efecto de someter a la consideración ciudadana la reducción del Congreso de la Unión. Concretamente, disminuir el número de legisladores electos por el principio de representación proporcional. En el caso de los Diputados quitar la mitad –pasar de 200 a 100 diputados- y en el caso de los Senadores eliminar por completo a los 32 que se eligen bajo este sistema.

voladoLa ley define a la Consulta Popular como un mecanismo de participación ciudadana, a través del cual se ejerce el derecho a votar a fin de opinar respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional (artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular). La pregunta debe ser calificada en cuanto a su legalidad por la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional Electoral tiene su cargo la organización para recabarla.

La Consulta Popular puede ser solicitada por el Presidente de la República, el 33% de los integrantes del Congreso de la Unión, o el 2% de los ciudadanos que integren la lista nominal[i], (artículo 35 constitucional). Actualmente ese 2% equivale a 1,605,120 ciudadanos.

La Constitución también señala los temas que no pueden ser objeto de consulta: restricciones a los derechos humanos reconocidos por la Constitución; las definiciones relativas a la forma de gobierno establecidas en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, y la organización y operación de las fuerzas armadas.

Sobre el contenido de la Consulta Popular planteada por el PRI algunos han planteado la interrogante de si ¿el tema es materia electoral? Será la Suprema Corte quien en su momento, y en caso de que el partido consiga el apoyo ciudadano suficiente, conteste esta interrogante. No obstante, analíticamente es útil revisar los argumentos que sostienen que preguntar sobre la disminución de legisladores plurinominales es materia electoral y, por tanto, no pude ser materia de Consulta Popular, frente a los argumentos que sostienen que no, que forma parte del ámbito de asuntos parlamentarios y, por ello, es legal plantearla.

Sobre las razones de la representación proporcional conviene hacer una breve revisión. El principio de representación proporcional cuenta con tres características que según Luigi Ferrajoli lo hacen más idóneo que ninguno otro para asegurar la representación política:[ii] (i) garantiza la igualdad de los ciudadanos en los derechos políticos de voto, así como que se produzcan instituciones representativas de todo electorado; (ii) es el único capaz de utilizar todos los votos válidos a fin de garantizar la igualdad electoral de los ciudadanos, la cual, equivale a la igualdad política, y (iii) refleja y reproduce de mejor manera el pluralismo de las opiniones políticas, la heterogeneidad de los intereses y los conflictos de clases que atraviesa el electorado, es decir, la complejidad de la sociedad.

En México, con un solo voto se eligen a más de un candidato, mediante dos sistemas distintos, mayoría relativa y representación proporcional. Esto resulta complejo y pudiera ser confuso para muchos ciudadanos, por lo que trataré de explicar brevemente cómo funciona.

En el caso de los Diputados, la Cámara se integra por 500 legisladores, de los cuales 300 se eligen bajo el principio de mayoría relativa, mediante el voto ciudadano directo. El país se divide en 300 distritos electorales, de manera que en cada distrito, los electores eligen a un candidato que los represente ante el órgano legislativo en forma directa.

Los 200 diputados restantes se designan mediante el principio de representación proporcional, para ello, el país se encuentra dividido en 5 circunscripciones plurinominales, de manera que por cada circunscripción existe una lista de cada partido político o coalición integrada por 40 candidatos que serán electos por este medio. Al momento en que el elector emite su voto por un candidato de mayoría relativa, su voto también computa para efectos de la elección de representación proporcional en la circunscripción que integre. Se busca que los partidos políticos que no obtuvieron mayoría de votos, pero que tienen una votación que es superior al 3% de la votación emitida cuenten con diputados de representación proporcional, de manera que la votación que obtuvieron tenga presencia en el órgano legislativo.

La fórmula para asignar a los Diputados de representación proporcional está prevista en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A partir de ello, la autoridad electoral asigna las diputaciones que correspondan a cada partido conforme a los candidatos que integran la lista presentada por cada partido político o coalición en la circunscripción que corresponda.

Por su parte, la Cámara de Senadores se integra por 128 legisladores, 64 son electos bajo el principio de mayoría relativa en una proporción de dos Senadores por cada entidad federativa, 32 son electos bajo el criterio de primera minoría y los 32 restantes bajo el principio de representación proporcional. En este caso, los partidos políticos presentan una sola lista de candidatos a Senadores por el principio de representación proporcional para todo el país y será mediante la aplicación de la fórmula de distribución de senadurías que se asignará a cada partido político las que corresponda.

Entendiendo cómo funciona la representación proporcional, habría que delimitar hasta dónde es materia electoral y hasta donde parlamentaria.

El derecho electoral se ocupa de lo relacionado con la elección de los integrantes del Congreso de la Unión a través de ambos principios, esto es, el proceso de selección de candidatos, el registro de los mismos, la integración de las fórmulas de candidatos, la integración de las listas de representación proporcional que conforma cada uno de los partidos políticos o coaliciones, las precampañas y campañas que realizan los aspirantes y candidatos a cada uno de los cargos de elección popular, los resultados de la elección, la declaración de validez de la elección, la entrega de las constancias de mayoría, la aplicación de la fórmula de representación proporcional e incluso el acceso al ejercicio del cargo.

