Hace unos meses, el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017,1 elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), colocó a México en uno de los peores lugares en cuanto a impunidad, tan sólo superado por las Filipinas, la India y Camerún. El tema ha ocupado las reflexiones y quehaceres de un buen número de expertos y organizaciones de la sociedad civil, dado su papel dentro del estallido de la crisis de derechos humanos que vive México.

El hartazgo social frente a la impunidad fue, sin duda, un factor decisivo en el resultado electoral del pasado 1º de julio. El debate público tras las elecciones no ha dejado de lado las discusiones sobre la impunidad, aunque estas se han centrado, sobre todo, en el tema de la Fiscalía General de la República.2 En medio de todo esto, desde el Poder Judicial han llegado señales de que hay una nueva generación de jueces y magistrados que emiten sentencias que verdaderamente constituyen un contrapeso frente a la negligencia de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de delitos.

Probablemente la sentencia que más repercusión mediática ha concitado en este sentido es la relativa al caso de Ayotzinapa, emitida en junio por el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.3 Esta decisión inédita, emitida después de que fueran analizadas las demandas de amparo de probables responsables que alegaban diversas violaciones a sus derechos, estableció que se debe reponer la investigación debido a que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones de dichos acusados fueron obtenidas por medio de tortura.

El fallo, elaborado a partir de la propuesta del magistrado Mauricio Fernández, no se limitó a juzgar las violaciones al debido proceso de los acusados; sino que, con una perspectiva más amplia y apoyándose en el derecho internacional de los derechos humanos, los magistrados decidieron proteger también los derechos de las víctimas del delito. Los magistrados hicieron esto para que las víctimas no quedaran desamparadas ante la inminente impunidad que las fallas de la PGR ocasionaron. De esta manera ordenaron la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia la cual, a pesar de estar guiada por el Ministerio Público, tendría como mecanismos extraordinarios de control a las propias víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Pese a la amplia discusión que este fallo ha desencadenado, no es la única resolución reciente en que jueces y magistrados se han pronunciado con determinación en contra de la impunidad. Un ejemplo de esto es el juez decimocuarto de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales, quien determinó que la PGR no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso Tlatlaya y, en respuesta a un recurso de una de las sobrevivientes de estos hechos, ordenó al MP realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades. Esto incluía indagar la cadena de mando involucrada en la emisión de la orden ilegal de abatir delincuentes en horas de oscuridad, recibida por la unidad militar que estuvo implicada en los eventos, días antes de que estos acontecieran.

La sentencia indica que las autoridades deben -de manera ininterrumpida y con celeridad- realizar diligencias pendientes; analizar las pruebas pertinentes para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando; investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad4 y a quienes intervinieron en su emisión; respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso; y programar cronológicamente las diligencias hasta llegar al ejercicio de la acción penal.

En una línea similar, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, con sede en el reclusorio sur, le ordenó a la PGR aceptar e investigar las pruebas5 proporcionadas por las víctimas de espionaje mediante el empleo del spyware Pegasus. Tras un recurso interpuesto por los denunciantes debido a la negativa del Ministerio Público a desahogar pruebas fundamentales, el juez señaló, en una decisión dada a conocer hace pocos días, que la línea de investigación debe centrarse en la adquisición y posterior uso ilegal del programa espía por parte de la PGR; reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y precisó la obligación de la PGR de conducirse con debida diligencia, y señaló que la carga de la prueba no debe trasladarse a las víctimas.

En un caso más relacionado con la falta de rendición de cuentas en la guerra contra el narcotráfico, la jueza novena de distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, impuso al titular de la Secretaría de Marina cinco multas por no rendir todos los informes6 justificados relacionados con un presunto caso de desaparición forzada, que su juzgado conoció por la presentación de diversos amparos. La jueza federal ordenó el pasado mes de julio, entre otras cosas, que se remitiera copia certificada de la bitácora de los operativos que se hicieron en el momento de la desaparición de las personas, la hora, nombre de los elementos, las calles y colonias en donde se realizaron los patrullajes, en qué unidades y si tenían sistema de localización GPS. También advirtió que impondrá multas similares al presidente Enrique Peña Nieto si no se acatan debidamente sus órdenes para aclarar la actuación de la Marina y ordenó a la PGR que publique en su portal de internet los avances de su investigación sobre el caso.

En un orden de ideas similar, en esta corriente puede sere ubicada la sentencia del juez octavo de distrito en materia administrativa en Ciudad de México, Fernando Silva García, resolvió que la Ley de Seguridad Interior era inconstitucional.7 La resolución considera que la actuación de los militares en las tareas de seguridad pública puede provocar actos de imposible reparación en perjuicio de las personas.

De esta manera, las sentencias emitidas por estos valientes jueces atacan el corazón de la impunidad, evidencian la simulación en las investigaciones y colocan al Poder Judicial como garante del derecho a la verdad y la justicia de las víctimas.

Aunque sería deseable que la PGR cumpliera los fallos, la desproporcionada reacción del gobierno federal contra la sentencia relativa al caso Ayotzinapa, la cual presentó más de 100 recursos promovidos por 10 instancias diferentes, anuncia que desde las altas esferas del ejecutivo federal existe una resistencia activa a acatar las sentencias protectoras de los jueces y magistrados de la nueva generación. Es posible pensar también que la emisión de estas sentencias innovadoras sea posible, en parte, por el posible relajamiento de los controles políticos sobre el Poder Judicial en el contexto del fin de sexenio.

En este escenario, está por verse la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).8 Habrá que verificar si los ministros secundan a los juzgadores más jóvenes, quienes, desde las primeras instancias, realizan una aplicación innovadora del marco legal de derechos humanos. En un contexto de profundos cambios en la vida pública nacional, sería de esperar que el Poder Judicial se constituya como un verdadero contrapeso y que la defensa de su independencia sea parte de un nuevo entorno democrático.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.


1 Índice Global de Impunidad 2017 (IGI), estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP Jenkins Graduate School y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia.

2 Véase Fiscalía que Sirva.

3 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “Histórica sentencia del Poder Judicial de la Federación en el Caso Ayotzinapa”.

4 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “Detalles para Tlatlaya a un año: La orden fue abatir”.

5 Aristegui Noticias, “ Juez ordena a la PGR aceptar pruebas sobre #GobiernoEspíaAristegui Noticias.

6 Víctor Fuentes, Abel Barajas, “Multan al titular de la Semar por omitir parte de los informes de desaparición forzada en Nuevo Laredo”, El Sur, periódico de Guerrero.

7 Arturo Ángel, “Las 5 razones por las que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, según amparos”, Animal Político.

8 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “‘La Corte debe ser valiente y estar con la verdad’: familias de Ayotzinapa”.

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En agosto de 2016, publicamos en este espacio un artículo titulado La titubeante postura de la Suprema Corte frente la tortura en México, en el que alertamos sobre una tesis regresiva adoptada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de tortura. Se trataba de la tesis aislada 1a. CCV/2016 (10a.) de rubro “TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO”.

Si el contenido de esta tesis representaba una postura titubeante frente a la tortura, podíamos esperar que la entrada en vigor en junio de 2017 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante la Ley General o la Ley) llevara a la SCJN a armonizar sus criterios con la regla de exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura, objeto de un capítulo de la Ley (Arts. 50-54) y obligación del Estado bajo el derecho internacional. Lejos de cumplir esta expectativa, meses después de la entrada en vigor de la Ley, la SCJN adoptó el citado criterio como tesis de jurisprudencia.

El mensaje altamente preocupante que envía la adopción de tal jurisprudencia regresiva se suma a la publicación reciente de otros criterios poco claros en la materia por parte del Pleno, lo cual muestra que la SCJN no ha garantizado plenamente la regla de exclusión probatoria. En este artículo, analizamos los citados criterios.

Falta de reconocimiento del carácter absoluto de la regla de exclusión de las pruebas ilícitas

En relación a la regla de exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura, en nuestro artículo anterior desarrollamos las razones por las cuales la entonces tesis aislada de la Primera Sala contravenía las obligaciones del Estado mexicano.

En esta ocasión, el problema planteado es el siguiente: tanto los estándares internacionales y la jurisprudencia anterior de la SCJN reconocen que ninguna prueba obtenida mediante tortura es admisible (salvo en un eventual proceso penal contra el torturador). Esta regla de exclusión se basa en el sentido común. Las declaraciones y pruebas construidas bajo tortura no son evidencias confiables, sino que, al contrario, en casos documentados por organismos mexicanos e internacionales, nos alejan de la verdad de los hechos como sucedió en el caso Ayotzinapa,1 vulnerando los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas, como lo documentó la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU respecto al mismo caso.2

En contraste, el citado criterio de la Primera Sala, al limitar la reposición del procedimiento a casos donde exista autoincriminación, deja la puerta abierta a confirmar sentencias condenatorias basadas en otras declaraciones obtenidas bajo tortura (por ejemplo, de coimputados, una situación presente en diversos casos documentados por nuestro Centro) o en otras pruebas que también podrían ser obtenidas bajo tortura.

Por esa razón, una larga lista de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra del criterio aislado (en ese momento) de agosto de 2016. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retomó los argumentos planteados por las organizaciones en un informe sobre México. El Estado mexicano no defendió el contenido de la tesis, sino que informó a la CIDH que de conformidad con la legislación nacional las tesis aisladas de la SCJN no son criterios obligatorios para el resto de los operadores jurisdiccionales, sino orientativos.3

En junio de 2017, entró en vigor la Ley General contra la Tortura, cuyo artículo 50 establece en lo pertinente, “[s]erán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos”.4

De esta manera, la decisión de publicar como jurisprudencia un criterio violatorio de la Ley meses después de su entrada en vigor despierta serias preocupaciones sobre el sentido de la evolución de la postura de la SCJN en esta materia y además genera confusión, a la luz de las contradicciones existentes en las ejecutorias que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia, mismas que citan la doctrina anteriormente construida de la SCJN en materia de exclusión de toda prueba ilícita, al mismo tiempo que la contradicen.5

Si bien las demás autoridades judiciales deberán aplicar dicho criterio de una manera compatible con el derecho internacional —y podrán y deberán resolver que no resulta aplicable en juicios de amparo promovidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley General— la SCJN dificulta esa labor en el mejor de los escenarios.

Más importante que la confusión y obstáculos que genera para los juzgadores, desde luego, es el impacto que puede tener este criterio aplicado en las vidas de personas condenadas con base en pruebas ilícitas y la de sus familias, así como en perpetuar un modelo de “investigación” penal que históricamente ha privilegiado la fabricación por encima de la recolección de pruebas reales.

2018: La SCJN sigue sin acusar recibo de la Ley General

En abril del año en curso, el Pleno de la SCJN se pronunció sobre la tortura en dos tesis aisladas. El incidente de inejecución que las motivó fue declarado sin materia; la presunta víctima había logrado la exclusión de las pruebas ilícitas y, por lo tanto, no tenía por qué seguir impulsando su denuncia de tortura como medio de fabricación de pruebas; de hecho, fue absuelta y recuperó su libertad más de un año antes de la resolución de la SCJN.6

La primera tesis publicada es la P. I/2018 (10a.) de rubro “TORTURA. MECANISMOS PARA PROBARLA DENTRO DEL PROCESO PENAL EN EL QUE SE DENUNCIA”. Dicha tesis reconoce, de manera positiva, que la realización de un examen médico-psicológico especializado siguiendo las directrices del Protocolo de Estambul, referencia internacional en la materia, no es la única manera de acreditar la comisión del delito de tortura. Sin embargo, después afirma que sí “es necesaria la práctica de exámenes” para comprobar la tortura.

