Incorporar la revocación de mandato en el régimen democrático, sin analizar las implicaciones en el sistema electoral mexicano, sería contraproducente, ya que las elecciones y el mecanismo de democracia directa no son compatibles aún. Las cuestiones técnicas y operativas, así como los contextos sociales y políticos se erigen como un paradigma que atenta contra la estabilidad de los comicios y, a su vez, condicionan los efectos benévolos de la revocación de mandato.

Para contrastar las complejidades organizativas del proceso electoral y las implicaciones de la revocación de mandato es necesario tomar en cuenta, como punto de partida, la fecha de celebración de la jornada de participación —votación— y los efectos de la revocación de mandato —continuidad o rescisión de la gestión presidente—.

Ilustración: Víctor Solís

Jornada de participación

Para desarrollar la jornada de participación donde se sufrague por la revocación de mandato, se debe tomar en consideración que el Instituto Nacional Electoral (INE) necesita de, al menos, 120 días para su organización. En este sentido, si se desea hacer la consulta antes del proceso electoral federal 2020-2021, la petición de revocación tendría que ocurrir entre octubre y noviembre de 2019, su organización comenzaría en enero de 2020 y la jornada de participación sería en julio de 2020.

En cambio, si se opta por organizar la jornada posterior a las elecciones federales de 2021, la petición sobre la revocación de mandato, su respectiva aprobación o negación sería en septiembre de 2021, y la jornada de participación tendría que realizarse en marzo de 2022. En cualquiera de estos dos escenarios, el INE requiere alrededor de 2.5 mil millones de pesos adicionales solo por cuestiones de organización —integración de casillas, materiales y documentos electorales, PREP, conteo rápido, recolección de paquetes electorales, entre otros—.1 Por lo tanto, si se busca no generar un gasto adicional, se podría pensar que la consulta de revocación de mandato ocurriese de manera paralela a la elección de 2021.

En cualquiera de los tres casos, la revocación de mandato se empalmaría con elecciones locales, pues en 2020 habrá cambios en los ayuntamientos en Hidalgo y de diputados en Coahuila; en 2021, se renovarán15 gubernaturas, 29 congresos locales y en 30 entidades cambiará la integración de sus ayuntamientos; en 2022, por su parte, en Aguascalientes y Durango se elegirán ayuntamientos, en Baja California diputados y ayuntamientos, en Quintana Roo y Tamaulipas diputados. Ello supondría que la elección relativa a la permanencia del ejecutivo federal desplazaría en segundo plano la elección del resto de los puestos de elección popular. En consecuencia, además de relevar la importancia de todos los demás cargos a elegir, la gente se saturaría de información de carácter político-electoral, por lo que podría desincentivar su participación, tanto para la revocación de mandato como para la elección de caragos de representación popular.

Si se logra que lo anterior no sea un problema, es necesario plantear la siguiente interrogante: ¿se garantizarían las condiciones de equidad? Al estar en campaña el gobierno federal, éste posee todos los recursos necesarios para “demostrar” los logros alcanzados, mientras que la oposición no. Para resolver esta situación, se podría pensar en modificar el modelo de comunicación política para que se regule la prohibición de publicidad gubernamental para promoción de servidores público.2 No obstante, ese “despliegue” de acciones realizadas por el ejecutivo federal haría que las candidaturas del partido gobernante para el resto de los puestos a competir tuvieran mayor ventaja sobre los demás partidos.

Si pensamos que se logran vencer los anteriores obstáculos y se mantienen las condiciones de equidad —lo cual exigiría concretar de manera expedita cambios constitucionales; modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General en Mataría de Delitos Electorales; así como crear la Ley de Revocación de Mandato—. Entonces, vale preguntarse si se aseguraría que el modelo propuesto es el más adecuado. La evolución del sistema electoral mexicano ha demostrado, con ensayo y error, que las reglas del juego siempre cambian después de cada elección. Prueba de lo anterior han sido las múltiples reformas electorales que nuestro país ha transitado desde 1977. Por lo tanto, al ser un modelo completamente distinto, el INE tendría que corregir conforme a la marcha los vicios y defectos de la normatividad de la revocación de mandato, lo cual corre el riesgo de que el TEPJF considere que el INE esté actuando como legislador, cuando ese no es su papel.

