Cuando ocho personas vestidas de civil llegaron por Sergio Sánchez Arellano, el pasado 29 de marzo de 2010, nunca imaginó que no regresaría a casa. Esa noche se encontraba junto con su esposa vendiendo dulces fuera de su domicilio en ciudad Netzahualcóyotl y acomodando autos como habitualmente lo hacían para sobrevivir y mantener a sus cuatro hijos. Sin explicar razones ni mostrarle alguna orden de aprehensión o de detención por caso urgente o siquiera por haberlo sorprendido cometiendo un delito, se lo llevaron. Tiempo después supo que eran policías de ciudad de México y que le imputaban el delito de homicidio, ocurrido 27 días antes a las afueras de una concurrida estación de metro. En el lapso comprendido entre la detención y la puesta a disposición, e incluso en la agencia del Ministerio Público, fue golpeado. Sometido a malos tratos y amenazado para que se declarara culpable de un delito que no cometió. A pesar de ello Sergio no se autoinculpó.

En la versión contenida en el expediente, la detención se habría llevado a cabo el 30 o 31 de marzo de 20101 a las 22:30 hrs., 29 días después de ocurrido el delito, durante un rondín que la policía realizaba por la misma estación de metro donde se perpetró el homicidio, y derivado de un señalamiento de una mujer (RBS), quien en ese momento iba con ellos a bordo de su patrulla.

El 31 de marzo de 2010, el Ministerio Público emitió acuerdo por caso urgente con base en pruebas obtenidas en la propia detención, como la declaración de un agente policial y de RBS que lo señaló. Durante el plazo constitucional de 48 hrs., Sergio fue supuestamente reconocido —de manera ilegal— en una diligencia por la misma mujer sin que estuviese presente su defensor. En suma, de las aproximadamente 39 pruebas disponibles en el expediente, entre ellas dictámenes químicos, toxicológicos, de fotografía, etc., que únicamente acreditaban la existencia del homicidio pero no la culpabilidad de Sergio, las pruebas de cargo aportadas por el Ministerio Público fueron tres: a) la declaración de RBS realizada casi un mes después de sucedidos los hechos, b) la diligencia de reconocimiento ilegal realizada por RBS y c) la ratificación de lo anterior en la fase de instrucción. Es decir, todas las diligencias derivan de una testigo singular, pues habiendo más de un testigo de la comisión del delito, la imputación recayó en el dicho de sólo una de ellas.2 Asimismo, la declaración de la única testigo presentó serias inconsistencias.

A pesar de lo anterior, Sergio fue considerado penalmente responsable3 de la comisión del delito y condenado a 27 años y 6 meses de prisión, lo que fue confirmado en una sentencia de apelación.4 Ante ello, presentó la demanda de amparo respectiva acompañado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C.

El 9º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (TCC) fue el encargado del estudio y resolución del amparo directo 183/2016. En dicha sentencia se concluyó que la detención de Sergio fue ilegal y declaró ilícitas las siguientes pruebas: i) el informe y puesta a disposición relativo a la detención de Sergio; ii) los deposados ministeriales de sus agentes aprehensores; iii) la declaración ministerial de la testigo singular RBS; iv) la inspección ministerial de una navaja y un celular que supuestamente portaba Sergio; v) el dictamen pericial relativo a esa navaja; vi) la declaración ministerial de Sergio, así como vii) la diligencia de reconocimiento en la que la testigo singular RBS reconoció a Sergio, pues fue desahogada en ausencia de un defensor que asistiera a este último, es decir, en vulneración de su derecho a la defensa adecuada.

No obstante, el TCC consideró que las restantes pruebas eran suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Sergio. Con “las restantes pruebas” se refiere a una en concreto: la ampliación de declaración rendida por la testigo singular en la fase de instrucción. Además sostuvo que no estaba facultado para dilucidar sobre el estado de duda absolutoria o duda razonable pues dicho aspecto “solo atañe a los tribunales de instancia y no a los de amparo”. Con ello, concedió el amparo para el efecto de que la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictara otra resolución en donde se excluyeran las pruebas producto de la violación a la libertad personal y defensa adecuada, pero reiterando la acreditación del delito y la responsabilidad penal de Sergio. Es decir, no dejó libertad de jurisdicción a la Sala penal para que se pronunciara sobre la inocencia o no de Sergio. Con su sentencia, el Tribunal vulneró varios derechos humanos de Sergio, consagrados en la Constitución mexicana, así como en tratados internacionales.

Las graves irregularidades en torno al caso, originaron que la reconocida organización Amnistía Internacional iniciara su documentación, después de una revisión exhaustiva de su expediente concluyó la existencia de graves inconsistencias en las etapas de investigación policial, la acusación y la condena. Lo cual fue expresado así en su informe “Falsas Sospechas, Detenciones Arbitrarias por la Policía en México” publicado en Julio de 2017.5

Este miércoles 25 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolverá el amparo directo en revisión 7464/2016, cuyo proyecto de sentencia está a cargo de la ministra Norma Piña Hernández. El asunto, según se advierte del archivo disponible en la página de la Corte,6 cumple con los requisitos de procedencia, es decir, identifica dos problemas de constitucionalidad relacionados con el derecho a la defensa adecuada y al principio de presunción de inocencia, que resultan de importancia y trascendencia para que la Corte defina el alcance, contenido y estándares en la materia.

Ahora bien, ¿cuáles son los problemas prácticos que se derivan de la sentencia dictada por el 9º Tribunal Colegiado y por qué la ponencia de la ministra considera que deben ser resueltos? Respecto el derecho a la defensa adecuada, el proyecto sostiene que el TCC realizó una interpretación restrictiva, pues no comprendió todos los alcances que la Suprema Corte ha establecido sobre la falta de asistencia técnica adecuada durante una diligencia.

En el amparo directo de origen, el 9º TCC afirmó que la exclusión de prueba derivada del reconocimiento ilegal por ausencia de defensa adecuada no alcanzaba a la ampliación de declaración de la testigo singular RBS rendida en etapa de instrucción pues constituye fuente independiente por la única razón de haber sido realizada ante autoridad judicial, no obstante que en esa ampliación la testigo se limitó a reiterar lo que había sostenido en el reconocimiento ya declarado ilegal.

