La violencia en México ha sido un tema constante en los últimos años. Dentro de la gama de delitos que son cometidos en nuestro país están los delitos de carácter sexual como el acoso sexual o las violaciones sexuales. Según datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en promedio, se realizan 600 mil delitos sexuales al año.1 Esta cifra es preocupante, pero no nos dice mucho sobre cómo están siendo analizados esos casos en nuestros juzgados.

En este contexto, el principal propósito del juez consiste en analizar el caso y dictar una sentencia. En los casos de delitos sexuales, como la violación, el análisis se complica por diversas cuestiones particulares. Aunado a eso, existe la carencia de una condición indispensable en la actualidad para todos los jueces: la perspectiva de género. ¿Qué es eso? La perspectiva de género es una categoría analítica que sirve para cuestionar los estereotipos y para alcanzar una mayor equidad entre los géneros. Es decir, cuando se analiza un caso donde la víctima es una mujer, el juez debe considerar la posición de desigualdad y subordinación en la que podría encontrarse la misma. ¿Para qué sirve esto? Al juzgar desde esta perspectiva se eliminan prácticas sociales que hacen persistir la violencia y la pérdida de derechos, ayudan a garantizar el debido proceso y reducen la impunidad porque el juez actúa considerando todos los factores de desigualdad y sus consecuencias –mismas que repercuten en toda la sociedad. Un país que tiene jueces analizando casos con perspectiva de género otorga mayor garantía y protección a sus ciudadanos. Ese no es nuestro caso.

La realidad mexicana es que nuestros jueces no siguen los diversos protocolos o lineamientos emitidos por nuestro más alto tribunal como el Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Los jueces siguen juzgando bajo estereotipos y prácticas discriminatorias arraigadas en nuestra cultura machista. Un ejemplo de estas prácticas es la dicotomía creada para clasificar a una mujer. La antropóloga feminista, Marta Lamas, explica que las mujeres son juzgadas por sus “comportamientos” para encasillarlas como una mujer decente o una mujer puta.2 ¿Qué quiere decir eso? Una mujer es considerada decente si acata las restricciones sociales que han sido impuestas a las mujeres en aspectos como la forma de vestirse o la forma de comportarse -en general, la tendencia es limitar a la mujer en su sexualidad. Incluso podría ser visto como quitarle la sexualidad a la mujer. En contraposición, una mujer considerada como una puta3 tiene una amplia liberación sexual que está cargada con una connotación hacia el comercio sexual, la cual ciertas personas consideran inmoral. En sí, la mujer es rechazada por esta visión negativa hacia a las sexoservidoras, aun cuando la mujer no realice ese trabajo. Esta clasificación no es replicada hacia los hombres y es una manera silenciosa de violentar a la mujer. Dicho esto, cabe preguntarnos qué sucede si un juez replica esta práctica u otra similar sobre las mujeres que son víctimas de una violación sexual. ¿Acaso sucede esto en nuestro derecho? La respuesta simple es sí.

A continuación serán mencionadas ciertas tesis provenientes de nuestro poder judicial donde establecen criterios a seguir –no de manera obligatoria, pero sí guían la decisión de los otros jueces– en los casos de violaciones sexuales. En primer lugar, se presenta la tesis general privilegia el valor probatorio que tienen el testimonio de la víctima en este delito, y concluyen que:

la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación.4 [Énfasis del autor]

En sentido general, el documento jurídico establece que todo testimonio tiene que ser creíble al tener otros factores que lo corroboren, sin que existan datos que lo contradigan –aunque no son obligatorios, si son determinantes para juzgar el caso. Un testimonio puede ser contradicho por incoherencias en los hechos, por datos científicos que comprueben que sucedió de otra manera o por “experiencia”. Este último punto va de la mano con la valoración que realizaran de la víctima desde la credibilidad subjetiva hasta la objetiva. Es decir, un juez analizará la vida privada y social de la demandante para saber si sus impugnaciones son o no reales; incluso, si existe una insistencia en contra del demandado también podría ponerse en duda sus acusaciones. Lo que se abstrae de esta tesis es que, de inicio, dudamos que el testimonio sea cierto y, por ello, tiene que cumplir otras consideraciones para dotarlo de credibilidad.

