En días pasados el Senado de la República designó a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los resultados de la votación evidencian que la decisión fue tomada a partir de un acuerdo entre las fuerzas políticas con mayor peso al interior de la Cámara Alta. Lamentablemente, a pesar del balance que el propio Senado realizó respecto de este proceso, tanto su actuación, -en especial a través de la Comisión de Justicia-, como los términos en los que se realizó la decisión final de los Ministros, son criticables y únicamente exponen a senadores cortos de miras en cuanto a la importancia que revisten estos procesos políticos de designación e irresponsables respecto de la obligación que tienen ellos dentro de los mismos.

La Suprema Corte es el máximo tribunal del país, cabeza del Poder Judicial de la Federación y guardián de la Constitución. Las decisiones de los Ministros deben garantizar los derechos humanos y limitar los actos de autoridad para que se realicen conforme a los preceptos constitucionales. De ahí la importancia de su designación. Sin embargo, para el Senado más que un proceso político trascendental para el Estado mexicano que debería estar acompañado de deliberación pública y análisis minucioso, la designación de los Ministros de la SCJN es un mero trámite que puede desahogarse en siete días, sujeto a la lógica y los tiempos de la transición presidencial.

Designaciones públicas considera que el Senado no tuvo interés en llevar a cabo un proceso público de discusión serio que diera lugar a decisiones políticas fundamentadas y expuestas públicamente. Al contrario, parecería existir la voluntad de hacer un proceso expedito y discrecional en el que no se cumplieron las normas aprobadas por la misma Cámara de Senadores: no se ordenó la distribución de los expedientes de los integrantes de las ternas entre los senadores para su estudio a pesar de estar establecidos en el artículo PRIMERO del Acuerdo de la Mesa Directiva; las sesiones de exposición en el Pleno no fueron transmitidas por televisión en el Canal del Congreso a pesar lo establecido en el artículo SEGUNDO del mismo; durante las comparecencias la Comisión de Justicia sesionó apenas con el quórum necesario de senadores; no hubo uniformidad en tiempo ni en número de preguntas hechas a los candidatos y candidatas; no hubo discusión entre los grupos parlamentarios en el Pleno al momento de votarse, entre otras. Por ello, no es exagerado concluir que el Senado, más que conducir un proceso político de fondo,  tramitó la designación de ministros.

Desde su primer comunicado, Designaciones Públicas  hizo énfasis en la ausencia absoluta de una una fundamentación de las propuestas, así como del más mínimo pronunciamiento respecto a la Corte que a juicio del Senado requiere el país. Sin esta premisa, cualquier proceso, cualquier iniciativa o modificación al procedimiento establecido, es –como ya se evidenció- estéril ya que al no existir una definición respecto del tipo de Corte que se busca, tampoco existía un perfil ideal de Ministro contra el cual contrastar a los candidatos para encontrar al más idóneo. Este punto cobra especial relevancia cuando analizamos el perfil de los candidatos que resultaron electos: Alberto Gelacio Pérez Dayán, rechazado en dos ocasiones anteriores, la última hace apenas una semana (sin explicarse públicamente por qué) y ahora designado casi por unanimidad (104 de 112 votos posibles, sin que tampoco existiese un razonamiento público al respecto). Por otro lado, el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, cuyo perfil de experto y alto funcionario en materia fiscal no necesariamente es compatible con la justicia constitucional, quien también fue electo casi por unanimidad (103 votos) sin explicarse públicamente las razones que sustenten los votos. El procedimiento de selección de estos perfiles, que no tomó en cuenta cuestiones de la mayor relevancia como la interpretación jurisdiccional o de metodología jurídica de los candidatos, confirma que la decisión del Senado se tomó con base en criterios ajenos a las capacidades profesionales que requerirán al integrarse a la Suprema Corte.

La decisión de quién debe ser ministro debe estar sustentada en razones técnicas y políticas, las cuales en lugar de excluirse del debate público, deben someterse al escrutinio ciudadano obligando a los actores políticos a hacerse responsables de sus decisiones. En el presente caso, la opacidad y el silencio del Ejecutivo federal así como de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado no nos permiten saber cuáles fueron las razones que motivaron la integración de las ternas ni la votación que hubo en el Pleno, ello en buena medida porque el proceso no estableció mecanismos indicados para decidir en dichos términos.

