En una entrada anterior explicábamos el estado procesal de las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior (LSI); en este espacio pretendemos revisar el fondo de las argumentaciones presentadas en los distintos recursos y las posibles implicaciones jurídicas de la decisión de la Corte al respecto, cuyo proyecto1 se discutirá a partir del próximo lunes 12 de noviembre.

Además de las consabidas discusiones sobre seguridad nacional/pública/ciudadana y, la existencia o no, de las facultades constitucionales del Congreso para emitir la norma impugnada, encontramos tres clases de argumentos que los promoventes esgrimieron frente a la LSI:

1) Argumentos de las controversias constitucionales contra la Ley de Seguridad Interior respecto a la potencial violación de los derechos humanos como conflicto competencial

En primer lugar, si bien es cierto que el amparo es considerado como el principal medio de control constitucional con el que cuentan las personas dentro del orden jurídico mexicano para la protección de sus derechos fundamentales y, por su parte, las acciones de inconstitucionalidad están pensadas como una garantía constitucional de derechos ante normas contrarias a nuestra Constitución, resulta interesante el análisis de los planteamientos realizados en las controversias constitucionales interpuestas contra la LSI respecto a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía. Esto es visible, al menos, desde la óptica de un conflicto competencial entre los diversos entes institucionales legitimados.

Las controversias constitucionales están diseñadas fundamentalmente para casos de invasión de competencias entre distintos entes públicos, por lo cual en este tipo de recursos no necesariamente se realiza un estudio del fondo en cuanto a la constitucionalidad de las normas impugnadas, a diferencia de lo que sí sucede con las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, sólo las violaciones constitucionales relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal forman parte del universo de posibles conflictos sobre la invasión, vulneración o simple afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional.2 Al respecto, diversas controversias constitucionales interpuestas ante la SCJN contra la LSI plantean que de ésta se deriva un conflicto competencial respecto a las obligaciones en materia de derechos humanos contenidas en el artículo 1º constitucional, el cual dispone que “[t]odas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos […]”.3

Por ejemplo, el municipio de San Pedro Cholula, Puebla4 establece en su tercer concepto de invalidez, contra el artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior, que existe una potencial violación a los derechos humanos al disponer de las fuerzas armadas de forma indiscriminada y permitirles realizar tareas relacionadas con la seguridad pública, las cuales son competencia de los municipios. Por su parte, el municipio de Oxkutzcab, Yucatán, vinculó de manera directa la controversia en relación al citado párrafo tercero del artículo 1º constitucional,5 en cuanto a que el mismo artículo 6 y los artículos 26 y 30 de la Ley de Seguridad Interior, dotan de facultades a las autoridades federales y a las fuerzas armadas para realizar ciertas acciones relacionadas con los “actos de riesgo” en el territorio de los municipios, sin contar con un ningún parámetro definido sobre lo que debe entenderse por éstos, situación que facilita la inminente posibilidad de restricciones a los derechos humanos y sus garantías. En el mismo sentido, el municipio de Hidalgo de Parral, Chihuahua,6 plantea que los artículos 1, 2, 6, 11, 13 y 15 párrafo segundo, así como los capítulos quinto y tercero, y quinto transitorios de la Ley de Seguridad Interior contravienen el modelo constitucional de distribución de competencias en materia de seguridad. Lo anterior se debe a que, según lo planteado, además de invadir la autonomía y esfera de competencia del municipio, advierte una “potencial violación a derechos humanos”, ya que la precisión y delimitación competencial, guarda un estrecho nexo con la efectiva garantía de éstos. Por ello, dicho municipio plantea que “[a]plicar a la realidad competencial el tema de los derechos humanos es de vital importancia”.

