El tema de las candidaturas independientes (en lo sucesivo C.I.) no es nuevo en nuestro país. Sin embargo, las coordenadas del debate han cambiado a partir de la reforma constitucional en materia político-electoral del 9 de agosto de 2012 y de lo recién resuelto por la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad referidas a reformas en Durango, Zacatecas y Quintana Roo –entidades que han establecido una regulación específica sobre las C.I.

Así, uno de los primeros puntos a mencionar a partir de la reforma señalada, es la presencia de una tensión latente en el texto constitucional. En efecto, mientras el artículo 35 constitucional establece que las C.I. forman parte del derecho político-electoral a ser votado, en otra parte de la Constitución (artículo 116, fracción IV, inciso e) se establece que en las entidades federativas los partidos políticos tendrán de manera exclusiva la posibilidad de registrar candidatos en una competencia electoral. Esto resulta contradictorio pues por una parte la Constitución identifica a las C.I. como una manera de hacer posible el derecho a ser votado, mientras que por otro restringe esa posibilidad en el ámbito local.

Sin embargo, se trata de una aparente contradicción. La Corte en la acción de inconstitucionalidad de Durango determinó que no había tal, pues el problema se resuelve mediante el transitorio tercero de la propia reforma constitucional, el cual establece que las entidades federativas deberán adecuar su legislación a dicha reforma.[1] Y es con motivo de ese transitorio que algunas entidades federativas han establecido regulaciones en torno a las C.I. En todo caso hubo una mala técnica constitucional pues lo congruente hubiera sido eliminar la exclusividad de los partidos políticos para postular candidatos y hacer congruente todos los artículos de la Constitución.

Una vez establecidas en la Constitución a las C.I. como una variante del derecho a ser votado, el debate actual se referirá a cómo debe ser la regulación de tal figura, sobre todo en temas como su financiamiento o las reglas de acceso, pues sólo así se verá si se trata de buenos deseos o en verdad se busca potencializar un derecho de una manera responsable y razonable. Es por ello que se torna importante revisar, aunque sea someramente, lo resuelto hasta el momento por la Corte.

En el caso de Durango, debe señalarse que simplemente se incluyeron en el texto constitucional local, sin regular propiamente tal figura. Pero lo realmente importante de ese precedente fue que la Corte determinó que de acuerdo con la Constitución federal, las legislaturas locales tienen amplias facultades de libre configuración para regularlas y todavía se encuentran dentro del plazo para establecer dicha regulación (hasta el 10 de agosto de 2013).[2] Así, este es el primer estándar constitucional de suma importancia en torno a la subsecuente regulación de las C.I. La definición que vendrá será precisamente en torno a cuales serán los límites a esa libre configuración legislativa de los Estados.

En el caso de Zacatecas, el problema es más complejo pues la legislatura intentó una regulación de las C.I. con un nivel importante de detalle. Uno de los puntos más controvertidos fue el relativo al reembolso de hasta el 50% de los gastos máximos erogados, al C.I. ganador en su respectiva campaña. Es decir, el modelo establecido es de autofinanciamiento al inicio de la campaña y sólo será reembolsable (en un 50%) en caso de ser el ganador. La Corte determinó la constitucionalidad general de dicho diseño estatal, sin perjuicio de que algunos ministros señalaron problemas de constitucionalidad específica.[3] Las preguntas quedan al aire: ¿Qué modelo debe ser el financiamiento de las C.I.? ¿Privado o público? Si es mixto, ¿en qué porcentajes?

Respecto a la acción de inconstitucionalidad de Quintana Roo, la Corte ratificó el criterio consistente en la libre configuración legal de las C.I. por parte de las entidades federativas. Con ello parece ser que la Corte le inyecta un carácter federalista al reivindicar el ejercicio legislativo de las entidades federativas.

