voladoEl pasado miércoles 12 de junio, tras una discusión privada, los integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia votaron, 3 a 2, por desechar el proyecto del ministro Luis María Aguilar en relación al amparo promovido por Yssel Reyes.

Esto quiere decir, a diferencia de lo que se ha reportado en algunos medios, que el caso de Yssel Reyes sigue sin ser resuelto. Los ministros acordaron turnar una vez más la elaboración del proyecto de sentencia ahora al ministro Fernando Franco.

Hasta el 18 de junio, la Corte no ha liberado una versión estenográfica de la discusión ni ha emitido un comunicado oficial al respecto.

El nuevo proyecto no tiene fecha límite para su presentación, por lo que podrían pasar desde semanas hasta meses para que el caso vuelva a ser discutido en la Segunda Sala. De no aprobarse la segunda versión, la Segunda Sala podría pedir a un ministro de la Primera que formulara un tercer proyecto, o el caso podría ser llevado al Pleno.

Yssel Reyes demandó al banco HSBC ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por su despido en 2007. Según Reyes, HSBC lo despidió por ser VIH positivo e incurrir en gastos médicos excesivos.

Aquí pueden leer la primera y segunda parte de la entrevista que hizo El Juego de la Suprema Corte a Reyes y sus abogados.

Esteban Illades.  Periodista y escritor. Tránsfuga del Derecho. Twitter: @Esteban_is

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VIHÉsta es la segunda parte de una entrevista realizada a Yssel Reyes, un hombre de 39 años que fue despedido de HSBC en 2007. Reyes argumenta que la compañía lo echó después de 14 años por los gastos médicos que generaba su condición de VIH positivo. El caso del ex-trabajador bancario fue atraído por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se espera que sea resuelto la siguiente semana. Para ver la primera parte, dar click aquí.

Desprotegido

Minutos después de ser “despedido”, Reyes hizo una llamada y recibió otra. Él marcó el número de su abogado, José Luis Rostro, para informarle lo que había ocurrido. Con cirugía en puerta al día siguiente, no sabía qué hacer. Rostro lo tranquilizó.

La otra llamada no tardó mucho en entrar. La asistente del doctor que lo iba a operar se comunicó con él esa misma tarde para informarle que la cirugía había sido cancelada. Según Reyes, ella le dijo que HSBC lo había dado de baja del seguro médico, y lo refería, irónicamente, al área de Recursos Humanos del banco para resolver cualquier conflicto.

Hasta la fecha, Reyes no se ha sometido a la operación y dice que todavía siente mucho dolor.

El licenciado Rostro sabía que se enfrentaban a varios problemas. Ni la Constitución ni las leyes en la materia regulaban del todo el caso de Reyes. “No había ninguna reforma en cuanto a los medios electrónicos, es hasta 2011 que se introduce”, dice. (La información del expediente médico de Reyes, las listas en las que aparecían su nombre y muchos datos más que se encuentran en el expediente del juicio estaban en formato electrónico; estas pruebas no fueron valoradas en el laudo.)

Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos todavía era un proyecto cuando ocurrió el despido. Organismos como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 14, que fue ante la que Reyes y sus abogados llevaron la demanda, se declaraban incompetentes en materia de derechos humanos. Lo suyo era estrictamente laboral, y referían a otros organismos para conocer el fondo.

Pero ahora, en 2013, los cambios a la Constitución obligan a la Junta a entrar en el tema.[1]

Había un tercer concepto que todavía no estaba plasmado en ley, y que conformaba una parte fundamental de la demanda de Reyes. Él acusaba a HSBC de violar sus derechos fundamentales por la forma en que fue despedido. En 2007, el orden jurídico mexicano no establecía que los particulares pudieran ser acusados de violar derechos humanos. Con la reforma constitucional, eso también cambió.

A su vez, Reyes buscaba compensación por el daño moral que le causó la revelación de sus datos privados: su estado de salud y preferencia sexual, entre otras cosas. Esto ya está contemplado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, promulgada en 2010. (Es decir, nada de lo que alegaban en ese entonces estaba regulado en la ley mexicana, pero ahora sí.)

Ni a Reyes ni a su abogado los sorprendió el revés que les dio la Junta al declararse incompetente para conocer del tema. Según el licenciado Rostro, la Junta “ignoró olímpicamente” varias de las pruebas de la demanda, incluido el testimonio del doctor Manuel Feregrino Goyos, el especialista en medicina crítica y VIH que trató a Reyes mientras trabajaba para HSBC.

