El día de hoy,  inicia la discusión en la Suprema Corte del caso Guardería ABC. El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, a través de una interesante construcción de la responsabilidad de los funcionarios públicos, ha señalado como responsables de la violaciones grave de derechos fundamentales a varios funcionarios de primer nivel . ¿Cuál será, sin embargo, la decisión final de los ministros? ¿De qué manera votaron cada uno de éstos? Para tener un escenario con más certezas que dudas, el periodista Carlos Avilés describe como ha sido la actuación de cada uno de los ministros en este tipo de asuntos.

Conforme al lugar que ocupan en el Pleno, de izquierda derecha:

Juan Silva Meza. Es uno de los ministros más garantistas y más rigurosos a la hora de juzgar a las autoridades. Forma parte de los cinco ministros que quedan en la Corte y que votaron por responsabilizar de violaciones al gobernador Rubén Figueroa en el caso de la matanza de Aguas Blancas.

Como ministro encargado de la investigación de la detención de la periodista Lydia Cacho pidió responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, de violaciones graves de garantías.

En el caso de los enfrentamientos registrados en mayo de 2006 en la comunidad de San Salvador Atenco, votó por responsabilizar a funcionarios del gabinete del gobernador del Estado de México y del presidente Felipe Calderón.

En estos dos asuntos quedó en la minoría.

En los conflictos de Oaxaca, votó por responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz de incurrir en omisiones que afectaron a la población. En este asunto sí formó parte de la mayoría.

Olga Sánchez Cordero. Se le ubica como una defensora férrea de los derechos de los niños. Pero a la hora de fincar responsabilidades a funcionarios de alto nivel sus votos se han dividido. Votó por responsabilizar al gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa. No responsabilizó de violaciones graves al gobernador de Puebla, Mario Marín, en el caso de Lydia Cacho. No responsabilizó de violaciones a las autoridades estatales y federales en el caso Atenco. Y, en cambio, sí responsabilizó de violaciones al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Sergio Valls Hernández. Es de los ministros más difíciles de predecir. Se le ubica en el sector conservador, pero ha sorprendido sumándose a fallos a favor de la protección de derechos humanos como en el caso de la despenalización del aborto. Votó por no responsabilizar a las autoridades en los casos de Lydia Cacho, Atenco y Oaxaca. En un tiempo fue el jurídico del IMSS. Pero fue él quien hizo suya la petición de los padres de las víctimas de la guardería para que la Corte atrajera su caso y lo investigara.

Luis María Aguilar Morales. Hasta el momento no existen elementos formales para saber cómo votará en el caso ABC. Ingresó a la Corte en diciembre. Es un juez de carrera que llegó con la promesa de defender los derechos humanos.

José de Jesús Gudiño Pelayo. La tendencia de sus votos ha sido muy clara. En todos los casos de violaciones graves de garantías ha votado por responsabilizar a las más altas autoridades involucradas en los sucesos.

Guillermo Ortiz Mayagoitia. Antes de ser presidente de la Corte se oponía a investigar casos de violaciones de garantías. Pero ya en el cargo ha impulsado la revisión de este tipo de asuntos. En los casos de Aguas Blancas y Oaxaca, votó por responsabilizar a los gobernadores Rubén Figueroa y Ulises Ruiz. Pero en los casos Lydia Cacho y Atenco votó por no responsabilizar al gobernador de Puebla y a las autoridades del Estado de México y federales, respectivamente.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ingreso en la Corte en diciembre de 2009, por lo que no participó en los anteriores casos. Sin duda defenderá su dictamen en el que propone responsabilizar de las violaciones graves de garantías a 14 funcionarios.

Fernando Franco González Salas. Su postura es de las que más dudas despiertan. En la sesión del caso Lydia Cacho no estuvo presente. Estaba fuera del país. En el caso Atenco votó por no responsabilizar ni a las autoridades estatales ni a las federales. Pero en el caso Oaxaca votó por responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz por no haber hecho lo correcto para proteger a la población de los conflictos magisteriales. Le tocó por turno el caso ABC, pero en dos ocasiones se excusó. La primera, porque había sido subsecretario del Trabajo y había participado en las reuniones del Consejo General del IMSS. Y la segunda porque una de sus hermanas trabaja en un área administrativa, no operativa, del área de guarderías del IMSS.

Margarita Luna Ramos. Es otro caso que no genera dudas. En todas las investigaciones de violaciones graves de garantías, por diferentes motivos, ha votado por no responsabilizar a ninguna autoridad de primer nivel.