La tesis incurre en una contradicción interna y perpetua el tradicional enfoque desproporcionado en la realización de exámenes a la víctima como único método para acreditar la tortura, el cual no tiene fundamento en el DIDH y se erige como un obstáculo generalmente insuperable en la investigación y acreditación de este grave delito. En la mayoría de los casos, las víctimas de tortura no tienen acceso a un examen independiente e imparcial. Si tienen acceso a un examen por peritos especializados en la materia, éstos trabajan en la misma institución que los acusa de haber cometido un delito y éste suele practicarse meses o años después de los hechos. Lo anterior fue confirmado por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura en su visita a México.7

Por ello, el Relator insistió en la necesidad del “uso del Protocolo como una guía para la adecuada investigación de tortura, y evit[ar] que el mismo sustituya la investigación y se utilice en modos que pueden intimidar a la víctima o como determinante de si su alegación es veraz”.8

La Ley responde a esta problemática y precisa que la tortura se investigará conforme lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) (art. 33); que dicha investigación incluirá como mínimo, además de exámenes a la víctima, declaraciones de la víctima/denunciante y de testigos (art. 35.II), análisis pericial del probable lugar de los hechos (art. 35.V) y que “[l]as Víctimas […] tienen derecho a presentar, en cualquier momento, todos los medios de prueba que estimen convenientes” (art. 37), especificando en su artículo 37: “[c]on independencia de los dictámenes médico-psicológicos, se podrán presentar otras pruebas periciales […], mismas que deberán ser tomadas en consideración […] de acuerdo con los principios de libre valoración de la prueba”.

El segundo criterio aislado adoptado en abril de 2018 por el Pleno, es la tesis P. II/2018 (10a.) de rubro: “TORTURA. LA IMPOSIBILIDAD DE INVESTIGAR SU COMISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL, GENERADA POR LA NEGATIVA DEL DENUNCIANTE DE PRACTICARSE LOS EXÁMENES NECESARIOS, CUANDO ÉSTOS RESULTEN ESENCIALES Y NO EXISTAN OTROS ELEMENTOS PARA COMPROBARLA, DEJA SIN EFECTO LA DENUNCIA QUE SE HIZO PARA TALES EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO”.

Esta tesis profundiza en el enfoque de exámenes como medio decisivo para investigar la tortura, al grado de anular los efectos de una denuncia de tortura en ausencia de tales exámenes. Además, desconoce las obligaciones de las autoridades judiciales frente a alegaciones de tortura dentro de un proceso penal.

El DIDH y ahora la Ley General contemplan dos efectos distintos de una denuncia de tortura dentro de un proceso penal: por un lado, el deber de investigar penalmente los hechos con miras a sancionar a los responsables9 y por otro, el deber de excluir pruebas obtenidas bajo tortura.10 Esta misma división (tortura como delito y como violación a derechos humanos) ha sido reconocida por la Suprema Corte, incluso en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 101/2017 (10a.) analizada supra y en las ejecutorias que llevaron a la misma.

La diferencia entre las dos vertientes radica en los estándares y carga de la prueba aplicables, así como en los resultados. A saber, para acreditar la tortura como delito, es necesario demostrar su comisión y la responsabilidad del torturador más allá de una duda razonable, y la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, igual que ocurre en cualquier otro delito.

En contraste, frente a una denuncia dentro de un proceso penal seguido en contra de la persona denunciante de tortura, según la Ley General, “[c]uando a petición de parte se solicite la exclusión o nulidad de un medio de prueba sobre el que haya razones fundadas para presumir que hubiere sido obtenido de actos de tortura o por cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, el órgano jurisdiccional, escuchando a las partes, se pronunciará al respecto. En todos los casos, el Ministerio Público tendrá la carga de acreditar que la prueba ha sido obtenida de manera lícita”.11

La modificación de la carga de la prueba ante alegaciones de tortura en un proceso penal se basa en que es el Ministerio Público quien tiene la posibilidad de demostrar los orígenes de una prueba de cargo, pues lleva registro de lo actuado en la investigación y dispone de los recursos y facultades para recabar datos relevantes.

Ahora bien, en el contexto mexicano, las alegaciones de una víctima de tortura, aunadas al contenido de las pruebas cuestionadas, suelen contener en sí razones para presumir que se está ante la presencia de una prueba ilícita. Concretamente, cuando una persona alega que su declaración ministerial se obtuvo bajo tortura y es falsa, hay dos categorías de posibles explicaciones, que se pueden resumir de la siguiente manera:

1) El o la delincuente, a pesar de violar la ley esperando beneficiarse de manera impune de actos ilícitos, cambia de parecer tan pronto como es detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, y decide voluntariamente confesar sus crímenes y los de sus compañeros, a pesar de saber que lo que diga será utilizado en su contra y llevará a que lo condenen, y a pesar de la presencia del abogado defensor que lo habrá asesorado sobre las consecuencias de incriminarse. Pero luego, este cambio repentino es reemplazado por otro: decide que ya no quiere ir a la cárcel, y cambia otra vez su versión, mintiendo ante el juez o jueza para negar su declaración anterior y afirmando que fue torturado.

2) La persona detenida no quiere incriminarse ni ir a la cárcel. Declara bajo tortura (u otra forma de coacción), en un país en el que la tortura sigue siendo una práctica generalizada utilizada precisamente para coaccionar declaraciones,12 tal como ha sido documentado en un sinnúmero de casos anteriores.

El primer escenario resulta difícil de creer a simple vista. El segundo escenario resulta acorde con un patrón ampliamente documentado. En estas circunstancias, una denuncia de tortura como medio de producción de pruebas ilícitas difícilmente se podría descartar sin tomar la acción básica requerida por el derecho internacional: pedir a la parte que presenta la prueba —al Ministerio Público— que justifique su origen lícito. Esto significa, inter alia, que la representación social explique y demuestre ante la autoridad judicial qué circunstancias o qué línea de investigación le llevó a detener o acusar a la persona imputada, o a descubrir la prueba cuestionada.

Al mismo tiempo, la autoridad judicial ordenará diligencias para buscar posibles evidencias físicas o periciales de tortura, y la persona denunciante podría presentar otras, o podría señalar contradicciones o irregularidades en los partes informativos o declaraciones que tienden a demostrar que la versión del Estado no es cierta.

En todo caso, la modificación de la carga de la prueba prevista en la Ley General significa que incluso en ausencia de pruebas de la comisión de tortura, corresponde al MP brindar y fundamentar una versión lógica y creíble de cómo llegó, sin coacción, a la prueba sospechosa en cuestión. Si la versión oficial no cumple estos requisitos (carece de lógica al seguir el guion del escenario #1 descrito supra, incluye saltos inexplicables a descubrimientos importantes de pruebas, carece de elementos para demostrarse, etc.), el MP no ha justificado la licitud de la prueba.

Habida cuenta de todo lo anterior, volvemos a la segunda tesis aislada del Pleno. Dicha tesis, lejos de referir los estándares y carga de la prueba aplicable a cada vertiente de la tortura de forma separada, aborda las dos vertientes de manera confusa:

[E]l alegato de la comisión de un acto de tortura dentro de un proceso penal, tendrá como efecto la realización de una investigación que permita determinar su existencia y sancionar a los responsables, lo que genera consecuencias dentro del mismo proceso por violaciones a derechos humanos y la apertura de una investigación criminal por la comisión del delito de tortura, lo que significa que la denuncia de actos de tortura, por sí misma, no lleva a terminar con el proceso penal del que sea parte la persona que alega haberla sufrido, sino a investigar los hechos y sancionar a los responsables, para lo cual deberá generarse un registro fiable, preciso y detallado de los acontecimientos, que tome en cuenta la situación personal y la condición médico-psicológica del individuo. En ese sentido, la falta de exámenes médicos y psicológicos o de otra índole a la víctima, cuando resulten esenciales para determinar la actualización de actos de tortura, genera impunidad, pues impide conocer su existencia y, por ende, su investigación y persecución. Así, la negativa del quejoso a practicarse los exámenes mandatados por el juzgador de amparo, suprime la posibilidad de constatar la actualización de actos de tortura, debido a que no es posible para la autoridad judicial determinar su existencia. [Énfasis del autor]

La tesis alterna entre frases asociadas con la investigación penal de la tortura, y otras que hacen referencia a los efectos de la tortura dentro del proceso penal sin hacer mención alguna al deber del MP de demostrar la licitud de la prueba. En suma, esta tesis parece desconocer la línea argumentativa que ha construido la SCJN en el tratamiento de la tortura, lo cual, en el contexto nacional, puede generar consecuencias nefastas en perjuicio de las víctimas.

Conclusión

La Suprema Corte, con o sin Ley General contra la tortura, debería ser la primera institución interesada en sentar precedentes claros para guiar a los poderes judiciales del país en la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura. Este tema no es menor: en una encuesta13 realizada por Inmujeres a los Tribunales Superiores de Justicia de las 32 entidades federativas, ante la pregunta: “Su institución ha actuado con debida diligencia para prevenir tortura”, solamente 15 de los Tribunales Superiores de los estados contestaron que “sí”; 14 contestaron que “no”, mientras otros 3 prefirieron no responder.

Si la SCJN no es capaz de trasladar al Ministerio Público la exigencia mínima de que justifique sus propias pruebas sospechosas, podemos concluir que el liderazgo que alguna vez caracterizaba a la Corte en el tema de exclusión de pruebas ilícitas quedó en el pasado. Hacemos un llamado enérgico a que dicho liderazgo —o cuando menos, el cumplimiento de las normas aplicables— pronto vuelva a caracterizar al máximo tribunal.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Twitter: @CentroProdh


1 Cfr. Carreón, Gabriela y Luis Tapia. Ayotzinapa, cuando la tortura aleja la verdad. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CENTRO PRODH) en “Derecho a la verdad en México”. Article 19, México, 2018, pp. 136 171.

2 Cfr. Doble injusticia, Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018.

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2017, Capítulo V, SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CIDH EN EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN MEXICO, párr. 87.

4 El artículo transitorio segundo de la misma norma también aclara: “Aquellas personas, sentenciadas o procesadas, cuyas pruebas presentadas en su contra, carezcan de valor probatorio, por haber sido obtenidas directamente a través de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos, podrán interponer los recursos e incidentes correspondientes”.

5 Se trata de los amparos directos en revisión 6160/2016, 5391/2015, 6295/2015, 6086/2016 y 7372/2016. En las ejecutorias, la SCJN reitera, por un lado, la obligación que había reconocido en tesis anteriores de excluir toda prueba obtenida bajo tortura. Sin embargo, afirma simultáneamente que las únicas pruebas que pueden tener un impacto en el proceso penal para propósitos de la exclusión son pruebas autoincriminatorias (casi siempre hace esta afirmación de manera absoluta, aunque en ocasiones refiere que se trata de una regla general). El resultado es que, al leer las ejecutorias, no se entiende cómo los dos principios pueden coexistir.