Por su parte, el campo del derecho parlamentario versa sobre la composición e integración del Congreso, esto es, el número de legisladores que integran el órgano legislativo, la forma de organización interna, como es la conformación de grupos parlamentarios, y desde luego, el ejercicio de las atribuciones y facultades inherentes al cargo como legislador.

De acuerdo con el aviso de intención para realizar una Consulta Popular presentado por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (consultable aquí), la pregunta que busca formular este partido es: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”

De este cuestionamiento es necesario distinguir dos ámbitos: uno que involucra la composición del Congreso de la Unión, es decir, el número de integrantes que integran cada una de las Cámaras y otro que implica el método de elección de los legisladores que integran el órgano parlamentario.

Por ello, existen opiniones -informadas y no- que consideran que el tema de la Consulta Popular es electoral o bien parlamentario. Me parece que bordea en los límites entre ambas materias. Lo relevante consistirá en determinar si involucra aspectos que tienen que ver con la elección de Diputados y Senadores bajo el principio de representación proporcional o si únicamente involucra la composición e integración del Congreso de la Unión al reducir el número de legisladores, con independencia del método de selección.

Dicho en otras palabras, si el objeto de la consulta es únicamente reducir el número de Diputados y Senadores que conforman el Congreso de la Unión o si la misma trasciende a los aspectos vinculados al mecanismo de elección de los mismos y con ello a la materia electoral.

Me parece que la línea entre estos dos temas es muy fina, pues si bien la composición del Congreso desde el punto de vista del número de integrantes que debe tener es un debate ajeno a la materia electoral, lo cierto es que los efectos de una determinación así pueden tener impacto en el ámbito electoral. Esto se debe a que de manera indirecta repercuten en el proceso de elección ya que al tener un Congreso más pequeño, la distribución de fuerzas políticas necesariamente será distinta. Lo cual  se acentúa si consideramos que algunos partidos políticos únicamente cuentan con legisladores electos bajo el principio de representación proporcional, lo cual podría incidir en el sentido del voto que emitan los ciudadanos, lo que involucra la materia electoral.

Arturo Espinosa Silis. Abogado, especialista en temas electorales y maestro en cerecho. Twitter: @aesupd

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[i] El listado nominal de electores se integra por 80,256,024 ciudadanos.

[ii] FERRAJOLI, LUIGI, Principia Iuris, teoría de la democracia, Trota, Madrid, 2011, p. 179.

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La importancia que adquirieron los procedimientos especiales sancionadores en los últimos dos procesos electorales federales motivó una reforma constitucional. La reforma publicada en febrero de este año divide la tramitación del procedimiento. A partir de octubre de este año, los procedimientos especiales serán tramitados por dos autoridades: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)[1].

El INE tiene que recibir las quejas, emplazar a las partes, realizar diligencias -cuando se requiera-, escuchar a las partes en audiencia, formular conclusiones y remitir el expediente a la autoridad jurisdiccional. Mientras que el TEPJF tiene que recibir el expediente, evaluar las constancias, determinar si requiere mayores diligencias y resolver las quejas (absolver o sancionar).

urnasPara operar el nuevo procedimiento, el INE debe crear la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que dependerá de la Secretaría del Consejo General, mientras que el Poder Judicial debe crear una Sala Especializada en el TEPJF. La creación de la Unidad Técnica no representa un procedimiento complejo ni un reto  mayor. El INE puede optar por escindir una parte de la actual dirección jurídica para crear esta nueva Unidad o, en su caso, transformar esa dirección, cambiarle el nombre y crear las áreas que se necesiten. En cuanto a la designación del titular, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que es atribución del presidente del INE proponer al consejo general de éste a la persona en cuestión.

Sin embargo, la creación de la nueva Sala Especializada sí representa un procedimiento y un reto no menor. La Sala estará integrada por tres magistrados electorales que serán designados mediante un procedimiento[2] que inicia ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los cuales deben formular una propuesta de ternas a la cámara de Senadores para que ésta designe a los magistrados. La duración en el cargo es de nueve años y su renovación será escalonada.

Para acomodar a la Sala Especializada dentro del TEPJF, se reformó y adicionó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[3], cuyos artículos transitorios disponen que el Senado debe designar a los magistrados integrantes antes de que inicie el proceso electoral 2014-2015[4]; una vez integrada la Sala, ésta iniciará sus funciones y ejercerá las atribuciones que le han sido otorgadas.

El principal reto de la Sala Especializada consiste en resolver oportunamente todos los procedimientos especiales sancionadores que le remita el INE. Lo que no es poco si consideramos que esto significa arbitrar las disputas políticas[5] durante los procesos electorales. La resolución expedita y eficaz tiene el fundamental propósito de mantener el equilibrio de las condiciones de competencia en los comicios. Para tener una idea de lo que significa resolver estos procedimientos, basta saber que en el proceso electoral de 2009 el IFE resolvió 1,026 procedimientos especiales sancionadores, mientras que en el proceso electoral de 2012 resolvió 1,371.

