Una de las principales banderas de la llamada 4ª transformación ha sido la frontal postura para combatir y erradicar la corrupción tanto en la burocracia gubernamental, como en el sector privado. En ese sentido, en un parteaguas sin precedente en la historia de México se tiene un acuerdo a entre los ciudadanos y el gobierno, en el que queda claro que  nuestro país no puede progresar y mejorar la calidad de los programas sociales, salud, seguridad y justicia, sino se termina con la grave crisis de corrupción que durante años ha ido en incremento.

En palabras del presidente de la República, México es hoy es país 135 de 180 países de acuerdo con Transparencia Internacional en materia de percepción de la corrupción, lugar que ha venido en un vertiginoso incremento siendo el índice de 2017 uno de los episodios más obscuros. Sin embargo, en la toma de protesta del pasado sábado 1° de diciembre, el posicionamiento del titular del poder ejecutivo federal respecto a la corrupción, fue mano dura para los nuevos servidores públicos que se incorporan a las filas o que permanecerán en la administración pública, pero amnistía y perdón para los crímenes de anteriores administraciones señalando que no será un gobierno de venganza que tenga por objetivo la persecución de ex presidentes ni de “chivos expiatorios”.

Este mensaje, rompe con muchas de las esperanzas puestas en un gobierno que se comprometió a combatir la impunidad y la corrupción, ya que estas declaraciones apuntan hacía un “borrón y cuenta nueva”. Ahora bien, más allá de los apasionamientos que esta postura puede generar, vale la pena replantear, desde un punto de vista jurídico y de política criminal, por qué sí se deberían investigar y sancionar los delitos de corrupción de administraciones anteriores.

La primera de ellas se relaciona estrictamente con la recuperación de los miles de millones que han sido desviados a través de estos actos, más allá de las sanciones que por prisión puedan generarse, debe recordarse que uno de los principales objetivos de un procedimiento penal, no se centra sólo en la sanción a un culpable, sino en que se repare el daño causado a las  víctimas. Siendo que en los casos de corrupción esta identificación de la víctima es sumamente compleja, ya que se trata de una víctimas colectivas, es decir, toda la población que ese vio afectada ante ese desvío de recursos, por ejemplo; pensemos en el caso de Veracruz en todas las personas que no pudieron acceder a servicios de salud, seguridad o programas sociales.

Ante este escenario, ¿cómo es que se pueden recuperar los recursos que son saqueados con motivo de la comisión de un delito? De acuerdo con nuestras leyes existen tres formas: i) la primera, a través del aseguramiento que una vez que se obtiene una sentencia puede ser decomisado, en los casos en que los bienes son como tal instrumento, objeto o producto del delito; ii) la segunda, es a través dela reparación del daño la cual se ordena tanto en un sentencia que derive de un juicio o incluso en alguna solución alterna o formas de terminación anticipada de proceso tal como puede; ser un acuerdo preparatorio, una suspensión condicional del proceso o incluso un proceso abreviado, con estas figuras puede ser que no en todos los casos se tenga que imponer una grave pena de prisión (por ejemplo; tratándose de los que no son los mandos sino meros prestanombres o ejecutores) pero si deberá garantizarse una reparación del daño que sea congruente con la afectación causada; por último, iii) mediante la figura de extinción de dominio que sin ser una herramienta penal, permite la recuperación de los bienes que han sido obtenidos con motivo de un delito, con independencia de que se imponga  o no la sanción penal.

Respecto de estas tres  figuras, las primeras dos resultan completamente aplicables a todos los delitos, sin embargo, por lo que hace la extinción de dominio, ésta se encuentra limitada a ciertos delitos previstos por el artículo 22 constitucional.1 No obstante, para el caso de hechos vinculados con corrupción actualmente sólo es posible aplicarlos por el delito de enriquecimiento ilícito, dejando fuera diversos delitos vinculados con corrupción tal como cohecho, peculado, ejercicio indebido del servicio público, así como en delitos que están directamente vinculados tal como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este escenario, la opción que resulta más viable para recuperar estos miles de recursos saqueados a través de actos de corrupción es a través i) de la condena por decomiso y/o ii) la reparación del daño, para llegar a este resultado es estrictamente necesario estar en el marco de un procedimiento penal, que desde luego cada caso en concreto tendrá su propia resolución de acuerdo con el tipo de persona que está siendo acusada, si corresponde a un nivel alto de mando o, en su caso, era un ejecutor a través del cumplimiento de órdenes, es decir, no todos los casos deberán necesariamente terminar en una pena de prisión (si los que lo ameriten en torno a directrices de política criminal), pero si en todos los casos se debe privilegiar la recuperación de los montos erogados a través de esto delitos. En el caso de la Estafa Maestra, por ejemplo, derivada de la investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se identificó que tan solo con el análisis de la cuenta pública de 10 dependencias durante 2012 y 2013, se desviaron más de 7,000 millones de pesos.

