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La verdad es un error exiliado en la eternidad

Emile Ciorán

El día de ayer concluyó finalmente la discusión de la Suprema Corte sobre el caso Guardería ABC. Por la mañana, al iniciar el debate, el proyecto del ministro Arturo Zaldívar había sido sufrido golpes en aspectos muy relevantes, pero finalmente se encontraba con un marcador empatado: dos puntos resolutivos perdidos -ampliar los alcances de la facultad de investigación y la narración de los hecho- y dos ganados -la suficiencia de la investigación y la legalidad del esquema de subrogación de guarderías del IMSS-. La derrota definitiva, no obstante, se presentó precisamente a lo largo de este último día de sesiones. Ahí se definió la suerte de su proyecto y, en este sentido, el calibre de la respuesta de la Corte frente a este sensible asunto.

Así, la sesión inició con una presentación de Zaldívar en la que defendió el llamado ‘desorden generalizado’ del sistema de guarderías del IMSS –aspecto, sobre mencionar, estructural dentro del diseño su proyecto-. Su postura rápidamente enfrentó las objeciones de los ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos y Valls Hernández, que habían venido desacreditando cualquier elemento que pudiera constituirse en una amenaza para las autoridades o, simplemente, para algún señalamiento de violaciones graves. El punto central de éstos y otros ministros era que el ‘desorden generalizado’ no se constituía como la causa eficiente que dio origen a la tragedia. La mayoría de los ministros aceptaron que existieron ‘irregularidades’ en el desempeño de las autoridades, pero con una votación 6-5 se resolvió que no era suficiente para calificar al sistema de guarderías del IMSS como un ‘desorden generalizado’ (en este punto la mayoría se integró por Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González-Salas, Aguilar Morales, Valls Hernández y Ortiz Mayagoitia).

Con esta decisión, la Corte se fue al receso y volvió para la sesión vespertina. Al inicio de ésta, Ortiz Mayagoitia manifestó que, en vista que el proyecto de Zaldívar había sido derrotado en sus puntos medulares, el resto del debate no podía apoyarse más en su ‘metodología’. Y, por ello, en votación económica, el pleno aprobó esta reflexión del presidente, así como su propuesta de 8 puntos a resolver para concluir el asunto.

En este nuevo contexto, el pleno procedió a votar si había habido violación grave de derechos fundamentales. La decisión fue contundente. Salvo Aguirre Anguiano, todos los ministros dijeron que sí hubo violación grave. Inmediatamente después se procedió a votar una moción de Aguirre respecto lo siguiente: basándose en precedentes en materia de amparo, el IMSS no podía ser considerado como autoridad y, por tanto, tampoco como una institución potencialmente violadora de derechos. A pesar de que Valls Hernández y Luna Ramos se unieron una vez más a Aguirre, el pleno determinó que el IMSS sí podía considerar como autoridad. Luego se votó una moción presentada por Sánchez Cordero, en la cual planteaba la posibilidad que los particulares podrían también ser considerados responsables de violación de garantías. Con una votación idéntica a la del tema de ‘desorden generalizado’, la Corte determinó que la facultad de investigación no aplica para actos de particulares.

De esta manera, una vez que se habían resuelto el asunto de los alcances de la facultad, la legalidad de la subrogación y el de si habían existido violaciones graves a derechos, la Corte entró en el tema más peliagudo para los ministros: los nombres de los involucrados en la violación grave de derechos. La estrategia seguida para ello fue, extrañamente, comenzar por la autoridades de menor jerarquía en el sistema federal. En este contexto, en cuanto a las autoridades municipales se decidió señalar como involucrados a: Jesús Davis Osuna, Director de Inspección y Vigilancia Municipal de Hermosillo (9-2 fue la votación donde Aguirre Anguiano y Aguilar Morales fueron la minoría) y Roberto Copado Gutiérrez, Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (8-3 la votación, con Aguirre, Aguilar y Cossío Díaz en la minoría). Respecto el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, sólo Zaldívar, Gudiño, Sánchez y Silva votaron por también señalarlo como involucrado.