Las decisiones de esta índole siempre tienen un componente de racionalidad política, sin embargo, los Senadores tienen la obligación de motivar ésta y exponer públicamente las razones que las sustentan como parte de la rendición de cuentas inherente a la función que desempeñan. Las razones políticas pueden basarse en acuerdos entre partidos pero éstos deben tener un fundamento de interés general.

Procesos de designación deficientes y cortos de miras dañan a las instituciones y pueden generar una crisis de legitimidad como la que actualmente atraviesan otros órganos que componen a nuestro estado democrático constitucional. Los representantes políticos encargados de la designación los funcionarios titulares de estos órganos son responsables de las decisiones que tomen. En esta ocasión, los senadores han pretendido no hacerse responsables de ello, ocultando su razonamiento, sin rendir cuentas  rendir cuentas a la sociedad,  perjudicando con ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Designaciones Públicas lamenta la forma en que fueron designados los dos nuevos ministros; consideramos que el Senado ha asestado un golpe duro a la institucionalidad democrática, a la justicia constitucional y a la sociedad mexicana a la que ha tratado de engañar por medio de un proceso de aparente transparencia y poca rendición de cuentas.

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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El día de hoy 29 de octubre de 2012, se llevarán a cabo en el Senado de la República las comparecencias de las ternas propuestas para ocupar el cargo de Ministro de la SCJN. En un comunicado previo criticamos la ausencia de una discusión de fondo al interior del Senado sobre el perfil idóneo de Ministro que la SCJN requiere y que el proceso determinado para las comparecencias no fue el indicado para dichos objetivos ya que no se tendrían los elementos suficientes para una decisión razonada.

El día hoy reiteramos esta posición ya que las comparecencias de Ministros de la SCJN carecerán de elementos de fondo que permitan una verdadera evaluación y de las propuestas por la falta de tiempo para el estudio de la información solicitada y recibida para proceso. De acuerdo con el oficio de la SCJN y el Consejo de la Judicatura, el envío de información se realizó el viernes 26 de octubre de 2012, en consecuencia, los miembros de la Comisión de Justicia del Senado tuvieron solamente los dos días (en fin de semana) para analizar dicha información. Consideramos que ese tiempo, aunque cumple con el Acuerdo de la Comisión, es insuficiente para analizar información judicial compleja, planear preguntas y determinar los aspectos generales a evaluar en las comparecencias.

A partir de esta información es que los miembros de la Comisión de Justicia plantearán preguntas y escucharán respuestas de las personas que integran las ternas sin la posibilidad de deliberar sobre estas respuestas. Es un formato que asemeja más que una comparecencia, un examen en las que no hay respuestas correctas ni espacio para la reflexión.

Por otro lado, Designaciones Públicas considera que entre el proceso de comparecencias y la votación en el Pleno de la Cámara de Senadores está desvinculado. Después de las comparecencias del día de hoy, la Comisión de Justicia deberá de elaborar un “dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad” de las personas de las ternas y lo enviará con los expedientes respectivos. La desvinculación de las comparecencias con la sesión de votación en Pleno se da ya que se dispone la elaboración de un “dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad” que en términos literales atendería a solamente determinar si cumple con los requisitos formales establecidos para ello. El dictamen en principio no contempla una valoración por parte de la Comisión de Justicia o una opinión a partir de las comparecencias.

Esto quiere decir que aunque para las comparecencias se determinó buscar información de fondo respecto a la actividad y criterios jurisprudenciales, no se define cómo es que la Comisión transmitirá a los demás miembros del Senado una opinión derivada del análisis de las sentencias y de exposiciones y respuestas en las comparecencias. Creemos que con esto se desvincula la relación entre un espacio y el otro.

