El fenómeno de la globalización ha reconfigurado las relaciones en el plano internacional y cambió la forma en que los diversos sujetos que lo componen interactúan entre ellos. El Estado ha dejado de ser la figura de referencia para dar paso al surgimiento de otros actores como los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y los poderes económicos.

empresas

Bajo este nuevo contexto, las empresas multinacionales han emergido como agentes centrales del desarrollo económico y cuentan con una gran influencia política, social y jurídica. No por nada han sido consideradas como la institución dominante del siglo XXI.1 La gran influencia y poder que han adquirido las grandes empresas, ha llevado a la comunidad internacional a impulsar diversos esfuerzos para regular su actividad y el impacto que tienen en los derechos humanos.2

También hacia el interior de las empresas se han venido asumiendo compromisos, como la incorporación de contenidos de derechos humanos en sus planes de responsabilidad social corporativa. Un ejemplo que llama la atención fue la Conferencia de Derechos Humanos de Silicon Valley llevada a cabo en octubre de 2011 y patrocinada por empresas como Google, Facebook, Yahoo o Skype, entre otras, en la que se adoptó el Silicon Valley Standar que incluye compromisos con los derechos humanos que las empresas de tecnología deberían aplicar en el desarrollo de mejores prácticas.

Las empresas de tecnología situadas en el valle de California han cambiado de forma radical la vida de las personas y la manera en que llevamos a cabo actividades tan simples como comunicarnos, pedir comida a domicilio, trasladarse de un lugar a otro o reservar un hospedaje. El impacto que los cambios tecnológicos tienen en las prácticas sociales ha representado un reto en todos los niveles, incluido el ámbito jurídico.

La entrada de Uber, por ejemplo, ha venido a cambiar la movilidad en grandes ciudades del mundo, lo que ha generado conflictos en los diversos países en los que la empresa ha buscado ofrecer sus servicios. Una radiografía de los países y ciudades en donde opera la aplicación nos muestra cómo está Uber en el mundo y el status regulatorio de su presencia, ya sea regulado, en proceso o no regulado: mientras que en algunos países como España se ha resistido a la entrada de este tipo de empresas; en otros se ha optado por regularlos de la misma manera que los servicios de taxi y; otros más, como parece ser el caso de México, se ha optado por hacerlo de manera diferenciada.

Precisamente, en días pasados se discutió en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad 63/2016 promovida por la minoría parlamentaria del Congreso del estado de Yucatán en contra de diversos artículos de la Ley de Transporte que pretende regular, entre otras actividades, la prestación de servicios de transporte a través de plataformas tecnológicas, como Uber o Cabify. El debate es novedoso ya que es la primera vez que se aborda este tema.

La Ley regula los diferentes tipos de servicios de transporte que se ofrecen en Yucatán. Entre las modalidades de transporte se encuentran las que prestan el servicio a través de plataformas tecnológicas (artículo 40 quinquies). En términos generales, de acuerdo con la legislación, quienes deseen ofrecer este tipo de servicio deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

• Una empresa de prestación de servicio de transporte a través de plataforma tecnológica debe contar con una constancia para poder ofrecer el servicio y sólo realizar cobros a través de tarjeta de crédito o débito (artículo 40 quater, fracción V).

• Aquellas personas que deseen ofrecer el servicio deberán contar con una constancia vehicular que sólo será otorgada si: i) son propietarios del vehículo; ii) su valor excede de las 2,750 unidades de media y actualización: iii) el año modelo no sea anterior a 7 años; iv) cuente con un máximo de 7 plazas (incluida la del operador) y con un mínimo de 4 puertas; y, v) cinturones de seguridad, bolsas de aire delanteras, aire acondicionado y equipo de sónico (artículo 40 sexies, fracción VIII y IX).

• Los operadores del servicio, es decir, los choferes, tiene la obligación de prestar los servicios a partir de las rutas establecidas y de abstenerse de realizar cobros en efectivo (artículo 40 septies, fracción III y IV).

Quienes promueven la acción consideran que la ley excede las facultades del legislador local, ya que los requisitos que se les exige a quienes prestan el servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas, son mayores a los que se exigen a otras modalidades de transporte, como los servicios concesionados.

En este sentido, la discusión en el Pleno abarcó diversos conceptos de invalidez, como la competencia de las entidades federativas para legislar en materia de comercio electrónico por el impedimento a cobrar en efectivo, la violación al principio de igualdad por la diferencia entre los requisitos exigidos a los diferentes tipos de transporte, la libre competencia y concurrencia al tratarse de barreras para las empresas de tecnología de competir en el mercado, el principio de irretroactividad por los derechos que ya eran ejercidos por estas empresas, y la libertad de trabajo por la obligación para los prestadores del servicio de ser propietarios del vehículo.

Más allá de la variedad de argumentos y puntos de vista que hubo en torno a los diferentes tópicos que se abordaron, llama la atención, en lo que se refiere al tema de empresas y derechos humanos, la alusión a una violación al principio de igualdad ya que, tomando como parámetro de comparación el servicio de taxis, los requisitos establecen un trato diferenciado y, quienes promueven la acción, lo consideran injustificado ya que son discriminatorios, excesivos e inequitativos.

Este planteamiento llevó a los ministros de la Corte a diferenciar entre los servicios de transporte de taxis y aquellos prestados a través de plataformas tecnológicas. En el debate es posible identificar dos posturas, cada una con diferentes justificaciones:

• Aquella que considera que las modalidades son equiparables ya que ambas realizan actividades similares;

• Y, la mayoritaria, que consideró que son de distinta naturaleza, ya que, aunque realizan actividades similares, las formas y condiciones, así como la naturaleza del servicio, son distintas.