En ese contexto y siguiendo las palabras que ha expuesto el nuevo gobierno federal, se advierte que no se puede tener un pueblo pobre (60 millones de mexicanos) con saqueadores del sector público y privado que se vayan libres y tranquilos con botines de miles de millones de  pesos, sin que se tenga ninguna consecuencia para recuperar estos recursos. Como muestra de lo anterior, las recientes notas que identificaron a Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, disfrutando de la ciudad de Londres, mientras en nuestro país los veracruzanos enfrentan un gravísima crisis en materia de seguridad, motivada principalmente por lo saqueos y el completo debilitamiento del Estado de derecho.

La segunda razón de relevancia es aquella relacionada con las estructuras criminales de corrupción. A diferencia de la percepción que pueda tenerse de los actos de corrupción como acciones aisladas de servidores públicos y particulares para obtener beneficios para un fin en concreto, lo cierto es que la evolución de los delitos de corrupción durante la última década ha evidenciado que los granes casos (que nuestro país abundan) se construyen a través de grandes redes que operan entre altos mandos, medios y bajos del sector gubernamental, así como particulares, empresas regulares, empresas irregulares, incluso ciudadanos con fe pública tal como los notarios, todos ellos operando como una gran orquesta destinada a allegarse de manera ilegal de recursos destinados proyecto estructurales para el funcionamiento del país.

En ese sentido, estas redes no van a terminarse por arte de magia, de un día para otro, ni por buena voluntad únicamente, es necesario estudiar y desarticular estas redes criminales a fin de evitar que perfeccione sus procedimientos y logren insertarse en los nuevos patrones y estructuras gubernamentales y que continúen haciendo, lo que para estas redes es un modo de vida, dedicarse a obtener dinero y bienes que son costeados del bolsillo de todos los mexicanos que paga un impuesto.

En un tercer punto, si regresamos a uno de los fines de todo procedimiento penal, con independencia del delito, es la aplicación de la justicia, mediante la reparación del daño, pero también a través del derecho a la verdad. Los casos de corrupción, pese a que se encuentran directamente vinculados con bienes, de ninguna manera puede considerarse que se trata de delitos de carácter patrimonial. No, por el contrario, estos delitos afectan una multiplicidad de derechos humanos que afectan directamente las personas, en algunos casos, teniendo incluso como resultados las muerte, si pensamos en todos las personas que se derivado el sismo  del pasado 19 de septiembre de 2017 perdieron la vida, no sólo con motivo de un desastre natural, sino con motivo de fallas estructurales de los edificios derivadas de gravísimos actos de corrupción en el sector inmobiliario.

Todas estas víctimas en las que nos englobamos, la mayoría o todos los mexicanos, si tenemos un derecho libre y genuino de acceso a la verdad, de conocer que fue lo que ocurrió, que fue lo que falló de actos que tuvieron como consecuencia un grave violación a nuestros derechos humanos.

Finalmente, el último tema es el relativo al derecho a la igualdad de trato para todos los mexicanos. Este  derecho a la igualdad, aunado a la garantía de estricta aplicación de la ley que prevé el derecho penal, hacen a todas las personas conocedoras de los actos que están previstos en la ley, que serán consideradas como delito en caso de infringirse, así como la pena que les será aplicable por estar vigente al momento de cometer el hecho. Estas reglas son base fundamental de un Estado de derecho libre, democrático y justo; sin embargo, el hecho de emitir una amnistía por delitos de corrupción, violaría de manera tajante la regla de igualdad de trato a todos los ciudadanos, ya que por una parte se estaría sancionando únicamente a aquellas personas que comentan los mismos hechos a partir de cierta fecha, generando la idea de que tendremos entonces ciudadanos de primera y de segunda –los primeros, que pudieron robar a manos llenas provistos de un velo de perdón, mientras que los segundos serán castigados con todo el peso de la ley por cometer exactamente los mismos hechos que los primeros-.

Por estas consideraciones, es que estamos convencidas que la investigación y persecución de todos los delitos de corrupción, es no solo deseable, sino necesaria para a través de la aplicación de la ley, la justicia y la verdad para todos los ciudadanos por igual. En ese sentido, hoy más que nunca el papel de un Fiscal General de la República y Fiscal Anticorrupción, y de los jueces y fiscales en cada caso en concreto, resultan la base para lograr estos fines.