Frente a ello, el proyecto sostiene que “el reconocimiento o identificación del imputado de manera presencial en el procedimiento penal [tiene como consecuencia] la nulidad de la identificación en que la persona imputada no estuvo asistida por su defensor” y ese efecto también lo tienen las subsecuentes que se derivan de ello debido a la ilicitud de la de origen.7 Por lo tanto, la medida de reparación propuesta por el proyecto es extender la declaratoria de ilicitud a las subsecuentes diligencias y declaraciones que provienen de la primigenia declaración ilegal, incluyendo la declaración de la testigo singular.

Consideramos que el criterio definido por el proyecto es coincidente con la conceptualización de fuente independiente, pues un reconocimiento sin presencia del defensor acarrea además de su propia ilicitud, la afectación a posteriores reconocimientos aun cuando éstos se introduzcan en forma de testimonio y en sede judicial. Lo anterior reafirma la necesidad de efectivizar la exclusión probatoria cuando tiene origen ilícito, toda vez que aquellas pruebas con estos vicios pueden permear otros elementos probatorios y así continuar causando perjuicio a pesar de que su fuente original ha quedado aparentemente fuera de cualquier valoración posible. La reproducción de porciones de esos reconocimientos indudablemente genera impactos que deben ser eliminados a fin de que el juzgador pueda claramente decidir desprendiéndose de cualquier rastro de violación a los derechos humanos, aunque se reproduzca bajo la formalidad de otra prueba.

Respecto el principio de presunción de inocencia el proyecto realiza un recorrido por los precedentes y criterios de la Suprema Corte donde ha interpretado dicho principio, así como de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para concluir que el TCC se apartó de dicha doctrina.

Afirma que los tribunales de amparo sí pueden verificar si en un caso existen elementos probatorios para considerar que se actualiza una duda razonable. Ese ejercicio implica verificar el cúmulo probatorio y detectar situaciones donde se justifica una duda sobre la responsabilidad penal del acusado.8 La actuación del TCC en el presente caso, no satisfizo los parámetros de la Suprema Corte al no realizar el ejercicio de confrontación de las pruebas de cargo con la de descargo y así generar convicción sobre la culpabilidad más allá de duda razonable y, consecuentemente, sostener que la hipótesis de inocencia se había enervado, es decir, existió una ausencia de confirmación de la hipótesis de acusación y de la defensa.9

El anterior ejercicio resulta valioso en ánimos de ampliar los criterios en materia de presunción de inocencia y estándar probatorio. A su vez, las lecciones de precedentes nos han enseñado que el camino en este aspecto no ha concluido, pues la práctica en casos concretos demuestra que los estándares en materia de presunción de inocencia corresponden a una interpretación constitucional que requiere un ejercicio de constante examinación y desarrollo. En el caso, la definición que hace el proyecto dota de claridad sobre las funciones y atribuciones ineludibles de los tribunales de amparo en situaciones donde existen pruebas de descargo capaces de actualizar una duda absolutoria, girando los reflectores a un terreno que muchas veces es ignorado. Es decir, el de las pruebas de descargo que reafirman una hipótesis incompatible con la acusación pero que son obviadas bajo el argumento de que existe suficiencia de aquellas pruebas consideradas para la acusación o de cargo.

En suma, la resolución de un amparo directo en revisión implica, debido a su naturaleza constitucional, un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte sobre dos derechos humanos angulares en los procesos penales cuya interpretación bajo los estándares plasmados en el proyecto generarán importantes directrices para los juzgadores, definiendo de forma correcta mínimos adecuados para la impartición de justicia. Ello, sin duda, influiría al mismo tiempo sobre aspectos esenciales para el proceso de Sergio Sánchez Arellano, pues significaría que el TCC corrigiera las deficiencias de su anterior decisión, las cuales tuvieron como consecuencia que permanezca detenido por un delito que no cometió, por lo que él, su familia y sus representantes esperan que la Corte resuelva de conformidad con el proyecto propuesto.

El ejercicio abstracto de un amparo directo en revisión nos lleva a la correcta y armónica interpretación de la Constitución, pero la perspectiva que mira hacia las personas involucradas en procesos penales injustos nos puede llevar a la justicia.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Twitter: @CentroProdh


1 Existen inconsistencias sobre la fecha de detención, pues no son coincidentes según diversas constancias del expediente.

2 La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre testigo singular en el Amparo Directo 14/2011, resuelto el 9 de noviembre de 2011 por la Primera Sala.

3 Sentencia de 10 de marzo de 2011, dictada por la Jueza Cuadragésimo Octavo Penal en el Distrito Federal en la causa penal 73/2010.

4 Sentencia de 13 de julio de 2011, dictada por la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca penal 71/2011.

5 Amnistía Internacional, “Falsas Sospechas, Detenciones Arbitrarias por la Policía en México”, 13 de julio de 2017, disponible en: http://bit.ly/2yQszZN

6 Disponible en: http://bit.ly/2zCmZaM

7 Proyecto de resolución del amparo directo en revisión 7464/2016, pág. 3, disponible en: http://bit.ly/2zCmZaM

8 Proyecto de resolución del amparo directo en revisión 7464/2016, pág. 19, disponible en: http://bit.ly/2zCmZaM

9 Proyecto de resolución del amparo directo en revisión 7464/2016, pág. 20, disponible en: http://bit.ly/2zCmZaM

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El 7 de febrero de 2014, las vidas de Taylín Narda Meylín Clotet Wang, mujer de nacionalidad peruana, y de su familia, fueron violentamente trastocadas por elementos de la Policía Federal mexicana, quienes allanaron ilegalmente su casa en horas de la madrugada. Taylín fue retenida durante más de 10 horas, antes de ser llevada ante el agente del Ministerio Público Federal. Durante este tiempo fue sometida a tortura sexual.1

Después de su puesta a disposición, la tortura continuó en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Ahí, el Ministerio Público y Policías Federales Ministeriales generaron pruebas con el objetivo de incriminarla en delitos muy graves que ella no cometió, incluyendo una acusación por secuestro que la mantiene hoy en prisión.

Entre las pruebas de cargo que las autoridades sostienen contra Taylín se incluyen dos supuestos reconocimientos de voz. Decimos “supuestos” porque el Ministerio Público indujo a dos testigos para que señalaran a Taylín. Es decir, lejos de realizar una prueba de reconocimiento de voz o de personas siguiendo las reglas procesales desarrolladas para tal fin, confrontó la voz de Taylín con las voces de cinco hombres, sin presencia de la defensa. A partir de esto, ella fue señalada ilegalmente.