En este sentido sería importante que dicho dictamen no solo determine el cumplimiento de los requisitos sino que se incluyan las conclusiones de cada uno de los grupos parlamentarios que por medio de sus representantes en la Comisión de Justicia podrán elaborar un documento conclusivo al respecto. Con independencia de que el voto de las senadoras y senadores es libre y secreto en este caso, consideramos fundamental como ejercicio democrático que los grupos parlamentarios la presentación de conclusiones sobre cada una de las ternas a partir de las comparecencias.

Por estas razones el proceso de comparecencias el día de hoy será insuficiente para profundizar en una decisión trascendental para la vida del país como lo es la designación de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para revertir ello es urgente en primera instancia que los grupos parlamentarios presenten sus conclusiones razonadas de este proceso de comparecencias y que para las designaciones futuras se establezcan un proceso diferente que dé lugar a una discusión de fondo en las designaciones para ministros de la SCJN.

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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El 17 de octubre de 2012 la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó el Acuerdo para el formato de las comparecencias de las ternas para Ministros de la SCJN propuestas por el Poder Ejecutivo. En dicho acuerdo, la Comisión de Justicia del Senado trata de establecer un proceso público, deliberado y fundamentado que lamentablemente no se concreta y se vuelve insuficiente para decidir de manera fundamentada sobre la designación de un Ministro de la SCJN.

A pesar de que la Comisión de Justicia haya acordado modificaciones relativas a las formas, el proceso de las comparecencias es un proceso sin rumbo en el que se corre el riesgo de caer en una comparsa y no en comparecencia. Además de algunas críticas puntuales hechas sobre las formas del proceso, en Designaciones Públicas consideramos que el Acuerdo aprobado por la Comisión de Justicia carece de un elemento central que es una deliberación sobre: ¿Qué Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita el país?

Sin esa deliberación, ausente desde la fundamentación del Poder Ejecutivo respecto de las ternas,  no es posible decidir de manera razonada y fundamentada sobre la idoneidad de quienes habrán de ocupar los cargos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Acuerdo del Senado carece de una definición del perfil idoneo de ministro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita.

El riesgo del proceso acordado por la Comisión de Justicia es perderse en mar de información judicial porque no hay una meta clara de lo que se está buscando. En otras palabras ¿qué se revisará cuando de la carrera profesional de los magistrados y magistradas? ¿se favorecerán sus logros administrativos o criterios judiciales? ¿Qué revisarán los miembros de la Comisión de Justicia al leer las sentencias que le ha solicitado? ¿Qué buscarán cuando revisen los criterios judiciales de las y los magistrados si no se ha discutido qué tipo de criterios judiciales son los que se necesitan en la Suprema Corte de acuerdo con la realidad del país de estos momentos y del futuro próximo?

Sin la definición previa respecto al perfil ideal de un Ministro -que necesariamente sería la conclusión de un debate sobre a qué Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere actualmente el país de acuerdo con los senadores-  cualquier proceso de designación será insuficiente, superficial y repercutirá en la fortaleza e independencia de la SCJN.

En la carta enviada a la Comisión de Justicia por parte de Designaciones Públicas previa a la aprobación del Acuerdo, señalamos la importancia de llevar a cabo un proceso de deliberación amplio que permitiera la definición de indicadores para la evaluación de los candidatos propuestos. Consideramos que este proceso es necesario para fundamentar una decisión a favor o en contra las personas propuestas.

Por otro lado, si desde el principio el tiempo establecido para que los miembros de la Comisión de Justicia del Senado era poco tomando en cuenta el tipo de información que debían de revisar y analizar los miembros de dicha Comisión, el día de hoy 24 de octubre de 2012, la información solicitada no ha sido recibida o por lo menos no se ha hecho pública de acuerdo con el portal web del Senado. Si el acuerdo estableció que las comparecencias se llevarían a cabo el 29 de octubre, deja un margen de 4 días para el “análisis” de la información que necesitarían los miembros de la Comisión de Justicia para las comparecencias.

Insistimos que estamos ante el riesgo de caer en comparsas y no en verdaderas comparecencias para la Designación de Ministros de la SCJN. Para evitarlo la Comisión debe considerar las posibilidades de plantear por algún medio la posibilidad de una deliberación entre sus miembros -y  con la sociedad de manera directa- para definir un perfil idoneo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia que permita una decisión razonada y fundamentada por parte del Senado de la República.