A partir de los próximos procesos electorales, que darán inicio en octubre, la sustanciación y resolución de los procedimientos especiales sancionadores será una labor que compartirán el INE y el TEPJF. En general, el INE tendrá un plazo máximo de 24 horas para admitir o desechar la denuncia, si la denuncia es admitida debe citar a las partes para que comparezcan a una audiencia que tendrá lugar dentro de las 48 horas posteriores a la admisión, celebrada la audiencia el INE debe enviar de inmediato a la Sala Especial el expediente y un informe circunstanciado.

Una vez que Sala Especializada reciba el expediente, debe verificar que esté bien integrado, si considera que no lo está debe ordenar o realizar las diligencias que estime necesarias y establecer el plazo para llevarlas a cabo. Una vez que el expediente esté debidamente integrado, el magistrado ponente tendrá un plazo de 48 horas para poner a consideración del pleno de la Sala Especializada el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento sancionador. Este Pleno debe resolver el asunto en el plazo de las 24 horas siguientes contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución. Las resoluciones que emita la Sala Especializada podrán ser recurridas a través de un medio de impugnación llamado recurso de revisión ante la Sala Superior del propio TEPJF. Así, el esquema básico del procedimiento será el siguiente:

tabla-sala-especializada

A nuestro parecer lo anterior genera diversos retos, entre los que destacan:

1) Dos autoridades de naturaleza distinta, un solo procedimiento. La regulación prevé un híbrido, pues la sustanciación (admisión o desechamiento, emplazamiento, audiencia de pruebas y alegatos, diligencias de investigación, desahogo de pruebas y desarrollo de conclusiones) del procedimiento la llevará a cabo una autoridad de carácter administrativo (INE), mientras que la emisión de la resolución estará a cargo de un órgano jurisdiccional (Sala Especializada). Un aspecto no menor es que la parte que deberá resolver -la Sala Especializada- tendrá sólo 48 horas para verificar que el INE hubiese realizado correctamente la sustanciación de la queja o denuncia, conocer todas las actuaciones del expediente y elaborar un proyecto de sentencia o, en su caso, devolver tal expediente para subsanar alguna deficiencia.

2) Medidas procesales. Desde la introducción del procedimiento especial sancionador en el proceso electoral de 2006 (entonces creado mediante el SUP-RAP-17/2006 y posteriormente incluido en la legislación electoral en la reforma de 2008), la Sala Superior del TEPJF ha emitido diversos criterios a efecto de garantizar el debido proceso y el derecho de audiencia de las partes. De manera que ha considerado que no obstante lo sumario del mismo, se debe emplazar a todos los afectados, cuidando que se les notifique correctamente y se les haga de su conocimiento los hechos denunciados y las pruebas con las que se pretenden acreditar las acusaciones. También ha considerado que se deben llevar a cabo diligencias de manera exhaustiva a efecto de investigar los hechos denunciados, se debe garantizar plenamente el derecho de audiencia y, en general, cumplir todas las formalidades del procedimiento sin perder el carácter de sumario.

A partir de la presente legislación se deberán ajustar algunos criterios, pues en caso de que la Sala Especializada consideré que existe algún defecto en la sustanciación del procedimiento, debe decidir si devolverá las actuaciones al INE o si ordenará a su personal que la desahogue. Será interesante conocer si podrá apoyarse en las Salas Regionales del TEPJF, en aquellos casos en que la conducta se haya realizado fuera del Distrito Federal, lugar donde tendrá su residencia. Misma situación ocurrirá cuando sea la Sala Superior vía el recurso de revisión, quien conozca de los fallos emitidos por la Sala Especializada. El mayor desafío de la decisión que se tome será el garantizar la resolución en el tiempo más breve posible.

Desde ahora parece advertirse el posible conflicto que las devoluciones (para ampliación de diligencias) de la Sala Especializada al INE podrían representar en las relaciones entre estas autoridades y sobre todo para la resolución expedita de los casos.

3) Elaboración de conclusiones del INE. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla que una vez celebrada la audiencia y junto con el envío del expediente a la Sala Especializada, el INE debe remitir un informe circunstanciado en el que, entre otras cosas, realice las conclusiones de la queja o denuncia. Ello puede entenderse como la emisión de un pronunciamiento sobre la actualización o no de la conducta denunciada, esto es, sobre la posible responsabilidad de los sujetos denunciados o su descargo. Lo que pareciera injustificado, pues finalmente será la Sala Especializada quien en su calidad de juzgador debe emitir el fallo que resuelva el procedimiento, para lo cual está obligado a estudiar los hechos y analizar todas las constancias que integran el expediente.