En ese sentido, los códigos procesales han establecido requisitos mínimos que una diligencia de reconocimiento debe seguir, entre otras que la persona imputada se muestre a la víctima o testigo con otras personas de similares características, lo cual es aplicable al reconocimiento de voz. Hacerlo de modo distinto se convierte en una inducción de las víctimas o de los testigos, lo cual es inadmisible y vulnera el derecho al debido proceso. A su vez, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte se establece que el derecho a la defensa adecuada implica la comparecencia del defensor en aquellas diligencias en las que, de no estar presente, se cuestionaría o se pondría en duda la certeza jurídica y el debido proceso en perjuicio de la persona imputada.

En el caso concreto, la supuesta identificación efectuada a Taylín sin la presencia del defensor se tradujo en falta de certeza jurídica en cuanto a que efectivamente se hayan presentado los testigos o denunciantes, que la hayan reconocido y que hayan sido inducidos al efecto. Ello, sin duda, generó una violación a su derecho humano a la defensa adecuada y al debido proceso.

Peor aún, en la misma SEIDO, los coprocesados de Taylín fueron torturados con el objetivo de que se autoincriminaran e inculparan al resto de los detenidos, incluida la propia Taylín. No obstante, en su primera declaración ante un juez federal, los coprocesados denunciaron la tortura que sufrieron, desconocieron su declaración rendida ante autoridades de la SEIDO y señalaron que habían sido obligados a firmar un testimonio que no era propio.

Las relatadas pruebas, sumadas al parte informativo de puesta a disposición, en el cual los policías federales afirmaron que Taylín no fue detenida en su casa mientras dormía sino en un lugar totalmente distinto,2 fueron la base para que un juez federal dictara un auto de formal prisión que hasta hoy la mantiene sujeta a proceso y en prisión preventiva.

El auto de procesamiento ha sido impugnado judicialmente en diversas ocasiones; actualmente, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en ciudad de México, está por resolver el amparo en revisión 46/2016, que debe decidir si fue correcta la determinación de sujetar a proceso a Taylín y si diversas instancias de la justicia federal han cumplido sus obligaciones jurisdiccionales al confirmar el citado auto.

Al resolver el amparo en revisión, que tendrá fuertes implicaciones para la vida de Taylín y la de sus dos hijas e hijo, el Tribunal Colegiado se pronunciará a su vez sobre diversas obligaciones del Estado mexicano y, en especial, en materia de la prohibición absoluta de la tortura, del derecho al debido proceso, del derecho a ser juzgado a partir de pruebas lícitas y del derecho a la libertad personal.

En relación a la tortura, desde el año de 1944 la Suprema Corte abordó someramente su existencia; sin embargo, no fue hasta el año 2009 cuando empezó a delinear el contenido de la prohibición de dicha grave violación a derechos humanos y a referirse a algunas obligaciones jurisdiccionales para prevenir su práctica, por ejemplo: “prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador”.

En esa misma línea, en el año 2013, la Primera Sala de la SCJN profundizó en las obligaciones jurisdiccionales en torno a la tortura a partir del caso Israel Arzate. En diversas tesis, provenientes de la resolución del mencionado caso, la Primera Sala afirmó que la tortura tiene una doble dimensión: de delito y de violación a derechos humanos. Y que la gravedad de su comisión actualiza la necesidad de realizar un análisis judicial bajo una categoría especial siguiendo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, reiteró que “cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma”.

Vale destacar que las tesis citadas provinieron de la resolución del amparo en revisión 703/2012, atraído por la Suprema Corte y que versaba sobre un auto de vinculación a proceso. Es decir, la Primera Sala de la Corte no reparó en la naturaleza del amparo que estaba resolviendo o sobre la etapa procesal de que se trataba para afirmar, con toda claridad, qué obligaciones jurisdiccionales se actualizan cuando se está ante un caso de tortura, ya sea que se resuelva un amparo directo o un amparo indirecto.

Posteriormente, la Corte ha continuado delineando las consecuencias jurídicas de la tortura en diversas tesis aisladas y de jurisprudencia, en la mayoría de los casos al resolver amparos directos en revisión. Sin embargo, dicha circunstancia de ninguna manera se traduce en que la exclusión de pruebas provenientes de la tortura o de cualquier otra violación a derechos humanos deba realizarse de modo distinto dependiendo del tipo de juicio de garantías de que se trate. Por ejemplo, al resolver el amparo directo en revisión 913/2015 (ADR 913/2015), la Primera Sala de la Suprema Corte estableció lo siguiente:

En el caso de que esté en posibilidad de afirmarse existencia de la tortura, ello hace innecesario aperturar una investigación adicional en el propio proceso penal, por lo que al decidir la situación jurídica del procesado tendrá que analizar si dicha violación a derechos humanos tuvo un impacto en la generación, introducción o desahogo de pruebas incorporadas a la causa penal, porque de ser así tendrá que aplicar las directrices de exclusión de probatoria de la prueba ilícita.

En efecto, la Primera Sala estimó que es posible proceder a excluir prueba ilícita en el escenario en el que pueda afirmarse que efectivamente se cometió la tortura, sin necesidad de iniciar una investigación adicional. Asimismo, ha realizado una distinción entre el estándar de prueba exigido para acreditar la tortura como delito y como violación a derechos humanos. Así, en el ADR 913/2015 concluyó que la sola demostración de la afectación a la integridad personal bastará para tener por acreditada la tortura, sin necesidad de que se identifique a los perpetradores como es exigido en el caso de la acreditación de la tortura como delito.3

De este modo, es posible aplicar dicha interpretación a la resolución de un amparo directo o, en su defecto, a un amparo en revisión, puesto que con independencia de la etapa procesal en la que el órgano jurisdiccional resuelva un alegato de tortura, se encuentra constreñido a seguir los parámetros constitucionales y convencionales a fin de reafirmar la prohibición absoluta de esta abominable práctica.

Por otro lado, la invalidez de las declaraciones de los coprocesados de Taylín, rendidas ante el Ministerio Público, tiene sustento en lo establecido por la Primera Sala dentro de  las tesis 1a. /J. 142/2011 (9a.) y 1a. CCXXXV/2015 (10a.), que de manera contundente señalan que es constitucionalmente inadmisible -por ser violatorio al principio de igualdad de las partes y al derecho de defensa adecuada y, por tanto, al debido proceso- trasladar de manera automática al juicio penal las diligencias recabadas por el Ministerio Público durante la averiguación previa. La excepción contemplada por la Suprema Corte para que la declaración ministerial sea considerada como prueba en la causa penal es que sea ratificada en sede judicial, lo que en el caso de Taylín no solamente no sucedió, sino que, además, sus coprocesados se retractaron de sus declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, tanto en declaración preparatoria como en ampliaciones de declaración y careos procesales.