En segundo lugar, esta tesis complementa a la anterior y añade ciertas características como la “perspectiva de género” y el estándar de valoración probatoria para los casos de violación sexual, en la cual establecen que:

…los juzgadores deben, oficiosamente, analizar los casos de violencia sexual que se les presenten, con perspectiva de género, lo que conlleva al reconocimiento de un estándar de valoración probatoria de especial naturaleza, por lo que deberán: (I) atender a la naturaleza de la violación sexual, la cual, por sus propias características, requiere medios de prueba distintos de otras conductas; (II) otorgar un valor preponderante a la información testimonial de la víctima, dada la secrecía en que regularmente ocurren estas agresiones, lo que limita la existencia de pruebas gráficas o documentales; (III) evaluar razonablemente las inconsistencias del relato de la víctima, de conformidad con la naturaleza traumática de los hechos, así como otros factores que pueden presentarse, tales como obstáculos en la expresión, la intervención de terceros, o el uso de diferentes idiomas, lenguas o interpretaciones en las traducciones; (IV) tomar en cuenta los elementos subjetivos de la víctima, entre otros, la edad, la condición social, el grado académico o la pertenencia a un grupo históricamente desventajado, a fin de establecer la factibilidad del hecho delictivo y su impacto concreto; y, (V) utilizar adecuadamente las pruebas circunstanciales, las presunciones y los indicios para extraer conclusiones consistentes.5 [Énfasis del autor].

Los aspectos que sobresalen de la tesis son que los jueces reconocen las dificultades que emanan de este delito y establecen que debe existir una valoración particular para el caso. Los jueces retoman analizar los elementos subjetivos de la víctima como la edad, la condición social, el grado académico o la pertenencia a un grupo en desventaja, con el fin de establecer la credibilidad y el impacto del delito. Es decir, el juez va a juzgar la vida de víctima, la mujer, para establecer la veracidad de sus impugnaciones en el caso, lo cual es sumamente preocupante porque si carecemos de perspectiva de género –como sucede, aun cuando digan que sí la tienen–, el juez replicará la categorización antes mencionada u otra similar, para dictar su sentencia. ¿Qué nos garantiza que el juez dará una sentencia favorable en un caso de violación sexual si la mujer era de bajos recursos y se dedicaba al comercio sexual o era una mujer que tenía una plena libertad sexual?

La última tesis complementa las últimas dos y añade que “la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente”, por eso “se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción” que serían “dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones”.6 El criterio que agrega esta tesis es que sí debe de haber un procedimiento formal que dictamine cómo regularlo. No obstante, aquí también debe incluirse la perspectiva de género para no viciar la recopilación de pruebas para el caso. En sí, todo el procedimiento judicial debe de estar cargado de la perspectiva de género.

Las conclusiones generales que se extraen de las tesis anteriores es que una víctima de una violación sexual, primero, tiene que probar que sí puede ser una víctima y que no sólo busca culpar a un individuo inocente. Podría cuestionarse si está bien que existan criterios especiales para los delitos de violación sexual. La realidad es que este tipo de delito sí necesita de un modo de prueba especial debido a que usualmente sólo existe un testimonio contra otro. Sin embargo, no hay porque llegar al extremo de dudar más sobre la mujer que sobre el posible victimario. Lo único que ocasionan estas tesis son revictimizar a las víctimas. ¿Por qué una mujer que ya sufrió una violación también tiene que sobrellevar que le juzguen sus decisiones que realiza en la esfera privada? Es absurdo.

Después de todo lo dicho, qué necesita el derecho del país para mejorar sus criterios y otorgar una mayor protección a las mujeres. El derecho penal mexicano necesita feminizarse. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el derecho penal debería adoptar una postura que reconozca las relaciones de supra-subordinación entre los géneros, que considere la desigualdad social, educativa y económica que viven las mujeres y que incorpore la sinergia con el derecho internacional de los derechos humanos.7 Dicho de otra manera, el derecho penal tiene que eliminar estigmas que violenten a las mujeres para poder dar resoluciones sensatas (conforme a derecho) con la situación del caso. En los delitos de violación sexual, la perspectiva del juez debería ser equitativa a cuestionar a ambas partes, víctima y victimario, en la realización del delito para que la carga de la prueba no sólo recaiga en la vida de la víctima. Incluso podrían crearse nuevos mecanismos y, necesariamente, se necesitan nuevos criterios provenientes de nuevas tesis.

En definitiva, a nuestro país le hace falta tener perspectiva de género. Las tres tesis mencionadas reflejan que las prácticas y actitudes machistas son reproducidas por nuestros jueces, en vez de ser eliminadas. Las mujeres no podemos seguir viviendo con un sistema que propicia que nos violenten y manda constantemente mensajes diciendo que atacar, violar o matar a una mujer no ocasiona consecuencias para sus perpetradores. Sin una perspectiva de género en nuestro poder judicial, las mujeres seguiremos teniendo este tipo de sentencias.

Elizabeth V. Leyva. Estudiante de la licenciatura de derecho en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @elizaabethleyva


1 https://www.animalpolitico.com/2017/08/violencia-sexual-2017-violacion/

2 Marta Lamas, Cuerpo, sexo y política, (México: Océano, 2014), 69-70.

3 El término puta proviene de la cultura judeocristiana y en 1611 ya era definido como “la ramera o ruin mujer” en los diccionarios.