Otro de los aspectos cuestionables de la legislación de Quintana Roo fue el que podría llamarse el boleto de entrada a la competencia electoral de las C.I. Es decir, sobre los requisitos de acceso al proceso electoral. Uno de ellos consistía en que para participar una C.I. debería reunir el apoyo del 2% de ciudadanos del padrón de su respectiva demarcación, número equivalente a 19,000 ciudadanos según datos recientes. No obstante, una mayoría de 6 ministros se manifestó por la inconstitucionalidad de ese requisito en virtud de ser demasiado exigente, si se compara con los requisitos para obtener el registro como partido político -que de acuerdo a un dato reciente sería de alrededor de 15,000 ciudadanos. Pero a pesar de que 6 ministros optaron por la inconstitucionalidad, al no alcanzar la mayoría calificada requerida de 8 ministros, se desestimó la acción de inconstitucionalidad en este aspecto y se mantuvo la validez de dichas normas.[4]

El acceso a los medios de comunicación fue también parte importante en el caso de Quintana Roo. En este punto se consideró constitucional la norma legal que establecía que para el acceso a televisión, por ejemplo, el instituto electoral local le dará aviso al IFE. Se consideró constitucional por no existir una invasión en la esfera competencial del IFE, pues dicho aviso no implica la obligación de otorgarle ese espacio. Falta aún, por supuesto, el debate por la definición constitucional de dicho acceso.

Por otra parte, en ese mismo asunto, un aspecto clave fue la representación proporcional y las C.I. En la demanda, los partidos políticos planteaban la inconstitucionalidad al no preverse la representación proporcional de la votación recibida por las C.I. La Corte consideró al final que la falta de previsión legal no es inconstitucional pues es parte de la libre configuración de las legislaturas locales y ese fue el modelo escogido por Quintana Roo. Sin embargo, y esto es lo realmente interesante, se dejó entre ver que esto no es una medida absoluta, ya que en caso de regularse el sistema de representación proporcional para las C.I. podría ser viable constitucionalmente. A pesar de que el sistema de representación proporcional está pensado en principio exclusivamente para el régimen de partidos políticos.

Estos precedentes, aunque en contextos constitucionales distintos, se suman a una colección de sentencias sobre las C.I. Desde los importantes casos Michoacán[5] o Las Vigas, Veracruz[6] hasta llegar al caso Clouthier[7], todos resueltos por la Sala Superior del TEPJF; así como las acciones de inconstitucionalidad de Yucatán[8] y del Cofipe[9] resueltas por la Corte, sin olvidar el caso Castañeda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Todas ellas han marcado una clara línea jurisprudencial sobre las C.I. y han esbozado varios aspectos al respecto. No obstante, me quedo con el comentario final del ministro presidente de la Suprema Corte en el caso de Quintana Roo: la discusión de las C.I. y su constitucionalidad es un tema en plena construcción y está lejos de quedar absolutamente definida, de ahí que tanto el legislador, la Corte como el TEPJF realizarán definiciones importantes en el futuro.

 

Arturo Ramos Sobarzo. Profesor de la clínica de derecho electoral en la Escuela Libre de Derecho. Labora en el área académica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Twitter: @ArthurRSob

NOTA: Los comentarios aquí vertidos son obra exclusiva de su autor y no representan ninguna posición oficial de las instituciones a las cuales pertenece.


[1] De hecho en la acción de inconstitucionalidad 50/2012 (Durango) se concluye que no hay antinomia a partir de una interpretación sistemática y armónica que hace patente el cambio en el Constituyente Permanente, incluso un criterio cronológico disuelve la aparente contradicción.

[2] En la acción de inconstitucionalidad se planteaba que al no regular las C.I. se incurría en una inconstitucionalidad por omisión.

[3] Se trata de la A.I. 57/2012 y la votación final quedó 6 a 5 por la constitucionalidad general del diseño zacatecano. Cabe señalar que el ministro Fernando Franco González Salas manifestó por la inconstitucionalidad de todo el sistema derivado en términos generales por la inconsistencia y lagunas en diversos aspectos de las C.I. Por otro lado, el ministro Arturo Zaldívar se pronunció por la inconstitucionalidad en cuanto al financiamiento por no permitir la participación de las C.I. de manera equitativa en comparación con los partidos políticos.

[4] Cabe señalar que dentro de la propia Corte hay una discusión sobre los efectos en una circunstancia con la señalada, pero en resumen las normas impugnadas son vigentes.

[5] SUP-JDC-37/2001.

[6] SUP-JDC-713/2004.

[7] SUP-JDC-612/2012.

[8] A.I. 28/2006.