(El doctor Feregrino declinó ser entrevistado para este artículo por estar involucrado en procesos legales por resolverse con HSBC).

Feregrino, según el licenciado Rostro, escribió una carta a la compañía aseguradora subcontratada por HSBC para decirle que había violado leyes mexicanas –incluyendo una Norma Oficial Mexicana (NOM) que prohibe liberar información de expedientes clínicos a personas que no tengan título de medicina– por revelar el estado de salud de Reyes. Según el médico, revelar los datos del expediente clínico de Reyes llevaría a una demanda, cosa que sucedió. “Como si fuera brujo”, dice Rostro.

Feregrino le escribió una constancia a Reyes en la que certificaba que HSBC le había pedido que dejara de tratarlo como paciente porque el seguro ya no lo cubría, y el doctor lo tuvo que referir al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán para continuar el tratamiento.

Al contar la experiencia con Feregrino, a Reyes se le corta la voz. “Es como mandarte a la tumba esto. Me expide un documento en el que manifiesta que el banco le pide que ya no me dé atención porque ya estoy dado de baja. Me canaliza a asistencia pública para seguir atendiéndome. Lo cual a la fecha sigo haciendo porque ese derecho yo lo perdí”, reclama.

El proceso ante la Junta fue largo y cansado para Reyes, su abogado y su padre. Los testigos que pretendía llevar para que declararan sobre el hostigamiento y la discriminación en el corporativo nunca aparecieron. Ninguno. “O los compraron o los amenazaron”, concuerdan los tres. Reyes perdió peso y se enfermó.

Al mismo tiempo, a manera de amenaza, según el licenciado Rostro, HSBC le abrió dos averiguaciones previas consecutivas a Reyes y a él. Una a nivel federal, y otra a nivel local. Las averiguaciones, en conjunto, duraron casi dos años. A Rostro lo denunciaron por enriquecimiento ilícito, porque supuestamente había pedido una indemnización excesiva. “Ahora si tú lo ves, está contemplado en la nueva legislación [pedir ese tipo de compensación]. Me adelanté a mi tiempo”, dice mientras suelta una ligera sonrisa.

A Reyes lo denunciaron por fraude procesal y falsedad de declaraciones. Según sus jefes, Reyes había utilizado la lista que le habían dado con los nombres de los posibles despidos para obtener un beneficio propio.

Ninguna denuncia llegó a nada. Tanto a nivel local como federal los ministerios públicos determinaron no ejercer acción penal en su contra. Los casos están archivados.

Reyes, su padre y su abogado, a pesar de enfrentarse a un equipo jurídico “que venía con todo”, según Rostro, decidieron continuar la lucha. Junto con el abogado Erick López, presentaron un amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito. Los abogados también solicitaban una facultad de atracción: querían que el caso llegara a la Suprema Corte por la magnitud del tema. Según el licenciado Rostro, la Corte todavía no conoce un caso así en materia laboral, y su resolución podría cambiar cómo se interpreta esta rama del Derecho en México.

En una votación de 4 a 1, la Segunda Sala acordó atraerlo.

Mientras se resolvían los procesos jurídicos, Reyes no tenía empleo. Se encontraba boletinado por el banco, dice. “En uno [un trabajo] estuve a punto de entrar. Ya estaba hasta dentro de una capacitación y todo y me dijeron que ya se había cancelado el proyecto. Se me hizo muy extraño”, comenta. Mientras tanto subsistía con ayuda de su padre, Marco Antonio Reyes, ahora pensionado. “En ese momento [cuando lo despiden] me tuve que deshacer de todo lo que tenía. No hay ningún dinero que alcance para esto”, dice cabizbajo.

Reyes siguió su lucha por otros medios. Fue ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Levantó denuncias y quejas en los tres organismos. Hasta presentó su caso frente a organizaciones extranjeras, y lideró, en 2008, la clausura simbólica de las oficinas de HSBC, con apoyo de un diputado perredista, David Sánchez Camacho, de la LX legislatura.

Ante la pregunta de cómo ha lidiado con la situación de su hijo, la voz de Reyes padre, de 71 años, se entrecorta y las lágrimas se le escurren por los ojos.