 

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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En Designaciones Públicas creemos que las comparecencias que realice la Comisión de Justicia deben ser una verdadera evaluación de los candidatos a ocupar las vacantes en la SCJN y no una mera exposición de trámite. Para lograrlo, los candidatos deben ser sometidos a un examen riguroso acerca de temas fundamentales para el desempeño de su trabajo que no sólo versen sobre sus concepciones jurídicas sino también sobre aspectos administrativos y ejecutivos de la Corte.

Para ello, hemos generado una serie de preguntas sobre las cuales nos gustaría escuchar pronunciarse a los candidatos a ministros durante su comparecencia. Este problemario se encuentra dividido en cuatro grandes áreas temáticas, cada una guiada a partir de una macro pregunta y complementada por una serie de preguntas específicas: filosofía constitucional, es decir cuál es su concepción metodológica y teórica acerca del trabajo de un juez constitucional, papel de la Suprema Corte en nuestro sistema político, donde se evidencie su postura respecto del rol que juega la SCJN en relación con los otros poderes; la SCJN y los desafíos que enfrenta el sistema jurídico mexicano, es decir cómo afrontaran los retos que las últimas modificaciones al sistema jurídico mexicano implican para su trabajo y, por último, administración interna del poder judicial, donde tendrán que posicionarse respecto de cuestiones del funcionamiento interno de la corte en materia de transparencia, manejo de recursos y otras políticas públicas. Las preguntas, en ocasiones muy directas, buscan generar una respuesta contundente y sin ambigüedades que permita a la opinión pública hacer su propio examen respecto de la idoneidad de cada candidato.

I. Filosofía/enfoque metodológico como juez constitucional

Una cuestión medular que gira en torno a cualquier tribunal constitucional consiste conocer bajo qué esquema interpretativo los jueces constitucionales resuelven los diversos asuntos que conocen. Es decir, cuáles son las anteojeras que utilizan para leer las disposiciones constitucionales relacionadas con los diversos conflictos que se les presentan. En la Suprema Corte, por ejemplo, existe un interesante debate, que ha definido la resolución de diversos asuntos de enorme relevancia, respecto cómo se debe leer la Constitución: mientras algunos ministros consideran que debe atenderse meramente al significado lingüístico de las normas constitucionales “relevantes” para resolver un determinado asunto; otros parten de la idea de la Constitución como una unidad, de tal manera que para determinar el sentido y alcance de las normas “relevantes” para un caso en cuestión siempre es indispensable leer éstas en relación con el resto del texto constitucional. En este sentido, y considerando que el tipo de decisiones de un tribunal constitucional dependen en buena medida de cómo se leen los asuntos que conocen, ¿cuál considera que es el método interpretativo más adecuado? ¿Por qué?

Sub-preguntas

  1. ¿Cuál es su religión? ¿Pertenece a alguna agrupación o asociación religiosa? ¿Cuál?
  2. ¿Qué opina de que en la Suprema Corte aún se practiquen las llamadas audiencias de oreja u oído a pesar de estar prohibidas por el Código Iberoamericano de Ética Judicial? En caso de ser ministro, ¿usted mantedría está práctica?

II. Papel de la SCJN en nuestro sistema político

Activismo social y el rol de la Corte como agente de cambio social. Otro de los constantes debates ubicados en el centro de la justicia constitucional, especialmente si nos encontramos en el proceso de consolidación de un tribunal constitucional, como en el caso mexicano, se refiere a la pertinencia de impulsar un activismo judicial. Es decir, aquella práctica jurisdiccional que no se limita a resolver los conflictos que se le plantean sino que además impulsa a través de sus sentencias cambios jurídicos (y, por tanto sociales, económicos y políticos)  de fondo, como el reconocimiento y expansión de derechos más allá de lo que textualmente marca el texto constitucional. En este sentido, ¿considera usted que la circunstancia jurídica y social del país hace posible y deseable un activismo judicial desde la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué?