Finalmente, el parte informativo elaborado por los elementos aprehensores se realizó mediante la detención arbitraria de Taylín, el allanamiento de su domicilio, actos de tortura y retención indebida, todas ellas acciones ilícitas que han sido corroboradas a través de las declaraciones de testigos presenciales, así como las declaraciones de Taylín y de su esposo. En cuanto a la tortura, se cuenta además con dictámenes de integridad física que asientan la existencia de diversas lesiones. Por todo ello es posible afirmar que el parte informativo es también una prueba ilícita, resultado de violaciones a derechos humanos, que debe ser excluida del caudal probatorio.

El Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito está en condiciones de ceñirse a la interpretación que ha sido desarrollada ampliamente por la Suprema Corte, en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de tortura, de libertad personal y de debido proceso, al resolver el amparo en revisión 46/2016. Al mismo tiempo, este Tribunal podrá afectar positivamente la vida de Taylín y la de su familia en su búsqueda de justicia, puesto que su fallo podría traducirse en su libertad.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C.
Twitter:
@CentroProdh


1 El 3 de mayo 2017, Taylín se sumó a la Campaña Rompiendo el Silencio, Todas Juntas contra la Tortura Sexual, iniciativa impulsadas por un grupo de sobrevivientes de tortura sexual junto con diversas organizaciones de derechos humanos. El comunicado completo puede consultarse en la siguiente dirección: http://bit.ly/2yUY2a0

2 Sin embargo, dicha versión ha sido contradicha por vecinos, el hijo de Taylín, sus hijas y ella misma, reafirmando que fue privada de la libertad en horas de la madrugada y sometida a tortura en su casa y no en el lugar donde los elementos aprehensores señalaron.

3 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo Directo en Revisión 913/2015. Resuelto en sesión del 28 de octubre de 2015. Párrafo 141.

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Tres mujeres hñähñú originarias de los estados de México y Querétaro fueron víctimas de un encarcelamiento injusto a partir del 3 de agosto de 2006K; elementos de la Agencia Federal de Investigación (hoy Policía Federal Ministerial), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), fabricaron pruebas y reunieron tres calidades procesales distintas en una misma averiguación previa: fueron supuestas víctimas, testigos e investigadores.

justicia

Después de su detención arbitraria, bajo engaños, Jacinta, Alberta y Teresa no tuvieron acceso a un intérprete por lo que no pudieron saber los motivos de su detención y, a partir de pruebas fabricadas, permanecieron más de tres años en prisión preventiva. Posteriormente, un Juez de Distrito las condenó a 21 años de prisión y a 90 mil pesos de multa.

En el caso de Jacinta, fue necesario que un tribunal unitario ordenara la reposición del procedimiento para que los agentes federales se carearan con testigos. Luego, la propia PGR presentó conclusiones de no acusación en su favor para provocar su libertad, el 15 de septiembre de 2009.

Al tiempo que la PGR se desdecía de la acusación contra Jacinta, acusaba por segunda ocasión a Alberta y a Teresa. El juez de distrito correspondiente las condenó nuevamente. Frente al clamor de justicia de las mujeres otomíes, acompañado de organizaciones y de la sociedad en general, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el recurso de apelación interpuesto y ordenó su inmediata libertad el 28 de abril de 2010.

Pero la historia de las indígenas hñähñú no terminó ahí; en demandas separadas exigieron una reparación del daño a la PGR por medio de un mecanismo legal novedoso en esos años: la responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 109, último párrafo, de la Constitución. En los tres procedimientos, la dirección de juicios federales de la propia institución desechó la demanda puesto que consideró que sus funcionarios habían actuado de modo regular y, en todo caso, no existía nexo causal entre un eventual daño producido y la conducta desplegada por los agentes federales y el agente del ministerio público.

Frente a ello, en marzo de 2013, el Centro Prodh inició -en representación de Jacinta, Alberta y Teresa- juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) y alegó que la PGR no había sido congruente y exhaustiva en su sentencia, vulnerando su derecho a la impartición de justicia. Por esa razón, solicitamos a este tribunal, que revocará las sentencias dictadas, que se avocara al conocimiento del estudio del caso y ordenara que fuera reparado el daño a las tres mujeres indígenas.

En procesos y sentencias separadas, el TFJFA ordenó a la PGR que se disculpara públicamente con Jacinta, Alberta y Teresa, que reconociera su inocencia y que las indemnizara por el daño moral y material que sufrieron como consecuencia del actuar irregular de servidores públicos de la PGR. Este tribunal, básicamente, estimó irregular la deficiente valoración y consignación de la averiguación previa que dio vida al injusto proceso penal seguido en contra de las tres indígenas a partir del universo de prueba disponible: la causa penal, la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las conclusiones de no acusación en el caso de Jacinta, la sentencia de apelación emitida por la Primera Sala de la SCJN en los casos de Alberta y Teresa, así como peritajes antropológicos elaborados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras.

La PGR se mostró inconforme con las decisiones que le condenaban y presentó recursos de revisión fiscal e incluso solicitó a la SCJN que atrajera los casos y revocara las sentencias del TFJFA. No obstante, todas las sentencias quedaron firmes y este 21 de febrero de 2017, el actual titular de la PGR cumplió cabalmente con las sentencias. Es decir, se disculpó públicamente con las mujeres hñähñú, reconoció públicamente su inocencia y las indemnizó.

El acto del pasado martes fue un evento inédito puesto que la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia fue ordenado por un tribunal nacional, fue encabezado por el titular de la institución que violó los derechos humanos de Jacinta, Alberta y Teresa y, además, implicó la implementación de una medida de reparación vinculante que no estaba sujeta a la aceptación o discreción de la autoridad. De esta manera, se sentó un precedente a fin de que víctimas de encarcelamiento injusto, acudan a la vía de responsabilidad patrimonial del Estado como forma de exigir una reparación integral del daño.

Sin embargo, y es por demás relevante subrayarlo, la SCJN ha puesto en riesgo esta vía en ciernes al resolver el amparo directo 6/2016, debido a que siguiendo esta sentencia emitió diversos criterios, entre los que se destacan las tesis aisladas 2a. CIX/2016 (10a.) y 2a. CVII/2016 (10a.), en los que afirmó fundamentalmente lo siguiente:

…el daño reclamado por el particular consistente en la privación de su libertad es una resolución estrictamente jurisdiccional y, por ende, la lesividad que en todo caso derivó de la orden de aprehensión y del auto de formal prisión dictados dentro de la causa penal son determinaciones que se encuentran fuera del ámbito del sistema de responsabilidad patrimonial, al relacionarse con funciones materialmente jurisdiccionales.