José Ramón Cossío. Es uno de los ministros que genera dudas respecto a su voto. En los casos de Lydia Cacho y Oaxaca votó por responsabilizar de violaciones al gobernador de Puebla y al de Oaxaca. Pero en Atenco, bajo el esquema de deslindar responsabilidades, pidió no señalar a altos funcionarios por lo que hicieron sus subordinados.

Sergio Aguirre Anguiano. Su voto tampoco genera dudas. Salvo en el caso Aguas Blancas, en todos los demás se ha opuesto a que la Corte investigue violaciones graves de garantías. Y en todos se ha negado a responsabilizar de algún hecho a las autoridades señaladas.

Carlos Avilés Allende. Periodista judicial.

Una versión más extensa de este post se publicó en el blog del periódico El Universal, Rostros de la justicia. Se reproduce aquí este fragmento con autorización del autor.

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El corazón del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Aguirre Anguiano, late a la derecha. Y no lo oculta. Es más, podría pensarse que hasta lo presume, lo grita, lo defiende. Es su forma de ser. Son sus convicciones. Quizá por eso, o más bien por eso, ahora enfoca todos sus argumentos contra la pastilla anticonceptiva de emergencia.

Guste o no guste. Caiga o no caiga bien. Y generalmente ni gusta ni cae bien. Pero ese es su perfil. Un perfil que lo hace que sea muy predecible, por una sola razón: suele ser congruente con sus posturas, por más conservadoras que sean. Por más que no le gusten a muchos. Y por más que eso le suela ganar muchas, pero muchas críticas.

Y es por eso que ni sorpresa causó ni causa cuando se opone a la validación, por ejemplo, de normas como la NOM-46 que obliga a los médicos de todo el país a recomendarles a las mujeres el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia en caso de violaciones.

Porque es uno de los ministros, que a lo largo de los 15 años que tiene en el cargo, se ha vuelto congruente a la hora de votar y de reflejar sus posturas en los juicios que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A Aguirre, el jalisciense, alto, robusto, es raro verlo en las minorías. O solo. Pero lo que no es raro es que sus votos, sus posturas sean predecibles. De antemano se sabe cómo va a votar en casos polémicos de este tipo. Eso es parte de su congruencia. O al menos eso es lo que muestra.

En el caso de la píldora, de la Norma Oficial Mexicana 046, que establece los lineamientos para proteger a las mujeres de la violencia familiar y sexual, la mayoría de sus compañeros no comparte su causa. Por no decir que todos los demás ministros de la Corte no la comparten. Está prácticamente solo.

Y aún así se mueve. Lucha. Como pocas veces se defiende. No cede. Coloca enormes piedras en el camino de sus compañeros. Presenta nuevos argumentos. Lleva la discusión. Le da giros.Pero en el fondo todo se reduce a que para él la píldora es abortiva. Y esa es la esencia. Ese es el fondo y no otro.

Y quizá pierda. No. Muy seguramente perderá esta discusión.

Pero, por lo pronto, les colocó una piedra enorme en el camino a sus compañeros. No. Más bien una mancha, que debería ser difícil de quitar, pero, como, él mismo diría, como no hay memoria, nadie se acordará de ella más adelante.

Porque ese personaje, conservador, que todos saben que es conservador (y no digo que eso sea bueno ni malo, en todo caso es parte de la pluralidad), a lo largo de la última semana se encargó de decirle, en diferentes formas, de las más respetuosas a las más ingeniosas, a sus 10 compañeros del Pleno de la Corte que son, todos, unos incongruentes.

¿Por qué?

Porque les recordó que cuando validaron la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de embarazo –a la que él se opuso- emplearon una serie de argumentos que ahora no quieren aceptar para declarar inconstitucional la norma cuestionada.

En esa ocasión, les dijo, la mayoría –a la que él no se sumó- determinó que las normas oficiales sólo pueden afectar la competencia de las dependencias del gobierno federal y, por tanto, no podrían ser aplicables para todos los estados y municipios de la República.

Y ahora esa misma mayoría que dijo eso, en ese caso, afirma lo contrario y considera que las normas oficiales sí deben ser aplicables para los estados de la República, y, por ende a Jalisco.

Eso, les ha repetido, una y otra vez, es ser incongruentes. Y por lo mismo les ha pedido que apliquen el mismo criterio para favorecer a Jalisco, o que anulen el anterior criterio. La cuestión no es sencilla, para algunos de sus compañeros el dilema que les planteó Aguirre es una certera jugada jurídica para ganar-perdiendo o viceversa.

Porque si pierde en el caso de Jalisco, igual y encuentra algún punto que le haga revivir más adelante su lucha contra la despenalización del aborto en las doce primeras semanas en el Distrito Federal.