“Tocamos fondo, pero abajo de fondo todavía”, dice. “Estás en un estado de limbo, totalmente. Pero muy consciente de no bajar la guardia ni mostrarle a él la impotencia que yo tenía, por qué, porque se la iba a transmitir, y lejos de ayudarle a superar todo esto, nos íbamos a hundir los dos. Hasta la fecha ha sido muy difícil”, concluye.

En el peor de los momentos, Reyes no tenía dinero ni para viajar en transporte público. “Me tenía que meter por debajo del torniquete de metro porque no tenía ni para el pinche boleto”, relata. “He pasado hasta hambre”.

No fue sino hasta tiempos más recientes que consiguió trabajo de vendedor de seguros, pero se sigue tratando en el servicio médico público.

Reyes hijo, Reyes padre y sus abogados contemplan todos los escenarios posibles en la resolución de la Corte. Una de las consecuencias puede ser que se ordene que lo reinstalen en el puesto que ocupó hasta 2007, algo que no consideraría ni por un segundo. “No quiero regresar a ese lugar”, dice de manera firme.

También existe la posibilidad de que se le otorgue el amparo para efectos, lo que implica que un tribunal o la propia Junta repongan parte del procedimiento, tomando en cuenta las pruebas que no fueron valoradas en un inicio.

Pero también contemplan otro revés, porque saben que se enfrentan a una trasnacional y ellos sólo son tres personas. Aún así, se dicen preparados para lo que venga. Incluso  consideran acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para librar una nueva batalla.

Después de seis años, Reyes lo tiene claro: “Yo he aguantado tanto tiempo, y pues lo que sea, que sea. Yo no me pienso dejar. Así me muera, tengo que seguir”.

 

Esteban Illades. Periodista y escritor. Tránsfuga del Derecho. Twitter: @Esteban_is


[1] El artículo primero, párrafo tercero, en su redacción actual, dice a la letra: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”

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hsbc2Ésta es la primera parte de una entrevista realizada a Yssel Reyes, un hombre de 39 años que fue despedido de HSBC en 2007. Reyes argumenta que la compañía lo echó después de 14 años por los gastos médicos que generaba su condición de VIH positivo. El caso del ex-trabajador bancario fue atraído por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y se espera que sea resuelto la siguiente semana.

Yssel Reyes se bajó del taxi y subió a su oficina en el piso de Recursos Humanos en el edificio de HSBC en Reforma. Se sentó a trabajar frente a la computadora, como todos los días.

De repente, uno de sus compañeros, de otra área del corporativo, se le acercó y le hizo una pregunta abrupta y seca: “Oye, ¿que tú tienes SIDA?”. Era 2007.

Diez años antes, cuando Reyes trabajaba para el banco, que entonces se llamaba Bital, fue diagnosticado como VIH positivo. Llevaba cuatro años trabajando ahí, primero en una sucursal bancaria como cajero y después como asesor en las oficinas centrales.

Ésta era la primera vez que alguien, en 14 años de vida laboral, le había preguntado algo así.

Hasta ese entonces, Reyes había mantenido su sexualidad y su condición en privado. Pero de la noche a la mañana, en la oficina todos sabían que era VIH positivo. “Hasta mis compañeros de cuando trabajaba en la sucursal”, dice en entrevista.

La información, contenida exclusivamente en su expediente médico –confidencial por ley–, era del dominio público en HSBC. Alguien la había filtrado.

A partir de ahí, su día a día en el trabajo se llenó de lo que él describe como “hostigamiento”. “Algunos ya no me saludaban. Yo entraba al baño, y los veía. Estaban en plena miada y se salían”, recuerda.

Lo mismo ocurrió con sus jefes. De manejar la rotación y asignación de personal, parte de sus responsabilidades en el trabajo, fue convertido en capturista, función para la que el banco subcontrataba a otras compañías.

Sus cheques tenían un nuevo concepto en la descripción. Decían “empleado incapacitado”. Reyes seguía yendo de forma regular al trabajo, pero la compañía lo tenía bajo una clasificación que, según él, se utilizaba para “enfermos terminales”.

En septiembre de ese año, bajo un clima de presión extrema –Reyes sostiene que se llegó a enfermar por las circunstancias–, la compañía le dio la puntilla. “Tienes que subir al área de jurídico porque te quieren ver. Tienes que ver una situación laboral”, le dijo una compañera.

Sus jefes lo estaban esperando en una sala de juntas. “Ya es insostenible mantener la relación laboral contigo y por tanto vamos a prescindir de tus servicios”, recuerda Reyes que le dijeron. De inmediato le pidieron que firmara una renuncia, y que “después” podría negociar su liquidación. Se negó.