[9] Nos referimos a la A.I. 61/2008 relativa al cuestionamiento del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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El pasado mes de diciembre tomaron posesión en el cargo de ministros de la Suprema Corte tanto Alberto Gelacio Pérez Dayán como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Al primero le hemos dedicado un espacio a partir precisamente de algunas sentencias y jurisprudencia que sustentó como magistrado el hoy ministro, de ahí que consecuentemente ahora corresponda referirnos al segundo.

El ministro Gutiérrez Ortiz Mena al no provenir del estamento judicial, el análisis de su trayectoria, en principio, no podría ser obviamente a partir de sentencias. Sin embargo, ¿qué asideros de tipo jurisdiccional podrían considerarse, sobre todo si esa va a ser la principal actividad a desempeñar como ministro? Si el abanico de opciones para la designación de un ministro de la corte son los jueces de carrera judicial, académicos, litigantes y servidores públicos, en el caso del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, sus condiciones se refieren a estas dos últimas, de ahí que se justifica revisar su desempeño en el litigio ante los tribunales como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Así, acudir a una estadística relativa a su última responsabilidad administrativa en  relación a juicios de amparo y revisiones fiscales, o detectar algunos precedentes atinentes a las facultades del SAT, pueden servir de señuelos de un posible desenvolvimiento del ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

Nieto del histórico secretario de Hacienda y Crédito Público en las administraciones de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz (además de director del Banco Interamericano de Desarrollo), el ex director del Sistema de Administración Tributaria reúne claramente una experiencia de tipo administrativo, concretamente como recaudador de impuestos y la consecuente actuación litigiosa que ello implica. Ese perfil de talante administrativo lo destacó precisamente en su comparecencia ante el Senado, al referirse a que hará especial hincapié a determinadas políticas públicas dentro de la Suprema Corte. Pero a partir de esa experiencia, ¿cómo podría evaluarse su comportamiento institucional en relación con la jurisdicción constitucional? Una posible ruta lo constituye la estadística del poder judicial como hemos afirmado.

En efecto, a partir de la estadística del Poder Judicial Federal, sin incluir a la propia Corte, en cuanto a revisiones fiscales por ejemplo, se pueden encontrar datos a considerar. Las revisiones fiscales son el instrumento procesal por el cual el SAT puede cuestionar ante los tribunales colegiados aquellas resoluciones que les sean adversas. De 2008 a 2012 (periodo en que Gutiérrez Ortiz Mena encabezó el SAT) se presentaron por parte de tal autoridad alrededor de 6,500 revisiones fiscales, de las cuales poco más de 2,200 fueron confirmadas, mientras que más de 3,100 fueron revocadas. Lo anterior arroja que el 34% de las acciones emprendidas en revisiones fiscales por parte de los litigantes del SAT fueron desfavorables para la institución, en contraste con un 49% que resultaron benéficas. Ambos porcentajes dan como resultado el 83% de tales impugnaciones. El resto del porcentaje se diluye en asuntos donde se desecha, modifica o confirma parcialmente.

Si bien la estadística es siempre fría y puede derivar en múltiples lecturas y desgloses, es posible reflejar una perspectiva general en cuanto a un ánimo de la eficacia recaudatoria por la vía impugnativa. Por supuesto que sería incorrecto afirmar que cada uno de esos litigios es absolutamente obra del titular del SAT en el periodo mencionado, pues muchos de ellos se llevan por conducto de diversas oficinas regionales del organismo además de la propia distribución de las cargas laborales en el órgano central señalado, pero algo puede revelar desde esa perspectiva general. Con independencia de las diferentes conclusiones que puedan derivarse de los datos anteriores, eso puede develar cierto desempeño del SAT ante tribunales.

Otro elemento a considerar pueden ser aquellos precedentes contenidos en tesis aisladas o jurisprudencia en los cuales se haya considerado la constitucionalidad o no de un determinado actuar del SAT. Lo anterior cobra importancia sobre todo si de acuerdo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos  de junio de 2011, obliga a todas las autoridades y por supuesto a las administrativas, a respetar precisamente dichos derechos humanos. Esto incluso fue materia de cuestionamiento en las comparecencias en el Senado. Bajo esa tesitura se vuelve muy importante en términos del régimen fiscal, la eficacia recaudatoria con pleno apego a esos derechos humanos. Es decir, en el mundo ideal, la recaudación de impuestos no debe implicar en ningún momento la afectación a los derechos de los contribuyentes y de acontecer, para eso están los órganos jurisdiccionales.