Al especular que lo que anteriormente se insinuó no será ningún problema. Ello llevaría a pensar en el segundo tema, ¿cuáles serían las consecuencias de la revocación o no del mandato del presidente de la República?

Escenario 1. Continuidad

Si la ciudadana proporciona un voto de confianza y decide a favor de la continuidad del mandato presidencial se estarían generando, principalmente, dos consecuencias. La primera residiría en el incremento o en la disminución del apoyo ciudadano hacia la figura presidencial. Es decir, de manera inevitable se compararía los votos obtenidos en la elección de 2018 contra el número de apoyo otorgados en el mecanismo de democracia directa. Esto conllevaría a que si los resultados de la no revocación de mandato son menores a los 30 millones de votos alcanzados en 2018, la oposición podría cuestionar de forma constante la legitimidad del gobierno actual, creando una crisis para el ejecutivo federal.

La segunda consecuencia, inminentemente electoral, versaría sobre la influencia o, mejor dicho, respecto la intervención que tendría la continuidad del mandato presidencial sobre las elecciones de 2020, 2021 o 2022,3 ya que en un escenario de altos niveles de apoyo se generaría un contexto favorable para los candidatos del partido político en el gobierno federal. En caso contrario, se produciría un contexto desfavorable para dicha fuerza política o, bien, sería un insumo importante para focalizar sus estrategias electorales para conseguir más victorias en las urnas. Ello implicaría que inevitablemente se altere la equidad en las contiendas, aun cuando se decida hacer el ejercicio de democracia directa antes o después de la jornada electoral del 6 de junio de 2021.

Escenario 2.  Rescisión

Si la ciudadanía decide que el mandato presidencial debe concluir o claudicar, en conjunción con la fecha de la jornada de participación se generarían dos consecuencias. La primera, siendo en julio 2020 la jornada de participación, se tendrían a tres presidentes en un periodo de un año: el Secretario de Gobernación —por termino no mayor de 60 días—; un presidente interino nombrado por el Congreso de la Unión —por un término no mayor de nueve meses—; y un presidente electo por los ciudadanos en una nueva jornada electoral.4 Lo anterior implicaría realizar una nueva elección bajo un contexto de gran complejidad política y de una gigantesca volatilidad social y económica. Lo cual, sin dudas, supondría una gran crisis de gobernabilidad e instabilidad política, social y económica. Ello sin ocuparse de los costos financieros que significaría el llevar a cabo una nueva elección La novel presidencia tendría una corta duración de aproximadamente de 40 meses, que difícilmente cambiaría el rumbo de gobierno.

La segunda, siendo en julio de 2021 o en marzo de 2022 la jornada de participación, se tendrían dos presidentes para concluir el periodo del titular del ejecutivo revocado: el Secretario de Gobernación —por un término no mayor de 60 días— y un presidente sustituto nombrado por el Congreso de la Unión que concluirá el mandato.5 La designación el presidente sustituto tendrá que ser hecha por una nueva integración de la Cámara de Diputados,6 hecho que conllevaría a una posible confrontación con la Cámara de Senadores, al posiblemente tener una conjugación distinta de fuerzas políticas. Por lo tanto, se generaría un contexto de crispación política, económica y social.

A manera de conclusión

El sistema electoral se encuentra construido para salvaguardar la certeza, confiabilidad, independencia, transparencia, legalidad, legitimidad, imparcialidad y objetividad de las elecciones. No esta edificado para responder a las necesidades de la democracia directa, ni mucho menos para garantizar la correcta instrumentación de la revocación de mandato. El entramado legal e institucional electoral obedece a lógica de la democracia representativa, es decir, a la formación y la transmisión del poder político a través de la selección de representantes populares.