Legitimidad de la SCJN. De acuerdo al diseño de las democracias contemporáneas, una corte constitucional es el órgano límite de un Estado. Se trata del árbitro final de los conflictos institucionalizados; el lugar donde se definen los alcances y límites de la estructura estatal. De ahí que el sustrato de cualquier tribunal constitucional es su legitimidad. En esta línea, ¿cómo fortalecer y consolidar la legitimidad de la Suprema Corte? 

División de Poderes. La división de poderes en el Estado constitucional es un principio fundamental que en tiempos actuales debe concebirse de manera mucho más amplia que la concepción tradicional del siglo XVIII. Éste es un tema que atañe principalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por dos razones: si hablamos de una división de poderes amplia que abarque todo el ámbito político-social, el equilibrio entre personas y Estado sería determinado en última instancia por la Suprema Corte de Justicia por los diferentes recursos jurisdiccionales que impiden el abuso del poder público. En segundo lugar, la división de poderes entre órganos del Estado también es en última instancia decisión de la Suprema Corte de Justicia que no sólo determina la relación tradicional entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también las facultades de órganos constitucionales autónomos y la  división de poderes vertical entre Federación, Estado y municipios por medio controversias constitucionales y otros recursos. En ese sentido, ¿cómo entiende en el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta función?, ¿qué principios guiarían sus decisiones sobre estos temas?

Política y Justicia. El impacto de las decisiones judiciales es un hecho innegable desde las primeras configuraciones del sistema jurídico y político mexicano. Sin embargo desde 1995 a la fecha la serie de reformas al Poder Judicial le han dado un papel más público y el impacto que las decisiones judiciales tienen en la política ahora son más que evidentes.  El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un actor político determinante en el juego de poder. En ese sentido, ¿cómo entiende el carácter político del juez constitucional?, ¿cómo pueden los jueces constitucionales aportar en la construcción de la democracia?, ¿cómo pretende asumir esa responsabilidad política?

Sub-preguntas

  1. Como magistrado federal usted cuenta con la atribución de solicitar a la SCJN el ejercicio de la facultad de atracción. ¿En cuántas ocasiones y por qué motivos lo solicitó?
  2. En su opinión, ¿debe la Corte usar proactivamente las facultades de atracción como instrumento para ir resolviendo cuestiones de gran “interés y relevancia”?
  3. De acuerdo con la mayoría de las encuestas de confianza en las instituciones públicas, los legisladores tiene índice casi reprobatorios. En ese sentido, ¿qué piensa usted de diputados y senadores?
  4. ¿Cómo fue el proceso que derivó en su nominación por parte del Presidente? ¿Qué preguntas planteó en la entrevista que sostuvieron?

III. La SCJN y los desafíos que enfrenta el sistema jurídico mexicano

Las reformas al sistema de justicia penal, de derechos humanos y al juicio de amparo suponen un cambio de paradigma en la forma en que se imparte justicia en México. En su opinión ¿cuáles son tres desafíos mas importantes que enfrenta la instrumentación de estas reformas y cuáles serían las tres acciones más importantes que se deberían realizar para atender cada uno de ellos?

Sub-preguntas

  1. ¿Cuál es su posición respecto el uso del derecho comparado? ¿Debiese usarlo la Suprema Corte? ¿Por qué?
  2. ¿Qué opina sobre el modelo/estructura que actualmente tienen las sentencias de la Suprema Corte? ¿Es correcto?
  3. ¿Cuáles cree que son los operadores jurídicos necesarios para aplicar las reformas penal, derechos humanos y de amparo?
  4. ¿Cuál es su posición respecto del problema del arraigo y su relación con la jerarquía entre la Constitución y los Tratados Internacionales?
  5. ¿Existe un bloque de constitucionalidad en México? ¿Por qué?
  6. ¿Considera que las sentencias de las Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a casos de otros Estados americanos son también vinculantes para México o solo orientadoras? ¿Por qué?