4 DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN

CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. (Época: Décima Época; Registro: 2013259; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II;; Materia(s): Penal; Tesis: XXVII.3o.28 P (10a.); Página: 1728)

5 TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. (Época: Décima Época; Registro: 2010003; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. XXIII/2015 (10a.); Página: 238)

6 VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU

TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. (Época: Décima Época; Registro: 2015634; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: 1a. CLXXXIV/2017 (10a.); Página: 460)

7 Miguel Ontiveros Alonso, La feminización del Derecho Penal, Revista Jurídicas IUS Doctrina, No. 14, 2016, 2-15.

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En México ser mujer es en sí mismo una agravante para ser discriminada, violentada e, incluso, asesinada. Desde –el no tan lejano– 1993, en Ciudad Juárez, los homicidios de mujeres han aumentado a cifras preocupantes; un problema que se expandió en toda la República. No obstante, las autoridades hicieron pocas o nulas acciones para detener esta situación. El conjunto de negligencias hechas por las autoridades mexicanas ha ocasionado que diariamente mueran siete mujeres, en principio, por mero hecho de ser mujeres, es decir, se trata de siete feminicidios al día.1 Ante este fenómeno, surge la necesidad de un cambio, el cual no fue social, sino legal.

La antropóloga Marcela Lagarde fue la primera persona en introducir el término feminicidio a México, traducido del término feminicide que significa el asesinato de una mujer por ser mujer de la autora Diana Russell. Mismo que logró tipificar como delito en el Código Penal Federal (CPF) y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia durante su cargo como diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Conforme el paso del tiempo, los trabajos de Lagarde fueron modificados dando como resultado lo que tenemos en el CPF vigente:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.2

Aunque la mayoría de las entidades federativas siguen la norma federal, lo cierto es que la tipificación jurídica3 del feminicidio no es igual en todas las legislaciones: cada entidad reconoce este problema con diversas características con las cuales puede ser identificado. Esto se debe a que, actualmente, cada entidad tiene la libertad de regular sus delitos y tipificarlos como ellos consideren pertinente. En este sentido, este texto tiene como objetivo  analizar los códigos penales vigentes4 de todas las entidades para conocer similitudes y peculiaridades de dichas tipificaciones.

Así, los diversos códigos  penales definen el feminicidio como quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Dicha descripción del delito parte de una visión androcéntrica que no reconoce que la muerte sucedió porque era mujer, puesto que género no es lo mismo a persona de sexo femenino. Aunque esta omisión es imitada en todas las legislaciones, lo particular de este análisis es reconocer qué circunstancias son indispensables en todo México para reconocer un feminicidio. Dichas circunstancias se encuentran plasmadas en las legislaciones bajo el nombre de ‘razones de género’, las cuales pueden ser divididas en dos categorías. La primera categoría refiere a actos de violencia en sus diversas modalidades:

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo (fracción I del CPF)

Esta primera oración plantea que los feminicidas5 reconocen que la forma de lastimar la integridad y la dignidad de las mujeres y, con ello, demostrar su poderío y control sobre ellas es a través del acto sexual. Es decir, la dimensión sexual de la mujer ha sido utilizada como un arma para subordinarla al hombre donde la base del acto es el acceso sexual sin consentimiento. De ahí vienen estadísticas como la que ofrece la ONU donde se estima que, en Latinoamérica, 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años, ha sufrido violencia sexual.6 Es decir, la violencia sexual es una conducta que históricamente ha estado normalizada e invisibilidad en la vida de una mujer que da como resultado vulnerarla e imposibilitarla a vivir una vida libre violencia.

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima (fracción V del CPF)

Esta oración establece que el feminicidio no es una práctica aislada que sucede sin alertas previas, de hecho, es el resultado de los continuos actos de violencia contra la mujer. El aspecto “oculto” de esta oración es que el feminicida es alguien que la víctima conoce porque ya ha sido violentada por este individuo antes de ser asesinada. Además de que el Estado ha sido negligente porque no detuvo estas agresiones para que no dieran como resultado la muerte.

A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia (fracción II del CPF)

Además del tipo de violencia referida en las oraciones anteriores, una característica visual del feminicidio son los actos de violencia físicos hechos por el feminicida como rasguños, moretones, cortadas, apuñaladas o disparos que reciben las víctimas. Cabe señalar que la oración es ambigua porque estos actos violentos están sujetos a tener un carácter infamante o degradante sin tener una definición o punto de referencia para categorizarlas como tal.

Ahora bien, la segunda categoría refiere a otros tipos de actos previos y posteriores a la muerte de la mujer:

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida (fracción VI del CPF)

Esta oración establece que durante la comisión de este delito la mujer está en un estado tan mínimo de control sobre su propia vida que no tiene la posibilidad de pedir la intervención de un tercero. Además, el carácter temporal de esta oración es ambiguo porque no define cuánto tiempo es “el tiempo previo a la privación de la vida”. A esto, las legislaciones de Colima y de Sinaloa extienden esta idea y la tipifican de la siguiente manera:

Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entiéndase éste como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa. Ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio.