4) Concentración en un solo órgano. El INE puede tramitar el procedimiento especial por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, o bien por el de las 300 juntas distritales que lo integran; sin embargo, la legislación no es clara respecto si la Sala Especializada debe emitir la resolución para todos esos casos o, bien, si solo para los que le remita la Unidad Técnica.[6] Ahora bien, si la Sala Especializada solo resolverá éstos últimos, tendremos un aparente mismo procedimiento (al menos llamado igual) pero con importantes diferencias en la tramitación, pues se entendería que los procedimientos que tramiten las juntas distritales serían resueltos por éstas y revisados en segunda instancia por la Sala Regional de la circunscripción que corresponda de las cinco con que cuenta el TEPJF.

Seguramente la tramitación de los primeros procedimientos bajo este esquema analizado nos dará un mejor entendimiento de la nueva legislación y de lo que podemos esperar sobre este mecanismo de resolución de disputas electorales. Existen múltiples espacios no aclarados por la normatividad que requieren de definiciones. La actuación de las autoridades, así como sus criterios y precedentes deben proveer un marco de interpretación, de la Constitución y de las leyes, que permita resolver esas disputas sin generar nuevas tensiones entre las autoridades. Lo que se espera de las autoridades constitucionales es que soporten las presiones inevitables en la actividad política y que empleen las herramientas legales en forma proporcional, razonable y al mismo tiempo generen confianza y certeza por medio de su actuación.

Fabiola Navarro. Abogada, especialista en temas electorales y maestra en administración pública  Twitter: @fabbiolanavarro

Arturo Espinosa Silis. Abogado, especialista en temas electorales y maestro en cerecho. Twitter: @aesupd

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[1] Actualmente el Instituto Nacional Electoral tramita los procedimientos desde la recepción de la queja hasta su resolución.

[2] Ver detalles del procedimiento.

[3] La reforma también aumenta el número de Salas Regionales del TEPJF (de 5 pasará a 7) que deberán iniciar actividades en septiembre de 2017.

[4] Lo que sucederá la primera semana de octubre de 2014.

[5] Estos procedimientos se instauran por denuncias vinculadas a asuntos de propaganda electoral que vulneren el artículo 41 constitucional (propaganda en radio y tv), el párrafo octavo del artículo 134 constitucional (propaganda gubernamental) y quejas por los actos anticipados de campaña y precampaña previstos en la ley.

[6]Leemos una contradicción entre lo dispuesto en el artículo 250, párrafo 4, y el  474, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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El domingo 7 de julio se eligieron gobernador (Baja California), diputados locales y ayuntamientos en 14 entidades. Sin embargo, aún falta que las autoridades electorales de cada entidad realicen los cómputos definitivos de las elecciones, primero en los consejos distritales y municipales, según sea el caso, y luego los cómputos finales en el órgano máximo de cada instituto electoral local.

El cómputo final que emita el instituto electoral respectivo será definitivo en tanto no sea impugnado por algún partido político o candidato.

  • Partidos políticos: pueden impugar si estiman que se actualizaron alguna de las causas de nulidad de la votación recibida en casilla o de la elección previstas en la ley, o alguno de los candidatos ganadores sea inelegible[1] podrá controvertir los resultados de la elección para que se modifiquen o se anule toda la elección.
  • Candidatos: sólo pueden impugnar los resultados de la elección en caso de inelegibilidad del candidato ganador o la asignación por el principio de representación proporcional[2].
  • Los ciudadanos no pueden impugnar los resultados de una elección.[3]

El proceso para realizar los cómputos de la elección, las causas de nulidad de la votación o de la elección y el medio de impugnación que se tenga que presentar varían según la legislación local.

Impugnación en la instancia local. En caso de que se impugnen los resultados de cualquiera de las elecciones –diputados, integrantes de ayuntamiento o gobernador- Será el tribunal electoral de cada entidad quien conozca y resuelva en primera instancia los medios de impugnación que se presenten en contra de los resultados de la elección, pudiendo confirmar, modificar o anular los resultados de la elección.

Impugnación en instancias federales. Una vez emitida la sentencia por el tribunal local, la misma puede ser controvertida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Elecciones de diputados e integrantes de ayuntamientos. Las impugnaciones que se presenten en contra de una sentencia de un tribunal local que versen sobre los resultados de las elecciones de diputados e integrantes de ayuntamientos, las conocerán y resolverán las Salas Regionales de la circunscripción que corresponda:

Sala Regional Guadalajara

Durango

Baja California

Chihuahua

Sinaloa

Sonora (extraordinaria)

Sala Regional Monterrey

Coahuila

Aguascalientes

Tamaulipas

Zacatecas

Sala Regional Xalapa

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Sala Regional D.F.

Puebla

Tlaxcala

  1. Sala Regional Toluca

Hidalgo

Medios de impugnación procedentes:

  • Juicio de revisión constitucional electoral cuando quien impugna es un partido político;
  • Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuándo el impugnante es un candidato.

Segunda instancia federal. Excepcionalmente, en contra de las sentencias que emitan las Salas Regionales es posible impugnar ante la Sala Superior los resultados de las elecciones de diputados locales e integrantes de ayuntamientos. El medio de impugnación que puede ser procedente es el recurso de reconsideración[4].