“¿Así nomás?”, les preguntó. La respuesta lo dejó frío: “Si quieres salir bien de aquí es así, si no tú lo vas a lamentar más que nosotros”.

Reyes narra que lo tuvieron encerrado casi cinco horas, hasta que terminaron por echarlo del edificio. “Los harté”, dice.

Oficialmente no había pasado nada: ni él había renunciado ni la compañía lo había liquidado. Pero su foto ya estaba en la entrada, con un mensaje de que no lo dejaran ingresar al edificio. Y su seguro médico –fundamental para el tratamiento que llevaba– había sido cancelado al instante.

(HSBC, a través de Lyssette Bravo, Directora de Asuntos Públicos, prometió responder a una solicitud de información para la elaboración de esta nota sobre la terminación de la relación laboral con Reyes. La respuesta será publicada en este espacio cuando sea dada a conocer).

De mal en peor

Reyes, de pelo negro corto con un poco de gomina, barba de un par de días, y quien gusta hablar con las manos, estudió la licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad del Valle de México. Comenzó a trabajar en Bital como cajero mientras terminaba la carrera y se mantuvo con la compañía después de concluir sus estudios. “Fue una oportunidad que tuve para irme desarrollando”, dice. Subió la escalera corporativa hasta convertirse en asesor del área de Recursos Humanos.

Para Reyes, la situación en el banco cambió con la compra de Bital por parte de HSBC en noviembre de 2002. “Empezaron a llegar nuevos directivos, una nueva administración. Llegaron con otra mentalidad, pero una mentalidad bastante hostigante en cuanto a cuestión laboral. Que si no hacías esto te corro, si no haces aquello también”.

Reyes se mantuvo con la compañía a pesar de la situación, en parte porque necesitaba tratamiento médico especializado por su enfermedad, cubierto por seguro médico y fuera de su alcance en caso de estar desempleado.

Cuando fue diagnosticado se trataba por fuera, pero los altos costos lo obligaron a acudir al seguro médico de la empresa. Ahí empezó el problema. No mucho después, Reyes apareció en una lista de “gastos médicos catastróficos”.

“Uno de mis compañeros que estaba en Recursos Humanos me dijo ‘oye, me acaba de llegar un listado de todas las gentes que han generado gastos médicos muy altos y tú estás aquí… Aguas porque a toda esta gente la van a ir sacando’”, recuerda. En la lista también había personas con diabetes, padecimientos cardiacos y cáncer, según Reyes.

Después de eso, él acudía al trabajo cada vez más presionado. Los rumores de que iba a ser despedido cobraban fuerza. Y luego pasó algo peor.

Un día, camino al trabajo, el taxi que llevaba a Reyes por Periférico fue embestido en una carambola. “Quedé yo prensado en el carro y con los golpes de todos los carros que venían atrás”, dice. Se fracturó la columna y el doctor le dijo que tal vez no volvería a caminar. Tuvo que ser operado. Su rehabilitación fue dolorosa y complicada.

No ayudó que recibiera llamadas constantes del trabajo: “Una de las coordinadoras del área de servicio médico me hablaba para ver cómo iba y [me preguntaba] por qué tardaba tanto [en recuperarme]… No me fracturé un dedo de la mano, me fracturé la columna [le respondió]… Me hablaban todo el tiempo, que qué pasaba”.

Con la presión añadida de las llamadas, Reyes aceleró la recuperación. A pesar de tener incapacidad por más de medio año, a los dos meses ya estaba de vuelta en la oficina. Y ya caminaba otra vez. Pero con mucho dolor.

En el trabajo, Reyes continuaba como capturista. Un día, una de sus jefas se le acercó con una lista para que la transcribiera. En ella estaban los nombres de la lista anterior, la de los “gastos catastróficos”. Ella le dijo lo siguiente, comenta: “Vamos a hacer un proyecto para toda la gente que tiene enfermedades crónicas; se les va a tener que ir dando de baja paulatinamente pero les vamos a tener que dar otro argumento”. El nombre de Reyes estaba ahí.

“¿Tal cual?”, se le pregunta a Reyes en la entrevista. “Tal cual”, responde. La mujer no se había dado cuenta de lo que había hecho. Reyes imprimió la lista por precaución y todavía la tiene guardada. Se la mostró a sus abogados después.