Además, la Segunda Sala de la SCJN sostuvo que una sentencia condenatoria “…sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia del derecho a la defensa adecuada permita refutar las pruebas aportadas por las partes. Asimismo, indicó que atendiendo a la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial “…la actividad administrativa irregular debe concebirse como aquella que se genera excepcionalmente, y que la irregularidad de la conducta no debe vincularse con su ilicitud”.

Estas posiciones nos preocupan y, desde nuestra perspectiva, indican que la Segunda Sala de la SCJN rehúye su función de garante de derechos humanos, por las siguientes razones:

a) Afirmar que la privación de la libertad es un acto puramente jurisdiccional se aleja de la realidad de nuestro sistema jurídico y de la práctica constante de los cuerpos policiacos en México. Es decir, de las tres causas de detención previstas en la Constitución mexicana, sólo una se refiere a la ejecución de una orden –judicial- de aprehensión, en tanto que las demás ocurren fuera de esta intervención: la detención en flagrancia –un supuesto en el que ocurren la mayoría de las detenciones en México- y; por caso urgente, en virtud de una orden ministerial. En esa medida, las afirmaciones de la Segunda Sala dejan abierta la puerta a que se cometan detenciones arbitrarias sin consecuencias para las autoridades y sin que las personas puedan solicitar una reparación integral del daño.

b) Por otra parte, nos parece que amparar a las privaciones de libertad como actos estrictamente jurisdiccionales no les reviste de legalidad por ese solo hecho, sino que abre la puerta a la impunidad en los casos donde personas han sido injustamente condenadas por error judicial, por ejemplo. En ese sentido, la Segunda Sala se rehusó a realizar un control de convencionalidad a propósito del contenido del artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece puntualmente: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.

c) También realizó una inexacta interpretación de la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial con la cual revirtió la razón de ser de la ley, pues lo que motivó el nacimiento del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado fue la complejidad que conllevaba para las personas, demostrar la actuación ilícita (subjetiva) de un funcionario. Es decir, cuando se afirmó que la irregularidad de la conducta no debía vincularse con la ilicitud, el legislador se refería a que no era necesario demostrar el actuar ilícito para afirmar que se actualizaba la actividad irregular. En el dictamen del Senado del 6 de diciembre de 2001, relativo a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial se señaló: “…siempre que la actividad del Estado cause daño a los particulares, se estará en presencia de una actividad administrativa irregular.”1 En otras palabras, lo que se buscaba era construir un sistema amplio de responsabilidad a fin de hacerse cargo de los actos irregulares e impunes del Estado.

Finalmente, si lo que se busca es garantizar que casos como los de Jacinta, Alberta y Teresa no se repitan, la SCJN y otros tribunales nacionales deberán tomar en cuenta el parámetro de control de regularidad constitucional con el objetivo de ampliar el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado para que las conductas irregulares de los tres poderes estén amparadas bajo dicha ley. Al menos en el ámbito jurisdiccional, la Convención Americana de Derechos Humanos es muy clara y establece el derecho a indeminización por  error judicial de todas las personas en territorio mexicano, gracias a nuestro artículo 1º constitucional.

Centro Prodh. Equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. Twitter: @CentroProdh


1 DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en lo general y en lo particular, por 90 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Se turnó a las Legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales.

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En un país donde el uso de la tortura y los malos tratos son generalizados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juega un papel decididamente crucial en prevenir su práctica. En palabras del Relator Juan Méndez, los jueces deben “excluir de oficio cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura”1; lo cual fue reafirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en su informe sobre México.2

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Por ello, en el presente artículo expresaremos nuestra preocupación porque la práctica judicial mexicana no ha cumplido cabalmente su obligación de prevenir3 adecuadamente la tortura y, en específico, la SCJN ha rehuido a su papel de órgano que la da coherencia al orden jurídico mexicano omitiendo utilizar los mecanismos exclusivos de control que la Constitución mexicana le ha reservado.

El alegato de tortura como cuestión de importancia y trascendencia

Una de las facultades reservadas legal y constitucionalmente con exclusividad a la SCJN, es la de resolver los recursos de revisión en materia de amparo directo (ADR). De conformidad con los requisitos que la Constitución, la Ley de Amparo y el Acuerdo General 9/2015 del mencionado tribunal constitucional establecen, procede el recurso de revisión cuando se requiera i) pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de una norma; ii) interpretar un precepto constitucional o los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, y iii) la omisión de realizar lo anterior si fue planteado en la demanda. Adicionalmente, el problema de constitucionalidad debe implicar la fijación de un criterio de importancia y trascendencia lo cual se cumple siempre que la eventual sentencia dé lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional. Así, por ejemplo, la SCJN ha declarado procedente ADR cuando:

1. No existía jurisprudencia firme que resolviera el punto, el cual se refería a si la autoincriminación es una condición necesaria para acreditar la tortura;4

2. el tribunal colegiado omitió pronunciarse sobre un alegato de tortura del quejoso en declaración preparatoria;5

3. consideró necesario determinar el contenido y alcance del deber constitucional de investigar la posible comisión de actos de tortura en un proceso penal6

4. el quejoso formuló conceptos de violación relativos al derecho fundamental a la proscripción de la tortura7

Recogiendo lo anterior, a pesar de que la SCJN ya ha resuelto diversos casos sobre los efectos de la tortura en un proceso penal aún subsiste la necesidad de fijar criterios al respecto en virtud de que no existe jurisprudencia sobre varios aspectos relevantes de la tortura; en especial, sobre la obligación judicial y ministerial de excluir cualquier prueba obtenida bajo tortura.8 Aspecto, vale mencionar, en el que la SCJN ha tenido una postura inconsistente sobre el uso de la tortura y, por lo mismo, tiene un llamado urgente a reafirmarse como un tribunal constitucional que aborda su deber de prevenir efectivamente la tortura desde la labor de interpretación constitucional y convencional.

Una Corte con criterios relevantes más protectores, no publicados.

El temor de tener una SCJN titubeante frente a la prevención y erradicación de la tortura, es alto. Sin embargo, existe otra ausencia importante: hay criterios relevantes que reúnen ya los requisitos para considerarse jurisprudencia, pero que desafortunadamente la Corte ha sido omisa en generar y publicar tales tesis jurisprudenciales conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo. Nos referiremos a dos que permitirían zanjar las dudas sobre la postura reiterada y no “aislada” de la Corte en el tema de tortura, a pesar de los motes regresivos que aparecen de vez en vez.