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De esta forma los partidos políticos y candidatos tienen hasta tres oportunidades para cuestionar los resultados electorales de diputados e integrantes de ayuntamientos.

Elección de gobernador:

1) Se impugnan los resultados emitados por el Instituto Electoral Local ante el Tribunal Electoral de la entidad,

2) La sentencia del Tribunal Electoral local puede impugnarse ante la Sala Superior del TEPJF. La sentencia que este emita es definitiva e inatacable.

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Las impugnaciones deberán resolverse, forzosamente, antes de que los candidatos triunfadores tomen posesión del cargo para el que fueron elegidos, de otro modo los actos se vuelven irreparables.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, oficial de acceso a la información de Article19. Twitter: @pauletta_sofia

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd


[1] Jurisprudencia 11/2004. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. GENERALMENTE ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.

[2] Jurisprudencia 36/2009. ASIGNACIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ES IMPUGNABLE POR LOS CANDIDATOS A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

[3] Jurisprudencia 11/2004, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. GENERALMENTE ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.

[4] Artículo 61 (LGSMIME): 1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

a)   En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y

b)     En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

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tepjfEn estos momentos, la Cámara de Diputados y el TEPJF materializan la clásica tensión de una democracia constitucional entre órganos representativos del voto popular y órganos judiciales. Esto debido a la omisión de los primeros para designar al Consejero faltante del Instituto Federal Electoral (IFE) que culminó en dos sentencias del último donde se ordenó a la Cámara de Diputados a convocar a periodo extraordinario y concluir con el proceso de designación iniciado en febrero pasado. A pesar de las resistencias de los diputados, que votaron en su mayoría por rechazar, por segunda ocasión, la celebración de un periodo extraordinario para esta designación, parece que finalmente han decidido acatar la sentencia del TEPJF y elegir finalmente a quien ocupe la vacante en el Consejo General del IFE. Sin embargo, ante la renuencia de ciertos partidos políticos a realizar esta designación en estos momentos, también existe la posibilidad de que incluso esta convocatoria resulte estéril.

Precedentes

En este contexto, ante la posible falta de consenso entre las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, la designación del Consejero del IFE puede terminar por realizarse en sede judicial. Por esta razón, vale la pena recordar los precedentes en la materia para ponderar su viabilidad y su oportunidad en este caso.

El Congreso de la Unión no es el único caso de un órgano legislativo que se niega a cumplir con una determinación judicial. En aras de garantizar la regularidad de la Constitución, excepcionalmente el TEPJF  ha sustituido las funciones del órgano legislativo a efecto de designar funcionarios electorales, en virtud de que los Congresos locales no han acatado los fallos jurisdiccionales. Aquí los casos paradigmáticos:

1) Caso Sonora-Instituto Electoral (SUP-JDC-4984/2011). Aquí se cuestionó la designación de tres consejeros electorales propietarios y un suplente del Consejo Estatal Electoral de Sonora, pues la designación realizada por los diputados locales no observaba los principios de paridad y alternancia de género que establece la legislación electoral de Sonora para integrar el órgano.

La primera sentencia del TEPJF dejó sin efectos el nombramiento de los consejeros electorales realizado por el Congreso del Estado, por incumplir con los criterios ya mencionados. Por ello se le dio al Congreso local un plazo de 5 días para que designará nuevamente a los consejeros electorales nombrando a dos mujeres y un hombre, con el carácter de propietarios y a un consejero suplente hombre.

Sin embargo, el Congreso de Sonora fue renuente a cumplir con la sentencia, a pesar de haberse emitido diversos incidentes por parte del TEPJF. En el séptimo incidente, mes y medio después de dictada la primer sentencia, el TEPJF sustituyendo en sus facultades al Congreso local, designó a los tres consejeros propietarios, dejando que fuera el propio Congreso de Sonora quien designara al consejero suplente, para lo cual fue necesario que el TEPJF conociera y resolviera 6 incidentes más, después de los cuales el Congreso local designó finalmente al consejero suplente. En total se resolvieron 13 incidentes de inejecución de sentencia a efecto de asegurar el cumplimiento del fallo original.

2) Caso Sonora-Tribunal Electoral (SUP-JRC-173/2012). Aquí se impugnó la omisión del Congreso local de designar a quien ocuparía el lugar del magistrado propietario Luis Enrique Pérez Alvídrez, pues el periodo para el que fue designado había concluido. Pérez Alvidrez era magistrado electoral desde 1996, su encargo concluía en 2009, sin embargo, antes de concluir el periodo el entonces magistrado promovió un amparo, el cual le fue concedido, para continuar en el cargo.

La sentencia del TEPJFordenaba al Congreso local que, de manera inmediata realizara los actos necesarios para designar al magistrado que ocupará el lugar de Pérez Alvídrez. Ante su desacato, después de cuatro incidentes de inejecución de sentencia –seis meses después de emitida la sentencia original- y una vez que el congreso local informó la imposibilidad de reunir los órganos encargados de la designación, el TEPJFdesignó directamente al nuevo magistrado electoral.