Algo que Reyes no calculó en su esfuerzo por volver fue que se podía exceder. Tuvo que regresar al doctor y recibió malas noticias. Tenía que operarse una vez más: se había lastimado el tobillo, la tibia y el peroné por el esfuerzo. Esta vez, el tiempo estimado de incapacidad era de una semana. Todos los gastos estaban cubiertos por el seguro, como su incapacidad anterior, pues el choque era considerado un accidente de trabajo.[1]

Sin embargo, ésa fue la gota que derramó el vaso. Un día antes de la cirugía, ya que Reyes había dejado todos sus papeles en orden y sus jefes habían aprobado su ausencia, recibió el recado de ir al jurídico.

Ahí, rodeado por el personal directivo, Reyes recibió la noticia de que ya no era parte de HSBC. “Hazle como quieras”, le dijeron y le arrancaron el gafete. Ni pudo sacar sus pertenencias personales. Hasta la fecha siguen guardadas en el corporativo, seis años después. El motivo que le dieron fue que había estado incapacitado demasiado tiempo y que “no podían confiar en él”, recuerda. “Con eso de que no sabemos qué te vaya a pasar, con eso de que te enfermas, pues yo no sé si pueda contar contigo”, le había dicho su jefe directo.

Así, sin más, Reyes se había quedado sin trabajo, sin seguro y con un futuro negro.

Esteban Illades. Periodista y escritor. Tránsfuga del Derecho. Twitter: @Esteban_is  


[1] Según el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, se considera como accidente de trabajo el sufrido por el trabajador al trasladarse del domicilio al lugar del trabajo. Ver: http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/123/480.htm (fecha de consulta, 24 de mayo de 2013).

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La Suprema Corte de Justicia, desde hace algunos meses, decidió abrir una cuenta de twitter para difundir información institucional. Su uso, hasta el momento, se ha limitado básicamente a concentrar información generada por las diversas áreas de la Corte y a difundirla en dicha red social. ¿Es adecuado, sin embargo, este uso que la Corte le está dando a esta red social? ¿Debería satisfacer por esta vía necesidades de información concretas, lo que implicaría mantener un diálogo con los usuarios? ¿Acaso no debería divulgarse esta información a partir de una política de comunicación social mucho más sofisticada, que considerase entre otros aspectos la coyuntura jurisdiccional del momento?

Las respuestas a éstas y otras preguntas no son sencillas: hoy en día, tanto los medios de comunicación, como las fuentes de información primarias –entre ellos, los poderes públicos-, se encuentran en un proceso de reflexión sobre cómo aprovechar twitter. ¿De qué manera exprimir su potencial, sorteando sus riesgos?

En este contexto, a continuación se presentan una serie de propuestas, sugerencias y recomendaciones respecto como debería aprovechar la Suprema Corte su cuenta de twitter, con el objetivo de mejorar la transparencia, manejar de manera responsable la información y construir una relación más cercana con la ciudadanía. No pocas de las propuestas y sugerencias implican un replanteamiento no sólo del uso de la cuenta de twitter de la Corte, sino inclusive de sus políticas de comunicación social –las cuales, vale mencionar, no se han destacado en los últimos años por su inteligencia ni destreza.