Es menester señalar que, como parte de su fundamentación ante esta referida “potencial vulneración de los derechos humanos” en el marco de un conflicto competencial, estos municipios han tomado como referencia la experiencia internacional del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública,7 y han ejemplificado la situación nacional con el famoso caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, la cual fue perpetrada por militares.8 Al respecto, no debe perderse de vista que además del caso Radilla, tan solo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la gran mayoría de los casos relacionados con la responsabilidad internacional de México por la vulneración de derechos humanos, están enmarcados en el contexto de utilización de elementos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, dentro de la ya conocida y fallida estrategia de seguridad. Por mencionar solo algunos ejemplos, se encuentran los casos de tortura sexual de las mujeres indígenas Valentina Rosendo Cantú9 e Inés Fernández Ortega;10 así como el reciente caso que se encuentra pendiente de sentencia de fondo, sobre la desaparición forzada de tres miembros de la familia Alvarado.11

Ante este panorama, es interesante la forma en la que los municipios plantean, desde su posición de garantes, la salvaguarda de los derechos humanos de la ciudadanía a través un medio de control constitucional que tiene como finalidad manifiesta la determinación de las esferas de competencia de los órganos y poderes cuya existencia prevé la Constitución federal12 y cuyo objeto pareciera simplemente asignar una competencia a favor de uno u otro.13 Sin embargo, no se debe perder de vista que la SCJN ha determinado con anterioridad que si bien las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, entre sus fines incluye también de manera relevante el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, por lo que deben servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, irían en contra del pueblo.14

2. Argumentos de las acciones de inconstitucionalidad en materia de la intervención de las fuerzas armadas como política pública fallida

En segundo lugar, el problema de la inseguridad en México ha sido reconocido por la sociedad mexicana como el principal problema público del país. El 64.5%15 de la población considera que su entidad federativa es insegura y, claro, esta percepción está fundamentada en hechos. Tan solo el pasado mes de julio se registraron 2,599 homicidios dolosos en México (los cuales se suman a los más de 16,000 que han ocurrido en lo que va del año 2018).16 Precisamente este fue el argumento transversal de casi todas las impugnaciones a la LSI, particularmente en las acciones de inconstitucionalidad de la CNDH y la Comisión de DDHH de Jalisco, así como en la controversia de la Defensoría de DDHH de Oaxaca.

Estas cifras exponen que la estrategia de seguridad pública bajo un enfoque militar, implementada hace algunas décadas, ha sido una estrategia fallida que no sólo no ha logrado reducir la violencia en nuestro país, sino que la ha multiplicado, profundizando la crisis institucional y social que se vive en México. Esta situación no responde a una normalidad y ocurre dentro de una laguna legal, pues el uso de las fuerzas armadas debería presentarse únicamente en casos excepcionales. Tan es así, que éstas no cuentan con facultadas constitucionales para realizar las labores de seguridad publica17 y, aunque existen argumentos a favor y en contra de la estrategia militarizada, es una realidad que existe una correlación entre el número de homicidios dolosos cometidos en una entidad, y el número de enfrentamientos armados de las fuerzas armadas en el marco de sus operativos.

El Cuadro 1 muestra que, por ejemplo, durante el Operativo Conjunto Chihuahua (OCC) entre 2008 y 2010, ocurrió un aumento en el número de homicidios dolosos cometidos, al tiempo que aumentaron los enfrentamientos de la SEDENA contra grupos del crimen organizado. Cabe recordar que hoy en día existen denuncias18 ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de las autoridades militares y civiles responsables del OCC por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el operativo.

Cuadro 1. Homicidios dolosos en Chihuahua entre 2007 y 2011 y número de enfrentamientos de las Fuerzas Armadas en el marco del OCC.

Año Número de homicidios dolosos Enfrentamientos de la SEDENA en Chihuahua
2007 617 0
2008-OCC 2030 13
2009-OCC 3156 23
2010-OCC 3903 29
2011 3085 14

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Movimiento Mundial de los Derechos Humanos.

La promulgación de la LSI no representa un cambio, sino que representa la continuidad de una estrategia -fallida- que ha dejado tras de sí dolor y muerte. Para concluir esta sección, el problema de la inseguridad en México continuará mientras se siga haciendo uso de los mismos medios. Entre otras acciones, es fundamental que se profesionalicen a las autoridades civiles, así como poner en marcha un plan estratégico para la desmilitarización paulatina de la seguridad pública.19

3. Argumentos en materia de derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales

En tercer lugar, la otra discusión que deriva de las impugnaciones presentadas contra la Ley es la relativa a sus artículos 9 y 31, en materia del derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó, en su calidad de organismo constitucional autónomo garante de estos derechos,20 una acción de inconstitucionalidad al respecto.21 En términos muy similares se presentaron otras acciones de inconstitucionalidad por parte de los diputados y senadores de la LXIII Legislatura,22 la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro,23 así como algunas controversias constitucionales promovidas por diversos municipios de la República.24

