Toca el turno de que el Senado redima la cuestionada elección de la titular de la CNDH. Ayer miércoles 4 de diciembre se llevó a cabo la comparecencia para la elección de la ministra que ocupará la vacante que dejó Eduardo Medina Mora –quien, semanas atrás, renunció a la Suprema Corte envuelto en escándalos de corrupción y bajo un procedimiento de renuncia cuestionado por la manera que fue procesada por el presidente de la República y por el Senado-.

La comparecencia se llevó a cabo ante la comisión de justicia del Senado y miembros del Senado externos a dicha comisión, la cual tuvo una duración de poco más de 9 horas con un promedio de 3 horas de comparecencia por cada aspirante. Las preguntas fueron muy similares en cada caso: temas políticas relacionados con el gobierno federal, preocupación por la independencia judicial, la Ley Bonilla y algunas cuestiones técnicas como controles de constitucionalidad, prisión preventiva oficiosa, progresividad de los derechos humanos, temas de constitucionalidad, congelamiento de cuentas bancarias, entre otros.

Es importante señalar que la participación de la sociedad civil fue prácticamente nula; por cada comparecencia únicamente se permitió presentar una pregunta de la ciudadanía.

Diana Álvarez Maury: esfuerzo  insuficiente

La primera en comparecer fue Diana Álvarez Maury, licenciada en derecho por el ITAM y actual subsecretaria de desarrollo democrático, participación social y asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación.

En su presentación comenzó agradeciendo al presidente de la República por haberla nominado en la terna, dio una síntesis de su vida académica y profesional, se declaró apartidista y negó cualquier vínculo que pudiera impedir su independencia y autonomía. Asimismo, mencionó que uno de los temas a mejorar en la Corte es la poca productividad del Pleno frente a las salas. Luego de 16 minutos con 20 segundos durante los que se presentó, expuso sus ideas y lanzó algunas frases un tanto inspiradoras; luego vinieron las rondas de preguntas de los Senadores integrantes de la comisión de justicia.

La primera pregunta que contestó fue en relación con la legalización de la marihuana. Al responder cayó en un lugar común al mencionar que es un tema trascendente en materia económica, de salud y seguridad. Al parecer no tenía una respuesta concreta pues reiteró que había un debate amplio sobre el tema, el cual no supo exponer o explicar. Mencionó la resolución de la Corte respecto del uso de la marihuana y se pronunció sobre la necesidad de ponderar el interés de la sociedad en estos temas. Asimismo, abundó en el interés superior de la niñez sin poder establecer una correlación de ese tema con la pregunta en cuestión.

Consecuentemente, le cuestionaron sobre cuál era su postura sobre la autonomía del Poder Judicial de la Federación en relación con la Ley de austeridad que, a decir de quien formuló la pregunta, vulnera la autonomía de dicho poder en virtud del recorte presupuestal. En su respuesta no se pronunció sobre la ley en cuestión, sólo mencionó que creía que el poder judicial debe ser independiente y tener autocrítica como otros poderes la han tenido y que el presupuesto no debe dañar su autonomía.

Otra pregunta interesante fue aquella que solicitó la opinión de la compareciente respecto de la reciente resolución de la Corte en la que resolvió que no proceden las controversias constitucionales en las que municipios y entidades federativas reclaman el incumplimiento de convenios fiscales y que implicó dejar atrás el criterio dominante por más de 20 años establecido a partir del caso Temixco (controversia constitucional 31/97). En su respuesta, Álvarez Maury dijo conocer la resolución y defendió un presupuesto equitativo. Sin embargo, no abundó sobre las implicaciones que conlleva este nuevo criterio del más alto tribunal del país.

Después de preguntas encaminadas a dar respuestas con fundamentos legales, constitucionales y convencionales, le preguntaron sobre sus opiniones estrictamente personales en relación con la interrupción legal del embarazo, la legalización de la marihuana y la existencia de un código penal único. Así como su opinión del proceso de designación de la terna por parte del ejecutivo federal y su posible impacto negativo en la independencia y autonomía de la aspirante.

Por una parte, en relación con la primera pregunta, Álvarez Maury respondió que no estaba de acuerdo con la criminalización del aborto, que abortar es una decisión complicada de tomar y, por ello, se debe acompañar de una educación sexual adecuada. Asimismo, mencionó que la criminalización de esta conducta trae resultados discriminatorios pues la mayoría de las mujeres que están en prisión como consecuencia de ello, son aquellas con escasos recursos económicos y de poblaciones indígenas. Si bien fue contundente en mencionar la libertad de elección de la mujer expuso que el aborto es concebido de distinto modo dependiendo del área del país en el que se discuta, por lo que concluyó que la Corte, al resolver sobre este tema, debería atenerse a lo establecido en las respectivas legislaciones locales. Opinión que difiere de la posición que hoy día prevalece en el máximo tribunal del país.