Esta oración es mucho más clara y precisa sobre la idea que quieren legislar, por lo cual sería bueno que adoptarán esta descripción en la norma federal.

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público (fracción VII del CPF)

Esta oración describe una situación que pasaba y aun pasa en Chihuahua y otros lugares de la República que aunque parezca circunstancial al delito, tiene un significado fuerte detrás de ello. Los roles de género han determinado dónde los hombres y las mujeres se desenvuelven en su vida; las mujeres han sido obligadas a permanecer en el hogar (esfera privada) y los hombres han ocupado las calles y el mercado laboral (esfera pública). Esta situación ha hecho que ciertos hombres se sientan “invadidos” cuando una mujer sale a las calles y decide trabajar, incluso sienten que todas las obligaciones y roles que –falsamente– deberían cubrir no están siendo realizados porque la mujer tuvo que dejar su rol impuesto para salir a la esfera pública. Es decir, estos hombres confunden la liberación femenina con una “intromisión” a la esfera pública que deshace todos los roles de género. Ante este hecho, ciertos hombres deciden someter a una espiral de violencia a mujeres –conocidas o desconocidas- que eventualmente concluye con la muerta de éstas y, además, dejar su cuerpo en la calle para mandar un mensaje psicológico al resto de las mujeres. Las mujeres no pertenecemos a la esfera pública y, aun así decidimos entrar a ella, esto es lo que nos puede pasar (la muerte). Incluso las demás mujeres escuchamos que cuando matan a otra fue “porque andaba en la calle e iba sola” o la culpan “porque no estaba en su casa como ‘debería’”.

Una vez cometido el feminicidio, el castigo que reciben los feminicidas si varía notoriamente entre las entidades.7 Juntando las penas de todas las entidades federativas y de la federación, un feminicida cumpliría en promedio 43 años en prisión.8 Como es posible observar, la pena es muy elevada considerando que, de todas las entidades y la federación, la pena mínima por el feminicidio es de 20 años en prisión y la máxima es de 70 años en prisión. Ahora, ¿dichas penas ocasionan una reducción en la realización del delito? La respuesta es no. Penas más altas no reducen la criminalidad, ni propician que los individuos dejen de hacerla, a menos de que exista una alta probabilidad de ser castigados con dicha sanción. Una cosa que no sucede actualmente en México debido a la impunidad.

De todo esto, hay varias consideraciones y puntos relevantes que mencionar. Primero, la legislación de Chihuahua es de las últimas en tipificar este delito, aun cuando dicho estado fue la cuna para crear y modificar el feminicidio. Segundo, Aguascalientes es de los estados que goza de menos fracciones para regular el feminicidio, mientras que Jalisco es el estado con más fracciones en su tipificación. Tercero, como consenso general, las legislaciones no enfatizan en proporcionar una caracterización del feminicida o sujeto activo, puesto que la mayoría de estados busca describir las agresiones y las situaciones que le hacen a la víctima. Por último, diversas entidades presentan consideración interesantes en sus fracciones del feminicidio que vale destacar:

Cuando el sujeto activo actúe por motivos de homofobia (Jalisco)

Esta oración jalisciense refiere a una variante del feminicidio conocido como el lesbofeminicidio que es definido como el asesinato de una mujer por ser mujer que ama/quiere a otra mujer. Incluso podría añadirse el transfeminicidio a esta oración, que es definido como el asesinato de una mujer por ser mujer trans (sexual o género). En sí, estas variantes del feminicidio se enfocan en atentar contra la comunidad LGBTTTI+. Lo particular de estas variantes es que no son tan populares y conocidas, debido a la poca resonancia que han tenido en los medios de comunicación.

El cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados u ocultados (Oaxaca)

La oración del Código Penal de Oaxaca describe una situación inherente al asesino que es cubrir su delito, con lo cual evitan ser castigados por el mismo. El problema que tiene el feminicidio para poder castigar a los responsables es que no hacen investigaciones adecuadas; por lo tanto, más que describir una característica del feminicidio, el Estado busca no complicar más las deficientes investigaciones que realizan para este delito.

Si la víctima se encuentra embarazada (Puebla)

Puebla en los últimos meses se ha convertido en un estado visiblemente feminicida, donde los medios de comunicación reportan continuamente muertes de mujeres. Por lo cual, esta oración tiene especial importancia porque la violencia durante el embarazo afecta tanto la salud de la mujer gestante como del concebido, donde el perpetuador de dicha violencia tiende a ser el padre biológico. Entonces, la peculiaridad de dicha oración es reconocer que ciertos individuos (padres biológicos) matan a las mujeres para evitar ciertos cambios en su vida como lo son la paternidad o la responsabilidad de una pensión alimenticia. De esta manera, los planes de vida de una mujer son frustrados por otro individuo incapaz de tomar responsabilidades en sus acciones.