Previamente, conviene hacer una mención de los requisitos para conformar jurisprudencia por reiteración de criterios de las salas de la SCJN: de acuerdo con el artículo 223 de la Ley de Amparo, es necesario que el mismo criterio se sustente en cinco sentencias de manera ininterrumpida, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuatro votos.

El primer criterio que debería ser considerado jurisprudencia conforme a esa disposición tiene que ver con la necesidad de investigar los actos de tortura a fin de aplicar las reglas de exclusión de prueba ilícita. Esta omisión constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a la defensa del quejoso, lo que amerita su reposición. Así lo sostuvo la SCJN por lo menos en cinco amparos directos en revisión, luego de las primeras consideraciones expresadas en el amparo en revisión 703/2012 (el caso de Israel Arzate Meléndez, que a pesar de no constituir jurisprudencia a consideración de no pocos sería el hito que marcará camino). Todos ellos alcanzaron  una votación idónea para conformar jurisprudencia.9

El segundo, que fue abordado en este mismo espacio y donde criticamos la tesis aislada que compromete la efectividad del amparo frente a las alegaciones de tortura, tiene que ver precisamente con la tesis 1a. CCCLXXXIII/2014 (10a.), de rubro: TORTURA. LA AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO NO ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA ACREDITARLA.

La ejecutoria del amparo directo en revisión 1275/2014 cita los efectos aprobados por la Primera Sala en al menos otros cuatro asuntos de la misma naturaleza. En ellos, se ordena reponer para investigar las alegaciones de tortura y determinar si su comprobación repercute en la validez de otras pruebas de cargo distintas a la autoincriminación.

Resulta pues irónico que se publiquen criterios relevantes, que no constituyen jurisprudencia de observancia obligatoria, en algunos casos escandalosos por la regresión que implican en cuanto al estándar de protección y; por el contrario, la SCJN haya sido omisa hasta el día de hoy en elaborar tesis jurisprudenciales que reflejan los criterios judiciales que deben considerarse como tal independientemente de su publicación.

Esto desde luego dificulta la defensa adecuada para las víctimas de tortura, pues esos criterios relevantes no están a la mano para revertir la situación de abandono en la que muchas se encuentran. El propio artículo 224 de la Ley de Amparo señala que para invocar las tesis de jurisprudencia o precedentes se expresarán los datos de publicación; o de no haber sido publicadas, “bastará” que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes.

Esta omisión de la SCJN para establecer criterios obligatorios y publicarlos a fin de que sean accesibles y efectivos,10 se dibuja en una ausencia onerosa para los sobrevivientes de la tortura, uno de los actos más atroces cometido desde el poder público.

La SCJN regresa al camino contra la tortura

La resolución del ADR 4695/2015, del pasado 31 de agosto por la Primera Sala de la SCJN, abona a la discusión pero sobretodo proporciona luz respecto dos aspectos relevantes. Por un lado, la procedencia de los amparos directos en revisión bajo el segundo requisito de importancia y trascendencia al ser los efectos de la tortura un tema inacabado que requiere precisiones importantes y, por el otro, sobre los alcances de la tortura dentro del proceso penal como a) violación de derechos humanos y como b) delito. Sobre el punto a), la Sala recoge los criterios de sus propias decisiones y señala entre diversos aspectos lo siguiente:

1. Ante la denuncia o existencia de indicios de tortura, la autoridad judicial además de dar vista al Ministerio Público para la investigación del delito, deberá realizar un análisis del caso para determinar si existen elementos que permitan concluir que existió tortura.

2. Si éstos existen, la autoridad deberá analizar los impactos de la violación en la generación, introducción o desahogo de pruebas. Es decir, al actualizarse la violación, resulta innecesario reponer el procedimiento, lo consecuente es que la autoridad judicial realice directamente la exclusión de aquellas pruebas que sean ilícitas por la relación que posean con los actos de tortura.

3. De lo contrario, ante la insuficiencia de indicios que permitan a la autoridad judicial determinar la existencia de tortura, deberá realizarse la investigación en el proceso penal que permita obtener una respuesta, lo cual obliga a reponer el procedimiento para el mencionado efecto.

4. Finalmente, la etapa hasta la cual se debe reponer el procedimiento cuando proceda, será hasta la diligencia inmediata anterior al cierre de instrucción.

El proyecto fue aprobado por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra de la ministra Piña Hernández. La resolución no es un asunto menor, pues además de recoger criterios importantes en materia de tortura, realiza precisiones relevantes dirigidas a las autoridades jurisdiccionales. Por ejemplo, en cuanto a la exclusión directa de prueba ilícitas, éstas tienen la obligación de allegarse de todos aquellos indicios contenidos en los expedientes, lo que incluye dictámenes, certificados médicos, recomendaciones provenientes de comisiones de derechos humanos o testimoniales, solo por mencionar algunos con la finalidad de acreditar la tortura.

Respecto la existencia de reposición de procedimiento, la ejecutoria no determina ningún supuesto que se circunscriba a la necesidad de cumplir un requisito como el de la autoincriminación, lo cual resulta acertadamente contrario a la tesis 1ª. CCV/2016 (10a.) y representa un avance hacia la fijación de estándares y criterios que sean acordes con el marco jurídico que actualmente rige al Estado mexicano y que guía la procuración e impartición de justicia en el país. Pero, sobre todo, atiende a las circunstancias prácticas de los procesos penales donde se involucra la alegación y existencia de tortura, ante la realidad que actualmente representa esta grave violación de derechos humanos en México.

A manera de conclusión

A seis años de que el Estado mexicano fue condenado por la CoIDH en el caso Campesinos Ecologistas, es apremiante la necesidad de cumplir cabalmente su jurisprudencia más allá de invitarla a sesionar en nuestro país como ha hecho en días recientes. Las víctimas de tortura requieren una postura coherente de la SCJN frente a su práctica generalizada y ésta debe verse reflejado tanto en el discurso como en la labor cotidiana de nuestro tribunal constitucional.

Equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh). Twitter: @CentroProdh


1 Informe del Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E.  Méndez, 29 de diciembre de 2014. Disponible en: http://bit.ly/2bBb4Ui consultado el 11 de septiembre de 2016.