6 Incidente de inejecución de sentencia 290/2016, derivado del juicio de amparo directo 463/2015.

7 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, Adición, Misión a México, 29 de diciembre de 2014, A/HRC/28/68/Add.3, párr. 40.

8 Id., párr. 41.

9 Arts. 33-49, 53-54.

10 Arts. 50-52.

11 Art. 51.

12 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, Adición, Misión a México, 29 de diciembre de 2014, A/HRC/28/68/Add.3, Resumen. Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, México, 17 de febrero de 2017, A/HRC/34/54/Add.4, párr. 21.

13 Noveno informe periódico del Estado mexicano ante el Comité CEDAW, Anexo 24bis, p. 14, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1171&Lang=en.

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La criminalización de la protesta social

La criminalización de la protesta social y los derechos humanos que se materializan en su ejercicio, como la libertad de expresión y reunión, se basa en el uso perverso del sistema de justicia penal para responder a los conflictos sociales. Con frecuencia, las personas que lideran o participan en manifestaciones para expresar oposición o disenso frente a decisiones estatales enfrentan agresiones, detenciones arbitrarias, en algunos casos seguidas de procesos penales injustos.

El uso del derecho penal como forma de responder y limitar de manera arbitraria y desproporcional en contextos de manifestaciones y frente al ejercicio de la libertad de expresión, es un fenómeno recurrente a lo largo de la historia y que muestra características similares en América Latina. Así fue documentado por organizaciones de ocho países de la región que señalaron que “el repertorio de tipos penales usados para criminalizar a la protesta es semejante en los diferentes países. Además, proliferaron […]reformas legales que incluyeron la creación de nuevos tipos penales, el aumento de las penas, la creación de agravantes y la flexibilización de las garantías procesales.”1

De acuerdo con Rodrigo Uprimmy, existen diferentes tipos de riesgo de criminalización de la protesta a nivel de la tipificación de las conductas, a saber: 1) tipificación de conductas que en sí mismas no deberían ser objeto de tratamiento penal, al contener legítimos actos de protesta social (por ejemplo, sedición, ultrajes o incluso calumnia) 2) tipos penales ambiguos o con una dosis considerable de indeterminación que favorecen interpretaciones extensivas (por ejemplo, el delito de ataques a la paz pública o terrorismo), 3) tipos penales de conductas reprochables que son utilizados de manera excesiva o desproporcional al ocurrir en contextos de manifestación (por ejemplo, ataques a las vías generales de comunicación, delincuencia organizada, pandilla, daño en propiedad ajena).

De acuerdo con los principios que rigen el derecho penal, los tipos penales deben ser claros y precisos, de manera que expresen sin equívoco la conducta incriminada, deslindándola de otros comportamientos.2 Pero además, no deben establecer como reprochables conductas que de ser entendidas en un contexto democrático, derivarían en ejercicio legítimo de derechos, como puede ser la manifestación, reunión y participación. Así lo ha manifestado la CIDH al establecer que

…el uso indebido de leyes antiterroristas y otras leyes relativas a la seguridad del Estado en contra de defensoras y defensores bajo el pretexto de proteger la seguridad y el orden público, utilizando para ello tipos penales como sedición y terrorismo […]  estaría motivado por la tendencia actual en muchos países de asimilar a las y los defensores de derechos humanos, así como a los movimientos de protesta social con grupos terroristas o subversivos.”3

Por eso, incluso la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU recomendó “revisar o derogar la legislación nacional incompatible con las normas internacionales, en particular las disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita.”4

El caso de Raymundo y el “desempolvamiento” del delito político de sedición

A pesar de lo anterior, en México se sigue criminalizando la protesta social. La existencia de delitos como el de sedición (en el que nos centraremos en estas líneas), que por muchos años parecía solamente un mal recuerdo de regímenes autoritarios que consideraban como delito el rechazo a la autoridad, hacen posible que se revivan en situaciones de conflictividad social y que sean utilizados para detener arbitrariamente y procesar injustamente a personas como sucedió en el caso de Raymundo Pascual García,5 indígena ñhoñho, originario de San Ildefonso Tultepec, Municipio de Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro, que fue detenido arbitrariamente por policía estatal, en su domicilio, golpeado, asfixiado y amenazado de muerte, debido a su participación en una reunión comunitaria, celebrada el día anterior, en la que mostraba su preocupación y rechazo al gasolinazo.6

El caso de Raymundo reflejó la criminalización del derecho humano de reunión, la libertad de manifestación y la protesta social, a través del uso desviado del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que se tradujo en su detención arbitraria, su vinculación a proceso por el delito de sedición7 y posterior prisión preventiva, violando con ellos sus derechos a la presunción de inocencia, la libertad e integridad personales y la libertad de expresión. Este proceso desarrollado en un sistema penal que busca ser garantista y de corte adversarial, estuvo plagado de los peores vicios de un sistema penal inquisitivo: detención arbitraria declarada indebidamente de legal, tortura, presunción de culpabilidad, prisión preventiva oficiosa y uso desproporcionado de la justicia penal.

El 2 de marzo de 2017, la defensa de Raymundo logró la sustitución de la prisión preventiva por cuatro medidas cautelares. Sin embargo, una de las nuevas medidas impuestas le prohibió participar en reuniones y manifestaciones, es decir, una jueza de control restringió ilegalmente el derecho de Raymundo de mostrar disenso público bajo el apercibimiento de revocar su libertad.

Por otra parte, frente al auto de vinculación a proceso dictado por el delito de sedición, su defensa presentó juicio de amparo indirecto el cual confirmó el ilegal auto, por ello, se presentó una revisión de amparo. El 13 de julio de 2017, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Querétaro, resolvió amparar a Raymundo para efectos de dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso, así como las medidas cautelares accesorias a éste, y, ordenó dictar nueva resolución que colmase las violaciones a los derechos humanos. El Tribunal Colegiado sostuvo que:

[…]el acto reclamado resulta violatorio de los derechos y libertades fundamentales del quejoso, pues la Jueza responsable estableció los elementos del hecho que la ley señala como delito de sedición sin haber tenido en consideración ni por ende, ponderado debidamente, el contenido íntegro del discurso de protesta enarbolado públicamente por el quejoso, en aras de apreciar si sus expresiones y acciones podrían encontrar o no respaldo constitucional en las citadas libertades de manifestación de la opinión o de las ideas, petición y asociación. [Resaltado del autor]

A pesar de lo positiva que fue la resolución, Raymundo tuvo que seguir luchando contra el sistema de justicia, pues la Jueza de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Amealco de Bonfil declaró insubsistente el auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares pero dejó vigente la orden de aprehensión. Por lo que Raymundo, con el acompañamiento legal del Centro Prodh, presentó un escrito argumentando que la Jueza estaba cumpliendo de forma parcial la sentencia del tribunal colegiado. Por esa razón, el Juez de Distrito declaró incumplida la sentencia. En acatamiento de dicha sentencia, el 2 de octubre, la Jueza de Control declaró cancelada la orden de aprehensión. Ello significó el fin del uso desproporcionado, innecesario y arbitrario del sistema penal para restringir la libertad de expresión de Raymundo.

Una buena interpretación del Poder Judicial

Ahora bien, la decisión adoptada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa de Querétaro al resolver el amparo en revisión 133/2017, además de significar gratamente la recuperación de la libertad que injustamente le arrebataron a Raymundo, derivó en la adopción de 5 tesis aisladas. Una de ellas relacionada con la necesidad de revisar la constitucionalidad y convencionalidad de la ejecución de una orden de aprehensión, a través de una audiencia de control de la detención en el sistema penal acusatorio y no sólo cuando se trata de detenciones provenientes de caso urgente o flagrancia,8 y cuatro tesis más relacionadas con el análisis del delito de sedición.9 A continuación, retomamos la línea de argumentación que identificamos en las tesis relacionadas con el delito de sedición (aplicables también para otros delitos político) y que constituyen una guía de actuación judicial:

• Tomar en cuenta el momento histórico en el que surgieron delitos como el de sedición, asociado a contextos autoritarios en los que cualquier forma de disenso con el régimen o la monarquía imperante era castigada con cárcel, a fin de realizar un ajuste razonable de las normas penales antiguas que sean acordes con una sociedad que se considera democrática, partiendo de entender el reclamo y la protesta de manera progresista, para que lejos de castigarse se respete, garantice y proteja.

• La importancia de identificar el contexto en el que supuestamente se comete la conducta delictiva al momento de realizar una ponderación entre el reclamo o resistencia y la respuesta de la autoridad, considerando incluso que puede tratarse de un legítimo de ejercicio de derechos (como los es la manifestación y la protesta social) y, por lo tanto, se actualizaría una causa de exclusión de delito.10

• La relevancia de entender el conflicto social, el desacuerdo o el disentimiento como características inherentes a las sociedades plurales, por lo que en una sociedad democrática, el Estado tiene la obligación de realizar un esfuerzo serio, objetivo y probado, con disposición institucional previa para entablar un diálogo en término similares al derecho a la consulta, antes que emplear la fuerza o el derecho penal frente a expresiones de resistencia.

• La trascendencia de analizar y aplicar el delito de sedición (como delito político) a través de los principios de interpretación conforme y pro persona en función del parámetro de regularidad constitucional, entendiendo que el sujeto activo de este delito suele ser una persona o un grupo de personas que ejercen derechos y libertades asociadas con la protesta social, es necesario que el órgano jurisdiccional utilice un parámetro de racionalidad y de menor intervención posible.

• El Tribunal Colegiado envió un mensaje a los jueces de control que revisan autos de vinculación a proceso en los que se imputan delitos políticos: el escrutinio normativo se eleva, por lo consiguiente el estándar fáctico y de prueba para demostrar la conducta es mayor que cuando se trata de delitos ordinarios. Es decir, los policías y las fiscalías adquieren un grado superlativo de carga probatoria para demostrar que las conductas cometidas en ejercicio de derechos humanos como el derecho de petición, de reunión, la libertad de expresión y de reunión actualizan el tipo penal que se está utilizando.

Las tesis analizadas constituyen un avance en la impartición de justicia y una interpretación progresiva del derecho humano a la libertad de expresión en sus modalidades de libertad de manifestación y protesta social. Los magistrados se separaron de criterios judiciales prevalecientes en gobiernos de corte autoritario y que incluso fueron utilizados en primera instancia al acusar a Raymundo al grado de que una de las medidas cautelares que le impusieron le prohibían ejercer los derechos que le fueron violentamente reprimidos, incompatibles en una sociedad que se dice democrática y colocando por encima de éstos una nueva línea interpretativa soportada en las obligaciones constitucionales de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Además, no debe perderse de vista que la acusación y detención de Raymundo, generó afectaciones no solamente para él y su familia, sino para la sociedad queretana pues existen otros casos de criminalización sucedidos en el estado en fechas cercanas a la detención de Raymundo, en los cuales el gobierno local utilizó tipos penales del mismo capítulo de delitos políticos del código penal en contra de luchadores sociales que manifestaban su oposición pública a medidas gubernamentales.

Sentencias e interpretaciones judiciales como las observadas en este caso, abren el debate sobre el tratamiento de este tipo de conductas y genera la posibilidad de romper el efecto inhibitorio que conlleva la criminalización no solo para quienes resienten directamente las detenciones arbitrarias y los injustos cargos penales sino para la sociedad en general que recibe el mensaje de que si protesta será violentamente reprimida y sometida a un proceso penal.