¿Complicado?

Desde luego. Tanto que por eso mismo el presidente de la Corte el jueves pasado se dijo confundido con el planteamiento de Aguirre. Y con él otros. Y por lo mismo se aplazó la discusión para este lunes.

Como sea. Al final, muy seguramente, la mayoría encontrará la forma y la ruta para validar la Norma Oficial Mexicana 046. Lo cual me parece lo mejor para todas las mujeres del país.

Pero el tiempo que lleve la validación de la norma dependerá de la estrategia del ministro Sergio Aguirre, quien todavía va para largo en su defensa de este caso, que es la defensa del caso del gobernador de Jalisco, Emilio González, que a su vez defiende la causa de la iglesia católica.

Como sea, repito, más allá del final que tendrá este juicio, un punto que no se debe perder de vista, es el señalamiento de incongruentes que le lanzó el ministro Sergio Aguirre a todos sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque preocupan o al menos deberían preocupar.

Si un diputado tachara a otro de incongruente, o si lo hiciera un senador de otro senador, o un político de otro, realmente no pasaría nada. Sería más de lo mismo. Son, al final, políticos.

Pero que lo diga un juez de otro juez. Que un ministro del máximo tribunal les diga a sus compañeros, que son quienes resuelven los juicios más importantes del país, que aplican criterios a modo para cada caso. Eso, repito, sí preocupa o debe preocupar. ¿Con qué confianza, seguridad, se podría recurrir a la Corte si de pronto se vuelve como la Chimoltrufia, que como dice una cosa dice otra?

Carlos Avilés Allende. Periodista judicial.

Una versión más extensa de este post se publicó en el blog del periódico El Universal, Rostros de la justicia. Se reproduce aquí este fragmento con autorización del autor.

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Un reportaje neutral es aquel en el que un medio de comunicación se limita a transcribir o difundir lo dicho o declarado por un tercero, es decir, cuando únicamente cumple una función transmisora de lo dicho por otro”. Esta definición no forma parte de un manual de periodismo. Fue creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte de seis tesis y criterios mediante los cuales, en la práctica, redefinió los géneros periodísticos y estableció en qué casos y bajo qué condiciones se considera válido que los medios de comunicación publiquen información sobre la vida privada de alguna persona.

En opinión de la Corte, los periódicos, las revistas y los programas de radio y televisión, entre otros, sólo pueden difundir datos íntimos de la vida de una persona, en un “reportaje neutral”, cuando la información cumpla dos requisitos: “La veracidad, entendida como la certeza de que la declaración corresponde a un tercero y la relevancia pública de lo informado”.

En estos casos, resolvió, los medios de comunicación no son responsables del contenido de la información y por lo mismo no proceden demandas en su contra, pues la responsabilidad de lo dicho recae exclusivamente en quien hizo las declaraciones.

A lo largo de las seis tesis aisladas (XLI-XLVI/2010) que aprobaron los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte, el alto tribunal explica y detalla qué debe entenderse por “reportaje neutral” y se aclaran los alcances y los límites de los derechos a la privacidad, intimidad, al honor y a la libertad de expresión.

Las tesis fueron extraídas y emitidas a partir del caso que enfrentó y que perdió, el año pasado, Marta Sahagún, esposa del ex presidente de México, Vicente Fox, contra la revista Proceso, por un artículo de la periodista argentina Olga Wornat, en el que se abordaron detalles de la anulación de su primer matrimonio religioso con Manuel Bribiesca.

El interés público

En una de sus tesis, la XLV/2010, el máximo tribunal del país estableció que “cuando los comunicadores se limitan a publicar o divulgar información de la autoría de terceros, no tienen el deber de verificar o calificar si la intromisión en la intimidad o incluso las aseveraciones de éstos, que pudieran tener efectos sobre la reputación o el honor de una persona, tienen relevancia pública o no”.

Porque, sentenció la Corte, “cuando se trate de un reportaje neutral, debe tenerse la plena seguridad de que el derecho protege al comunicador en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas, opiniones e información de un tercero, como corresponde a un régimen democrático”.

Pero, al mismo tiempo, estableció una serie de parámetros que servirán de guía para todos los jueces que atiendan demandas de “personajes públicos o personas privadas” que consideren que la difusión de una información en un medio de comunicación vulneró su derecho a la intimidad y a la vida privada.

En estos casos, precisó, los jueces deberán ponderar qué pesa más si la libertad de expresión de los medios, el derecho a la información de la población o el derecho a la privacidad de los afectados. A fin de saber cuál es derecho que debe prevalecer, determinó que los jueces deben establecer si la información que se difundió era de interés público. Porque sí los datos o hechos dados a conocer de la vida privada de alguien son de interés público, la publicación está justificada.