Al respecto, entre los principales argumentos fue señalado que el artículo 9 de la citada ley, dispone que la información que se genere con motivo de su aplicación será considerada de seguridad nacional, al equiparar erróneamente los conceptos de seguridad interior con seguridad nacional. Esto genera una limitante no prevista por el poder reformador al categorizar la totalidad de la información producida como de “seguridad nacional”, cuando ello debe de ser hecho atendiendo a la naturaleza misma de la información. Lo anterior no solo excede de sus facultades al legislador, sino que genera con ello una indebida excepción artificial al acceso de la información y, sin criterio de razonabilidad alguno, impone restricciones y límites injustificados al ejercicio de este derecho fundamental. Por lo tanto, se plantea la contrariedad de tal precepto a lo dispuesto en los artículos 1 y 6 de la Constitución, así como de los artículos 1, 2, 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Aunado a ello, no hay que perder de vista que, actualmente, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6º constitucional y de observancia general, establece claramente en su artículo 108 que la clasificación de información reservada se realizará conforme al análisis caso por caso, mediante la aplicación de una prueba de daño. Por lo cual se contraviene incluso un marco jurídico ya existente en materia de acceso a la información. Además de esto, respecto al derecho a la protección de datos personales, el artículo 31 de la Ley impone la obligación a las autoridades federales y los órganos autónomos de proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en materia de Seguridad Interior.

De acuerdo con las impugnaciones, este precepto no solo menoscaba la autonomía constitucional del INAI, sino que también restringe el derecho humano de la privacidad y la protección constitucional de los datos personales al significar una restricción y limitación de tal derecho fundamental. Es posible establecer lo anterior, habida cuenta que, en tal artículo, se dispone una contrariedad a la certeza jurídica al no precisar en momento alguno qué tipo de información se puede solicitar. De esta manera no solo es contrario a los artículos 6, 16 y 31 de la Constitución, sino también a los dispuesto en los tratados internacionales de los que México es parte en la materia, como lo son el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al mismo tiempo, no se tomó en cuenta que dicha medida legislativa de carácter restrictivo siguiese un fin legítimo, fuese idónea, necesaria y proporcional para garantizar la seguridad interior.

Para finalizar, no queremos dejar pasar la oportunidad para enfatizar que en este caso la Corte se ha mostrado especialmente reacia a transparentar sus decisiones judiciales: desde la negativa a realizar consultas con la sociedad civil; la clasificación reservada de la totalidad de la información sustantiva del expediente; el desechamiento apresurado de algunos de los recursos interpuestos y; finalmente, la posición poco cercana y nada sensible a los intereses y preocupaciones de la sociedad. Es precisamente esa forma de conducirse la que ha logrado que la ciudadanía tenga poca confianza en las resoluciones de sus jueces y, en el caso del Suprema Corte, es lo que ha dado la oportunidad para que otros actores políticos (institucionales o no) le hagan blanco de señalamientos desafortunados sobre falta de independencia o poco entendimiento de las condiciones y necesidades de la sociedad mexicana.

Por lo tanto, este caso es otra oportunidad perdida para la Corte, y un reto más para la sociedad civil organizada: a falta de transparencia judicial proactiva y cercanía con la ciudadanía, la sociedad deberá organizarse para tratar de impedir, por todos los medios posibles, que subsista un marco jurídico que permita que se perpetúe la tragedia nacional.

Nota: Los autores agradecen al Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo recibido para la elaboración de esta investigación. Todos los documentos de la investigación pueden consultarse aquí: https://goo.gl/NXJM3o

Carlos Escobedo. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM; miembro del Grupo de Jóvenes del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer Stiftung. Twitter: @carlosescobedos

Enrique Sierra. Estudiante de Ciencias Políticas en la Ibero CDMX; miembro del Grupo de Jóvenes del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer Stiftung. Twitter: @EnriqueASierra

Andrea Tejero. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UADY. Twitter: @AndreaTejero


1 Suprema Corte de Justicia de la Nación “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2018 Y SUS ACUMULADAS 8/2018, 9/2018, 10/2018, 1112018,1612018 Y 21/2018”.