En cuanto a las autoridades estatales, se consideraron involucrados a: Wilebaldo Alatriste Candiani, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (por unanimidad), Fausto Salazar Gómez, director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, (ambos por votación 8-3, figurando en la minoría Aguirre, Luna Ramos y Valls).  En contraste, la mayoría integrada por los ministros Aguirre, Luna, Franco, Aguilar, Valls y Ortiz consiguió que no fueran señalados el ex gobernador, Eduardo Bours y tampoco Ernesto Vargas Gaytán, su ex secretario de Hacienda.

Sobre las autoridades del IMSS, la Corte no consideró como involucrados a: el ex director, Juan Molinar Horcasitas (7-4, con Zaldívar, Gudiño, Sánchez Cordero y Silva en la minoría), el actual director, Daniel Karam (8-3, la misma minoría excepto Sánchez Cordero); Sergio Antonio Salazar Salazar, Director de Prestaciones Económicas y Sociales y Carla Rochín Nieto, Coordinadora de Guarderías (ambos con votación 6-5, quedando Zaldívar, Gudiño, Sánchez Cordero, Silva y Ortiz en la minoría). Así, de las cinco personas propuestas como involucrados, sólo Arturo Leyva Lizárraga, Delegado Estatal en Sonora y Noemí López Sánchez, Titular del Departamento Delegacional de Guarderías, fueron encontrados como autoridades involucradas (para ambos la votación fue 8-3, con Aguirre, Luna Ramos y Valls en la minoría).

La sesión cambió notablemente después de que se votaron los puntos anteriores. La confusión generada por tantas votaciones incrementó y varios de los ministros decidieron hacer propuestas puntuales sobre otros funcionarios a los que se podría involucrar y por qué. Al final, en contradicción con el aparente rechazo del proyecto ocurrido poco antes, los ministros decidieron recuperar varias de las cuestiones que el mismo establecía como actos ‘reparatorios’, sólo que nombrándolas como acciones mínimas que se sugiere a las instituciones involucradas llevar a cabo.

La decisión de este caso no dejó nada de nuevo y, desafortunadamente, con ella todos salimos perdiendo. La Corte confirmó su aversión a la facultad de investigación y lanzó una llamada de auxilio para que de una vez por todas se la quiten. Su actuación, lejos de mostrar mayor autonomía, la hizo ver tímida y titubeante. Al tiempo que evidenció el poco realismo –o la hipocresía- con la que algunos de los ministros entienden su responsabilidad. Las autoridades involucradas no evitaron ser señaladas ante la opinión pública como posibles responsables de actos y omisiones tan graves que podrían estar ligados a una tragedia profundamente dolorosa. Al final, los derechos fundamentales tampoco lucen mejor protegidos que antes de que la Corte entrara a este tema. Por el contrario, pareciesen más vulnerables que antes.

En los días que vienen la indignación por la tragedia de la Guardería ABC lejos de desaparecer, aumentará y será aún más dolorosa que antes. La Suprema Corte continuará con sus esfuerzos por posicionarse como un verdadero tribunal constitucional. Pero no logrará eclipsar lo que es hoy muy claro: lo mínimo que hace falta exigirle no es que sea una Corte justiciera, sino un órgano inteligente y estratégico en la forma de abordar su labor. De otra forma, la Corte continuará paulatinamente destruyendo la autoridad ética y política que dice no tener.

Camilo Saavedra Herrera. Candidato a doctor en gobierno por la London School of Economics and Political Science. www.twitter.com/camilosaavedra

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La Suprema Corte, por segundo día consecutivo, dedicó dos sesiones al análisis del caso Guardería ABC. Fiel a su costumbre, evadió en la mayor parte del debate entrar al fondo del asunto, pero tampoco se anduvo por las ramas: dejó en claro que, independientemente del sentido final de su decisión, ésta no tendrá un alcance mayor al resto de los casos donde han investigado violaciones graves de derechos. En efecto, como explicaremos a detalle a continuación, la mayoría de ministros al optar por el eufemismo “autoridades involucradas” en vez de responsables, intentó curarse en salud, adelantando que su decisión será de alcance moderado.