Buscar introducir figuras de democracia directa requiere de un proceso integral que implique crear el marco constitucional y normativo y, en su caso, institucional, para establecer las condiciones idóneas para su introducción e instrumentación. Esto, sin lugar a dudas, requiere de tiempo y valoración de los contextos político, económico, social y cultural. En otras palabras, crear las coyunturas y las condiciones para la aplicabilidad de la revocación de mandatoconstituye un proceso paulatino, global y disruptivo, que, de hacerse bien, sentará las bases de un cambio de paradigma en el Estado Mexicano, al generar la inserción de un instrumento de democracia directa. Para ello, es vital que se desarrolle la adecuación del sistema electoralque permita la coexistencia de mecanismos de democracia representativa y de democracia directa.

En caso de querer acelerar los tiempos y tener estructuras legales e institucionales inacabadas e imperfectas, producto de un análisis a media tintas y superficial, se corre el riesgo de tener generar actos que atenten contra la eficacia, la eficiencia, la confiabilidad y la estabilidad de las elecciones y de introducir un mecanismo de democracia directa que se constituya como un instrumento del poder político, desvirtuando la voluntad ciudadana; o bien, como una herramienta de democracia directa que solo funja como un adorno del régimen democrático y del sistema normativo.

César Hernández González. Especialista en democracia, derechos humanos y elecciones. Twitter: @ZezarHG


1 A esta cifra deberá sumarse el costo de la fiscalización, del monitoreo de medios de comunicación, de la actualización del registro federal de electores, del financiamiento publico de los partidos políticos, entre otros.

2 Regulación del artículo 134 constitucional.

3 Esto dependerá de la fecha de la jornada de participación.

4 Los tres presidentes tendrían fundamento en el párrafo primero, tercero y cuarto del artículo 84 de la Constitución.

5 Los dos presidentes tendrían fundamento en el párrafo primero, quinto y sexto del artículo 84 de la Constitución.

6 Tomando en consideración que la jornada de participación será en julio de 2021 y que su calificación será en agosto, la nueva integración de la cámara de Diputados tendrá la responsabilidad de elegir al Presidente Sustituto.

Leer completo

El proceso de constitución de nuevos partidos políticos

La democracia requiere la existencia de las vías legales e institucionales para que las personas tengan la posibilidad de ser parte de la formación del poder político. De esta manera, se garantiza su inclusión y participación en los procesos de deliberación, selección, control y seguimiento de las decisiones y las acciones de las autoridades.

Uno de los mecanismos que permite e impulsa la participación de hombres y mujeres en los asuntos públicos son los partidos políticos. Esta figura, tan vituperada en las últimas décadas,1 es indispensable en las democracias, puesto que, al ser un espacio de intermediación entre los ciudadanos y el Estado, posibilitan la pluralidad en la representación política, la construcción de políticaspúblicas, la solución de los problemas, lasatisfacción de necesidades, el contrapeso del poder, la constitución de oposiciones democráticas, la conformación de gobiernos, la rendición de cuentas, entre otros.2

En este sentido, si se asume que las sociedades se encuentran en constante cambio, implica que se modifiquen, continuamente, las formas de verse y entenderse a sí misma. Por lo tanto, para que un régimen se autodenomine democrático, requiere que la oscilante y mutable pluralidad de ideas y valores coexista y se manifieste de manera pacífica; es decir, dentro de una sociedad son imprescindibles los procesos para la constitución de nuevos partidos políticos como una acción de inclusión de diversos actores en la conformación del poder político.

El proceso de constitución de nuevos partidos otorga a los ciudadanos la posibilidad de poder organizarse para conformar un ente político y asumirse como una opción diferente a las establecidas para conformara los poderes públicos. Su trascendencia radica en instituirse como una vía de acceso de las personas para tomar parte de las decisiones de la vida pública a través de medios pacíficos, democráticos, legales e institucionales, con la finalidad de fortalecer la recreación de la pluralidad en la formación de la voluntad colectiva y consolidar el régimen democrático.

Los nuevos partidos políticos incursionarán en la arena política-electoral para contribuir a enriquecer, fortificar y renovar los contextos de la competencia política, con ello, ampliar el repertorio de opciones políticas de la ciudadanía y fortalecer las condiciones democracias de una sociedad.