  1. Una buena idea sería que se publicaran las listas de los asuntos que se verán en las sesiones desde el día en que se “listen”, tanto del pleno como de las salas.
  2. Respecto los casos importantes –sea por su impacto mediático o por los temas constitucionales que abordan- se podría recordar a los usuarios de su fecha de inicio de discusión con días de antelación. Es decir, la cuenta de twitter de la Corte debería funcionar como una rigurosa agenda de los asuntos que ésta conoce.
  3. Algo de enorme importancia, relacionado con los puntos anteriores, es que vía twitter se debería dar mayor información sobre un asunto que simplemente el número de expediente, pues ese dato no siempre permite conocer en concreto a que caso se refiere. Por ejemplo, en su momento, buena parte de la opinión pública ubicaba el caso “Matrimonio y adopción gay”, pero muy pocos lo hubiesen podido localizar a partir de los datos de su expediente: Acción de Inconstitucionalidad 2/2010.
  4. Difundir como regla general cada uno de los proyectos de resolución, junto con un buen resumen de éste, días previos a que se inicie su correspondiente discusión. Y no como se hace ahora: que los proyectos se difunden por excepción y sin criterios claros. En su caso, por lo menos se deberían difundir los puntos básicos sobre los que versa el proyecto: cuál es la pregunta clave que tiene que contestar la Corte y qué respuesta formula el proyecto.
  5. Es probable que sea complicado que vía twitter se realice una narración en vivo de la discusiones del pleno de la Corte –aunque sí lo han hecho en ciertos asuntos proyectos como el Manual de la Corte, por ejemplo-, pero por lo menos estaría muy bien aprovechar esta red social para difundir, al concluir cada sesión y en términos asequibles para el grueso de la población, los puntos relevantes de la discusión: qué se decidió y cómo se voto.
  6. Avisar cuando se publiquen finalmente las sentencias y explicar brevemente los argumentos definitivos que apuntalan la decisión de la mayoría.
  7. Anunciar cada vez que se apruebe y publique una nueva tesis aislada o de jurisprudencia. Valdría la pena que además se explicarán los alcances de éstas.
  8. Otra posibilidad es que la Corte vía su cuenta de twitter responda a peticiones informativas muy concretas de los ususario –aquí un ejemplo de este posible diálogo institucional. Esto no significa que tenga que responder a cualquier solicitud, pero por lo menos podría dar respuesta a cuestiones sobre agenda de la Corte, orientar dónde encontrar información en su sitio Web –esto es de enorme relevancia si consideramos que la página de la Corte es francamente mediocre- y resolver dudas relacionados con conceptos básicos de la función jurisdiccional (efectos de las resoluciones, cuestiones procedimentales, etc.). En este sentido, y para evitar un escenario donde el número de peticiones sea difícilmente procesable, se podría establecer un horario determinado donde se van a resolver este tipo de preguntas.
  9. Se podrían difundir datos históricos relevantes y chuscos relacionados con el poder judicial. En 140 caracteres bien se pueden lanzar pequeñas campañas pedagógicas sobre el trabajo de la Corte, su lenguaje, medios de control, etc. Esto, claro está, con un lenguaje sencillo y digerible.
  10. Se tiene que seguir haciendo difusión al trabajo de los órganos no jurisdiccionales de la Corte y del resto del Poder Judicial: publicaciones, informes y conferencias que organicen las direcciones y comisiones. ¡Que nos informen de los trabajos de la comisión de implementación de la reforma penal!, por ejemplo.
  11. Difundir los acuerdos, decretos y leyes que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación que tengan impacto en la política judicial.
  12. Se podría aprovechar twitter para divulgar sentencias y criterios de otros tribunales constitucionales, así como de tribunales internacionales.
  13. Se podrían lanzar a los usuarios preguntas-encuestas para medir la confianza de la sociedad en la Corte, graficar tal información y difundirla.
  14. Se podría establecer una determinada hora, la “hora de rendición de cuentas”, en la que se circule información relativa a sus informes anuales, lo que diga la Auditoria Superior de la Federación sobre la Corte, su presupuesto, etc.
  15. En términos generales, la Corte debe aprovechar twitter de tal manera que se presente como una institución que escucha a la sociedad, busca educar, está al día de lo que sucede en otros tribunales constitucionales e internacionales, que tiene vínculos con los otros órganos del Poder Judicial, que está interesada en explicarse y traducirse difundiendo su información en términos claros y sencillos, que está comprometida con la rendición de cuentas y, no menos importante, que está interesada en saber qué pensamos de ella.

Daniela Hernández Chong Cuy (@dhchongcuy). Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.

Esteban Illades (@steviehousecat). Licenciado en derecho por el Departamento de Derecho del ITAM, con la tesis La cobertura periodística de los tribunales: una introducción al periodismo judicial.

Regina Larrea Maccise (@rlmaccise). Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.

Saúl López Noriega (@slopeznoriega). Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM

Estefanía Vela (@samnbk). Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.

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Conforme la Suprema Corte adquiere relevancia mediática, la sociedad empieza a voltear más hacia el poder judicial y a interesarse por la forma en que actúa. Durante 2010, dos casos concentraron la atención del público: la facultad de investigación para analizar lo ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo (incendio en el que murieron 49 menores de edad) y la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que permitió a parejas del mismo sexo contraer matrimonio en el Distrito Federal. Ambos casos obtuvieron una atención mediática inusitada.