2 CIDH. Informe Situación de los Derechos Humanos en México. 31 de diciembre de 2015. Recomendación 17, página 233. Disponible en: http://bit.ly/1r0g0nD consultado el 11 de septiembre de 2016.

3 El presente artículo no pretende abarcar todas las cuestiones relevantes en materia de prevención de tortura que el Poder Judicial debe atender sino que principalmente aborda lo relativo a la regla de excluir cualquier prueba obtenida bajo tortura. Por ello, otros temas como la atribución de carga probatoria cuando se denuncia la tortura, asegurar que la denuncia de tortura es suficiente para investigarla dentro del proceso penal, cómo superar la afirmación de que únicamente con un dictamen oficial en materia de psicología y medicina se puede tener por acreditada la tortura, estudiar lo relativo al momento procesal oportuno para denunciarla sin restringir los derechos de la víctima de tortura así como los temas relativos al uso de la tortura, todo lo anterior tomando en cuenta la implementación del sistema penal acusatorio.

4 SCJN. Amparo directo en revisión 1275/2014. Resuelto en sesión del 3 de septiembre de 2014 bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Secretario Roberto Lara Chagoyán, párrafo 17.

5 SCJN. Amparo directo en revisión 4695/2015. Resuelto en sesión del 31 de agosto de 2016 bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario Julio César Ramírez Carreón, página 10.

6 SCJN. Amparo directo en revisión 90/2014. Resuelto en sesión del 2 de abril de 2014 bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria Nínive Ileana Penagos Robles, página 26.

7 SCJN. Amparo directo en revisión 4580/2013. Resuelto en sesión del 11 de junio de 2014 bajo la ponencia del Ministerio Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario José Díaz de León Cruz, página 28.

8 Véase nota al pie número 3.

9 1. Amparo en Revisión 631/2013, sesión del 18 de marzo de 2015, ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; aprobado por mayoría de cuatro votos; disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; 2. Amparo Directo en Revisión 4530/2014, sesión del 30 de septiembre de 2015, ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; aprobado por mayoría de cuatro votos; disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; 3. Amparo Directo en Revisión 1088/2015, sesión del 7 de octubre 2015, ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero; aprobado por mayoría de cuatro votos; disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; 4. Amparo Directo en Revisión 3669/2014, sesión del 11 de noviembre de 2015, ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; aprobado por mayoría de cuatro votos; disidente: José Ramón Cossío Díaz, y 5. Amparo Directo en Revisión 3306/2014, sesión del 25 de noviembre de 2015, ponente: José Ramón Cossío Díaz; aprobado por unanimidad de cinco votos.

10 A criterio de algunos Tribunales, “sólo puede exigirse de los tribunales su aplicación a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta” Ver: http://bit.ly/2cPL4Vs

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Contexto de tortura generalizada

En su visita a México, el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, concluyó que la práctica de tortura es generalizada. Asimismo, resaltó que en el país no se excluyen de oficio las pruebas obtenidas bajo tortura.1

Por su parte, en septiembre de 2014, Amnistía Internacional denunció en su informe “Fuera de Control: tortura y otros malos tratos en México” que las autoridades mexicanas continuaban tolerando el uso generalizado de la tortura. Informó también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió un 600% más de denuncias de tortura en 2013 respecto al año 2003.2 Un año después, la misma organización publicó que las denuncias de tortura a nivel federal habían pasado de 1.165 a 2.403.3

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En coincidencia con lo anterior, de acuerdo con información pública oficial obtenida por el Centro Prodh, en el periodo de 2004 a 2014, los organismos públicos de derechos humanos del país registraron por lo menos 57,890 quejas por detención arbitraria y más de 17,000 por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.4

Frente a dicho flagelo, tanto el relator Juan Méndez como Amnistía Internacional coincidieron en recomendar como fundamental investigar adecuadamente las denuncias de tortura y prevenir su práctica garantizando que se excluya judicialmente cualquier prueba obtenida bajo tortura.

A la luz de la segunda recomendación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juega un papel medular puesto que su jurisprudencia y la resolución de casos constituyen en sí mismos un posicionamiento público y un mensaje de suma relevancia para todos los actores involucrados incluyendo el poder judicial federal y local y las procuradurías. Es por eso que resulta sumamente alarmante que los criterios de la SCJN retrocedan como se verá a continuación.

Tesis aislada regresiva

El pasado 19 de agosto de 2016, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la tesis aislada 1a. CCV/2016 (10a.), de rubro “TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO.5 Así, la base principal del razonamiento expresado en la citada tesis se expresa en el siguiente párrafo:

No obstante, en aquellos casos en que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento […] pues en esos supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto.

Con profunda preocupación, en este texto desarrollaremos las razones por las cuales estimamos que la citada tesis aislada contraviene las obligaciones del Estado mexicano en materia de prevención de la tortura, no respeta el parámetro de control de regularidad constitucional desarrollado por la SCJN, además de apartar de lo dicho por este mismo tribunal constitucional en tesis de jurisprudencia, aisladas y ejecutorias e incluso pasa por alto la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campesinos Ecologistas vs. México.6

Violaciones a derechos humanos en que incurre la tesis

Tal como lo expresaron decenas de organizaciones de la sociedad civil a lo largo del país, en su comunicado de fecha 23 de agosto de 2016, la tesis 1a. CCV/2016 (10a.) es violatoria de la prohibición absoluta de dar validez a “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales”, contenida en el artículo 20, apartado A, fracción IX de la Constitución; de lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales y de tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Así también, la tesis aislada en comento es totalmente incongruente y contraria a la posición que ha sostenido la Primera Sala de la SCJN en su labor interpretativa como se verá a continuación. En efecto, la referida tesis problemática se contrapone a lo decidido por la SCJN en la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la misma Primera Sala en el presente año, de rubro siguiente: ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE. No obstante, utilizando como base este criterio, aprobado por unanimidad de cinco votos, los ministros realizaron una interpretación regresiva que resultó en un agravio para las víctimas de tortura y para la sociedad, quienes vivimos sin titubeos la grave crisis de derechos humanos que atraviesa este país.

Sumado a lo anterior, a fin de abordar el tema de las declaraciones autoincriminatorias y su rechazo como elemento constitutivo de la tortura a fin de otorgarle efectos dentro del proceso penal, conviene traer a debate la tesis 1a. CCCLXXXIII/2014 (10a.), publicada en septiembre de 2014, cuyo ponente fue el ministro Cossío Díaz, de rubro siguiente: TORTURA. LA AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO NO ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA ACREDITARLA.