Ahora bien, la sesión inició nuevamente con una presentación del ponente del caso, en el que trató de dar respuestas a las observaciones planteadas por sus colegas. Zaldívar insistió en que su proyecto, al (re)pensar los alcances de la facultad de investigación, permite a la Corte desempeñarse como un ombudsman supremo. Y, en este sentido, impulsar una protección mucho más activa de los derechos fundamentales –función primordial, desde su punto de vista, de los tribunales constitucionales-. El ministro Zaldívar aclaró también que los principios consagrados en la Constitución tienen un carácter ético, moral y político –ajenos a cualquier perspectiva religiosa- que sirven de sustrato para sostener la autoridad del órgano encargado de hacer efectivo el mismo texto constitucional: la Suprema Corte de Justicia. Así, con base en estos argumentos, Arturo Zaldívar conminó a sus compañeros a abandonar la lectura limitada de la facultad de investigación, que han venido realizando en diversos precedentes, y aprovechó para lanzarle un guiño a sus compañeros: en aras de conseguir una mayoría, aceptaría aquellos cambios sugeridos a su proyecto que no cambiasen radicalmente el sentido de éste.

Después de esta exposición del ministro ponente, el debate en la Corte giró en torno a seis puntos clave. En primer lugar, se abordó el tema de la ampliación de los alcances de la facultad de investigación. Aquí, en un inicio, la posición del proyecto sólo fue apoyada por Zaldívar, Silva Meza y Sánchez Cordero. Pero, posteriormente, una vez que Zaldívar accedió a incorporar ciertas observaciones, también se sumaron Cossío Díaz y Aguilar Morales. Sin embargo, no fue suficiente para lograr una mayoría y redimensionar esta facultad de investigación.

El debate posteriormente pasó a determinar si a través de esta facultad se podían señalar autoridades responsables (como lo propuso Zaldívar) o meramente autoridades involucradas (como se estableció en el precedente del caso Oaxaca). En este punto, al percatarse de que eran insuficientes los votos para que fuese aprobada esta parte de su proyecto, Zaldívar retiró el ofrecimiento de realizar modificaciones y dijo que al perder su propuesta ésta la aprovecharía como un voto particular. Tal movimiento de Zaldívar orilló a Aguilar Morales y a Cossío Díaz a que en la votación definitiva votaran junto con la mayoría.

La suficiencia de la investigación, si la investigación de la Comisión Investigadora había cumplido con el protocolo de investigación establecido por la misma Corte, fue el siguiente punto resolutivo del día y fue aprobado por unanimidad sin mayores dificultades.

La Suprema Corte prosiguió a analizar el considerando cuarto del proyecto, referente al análisis y narrativa de los hechos. Aquí, una vez más, los ministros Zaldívar, Sánchez Cordero y Silva Meza votaron juntos. El resto de los ministros, aunque votaron en contra de la narrativa de hechos, arguyeron diferentes motivos para ubicarse en contra de este aspecto. Algunos, como Aguirre Anguiano, consideraron que la narración de los hechos no era precisamente descriptiva sino que también tenía ingredientes prescriptivos. Cossío Díaz, por su parte, señaló que había hechos que sobraban y otros que era necesario incluir. En términos generales, la mayoría criticó el abuso de adjetivos de esta narrativa, en vez de limitarse sólo a describir los hechos.

Así, una vez que se definieron los aspectos de la suficiencia investigadora y la descripción de hechos, por fin se entró al primer tema de fondo: la legalidad del esquema de subrogación de guarderías del IMSS. En un primer momento, los ministros expusieron sus puntos de vista en relación con el asunto, pero ante la insistencia del ministro Aguilar Morales sobre que, independientemente de que se considere o no ilegal a dicho esquema, no era necesario pronunciarse al respecto, se aceptó votar sobre si esto debía ser así o no. En una votación 7-4, donde la minoría se integró por Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Valls Hernández y el propio Aguilar, el pleno determinó que para resolver el caso sí es necesario pronunciarse sobre este aspecto. En consecuencia, la legalidad del esquema de subrogación fue inmediatamente ratificada mediante una votación también 7-4, pero aquí la minoría se conformó por los ministros Cossío Díaz, Gudiño Pelayo, Silva Meza y, sorprendentemente, también por Zaldívar (quien de esta manera votó en contra de su propio proyecto).