Ilustración: Víctor Solís

El papel de los nuevos partidos políticos en la democracia

Si bien la inclusión de partidos políticos nuevos es sinónimo de una ampliación a la pluralidad de ideas, expresiones, valores, doctrinas o creencias, en el imaginario colectivo estos son percibidos como una extensión de las fuerzas políticas en activo; es decir, son justipreciados negativamente, gracias a condicionamientos derivados de percepciones peyorativas de otros institutos políticos (representan intereses particulares, no solucionan problemas, crean conflictos, fomentan la corrupción, viven del erario, desarrollan el clientelismo, no acatan las leyes, entre otros). Estas percepciones influyen en que las connotaciones negativas sobre los nuevos partidos permanezcan vigentes, materializándose, en la pérdida de confianza, el desencantoy el descredito.

A nivel regional, el Informe de Latinobarómetro 2018 confirma la decepción hacia la figura de los partidos políticos al señalar que “…la confianza en los partidos políticos alcanza un promedio de 13% en 2018 [en América Latina], perdiendo desde 2013, cuando alcanzó 24%, once puntos porcentuales. La confianza en los partidos políticos es casi inexistente en El Salvador con 5%, Brasil con 6% y Perú con 7%. Luego hay 13 países que tienen una confianza que fluctúa entre el 10 y el 18%, y solo 2 que logran 21%, Uruguay y Costa Rica”.

El caso mexicano no es la excepción, ya que en el Informe sobre la Ciudadanía en México: ¿Cuál Ciudadanía? (INE, 2015) se establecen dos afirmaciones que confirman la desilusión ciudadana con los partidos políticos. La primera advierte que “…casi 4 de cada 10 encuestados mencionó que lo que más le molesta es que los partidos no cumplan sus promesas, mientras que uno de cada 4 dijo que son corruptos…el 14% mencionó que a los partidos no les interesan los problemas de la gente… los ciudadanos reconocen a los partidos como grupos con intereses particulares que se movilizan principalmente en temporadas electorales y por ello muchas veces carecen de un sentido ciudadano “genuino”; es decir, no buscan el interés general y sus apoyos son coyunturales”. La segunda indica que “entre el 40 y el 50% consideran que las organizaciones que protegen los derechos humanos, las asociaciones del voluntariado, las asociaciones de padres de familia, las organizaciones que protegen el medio ambiente y las asociaciones de vecinos realizan un mejor trabajo que los partidos…casi el 40% está de acuerdo con que un solo partido gobierne el país y que se prohíban los partidos políticos”.

No obstante, los nuevos partidos políticos son necesarios y trascendentales para cuatro grandes pilares de la democracia: pluralidad, elecciones, sistema de partidos y derechos humanos, ya que son detentadores y potenciadores de las siguientes funciones:

Participación política. Facilitan que las personas formen parte de la vida pública de una sociedad, al constituirse como vías de accesopara la integración y ejercicio del poder político. También se constituyen como una opción electoral para que los ciudadanos tengan alternativas para emitir su sufragio. Esta dualidad garantiza la participaciónde las personas en los procesos de formación de la voluntad colectiva.

Inclusión del pluralismo. Auspician la integración de las personas y los grupos disidentes en la vidapública y en el ejercicio del poder político. Su inclusión permite darle voz y visibilidad al conglomerado de intereses, valores, doctrinas, principios, creencias y costumbres que residen, simultáneamente, en las modernas sociedades. Estas intervenciones son valiosas y oportunas para el debate democrático en los procesos de toma de decisiones.

Espectro político-electoral. Impulsan la transformacióndel statu quo de las relaciones de poder entre los ciudadanos y las fuerzas políticas. La integración de nuevos actores transforma la manera de hacer elecciones y política, puesto que impone el deber a los noveles entes partidistas de impulsar nuevos, olvidados o ignorados intereses, valores, principios y costumbres, lo que a su vez, conlleva a que los demás partidos políticos tengan que innovar tendencias y posicionamientos, reiterar propuestas o ideologías, o replantear doctrinas y valores.