Por otra parte, respecto del uso de la marihuana mencionó estar a favor de la regulación y despenalización en ciertos casos. En relación con la tercera pregunta, mencionó que una fiscalía que opere con un código penal único podría tener algunos beneficios como mayor profesionalización, lo cual implicaría justicia más expedita.

Ahora bien, respecto la cuarta pregunta respondió que la autonomía de la aspirante no se ve vulnerada por el hecho de que el presidente de la República designe la terna. Ahora bien, en relación con el proceso mencionó que esté es muy desgastante. Asimismo, la actual subsecretaria dio respuesta a preguntas sobre temas polémicos en la actualidad. Entre ellos, un controvertido tweet del ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar. A diferencia de lo que él manifestó en esta red social, la compareciente argumentó que la Suprema Corte sí es un contrapeso reconocido en la Constitución al ser un órgano revisor. Finalmente, en relación con supuestos en los que se prolongue un periodo de gobierno luego de haber sido electo –como el caso de la Ley Bonilla– no respondió si eran constitucionales o no, sólo se limitó a contestar que en dichos casos se ponían en tensión principios constitucionales.

Así pues, luego de dar contestación a éstas y otras preguntas concluyó su participación. Si bien en varias respuestas demostró conocimiento y dominio sobre los temas, fue ambigua y poco contundente en otras.

Ana Laura Magaloni Kerpel: cercanía y cambio

El discurso inicial de la aspirante abarcó los dos elementos básicos que debe haber en toda comparecencia: la idoneidad de su perfil para ser ministra y describir porqué su elección es necesaria en un tribunal constitucional.

La intervención de la aspirante tuvo como base dos ejes principales. El primero, en relación con acceso a la justicia: abrir las puertas de las instituciones de justicia a todos los mexicanos que viven sin la protección de la ley. El segundo, sobre los límites al ejercicio del poder: asegurar que el impulso de cambio social no desborde los límites que establece la Constitución. Es decir, definir los límites del poder,así como gestionar la tensión inevitable entre democracia y Constitución.

Estos ejes, según la compareciente, implican entender a la justicia desde una función pacificadora. Lo cual lleva a descifrar la verdad y explicar a las partes de un juicio el por qué de la decisión que toma el juez. En relación al primer eje, Magaloni Kerpel planteó la paradoja de la justicia en México: contar con un marco constitucional de derechos humanos de avanzada y, al mismo tiempo, un marco que excluye a gran parte de los mexicanos de la justicia.

En casos donde se presenta esta paradoja, la compareciente mencionó que la Corte debe ser una aliada de las personas, instituciones y organizaciones sociales que impulsen la transformación de las instituciones de justicia. Asimismo, sostuvo que la Corte debe reducir y flexibilizar los requisitos procedimentales que limitan el acceso a la justicia constitucional. Acceso que se logra al disminuir la distancia entre la Corte y las víctimas: ir del escritorio al territorio.

Ahora bien, una vez iniciada la ronda de preguntas solicitaron su posición en relación con la sentencia del ministro Medina Mora en la que resolvió, entre otras cosas, el congelamiento de cuentas bancarias. La compareciente mencionó que ella no habría podido haber dado un voto favorable a esa sentencia y, en esta tesitura, manifestó la constitucionalidad del congelamiento de cuentas bancarias como medida precautoria y limitado a cierto periodo.

Asimismo, al igual que a la maestra Álvarez Maury, le preguntaron su opinión estrictamente personal en relación con la interrupción legal del embarazo, la legalización de la marihuana y la existencia de un código penal único. Así como su opinión del proceso de designación de la terna por parte del ejecutivo federal y su posible impacto negativo en la independencia y autonomía de la aspirante.

En relación con el tema del aborto, sostuvo que este siempre se ha visto de manera binaria y que nunca se ha discutido sobre cómo prevenir los embarazos y proteger a las mujeres que no tienen elección en estos escenarios. Asimismo, expuso que la mayoría de las mujeres que están prisión en virtud de haber interrumpido su embarazo son pobres. Al respecto, recalcó que la prisión nunca es la solución.

Sobre la legalización de la marihuana, luego de mencionar el precedente de la Corte, argumentó que era una cuestión de política pública que no le compete al máximo tribunal sino al poder legislativo, el cual debería legislar sin prejuicios. Por otro lado, al contestar sobre la existencia de un código penal único, sostuvo que la verdadera solución a los problemas de seguridad es una reforma seria en las policías y fiscalías, pues, es en éstas donde radica el problema real.

Ahora bien, en relación con el proceso de designación de la terna, mencionó que es necesaria la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo para así poder darle legitimidad al proceso y a la elección de ministra de la Corte.  Lo cual se logra si el presidente justifica y transparenta los motivos por los que envía a ciertas personas a la terna.