Mientras que los taxis prestan un servicio público a través de una concesión, las empresas de tecnología fungen como mediadoras y prestan un servicio entre particulares.

Finalmente, la mayoría de los ministros optaron por no hacer un análisis de la violación al principio de igualdad ya que, entre otras cuestiones, consideraron que este sólo se aplica a las personas y no a bienes o servicios. Como señaló el Ministro Zaldívar, se pretende hacer un análisis de igualdad como si se tratara de una categoría sospechosa cuando no lo es, el legislador hace distinciones todos los días, son constitucionales siempre y cuando sean razonables. Al ser servicios distintos, a la luz del principio de igualdad, no es inconstitucional darles un trato diferente.

En este sentido, la discusión de la razonabilidad de los requisitos se hizo a la luz del impacto que tienen en la libre competencia y concurrencia de las empresas, operadores del servicio y usuarios. Lo que llama la atención es la posibilidad de aplicar el principio de igualdad y no discriminación a las empresas. Esto pudiera llevarnos a un análisis más profundo y que no ha sido ajeno a la SCJN ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH): ¿Son las personas morales titulares de derechos humanos? En su caso, ¿de cuáles?

En el caso de la SCJN, ya se ha venido discutiendo sobre la interpretación extensiva que algunos ministros han hecho del artículo 1° constitucional para ampliar su protección a las personas jurídicas.3 En una tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, se reconoció que las personas morales deben gozar de los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre que sean acordes con la finalidad que persiguen,4 como pudiera ser el derecho al honor o el derecho de propiedad.

En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la opinión consultiva OC-22/16 presentada por el Estado de Panamá ante la Corte IDH, se plantea si las personas jurídicas pueden ser consideradas como titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana y acceder al sistema como presuntas víctimas. Para resolver la petición, la Corte IDH hizo una interpretación del artículo 1.2 de la Convención: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. Finalmente, el tribunal concluye que las personas jurídicas no son titulares de derechos convencionales, por lo que no pueden ser consideradas como víctimas en el marco de los procesos contenciosos del sistema interamericano (párr. 70).5

Tanto la regulación de las empresas de transporte que prestan el servicio a través de plataformas tecnológicas como la discusión sobre la titularidad de las empresas como sujetos de derechos humanos, evidencian la necesidad de llevar a cabo reflexiones profundas sobre nuevas realidades.

En esta reflexión no debemos perder de vista que la idea de los derechos humanos tiene como fundamento los atributos de la persona humana y nacen con un sentido emancipador de limitar el poder. Al equiparar el alcance y protección de los derechos humanos de las personas a las empresas se corre el riesgo desvirtuar su sentido.

Esto no quiere decir, de ninguna manera, que se deje en estado de indefensión a las empresas respecto de determinadas prácticas estatales. De lo que se trata, simplemente, es de aplicar otro tipo de categorías que se adecuen más al ámbito en el que se desarrollan. Me parece un acierto de la SCJN haber descartado la aplicación del principio de igualdad en el caso concreto y optar por analizar la constitucionalidad de los requisitos de la ley de transporte a la luz del artículo 28° de la Constitución. Otra discusión será la visión de los tribunales sobre la titularidad de las empresas como sujetos de derechos humanos.

Carlos R. Asúnsolo Morales. Investigador del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C.


1 Teitelbaum, Alejandro, “La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo”, Barcelona, editorial Icaria Antrazyt Economía, 2010.

2 Algunos esfuerzos que llaman la atención en el seno de las Naciones Unidas son el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y la creación del Grupo de Trabajo intergubernamental para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante dirigido a las empresas.

3 Para leer más sobre dicha interpretación, se sugiere el texto de Guillermo J. García Sánchez Las empresas y sus derechos humanos según la Corte, publicado en El juego de la Corte de la revista Nexos.

4 Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, Tesis Aislada, XXVI.5o (V Región) 2 k (10ª.), PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. DEBEN GOZAR NO SÓLO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, Y DE LAS GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN, SIEMPRE Y CUANTO ESTÉN ENCAMINADOS A PROTEGER SU OBJETO SOCIAL, SINO TAMBIÉN DE AQUELLOS QUE APAREZCAN COMO MEDIO O INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA CONSECUCIÓN DE LA FINALIDA QUE PERSIGUEN. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Agosto de 2012.

5 En la opinión consultiva la Corte IDH llegó a un par de conclusiones interesantes: por un lado, determinó que en la mayoría de los sistemas de protección de derechos humanos no se les reconocen derechos a las personas jurídicas, salvo en el sistema europeo, concluyendo que en el derecho internacional de los derechos humanos no existe una tendencia clara en otorgar derechos a las personas jurídicas o acceder como víctimas a los procesos de petición (párr. 62); y por otro lado, en relación al derecho interno, la Corte IDH consideró que, a pesar de que existe cierta tendencia en los países de la región de reconocer la titularidad de derechos a las personas jurídicas y otorgarles recursos para hacerlos efectivos, los antecedentes no son suficientes para modificar el alcance del artículo 1.2 (párr. 67).

Además, en la audiencia pública el Estado mexicano se sumó a la posición de los tres países (Argentina, Colombia y Guatemala) que manifestaron que el artículo 1.2 de la CADH no confiere titularidad de derechos a las personas jurídicas.

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