Con todo esto, ¿cuáles se podrían señalar como los saldos del segundo día de discusión en este asunto? En primer lugar, se puede tener la certidumbre de que, pase lo que pase, el alcance de decisión de la Corte será cuando más moderada. Habrá, si acaso, un señalamiento de autoridades involucradas, pero no de responsables. Esto anuncia una decisión tímida y cuyo impacto poco contribuiría a fortalecer la protección de derechos, el señalamiento de responsables ni a apuntalar la legitimidad de la Corte. Algo más: aunque lo más probable es que Zaldívar pierda también en el resto de los puntos de su proyecto; lo cierto es que, desde ya se puede afirmar que como ministro de recién ingreso a la Corte, él ya ganó de manera contundente al proyectar la imagen de un ministro garantista y crítico. Pero tal vez esa fue su estrategia desde el inicio: no construir una mayoría alrededor de su proyecto, sino simplemente crecer ante la opinión pública.

Camilo Saavedra Herrera. Candidato a doctor en gobierno por la London School of Economics and Political Science. www.twitter.com/camilosaavedra

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Una vez más la forma eclipsó al fondo. Durante el primer día en que se analizó el caso de la Guardería ABC en la Suprema Corte, el debate giró en torno a los alcances de la facultad de investigación de violaciones graves a derechos fundamentales[1] y, en este sentido, a determinar el rol que debe ocupar la Corte en el sistema político mexicano.

Que no se haya entrado aún al análisis de la violación de garantías y al tema de las responsabilidades no es, desde luego, lo más deseable. Sin embargo, por más rancio que parezca, no es un asunto menor que los propios ministros discutan sobre el carácter político y ético de su función, especialmente si se tiene en cuenta que la Corte tiende a evadir este tipo de cuestiones a través de formalismos jurídicos. A continuación un breve recuento de lo ocurrido en la discusión del día de ayer.

La facultad de investigación, como se sabe, no es cómoda para la mayoría de los ministros, sea por su carácter no jurisdiccional o sea por la ausencia de efectos para vincular a las autoridades que se consideren involucradas (o responsables) en hechos de violación grave de garantías. Prueba de esto son las conclusiones del Libro Blanco de la Reforma Judicial[2], así como la manera en que se discutieron y resolvieron los casos Lydia Cacho, Atenco y Oaxaca. No obstante, en contraste con esta posición, el ponente de este caso, el ministro Arturo Zaldívar, inició la sesión[3] con la exposición de un proyecto que desafía esta visión dominante –y quizá también a la reforma que busca trasladarle esta atribución a la CNHD, aprobada ya por el Senado y en análisis en la cámara de diputados-, y en el cual propone que la Corte esté a la altura de las exigencias de la sociedad mexicana en materia de derechos.

Así, Zaldívar planteó que la facultad de investigación sea un instrumento que, independientemente que no genere efectos administrativos, civiles o penales, le permita a la Corte proteger la vigencia de los derechos fundamentales mediante la autoridad ética y política que posee. Con base en ello, propuso declarar a catorce funcionarios del IMSS, el gobierno estatal y el ayuntamiento como responsables de violaciones graves a los derechos humanos, tanto por sus actos como por sus omisiones, y que resultaron en lo que calificó como un desorden generalizado del sistema de guarderías subrogadas del IMSS.

Para analizar la propuesta y resolver el caso, el pleno decidió que la ‘metodología’ adecuada sería analizar primero los alcances de la facultad de investigación. Al respecto, los ministros se ubicaron básicamente en dos posiciones: por un lado, una que comparte la visión de la propuesta y considera que la facultad de investigación es un instrumento clave para que la Corte pueda proteger y dar contenido a los derechos (integrada por Zaldívar, Sánchez Cordero y Silva Meza) y; por el otro, una que en general es renuente a aceptar que la Corte y sus decisiones tengan un peso ético, moral y/o político (Aguirre, Cossío, Luna, Franco, Gudiño, Aguilar, Valls y Ortiz).