En ese contexto es destacable el precedente surgido en la revisión fiscal 276/2011 relacionado con una polémica materia, me refiero al tema de juegos y sorteos. En dicho precedente se consideró constitucional la expedición de determinadas reglas por parte del SAT para la recaudación, vía miscelánea fiscal, de las ganancias obtenidas en las máquinas de juego como las tragamonedas o mediante el uso de tarjetas. En uno de los rubros más lucrativos en el mundo entero (los juegos con apuestas), se consideró en aquél asunto que las medidas adoptadas por el SAT cumplían con el principio de reserva legal. Básicamente dichas medidas se refería a la conexión de las máquinas de juegos con sorteos con un sistema de cómputo central, sin que dichas máquinas pudieran establecerse de manera autónoma. Esto le permitía con mayor facilidad a la autoridad administrativa revisar el registro de las ganancias obtenidas y por tanto realizar sus facultades de fiscalización.

La visión del ministro Gutiérrez Ortiz Mena en los temas fiscales será su principal zona de aportación, sobre todo en los alcances y límites de la autoridad administrativa en la recaudación pero también en aquellos temas en donde se tenga que definir a quién le corresponde establecer determinada política recaudatoria o incluso económica. Indudablemente que en el debate constitucional contemporáneo, muchos se inclinan por el legislador, pero en determinados casos, no resulta tan fácil esa disyuntiva en la medida que la intervención judicial se identifica con la protección de ciertos derechos como los relativos a la libre concurrencia y competencia económica. Un ejemplo de esa discusión puede ser el amparo relativo al precio único del libro.

Al respecto, desde la perspectiva de la ciencia política, cabe señalar las críticas al régimen de impugnación en materia fiscal realizada por Carlos Elizondo Mayer, quien sin dejar de reconocer la importancia de los derechos básicos de los contribuyentes, afirma que habría determinadas zonas de la materia fiscal que no deberían ser objeto de definición por el poder judicial sino más bien por el legislador.[1]

Puntos como el concepto del mínimo vital[2] pudieran ser los temas en donde con cierta intensidad podrían enfrentar el tamiz del recaudador con lo justiciable del tema. Eventualmente podrían conciliarse tales aspectos, pues en términos generales en la recaudación no se trata de dejar sin ese mínimo de subsistencia o existencia (ese mínimo vital)[3] a los contribuyentes.

De esta manera, puede esperarse que en la mente del ministro Gutiérrez Ortiz Mena se mantenga la idea de la eficacia recaudatoria, sobre todo si se toma en cuenta que diversos indicadores califican muy bajo el desempeño de México en dicho renglón, esto sobre todo en comparación con otras experiencias latinoamericanas. A continuación se reproduce la siguiente gráfica de un informe de junio de 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[4]:

 

A partir de lo anterior, la problemática de esa tendencia mexicana en la recaudación, tal vez se podría mantener en la mente del ministro, la cual deberá conciliarse con el respeto a los derechos humanos y otros conceptos armónicos, precisamente como ese mínimo vital.

El gran problema con su nombramiento consistirá en múltiples excusas en lo que paradójicamente sería el ámbito de mayores aportaciones por brindar, es decir en asuntos de la materia fiscal, sobre todo en los temas recaudatorios. De ahí que no sea casualidad que su adscripción tuviera lugar en la primera sala (civil-penal) y no en la segunda (administrativo-laboral) en donde en teoría se revisan más los temas fiscales, aunque cabe señalar que dicha temática, por el gran número de asuntos, son revisados por ambas salas de la Suprema Corte.

La principal virtud, por otra parte, podrá consistir en sensibilizar o hacer explicable al resto de los integrantes de la Corte, determinadas bondades, ventajas y objetivos a perseguir por parte de la administración en los rubros de su conocimiento.

Así uno de los aspectos más relevantes a esperar del ministro Gutiérrez Ortiz Mena consiste en establecer criterios que puedan combinar un acertado ejercicio de recaudación por parte de la autoridad sin menoscabo de los derechos de los contribuyentes.

Arturo Ramos Sobarzo. Abogado y profesor de la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de postgrado en derecho constitucional por la Universidad Castilla – La Mancha en Toledo, España.