2 Jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.)

3 Véase. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, párrafo tercero.

4 Controversia Constitucional 4/2018, escrito inicial de demanda.

5 Séptimo concepto de invalidez, Controversia Constitucional 40/2018, escrito inicial de demanda.

6 Controversia Constitucional 10/2018, escrito inicial de demanda.

7 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 78.

8 Véase. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209.

9 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216.

10 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215.

11 CIDH, Informe No.3/16, Caso 12.916. Fondo. Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes, José Ángel Alvarado Herrera y otros. México. 13 de abril de 2016.

12 Tesis: P./J. 21/2007.

13 Cfr. Orozco y Villa, Luz Helena, “¿Qué es una controversia constitucional?”, Nexos, 28 de mayo de 2010.

14 Tesis: P./J. 101/99

15 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública.

16Julio rompe (otro) récord de violencia: es el mes con más homicidios en 21 años”, Animal Político.

17 CPEUM, Artículo 21.

18 Federación Internacional de los Derechos Humanos, “Denuncian a autoridades militares y civiles ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en Chihuahua, México”, Federación Internacional de los Derechos Humanos.

19 Entrevista a Alfredo Lecona sobre la Ley de Seguridad Interior y el Colectivo #SeguridadSinGuerra realizada por Enrique Sierra Vélez el 13 de octubre de 2018 en la Ciudad de México.

20 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, fracción VIII.

21 Acción de Inconstitucionalidad 8/2018.

22 Acción de Inconstitucionalidad 6/2018.

23 Acción de Inconstitucionalidad 11/2018.

24 Véase, inter alia: Controversias constitucionales 40/2018 y 4/2018.

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El próximo lunes 12 de noviembre inicia la discusión en el pleno de la Suprema Corte respecto la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. A continuación, nos proponemos brindar algunos datos sobre el estado del asunto en la Corte para facilitar su análisis; en concreto, trataremos de explicar y esquematizar los aspectos procesales para, luego, en una par de textos posteriores, hablaremos del fondo de las diversas aristas que giran en torno a este relevante asunto para el futuro de la seguridad pública del país.

La ley impugnada, la Ley de Seguridad Interior,1 fue aprobada por la Cámara de Diputados, el 30 de noviembre de 2017,2 y por la de Senadores, el 15 de diciembre de 2017,3 para ser publicada en el DOF, el 21 de diciembre de 2017. En el contexto nacional de creciente violencia generalizada y violaciones de derechos humanos, han sucedido una serie de acciones y reacciones de diversos actores políticos hacia esta norma. El 21 de diciembre de 2017, en la 43ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Enrique Peña Nieto, anunció que promulgaría la Ley de Seguridad Interior, pero afirmó que no emitiría declaratoria de protección de seguridad interior alguna, en términos de esta ley, hasta que la Suprema Corte se pronunciase sobre su constitucionalidad.4 Como reacción, distintas instituciones, así como diferentes actores políticos y sociales presentaron ante la Corte un amplio abanico de diversos medios de control constitucional. Por otra parte, distintas voces en el ámbito internacional se alzaron en contra de esta Ley: los expertos de la ONU,5 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,6 así como Amnistía Internacional.7

A nivel interno, tres mecanismos de control constitucional podían interponerse contra dicha ley: acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional y amparo indirecto. Cada uno de estas figuras cuenta con sus propios plazos, requisitos y sujetos legitimados para presentarlos, conforme a la siguiente tabla:

RECURSO LEGITIMACIÓN (PARA EFECTOS DEL CASO) PLAZO DE INTERPOSICIÓN
Controversia Constitucional Entidades federativas, municipios, el Congreso de la Unión o sus Cámaras, el Poder Ejecutivo Federal, dos poderes de una misma entidad y los Órganos Constitucionales Autónomos. 30 días8
Acción de Inconstitucionalidad El 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 30 días9
Amparo Indirecto Particulares con interés jurídico o interés legítimo, individual o colectivo. 30 días10

Tabla 1. Tipos de recursos de control constitucional. Elaboración propia.