Por esa razón, adquiere preponderancia el papel del poder judicial en su rol de garante de derechos en los casos concretos, pero también de importante contrapeso frente al ejercicio del poder arbitrario y punitivo del Estado, lo que resulta indispensable para fortalecer un sistema democrático en el que existan instituciones judiciales independientes del poder legislativo y ejecutivo capaces de controlar la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad de sus actos.

No dejamos de señalar que mucho se ha dicho sobre los cambios procesales que implicó el tránsito a un sistema penal acusatorio (derivadas de la reforma constitucional que tuvo lugar en 2008), sin embargo, consideramos que dicho cambio normativo de carácter procesal, para cumplir su objetivo de generar un sistema garantista, debería incorporar también algunos cambios sustantivos que implicaría la revisión de los tipos penales bajo un esquema democrático. Por ello, consideramos que la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado debería ser la pauta que rija los debates legislativos en torno a una eventual creación de un código penal único, en el que la premisa sea expulsar del código sustantivo penal las conductas típicas de carácter político y que suponen una intervención excesiva y autoritaria del poder estatal, en particular, frente a la libre manifestación y protesta en tanto garantía social de exigencia de derechos.

En suma, celebramos el fallo judicial del Tribunal Colegiado y las tesis que emanaron de él, pues para Raymundo significó que se pusiera fin a la criminalización de la que fue víctima junto con su familia y la injusta acusación que se le hizo, pero también celebramos la sentencia en la medida que marca un estándar judicial progresista y novedoso, leyendo la aplicación de los delitos políticos a partir de un contexto diferente a aquél en que fueron concebidos, pero sobre todo poniendo en el centro el ejercicio de los derechos, como la libertad de expresión, manifestación, participación y protesta social y enviando con ello un fuerte mensaje al poder ejecutivo del estado de Querétaro, en el sentido de que no será admisible la utilización perversa del derecho penal para reprimir la demostración de disenso y resistencia.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.


1 Informe “Los estados latinoamericanos frente a la protesta social” coordinado por CELS, 2016.

2 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279.

3 CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, 2015, párr. 139.

4 ONU, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/13/66, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, 3 de marzo de 2010, párr. 48 y 85.

5 Centro Prodh, “Raymundo y el castigo a la libertad de manifestación”, Animal Político, 16 de octubre de 2017.

6 A raíz del anuncio sobre el alza en el precio de la gasolina que dio el gobierno federal al final el 2016 y que entro en vigor inicialmente el primero de enero de 2017, aunado al desabasto del combustible que generó afectaciones en diversas comunidades, principalmente afectando fuentes de trabajo y el derecho a la movilidad, se generó en diversas zonas del país un clima de inconformidad y rechazo a las medidas implementadas por el gobierno federal y las consecuencias que éstas estaban teniendo en la vida de las comunidades, generando un ambiente de movilizaciones, protestas

7 Delito de Sedición, contemplado en el artículo 247 del Código Penal del estado de Querétaro: A los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el Artículo 249 de este Código se les aplicará prisión de 1 a 6 años. A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición se les sancionará con prisión de 2 a 12 años.

8 CONTROL DE LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN. COMPRENDE LA DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN, EN ARAS DE PREVENIR SU REALIZACIÓN ARBITRARIA, CON TORTURA Y/O MALOS TRATOS (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO).

9 SEDICIÓN Y DELITOS CONTRA EL ESTADO. SU CONFIGURACIÓN COMO HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, EXIGE DEL OPERADOR JURÍDICO COMPRENDER SU ORIGEN HISTÓRICO Y SU ACTUAL PROYECCIÓN PROGRESIVA Y FUNCIONAL EN UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO. Registro No. 2 016 271. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 51, Febrero de 2018; Tomo III; Pág. 1554. XXII.P.A.13 P (10a.).

SEDICIÓN EN SU HIPÓTESIS DE RESISTENCIA. DADO QUE ESTE DELITO SUPONE EL CHOQUE DE FUERZAS, LA DE LOS PARTICULARES CONTRA LA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO, SU CONFIGURACIÓN EN UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO SUPONE PONDERAR LA RACIONALIDAD E INTENSIDAD DE CADA UNA, A FIN DE NO CRIMINALIZAR EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). Registro No. 2 016 269. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 51, Febrero de 2018; Tomo III; Pág. 1552. XXII.P.A.14 P (10a.).

SEDICIÓN. SU CONFIGURACIÓN CON BASE EN EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, EXIGE DEMOSTRAR LA PREVIA DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO A SEMEJANZA DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA. Registro No. 2 016 270. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 51, Febrero de 2018; Tomo III; Pág. 1553. XXII.P.A.15 P (10a.).

DELITOS POLÍTICOS O CONTRA EL ESTADO. EL ESTÁNDAR PARA EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, EXIGE NATURALMENTE LA PONDERACIÓN INTEGRAL Y CUIDADOSA DE LAS EXCLUYENTES DEL DELITO O CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. Registro No. 2 016 235. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 51, Febrero de 2018; Tomo III; Pág. 1409. XXII.P.A.12 P (10a.).

10 El artículo 15 del Código Penal Federal establece en su fracción VI como causa de exclusión la siguiente conducta: La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro;

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Cuando ocho personas vestidas de civil llegaron por Sergio Sánchez Arellano, el pasado 29 de marzo de 2010, nunca imaginó que no regresaría a casa. Esa noche se encontraba junto con su esposa vendiendo dulces fuera de su domicilio en ciudad Netzahualcóyotl y acomodando autos como habitualmente lo hacían para sobrevivir y mantener a sus cuatro hijos. Sin explicar razones ni mostrarle alguna orden de aprehensión o de detención por caso urgente o siquiera por haberlo sorprendido cometiendo un delito, se lo llevaron. Tiempo después supo que eran policías de ciudad de México y que le imputaban el delito de homicidio, ocurrido 27 días antes a las afueras de una concurrida estación de metro. En el lapso comprendido entre la detención y la puesta a disposición, e incluso en la agencia del Ministerio Público, fue golpeado. Sometido a malos tratos y amenazado para que se declarara culpable de un delito que no cometió. A pesar de ello Sergio no se autoinculpó.

En la versión contenida en el expediente, la detención se habría llevado a cabo el 30 o 31 de marzo de 20101 a las 22:30 hrs., 29 días después de ocurrido el delito, durante un rondín que la policía realizaba por la misma estación de metro donde se perpetró el homicidio, y derivado de un señalamiento de una mujer (RBS), quien en ese momento iba con ellos a bordo de su patrulla.

El 31 de marzo de 2010, el Ministerio Público emitió acuerdo por caso urgente con base en pruebas obtenidas en la propia detención, como la declaración de un agente policial y de RBS que lo señaló. Durante el plazo constitucional de 48 hrs., Sergio fue supuestamente reconocido —de manera ilegal— en una diligencia por la misma mujer sin que estuviese presente su defensor. En suma, de las aproximadamente 39 pruebas disponibles en el expediente, entre ellas dictámenes químicos, toxicológicos, de fotografía, etc., que únicamente acreditaban la existencia del homicidio pero no la culpabilidad de Sergio, las pruebas de cargo aportadas por el Ministerio Público fueron tres: a) la declaración de RBS realizada casi un mes después de sucedidos los hechos, b) la diligencia de reconocimiento ilegal realizada por RBS y c) la ratificación de lo anterior en la fase de instrucción. Es decir, todas las diligencias derivan de una testigo singular, pues habiendo más de un testigo de la comisión del delito, la imputación recayó en el dicho de sólo una de ellas.2 Asimismo, la declaración de la única testigo presentó serias inconsistencias.

A pesar de lo anterior, Sergio fue considerado penalmente responsable3 de la comisión del delito y condenado a 27 años y 6 meses de prisión, lo que fue confirmado en una sentencia de apelación.4 Ante ello, presentó la demanda de amparo respectiva acompañado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C.

El 9º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (TCC) fue el encargado del estudio y resolución del amparo directo 183/2016. En dicha sentencia se concluyó que la detención de Sergio fue ilegal y declaró ilícitas las siguientes pruebas: i) el informe y puesta a disposición relativo a la detención de Sergio; ii) los deposados ministeriales de sus agentes aprehensores; iii) la declaración ministerial de la testigo singular RBS; iv) la inspección ministerial de una navaja y un celular que supuestamente portaba Sergio; v) el dictamen pericial relativo a esa navaja; vi) la declaración ministerial de Sergio, así como vii) la diligencia de reconocimiento en la que la testigo singular RBS reconoció a Sergio, pues fue desahogada en ausencia de un defensor que asistiera a este último, es decir, en vulneración de su derecho a la defensa adecuada.

No obstante, el TCC consideró que las restantes pruebas eran suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Sergio. Con “las restantes pruebas” se refiere a una en concreto: la ampliación de declaración rendida por la testigo singular en la fase de instrucción. Además sostuvo que no estaba facultado para dilucidar sobre el estado de duda absolutoria o duda razonable pues dicho aspecto “solo atañe a los tribunales de instancia y no a los de amparo”. Con ello, concedió el amparo para el efecto de que la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictara otra resolución en donde se excluyeran las pruebas producto de la violación a la libertad personal y defensa adecuada, pero reiterando la acreditación del delito y la responsabilidad penal de Sergio. Es decir, no dejó libertad de jurisdicción a la Sala penal para que se pronunciara sobre la inocencia o no de Sergio. Con su sentencia, el Tribunal vulneró varios derechos humanos de Sergio, consagrados en la Constitución mexicana, así como en tratados internacionales.

Las graves irregularidades en torno al caso, originaron que la reconocida organización Amnistía Internacional iniciara su documentación, después de una revisión exhaustiva de su expediente concluyó la existencia de graves inconsistencias en las etapas de investigación policial, la acusación y la condena. Lo cual fue expresado así en su informe “Falsas Sospechas, Detenciones Arbitrarias por la Policía en México” publicado en Julio de 2017.5

Este miércoles 25 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolverá el amparo directo en revisión 7464/2016, cuyo proyecto de sentencia está a cargo de la ministra Norma Piña Hernández. El asunto, según se advierte del archivo disponible en la página de la Corte,6 cumple con los requisitos de procedencia, es decir, identifica dos problemas de constitucionalidad relacionados con el derecho a la defensa adecuada y al principio de presunción de inocencia, que resultan de importancia y trascendencia para que la Corte defina el alcance, contenido y estándares en la materia.

Ahora bien, ¿cuáles son los problemas prácticos que se derivan de la sentencia dictada por el 9º Tribunal Colegiado y por qué la ponencia de la ministra considera que deben ser resueltos? Respecto el derecho a la defensa adecuada, el proyecto sostiene que el TCC realizó una interpretación restrictiva, pues no comprendió todos los alcances que la Suprema Corte ha establecido sobre la falta de asistencia técnica adecuada durante una diligencia.

En el amparo directo de origen, el 9º TCC afirmó que la exclusión de prueba derivada del reconocimiento ilegal por ausencia de defensa adecuada no alcanzaba a la ampliación de declaración de la testigo singular RBS rendida en etapa de instrucción pues constituye fuente independiente por la única razón de haber sido realizada ante autoridad judicial, no obstante que en esa ampliación la testigo se limitó a reiterar lo que había sostenido en el reconocimiento ya declarado ilegal.