3) Caso Yucatán – Instituto Electoral. Uno de los casos más enigmáticos, por los alcances que tuvo, fue el de Yucatán, En el caso, previo a las elecciones de 2001 el Congreso del Estado determinó ratificar por un periodo adicional a los integrantes del Consejo Electoral del Estado. La designación se impugnó debió a que no se cumplió con la mayoría de 20 legisladores requerida para aprobar la designación, pues la ratificación se hizo por sólo 15 integrantes del Congreso.

En la primera impugnación (SUP-JRC-391/2000), el TEPJF determinó revocar la designación de consejeros electorales, a fin de se repusiera el procedimiento y se considerará a todos los candidatos postulados por diversos partidos políticos y organizaciones sociales. En cumplimiento, el Congreso de Yucatán señaló que sólo 14 de los 59 aspirantes cumplían con los requisitos legales, por lo que se les designó como consejeros propietarios y suplentes.

Ello fue nuevamente impugnado (SUP-JRC-440/2000 y acumulado) y resuelto por el TEPJF en el sentido de revocar la designación, pues el Congreso estableció requisitos mayores a los exigidos por la ley. La sentencia ordenó la reposición del procedimiento de designación, observando los requisitos legales que deben cumplir, y en caso de no conseguir la mayoría se insaculará a los designados de entre aquellos que cumplieran con los requisitos.

El Congreso de Yucatán no dio cumplimiento a la sentencia, a pesar de diversos incidentes de inejecución en los que el TEPJF reiteró la orden de realizar de nueva cuenta la designación. Derivado de la resistencia del Congreso, el TEPJF se vio obligado a sustituirse en las facultades del Congreso local y seleccionar a los candidatos que cumplían con los requisitos legales, remitiendo una lista de 47 al Congreso a efecto de que de entre ellos designara a los 7 consejeros electorales.

Ello tampoco fue cumplido de manera que ante el continuo desacato, el TEPJF llegó al extremo de designar directamente (por insaculación) a los 7 consejeros electorales que debían integrar la autoridad electoral. A pesar de ello, continuó el desacato a la sentencia del TEPJF, pues tanto el Congreso, como los Consejeros que ocupaban el cargo, se negaron a tomarles posesión a los designados por el TEPJF y entregarles las instalaciones y recursos del Instituto local. Ello derivó en el extremo de requerir el uso de la fuerza pública, así como el apoyo del Gobernador del Estado, de la Secretaria de Gobernación, y de la Procuraduría General de la República.

Finalmente, a iniciativa del Gobernador se emitió un decreto en el que se pretendió establecer un nuevo Consejo Electoral integrado por 14 consejeros (7 designados por el Congreso y 7 insaculados por el Tribunal). Dicho decreto fue controvertido a través de una acción de inconstitucionalidad, en la cual la SCJN, resolvió la A.I. 18/2001, declarando inválido el decreto del Congreso local y ordenando el cumplimiento de la sentencia del TEPJF.

A manera de conclusión

Como los precedentes demuestran, es factible que, ante la reiterada omisión de la autoridad responsable –en este caso la Cámara de Diputados- el TEPJF designe a un consejero electoral. Aunque se trata, efectivamente, de un suplantamiento de funciones, el desacato continuo a un fallo judicial, así como la importancia de la integración total del IFE, en tanto autoridad administrativa fundamental en el sistema democrático mexicano, justifica una situación extraordinaria de este tipo, pues, es tarea de los tribunales constitucionales contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la garantía de los derechos fundamentales, incluso frente a las omisiones de otros poderes.

Sin embargo, como puede verse, tampoco se trata de un procedimiento sencillo y expedito. Este tipo de designaciones tiene que considerarse como un último recurso ante situaciones extraordinarias y, de aplicarse, deberán ponderarse con cuidado los pros y los contras que tendrá la designación de una Consejero Electoral a través de este método, sin olvidar que en un Estado de Derecho ningún poder, órgano u autoridad se encuentra por encima de la Constitución, Tratados Internacionales o la ley.

En estos días en que se discute la creación de una nueva autoridad electoral nacional, se critica la autonomía y la injerencia de las fuerzas políticas en las autoridades electorales locales, y considerando el desarrollo de los dos últimos procesos de designación de consejeros electorales – el actual y el de 2010-2011- consideramos que la falta de designación de un consejero electoral lejos de abonar a fortalecer y consolidar a las autoridades electorales, coadyuva al desprestigio y deslegitimación del sistema democrático en su totalidad. A nuestro parecer el fortalecimiento de las autoridades electorales comienza por un proceso de designación apegado a lo establecido en la ley, en el que se observen los principios de transparencia, máxima publicidad, imparcialidad e independencia.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso a la Información en Article19. Twitter: @pauletta_sofia

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

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Ahora que ha concluido el proceso de designación de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es posible hacer un balance del mismo. Como todos los procesos con características similares existen elementos positivos que destacar, así como cuestiones negativas que no pueden dejar de mencionarse. La experiencia que deja este proceso, permite una serie de cuestionamientos respecto de este tipo de designaciones que conviene apuntar al menos brevemente.