En las dos sesiones del 14 de junio no se discutió a profundidad el tema de la delimitación de las responsabilidades, aunque varios de los ministros sí insinuaron sus posiciones al respecto. Silva Meza y Sánchez Cordero, por ejemplo, señalaron estar a favor del contenido de la propuesta e, inclusive, ésta última consideró que los particulares (además de las autoridades) podrían también ser eventualmente considerados como responsables. Los ministros Cossío, Valls, Gudiño y el presidente Ortiz Mayagoitia dejaron ver que, a pesar de no compartir el razonamiento de ciertas partes del proyecto, sí se sumaban en el punto de que hubo violaciones graves de derechos fundamentales.

Al final de la sesión, el ministro Zaldívar pidió estudiar el resto del día las diferentes críticas y cuestionamientos de sus colegas, para hoy responder exhaustivamente a ellas. Y aceptó la posibilidad de incorporar algunas de tales observaciones a su proyecto. Lo cual probablemente se trate de una estrategia: lanzar un proyecto con algunos aspectos un tanto contundentes y radicales, como el tema del peso moral y político per se de la Corte frente al resto de los poderes, para luego ceder en éstos como moneda de negociación, con la idea de sacar adelante los temas más relevantes del proyecto: la construcción de la responsabilidad política de los funcionarios públicos y el listado de autoridades responsables. Pronto sabremos.

Lo cierto, es que, para haber sido el primer día de debate, no estuvo mal que los ministros opinaran, algunos con mayor lucidez que otros, respecto cómo ven su función dentro de la dinámica política y social del país. Hoy, sin embargo, difícilmente podrán evadir las cuestiones de fondo.

Camilo Saavedra Herrera. Candidato a doctor en gobierno por la London School of Economics and Political Science. www.twitter.com/camilosaavedra


[1] Establecida en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional.

[2] “…se recomienda que el Constituyente Permanente proceda en el mediano plazo a la eliminación de las facultades de investigación establecidas en el artículo 97 de la Constitución. Ello por considerar que estas facultades no corresponden al diseño de un tribunal constitucional. En caso de que esta recomendación no se considere adecuada, el Congreso de la Unión deberá en el mismo plazo reglamentar dichas facultades para precisar tanto sus causales de procedencia como sus efectos.”

[3] Vale mencionar que antes de la exposición del ministro Zaldívar, la sesión comenzó con una tercera solicitud del ministro Fernando Franco para que el pleno evaluara si se encontraba impedido para conocer de este asunto (facultad de investigación 1/2009) –la otras dos anteriores se intentaron al momento de determinar qué ministro elaboraría el proyecto de resolución-. En esta ocasión su argumento fue que mientras fungió subsecretario en la Secretaria del Trabajo asistió a sesiones del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual podría constituir una causal de impedimento. En una votación 6-4 (el solicitante no vota, desde luego) en la que estuvieron en la minoría los ministros Zaldívar, Gudiño, Sánchez Cordero y Silva Meza, la corte rechazo su solicitud. Inmediatamente después el pleno por unanimidad resolvió también que en el caso del ministro Valls tampoco existe ningún impedimento, puesto que cuando laboró en el IMSS el esquema de subrogación no había sido todavía instituido

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“Nunca”, fue la respuesta de la justice Sonia Sotomayor cuando en su proceso de confirmación se le cuestionó si en algún caso migratorio había fallado por compasión a favor del migrante. Una pregunta de este tipo, a quien se convertiría en la primera hispana[i] y tercera mujer en llegar a la Corte Suprema estadounidense, refleja la enorme relevancia que el tema migratorio ha adquirido en ese país, cuyo número de inmigrantes ilegales asciende hasta 11 millones de inmigrantes ilegales, pero también vislumbraba un escenario donde los jueces se ubicarán en el centro del debate en dicho tema.

Y, efectivamente, la tormenta no tardó en desatarse: con el argumento de que el gobierno federal había sido omiso en atender lo que denominó como crisis de la migración ilegal[ii], la gobernadora de Arizona, Janice Brewer, firmó el pasado 23 de abril la ley SB1070 que criminaliza a quien se encuentre ilegalmente en el estado, y que exige a la policía revisar el estatus migratorio de todo aquél que parezca ‘razonablemente sospechoso’. Sin duda, hasta el momento, se trata de la ley más estricta en materia migratoria en los Estados Unidos. Y de ahí que represente un claro desafío a la administración de Barack Obama[iii], que había manifestado en varias ocasiones su rechazo a una medida con éstas características.