Frente a ello, el proyecto sostiene que “el reconocimiento o identificación del imputado de manera presencial en el procedimiento penal [tiene como consecuencia] la nulidad de la identificación en que la persona imputada no estuvo asistida por su defensor” y ese efecto también lo tienen las subsecuentes que se derivan de ello debido a la ilicitud de la de origen.7 Por lo tanto, la medida de reparación propuesta por el proyecto es extender la declaratoria de ilicitud a las subsecuentes diligencias y declaraciones que provienen de la primigenia declaración ilegal, incluyendo la declaración de la testigo singular.

Consideramos que el criterio definido por el proyecto es coincidente con la conceptualización de fuente independiente, pues un reconocimiento sin presencia del defensor acarrea además de su propia ilicitud, la afectación a posteriores reconocimientos aun cuando éstos se introduzcan en forma de testimonio y en sede judicial. Lo anterior reafirma la necesidad de efectivizar la exclusión probatoria cuando tiene origen ilícito, toda vez que aquellas pruebas con estos vicios pueden permear otros elementos probatorios y así continuar causando perjuicio a pesar de que su fuente original ha quedado aparentemente fuera de cualquier valoración posible. La reproducción de porciones de esos reconocimientos indudablemente genera impactos que deben ser eliminados a fin de que el juzgador pueda claramente decidir desprendiéndose de cualquier rastro de violación a los derechos humanos, aunque se reproduzca bajo la formalidad de otra prueba.

Respecto el principio de presunción de inocencia el proyecto realiza un recorrido por los precedentes y criterios de la Suprema Corte donde ha interpretado dicho principio, así como de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para concluir que el TCC se apartó de dicha doctrina.

Afirma que los tribunales de amparo sí pueden verificar si en un caso existen elementos probatorios para considerar que se actualiza una duda razonable. Ese ejercicio implica verificar el cúmulo probatorio y detectar situaciones donde se justifica una duda sobre la responsabilidad penal del acusado.8 La actuación del TCC en el presente caso, no satisfizo los parámetros de la Suprema Corte al no realizar el ejercicio de confrontación de las pruebas de cargo con la de descargo y así generar convicción sobre la culpabilidad más allá de duda razonable y, consecuentemente, sostener que la hipótesis de inocencia se había enervado, es decir, existió una ausencia de confirmación de la hipótesis de acusación y de la defensa.9

El anterior ejercicio resulta valioso en ánimos de ampliar los criterios en materia de presunción de inocencia y estándar probatorio. A su vez, las lecciones de precedentes nos han enseñado que el camino en este aspecto no ha concluido, pues la práctica en casos concretos demuestra que los estándares en materia de presunción de inocencia corresponden a una interpretación constitucional que requiere un ejercicio de constante examinación y desarrollo. En el caso, la definición que hace el proyecto dota de claridad sobre las funciones y atribuciones ineludibles de los tribunales de amparo en situaciones donde existen pruebas de descargo capaces de actualizar una duda absolutoria, girando los reflectores a un terreno que muchas veces es ignorado. Es decir, el de las pruebas de descargo que reafirman una hipótesis incompatible con la acusación pero que son obviadas bajo el argumento de que existe suficiencia de aquellas pruebas consideradas para la acusación o de cargo.

En suma, la resolución de un amparo directo en revisión implica, debido a su naturaleza constitucional, un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte sobre dos derechos humanos angulares en los procesos penales cuya interpretación bajo los estándares plasmados en el proyecto generarán importantes directrices para los juzgadores, definiendo de forma correcta mínimos adecuados para la impartición de justicia. Ello, sin duda, influiría al mismo tiempo sobre aspectos esenciales para el proceso de Sergio Sánchez Arellano, pues significaría que el TCC corrigiera las deficiencias de su anterior decisión, las cuales tuvieron como consecuencia que permanezca detenido por un delito que no cometió, por lo que él, su familia y sus representantes esperan que la Corte resuelva de conformidad con el proyecto propuesto.

El ejercicio abstracto de un amparo directo en revisión nos lleva a la correcta y armónica interpretación de la Constitución, pero la perspectiva que mira hacia las personas involucradas en procesos penales injustos nos puede llevar a la justicia.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Twitter: @CentroProdh


1 Existen inconsistencias sobre la fecha de detención, pues no son coincidentes según diversas constancias del expediente.

2 La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre testigo singular en el Amparo Directo 14/2011, resuelto el 9 de noviembre de 2011 por la Primera Sala.

3 Sentencia de 10 de marzo de 2011, dictada por la Jueza Cuadragésimo Octavo Penal en el Distrito Federal en la causa penal 73/2010.

4 Sentencia de 13 de julio de 2011, dictada por la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca penal 71/2011.

5 Amnistía Internacional, “Falsas Sospechas, Detenciones Arbitrarias por la Policía en México”, 13 de julio de 2017, disponible en: http://bit.ly/2yQszZN

6 Disponible en: http://bit.ly/2zCmZaM

7 Proyecto de resolución del amparo directo en revisión 7464/2016, pág. 3, disponible en: http://bit.ly/2zCmZaM

8 Proyecto de resolución del amparo directo en revisión 7464/2016, pág. 19, disponible en: http://bit.ly/2zCmZaM

9 Proyecto de resolución del amparo directo en revisión 7464/2016, pág. 20, disponible en: http://bit.ly/2zCmZaM

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El 7 de febrero de 2014, las vidas de Taylín Narda Meylín Clotet Wang, mujer de nacionalidad peruana, y de su familia, fueron violentamente trastocadas por elementos de la Policía Federal mexicana, quienes allanaron ilegalmente su casa en horas de la madrugada. Taylín fue retenida durante más de 10 horas, antes de ser llevada ante el agente del Ministerio Público Federal. Durante este tiempo fue sometida a tortura sexual.1

Después de su puesta a disposición, la tortura continuó en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Ahí, el Ministerio Público y Policías Federales Ministeriales generaron pruebas con el objetivo de incriminarla en delitos muy graves que ella no cometió, incluyendo una acusación por secuestro que la mantiene hoy en prisión.

Entre las pruebas de cargo que las autoridades sostienen contra Taylín se incluyen dos supuestos reconocimientos de voz. Decimos “supuestos” porque el Ministerio Público indujo a dos testigos para que señalaran a Taylín. Es decir, lejos de realizar una prueba de reconocimiento de voz o de personas siguiendo las reglas procesales desarrolladas para tal fin, confrontó la voz de Taylín con las voces de cinco hombres, sin presencia de la defensa. A partir de esto, ella fue señalada ilegalmente.

En ese sentido, los códigos procesales han establecido requisitos mínimos que una diligencia de reconocimiento debe seguir, entre otras que la persona imputada se muestre a la víctima o testigo con otras personas de similares características, lo cual es aplicable al reconocimiento de voz. Hacerlo de modo distinto se convierte en una inducción de las víctimas o de los testigos, lo cual es inadmisible y vulnera el derecho al debido proceso. A su vez, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte se establece que el derecho a la defensa adecuada implica la comparecencia del defensor en aquellas diligencias en las que, de no estar presente, se cuestionaría o se pondría en duda la certeza jurídica y el debido proceso en perjuicio de la persona imputada.

En el caso concreto, la supuesta identificación efectuada a Taylín sin la presencia del defensor se tradujo en falta de certeza jurídica en cuanto a que efectivamente se hayan presentado los testigos o denunciantes, que la hayan reconocido y que hayan sido inducidos al efecto. Ello, sin duda, generó una violación a su derecho humano a la defensa adecuada y al debido proceso.

Peor aún, en la misma SEIDO, los coprocesados de Taylín fueron torturados con el objetivo de que se autoincriminaran e inculparan al resto de los detenidos, incluida la propia Taylín. No obstante, en su primera declaración ante un juez federal, los coprocesados denunciaron la tortura que sufrieron, desconocieron su declaración rendida ante autoridades de la SEIDO y señalaron que habían sido obligados a firmar un testimonio que no era propio.

Las relatadas pruebas, sumadas al parte informativo de puesta a disposición, en el cual los policías federales afirmaron que Taylín no fue detenida en su casa mientras dormía sino en un lugar totalmente distinto,2 fueron la base para que un juez federal dictara un auto de formal prisión que hasta hoy la mantiene sujeta a proceso y en prisión preventiva.

El auto de procesamiento ha sido impugnado judicialmente en diversas ocasiones; actualmente, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en ciudad de México, está por resolver el amparo en revisión 46/2016, que debe decidir si fue correcta la determinación de sujetar a proceso a Taylín y si diversas instancias de la justicia federal han cumplido sus obligaciones jurisdiccionales al confirmar el citado auto.

Al resolver el amparo en revisión, que tendrá fuertes implicaciones para la vida de Taylín y la de sus dos hijas e hijo, el Tribunal Colegiado se pronunciará a su vez sobre diversas obligaciones del Estado mexicano y, en especial, en materia de la prohibición absoluta de la tortura, del derecho al debido proceso, del derecho a ser juzgado a partir de pruebas lícitas y del derecho a la libertad personal.

En relación a la tortura, desde el año de 1944 la Suprema Corte abordó someramente su existencia; sin embargo, no fue hasta el año 2009 cuando empezó a delinear el contenido de la prohibición de dicha grave violación a derechos humanos y a referirse a algunas obligaciones jurisdiccionales para prevenir su práctica, por ejemplo: “prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador”.

En esa misma línea, en el año 2013, la Primera Sala de la SCJN profundizó en las obligaciones jurisdiccionales en torno a la tortura a partir del caso Israel Arzate. En diversas tesis, provenientes de la resolución del mencionado caso, la Primera Sala afirmó que la tortura tiene una doble dimensión: de delito y de violación a derechos humanos. Y que la gravedad de su comisión actualiza la necesidad de realizar un análisis judicial bajo una categoría especial siguiendo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, reiteró que “cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma”.

Vale destacar que las tesis citadas provinieron de la resolución del amparo en revisión 703/2012, atraído por la Suprema Corte y que versaba sobre un auto de vinculación a proceso. Es decir, la Primera Sala de la Corte no reparó en la naturaleza del amparo que estaba resolviendo o sobre la etapa procesal de que se trataba para afirmar, con toda claridad, qué obligaciones jurisdiccionales se actualizan cuando se está ante un caso de tortura, ya sea que se resuelva un amparo directo o un amparo indirecto.

Posteriormente, la Corte ha continuado delineando las consecuencias jurídicas de la tortura en diversas tesis aisladas y de jurisprudencia, en la mayoría de los casos al resolver amparos directos en revisión. Sin embargo, dicha circunstancia de ninguna manera se traduce en que la exclusión de pruebas provenientes de la tortura o de cualquier otra violación a derechos humanos deba realizarse de modo distinto dependiendo del tipo de juicio de garantías de que se trate. Por ejemplo, al resolver el amparo directo en revisión 913/2015 (ADR 913/2015), la Primera Sala de la Suprema Corte estableció lo siguiente:

En el caso de que esté en posibilidad de afirmarse existencia de la tortura, ello hace innecesario aperturar una investigación adicional en el propio proceso penal, por lo que al decidir la situación jurídica del procesado tendrá que analizar si dicha violación a derechos humanos tuvo un impacto en la generación, introducción o desahogo de pruebas incorporadas a la causa penal, porque de ser así tendrá que aplicar las directrices de exclusión de probatoria de la prueba ilícita.