Probablemente el rubro y el contenido de dicho criterio no dirá mucho al lector respecto el tema que nos ocupa. Por ello, resulta indispensable realizar una revisión integral del precedente citado en los siguientes términos:

La ejecutoria del amparo directo en revisión 1275/2014 que dio lugar a la tesis que nos ocupa, cita los efectos aprobados por la Primera Sala en los amparos directos en revisión 90/2014, 4580/2013, 4581/2013 y 2208/2014. Así, en las cinco ejecutorias referidas la Primera Sala determinó fundamentalmente que ante la denuncia de tortura dentro de un proceso lo procedente era: a) reponer el procedimiento a partir de la denuncia de tortura; b) ordenar la investigación de la tortura tomando como base las Directrices del Protocolo de Estambul y otras pruebas, y c) determinar si la eventual comprobación de la tortura tendría repercusión en la validez de pruebas de cargo [con independencia de que la víctima se autoinculpara o no a consecuencia de la tortura], por ejemplo, en la eficacia de las declaraciones de los elementos aprehensores.

Con base en esa línea de argumentación sostenida consistentemente por la SCJN, al resolver el amparo directo en revisión 1275/2014, desestimó la consideración del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el cual calificó como intrascendentes los actos de tortura dentro del proceso porque los inculpados declararon libremente. Sin embargo, resulta grave que exactamente dicha consideración fue compartida por la Primera Sala en la tesis 1a. CCV/2016 (10a.), la cual había rechazado contundentemente hace dos años.

En ese caso, las personas sobrevivientes de tortura alegaban en su demanda que la omisión del Juez de investigar la tortura impidió determinar la nulidad de los testimonios de sus captores, pruebas con las que se demostró su responsabilidad penal. Hipótesis frecuente en este país. De ahí que en su decisión de revocar la sentencia del Tribunal Colegiado, la SCJN ordenó no confundir entre el proceso de la tortura y sus resultados; estableciendo que el criterio del Colegiado entorpecía el nuevo modelo interpretativo pro-derechos humanos, pues la confesión era sólo uno de los posibles resultados que puede producir la tortura.

Voto particular del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

La ejecutoria que dio lugar a la tesis regresiva abordada en el presente artículo, la cual resolvió el amparo directo en revisión 6564/20157 no fue aprobada por unanimidad por la Primera Sala; los ministros Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena emitieron su voto en contra de dicha sentencia. Precisamente este último elaboró un voto particular en el que explicó las razones por las que se apartó de la conclusión a la que arribó la mayoría medularmente porque estimó que la tortura es: i) contraria al derecho de defensa del imputado como lo ha sostenido la SCJN y por lo tanto afecta el debido proceso; ii) la tortura debe investigarse dentro del proceso penal para descartar que es la base de evidencia de cargo sea cual sea su carácter o su fuente; iii) afirmar que sólo cuando exista confesión deberá reponerse el proceso incorpora como un elemento configurativo de la tortura la confesión u otros datos autoincriminatorios, y  iv) introduce un criterio que altera los alcances de la prohibición de tortura, disminuye sus niveles de protección y deja fuera de su espectro varios casos que, conforme al  tratamiento de la tortura como categoría especial, merecerían análisis.

Dicho lo anterior, el ministro Gutiérrez concluye que la afirmación de la Primera Sala es contraria al parámetro de control de regularidad constitucional sobre el derecho humano a estar libre de tortura y las reglas de exclusión de la prueba ilícita, por lo que debieran descartarse no sólo la confesión, sino toda prueba, dato o información vinculada con esta violación de derechos humanos.

Propuestas de solución

Para finalizar, nos parece que frente a esta tesis aislada regresiva, el panorama para las víctimas de tortura que pretendan acceder a la justicia, debe considerar la impermeabilidad de la tesis 1a. CCV/2016 (10a.), en virtud de que conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no es de observancia obligatoria para las demás autoridades jurisdiccionales; quienes por el contrario tienen el deber de aplicar la jurisprudencia de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de someter los actos de autoridad al parámetro de control regularidad constitucional que precisamente impediría a criterios como éste hacer inefectivos los pocos recursos con que cuentan las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad en este país.

Asimismo, el deber de la SCJN frente a la tortura no está sujeto a esperanzas, sino al cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales; en un país en el que la tortura es la principal fuente de producción de pruebas. Por esa razón, consideramos que al resolver los amparos directos en revisión 4695/2015, 3101/2015 y 3143/2015 en la sesión del día de hoy esta SCJN debe ajustarse plenamente a las disposiciones ya citadas en materia de tortura e incluso remitirse a sus propios precedentes, a fin de cumplir su obligación positiva de prevenir el uso de la tortura por medio del deber de excluir toda prueba derivada directa o indirectamente de dicha grave violación a derechos humanos.

Equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh). Twitter: @CentroProdh


1 Informe del Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E.  Méndez, 29 de diciembre de 2014. Disponible en: http://bit.ly/2bBb4Ui consultado el 30 de agosto de 2016.

2 Amnistía Internacional, Fuera de Control, tortura y otros malos tratos en México, septiembre de 2014, página 6. Disponible en: http://bit.ly/2c8oZfH consultado el 30 de agosto de 2016.

3 Amnistía Internacional, Promesas en el papel, impunidad diaria, la epidemia de la tortura en México continúa, octubre de 2014, página 6. Disponible en http://bit.ly/2bJcWGw

4 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh), Informe sobre patrones de violaciones a derechos humanos en el marco de las políticas de seguridad pública y del sistema justicia penal en México, Junio de 2015, página 11 disponible en: http://bit.ly/2bQVeQc consultado el 30 de agosto de 2016.

5 Registro 2012318, Amparo directo en revisión 6564/2015. 18 de mayo de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos.

6 “Por otra parte, este Tribunal considera que las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces, ya que la persona intenta aseverar lo necesario para lograr que los tratos crueles o la tortura cesen. Por lo anterior, para el Tribunal, aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o confesiones obtenidas mediante coacción, que afecten a la persona o a un tercero, constituye a su vez una infracción a un juicio justo 261. Asimismo, el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no sólo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción. En consecuencia, la Corte considera que excluir la prueba que haya sido encontrada o derivada de la información obtenida mediante coacción, garantiza de manera adecuada la regla de exclusión.” Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, Párrafo 167.

7 SCJN. Amparo directo en revisión 6564/2015. Resuelto en sesión del 18 de mayo de 2016 bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario Alfonso Francisco Trenado Ríos.

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