En caso contrario, aclaró, “no es exigible a una persona que soporte pasivamente la difusión periodística de datos sobre su vida privada, cuando su conocimiento es trivial para el interés o debate público.

Y, para que no quedara dudas sobre qué datos o temas de la vida deben ser considerados de interés público y por tanto pueden ser difundidos, la Corte dejó en claro que “la información puede tener relevancia pública, ya sea por el hecho en sí sobre el que se está informando, o bien, por la propia persona sobre la que versa la noticia. Además, la relevancia pública dependerá en todo caso de situaciones históricas, políticas, económicas y sociales, que ante su variabilidad, se actualizará en cada caso concreto”.

Personajes, los menos protegidos

A manera de aclaración, la Corte reiteró su criterio en el sentido de que las personas que tienen una actividad pública gozan de una protección mucho menor que “las personas privadas o particulares”, en cuanto se refiere a los derechos a la privacidad, a la intimidad y al honor.

En la tesis XLI/2010 se afirma que “las personas públicas o notoriamente conocidas son aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas o bien, porque han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso, aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente”.

Para la Corte “en estas condiciones, las personas públicas deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo de la sociedad de recibir y de los medios de comunicación de difundir información sobre ese personaje público, en aras del libre debate público”.

Carlos Avilés Allende. Periodista judicial.

Esta nota fue tomada de la versión online del periódico El Universal el día 26 de abril de 2009.

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Para el Poder Judicial de la Federación el presidente Felipe Calderón cuando menos gana al año, dos millones y medio de pesos, netos. Se trata de una cifra que al menos desde la presidencia de la República no se había manejado, ni mucho menos difundido.

Cada que se hace un comparativo de sueldos se afirma que el presidente de la República gana al mes unos 146 mil 830 pesos netos. Porque esa es la cifra que aparece en el portal de transparencia de la presidencia de la República. Y esta, traducida al año, da un total, anual, de un millón 761 mil 960 pesos.

El problema con esa cantidad es que no contempla las prestaciones adicionales que percibe Calderón, como, por ejemplo, la gratificación de fin de año a la que tiene derecho, y la cual se fija “en los términos que prevea el decreto que para tal efecto emita el Ejecutivo”.

El Poder Judicial de la Federación sumó todas las percepciones del presidente de la República y el monto que obtuvo fue la cifra que les comentaba de dos millones y medio de pesos anuales, libres, como dirían, de polvo y paja.

Pero… ¿y por qué el Poder Judicial o para ser más precisos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se dieron a la tarea de contar cada peso de los ingresos del presidente?

Pues nada más porque desde el 1 de enero pasado entró en vigor la reforma con base en la cual se estableció que ningún funcionario debe ganar más que el presidente de la República.

Y, bueno, para cumplir esta disposición, los ministros de la Corte, los consejeros de la Judicatura y los magistrados electorales, necesitaban saber cuánto era lo que realmente ganaba el presidente de la República.

Pero no para que ellos dejaran de ganar menos que el presidente, sino para determinar cuánto es lo que deberán ganar los nuevos ministros, consejeros y magistrados que lleguen a la Corte, al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral, en el futuro.

Sí. Porque en la reforma se estableció, como única excepción, que los integrantes del Poder Judicial y del IFE que hubieran sido nombrados antes de que entrara la reforma, el 1 de enero de 2010, serían los únicos funcionarios que podrían seguir ganando más que el presidente de la República.

Los funcionarios judiciales y del IFE que entren después de esta fecha tendrán que ajustarse a lo dispuesto en la reforma y ganar menos que el presidente de la República.

Y aunque en este año no sale ni entra ningún funcionario de la Corte, el Consejo o del Tribunal Electoral, el Poder Judicial fijó desde ahora cuáles serán los sueldos de los futuros ministros, consejeros y magistrados.

De acuerdo con sus cálculos –plasmados en los manuales de sueldos que difundieron en el Diario Oficial de la Federación-, por ejemplo, los dos nuevos ministros que ingresen a la Corte en diciembre de 2012, percibirían, cada uno, dos millones 573 mil 188 pesos.

Una cifra, que, para el Poder Judicial, es menor al último salario que cobrara Calderón durante cada uno de los tres años que le restan en la presidencia.

Carlos Avilés Allende. Periodista judicial.

Una versión más extensa de este post se publicó en el blog del periódico El Universal, Rostros de la justicia. Se reproduce aquí este fragmento con autorización del autor.

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