La propuesta para la creación de una serie de videos en las que se discutan las diversas vías a través de las cuales se propicie una mayor cercanía entre la labor de los jueces y la ciudadanía, surgió de la preocupación respecto a los bajos niveles de confianza ciudadana que se tiene enlos órganos impartidores de justicia.1

Ilustración: Patricio Betteo

En este contexto surge e-justici@ como un proyecto que incentiva el debate entre los especialistas de diversas áreas quienes, por su familiaridad con la labor jurisdiccional y el conocimiento de los factores que intervienen en el proceso de impartición de justicia, se vuelven los protagonistas ideales de una discusión que, además de desentrañar las problemáticas actuales a las que se enfrentan los jueces durante su labor, plantea nuevos retos para los impartidores de justicia y la sociedad en general.

Esta iniciativa está orientada a explorar los pros y contras de diversos mecanismos cuyo objetivo es llevar a la práctica los principios de justicia abierta, transparencia y participación ciudadana al interior de las cortes y de los tribunales. Lo que se busca, principalmente, es explorar diferentes vías que permitan establecer una comunicación eficiente entre las instituciones judiciales y la ciudadanía, sin que ello implique el desapego a los principios rectores de la labor jurisdiccional.

En esta primera edición de e-justici@, Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), moderó el diálogo entre los tres especialistas invitados: Jorge Cerdio (ITAM),  Ana María Ibarra Olguín (SCJN) y  Javier Martín Reyes (CIDE).

En principio, se les hizo la misma pregunta que da título a esta primera reseña a los tres ponentes y, como era de esperarse, la discusión no sólo se apegó al análisis abstracto de lo que es deseable o no de la publicación de los proyectos de sentencia, sino que también se tomó en consideración el contexto sociopolítico actual del país, así como las lecciones aprendidas tanto de la academia como de la experiencia de algunos de los ponentes al haber formado parte de un órgano judicial.

Desde el inicio, la Suprema Corte2 y la Sala Superior3 del TEPJF se perfilaron como los órganos en torno a los cuales giraría la discusión, justo porque son las dos principales instancias a nivel federal que permiten la publicación de proyectos de sentencia.

En la discusión se señaló que, en términos generales, la Suprema Corte publica los proyectos de sentencia de aquellos casos en los que se interpreta una norma de la Constitución o en los que se haya declarado la inconstitucionalidad de algún precepto legal, así como aquellos asuntos que se estimen relevantes.

En el caso de la Sala Superior se hizo mención de la autorización prevista en su reglamento interno para publicar proyectos de sentencia cuando el pleno lo estime necesario, además, se discutió la última resolución que emitió este órgano el pasado mes de agosto con respecto a la posibilidad de publicar proyectos de sentencia.

Asimismo, se llevó a cabo una revisión de diversos sistemas judiciales afines al mexicano, como lo son los de Chile, Colombia y Costa Rica; y se hizo una rápida aproximación al sistema interamericano y al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De este acercamiento a otros sistemas judiciales, no sólo se encontró que la publicación de proyectos de sentencia no está permitida, sino que también se pudo identificar que en la mayoría de los casos las deliberaciones judiciales son privadas y que está prohibido que los jueces opinen públicamente, con anticipación a la resolución, respecto de algún caso sometido a su conocimiento.

Ante este estado de las cosas surge la pregunta sobre las características del sistema mexicano que, a diferencia de otros, han propiciado la permisión de la publicación de proyectos de sentencia.

De los comentarios que se hicieron durante la discusión, se destacó que una de estas características podría ser que, de cierta forma, el sistema judicial mexicano es inverso al “sistema judicial ideal”. Mientras que en un sistema ideal las partes se reúnen en público con los jueces y la discusión y resolución de los asuntos se hace en privado, en nuestro sistema judicial, al menos con respecto a la Suprema Corte y de la Sala Superior del TEPJF, esto ocurre al revés.

Por un lado, se enfatizaron algunos beneficios de la publicación de los proyectos de sentencia, tales como la incorporación de la sociedad civil y de diversos grupos de interés al debate.