Que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, o haya ejercido actos de trata de personas en agravio de la víctima (Quintana Roo)

La prostitución y trata de mujeres es un fenómeno poco atendido por las autoridades que afecta gravemente las vidas de las mujeres, esto porque son explotadas sexualmente, en condiciones indignas, donde se podría decir que su vida no les pertenece al estar obligas a realizar esas actividades. El Código Penal de Quintana Roo describe que una circunstancia del feminicidio sea ser explotada sexualmente, lo cual permite visibilizar este hecho y toda la red de explotación sexual. Si las autoridades del Estado utilizan esta circunstancia para erradicar y eliminar esta red, ocasionarían una mayor protección para las mujeres de todo México.

Como vemos, el feminicidio es un delito que demuestra una fuerte apropiación del cuerpo y la vida de otra persona; porque a partir de las relaciones de poder, la estructura social e ideología de odio contra el género femenino, ciertos individuos toman acción y asesinan a una mujer. Dicho esto, no falta el cuestionamiento sobre cómo percibimos las muertes y las agresiones en contra de los hombres. Es un hecho que los hombres mueren más que las mujeres, sobre todo considerando la profunda crisis de seguridad que vive el país a raíz del crimen organizado, pero no mueren por las mismas razones, ni en las mismas condiciones. Muchas mujeres son asesinadas por su género y antes de morir sufren violencia sexual y física que atenta contra su dignidad. Con ello, el feminicidio toma su relevancia al ser un delito con una clara intención detrás: el odio hacia la mujer.

El feminicidio en México es un delito que requiere de acciones efectivas e inmediatas para reducir y eliminar este fenómeno. En el caso de la normativa, todas las entidades tipifican el feminicidio de una manera muy homóloga; por lo tanto, no existe dificultad para comprender el problema a nivel nacional. En este sentido, el problema no radica en la tipificación, ni en la necesidad de aumentar las penas, sino en las actuaciones del Estado. Por ello, las autoridades mexicanas tienen una mayor obligación de realizar investigaciones eficaces que eliminen el problema de la impunidad y la no determinación del caso como feminicidio. Muchos de los asesinatos cometidos contra mujeres son categorizados como homicidios por diversas razones –como facilidad para castigar, desinterés en la tipificación, falsamente reducir las estadísticas, entre otras cosas– que ocasionan su invisibilidad. Si queremos erradicar el feminicidio, las autoridades tienen que enviar un mensaje a la sociedad donde establezcan que matar a una mujer por ser mujer no será tolerado en este país –ni por ninguna razón, por supuesto-. Esto se realizará mediante la no impunidad y el castigo firme a los feminicidas. Las mujeres mexicanas debemos continuar reuniéndonos y exigiendo a las autoridades detener estas violencias que sufrimos diariamente que terminan en nuestra muerte; no podemos seguir viendo como hermanas, amigas, conocidas o extrañas sufren violencia al grado de la muerte a manos de un feminicida.

Elizabeth V. Leyva. Estudiante de la licenciatura de derecho en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @elizaabethleyva

Bibliografía:

“Declaración oficial de ONU Mujeres frente a los casos de feminicidio y los niveles de impunidad en la región”. ONU Mujeres | México. Consultado el 4 de noviembre de 2017. http://bit.ly/2AUONeJ.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Legislatura LXII. Código Penal Federal. Consultado el 4 de noviembre de 2017.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Estadísticas a propósito del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” Datos nacionales. México: INEGI, 2016. http://bit.ly/2zTgFfl


1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” Datos nacionales, (México: INEGI, 2016), http://bit.ly/2zTgFfl

2 H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Legislatura LXII,  Código Penal Federal¸ Título decimonoveno, Capítulo V: Feminicidio, Artículo 325, consultado el 4 de noviembre de 2017.

3 Tipificación jurídica refiere a la descripción del delito en el código penal.

4 Link de los Códigos Penales vigentes: http://bit.ly/2iXnyJk

5 Entiéndase como el individuo que comete un feminicidio.

6 “Declaración oficial de ONU Mujeres frente a los casos de feminicidio y los niveles de impunidad en la región”, ONU Mujeres | México, consultado el 4 de noviembre de 2017. http://bit.ly/2AUONeJ.

7 Las penas por feminicidio según la entidad: Aguascalientes: 20 a 50 años, Baja California: 20 a 50 años, Baja California Sur: 25 a 50 años, Campeche 40 a 60 años, Chiapas: 25 a 60 años, Ciudad de México: 30 a 60 años, Coahuila: 20 a 50 años, Colima: 35 a 50 años, Durango: 20 a 60 años, Estado México: 40 a 70 años, Guanajuato: 30 a 70 años, Guerrero: 20 a 60 años, Hidalgo: 25 a 50 años, Jalisco: 25 a 45 años, Michoacán: 20 a 40 años, Morelos: 40 a 70 años, Nayarit: 30 a 50 años, Nuevo León: 40 a 60 años, Oaxaca: 40 a 60 años, Puebla: 40 a 70 años, Querétaro: 20 a 50 años, Quintana Roo: 25 a 50 años, San Luis Potosí: 20 a 50 años, Sinaloa: 22 a 50 años, Sonora: 30 a 60 años, Tabasco: 40 a 60 años, Tamaulipas: 40 a 50 años, Tlaxcala: 40 a 70 años, Veracruz: 40 a 70 años, Yucatán: 30 a 40 años y Zacatecas: 20 a 50 años.