Así, la ley SB1070 lanzó nuevamente el tema migratorio al centro de la agenda nacional norteamericana, abriendo diferentes frentes que definirán durante los próximos las coordenadas de la discusión. En el plano político, las reacciones han ocurrido en dos niveles: en el federal, altos funcionarios han cuestionado la validez legal de la ley, destacando lo onerosa que podría resultar para el país[iv]. Incluso se ha mencionado que la polémica que ha propiciado esta ley afecta cuestiones prioritarias para el gobierno como el tema de la política energética. Por su parte, a nivel estatal, diversas organizaciones sociales se han movilizado para protestar públicamente e impulsar un boicot económico al estado. Con todo, al interior de Arizona, cuya población de origen hispano ciertamente asciende hasta un 30%, pero de la cual sólo vota el 12%, pareciese que la medida cuenta con gran popularidad y podría conseguir el efecto que la gobernadora Brewer espera en este año de elecciones[v].

La batalla más dura y larga ocurrirá, sin embargo, en el terreno legal –que no deja de ser también político- y donde el objetivo prioritario es conseguir una respuesta contundente de los tribunales respecto la validez de la ley SB1070. Hasta ahora organizaciones sociales como  American Civil Liberties Union, Mexican American Legal Defense and Educational Fund y  National Immigration Law Center, todas ellas con experiencia en este tipo de litigios, han hecho públicas sus intenciones de proceder judicialmente contra la reforma.  A ello hay que sumarle la decisión del alcalde de Phoenix, Phil Gordon, de recurrir a los tribunales locales, así como el proyecto de llevar la ley a referéndum con el propósito de al menos postergar su entrada en vigor hasta 2012. No obstante, la mayor amenaza para la ley podría estar gestándose en el Departamento de Justicia, donde en este momento se analiza la posibilidad de que el mismo gobierno federal ataque esta ley ante los tribunales federales.

Ahora bien: ¿En qué consisten en concreto las regulaciones de la ley SB1070? ¿Cuáles podrían ser, en ese sentido, los blancos de ataque del gobierno federal en su contra? En primer lugar, esta nueva regulación establece como delito estatal el que una persona no sea capaz de proporcionar pruebas de su residencia legal en los Estados Unidos cuando así le sea requerido por la autoridad. Asimismo, exige a la policía hacer un ‘esfuerzo razonable’ para determinar el estatus migratorio de una persona respecto la cual ‘razonablemente se sospeche’ que se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos. Establece también como delito que los inmigrantes ilegales trabajen, busquen empleo y, para los no migrantes, que alberguen, protejan u oculten a un inmigrante ilegal. Por último, autoriza a los residentes de Arizona para demandar a algún oficial que falle en aplicar esta ley.

En suma, lo polémico de la nueva regulación antimigrante de Arizona reside en criminalizar la inmigración ilegal al definirla como allanamiento de morada; otorgar excesiva discrecionalidad a la policía en la detención de presuntos criminales; promover detenciones basadas en la raza, tez u origen; y  establecer regulaciones en materia migratoria lo cual no es facultad de los estados.

En este contexto, entre los diversos aspectos que podrían ser motivo de una disputa legal, dos son los principales: la distribución de competencias para legislar en materia migratoria y las violaciones a derechos civiles establecidos en la constitución y la declaración de derechos. Sobre la cuestión de las competencias, el asunto radica en una interpretación del artículo 1º de la constitución norteamericana que determina que solamente el congreso federal puede legislar en materia migratoria. Esta posición encuentra apoyo en la llamada ’supremacy clause’ que indica que sobre las leyes estatales están las federales y la propia constitución, pero sobre todo en precedentes judiciales. Uno de estos es fruto de la propuesta 187 en el estado de California que pretendió negar servicios sociales, médicos y de educación pública a los inmigrantes indocumentados y que fue declarada inconstitucional por una jueza federal por infringir la jurisdicción exclusiva del gobierno federal en materia migratoria[vi]. Otro caso caso es Lozano v. City of Hazleton, en el que un juez federal invalidó, por motivos también competenciales, una ley que establecía penas a los habitantes de esta ciudad del estado de Pennsylvania que rentaran propiedades a inmigrantes ilegales.