De igual modo, respondió a preguntas de diversa índole. Entre ellas si estaría dispuesta a reducir su sueldo como ministra. A lo cual contestó que sí y mencionó: “no busco el sueldo, busco servir a mi país”. Asimismo, sostuvo que una reforma constitucional no podría ser inconstitucional debido a que contravendría la soberanía con la que cuenta el poder reformador del legislativo. De igual manera se pronunció respecto de los alegatos de oreja, los cuales calificó como violatorios del debido proceso y en cambio propuso que las audiencias deberían ser públicas y en la  presencia de las partes.

En suma, Magaloni Kerpel busca lograr que la ciudadanía se sienta protegida por la Constitución y tener cercanía y contacto con la gente que no tiene poder ni recursos.  Asimismo, sostuvo que la Corte debe acercarse a los jueces ordinarios con el fin de mejorar la impartición de justicia. Así como hacer sentencias cortas entendibles y que inspiren.

La comparecencia de Magaloni pareció más una cátedra de derecho constitucional y sesión de consultoría jurídica para Senadores presentes. Quizá por eso en ocasiones parecía que se perdía entre tantas preguntas –o consultas– que le formularon. Entre la emoción por exponer y responder con pulcritud es entendible que suceda. Sin duda una comparecencia así es la que se espera de cualquier persona que aspire a ser ministra de la Corte.

Ana Margarita Ríos Farjat: cantinfleo y experiencia de vida

De las comparecencias, la última en participar fue la jefa del SAT, Ana Margarita Ríos Farjat. En su exposición inicial describió a los senadores el expediente de su vida: la labor judicial de su padre, los diversos límites que la sociedad impone a las mujeres para su realización profesional y, finalmente, su pasión por el derecho fiscal, así como la equidad que, con un buen uso de éste, se puede lograr para la sociedad.

La jefa del SAT recalcó su labor como actuaria judicial en un juzgado de Nuevo León y cómo esta experiencia la sensibilizó respecto al ejercicio del derecho. De lo mencionado por la aspirante no hubo señalamiento alguno sobre su idoneidad para ocupar el cargo de ministra más allá de su vida privada y su trayectoria académica y profesional. Asimismo, la compareciente solamente describió a la Corte como un instrumento que disminuye la brecha de desigualdad mediante la reducción de la corrupción y la erradicación de los privilegios de unos cuantos.

En torno a la ronda de preguntas, los senadores no cambiaron la temática de sus preguntas. Si bien esto refleja el pobre nivel de la mayoría de las intervenciones de los legisladores, también permitió evidenciar, en comparación con las otras participantes de la terna, las respuestas confusas de la ponente. Cuando le preguntaron su opinión sobre la prisión preventiva oficiosa, la compareciente respondió que es una medida constitucional que constituye una excepción al principio de inocencia. Medida que calificó de convencional, ya que la Convención de Palermo permite limitar el principio de inocencia en ciertos supuestos. Por esa respuesta se puede concluir que Ríos Farjat confundió la prisión preventiva (medida cautelar: calificada y valorada por un Juez), con la prisión preventiva oficiosa (precalificada y valorada por el legislador). Error que no permitió profundizar en el tema y exhibió el poco conocimiento que tenía al respecto.

Asimismo, la compareciente fue cuestionada por diversos senadores sobre su autonomía e independencia para ocupar el cargo, así como de los requisitos establecidos por el artículo 95 de la Constitución para ocupar el cargo de ministra. Pregunta que no fue bien sorteada pues    respondió que el texto de la ley fundamental es muy claro con los requisitos y que “no se debe interpretar lo que dice la Constitución”. Afirmación que deja mucho que desear de una aspirante al cargo de ministra. Finalmente, sostuvo que su autonomía se la da su “expediente de vida” y que no debe ser discriminada por trabajar en la actual administración federal.

Si bien la exposición de esta candidata a ministra fue hasta cierto punto efusiva porque contestó la mayoría de las preguntas con alguna anécdota o experiencia personal, fue evasiva, desordenada y poco técnica al responder. En temas como el aborto, concluyó que este no debe ser criminalizado; no obstante, respondió superficialmente y con la afirmación de que la interrupción del embarazo era una tema “espiritual”, lo que sea que ello signifique.

En conclusión, la comparecencia de la jefa del SAT dejó mucho que desear en relación con el cargo al que aspira. Aunque mostró experiencia y dominio técnico de temas fiscales, esto no fue así en temas de trascendencia constitucional. La aspirante prefirió convencer con su experiencia de vida, a convencer con una sólida argumentación jurídica constitucional y de derechos humanos.

Carlos Arce Chora y Oscar Manuel Pulido Rosado. Estudiantes de la licenciatura en derecho del CIDE.

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