[1] ELIZONDO Mayer-Serra, Carlos, “Democracia y Constitución” en Tribunales Constitucionales y Democracia, México, SCJN, 2011, p.p. 33-42. En ese sentido, Elizondo afirma por ejemplo el caso de la inconstitucionalidad del IVA en jugos declarada por la SCJN, esto en función de afectar el principio de proporcionalidad y equidad, ya que la leche, que es un líquido también, no es gravada por ese impuesto. Dicho autor, con un ojo puesto en la experiencia de Estados Unidos, considera que en todo caso esa decisión debería corresponderle al legislativo. Con ello el poder judicial se quitaría una enorme carga de trabajo, afirma.

[2] Algunos ejemplos son los precedentes de las tesis de rubro DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO y DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONSTITUYE UN LÍMITE FRENTE AL LEGISLADOR EN LA IMPOSICIÓN DEL TRIBUTO, entre otras.

[3] En un contexto diferente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere al “especio vital mínimo” en el caso Montero Aranguren vs Venezuela relativo a problemas de hacinamiento en cárceles.

[4] Tomada de la página de la CEPAL.

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El pasado 27 de noviembre, tomaron protesta, ante el Senado de la República, como ministros de la Suprema Corte el entonces magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, quien se desempeñaba como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Si bien ha habido algunos escritos interesantes sobre el mencionado proceso de designación (los cuales se refieren sobre todo al procedimiento de comparecencias ante la Comisión de Justicia del Senado), considero que una vez conocido los nombres en definitiva de los nuevos ministros, se hace necesario saber aún más respecto de su quehacer profesional.

En el caso de Pérez Dayán, al contar con una carrera judicial, la mejor manera para conocer su postura constitucional de interpretación, es a partir de las sentencias en las cuales participó. Si ese quehacer judicial es supuestamente lo que determinó su nombramiento como ministro, vale la pena revisar algunas de las sentencias en las cuales haya votado. En cuanto al ministro Gutiérrez Ortiz Mena se hace más complicado hacer un análisis similar pues no proviene de la judicatura, así que la revisión de su trayectoria profesional -que se publicará en los siguientes días en este mismo espacio- tendría que ser de otra naturaleza.

En este contexto, en el presente escrito se propone revisar algunas sentencias en las cuales haya participado Pérez Dayán. La selección de tales casos se hizo a partir de un instrumento bastante utilizado por litigantes, académicos y miembros de la judicatura, me refiero al IUS[1]. Una vez seleccionadas ciertas tesis aisladas y de jurisprudencia, se consideraron aquellas que tuvieran un claro contenido constitucional, a fin de conocer un poco más los criterios utilizados por Pérez Dayán. En varios casos se revisó la sentencia disponible.

Vale mencionar, por supuesto, que si bien la revisión de algunos casos no pueden considerarse un ejercicio significativo para conocer toda una trayectoria judicial, sí pueden servir por lo menos como un referente más o menos asequible. Algo más podemos saber con algunas sentencias que con nada. Los temas seleccionados a continuación tienen una clara vertiente constitucional y también se refieren a temas de educación, salud y responsabilidad. En la medida que se revisen más y de mejor forma las sentencias de los tribunales, mejor se pueden evaluar a tales órganos para entender y conseguir un saludable impacto en la sociedad.

Educación e igualdad

Una de las primeras sentencias a comentar proviene del amparo en revisión 419/2010[2] resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito[3], órgano que integraba Pérez Dayán. Se trata de un asunto interesante en donde se resolvió la constitucionalidad de unos lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública.[4] Uno de los puntos normativos controvertidos consistía específicamente en el 47.2, inciso a), el cual establecía como requisito, que una persona debería contar por lo menos con 21 años de edad para acreditar el nivel educativo tipo medio superior mediante el examen de conocimientos adquiridos por la experiencia laboral o de manera autodidacta. La quejosa de ese asunto planteaba que dicha norma violaba el principio de igualdad, porque implicaba un trato discriminatorio con aquellos quienes cursaron el sistema escolarizado.

La SEP justificó la medida como requisito, en el sentido de que si la edad promedio para obtener el certificado correspondiente a la media superior (preparatoria) es de 18 años, 3 años más de experiencia laboral o enseñanza autodidacta pueden justificar razonablemente la exigencia de contar con 21 años para obtener la acreditación correspondiente. Con ello se intentaba crear vías alternas en el ámbito educativo.