Desde esta perspectiva, la discusión pública de los casos judiciales en los medios actualmente se centra en las declaraciones que hacen los jueces durante las sesiones públicas de deliberación, pero no en la sentencia final. Debido a esto, se consideró que la publicación de los proyectos de sentencia sería un buen mecanismo para la exposición de argumentos que podrían o no sustentar una sentencia final y, con ello, se les daría oportunidad a los grupos interesados para manifestarse entorno a la problemática en cuestión.

Por otro lado, se expusieron argumentos que, si bien, reconocen los beneficios de involucrar a la sociedad en los debates sobre los asuntos que son competencia de los órganos judiciales de última instancia, cuestionan los incentivos que podrían tener los jueces —en lo individual— para hacer públicos los proyectos y, como resultado de esto, que se dé una posible afectación a la imparcialidad en la sentencia.

En este sentido, se destacó que la publicación de proyectos de sentencia podía ser utilizada como un conducto a través del cual se envíen mensajes políticos que posicionen a un juez o jueza a favor o en contra de una determinada postura, así como en apoyo a los actores externos que la sostengan.

Se consideró que la difusión anticipada puede implicar un mecanismo para frustrar estrategias internas en el órgano, de manera que un proyecto que en un inicio no tenía el apoyo de una mayoría, termine siendo aprobado debido a modificaciones en las posiciones iniciales, como resultado de la presión generada a partir de la publicación del proyecto.

Se expuso que, como consecuencia de la posible intromisión de actores externos en las decisiones de un tribunal, la garantía de imparcialidad de este órgano —cuyo origen estriba en que una sentencia se hace de forma colectiva— se diluye si de antemano sabemos la postura argumentativa de algún juez o jueza, quien, al momento en el que se lleva a cabo la discusión pública del asunto, llega a con los “dados cargados”.

Como parte del proceso deliberativo del programa, se les planteó a los participantes la problemática sobre la incidencia que puede tener la publicación de los proyectos de sentencia en la confianza y en la legitimación de los tribunales, en un contexto que se caracteriza por medios limitados de difusión oficial.

Las opiniones en cuanto a esta problemática se vieron divididas. Por un lado, se afirmó que esta es una cuestión empírica estrechamente relacionada a los índices de confianza que tiene la sociedad civil, sobre todo en aquellos casos en los que un juez cambia o mantiene su posición inicial. En México, la existencia de una “cultura de la desconfianza” hace que el cambio de opinión de un juez no sea percibido públicamente como una mejor reflexión, sino que se le relacione con la posible influencia que otros intereses tuvieron en su decisión.

Por otro lado, se argumentó que lo que aumentaba la desconfianza pública no era la publicación del proyecto en sí, sino la mala calidad argumentativa de los proyectos difundidos, al tratar de defender lo indefendible. De acuerdo con esta postura, las razones que se exponen en los proyectos son las que pueden incrementar o mermar la confianza ciudadana en los jueces y en la institución que representan.

Entre las conclusiones de este video se destacó que el dilema sobre la publicación de los proyectos de sentencia tiene que ser analizado e instrumentado desde la política de comunicación de una institución. Es decir, la publicación de proyectos no puede darse como una decisión aislada o como un instrumento individual para convocar a la participación ciudadana, sino que debe formar parte de una política pública. Sin embargo, quedó pendiente la discusión sobre las características que debería tener una política pública orientada a la difusión de sentencias, desde una perspectiva de justicia abierta, transparencia y protección de datos personales.

Como resultado de esta discusión y como propuesta para continuar el debate, se pueden considerar como insumos valiosos cuestiones como el plazo de difusión del proyecto, los temas que pueden ser objeto de divulgación, los medios a través de los cuales se debe hacer la publicación, las sanciones que se deben imponer en caso de incumplimiento, así como si la decisión de publicar el proyecto debe ser colegiada o no.

Claudia Elvira López Ramos. Secretaria de Apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación


1 Latinobarómetro. (2018) Informe 2018, Banco de datos en línea del Latinobarómetro. Chile, pág. 54.

2 Artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.

3 Artículo 146 del reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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