Para entender los alcances de cada impugnación, es importante distinguir la diferencia entre cada medio de control constitucional: en primer lugar, las controversias están diseñadas fundamentalmente para casos de invasión de competencias entre distintos entes públicos, por lo cual en este tipo de recursos no necesariamente se entrará al estudio de fondo en cuanto a la constitucionalidad de las normas impugnadas. En segundo lugar, las acciones de inconstitucionalidad están pensadas como garantía constitucional de derechos ante normas generales violatorias de la Constitución. En tercer lugar, los amparos (indirectos en este caso), son los medios idóneos con que cuentan las personas para la defensa de sus derechos y particulares situaciones frente al orden jurídico, con sus consabidos efectos relativos en cuanto a la sentencia protectora.

De acuerdo con los documentos de la Suprema Corte,11 fueron interpuestas 11 controversias constitucionales procedentes contra la norma en cuestión, por el estado de Chihuahua y por los municipios de Cocotitlán, Ocuilan y Nezahualcóyotl (estado de México), Cholula y Soltepec (Puebla), Hidalgo del Parral (Chihuahua), Oxkutzcab, Tepakan (Yucatán), Morelia y Cherán (Michoacán). Erróneamente –por carecer de facultades-, también la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal intentaron interponer controversias, mismas que fueron desechadas por ser improcedentes.12 Finalmente, los medios de comunicación reportaron13 que también los municipios de Hoctún (Yucatán), Ahuacatlán y Tepeyahualco (Puebla), habían interpuesto sus propias controversias, pero los propios municipios niegan esta acción14 e incluso la Suprema Corte no cuenta con el registro de dichos casos.15

Curiosamente, al solicitar los escritos de interposición respectivos, los municipios de Ocuilan, Nezahualcóyotl y Oxkutzcab manifestaron la inexistencia de la información. Sólo después de interponer recursos de revisión ante los organismos garantes locales en materia de transparencia, y dos recursos de inconformidad ante el INAI,16 el municipio de Oxkutzcab entregó la información, mientras que Nezahualcóyotl continuó negando su existencia y Ocuilan incurrió en la inobservancia de la nueva resolución del INFOEM.17 Actualmente se tramitan las medidas correspondientes al incumplimiento e inejecución respectivamente.

Por otra parte, se interpusieron 8 acciones de inconstitucionalidad, por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (declarada improcedente), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, una minoría de diputados y una minoría de senadores. Se afirmó en notas periodísticas que la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca había interpuesto controversia, sin embargo, la Corte indicó que no tiene registro de la misma.18

Adicionalmente, se interpusieron un total de 2,029 amparos indirectos en todo el país, de los cuales 291 se encuentran en trámite y 1738 han sido resueltos, siendo el estado de México en donde se han interpuesto la mayor cantidad de amparos, con 416 expedientes, seguido por Jalisco con 341 y Ciudad de México con 311.19 Destaca el caso del amparo indirecto 124/2018, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, cuya sentencia se dictó el 10 de mayo de 2018, misma que ha sido analizada a fondo por José Antonio Guevara en este espacio.20

Posterior a esta sentencia, el 28 de mayo, la Corte decidió aplazar21 las decisiones de los juzgados de distrito hasta en tanto se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. En la siguiente tabla indicamos el recuento de recursos que impugnan la Ley de Seguridad Interior al día de hoy. Las fechas de interposición cuentan con vínculos a los escritos iniciales respectivos en la medida en que fue posible obtenerlos:

TIPO

EXPEDIENTE PROMOVENTE FECHA DE INTERPOSICIÓN

ESTADO PROCESAL

Controversia constitucional 4/2018 San Pedro Cholula, Puebla 05/01/2018 Se cerró instrucción el 09/04/2018
10/2018 Hidalgo del Parral, Chihuahua 22/01/2018 Se cerró instrucción el 11/06/2018
21/2018 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 22/01/2018 En recurso de reclamación (14/2018)
32/2018 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco 01/02/2018 En recurso de reclamación (32/2018)
33/2018 Ocuilan, Estado de México 06/02/2018 Se cerró instrucción el 09/07/2018
34/2018 Cocotitlán, Estado de México 06/02/2018 Se cerró instrucción el 04/06/2018
35/2018 Tepakán, Yucatán 06/02/2018 Se cerró instrucción el 18/06/2018
38/2018 Nezahualcóyotl, Estado de México 06/02/2018 Se cerró instrucción el 07/05/2018
40/2018 Oxkutzcab, Yucatán 06/02/2018 Se cerró instrucción el 28/05/2018
46/2018 Estado de Chihuahua 12/02/2018 Se cerró instrucción el 21/05/2018
47/2018 Soltepec, Puebla 13/02/2018 Se cerró instrucción el 29/05/2018
48/2018 Morelia, Michoacán 13/02/2018 Se cerró instrucción el 14/05/2018
49/2018 Cherán,22 Michoacán 13/02/2018 Se cerró instrucción el 15/05/2018
No existe registro en la SCJN Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca23 22/01/2018 No existe registro en la SCJN
Acción de inconstitucionalidad 6/2018 Diputados de la LXIII Legislatura 18/01/2018 Se cerró instrucción el 20/09/2018
8/2018 Senadores de la LXIII Legislatura 19/01/2018
9/2018 INAI 19/01/2018
10/2018 Movimiento Ciudadano24 19/01/2018
11/2018 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 19/01/2018
16/2018 Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro 22/01/2018
21/2018 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco25 29/01/2018
Amparos Indirectos 1738 expedientes Particulares Entre el 29-12-2017 y el 06-02-2018 Resueltos
291 expedientes En trámite26

Tabla 2. Estado de los medios de impugnación contra la Ley de Seguridad Interior. Elaboración propia.

Sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, los sujetos obligados que sí proporcionaron los escritos de presentación solicitados en primera instancia fueron la Cámara de Diputados, el INAI, la Defensoría de DDHH de Querétaro, la Comisión de DDHH de Jalisco, la Comisión de DDHH de la CDMX y el municipio de Hidalgo de Parral. Cabe resaltar que el Senado de la República clasificó la información como reservada.

En lo que se refiere a la participación jurídica de la sociedad civil en los procedimientos descritos, la información con la que se cuenta es la siguiente: en el expediente de las acciones de inconstitucionalidad obran 8 escritos de amicus curiae. En el expediente de la controversia constitucional 4/2018, correspondiente a Cholula, consta 1 escrito de amicus curiae. En el resto de los expedientes, la SCJN reporta que no existen manifestaciones de este tipo. Adicionalmente, la Corte no indicó quienes eran los promoventes y clasificó los escritos como reservados.27

EXPEDIENTE PROMOVENTE FECHA DE INTERPOSICIÓN
AI-6/2018 y sus acumuladas Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 04/09/2018
Por México Hoy 01/02/2018
Flor Hilda Gómez Ortiz 05/03/2018
Asociación Nacional de Abogados Democráticos 21/03/2018
Asociación de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos 29/08/2018
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 30/08/2018
Proyecto de Litigio de Alto Impacto del Center for Rights & Humanitarian Law del American University Washington College of Law 07/05/2018
Desconocido Desconocido
CC-4/2018 Desconocido Desconocido

Tabla 3. Amicus Curiae presentados en las impugnaciones contra la Ley de Seguridad Interior. Elaboración propia.

Por su parte, el colectivo #SeguridadSinGuerra,28 conformado por más de 300 personas y organizaciones, ha jugado un papel de gran relevancia en el debate público: “esta coalición de organizaciones de la sociedad civil -que acabó llamándose Seguridad Sin Guerra- nació para hacerle frente a lo que considerábamos una estrategia para prolongar la militarización de la seguridad pública”. El colectivo propone una ruta de salida de siete puntos, bajo el argumento de que la militarización de la seguridad pública constituye un riesgo para los derechos humanos, pues “la sola existencia de esta ley, inhibe la propia labor de los defensores de Derechos Humanos”.29 La resolución de todos los expedientes quedó a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien determinó la acumulación de todas las acciones de inconstitucionalidad (no así de las controversias) y elaboró los proyectos que se discutirán dentro de muy poco en la Suprema Corte.

Nota: Los autores agradecen al Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo recibido para la elaboración de esta investigación.
Todos los documentos de la investigación pueden consultarse aquí: https://goo.gl/o9jquN

Carlos Escobedo. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM; miembro del Grupo de Jóvenes del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer Stiftung. Twitter: @carlosescobedos
Enrique Sierra. Estudiante de Ciencias Políticas en la Ibero CDMX; miembro del Grupo de Jóvenes del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer Stiftung. Twitter: @EnriqueASierra
Andrea Tejero. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UADY. Twitter: @AndreaTejero


1 Ley de Seguridad interior. Publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación en https://bit.ly/2BcN1Sg

2 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 4917, jueves 30 de noviembre de 2017, disponible en: https://bit.ly/2Psa0QY.