El asunto fue resuelto por mayoría en el sentido de no otorgar el amparo en virtud de que el requisito en cuestión cumplía con el principio de proporcionalidad, es decir, en términos generales no implicaba un menoscabo a sus derechos pues se trataba de un requisito razonable. Para sustentar lo anterior, la mayoría se basó en los criterios de la Suprema Corte relativos a la igualdad y al trato discriminatorio a los cuales debe sujetarse el legislador para cumplir con un test de constitucionalidad.[5]

El ministro Pérez Dayán votó en contra, pues consideraba, contrariamente a sus pares, que sí se afectaba en sus derechos a la quejosa en cuestión, en virtud de que lo determinante para acreditar el nivel medio superior era en todo caso las calificaciones obtenidas en el examen correspondiente y no tanto la edad. Consecuentemente, un requisito como la edad señalada implicaba una limitación en la posibilidad de acreditar los conocimientos necesarios. Es decir, una persona menor de 21 años podría acreditar eventualmente tener los conocimientos y experiencia suficiente a fin de obtener la acreditación indicada.

Así, para la visión de Pérez Dayán lo relevante de un caso como éste son los posibles efectos nocivos de una norma, de ahí que relativice como tal el cumplimiento irrestricto del requisito de los 21 años. Por su parte, la mayoría del órgano colegiado consideró que tal requisito en todo caso cumplía con el señalado principio de proporcionalidad, es decir había un objetivo constitucionalmente válido para establecer la distinción, además de tratarse de una medida idónea y proporcional para ello.

Como se puede observar el tipo de análisis que utiliza la mayoría es de tipo más abstracto, analiza la norma en términos de sí misma y su contraste con la Constitución, mientras que Pérez Dayán le preocupa que un requisito como el indicado eventualmente podría ser inconstitucional en la medida que impida a alguien acreditar conocimientos (si es que los tiene), a pesar de tener menos de 21 años. Incluso al final de su voto particular hace referencias a la naturaleza democrática de la educación acorde al artículo 3º de la Constitución federal en el sentido de maximizar precisamente eso: los conocimientos adquiridos. En ese contexto, el contraste entre ambas posturas trasciende a lo que empieza a ser una simplista disyuntiva entre jueces formalistas y garantistas, pues más bien en este caso, en ambos lados se apelan a principios. Así, parece que el contraste de posturas radica en el método inmerso de solución, más abstracto o en función de las particularidades del caso.

La protección a la salud de los no fumadores, la libertad de trabajo y la responsabilidad de dueños o encargados de locales comerciales

Otro asunto a destacar se trata del amparo en revisión 2747/2004, el cual si bien fue resuelto por la magistrada Adela Domínguez Salazar, se trata en realidad del quinto precedente de la jurisprudencia de rubro PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY RELATIVA, AL CONSIDERAR RESPONSABLES SUBSIDIARIOS A QUIENES NO COADYUVEN CON LA AUTORIDAD PARA HACER CUMPLIR SUS DISPOSICIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Todos los demás precedentes provienen de sentencias donde el ponente fue Pérez Dayán.

Uno de los aspectos que se tocan en este asunto es el relativo a la concurrencia de competencias en lo relativo a la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en el Distrito Federal. En la sentencia se determinó que la Asamblea Legislativa cuenta con facultades para emitir dicha ley, sin perjuicio de la facultad conferida al Congreso de la Unión para establecer leyes en materia de salud y medio ambiente.

Otro de los aspectos importantes se refiere al tema de la retroactividad. En la sentencia señalada se considera que el establecimiento de responsabilidad de dueños, poseedores o encargados de locales comerciales ante el incumplimiento de la ley señalada, no implicaba una aplicación retroactiva en perjuicio de los justiciables. En efecto, en dicho caso se determinó que no se trataba en ningún momento de un derecho adquirido, pues en todo caso, el nuevo régimen regula una situación a partir de la vigencia de esas normas, o sea en el futuro. Para ello se utilizaron los conocidos criterios de la Suprema Corte consistentes a la teoría de los componentes de la norma.[6] En ese sentido, la retroactividad ha sido un tema frecuente en las tesis emitidas a partir de asuntos de la ponencia de Pérez Dayán.[7]