IV. Administración del PJF

Además de tribunal constitucional, la Corte es el órgano máximo del sistema de justicia federal. La Corte concentra una gran responsabilidad jurisdiccional, pero también administrativa. El Presidente de la SCJN es también quien encabeza al órgano de administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación, cuyos presupuestos en conjunto superaron en 2012 40 mil millones de pesos. En este sentido y pidiéndole que tome en cuenta su experiencia como magistrado federal, ¿qué acciones cree que deben instrumentarse para hacer más eficiente la relación entre el CJF y la SCJN?

Sub-preguntas

  1. ¿Cuáles serían las políticas públicas más efectivas para acabar con el nepotismo en el poder judicial? ¿Le daría empleo a un hijo de un colega ministro?, ¿Bajo qué circunstancias?
  2. ¿De qué manera considera usted que se debe transparentar el manejo de recursos públicos en la Suprema Corte?
  3. ¿Cómo piensa seleccionar a sus secretarios de estudio y cuenta?
  4. ¿Qué opinión le merece la llamada “Ley de Salarios Máximos”?
  5. ¿Cómo debe rendir cuentas a la sociedad un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
  6. ¿Considera apropiado que sea la SCJN la que proponga al Senado a los candidatos a Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?

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Comunicado del Observatorio Designaciones Públicas.

La Suprema Corte de Justicia es el árbitro último de nuestro sistema político. Su tarea consiste en resolver los complejos conflictos derivados del federalismo y divisiones de poderes, así como proteger los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Por este motivo, la designación de los Ministros de la Suprema Corte es un tema medular para la consolidación de la democracia mexicana.

Quienes ocupan la posición de ministro de la Corte deben ser seleccionados a través de un proceso que no se agote en cumplir con los requisitos constitucionales, sino de uno que abone a la legitimidad del máximo tribunal seleccionando a los mejores abogados del país. Un ejercicio de escrutinio, deliberación y transparencia cuyo objetivo sea el análisis responsable de la trayectoria de los candidatos propuestos.

Más aún, la designación de los ministros cobra mayor relevancia en la coyuntura política actual debido a que Enrique Peña Nieto ha señalado que una vez que asuma el cargo de presidente de la República impulsará una serie de reformas en temas de enorme relevancia para el país, mismas que podrían ser sometidas a escrutinio constitucional, si el 33% de diputados o senadores decide presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de éstas. Porcentaje de legisladores que, revisando la composición actual del poder legislativo, se podría alcanzar con relativa facilidad. La suerte final, por tanto, de la agenda legislativa de Peña Nieto y del PRI puede llegar a depender de los 11 ministros de la Suprema Corte.

En este contexto, el pasado 10 de octubre, el presidente Felipe Calderón, en uso de sus facultades constitucionales, inició el proceso de designación de los dos ministros que sustituirán a Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia al proponer al Senado de la República para su ratificación las dos ternas de donde en principio se seleccionarán a quienes ocupen estos cargos a partir del 1º de diciembre.

La democracia mexicana requiere que este proceso de selección, en especial las comparecencias de los candidatos a ministros sean públicas y puedan ser seguidas a través de televisión e Internet  Requiere también que los candidatos sean sometidos a un autentico cuestionamiento de fondo respecto de sus criterios jurídicos e interpretativos, su posición frente a los vicios que existen al interior del poder judicial –como el nepotismo y la opacidad en el manejo de recursos públicos- y acerca de su filosofía constitucional.

Por ello, exhortamos al Senador Roberto Gil, en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, a que tome en consideración estos requisitos, que no realice estas designaciones con una celeridad que evite un escrutinio serio y demuestre que está a la altura de su cargo como Senador.

Asimismo, solicitamos a la Suprema Corte que haga públicas las sentencias en que hayan votado los candidatos que integran las ternas, a fin de que la sociedad pueda conocer el trabajo de éstos y formarse una opinión informada al respecto.

En Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/), observatorio coordinado por Article 19, Fundar, Judicatura Ciudadana y el académico del ITAM Saúl López Noriega, estaremos haciendo un monitoreo cercano del proceso de selección de esta y otras designaciones públicas clave para la vida institucional del país. Consideramos que sólo por medio de la creación de un contexto de exigencia a nuestras autoridades lograremos que quienes integren estos órganos sean instrumentos que abonen al fortalecimiento de la democracia constitucional

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