En efecto, la Primera Sala estimó que es posible proceder a excluir prueba ilícita en el escenario en el que pueda afirmarse que efectivamente se cometió la tortura, sin necesidad de iniciar una investigación adicional. Asimismo, ha realizado una distinción entre el estándar de prueba exigido para acreditar la tortura como delito y como violación a derechos humanos. Así, en el ADR 913/2015 concluyó que la sola demostración de la afectación a la integridad personal bastará para tener por acreditada la tortura, sin necesidad de que se identifique a los perpetradores como es exigido en el caso de la acreditación de la tortura como delito.3

De este modo, es posible aplicar dicha interpretación a la resolución de un amparo directo o, en su defecto, a un amparo en revisión, puesto que con independencia de la etapa procesal en la que el órgano jurisdiccional resuelva un alegato de tortura, se encuentra constreñido a seguir los parámetros constitucionales y convencionales a fin de reafirmar la prohibición absoluta de esta abominable práctica.

Por otro lado, la invalidez de las declaraciones de los coprocesados de Taylín, rendidas ante el Ministerio Público, tiene sustento en lo establecido por la Primera Sala dentro de  las tesis 1a. /J. 142/2011 (9a.) y 1a. CCXXXV/2015 (10a.), que de manera contundente señalan que es constitucionalmente inadmisible -por ser violatorio al principio de igualdad de las partes y al derecho de defensa adecuada y, por tanto, al debido proceso- trasladar de manera automática al juicio penal las diligencias recabadas por el Ministerio Público durante la averiguación previa. La excepción contemplada por la Suprema Corte para que la declaración ministerial sea considerada como prueba en la causa penal es que sea ratificada en sede judicial, lo que en el caso de Taylín no solamente no sucedió, sino que, además, sus coprocesados se retractaron de sus declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, tanto en declaración preparatoria como en ampliaciones de declaración y careos procesales.

Finalmente, el parte informativo elaborado por los elementos aprehensores se realizó mediante la detención arbitraria de Taylín, el allanamiento de su domicilio, actos de tortura y retención indebida, todas ellas acciones ilícitas que han sido corroboradas a través de las declaraciones de testigos presenciales, así como las declaraciones de Taylín y de su esposo. En cuanto a la tortura, se cuenta además con dictámenes de integridad física que asientan la existencia de diversas lesiones. Por todo ello es posible afirmar que el parte informativo es también una prueba ilícita, resultado de violaciones a derechos humanos, que debe ser excluida del caudal probatorio.

El Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito está en condiciones de ceñirse a la interpretación que ha sido desarrollada ampliamente por la Suprema Corte, en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de tortura, de libertad personal y de debido proceso, al resolver el amparo en revisión 46/2016. Al mismo tiempo, este Tribunal podrá afectar positivamente la vida de Taylín y la de su familia en su búsqueda de justicia, puesto que su fallo podría traducirse en su libertad.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C.
Twitter:
@CentroProdh


1 El 3 de mayo 2017, Taylín se sumó a la Campaña Rompiendo el Silencio, Todas Juntas contra la Tortura Sexual, iniciativa impulsadas por un grupo de sobrevivientes de tortura sexual junto con diversas organizaciones de derechos humanos. El comunicado completo puede consultarse en la siguiente dirección: http://bit.ly/2yUY2a0

2 Sin embargo, dicha versión ha sido contradicha por vecinos, el hijo de Taylín, sus hijas y ella misma, reafirmando que fue privada de la libertad en horas de la madrugada y sometida a tortura en su casa y no en el lugar donde los elementos aprehensores señalaron.

3 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo Directo en Revisión 913/2015. Resuelto en sesión del 28 de octubre de 2015. Párrafo 141.

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Tres mujeres hñähñú originarias de los estados de México y Querétaro fueron víctimas de un encarcelamiento injusto a partir del 3 de agosto de 2006K; elementos de la Agencia Federal de Investigación (hoy Policía Federal Ministerial), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), fabricaron pruebas y reunieron tres calidades procesales distintas en una misma averiguación previa: fueron supuestas víctimas, testigos e investigadores.

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Después de su detención arbitraria, bajo engaños, Jacinta, Alberta y Teresa no tuvieron acceso a un intérprete por lo que no pudieron saber los motivos de su detención y, a partir de pruebas fabricadas, permanecieron más de tres años en prisión preventiva. Posteriormente, un Juez de Distrito las condenó a 21 años de prisión y a 90 mil pesos de multa.

En el caso de Jacinta, fue necesario que un tribunal unitario ordenara la reposición del procedimiento para que los agentes federales se carearan con testigos. Luego, la propia PGR presentó conclusiones de no acusación en su favor para provocar su libertad, el 15 de septiembre de 2009.

Al tiempo que la PGR se desdecía de la acusación contra Jacinta, acusaba por segunda ocasión a Alberta y a Teresa. El juez de distrito correspondiente las condenó nuevamente. Frente al clamor de justicia de las mujeres otomíes, acompañado de organizaciones y de la sociedad en general, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el recurso de apelación interpuesto y ordenó su inmediata libertad el 28 de abril de 2010.

Pero la historia de las indígenas hñähñú no terminó ahí; en demandas separadas exigieron una reparación del daño a la PGR por medio de un mecanismo legal novedoso en esos años: la responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 109, último párrafo, de la Constitución. En los tres procedimientos, la dirección de juicios federales de la propia institución desechó la demanda puesto que consideró que sus funcionarios habían actuado de modo regular y, en todo caso, no existía nexo causal entre un eventual daño producido y la conducta desplegada por los agentes federales y el agente del ministerio público.

Frente a ello, en marzo de 2013, el Centro Prodh inició -en representación de Jacinta, Alberta y Teresa- juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) y alegó que la PGR no había sido congruente y exhaustiva en su sentencia, vulnerando su derecho a la impartición de justicia. Por esa razón, solicitamos a este tribunal, que revocará las sentencias dictadas, que se avocara al conocimiento del estudio del caso y ordenara que fuera reparado el daño a las tres mujeres indígenas.

En procesos y sentencias separadas, el TFJFA ordenó a la PGR que se disculpara públicamente con Jacinta, Alberta y Teresa, que reconociera su inocencia y que las indemnizara por el daño moral y material que sufrieron como consecuencia del actuar irregular de servidores públicos de la PGR. Este tribunal, básicamente, estimó irregular la deficiente valoración y consignación de la averiguación previa que dio vida al injusto proceso penal seguido en contra de las tres indígenas a partir del universo de prueba disponible: la causa penal, la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las conclusiones de no acusación en el caso de Jacinta, la sentencia de apelación emitida por la Primera Sala de la SCJN en los casos de Alberta y Teresa, así como peritajes antropológicos elaborados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras.

La PGR se mostró inconforme con las decisiones que le condenaban y presentó recursos de revisión fiscal e incluso solicitó a la SCJN que atrajera los casos y revocara las sentencias del TFJFA. No obstante, todas las sentencias quedaron firmes y este 21 de febrero de 2017, el actual titular de la PGR cumplió cabalmente con las sentencias. Es decir, se disculpó públicamente con las mujeres hñähñú, reconoció públicamente su inocencia y las indemnizó.

El acto del pasado martes fue un evento inédito puesto que la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia fue ordenado por un tribunal nacional, fue encabezado por el titular de la institución que violó los derechos humanos de Jacinta, Alberta y Teresa y, además, implicó la implementación de una medida de reparación vinculante que no estaba sujeta a la aceptación o discreción de la autoridad. De esta manera, se sentó un precedente a fin de que víctimas de encarcelamiento injusto, acudan a la vía de responsabilidad patrimonial del Estado como forma de exigir una reparación integral del daño.

Sin embargo, y es por demás relevante subrayarlo, la SCJN ha puesto en riesgo esta vía en ciernes al resolver el amparo directo 6/2016, debido a que siguiendo esta sentencia emitió diversos criterios, entre los que se destacan las tesis aisladas 2a. CIX/2016 (10a.) y 2a. CVII/2016 (10a.), en los que afirmó fundamentalmente lo siguiente:

…el daño reclamado por el particular consistente en la privación de su libertad es una resolución estrictamente jurisdiccional y, por ende, la lesividad que en todo caso derivó de la orden de aprehensión y del auto de formal prisión dictados dentro de la causa penal son determinaciones que se encuentran fuera del ámbito del sistema de responsabilidad patrimonial, al relacionarse con funciones materialmente jurisdiccionales.

Además, la Segunda Sala de la SCJN sostuvo que una sentencia condenatoria “…sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia del derecho a la defensa adecuada permita refutar las pruebas aportadas por las partes. Asimismo, indicó que atendiendo a la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial “…la actividad administrativa irregular debe concebirse como aquella que se genera excepcionalmente, y que la irregularidad de la conducta no debe vincularse con su ilicitud”.

Estas posiciones nos preocupan y, desde nuestra perspectiva, indican que la Segunda Sala de la SCJN rehúye su función de garante de derechos humanos, por las siguientes razones:

a) Afirmar que la privación de la libertad es un acto puramente jurisdiccional se aleja de la realidad de nuestro sistema jurídico y de la práctica constante de los cuerpos policiacos en México. Es decir, de las tres causas de detención previstas en la Constitución mexicana, sólo una se refiere a la ejecución de una orden –judicial- de aprehensión, en tanto que las demás ocurren fuera de esta intervención: la detención en flagrancia –un supuesto en el que ocurren la mayoría de las detenciones en México- y; por caso urgente, en virtud de una orden ministerial. En esa medida, las afirmaciones de la Segunda Sala dejan abierta la puerta a que se cometan detenciones arbitrarias sin consecuencias para las autoridades y sin que las personas puedan solicitar una reparación integral del daño.

b) Por otra parte, nos parece que amparar a las privaciones de libertad como actos estrictamente jurisdiccionales no les reviste de legalidad por ese solo hecho, sino que abre la puerta a la impunidad en los casos donde personas han sido injustamente condenadas por error judicial, por ejemplo. En ese sentido, la Segunda Sala se rehusó a realizar un control de convencionalidad a propósito del contenido del artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece puntualmente: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.

c) También realizó una inexacta interpretación de la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial con la cual revirtió la razón de ser de la ley, pues lo que motivó el nacimiento del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado fue la complejidad que conllevaba para las personas, demostrar la actuación ilícita (subjetiva) de un funcionario. Es decir, cuando se afirmó que la irregularidad de la conducta no debía vincularse con la ilicitud, el legislador se refería a que no era necesario demostrar el actuar ilícito para afirmar que se actualizaba la actividad irregular. En el dictamen del Senado del 6 de diciembre de 2001, relativo a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial se señaló: “…siempre que la actividad del Estado cause daño a los particulares, se estará en presencia de una actividad administrativa irregular.”1 En otras palabras, lo que se buscaba era construir un sistema amplio de responsabilidad a fin de hacerse cargo de los actos irregulares e impunes del Estado.

Finalmente, si lo que se busca es garantizar que casos como los de Jacinta, Alberta y Teresa no se repitan, la SCJN y otros tribunales nacionales deberán tomar en cuenta el parámetro de control de regularidad constitucional con el objetivo de ampliar el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado para que las conductas irregulares de los tres poderes estén amparadas bajo dicha ley. Al menos en el ámbito jurisdiccional, la Convención Americana de Derechos Humanos es muy clara y establece el derecho a indeminización por  error judicial de todas las personas en territorio mexicano, gracias a nuestro artículo 1º constitucional.