8 Para sacar este resultado se realizó una media aritmética con todas las entidades y la federación, es decir, fueron sumadas las penas mínimas con las penas máximas, el resultado fue dividido entre dos y posteriormente fue sacado un promedio de los resultados.

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“Llegar al trabajo era un infierno… no por la carga de trabajo, sino por los insultos, las miradas perversas y el miedo a perder mi empleo.” Este, como otros comentarios similares, representa tan solo un ejemplo del acoso laboral que viven muchos trabajadores. El acoso laboral es una situación que pone en riesgo la vida laboral y los derechos que corresponden a ésta. En este texto se analizará este fenómeno desde tres perspectivas clave. En primer lugar, desde las sentencias emitidas por los jueces para entender cómo se procesado esta problemática en la práctica. Por otra parte, vale revisar lo establecido en la ley correspondiente para ubicar la visión de los legisladores sobre el tema. Y, por último, estas dos perspectivas pueden compararse frente a los estudios elaborados desde la academia. En conjunto demuestran una falta de consistencia en la forma de analizar el acoso laboral en México, así como una de sus subcategorías clave: el acoso sexual en el ámbito laboral. De tal manera que estos puntos de análisis permiten abrir y dirigir el rumbo de un debate indispensable: definir de manera clara en México lo que entendemos como acoso laboral.

Veamos. Desde la arena judicial, es necesario mencionar un caso clave que permitió que la Suprema Corte discutiera por primera vez en varios años sobre el acoso laboral (amparo directo 47/2013). El asunto se origina cuando una empleada de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca levantó una demanda civil en contra de ésta, arguyendo acoso laboral, discriminación y marginación. Los argumentos presentados por la quejosa fueron aumentar injustificadamente su jornada laboral, encargarle tareas no propias de su puesto, exclusión de las reuniones laborales, negarle un permiso de ausencia por razones médicas, así como hostigamiento y acoso por parte de sus compañeros al presentar estas quejas ante la autoridad correspondiente. El caso fue conocido, en primera instancia, por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Toluca que determinó absolver a los demandados y desestimar las pretensiones de la actora. Ante esta negativa, la demandante presentó un recurso de apelación resuelto por la Segunda Sala Civil Regional del Estado de México. Esta sala confirmó la sentencia recurrida y condenó a la actora al pago de costas en ambas instancias. Como último recurso, la quejosa promovió un juicio de amparo directo conocido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito el cual admitió y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad de atracción.

La Primera Sala de la SCJN analizó los distintos aspectos y agravios del caso. El estudio de fondo realizado por la Corte concluyó en la emisión de una definición sobre mobbing (del inglés to mob) o acoso laboral. El cual implica “…perseguir, apremiar o importunar a alguien de manera continua (sin darle tregua ni reposo) en un ámbito perteneciente o relativo al trabajo”.1 Además, la definición considera que su objetivo primordial es “…intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad de agredir o controlar o destruir, que suele presentar el hostigador.”2

Ambas definiciones permiten construir la noción jurídica de lo que significa el acoso laboral: una práctica continua que busca dañar a la víctima dentro del trabajo. Respecto al hostigador, éste es definido a partir de la posición ocupacional que tenga en la jerarquía del trabajo. Esto se categoriza en tres niveles: horizontal, cuando ocupan un nivel similar a la víctima; vertical descendente, cuando tenga un puesto de jerarquía superior al a la víctima y; vertical ascendente, cuando sea trate de acoso del subordinado en contra de algún superior jerárquico. El tratamiento de este caso derivó en el establecimiento de las bases para atender el acoso laboral, así como de tres tesis aisladas.

Estas tesis refieren tres aspectos sobre el acoso laboral: la noción y tipología; las vías para hacer efectivos los derechos de las víctimas; así como, la carga probatoria por indemnización por daño moral en la vía civil. En el primer caso, la tesis retoma lo ya mencionado y señala que las conductas hostiles tienen como fin mermar la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad a la víctima.3 La segunda tesis establece que la ley prevé mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y recursos judiciales para la víctima -esto basado en buena medida a partir de los artículos 17 de la Constitución mexicana, 25numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10º de la Ley General de Víctimas4-. La tercera tesis, por su parte, establece que la carga probatoria en material civil requiere de ciertos elementos que deben probarse: el objetivo del acoso laboral, la posición jerárquica establecida, que las conductas sean sistemáticas y que la dinámica en la conducta hostil sea desarrollada en hechos relevantes dentro de la demanda.5 Si bien estas tesis no tienen fuerza jurisprudencial, lo ideal es que los jueces del país, al momento de analizar un caso de acoso laboral, sigan lo establecido por estos criterios.