Se advierte que la tarea de investigar y sancionar de manera eficaz todos los delitos de corrupción que se ha cometido y que aún están en calidad de ser sancionables, no es una tarea fácil, requieren de capacidad, recursos, así como una plan estratégico que nos lleve a un buen fin sin morir en el intento, sin embargo, se estima que no queda lugar a dudas el esfuerzo es completamente equitativo con los resultados que pueden llegar a obtenerse, que el principalmente la luz de la justicia y de la reparación del daño de un pueblo dolido y afectado por incluso más por la impunidad que por la sola corrupción.

Desde la sociedad civil invitamos a no “tirar la toalla” antes de empezar, sumemos y estructuremos esfuerzos, porque afortunadamente el primer paso  y el más importante esta sobre la mesa, es la voluntad.

Estefania Medina y Adriana Greaves. Abogadas; cofundadoras de TOJIL. Estrategia contra la impunidad.


1 Artículo 22. …

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:

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En últimas fechas la figura del proceso abreviado ha estado en el ojo de huracán, con motivo de la sentencia impuesta al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, el pasado 26 de septiembre.  En la que se sentenció a 9 años de prisión y el decomiso de 40 bienes. Lo cual, desde luego, ha generado la profunda indignación de los mexicanos.

Es importante tener en cuenta, dos puntos relevantes: i) que el proceso abreviado es una figura sumamente eficaz que es utilizado frecuentemente en todos los sistemas penales acusatorio y ii) que su aplicación se basa en una cuestión de estrategia y de control de política criminal por lo cual, constitucionalmente solo el Ministerio Público (MP) puede pedir su aplicación y la pena que en el caso se impondría.1

La forma en la que operativamente funciona el abreviado, es bien conocido por quienes están en el litigio acusatorio, consiste en que esta salida distinta al juicio debe ser propuesta por el MP cuando este cuenta con evidencia suficiente para condenar en caso de ir a juicio, es decir, cuando prácticamente tiene “los pelos de la burra en la mano”. Esto funciona así porque es en esencia una negociación. El MP ya sabe que cuenta con evidencia necesaria para sustentar la culpabilidad del imputado y al acusado le consta, así que, por un principio de racionalización de recursos, básicamente se ofrece al acusado una reducción de la pena a cambio de admitir su participación y así evitarle al Estado la fatiga y el desgaste institucional de ir a un juicio.

Para que esta negociación del Estado con el imputado sea efectiva, tendría que en principio contarse con: (1) toda la evidencia que podría llevar a una condena, ya que de lo contrario no existiría incentivo para el imputado, pues ninguna defensa “en su sano juicio” aceptaría una pena negociada respecto de un caso que puede ganar ante un tribunal, y (2) que el caso carezca de importancia en términos de política criminal. Esto, si bien es una regla no escrita, si forma parte del principio de oportunidad en el que se basa el sistema penal. Principio que tiene como objeto que, en los casos representativos, como lo es el caso Duarte, se busque, además de sancionar al culpable, mandar un mensaje de justicia.  Para lo cual, estos casos de trascendencia en política criminal deben ser llevados a un tribunal de juicio e incluso solicitar la aplicación de las penas máximas con el fin de que la sentencia tenga a su vez un mensaje de disuasión y de no impunidad ante la sociedad.

Desafortunadamente, y pese a todos los beneficios que el proceso abreviado aporta al sistema de justicia penal, desde organización TOJIL hemos identificado como una práctica recurrente no generalizada, pero si muy común, que esta facultad del MP, tanto de poder solicitar el proceso, como de determinar la pena que se va a imponer sin que el juez pueda modificarla, se ha convertido en una práctica que generar un gran espacio de corrupción. Es decir, lejos de utilizarse como una práctica de control de política criminal, los servidores públicos han hecho negocio solicitando beneficios a cambio de solicitar esta forma de terminación anticipada, contemplando penas prácticamente irrisorias, sin que el juez o las víctimas puedan hacer algo al respecto.

En este contexto, y aterrizando el tema al caso Duarte, surgen entonces dos grandes preguntas medulares: ¿Por qué la procuraduría, actuando en contra de toda esta lógica, ofreció el procedimiento abreviado al estandarte de casos graves de corrupción? En ese sentido, si el tema fuera de falta de evidencia para ir a juicio: ¿Por qué una defensa hubiera aceptado un abreviado si no había evidencia sólida y, en consecuencia, sentía que podía ganar un juicio? Efectivamente, ninguna de estas teorías hace sentido.