En lo que se refieren a las violaciones a los derechos constitucionales, la ley SB1070 podría violar las garantías de igualdad ante la ley y de no cateos y aprehensiones arbitrarias, establecidas por las enmiendas 14ª y 4ª, respectivamente. Quienes objetan la SB1070 refieren que en el caso Plyler v. Doe la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley del estado de Texas que privaba a hijos de indocumentados de educación pública y gratuita, por considerar que ésta violaba la garantía de igualdad ante la ley establecida en la 14ª enmienda constitucional. Aquella fue una decisión 5-4 en la que un ministro nominado por Nixon, Lewis F. Powell, cambió al bando liberal y permitió que se invalidara la norma. El único ministro que participó en el asunto Plyler v. Doe y que sigue en activo es John Paul Stevens. Se trata del líder del ala liberal de la Corte Suprema estadounidense. Stevens, sin embargo, recién anunció su renuncia al cargo de justice, efectiva hasta el próximo mes de junio.

¿Cuál es, entonces, el futuro jurisdiccional de esta ley? ¿Llegará su escrutinio hasta la Corte Suprema? Diversos factores políticos y jurídicos en juego determinarán el futuro jurisdiccional de la ley SB1070. Lo cierto es que en mayo la administración de Obama presentará la nominación para reemplazar Stevens en la corte y cambiar nuevamente la integración y correlación de fuerzas al interior de ese órgano colegiado. No sería extraño que en las audiencias escucháramos a los senadores hacer énfasis en la cuestión migratoria. Tampoco sería extraño que viéramos en futuro próximo, tal vez al analizar la constitucionalidad precisamente de la ley SB1070, a esta nueva corte debatiendo si reafirma o desecha criterios establecidos en casos como Plyler v. Doe.

Camilo Emiliano Saavedra Herrera. Candidato a doctor en gobierno por la London School of Economics and Political Science. www.twitter.com/camilosaavedra


[i] A pesar de que han quienes ha dicho que el primer ministro de origen hispano fue Benjamin N. Cardozo, existe hoy consenso respecto de que Sotomayor fue la primera.

[ii] Justo antes de firmar la ley SB1070, Brewer declaró “la iniciativa que estoy por firmar, SB1070, representa otra herramienta que nuestro estado puede usar en su esfuerzo de resolver una crisis que no creamos y que el gobierno federal ha rehusado a resolver: la crisis causada por la inmigración ilegal en la porosa frontera de Arizona”.

[iii] La mañana del 23 de abril Obama había lanzado una última advertencia –o quizá una muy temprana respuesta- a la promulgación de la ley SB1070, al declarar que: el gobierno es quien tiene la responsabilidad de aplicar la ley en materia de inmigración; que las empresas son responsables de obedecer dicha ley no afectar a los trabajadores, especialmente en momentos de desempleo; y que los inmigrantes ilegales tienen, antes que esperar obtener su ciudadanía, hacer su responsabilidad de haber violado la ley y tener una sanción por ello, además de tener la obligación de pagar impuestos y aprender inglés.

[iv] Las reacciones y efectos ante la aprobación de esta ley no se hicieron esperar. En el pleno estrictamente político, el gobierno de Obama ha sido especialmente crítico haciendo ver a través tanto de la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, como del Fiscal General Eric Holder, que la medida podría estar malgastando recursos que se requieren combatir al crimen y que la administración está considerando impugnar judicialmente la medida

[v] Lo anterior resulta especialmente relevante para Brewer pues ella debe su cargo a la renuncia de Janet Napolitano, la cual presentó cuando fue designada por Barack Obama como Secretaria de Seguridad Nacional. Dado que la normatividad de Arizona indica que en caso de falta del gobernador, éste deberá ser sustituido por el Secretario de Estado, Brewer pasó a ser gobernadora con la renuncia de Napolitano.

[vi] La propuesta 187 fue llevado por el gobierno de California a una segunda instancia judicial, pero con el triunfo del partido demócrata en la elección de 1999, fue retirada de la corte de apelación por el entonces recientemente electo Gray Davis.

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