Ahora bien, desde la postura de los legisladores, el acoso laboral es visto desde dos vertientes. Mismas que definen la realidad jurídica a que tienen que atenerse los ciudadanos para proceder legalmente en el supuesto de una afectación. De esta manera, la Ley Federal del Trabajo establece dos conceptos: hostigamiento y acoso sexual.

  1. Hostigamiento: el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y
  2. Acoso sexual: una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima independientemente de que se realice en uno o varios eventos.6

Estas definiciones más que pulir los conceptos en juego, ocasionan problemas no menores. En primera instancia, porque el acoso laboral como concepto no existe en la legislación. Entre ambos términos también existen ciertas diferencias sustanciales. Por un lado, la relación que existe entre el sujeto pasivo y el sujeto activo es distinta en ambos casos. En el hostigamiento existe una relación de subordinación, dicho de otra manera el nivel es vertical ascendente, mientras que el acoso no requiere de ningún tipo de jerarquía para que pueda llevarse a cabo.

Por otro lado, las definiciones sobre el acoso y el hostigamiento presentan diferencias particulares respecto de lo que mencionan y lo que no. El hostigamiento se manifiesta en conductas verbales o físicas y, específicamente, sucede en el ámbito laboral. Mientras que el acoso es ocasionado por un ejercicio abusivo que resulta en un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. A partir de estas diferencias, existe una discordancia con lo establecido por la SCJN; los ministros definieron acoso laboral desde las nociones de mobbing, mientras que los legisladores lo definen como hostigamiento. Lo peor es que la subcategoría de acoso sexual en el ámbito laboral no se encuentra regulada por ningún poder. A pesar de que se trata de un problema sistémico, que en los últimos años ha tomado la relevancia que le corresponde, y que solo ha sido analizada desde la academia.

Los trabajos académicos sobre el acoso sexual en el trabajo establecen una visión estructural sobre el problema. Los primeros estudios sobre el tema fueron realizados en los años 70 por distintos grupos feministas: el grupo enfocado en la no discriminación de la mujer en el empleo y el grupo cuya preocupación era la no violencia sexual en contra de la mujer.7 La perspectiva de esa época era que el acoso sexual en el ámbito laboral constituía una conducta generalizada de carácter social y no como un problema resultado de comportamientos aislados.8  Con el paso del tiempo, el estudio sobre el acoso sexual (sexual harrasment) fue visto como una forma de violencia o abuso de carácter sexual en el ámbito laboral, que da cabida a dos tipos de comportamientos: uno basado en el sexo/género del individuo y otro estrictamente en la violencia sexual.9 Los hombres10 utilizan el poder socialmente aceptado y atribuido para, en el primer caso, excluir a las mujeres de ciertos tipos de trabajos;11 mientras que en el segundo, el poder es utilizado para conseguir sexo.12 A partir de esto, el acoso sexual en el trabajo, visto desde la academia, es una forma de mantener cierto poder de un género sobre el otro representado en el área laboral.

Así, el acoso sexual requiere una definición, tanto conceptual como operativa, para evitar y erradicar este tipo de conductas; por ello, hay que considerar los aspectos pertenecientes al mismo. Dentro de la literatura encontramos Cuestionario de Experiencias Sexuales que agrupa los actos o conductas que integran a este tipo de violencia. Este cuestionario refiere a tres dimensiones: el acoso basado en el género, la atención sexual no buscada y la coerción sexual.13 El acoso basado en género es observado en conductas denigrantes, actitudes e insultos misóginos y sexistas dentro del área laboral, sin finalidades de carácter sexual. La atención sexual no buscada, por su parte, consiste en actitudes ofensivas e inapropiadas que pretenden proposiciones sexuales no deseadas, pueden surgir por actos verbales o físicos y como resultado final pueden derivar en una violación. Por último, la coerción sexual es la coacción de un individuo sobre otro para plantear una solicitud sexual bajo la promesa de una recompensa o castigo. Estas tres dimensiones que conforman el esqueleto del acoso sexual dentro del área laboral permiten construir mejores definiciones que las establecidas por nuestros legisladores y ministros de la Suprema Corte.

Las diversas perspectivas sobre el acoso laboral permiten debatir sobre cómo atender y resolver dicha situación. El problema actual que ocasiona una falta de certidumbre jurídica recae en la falta de consistencia en los conceptos, debido a las omisiones hechas por legisladores y jueces. Según el legislador existen dos vertientes: hostigamiento o acoso sexual. El problema con esta división es que no definen al acoso laboral como tal, sino que crean un nuevo término para dicho acto. En el caso del acoso sexual, éste no es considerado como un problema dentro del ámbito laboral, lo cual ocasiona una falta de regulación. A partir de ello, la norma deja vacíos legislativos que las sentencias tampoco han podido subsanar. En el caso de los ministros, +estos limitan al acoso laboral al quitarle al concepto la violencia sexual que pueda originarse entre los compañeros de trabajo. En general ambos poderes comparten un punto ciego: el acoso sexual en el ámbito laboral.