3 Expediente que contiene el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, disponible en: https://bit.ly/2keN2zx.

4 Ley de Seguridad Interior, artículo 11: “El Presidente de la República podrá́ ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior”.

5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “México: Proyecto de Ley de Seguridad Interior supone riesgo para los derechos humanos y debe ser rechazado, advierten expertos y expertas de la ONU,” Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://bit.ly/2ziFGl1

6 OEA, “CIDH expresa preocupación por proyecto de la ley sobre seguridad interior en México,” OEA. https://bit.ly/2nqKSAC

7 Amnistía Internacional. https://amnistia.org.mx

8 Por tratarse de actos recurridos conforme al Artículo 21 fracción I de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la CPEUM.

9 Conforme al Artículo 60 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la CPEUM.

10 Por tratarse de una norma general autoaplicativa, conforme al Artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo.

11 Correspondientes a la respuesta a la solicitud de información pública número 0330000166518, disponibles en: https://goo.gl/44gJQH.

12 Desechadas, respectivamente, el 24/01/2018 y 02/02/2018.

13 Ricardo Moya, “Suprema Corte admite 8 controversias contra Ley de Seguridad,” El Universal. https://bit.ly/2JydkrN

14 Oficio DCSUT/SAIP/001/2018 de 23 de febrero de 2018 del municipio de Tepeyahualco, correspondiente a la solicitud 00241518.

15 Los municipios de Hoctún y Ahuacatlán no respondieron formalmente a las solicitudes 00153118 y 00241618, respectivamente, pero en la SCJN no obran recursos interpuestos por ellos, de acuerdo con la relación del oficio SI/13/2018 de la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Constitucionalidad.

16 Recursos de Inconformidad contra el INFOEM 69/2018 respecto de Ocuilan y 82/2018 respecto de Nezahualcóyotl.

17 Acuerdo 537/2018 de 09/05/2018 del INFOEM que determina el incumplimiento de la resolución.

18 Diana Lastiri, “Defensoría presenta controversia constitucional contra ley de Seguridad Interior,” El Universal. https://bit.ly/2yJEJCS

19 Datos de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la solicitud de información pública número 032000042318, disponible en: https://goo.gl/bZXpcZ.

20 José Antonio Guevara Bermúdez, “El amparo 124/2018: inconstitucionalidad de la Ley de seguridad interior,” El Juego de la Suprema Corte. https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=8399

21 Mediante Acuerdo General 3/2018, disponible en: https://goo.gl/fBDyuA

22 Consejo Mayor de Gobierno Comunal del municipio de Cherán, bajo el régimen de usos y costumbres.

23 De acuerdo con el informe del oficio SGA/E/1527/2018 de la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN, no existe registro de la recepción de la controversia de la Defensoría de Oaxaca, aunque ésta si proporcionó por su parte el escrito de presentación de demanda.

24 Fue desechada por notoriamente improcedente por acuerdo de 22 de enero de 2018. Se promovió recurso de reclamación 12/2018 el 26 de enero de 2018. El 23 de mayo de 2018 la Primera Sala decidió revocar el desechamiento y admitir a trámite la acción.

25 Fue desechada de plano por notoriamente improcedente por acuerdo de 31 de enero de 2018. Se promovió recurso de reclamación 20/2018 el 15 de febrero de 2018.

26 291 expedientes pendientes de trámite a fecha de 01/02/2018. Información proveniente de las solicitudes de información pública 0320000235218 y 0320000042318.

27 Ver Clasificación de Información CT-CI/J-19-2018 del Comité de Transparencia de la SCJN.

28 #Seguridad sin Guerra, https://www.seguridadsinguerra.org

29 Entrevista sobre la Ley de Seguridad Interior y el Colectivo #SeguridadSinGuerra, realizada a Alfredo Lecona por Enrique Sierra el 13 de Octubre de 2018 en la Ciudad de México.

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