Sistema de partidos políticos. Buscan modificar los controles sociales y políticos que tienen los viejos partidos políticos para crear un nuevo balance en la competencia política-electoral, con ello, lograr la transformación de los sistemas de partidos no competitivos (partido único y partido hegemónico) en sistemas de partidos competitivos. De esta manera, se logra fortalecer las condiciones de la competencia electoral-política para reducir, y en el mejor delos casos erradicar o transfigurar, los efectos nocivos de los sistemas de partidos de atomización, pluralismo polarizado y partido predominante.3

Condiciones de la competencia electoral-política. Posibilitan la transformación de los contextos políticos y comiciales al insertar en el debate intereses, valores e ideologías desdeñadas, rechazadas y marginadas; al motivar el cambio de estrategias para la obtención del sufragio; al vigilar el accionar del gobierno y de los partidos políticos;al instigar la formación de grupos de oposición; y al detonar propuestas diversas de solución de problemas y satisfacción de necesidades.

Transmisión pacífica del poder. Garantizan que las personas y los grupos sociales formen parte, dirijan y controlen el poder político, a través de la instrumentación de medios y procedimientos democráticos, legales y pacíficos. Los nuevos partidos políticos se constituyen como la vía para que personas y grupos opositores, marginados y excluidos accedan a cargos de representación popular y conformen gobiernos, sin la necesidad del derramamiento de sangre o del uso de medios no institucionalizados o ilegales.

En cuanto a los derechos humanos de índole político, los nuevos partidos políticos tienenla potestad de generar la conversión de las personas en sujetos políticos que incidan en el proceso de formación del poder político y en el proceso de deliberación, selección, control y seguimiento de las decisiones, todo ello, mediante el goce, el ejercicio y la salvaguarda de los siguientes derechos:

Asociación. Posibilitan que los ciudadanos se puedan agrupar en torno al poder político, en virtud, de que ellos tienen el derecho de asociarse, de manera libre, pacifica e individual, para tomar parte en los asuntos políticos de una comunidad, a través de la constitución de partidos políticos. La libertad de asociación de los ciudadanos propicia que la pluralidad política intervenga en la formación de la voluntad colectiva.

Afiliación. Materializan la prerrogativa de las personas para asociarse a cualquier partido político, con la finalidad de incidir en la integración del poder político. Los ciudadanos se constituyen como miembros de los partidos políticos para poder acceder a cargos de representación popular, o bien, para defender intereses, doctrinas, valores y principios en la conformación de la voluntad colectiva; y también, para participar en la dirección de los asuntos políticos de un gobierno.

Voto activo. Otorgan al electorado la ampliación del abanico de opciones políticas para la emisión del sufragio, al consolidar la apertura del espectro político-electoral, mediante la inclusión de nuevas tendencias políticas, económicas, sociales y culturales.

Voto pasivo. Preservan el derecho a través dos vertientes. Primero, al facilitar que grupos minoritarios participen en la conformación del poder político mediante la postulación de candidatos. Segundo, son un medio que propicia que los ciudadanos puedan ser postulados como candidatos a cargos de representación popular para integrar los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Participación en los asuntos públicos. Garantizan que los ciudadanos tengan la posibilidad de ser candidatos, lo que, a su vez, permite que integren los poderes públicos al fungir como miembros del Poder Legislativo o como titulares del Poder Ejecutivo.  Asimismo, la victoria en las elecciones concede a los militantes altas posibilidades de formar parte de la administración pública federal, local o municipal.

A manera de conclusión

Desafortunadamente los nuevos partidos políticos arrastran consigo los reproches y la desaprobación de la actuación de la clase política, más cuando se conjuga con un historial de conductas negativas de las diversas instituciones dignas del oprobio.4 Esto produce, en el imaginativo colectivo,la reafirmaciónde los múltiples yerros de los partidos políticos en contra de su rol como instancias de representación, apertura democrática y de trasformación política, social y económica. Sin embargo, sin los partidos, tampoco se garantiza la coexistencia de la pluralidad.

En otras palabras, guste o no guste, la sociedad debe de dar una oportunidad a los nuevos partidos políticos para demostrar su valor como agente de cambio de los regímenes democráticos, ya que son la principal vía para que las personas y los grupos sociales se integren a la vida pública para incidir, directa o indirectamente, en la formación de la voluntad colectiva.