En primer lugar, es necesario hacer hincapie en la casi nula publicidad que recibió este proceso de designación. Dejando de lado el poco seguimiento que se dio en medios al mismo, -que aunque consideramos lamentable, no es materia de este breve análisis- tampoco los poderes encargados de desahogar el mismo realizaron un esfuerzo significativo en hacerlo del conocimiento de la opinión pública, de la manera más amplia posible. Ni en la parte del procedimiento que se realizó en sede de la Suprema Corte de Justicia ni en la correspondiente al Senado de la República se efectuó una labor de difusión sobre la designación que se estaba llevando a cabo.

Por otra parte, la transparencia del proceso fue de claroscuros. En general, los tiempos que siguieron tanto ministros de la Corte, como los Senadores no fueron del todo claros. Del mismo modo, la información respecto de las diversas etapas del proceso, los plazos de duración de cada una y los criterios bajo los cuales se determinarían los perfiles idóneos nunca fueron dados a conocer. De nueva cuenta se conocen –a medias- los procedimientos pero no las razones, la parte sustantiva del análisis, lo que nos permitiría saber si quienes llegaron son o no los indicados. En este sentido, destaca penosamente el procedimiento de designación elegido por la Suprema Corte que fue enteramente discrecional y opaco. Sin embargo, es necesario hacer notar el esfuerzo que hizo la comisión de justicia de la Cámara de Senadores publicando los perfiles de los 45 candidatos que lograron llegar a esta parte del procedimiento, así como la comunicación que mantuvieron algunos de sus integrantes con quienes estaban interesados en seguir esta designación. Aunque no es suficiente, constituyen buenos indicios que vale reconocer y tomar como ejemplo para los siguientes procesos de designación.

En segundo lugar, vale es necesario detenerse en uno de los elementos claves del formato elegido tanto por la Corte como por la comisión de justicia: las comparecencias. En general, consideramos que el formato elegido para las mismas, los tiempos designados a cada aspirante y el contenido no generaron convicción suficiente para arribar a conclusiones sobre la capacidad y experiencia de los aspirantes, además de que dejan un amplio margen de discrecionalidad. De la misma forma, tampoco sabemos cuál es su impacto en la decisión final de quienes eran los encargados de elegir a los mejores perfiles, dado que ni en el listado enviado por la Suprema Corte al Senado o el dictamen de la comisión de justicia del Senado, respectivamente, se reflejó la incidencia que éstas tuvieron –si es que lo hicieron- en el resultado final. En este sentido, si tomamos en consideración el tiempo que se tomó en realizar estos ejercicios en ambas sedes frente al impacto de los mismos, llegamos a la conclusión de que son poco útiles. Creemos que es necesario explorar otro tipo de mecanismos más eficientes que logren combinar elementos objetivos de evaluación y ejercicios que abonen en la legitimación tanto de los actores que llevan a cabo la designación como a los funcionarios que sean seleccionados a través de la misma.

Finalmente, vale la pena destacar tres cuestiones fundamentales de la última étapa del procedimiento, es decir, de la realizada en las últimas semanas por la comisión de justicia del Senado de la República. En primer lugar, es de celebrarse la rapidez con la que fue desahogado el procedimiento, tomando en consideración el número de cargos que debían ser evaluados. En segundo lugar, merece destacarse la capacidad y especialización de casi todos los ahora magistrados. Como ya habíamos señalado, desde el inicio de este procedimiento destacó la capacidad y la trayectoria de la mayoría de quienes lograron entrar a la lista de sesenta candidatos propuesta inicialmente por la Suprema Corte, más adelante, el trabajo de discriminación de la comisión de justicia reconoció a una buena parte de estos perfiles. Por último, consideramos que la inclusión de cuota de género dentro de la conformación de las Salas, privilegió injustamente a las pocas mujeres que contestaron a la convocatoria pública  y pasaron las etapas correspondientes (al Senado llegaron únicamente 8 mujeres).

En síntesis, consideramos que, si bien fue un procedimiento de designación exitoso, que logró el cometido de designar a quince funcionarios en un plazo muy breve de tiempo y que los perfiles de quienes integran estas Salas son, en su mayoría, de experiencia y especialización que puede comprobarse, aún quedan aspectos importantes que deben ser mejorados. Entendemos que este tipo de procedimientos no pueden sustraerse del todo del componente político. Sin embargo, considerando que la designación que realicen impactará directamente en la consolidación y legitimación de una institución fundamental para la democracia mexicana, el proceso de designación podría realizarse bajo parámetros más objetivos a fin de limitar el margen discrecional que por la naturaleza del mismo implica a través de procedimientos más claros y razones públicas.