Este creciente interés en el desempeño de la Suprema Corte, no debe sorprendernos. Para efectos prácticos, la Corte es la última línea de protección de los derechos de las personas a nivel nacional y es la institución encargada de salvaguardar la Constitución frente a las posibles violaciones de otros. Es decir, es fundamental para el funcionamiento de la democracia en México.

Vale subrayar, sin embargo, que las discusiones de los ministros son sólo uno de todos los ingredientes que giran en torno a la Suprema Corte y que debe ser sometidos a escrutinio. En efecto, la relación con los medios de comunicación y por extensión con la sociedad, no debe limitarse a algunos aspectos del  trabajo de la Corte. Debe existir, por el contrario, una relación permanente entre sociedad y poder judicial. Para fomentar la transparencia y el mejor desempeño de los ministros es necesario que la sociedad los vigile.

Naturalmente, este proceso de vigilancia debe iniciar desde -valga la redundancia- el inicio: la designación de los ministros. Si ellos juegan un papel tan importante como el que hemos descrito, resulta obvio que las personas elegidas para desempeñar el cargo deben ser las óptimas. Y, para asegurar eso, debe existir un escrutinio profundo sobre el procedimiento que lleva a su elección.

México: la vía fast-track en todos los sentidos

El proceso en México es relativamente sencillo de explicar. Cuando un ministro cumple los 15 años en funciones, debe retirarse. Es obligación constitucional del presidente de la República enviar una terna de candidatos al Senado, que dispone de 30 días para elegir por mayoría de 2/3 de los presentes a uno de los tres candidatos. En caso de no reunirse en esos 30 días, el presidente designa al nuevo ministro. Si la terna es rechazada, se somete una nueva que sigue el mismo procedimiento. En caso de que ésta sea rechazada nuevamente, entonces, el presidente designa directamente al nuevo ministro.

Ahora bien, ha exactamente un año, el Senado de la República confirmó a dos ministros en un mismo día: Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar; lo cuales sustituyeron a los entonces ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela. La comparecencia de ambas ternas -seis candidatos en total- se dio en una sola mañana. Como declararon los propios senadores: fue “de mero trámite”. Las participaciones de los candidatos se limitaron a un discurso preparado y no hubo preguntas posteriores.

La prensa -en su mayoría- actuó de forma similar. El Reforma, en su edición del 2 de diciembre de 2009, recogió la designación en menos de media página y se limitó a publicar extractos de los discursos de los dos nuevos ministros. No publicó ni siquiera una semblanza curricular.[1]

Esto es preocupante porque realmente no existió una investigación a fondo del pasado de los nuevos ministros. ¿Cuál era su ideología? ¿En qué litigios habían participado? ¿Qué cargos habían desempeñado y qué críticas habían recibido? Sólo a través de una investigación un poco más minuciosa -elaborada por Proceso– uno se pudo enterar que el ministro Zaldívar litigó frente a la Corte el amparo relacionado al FOBAPROA y que durante la gestión de Aguilar como integrante del consejo de disciplina en la Judicatura Federal, su hermano José Alfredo fue designado jefe de la unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tanto medios de comunicación como senadores debieron haber cuestionado más a fondo a los candidatos para aclarar estos y otros temás más.

Estados Unidos: todo a su tiempo

El proceso de designación de los justices de la Supreme Court de Estados Unidos es muy parecido en cuanto a las etapas institucionales, pero muy distinto en la práctica. Los justices estadounidenses ejercen el cargo de forma vitalicia, pero pueden retirarse si así lo desean. En cualquier caso, el procedimiento se da de la siguiente forma: el presidente de la República elige a un candidato para cubrir el puesto, el comité judicial del Senado lleva a cabo audiencias y entrevistas con el nominado, para después someter a votación del pleno de Senadores su designación. A diferencia de México, en Estados Unidos el nuevo integrante es electo por mayoría simple.

Lo interesante es que la parte práctica del proceso en Estados Unidos es, contrario a lo que sucede en nuestro país, fruto de un serio y responsable ejercicio de reflexión, tanto por el Senado como por los medios de comunicación. Pensemos en la elección de las últimas dos integrantes de la Supreme Court, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. En ambos casos los medios y el Senado se tomaron su tiempo. Las audiencias de confirmación –transmitidas por televisión, por cierto- de Sotomayor duraron cuatro días enteros de escrutinio. Al mismo tiempo, el análisis previo de los medios sobre la carrera judicial de Sotomayor, sus opiniones y sentencias, fue tan profundo que después de los cuatro días, el Washington Post estableció que “ya se sabía desde antes” todo lo que respondió Sotomayor.