Por ello, y derivado de las posibles irregularidades o acuerdos corruptos que pudieran generarse durante esta sentencia, la organización TOJIL —con el respaldo de REINSERTA, Elementa México, Instituto de Justicia Procesal Penal y el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa— interpuso el pasado 1º de octubre una denuncia para que se investiguen los posibles actos de corrupción o irregularidades durante la investigación y la propuesta del proceso abreviado al ex gobernador Javier Duarte, con lo cual la Visitaduría General de la PGR dió inicio a una investigación por el delito de cohecho y contra la administración de justicia.

Sin embargo, el tema más interesante, más allá de la mera denuncia de probables hechos de corrupción, es que organización TOJIL solicitó que en este caso se le otorgará el carácter de víctima en términos de la Ley General de Víctimas.2 Dicha ley prevé la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil puedan ser víctimas en representación de intereses colectivos de la sociedad. Ésta es desde luego una calidad de víctima especial que no persigue un resarcimiento particular para la organización, sino que plantea fungir como contraparte durante la investigación y durante el proceso penal, a fin de evitar una nueva historia de impunidad en un caso de tal magnitud.

Lo anterior como respuesta a una urgente necesidad por parte de la sociedad a que se administre justicia en los infames casos de corrupción. Como sabemos, por regla general, los actos de corrupción, pese a atentar en contra de todos los mexicanos en detrimento del patrimonio público, la eficiente administración publica y de otros bienes indirectamente como son el acceso a la salud, alimentación y vivienda, no cuentan con una víctima inidentificable e individual que pueda hacer un real contra peso tanto para el MP, como paras las defensas.  Lo anterior genera que la mayoría de los casos penales se queden en una completa impunidad, sin que nadie tenga conocimiento de cómo se esta investigando y los resultados que en su caso se estén generando en protección de los derechos de la ciudadanía.

Como muestra de ello, en el Sexto Informe de Gobierno no se hace ninguna referencia a los procedimientos seguidos por la PGR a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia (donde actualmente se investigan los delitos relacionados con la corrupción); sin embargo, en datos del Quinto Informe, se reportó que durante del periodo del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, dicha Unidad  inició 265 carpetas de investigación, pero no se reportó que se hubiera judicializado ninguna de estas investigaciones.3

Por su parte en el Sexto Informe la Visitaduría General de la PGR (área encargada de la investigación de delitos cometidos por servidores públicos de la PGR) dio a conocer que durante el periodo de 2017-2018 se iniciaron 373 Carpetas de Investigación, determinándose en el mismo lapso 346, pero como resultado sólo existió un procedimiento abreviado con dos sentencias condenatorias.4

Ante estos pobres resultados en materia de combate a la corrupción, es que la organización TOJIL solicita tener este carácter de víctima a fin de poder colaborar de manera activa con la investigación, incluso solicitando y verificando que se realicen actos en particular, revisar y transparentar el análisis de lo que realmente ocurrió durante el caso Duarte. Lo cual, generaría un gran precedente a nivel nacional relativo a una real participación ciudadana el combate a la corrupción y la impunidad en nuestro país.

Sin embargo, ante esta petición la Visitaduría General consideró que la organización sólo tiene el carácter de denunciante y no de víctima colectiva, aduciendo en esencia que los posibles actos de corrupción que se pudieran haber cometido en el caso Duarte no le generan una afectación directa a la organización, pasando desapercibido que la organización manifestó que esto se hace en carácter de representante de un derecho colectivo, tal como el derecho humano de la sociedad a vivir en un ambiente libre de corrupción.

En ese sentido organización TOJIL llevará este debate a una arena más imparcial y jurídica a fin de continuar esta lucha por el reconocimiento de víctima para el combate a la corrupción en todas las instancias judiciales que sea necesario. Ante esto será muy importante conocer cual será la faceta que tendremos en el nuevo gobierno: si dejarán ayudar a la sociedad civil ante la grave crisis que el país enfrenta en materia de corrupción o perpetuaran la opacidad e impunidad que impera en México.

Estefanía Medina y Adriana Greaves. Directoras de la asociación civil Tojil. Twitter: @TojilAJ


1 Artículo 20, Apartado A, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;”

2 Quinto párrafo del artículo 4° de la Ley General de Víctimas “Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.”

3 Quinto Informe de Gobierno 2016-2017, Gobierno de la República.

4 Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, Gobierno de la República.

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