Centro Prodh. Equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. Twitter: @CentroProdh


1 DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en lo general y en lo particular, por 90 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Se turnó a las Legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales.

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En un país donde el uso de la tortura y los malos tratos son generalizados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juega un papel decididamente crucial en prevenir su práctica. En palabras del Relator Juan Méndez, los jueces deben “excluir de oficio cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura”1; lo cual fue reafirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en su informe sobre México.2

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Por ello, en el presente artículo expresaremos nuestra preocupación porque la práctica judicial mexicana no ha cumplido cabalmente su obligación de prevenir3 adecuadamente la tortura y, en específico, la SCJN ha rehuido a su papel de órgano que la da coherencia al orden jurídico mexicano omitiendo utilizar los mecanismos exclusivos de control que la Constitución mexicana le ha reservado.

El alegato de tortura como cuestión de importancia y trascendencia

Una de las facultades reservadas legal y constitucionalmente con exclusividad a la SCJN, es la de resolver los recursos de revisión en materia de amparo directo (ADR). De conformidad con los requisitos que la Constitución, la Ley de Amparo y el Acuerdo General 9/2015 del mencionado tribunal constitucional establecen, procede el recurso de revisión cuando se requiera i) pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de una norma; ii) interpretar un precepto constitucional o los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, y iii) la omisión de realizar lo anterior si fue planteado en la demanda. Adicionalmente, el problema de constitucionalidad debe implicar la fijación de un criterio de importancia y trascendencia lo cual se cumple siempre que la eventual sentencia dé lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional. Así, por ejemplo, la SCJN ha declarado procedente ADR cuando:

1. No existía jurisprudencia firme que resolviera el punto, el cual se refería a si la autoincriminación es una condición necesaria para acreditar la tortura;4

2. el tribunal colegiado omitió pronunciarse sobre un alegato de tortura del quejoso en declaración preparatoria;5

3. consideró necesario determinar el contenido y alcance del deber constitucional de investigar la posible comisión de actos de tortura en un proceso penal6

4. el quejoso formuló conceptos de violación relativos al derecho fundamental a la proscripción de la tortura7

Recogiendo lo anterior, a pesar de que la SCJN ya ha resuelto diversos casos sobre los efectos de la tortura en un proceso penal aún subsiste la necesidad de fijar criterios al respecto en virtud de que no existe jurisprudencia sobre varios aspectos relevantes de la tortura; en especial, sobre la obligación judicial y ministerial de excluir cualquier prueba obtenida bajo tortura.8 Aspecto, vale mencionar, en el que la SCJN ha tenido una postura inconsistente sobre el uso de la tortura y, por lo mismo, tiene un llamado urgente a reafirmarse como un tribunal constitucional que aborda su deber de prevenir efectivamente la tortura desde la labor de interpretación constitucional y convencional.

Una Corte con criterios relevantes más protectores, no publicados.

El temor de tener una SCJN titubeante frente a la prevención y erradicación de la tortura, es alto. Sin embargo, existe otra ausencia importante: hay criterios relevantes que reúnen ya los requisitos para considerarse jurisprudencia, pero que desafortunadamente la Corte ha sido omisa en generar y publicar tales tesis jurisprudenciales conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo. Nos referiremos a dos que permitirían zanjar las dudas sobre la postura reiterada y no “aislada” de la Corte en el tema de tortura, a pesar de los motes regresivos que aparecen de vez en vez.

Previamente, conviene hacer una mención de los requisitos para conformar jurisprudencia por reiteración de criterios de las salas de la SCJN: de acuerdo con el artículo 223 de la Ley de Amparo, es necesario que el mismo criterio se sustente en cinco sentencias de manera ininterrumpida, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuatro votos.

El primer criterio que debería ser considerado jurisprudencia conforme a esa disposición tiene que ver con la necesidad de investigar los actos de tortura a fin de aplicar las reglas de exclusión de prueba ilícita. Esta omisión constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a la defensa del quejoso, lo que amerita su reposición. Así lo sostuvo la SCJN por lo menos en cinco amparos directos en revisión, luego de las primeras consideraciones expresadas en el amparo en revisión 703/2012 (el caso de Israel Arzate Meléndez, que a pesar de no constituir jurisprudencia a consideración de no pocos sería el hito que marcará camino). Todos ellos alcanzaron  una votación idónea para conformar jurisprudencia.9

El segundo, que fue abordado en este mismo espacio y donde criticamos la tesis aislada que compromete la efectividad del amparo frente a las alegaciones de tortura, tiene que ver precisamente con la tesis 1a. CCCLXXXIII/2014 (10a.), de rubro: TORTURA. LA AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO NO ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA ACREDITARLA.

La ejecutoria del amparo directo en revisión 1275/2014 cita los efectos aprobados por la Primera Sala en al menos otros cuatro asuntos de la misma naturaleza. En ellos, se ordena reponer para investigar las alegaciones de tortura y determinar si su comprobación repercute en la validez de otras pruebas de cargo distintas a la autoincriminación.

Resulta pues irónico que se publiquen criterios relevantes, que no constituyen jurisprudencia de observancia obligatoria, en algunos casos escandalosos por la regresión que implican en cuanto al estándar de protección y; por el contrario, la SCJN haya sido omisa hasta el día de hoy en elaborar tesis jurisprudenciales que reflejan los criterios judiciales que deben considerarse como tal independientemente de su publicación.

Esto desde luego dificulta la defensa adecuada para las víctimas de tortura, pues esos criterios relevantes no están a la mano para revertir la situación de abandono en la que muchas se encuentran. El propio artículo 224 de la Ley de Amparo señala que para invocar las tesis de jurisprudencia o precedentes se expresarán los datos de publicación; o de no haber sido publicadas, “bastará” que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes.

Esta omisión de la SCJN para establecer criterios obligatorios y publicarlos a fin de que sean accesibles y efectivos,10 se dibuja en una ausencia onerosa para los sobrevivientes de la tortura, uno de los actos más atroces cometido desde el poder público.

La SCJN regresa al camino contra la tortura

La resolución del ADR 4695/2015, del pasado 31 de agosto por la Primera Sala de la SCJN, abona a la discusión pero sobretodo proporciona luz respecto dos aspectos relevantes. Por un lado, la procedencia de los amparos directos en revisión bajo el segundo requisito de importancia y trascendencia al ser los efectos de la tortura un tema inacabado que requiere precisiones importantes y, por el otro, sobre los alcances de la tortura dentro del proceso penal como a) violación de derechos humanos y como b) delito. Sobre el punto a), la Sala recoge los criterios de sus propias decisiones y señala entre diversos aspectos lo siguiente:

1. Ante la denuncia o existencia de indicios de tortura, la autoridad judicial además de dar vista al Ministerio Público para la investigación del delito, deberá realizar un análisis del caso para determinar si existen elementos que permitan concluir que existió tortura.

2. Si éstos existen, la autoridad deberá analizar los impactos de la violación en la generación, introducción o desahogo de pruebas. Es decir, al actualizarse la violación, resulta innecesario reponer el procedimiento, lo consecuente es que la autoridad judicial realice directamente la exclusión de aquellas pruebas que sean ilícitas por la relación que posean con los actos de tortura.

3. De lo contrario, ante la insuficiencia de indicios que permitan a la autoridad judicial determinar la existencia de tortura, deberá realizarse la investigación en el proceso penal que permita obtener una respuesta, lo cual obliga a reponer el procedimiento para el mencionado efecto.

4. Finalmente, la etapa hasta la cual se debe reponer el procedimiento cuando proceda, será hasta la diligencia inmediata anterior al cierre de instrucción.

El proyecto fue aprobado por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra de la ministra Piña Hernández. La resolución no es un asunto menor, pues además de recoger criterios importantes en materia de tortura, realiza precisiones relevantes dirigidas a las autoridades jurisdiccionales. Por ejemplo, en cuanto a la exclusión directa de prueba ilícitas, éstas tienen la obligación de allegarse de todos aquellos indicios contenidos en los expedientes, lo que incluye dictámenes, certificados médicos, recomendaciones provenientes de comisiones de derechos humanos o testimoniales, solo por mencionar algunos con la finalidad de acreditar la tortura.

Respecto la existencia de reposición de procedimiento, la ejecutoria no determina ningún supuesto que se circunscriba a la necesidad de cumplir un requisito como el de la autoincriminación, lo cual resulta acertadamente contrario a la tesis 1ª. CCV/2016 (10a.) y representa un avance hacia la fijación de estándares y criterios que sean acordes con el marco jurídico que actualmente rige al Estado mexicano y que guía la procuración e impartición de justicia en el país. Pero, sobre todo, atiende a las circunstancias prácticas de los procesos penales donde se involucra la alegación y existencia de tortura, ante la realidad que actualmente representa esta grave violación de derechos humanos en México.

A manera de conclusión

A seis años de que el Estado mexicano fue condenado por la CoIDH en el caso Campesinos Ecologistas, es apremiante la necesidad de cumplir cabalmente su jurisprudencia más allá de invitarla a sesionar en nuestro país como ha hecho en días recientes. Las víctimas de tortura requieren una postura coherente de la SCJN frente a su práctica generalizada y ésta debe verse reflejado tanto en el discurso como en la labor cotidiana de nuestro tribunal constitucional.

Equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh). Twitter: @CentroProdh


1 Informe del Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E.  Méndez, 29 de diciembre de 2014. Disponible en: http://bit.ly/2bBb4Ui consultado el 11 de septiembre de 2016.

2 CIDH. Informe Situación de los Derechos Humanos en México. 31 de diciembre de 2015. Recomendación 17, página 233. Disponible en: http://bit.ly/1r0g0nD consultado el 11 de septiembre de 2016.

3 El presente artículo no pretende abarcar todas las cuestiones relevantes en materia de prevención de tortura que el Poder Judicial debe atender sino que principalmente aborda lo relativo a la regla de excluir cualquier prueba obtenida bajo tortura. Por ello, otros temas como la atribución de carga probatoria cuando se denuncia la tortura, asegurar que la denuncia de tortura es suficiente para investigarla dentro del proceso penal, cómo superar la afirmación de que únicamente con un dictamen oficial en materia de psicología y medicina se puede tener por acreditada la tortura, estudiar lo relativo al momento procesal oportuno para denunciarla sin restringir los derechos de la víctima de tortura así como los temas relativos al uso de la tortura, todo lo anterior tomando en cuenta la implementación del sistema penal acusatorio.

4 SCJN. Amparo directo en revisión 1275/2014. Resuelto en sesión del 3 de septiembre de 2014 bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Secretario Roberto Lara Chagoyán, párrafo 17.

5 SCJN. Amparo directo en revisión 4695/2015. Resuelto en sesión del 31 de agosto de 2016 bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario Julio César Ramírez Carreón, página 10.

6 SCJN. Amparo directo en revisión 90/2014. Resuelto en sesión del 2 de abril de 2014 bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria Nínive Ileana Penagos Robles, página 26.