Esta deficiencia regulativa se debe, en buena medida, a que la discusión institucional sobre el acoso laboral en México es aún muy reciente. La Suprema Corte analizó un amparo directo del cual fueron emitidas tres tesis aisladas sobre el tema. El estudio de fondo proveniente de este caso permitió definir el acoso laboral y establecer sus características, derechos de la víctima y pruebas necesarias para demostrar la agresión. En cambio, los legisladores establecieron en la norma una distinción relevante sobre el tipo de agresión. Aunado a esto, la perspectiva académica establece que el acoso sexual en el ámbito laboral es una forma de mantener la desigualdad entre los géneros a través del uso del poder. Las distintas dimensiones en las que puede suceder este tipo de acoso demuestran la poca precisión y conocimiento que ambas instituciones del Estado tienen sobre el problema. Sin duda, el acoso laboral es un tema complejo que requiere de un consenso entre ambos poderes para poder proteger y garantizar justicia a las víctimas. Por ello, urge que tanto los jueces como legisladores definan de manera puntual acoso laboral, así como acoso sexual en el ámbito laboral, con el fin de establecer la primera piedra para garantizar una plena protección a los trabajadores.

Elizabeth V. Leyva. Estudiante de la licenciatura de derecho en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @elizaabethleyva


Bibliografía:

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De La Madrid, Lucía Raphael, ministro Luis María Aguilar Morales. Acoso laboral. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016.

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Tesis 1a. CCL/2014 (10a),  derivado del amparo directo 47/2013, resuelto el 7 de febrero de 2014, Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

Tesis 1a. CCLI/2014 (10a),  derivado del amparo directo 47/2013, resuelto el 7 de febrero de 2014, Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

Tesis 1a. CCLII/2014 (10a),  derivado del amparo directo 47/2013, resuelto el 7 de febrero de 2014, Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.


1 Lucía Raphael De La Madrid, ministro Luis María Aguilar Morales, Acoso laboral, (México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016), 46.

2 Lucía Raphael De La Madrid, ministro Luis María Aguilar Morales, Acoso laboral, 50

3 Tesis 1a. CCLII/2014 (10a),  derivado del amparo directo 47/2013, resuelto el 7 de febrero de 2014, Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

4 Tesis 1a. CCL/2014 (10a),  derivado del amparo directo 47/2013, resuelto el 7 de febrero de 2014, Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

5 Tesis 1a. CCLI/2014 (10a),  derivado del amparo directo 47/2013, resuelto el 7 de febrero de 2014, Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

6 Las negritas y el subrayado son de la autora.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Legislatura LXII, Ley Federal del Trabajo, Título primero: principios generales, Artículo 3 bis, consultado el 28 de agosto de 2017.

7 Carrie N. Baker, “The Emergence of Organized Feminist Resistance to Sexual Harassment in the United States in the 1970s.”, en Journal of Women’s History, vol 19, (2007), 161-184.

8 Juan Antonio Altés Tárrega, El acoso sexual en el trabajo, (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2002), 24.

9 Sonia Frías, “Definiciones, género y acoso sexual en el ámbito laboral: El caso de un tribunal federal mexicano”, en Visible en todas partes. Estudios sobre violencias contra las mujeres en múltiples ámbitos,  Carolina Agoff, Irene Casique y Roberto Castro [editores], Cuernavaca: CRIM,  3.

10 La teoría, en un principio, comenzó analizando el acoso sexual en el ámbito laboral sobre las mujeres, donde los hombres eran los únicos sujetos que atentaban contra ellas. En la actualidad, esta visión ya considera que tanto hombres como mujeres pueden ser sujetos activos en estas prácticas violentas, así como las víctimas del mismo.

11 Carrie N. Baker, “Race, Class y Sexual Harassment in the 1970s.”, en Feminist Studies, vol 30, (2004), 7-27.

12 Sonia Frías, “Definiciones, género y acoso sexual en el ámbito laboral: El caso de un tribunal federal mexicano”, 3.

13 Louise F. Fitzgerald, Michele J. Gelfand, y Fritz Drasgow, “Measuring Sexual Harassment: Theoretical y Psychometric Advances”, en Basic and Applied Social Psychology, vol 17, (1995), 425-445.

Louise F. Fitzgerald, Sandra Shullman, Nancy Bailey, Margaret Richards y Janice Swecker, “The Incidence and Dimensions of Sexual Harassment in Academia and the Workplace”, en Journal of Vocational Behavior, vol. 32, (1988), 152-175.

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