Para ello, se requiere que las personas eliminen los perjuicios en torno a los nuevos partidos políticos y se involucran en su andamiaje para conocer sus propuestas, ideologías y principios. Además, ellas deberán de vigilar su actuación en los lares electoral, político e institucional; tendrán que exigir una efectiva rendición de cuentas; y en su caso, dejar de apoyarlos, política y electoralmente, para que pierdan su registro. Lo anterior, conlleva a imponer a los nuevos partidos políticos la obligación de constituirse como opciones genuinas de cambio político-electoral, en virtud de que tendrán que ser auténticos actores de renovación e innovación del régimen democrático y del sistema de partidos políticos.

Esto no significa que los nuevos partidos deban tener una carta en blanco. Por el contrario, les impone una obligación, de gran calado, para conducirse como instrumentos de innovación y renovación de las condiciones democráticas. Es imprescindible que los nuevos partidos se distancien de condicionamientos peyorativos de antaño: corrupción, despotismo, defensa de intereses particulares, tráfico de influencias, alianzas electorespara conservar registro, indiferencia de problemas sociales, fatal de interés de convertirse en una oposición democrática, apatía por las necesidades de la sociedad, entre otras.

Los nuevos partidos políticos tendrán, como tarea, el deber de fungir como una oposición democrática crítica y responsable en cuanto a las acciones del gobierno y las fuerzas políticas, o bien, como un aliado en las adversidades de resolución urgente. También tendrán la obligación de establecer un contacto con la ciudadanía para proponersoluciones acordes a los nuevos y múltiples contextos en los que se desenvuelven.

Los nuevos partidos políticos en México sí han incursionado como vías de acceso, pacificas, legales e institucionales, en el ejercicio de poder político. En algunos casos, a través de triunfos electorales como diputados o senadores en los parlamentos; en otros, con victorias en comicios de presidencias municipales, gubernaturas y presidencia federal. Lo anterior, les permitió impulsar reformas constitucionales y legales, modificar las condiciones de la competencia política-electoral, transformar el sistema de partidos, granizar el goce y el ejercicio de los derechos políticos, e impulsar la transición y la consolidación democrática. De aquí la importancia de los nuevos partidos políticos para la renovación y consolidación de nuestra democracia.

En diciembre de 2018 comenzó un nuevo proceso de constitución de nuevos partidos políticos en México. Este proceso culminara en junio de 2020. Durante los próximos 15 meses las personas y las organizaciones o grupos sociales tendrán la oportunidad de cumplir con los requisitos legales y formar un novel ente partidista; de esta forma, dispondrán de la posibilidad de incidir en la formación de la voluntad colectiva del Estado mexicano, al participar en los comicios, integrar a los poderes públicos y ejercer y controlar el poder político. Estos organismos en formación tendrán la oportunidad de abonar al cambio democrático del sistema de partidos políticos y del régimen democrático.

César Hernández González. Especialista en derecho electoral, democracia y derechos humanos.


1 El informe de Latinobarómetro 2018 determina que “los partidos políticos se encuentran en un momento especialmente negativo similar al que tuvieron en los años que precedieron la crisis asiática al final del milenio. El desencanto con la política ha llevado a la fragmentación de los partidos, a la crisis de representación y a la elección de líderes populistas. Estos datos dan cuenta de la crisis en que se encuentran los sistemas políticos de la región donde nadie es campeón

2 Cfr. Sartori, Giovanni, 1992, Partidos y Sistemas de Partidos, Alianza, Madrid; Duverger, Maurice, 2012, Los Partidos Políticos, FCE, México; Montero, José Ramón, 2007, Partidos Políticos: viejos conceptos y nuevos retos, Trotta, Madrid; Martínez, Miguel y Mella, Manuel, 2012, Partidos Políticos y Sistemas de Partidos, Trotta, Madrid.

3 CFR. Sartori, Giovanni, 2005. Partidos y sistemas de Partidos, Alianza, Madrid.

4 Es necesario recordar el caso de el caso de Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y sus eternas alianzas/coaliciones electorales y de gobierno; la astucia del Partido de Trabajo (PT) para conservar su registro en 2015; la lamentable intervención del Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) y su estructura de dirección familiar; la argucia de los argumentos del Partido Encuentro Social (PES) para mantener su registro, entre otros.

Leer completo