7 SCJN. Amparo directo en revisión 4580/2013. Resuelto en sesión del 11 de junio de 2014 bajo la ponencia del Ministerio Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario José Díaz de León Cruz, página 28.

8 Véase nota al pie número 3.

9 1. Amparo en Revisión 631/2013, sesión del 18 de marzo de 2015, ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; aprobado por mayoría de cuatro votos; disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; 2. Amparo Directo en Revisión 4530/2014, sesión del 30 de septiembre de 2015, ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; aprobado por mayoría de cuatro votos; disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; 3. Amparo Directo en Revisión 1088/2015, sesión del 7 de octubre 2015, ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero; aprobado por mayoría de cuatro votos; disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; 4. Amparo Directo en Revisión 3669/2014, sesión del 11 de noviembre de 2015, ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; aprobado por mayoría de cuatro votos; disidente: José Ramón Cossío Díaz, y 5. Amparo Directo en Revisión 3306/2014, sesión del 25 de noviembre de 2015, ponente: José Ramón Cossío Díaz; aprobado por unanimidad de cinco votos.

10 A criterio de algunos Tribunales, “sólo puede exigirse de los tribunales su aplicación a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta” Ver: http://bit.ly/2cPL4Vs

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Contexto de tortura generalizada

En su visita a México, el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, concluyó que la práctica de tortura es generalizada. Asimismo, resaltó que en el país no se excluyen de oficio las pruebas obtenidas bajo tortura.1

Por su parte, en septiembre de 2014, Amnistía Internacional denunció en su informe “Fuera de Control: tortura y otros malos tratos en México” que las autoridades mexicanas continuaban tolerando el uso generalizado de la tortura. Informó también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió un 600% más de denuncias de tortura en 2013 respecto al año 2003.2 Un año después, la misma organización publicó que las denuncias de tortura a nivel federal habían pasado de 1.165 a 2.403.3

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En coincidencia con lo anterior, de acuerdo con información pública oficial obtenida por el Centro Prodh, en el periodo de 2004 a 2014, los organismos públicos de derechos humanos del país registraron por lo menos 57,890 quejas por detención arbitraria y más de 17,000 por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.4

Frente a dicho flagelo, tanto el relator Juan Méndez como Amnistía Internacional coincidieron en recomendar como fundamental investigar adecuadamente las denuncias de tortura y prevenir su práctica garantizando que se excluya judicialmente cualquier prueba obtenida bajo tortura.

A la luz de la segunda recomendación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juega un papel medular puesto que su jurisprudencia y la resolución de casos constituyen en sí mismos un posicionamiento público y un mensaje de suma relevancia para todos los actores involucrados incluyendo el poder judicial federal y local y las procuradurías. Es por eso que resulta sumamente alarmante que los criterios de la SCJN retrocedan como se verá a continuación.

Tesis aislada regresiva

El pasado 19 de agosto de 2016, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la tesis aislada 1a. CCV/2016 (10a.), de rubro “TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO.5 Así, la base principal del razonamiento expresado en la citada tesis se expresa en el siguiente párrafo:

No obstante, en aquellos casos en que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento […] pues en esos supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto.

Con profunda preocupación, en este texto desarrollaremos las razones por las cuales estimamos que la citada tesis aislada contraviene las obligaciones del Estado mexicano en materia de prevención de la tortura, no respeta el parámetro de control de regularidad constitucional desarrollado por la SCJN, además de apartar de lo dicho por este mismo tribunal constitucional en tesis de jurisprudencia, aisladas y ejecutorias e incluso pasa por alto la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campesinos Ecologistas vs. México.6

Violaciones a derechos humanos en que incurre la tesis

Tal como lo expresaron decenas de organizaciones de la sociedad civil a lo largo del país, en su comunicado de fecha 23 de agosto de 2016, la tesis 1a. CCV/2016 (10a.) es violatoria de la prohibición absoluta de dar validez a “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales”, contenida en el artículo 20, apartado A, fracción IX de la Constitución; de lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales y de tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Así también, la tesis aislada en comento es totalmente incongruente y contraria a la posición que ha sostenido la Primera Sala de la SCJN en su labor interpretativa como se verá a continuación. En efecto, la referida tesis problemática se contrapone a lo decidido por la SCJN en la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la misma Primera Sala en el presente año, de rubro siguiente: ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE. No obstante, utilizando como base este criterio, aprobado por unanimidad de cinco votos, los ministros realizaron una interpretación regresiva que resultó en un agravio para las víctimas de tortura y para la sociedad, quienes vivimos sin titubeos la grave crisis de derechos humanos que atraviesa este país.

Sumado a lo anterior, a fin de abordar el tema de las declaraciones autoincriminatorias y su rechazo como elemento constitutivo de la tortura a fin de otorgarle efectos dentro del proceso penal, conviene traer a debate la tesis 1a. CCCLXXXIII/2014 (10a.), publicada en septiembre de 2014, cuyo ponente fue el ministro Cossío Díaz, de rubro siguiente: TORTURA. LA AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO NO ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA ACREDITARLA.

Probablemente el rubro y el contenido de dicho criterio no dirá mucho al lector respecto el tema que nos ocupa. Por ello, resulta indispensable realizar una revisión integral del precedente citado en los siguientes términos:

La ejecutoria del amparo directo en revisión 1275/2014 que dio lugar a la tesis que nos ocupa, cita los efectos aprobados por la Primera Sala en los amparos directos en revisión 90/2014, 4580/2013, 4581/2013 y 2208/2014. Así, en las cinco ejecutorias referidas la Primera Sala determinó fundamentalmente que ante la denuncia de tortura dentro de un proceso lo procedente era: a) reponer el procedimiento a partir de la denuncia de tortura; b) ordenar la investigación de la tortura tomando como base las Directrices del Protocolo de Estambul y otras pruebas, y c) determinar si la eventual comprobación de la tortura tendría repercusión en la validez de pruebas de cargo [con independencia de que la víctima se autoinculpara o no a consecuencia de la tortura], por ejemplo, en la eficacia de las declaraciones de los elementos aprehensores.

Con base en esa línea de argumentación sostenida consistentemente por la SCJN, al resolver el amparo directo en revisión 1275/2014, desestimó la consideración del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el cual calificó como intrascendentes los actos de tortura dentro del proceso porque los inculpados declararon libremente. Sin embargo, resulta grave que exactamente dicha consideración fue compartida por la Primera Sala en la tesis 1a. CCV/2016 (10a.), la cual había rechazado contundentemente hace dos años.

En ese caso, las personas sobrevivientes de tortura alegaban en su demanda que la omisión del Juez de investigar la tortura impidió determinar la nulidad de los testimonios de sus captores, pruebas con las que se demostró su responsabilidad penal. Hipótesis frecuente en este país. De ahí que en su decisión de revocar la sentencia del Tribunal Colegiado, la SCJN ordenó no confundir entre el proceso de la tortura y sus resultados; estableciendo que el criterio del Colegiado entorpecía el nuevo modelo interpretativo pro-derechos humanos, pues la confesión era sólo uno de los posibles resultados que puede producir la tortura.

Voto particular del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

La ejecutoria que dio lugar a la tesis regresiva abordada en el presente artículo, la cual resolvió el amparo directo en revisión 6564/20157 no fue aprobada por unanimidad por la Primera Sala; los ministros Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena emitieron su voto en contra de dicha sentencia. Precisamente este último elaboró un voto particular en el que explicó las razones por las que se apartó de la conclusión a la que arribó la mayoría medularmente porque estimó que la tortura es: i) contraria al derecho de defensa del imputado como lo ha sostenido la SCJN y por lo tanto afecta el debido proceso; ii) la tortura debe investigarse dentro del proceso penal para descartar que es la base de evidencia de cargo sea cual sea su carácter o su fuente; iii) afirmar que sólo cuando exista confesión deberá reponerse el proceso incorpora como un elemento configurativo de la tortura la confesión u otros datos autoincriminatorios, y  iv) introduce un criterio que altera los alcances de la prohibición de tortura, disminuye sus niveles de protección y deja fuera de su espectro varios casos que, conforme al  tratamiento de la tortura como categoría especial, merecerían análisis.

Dicho lo anterior, el ministro Gutiérrez concluye que la afirmación de la Primera Sala es contraria al parámetro de control de regularidad constitucional sobre el derecho humano a estar libre de tortura y las reglas de exclusión de la prueba ilícita, por lo que debieran descartarse no sólo la confesión, sino toda prueba, dato o información vinculada con esta violación de derechos humanos.

Propuestas de solución

Para finalizar, nos parece que frente a esta tesis aislada regresiva, el panorama para las víctimas de tortura que pretendan acceder a la justicia, debe considerar la impermeabilidad de la tesis 1a. CCV/2016 (10a.), en virtud de que conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no es de observancia obligatoria para las demás autoridades jurisdiccionales; quienes por el contrario tienen el deber de aplicar la jurisprudencia de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de someter los actos de autoridad al parámetro de control regularidad constitucional que precisamente impediría a criterios como éste hacer inefectivos los pocos recursos con que cuentan las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad en este país.

Asimismo, el deber de la SCJN frente a la tortura no está sujeto a esperanzas, sino al cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales; en un país en el que la tortura es la principal fuente de producción de pruebas. Por esa razón, consideramos que al resolver los amparos directos en revisión 4695/2015, 3101/2015 y 3143/2015 en la sesión del día de hoy esta SCJN debe ajustarse plenamente a las disposiciones ya citadas en materia de tortura e incluso remitirse a sus propios precedentes, a fin de cumplir su obligación positiva de prevenir el uso de la tortura por medio del deber de excluir toda prueba derivada directa o indirectamente de dicha grave violación a derechos humanos.

Equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh). Twitter: @CentroProdh


1 Informe del Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E.  Méndez, 29 de diciembre de 2014. Disponible en: http://bit.ly/2bBb4Ui consultado el 30 de agosto de 2016.

2 Amnistía Internacional, Fuera de Control, tortura y otros malos tratos en México, septiembre de 2014, página 6. Disponible en: http://bit.ly/2c8oZfH consultado el 30 de agosto de 2016.

3 Amnistía Internacional, Promesas en el papel, impunidad diaria, la epidemia de la tortura en México continúa, octubre de 2014, página 6. Disponible en http://bit.ly/2bJcWGw

4 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh), Informe sobre patrones de violaciones a derechos humanos en el marco de las políticas de seguridad pública y del sistema justicia penal en México, Junio de 2015, página 11 disponible en: http://bit.ly/2bQVeQc consultado el 30 de agosto de 2016.

5 Registro 2012318, Amparo directo en revisión 6564/2015. 18 de mayo de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos.

6 “Por otra parte, este Tribunal considera que las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces, ya que la persona intenta aseverar lo necesario para lograr que los tratos crueles o la tortura cesen. Por lo anterior, para el Tribunal, aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o confesiones obtenidas mediante coacción, que afecten a la persona o a un tercero, constituye a su vez una infracción a un juicio justo 261. Asimismo, el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no sólo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción. En consecuencia, la Corte considera que excluir la prueba que haya sido encontrada o derivada de la información obtenida mediante coacción, garantiza de manera adecuada la regla de exclusión.” Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, Párrafo 167.

7 SCJN. Amparo directo en revisión 6564/2015. Resuelto en sesión del 18 de mayo de 2016 bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario Alfonso Francisco Trenado Ríos.

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