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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Después de un accidentado proceso al interior de la Suprema Corte de Justicia para conformar las ternas de candidatos para elegir a 15 magistrados electorales de Salas Regionales, ahora le corresponde al Senado de la República revisar el perfil de estos abogados y escoger a los nuevos magistrados cuyas votaciones definirán en buena medida el rumbo de los conflictos post-electorales de los próximos años. En este contexto, los autores que le han dado puntual seguimiento a este importante proceso de designación (aquí, aquí y aquí), proponen ahora una serie de preguntas mínimas que los Senadores debiesen formularle a los candidatos para cumplir con su responsabilidad de escrutinio público.

Consideramos que elegir el perfil idóneo para ser magistrado electoral implica dos aspectos fundamentales:

  •  Demostrar un amplio conocimiento de la materia electoral, conocer y entender la legislación en la materia (Constitución, COFIPE, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y legislaciones locales, así como instrumentos internacionales), así como los criterios emitidos por las autoridades electorales y su evolución a lo largo de los más de 20 años de justicia electoral el México.
  • Conocer el manejo institucional del Tribunal Electoral (TEPJF), entender  los retos que enfrenta la institución, los aspectos en los que se debe fortalecer la impartición de justicia y tener un panorama claro de la finalidad primordial de la institución: generar certeza y equidad en los comicios y garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales.

Por ello, planteamos algunas preguntas que consideramos útiles para conocer la idoneidad de los aspirantes respecto de los aspectos anteriores.

1. ¿Cuál el es principal reto que enfrentan las Salas Regionales en la impartición de la justicia electoral de cara a los próximos procesos electorales (federales y locales)?

2. ¿Cuál es su opinión de los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración al impugnar las sentencias de las Salas Regionales?

3. ¿Considera que el juicio de inconformidad para impugnar los resultados de las elecciones sigue siendo vigente o propondría alguna modificación?

4. ¿Los medios de impugnación vigentes siguen teniendo utilidad práctica o deberían ser objeto de alguna reforma? ¿Qué propone?

5. ¿Cree que el actual sistema de competencias de las Salas del TEPJF es idóneo de acuerdo a las funciones y facultades de las Salas Regionales respecto de la Superior? ¿Qué le modificaría?

6. ¿De qué forma fortalecería la actuación y definitividad de las Salas Regionales a efecto de que su papel en la impartición de la justicia electoral tenga mayor peso?

7. ¿Qué propone usted para que las sentencias sean más amigables para el ciudadano?

8. ¿Cómo sugiere que se acerque la justicia electoral al ciudadano?

9. ¿De qué manera difundiría el trabajo del TEPJF a fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus funciones en la actividad jurisdiccional?

10. ¿Considera que el sistema de nulidades en materia electoral que rige actualmente puede ser modificado? ¿Qué reformas propondría?

11. ¿Cómo podrían llevarse a cabo procesos de selección de candidatos y dirigentes al interior de los partidos políticos de una manera más democrática?

12. ¿Qué puntos considera esenciales para hacer que las candidaturas independientes garanticen de manera eficaz el derecho al voto pasivo de los ciudadanos?

13. Adicionalmente a la resolución de los medios de impugnación que sean de su conocimiento, ¿cómo pueden contribuir las Salas Regionales al fortalecimiento de la democracia en la circunscripción que le corresponde?

14. ¿De qué forma las Salas Regionales pueden contribuir a legitimar a las instituciones democráticas de nuestro país?

15. Las elecciones por usos y costumbres han generado conflictos electorales en diversos municipios, ¿de qué manera deben considerarse estos factores al resolver un asunto vinculado con este tipo de elecciones?

16. La justicia electoral ha evolucionado desde el contencioso-electoral hasta el actual tribunal electoral que pertenece al Poder Judicial de la Federación ¿Cuál sería el siguiente paso para lograr una justicia electoral que contribuya al fortalecimiento de nuestra democracia

17. ¿Qué opina de la pertinencia de tener una ley de partidos en México?

18. En los últimos años hemos visto una gran judicialización de las elecciones, ¿cómo contribuye esto al fortalecimiento del sistema democrático en nuestro país?

19. Ahora el TEPJF tiene facultades para inaplicar legislación en materia electoral por ser contraria a la Constitución, ¿cuál es el papel que debe asumir un magistrado electoral con facultades constitucionales al momento de calificar una elección?

20. ¿El control de convencionalidad es aplicable dentro de la calificación de una elección?

21. ¿Cuál debe ser la posición de una Sala Regional respecto de la consolidación de la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF?

22. ¿Qué opinión le merece la resolución de la Sala Superior respecto de la no aplicación del párrafo 219 del COFIPE en materia de género?

23. ¿Considera usted que los magistrados deben aceptar audiencias de oídas? ¿De hacerlo, bajo qué parámetros deben ser realizadas?

24. ¿Cuál es su posición respecto de la aplicación de estándares internacionales y jurisprudencia de organismos internacionales en la materia electoral?

25. ¿Cómo mejoraría usted la comunicación y la interacción entre las Salas Regionales y la Sala Superior del TEPJF?

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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