Lo relevante de este caso en términos de derechos humanos consiste en que los quejosos alegaban la inconstitucionalidad de la ley señalada, en virtud de tratarse de una delegación indebida a los dueños, poseedores o encargados de vigilar el cumplimiento de Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, en el contexto de hacer respetar las áreas destinadas para no fumadores. La decisión del Tribunal Colegiado consistió en que no resultaba inconstitucional lo anterior porque al prever la coadyuvancia activa y la obligación solidaria de determinados particulares implicaba simplemente, que estos contribuyan con la autoridad a la consecución del cumplimiento de la ley, lo cual, según el órgano colegiado, no puede en manera alguna llevar al extremo de considerar que se les está otorgando el carácter de autoridad con todo lo que ello significa.

También de este precedente, al igual que los amparos en revisión 2357/2004 y 2777/2004[8] (ambas sentencias elaboradas por Pérez Dayán) se establece que las obligaciones señaladas a dueños, poseedores o encargados de locales mercantiles no afecta la libertad de trabajo porque, a partir de un argumento clásico: no hay derechos absolutos sino mas bien limitados y por tanto el establecimiento de las mencionadas medidas no clausuran el libre ejercicio al trabajo, ya que son modalidades de colaboración con la autoridad para el cumplimiento de la norma

Así, en esta rápida revisión podemos encontrar en antecedentes como juzgador del ministro Pérez Dayán, un estilo que apela a las particularidades en la aplicación de las normas (el asunto en materia educativa) más que al análisis abstracto, y otros casos en donde claramente se basa en la doctrina elaborada por la propia Suprema Corte. En ese sentido habrá que ver cuáles son sus aportaciones y lo que en todo caso corresponde a todos es mantener la guardia y ver cómo actúa no sólo el poder judicial, sino cualquier órgano del Estado.

Arturo Ramos Sobarzo. Abogado y profesor de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de postgrado en derecho constitucional por la Universidad Castilla – La Mancha en Toledo, España. Twitter: @ArthurRSob

 


[1]  El IUS es un instrumento tecnológico a partir del cual se pueden obtener tesis aisladas y de jurisprudencia, las cuales son los precedentes emitidos por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados de Circuito.

[2] De este asunto surgieron las tesis aisladas de rubro EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE FORMA AUTODIDACTA O A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL PARA ACREDITAR EL BACHILLERATO. EL LINEAMIENTO 47.2, INCISO A), DEL ACUERDO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE LO PREVÉ, AL ESTABLECER QUE EL INTERESADO DEBE TENER POR LO MENOS 21 AÑOS DE EDAD, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN/ y EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE FORMA AUTODIDACTA O A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL PARA ACREDITAR EL BACHILLERATO. EL LINEAMIENTO 47.2, INCISO A), DEL ACUERDO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE LO PREVÉ, AL ESTABLECER QUE EL INTERESADO DEBE TENER POR LO MENOS 21 AÑOS DE EDAD, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD. Se omite el dato de localización de las tesis pues para su búsqueda basta con el rubro.

[3] El resto de los integrantes de dicho tribunal son los magistrados Adela Domínguez Salazar y Javier Mijangos Navarro.

[4] En efecto se trata del Acuerdo 379 por el que se modifica el diverso 279 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios generales a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y su equivalencia, así como los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta publicado el 24 de febrero de 2006 en el Diario Oficial de la Federación.

[5] En efecto, se trata de la jurisprudencia de rubro IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte.

[6] Ver RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Pleno de la SCJN. También IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Pleno de la SCJN.

[7] Esto se demuestra con la tesis surgida de ese Tribunal Colegiado. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. LA INTRODUCCIÓN POR PARTE DEL LEGISLADOR DE NORMAS QUE GARANTICEN LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA REGULADA POR EL ESTADO O LA REFORMA O DEROGACIÓN DE LAS EXISTENTES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES SOCIALES, NO VIOLA DICHA GARANTÍA. Otras tesis sobre retroactividad de asuntos de Pérez Dayán provienen del amparo en revisión 32/2009 (sobre la regulación del uso de pseudoefedrina y efedrina como medidas de protección de la salud) y del amparo directo 2767/2002.

[8] Dichos precedentes forman parte de la tesis aislada de rubro LIBERTAD DE TRABAJO. LOS ARTÍCULOS 3o., 13, 14 Y 16 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLAN EL NUMERAL 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito.

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