En cuanto a Kagan, las audiencias fluyeron más rápido, pero igual fue cuestionada por los senadores. Los medios no le restaron importancia, al grado que el New York Times dedicó más de cinco páginas de su periódico al proceso.

Ambas partes -Senado y medios de comunicación- hicieron un trabajo lo suficientemente exhaustivo como para que no quedara duda alguna de quiénes eran las dos nuevas justices.

La terna actual

Para concluir, vale la pena hacer un escueto análisis de la terna de candidatas enviada por el presidente Calderón al Senado el pasado 30 de noviembre.

Lo primero que sorprende es que el presidente se haya tardado más de 70 días en nombrar al sustituto del ministro Gudiño Pelayo. También es interesante esta coincidencia: un día después de que el Reforma publicara el discurso del ministro Zaldívar sobre los quince empates en votación en la primera sala de la Suprema Corte por falta de un quinto ministro,[2] llegó la terna al Senado.

El segundo aspecto que sorprende es la fecha en la que llega la terna. Como se mencionó con anterioridad, el Senado dispone de 30 días para elegir a un nuevo ministro después de recibir la lista de candidatos. El período ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre, lo cual le da dos opciones a los senadores: discutir y votar en fast track a la nueva ministra -con todo lo que ello implica en cuanto a falta de análisis y discusión- o agendar un período extraordinario durante las vacaciones para tratar exclusivamente el tema. También hay que recordar que la Suprema Corte reinicia actividades el 3 de enero,  fecha en que tendrán que votar para elegir al nuevo ministro presidente y, por tal motivo, lo ideal es que estén presentes los once ministros para evitar un posible empate.

Finalmente, poco puede decirse de las tres candidatas, dada la poca apertura del sistema judicial. No es posible analizar sus criterios en las sentencias en las que han participado, puesto que éstas no se encuentran disponibles al público en general. En cuanto a su trayectoria, también se sabe poco. Sólo dos de las tres candidatas tienen currículo en línea (Elvia Rosa Díaz de León y Lilia Mónica López). De la tercera, Andrea Zambrana, ni foto hay. Lo más que se puede saber con respecto a su ideología es que fue secretaria de estudio y cuenta del ministro Aguirre Anguiano, el ministro que por su historial de decisiones representa el ala más conservadora de la Corte.

Sobre los fichas curriculares no se puede decir mucho, pues son listados de cargos desempeñados. Quizá la otra forma de asomarse al criterio de una de ellas es a través del título de su tesis de licenciatura (“Estudio dogmático del delito de adulterio”, de Díaz de León) pero fue publicada hace más de cuarenta años, lo cual no necesariamente refleja sus convicciones actuales.

De la que más información se tiene es de esta última, pues ya participó en una terna para la SCJN en 2003 junto con la actual ministra Luna Ramos y el magistrado José Luis de la Peza. Esa terna fue desechada por falta de mayoría, y Díaz de León ya no fue presentada en la segunda. Nacida en 1944, Díaz de León tendría 81 años al terminar su período en la SCJN.

En términos generales, que esa sea la única información disponible no habla muy bien de las tres candidatas.

Los medios de comunicación, por su parte, no han tenido mucha oportunidad de cubrir el suceso: dado que apenas el 30 de noviembre se dio a conocer la lista, todo análisis previo ha girado en torno a la especulación sobre los posibles candidatos. Cabe resaltar que previo a la presentación de la terna ni el Reforma, El Universal o La Jornada mencionaron dentro de las posibilidades a ninguna de las tres mujeres que hoy tienen oportunidad de formar parte del Tribunal más importante de nuestro país.

Nadie estaba preparado para recibir estas tres nominaciones. Si la propuesta del presidente agarró en curva a los medios de comunicación, la siguiente parte del procedimiento lo más probable es que una vez más resulte, de menos, ominosa.

Esteban Illades (@steviehousecat). Estudiante del Departamento de Derecho del ITAM en proceso de titulación con la tesis La cobertura periodística de los tribunales: una introducción al periodismo judicial.


[1] Guerrero, Claudia y Rolando Herrera, “Avalan Senadores relevos en la Corte”, Reforma, 2 de diciembre de 2010.

[2] Fuentes, Víctor, “Impacta a la Corte el retraso de Calderón”, Reforma, 30 de noviembre de 2010.

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